Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 12.238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación articulado por el Fisco Provincial y, en consecuencia, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 161 inc. “a” segundo párrafo in fine del Código Fiscal (texto según ley 14.333), revocar el pronunciamiento de grado en la parcela que dispuso declarar la prescripción de la acción judicial para reclamar el crédito determinado en concepto de anticipos 82/2013 y 83/2013 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contenido en el título ejecutivo N° 1135745, mandar llevar adelante la presente ejecución –también- por dichas sumas e imponer las costas de primera instancia a las partes en la proporción fijada por el art. 556 del CPCC [arts. 274, CPCC; 25, ley 13.406]. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, al no mediar contradicción [conf. argto. arts. 25, ley 13.406; 68, 69 y ccdtes., CPCC].
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa P-12238-MP2 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. PROKENSA S.A. Y OTRO/A s. APREMIO PROVINCIAL”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata resolvió: i) previa declaración de inconstitucionalidad del art. 159 -primer párrafo- del Código Fiscal -t.o. 2011-, hacer lugar parcialmente a la defensa de prescripción articulada en relación a la acción para reclamar el Impuesto a los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos 81 a 83 del año 2013 volcados en el título ejecutivo N° 1135745, con costas al Fisco actor; ii) rechazar las defensas de inhabilidad de título y prescripción, y en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto la firma Prokensa SA y Víctor Alberto Gauna y hagan íntegro pago del capital reclamado por la suma de pesos doscientos ocho mil setecientos treinta y uno con un centavo ($ 208.731,01) -comprensiva de los períodos 84 a 92 del año 2013, período 81 del año 2014, una multa por omisión y por infracción a los deberes formales- conforme título ejecutivo N° 1135745, con más los intereses previstos por el art. 104 del Código Fiscal (t.o. 2011) hasta la fecha de su total y efectivo pago, los gastos y las costas del juicio; y iii) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad [conf. res. del 28-10-2021].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por el Fisco Provincial el 8-11-2021, y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. autos de Presidencia del 15-9-2022 y 12-10-2022], corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1.1. El juez de grado precisó que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió la presente ejecución contra Prokensa SA y Víctor Alberto Gauna en su condición de contribuyente mensual del Impuesto a los Ingresos Brutos, por la suma de $ 238.320,31, con más los intereses previstos por la legislación fiscal, con sustento en el título ejecutivo N° 1135745, en el que constan los períodos 81 a 92/2013 y 81/2014, un multa por omisión en el pago del tributo en cuestión y una multa por omisión a los deberes formales.
Seguidamente, contempló que el codemandado Víctor Alberto Gauna opuso al progreso de la acción las excepciones de inhabilidad de título y prescripción, a la vez que cuestionó la liquidación fiscal al entender prohibidas las actualizaciones de capital por la Ley de 23.928. Asimismo, expuso que tales defensas fueron contestadas por la ejecutante, quien desestimó argumentalmente su procedencia.
Delineado tal marco de conocimiento, desestimó los cuestionamientos blandidos respectos de la firma y competencia de la funcionaria que suscribió el título ejecutivo, como así también de la validez del anexo que lo integra. A su vez, descartó toda mella en la habilidad del título ante la invocada falta de resolución de los recursos administrativos interpuestos, en tanto avizoró que las sumas allí volcadas fueron determinadas a través de las resoluciones N° 131/18 y 290/18 en el expediente administrativo N° 2360-0242759-2015, las que -habiendo adquirido firmeza- vuelven improcedente en esta instancia judicial cualquier intento defensivo que debió haber transitado por otra vía. En cuanto concierne al sistema de actualización del crédito y su alegada prohibición, el a quo consideró que tal debate excede el marco del apremio, aunque resaltó que el control sobre la actualización del crédito reclamado resultará, en su caso, ajustable -previa petición de parte- al momento en que se practique la liquidación del monto por el cual se mande a llevar adelante la ejecución.
Al pronunciarse sobre la defensa de prescripción, previno que el excepcionante limitó su planteo a los períodos 81/2013 a 92/2013 y 81/2014, mas nada dijo respecto de las multas por omisión y por incumplimiento a los deberes formales también reclamadas, por lo que dispuso que la presente ejecución ha de prosperar -por lo menos- por las sumas resultantes de dichos conceptos. Aclarado ello, teniendo en cuenta el planteo de inconstitucionalidad de las normas fiscales que porta la defensa, se dispuso a analizar si las normas del Código Fiscal que regulan la prescripción son o no compatibles con la legislación de fondo y anticipó que –a su juicio- la derogación del Código Civil (t.a.) resultaría írrita pues los hechos relevantes se habrían consumado durante la vigencia de la norma derogada.
Al confrontar la cuestión desde la perspectiva del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), determinó respecto del año calendario 2013 que el cómputo empezaría a contabilizarse el 1-1-2014 y culminaría el 1-1-2019, por lo que instada la demanda el 30-4-2019, la acción para reclamar dichos períodos se encontraría prescripta a esa fecha. Empero, indagada la existencia de actos interruptivos o suspensivos del curso de la prescripción, conforme lo normado por el art. 161 del citado digesto, observó que fue dictada la resolución determinativa y sumarial N° 131/18 el 9-1-2018, notificada en el domicilio fiscal electrónico de los codemandados el 12-1-2018 y en el domicilio físico del responsable solidario el 1-2-2018 y fijó la suspensión en esta última fecha. Así, contempló que al momento del dictado de la resolución y su notificación al responsable solidario no había transcurrido el plazo de prescripción de 5 años, por lo que la acción se mantenía vigente a esa fecha y en tanto la demanda fue impetrada el 30-4-2019, el plazo de cinco años nunca fue alcanzado. Completó que, si el período fiscal del año 2013 no está prescripto, tampoco lo está el período fiscal del año 2014.
En paralelo, al consumar tal cálculo desde la perspectiva del Código Civil (t.a), en relación a los períodos 81 a 83 del año 2013, comenzó por tomar en cuenta el período 83/2013, en tanto tal determinación habrá de proyectarse sobre los más antiguos. En ese andar, indicó que el vencimiento de la obligación mensual se produjo el 24-4-2013, por lo que su plazo de prescripción se habría consumido el 24-4-2018 y derivó que la acción para reclamarlo ya habría expirado al momento del inicio del apremio. Añadió que aun ponderado el acto de notificación de la Resolución N° 131/18 al responsable solidario, verificado el 1-2-2018 y otorgado el efecto suspensivo por el término de 1 año [conf. art. 3986, Cód. Civ. (t.a.)], la prescripción acaecería el 24-4-2019, por lo que siendo que la presente ejecución fue iniciada el 30-4-2019, la acción para su reclamo ya habría expirado.
Por otro lado, apuntó que disímil es la suerte de los períodos 84 a 92 del año 2013 y el período 81 del año 2014 toda vez que, aun analizado el período más antiguo y proyectados los efectos de la suspensión prevista en el art. 3986 del Código Civil (t.a.), la acción para su reclamo estaba vigente al inicio del apremio.
Culminado tal examen, concluyó que el Legislador provincial, a los efectos de conservar de manera excesiva la vigencia de la acción, amplió indebidamente el período de prescripción que hubiere correspondido de aplicar el Código Civil (t.a.), derivó que ello trasunta una contradicción al art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, y declaró la inconstitucionalidad del art. 159 -primer párrafo- del Código Fiscal (t.o. 2011). En consecuencia, estimó aplicable al caso el Código Civil.
1.2. No conforme con tal decisión, el Fisco Provincial interpone recurso de apelación en su contra mediante presentación electrónica del 8-11-2021.
En primer lugar, postula la constitucionalidad del Código Fiscal y argumenta que varios son los motivos que justifican el dictado de una regulación autónoma, estrictamente local, de todos los aspectos que rodean a los impuestos provinciales (entre ellos, su creación, la elección de hechos imponibles, las formalidades de percepción y las causales de extinción). Alude así a la autonomía financiera de la Provincia y al ejercicio del poder que ha conservado al no ser delegado expresamente al Gobierno Federal en la Constitución Nacional.
Indica que el novel código unificado da cuenta, en sus arts. 2532 y 2560, que las Provincias tenían la potestad para dictar normas relativas a la prescripción de sus tributos locales, toda vez que -según expresa- no ha innovado en la distribución de competencias prevista en la Constitución Nacional, sino que tales previsiones tendrían por fin derribar las interpretaciones judiciales derivadas del caso “Filcrosa”, doctrina que -en su visión- ha quedado huérfana de todo apoyo legislativo.
Sobre esa base, asevera que la subsunción de las circunstancias del caso en las normas del Código Fiscal permite concluir que la deuda reclamada no se encuentra prescripta. Previa consideración de lo dispuesto en los arts. 157, 159 y 210 del referido código, señala que conforme surge del análisis del título, los dichos del excepcionante y el recurso administrativo presentado contra la resolución N° 131/18, los períodos en ejecución fueron materia de un procedimiento administrativo que concluyo con la resolución 290/18, la que una vez firme permitió reclamar por vía judicial los periodos en cuestión, habiéndose suspendido el curso de la prescripción.
Apunta que el séptimo párrafo del art. 161 del Código Fiscal (t.o. 2011 –según ley 14.553-) prevé una causal de suspensión del plazo de prescripción de 120 días fundada en la actividad administrativa que, pese a la proximidad del agotamiento del plazo, debe desplegar para sustanciar el procedimiento determinativo y sumarial reglado por los arts. 112 y siguientes. Aduce cumplidos los recaudos allí exigidos en tanto se trataba de períodos fiscales próximos a prescribir y la notificación de la resolución de inicio del procedimiento fue notificada dentro de los 180 días corridos inmediatos anteriores a que se consume la prescripción. En paralelo, alega que cuando se interpusiere el recurso de apelación previsto por el art. 115 inc. “b” del Código Fiscal (t.o. 2011), la suspensión anual se prolongará hasta los 90 días posteriores a que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en las que el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia, conforme lo establece el art. 161 apartado “a” –párr. segundo- del citado código, y sus efectos alcanzan también a los deudores solidarios que no hubiesen recurrido. Colige que el curso del plazo de prescripción se mantuvo suspendido desde la resolución determinativa hasta los 90 días posteriores a que ARBA recibió las actuaciones.
Por último, se expide en torno a la interrupción del plazo de prescripción de las multas reclamadas.
2. El embate prospera parcialmente.
2.1. El abordaje del presente recurso demanda efectuar un conjunto de aclaraciones liminares para echar luz sobre la solución que cabe brindar al caso, a tenor del escenario obligacional que conforma la ejecución, la defensa de prescripción esgrimida por la parte demandada, el régimen legal que –a la postre- aplicó el magistrado de grado para acoger la defensa de los apremiados y los argumentos que, en su recurso, esgrime el Fisco.
En una primera aproximación, se debe resaltar que:
[i] Los períodos 81/2013 a 83/2013 incluidos en el titulo ejecutivo N° 1.135.745, declarados prescriptos por el sentenciante de grado, aparecen individualizados en la cartular con fechas de vencimiento 22-2-2013 (el primero) y 24-4-2013 (el último), esto es, obligaciones tributarias cuya exigibilidad es previa a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Así, el debate relativo a la fijación del dies a quo del cómputo de la prescripción, por lo que se expondrá infra, mal podría ser examinado a tenor de pautas de una legislación –Código Civil y Comercial- no vigente al tiempo de acaecimiento del vencimiento obligacional.
Esa construcción hermenéutica fue seguida en los autos P-7691-MP2 "Morales" [sent. de 05-12-2017]; P-7904-AZ1 "Rigada" [sent. de 17-04-2018]; P-8362-MP2 "Clínica Bartolomé Mitre", [sent. de 25-10-2018]; P-8780-DO1 "Bebidas Solis SRL" [sent. de 16-05-2019]; P-8735-DO1 "Quinteros" [sent. de 28-05-2019]; P-9502-MP2 "Frigorífico de la Costa" [sent. de 18-02-2020], P-10834-BB1E "Foricher" [sent. de 01-06-2021]; P-10402-MP2 "Farias" [sent. de 27-05-2022], en los cuales únicamente estaba en debate la determinación del dies a quo de obligaciones tributarias cuyos vencimientos en los respectivos títulos ejecutivos databan de fechas anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Y también lo fue en las causas P-9926-AZ1 "Viafer SRL" [sent. de 20-08-2020] y P-8866-MP2 "Salta 933 S.A." [sent. de 08-04-2021] por cuanto las causales de interrupción y suspensión de la prescripción alegadas por el Fisco carecían de anclaje normativo o las circunstancias a partir de las cuales el ejecutante las apontocaban habían acontecido con posterioridad a la expiración del término prescriptivo, contado desde el dies a quo con fecha anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial.
Desde tal andarivel, se descartó cualquier razonamiento en torno al impacto del nuevo Código Civil y Comercial en dichos autos, pues se observó que el Fisco, con su planteo, pretendía desbaratar la doctrina "Filcrosa", echando mano –siquiera ya, como pauta interpretativa- a la nueva regulación civil y comercial que, si bien vigente, no estaba llamada a regir aquella parcela de la relación jurídica a que esos juicios se referían [dies a quo de las acreencias exigidas], nacida, desarrollada –por ende, constituida- y extinguida al amparo de la legislación civil anterior que, por ello, escapa a la vigencia de la ley actual -conf. art. 7, Ley 26.994-. [ii] Las causales de suspensión invocadas por el Fisco Provincial (notificación de la Disposición Delegada N° 3201/17 del 26-10-2017 y notificación de la Disposición Delegada N° 131/18 del 9-1-2018, con sustento en el art. 161 penúltimo párrafo e inc. “a”, respectivamente, del Código Fiscal –texto según ley 14.553-), se exteriorizaron cuando el Código Civil y Comercial ya hubo entrado en vigencia. Ello demanda una compulsa diversa, a tenor de los expresos agravios fiscales en apelación, en los términos que se exponen en párrafos siguientes.
[iii] Al trabarse la litis no fue materia de debate que el plazo de prescripción para la exigibilidad de los períodos fiscales aquí analizado, es el de cinco años.
2.2. Expuesto lo anterior, habrá de repasarse –en lo que resulte pertinente- lo que se expresara en los últimos precedentes vertidos sobre el tema (causas P-11723-DO1 “Austral S.A.”, sent. del 28-06-2022 y P-11955-BB1E “Alaux”, sent. del 9-8-2022) en torno a las implicancias de los arts. 2532 y 2560 del C.C.C., pues tal cambio normativo no resulta un dato baladí en los términos que arriba el debate a esta Alzada y a tenor de los períodos fiscales reclamados en autos [81/2013 (venc. el 22-2-2013), 82/2013 (venc. el 22-3-2013) y 83/2013 (venc. el 24-4-2013)].
2.3.1. Es un hecho indudable que esta Alzada, en todos aquellos apremios en los cuales el plazo de prescripción y sus aspectos vinculados [dies a quo, causales de interrupción y suspensión, entre otros) se exteriorizaron en un lapso temporal anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, juzgó los casos en un todo acorde con el p recedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentado en la causa “Filcrosa S.A.” (Fallos 326:3899), ratificado en las causas C.2374.L.XLII “Casa Casmma S.R.L. s. Concurso Preventivo s. Incidente de Verificación Tardía (promovido por la Municipalidad de La Matanza) s. Recurso de Hecho” (Fallos 332:616); M.377.XXXVII “Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom S.R.L. s/ejecución fiscal” (Fallos 332:2108) y B.879.XXXVI “Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa” (Fallos 332:2250) y “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c. Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otros. Demanda contencioso administrativa” [sent. de 5-11-2019, considerando 5°].
En ese andar, también ajustó sus pronunciamientos en la misma materia a la doctrina de la Suprema Corte Bonaerense en las causas C. 81.253 “Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta” (sent. del 30-5-2007) y C. 99.094 “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Fadra S.R.L., López Osvaldo y Locato Emilio Tomás s. Apremio” (sent. del 14-7-2010) y A. 69.340 “Manuel Angel Mato y Cía. S.H. y otros” (sent. del 16-5-2012).
El referido criterio de juzgamiento, que empezó a delinearse en los albores de la puesta en funcionamiento de la Cámara de Apelación [cfr. a modo de ejemplo causas P-1074-BB1 “Patagonia Motors S.A.”, sent. del 15-9-2009; P-1598-MP1 “Capiel”, sent. del 9-2-2010; P-1756-BB1 “Calabró”, sent. del 04-5-2010, P-2912-MP2 “Barragan y Cía.”, sent. del 07-2-2012], se mantuvo inalterable hasta la actualidad y sin dejar de reconocer que en el seno de la Suprema Corte de Justicia provincial comenzaba a perfilarse la apertura de un debate en la temática con visiones divergentes a aquellas monocordes previas a la sanción del Código Civil y Comercial [v.g. causa S.C.B.A. A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Recuperación de Créditos SRL. s. Apremio", sent. de 16-5-2018, del voto de la minoría].
Hogaño nos enfrentamos a un escenario más complejo: períodos fiscales cuyos vencimientos acontecieron durante la vigencia del Código Civil Velezano [con el consecuente dies a quo para el computo del plazo de prescripción exteriorizado cuando aquel ordenamiento sustantivo era aplicable], empero con un plazo de prescripción corriendo al tiempo de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial [1-8-2015] lo que demanda echar mano a otros criterios para determinar el alcance de las variadas facetas del instituto analizado –v.gr. plazo restante, suspensión, interrupción, dispensa-, teniendo en cuenta la habilitación legal que el novel ordenamiento civilista brinda a las legislaturas provinciales para regular la prescripción liberatoria en materia de tributos.
2.3.2. Es aquí en donde entra a tallar la argumentación del Fisco apelante respecto de la referida habilitación, contrapuesta a la visión del ejecutado quien esgrime su defensa de prescripción con una lectura directa y sin matices del precedente “Filcrosa” para todo lo debatido en autos. Y de este contrapunto esta Alzada no puede desentenderse, pues el propio sentenciante de grado hubo adoptado un criterio de adjudicación del caso que importó extrapolar el criterio de “Filcrosa” a una realidad normativa novedosa e inexistente al tiempo de acuñarse aquel precedente y su progenie [en el caso, aquellas circunstancias definidas en el punto 2.1.[ii] precedente].
En los puntos siguientes, se expondrá la línea argumental con vista en la realidad compleja que posee la causa.
2.3.2.1. Criterios aplicables para los períodos corridos antes de la entrada en vigencia del C.C.C. Dies a quo. Escenario descripto en el punto 2.1.[i] precedente.
Siendo que la parte demandada articuló la excepción de prescripción planteando la inconstitucionalidad de los preceptos del Código Fiscal a tenor de los lineamientos de la doctrina sustentada en la causa “Filcrosa”, cabe aquí reiterar el juicio de constitucionalidad respecto de las normas fiscales provinciales aplicables a la luz de lo reglado en el anterior Código Civil.
Debe recordarse que el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) prevé que “los términos de prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación, para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, en cuyo caso tales términos de prescripción comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingresos del gravamen” (subrayado agregado).
El segundo de los supuestos descriptos parece dirigido al crédito cuyo pago se requiere en autos [conf. arts. 209 y 210, Cód. Fiscal –t.o. 2011-].
El Código Civil (t.a.), por su parte, establecía en el art. 3956 que “la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación”.
A tenor del expreso planteo del apremiado, cabe expedirse en punto al terminus a quo y contrapuestas ambas normas –la del Código Civil (t.a.), vigente a las fechas de vencimientos de cada período identificado en el título ejecutivo, y la del Código Fiscal- queda a la vista que el legislador provincial amplió indebidamente a través de la fijación del punto de inicio del cómputo, el plazo prescriptivo de cada obligación reclamada, si se considera que al establecerse en el mencionado precepto como dies a quo el 1° de enero “...siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen...” de período fiscal anual (cuando las declaraciones juradas anuales se realizan en el transcurso del año siguiente al del ejercicio gravado –conf. art- 210, Cöd. Fiscal-), se estaría alongando en al menos un año el término de prescripción computable para cada anticipo mensual.
No otra conclusión podría extraerse, si advertimos que cada crédito que conforma el título ejecutivo fue determinado respecto de la sociedad apremiada en su carácter de contribuyente directo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (actividad IIBB: 0452200 “Construcción, Reforma y Reparación de Edificios No Residenciales”), contribución mensual, y por los períodos: 81/2013 (venc. el 22-2-2013), 82/2013 (venc. el 22-3-2013), 83/2013 (venc. el 24-4-2013), 84/2013 (venc. el 24-5-2013), 85/2013 (venc. el 26-6-2013), 86/2013 (venc. el 24-7-2013), 87/2013 (venc. el 26-8-2013), 88/2013 (venc. el 24-9-2013), 89/2013 (venc. el 24-10-2013), 90/2013 (venc. el 22-11-2013), 91/2013 (venc. el 26-12-2013), 92/2013 (venc. el 24-1-2013), 81/2014 (venc. el 20-2-2013).
En este contexto, cuando el Fisco reclama específicamente la obligación no saldada junto con los intereses que estos devengan desde su mora particular (incluso después de concluido el año fiscal al que acceden), la conclusión respecto a cuál debe ser el dies a quo del plazo prescriptivo no genera mayor margen de dudas, pues tal fecha es la del vencimiento de las particulares obligaciones que se reclaman. Cabe señalar que el Fisco emite sus títulos de deuda, ya sea reclamando determinadas sumas del impuesto o, en su caso, el pago integral del impuesto -o de saldos por diferencias en lo ingresado- por determinado año calendario. En este sentido, es el propio Fisco el que diferencia si reclama los montos a los que el contribuyente y/o agentes de recaudación está obligado mensualmente a ingresar o si, por el contrario, cumplido el año fiscal exige directamente el pago del total omitido o no ingresado por Impuesto por los Ingresos Brutos. Estos dos escenarios, en tanto responden a situaciones disimiles, poseen diferentes dies a quo en su plazo de prescripción.
En el caso de autos, en el que el Fisco generó un título ejecutivo por determinadas sumas mensuales adeudadas, con más sus intereses desde la fecha consignada para cada uno de los períodos identificados, es de lógica consecuencia advertir que la acción habría nacido al cabo de cada uno de esos meses y no al culminar el año fiscal correspondiente. En este contexto, debe computarse el término prescriptivo desde el vencimiento de la obligación, conforme lo dispuesto por el art. 3956 de Código Civil (vigente a la época de los vencimientos consignados), resultando -en el caso concreto- que el plazo comenzó a correr el primer día hábil posterior al vencimiento de cada anticipo mensual reclamado [cfr. doct. S.C.B.A. causa A. 73.474 “Necotrans S.A.”, sent. de 25-2-2021, por mayoría]. Lo aquí expuesto descarta la postura propuesta del Fisco, dirigida a sostener la anualidad del tributo reclamado y la fijación del dies a quo “desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos de generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen”.
A partir de lo anterior he de decir que resulta acertado el criterio propugnado por el juzgador en cuanto examinó la defensa de prescripción a la luz de las normas que al respecto contiene el Código Civil (t.a.), pues es claro que el precepto del Código Fiscal bonaerense regulatorio de dicho instituto [art. 159, t.o. 2011], resulta incompatible con las directrices emanadas de la ley de fondo, y su aplicación perjudique a la defensa de los apremiados (doct. esta Cámara causa P-3230-MP2 “Petrolera Mar del Plata S.A.”, sent. de 7-9-2012). Así, la declaración de inconstitucionalidad de la referida norma del digesto tributario bonaerense, bajo el contexto analizado, resulta correcta.
2.3.2.2. Luego de la entrada en vigencia del C.C.C., cabe desentrañar cuáles normas se aplican para la prescripción de los tributos locales en lo referente a sus causales de suspensión, interrupción y de dispensa. Especial atención a las circunstancias definidas en el punto 2.1.[ii] precedente.
Y aquí, habré de reiterar la posición que asumiera en las causas P-11723-DO1 “Austral S.A.” (sent. de 28-6-2022) y P-11955-BB1E “Alaux” (sent. de 9-8-2022).
[i] Si desde la perspectiva del principio de división de poderes cabría reprobar toda norma sancionada por el Congreso de la Nación que tuviera por objeto dotar de una solución diversa a un caso o controversia ya sentenciado con carácter definitivo por los órganos del Poder Judicial [cfr. Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, en P laut v. Spendthrift Farm, Inc (1995)], ello no sería el resultado cuando el Poder Legislativo, en uso de sus competencias y facultades constitucionales, dicta una ley cuyo texto permite superar -hacia el futuro, para casos no resueltos y sin falencias constitucionales-, una determinada línea hermenéutica que sobre el punto en disputa, haya sido acuñada por el Poder Judicial en precedente anteriores. El debate al que me aboco en el presente caso calza en el molde del segundo universo. Sea dicho que como única autoridad de la Nación para dictar los códigos de fondos [art. 75, inciso 12 de la Constitucional Nacional] bien ha podido, a través de la sanción del Código Civil y Comercial singularizar institutos jurídicos que, por su esencia, desbordan los contornos del derecho privado e invaden territorios iuspublicitas, más cuando el propio constituyente federal acordó semejante encomienda “sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales”. Probablemente la menor robustez jurisprudencial y doctrinaria en áreas del derecho administrativo – tributario presente al tiempo de la sanción del Código Velezano hizo que, antaño, el legislador federal no se encontrara demasiado compelido a formular las disquisiciones, resguardos de competencias y/o exclusiones que hoy se hallan en la reciente codificación del derecho privado.
Sin embargo, si el nuevo Código Civil y Comercial, de un lado, convalidó aquella prolífera discusión doctrinaria cuya prédica perseguía habilitar la regulación legislativa nacional y provincial de la responsabilidad del Estado por separado [arts. 1764, 1765 y ccdtes. del C.C.C.], trazando una línea divisoria con la dogmática privatista de la responsabilidad como fuente de la obligación de resarcir, también echó luz –del otro- sobre las prerrogativas provinciales en materia de obligaciones tributarias, territorio en el cual la dogmática constitucional estuvo dotada de mayores certezas que dudas sobre la concurrencia de competencias entre los Estados provinciales y la Nación. Como bien expresa el señor Juez doctor Soria en su voto en el precedente “Recuperación de Créditos” ya citado, como “primer intérprete de sus propias competencias, el Congreso de la Nación ha valorado que normar el plazo de prescripción de los tributos provinciales es un asunto ajeno al derecho privado y a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.), inherente a los ordenamientos locales. Más que dar cuenta de un nuevo deslinde de competencias, ha efectuado un reconocimiento acerca de los límites de sus potestades y, por contraste, del alcance de las que conciernen a las provincias”.
Por cierto, varios de los argumentos plasmados en los considerandos del precedente “Filcrosa” han perdido sustentabilidad a tenor de lo actuado por el Congreso de la Nación al sancionar el nuevo Código Civil y Comercial. Ha sido la propia autoridad federal dotada de competencia para sancionar los códigos de fondo –el Congreso- la que ha desautorizado algunas de las apreciaciones del Máximo Tribunal Federal; en efecto, fue el Poder Legislativo el que hubo entendido que la puesta en práctica de la referida delegación constitucional del art. 75 inciso 12, aunque tuvo por finalidad el logro de un sistema homogéneo de leyes, no demanda descuidar, por cierto, que existen materias que admiten un ejercicio concurrente de competencias por los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Y desde allí, en un sendero de desenvolvimiento más armonioso entre las autoridades nacionales y las provinciales, el Congreso Nacional ha reconfigurado el tamiz con el cual p racticar el test de constitucionalidad de normas tributarias provinciales: en la diagramación de institutos jurídicos indistintos tanto al derecho privado y al derecho público [la prescripción de las obligaciones, por ejemplo], ya no media la insoslayable finalidad de asegurar una ley común para todo el pueblo de la Nación, frente a la cual las Provincias deben resignar en favor de las autoridades nacionales su posibilidad de legislar de modo diferente, sino lo que cabe auscultar y resguardar es una coherencia de todo el ordenamiento jurídico (art. 2 in fine del C.C.C.), en el entrelazado juego de sus múltiples subsistemas (de derecho convencional, de cuño federal y de enraizamiento provincial) y a partir de allí, trazar un juicio de razonabilidad y/o proporcionalidad, con vectores vinculados a la seguridad jurídica, a la búsqueda del bienestar general, al logro del progreso acompasado de las partes con el todo y al respeto del principio de similitud de trato ante las cargas públicas, entre otros posibles paradigmas de análisis.
Podría actuar como colofón de lo hasta aquí plasmado, la prevención hecha por el señor Juez doctor Soria en la ya citada causa “Recuperación de Créditos”: no será posible argüir –sin más- que “merced a la letra los preceptos de la nueva codificación, las provincias pudiesen fijar plazos de prescripción de cualquier extensión temporal, sin guardar la mínima racionalidad ni la prudente armonización con los vigentes para similares situaciones tributarias en el ordenamiento impositivo local comparado y en el federal; objetable postura a la que -acaso como efecto indeseado- podría conducir la lectura estrecha de los citados arts. 2532 y 2560”.
[ii] En fin, los arts. 2532 y 2560 del C.C.C. son un faro que indica cómo en el nuevo siglo, el Congreso de la Nación cual experimentado cirujano de la historia del federalismo argentino, ha ejercido la competencia delegada del art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, “sin alterar las jurisdicciones locales”, aunque a sabiendas que aquello reconocido por los preceptos aquí analizados no importa un cheque en blanco a las provincias sino el desplazamiento del juicio valorativo de su contenido hacia otro campo de análisis hermenéutico, respetuoso de lo diverso pero no ajeno a la razonabilidad del conjunto.
En suma, para acreencias tributarias provinciales, incluso aquellas en las que su exigibilidad en el título ejecutivo sea anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, luego de la fecha de su entrada en vigor, ya no podrá extrapolarse sin más el contenido del precedente “Filcrosa” a la hora de examinar las variadas facetas que deriven de defensas de prescripción blandidas por los apremiados. En todo caso, si los litigantes empuñan un cuestionamiento sea a los plazos de prescripción, sea a los restantes componentes del instituto de extinción liberatoria de las gabelas –causales de suspensión e interrupción, dispensas, entre otras- contemplados en el ordenamiento fiscal bonaerense, el escrutinio judicial ya no podrá hacerse con el solitario acompañamiento de lo plasmado en el caso “Filcrosa”, sino que requerirá de un juicio más complejo, en el que el principio de razonabilidad y/o proporcionalidad jugará un rol gravitante, sin perjuicio de sopesarse adicionales consideraciones, alguna de ellas reseñadas en párrafos precedentes.
Como bien se ha dicho, el poder legisferante provincial en la materia no puede ser ejercido si no sortea el test de interdicción de la arbitrariedad regulatoria, o, dicho de otra forma, sin pasar por una mesurada revisión de su razonabilidad [cfr. voto del señor Juez doctor Soria en causa S.C.B.A. A. 72.776 "Cazón", sent. de 31-8-2021].
2.3.3. Fijado el marco de análisis, adelanto que tan solo uno de aquellos períodos declarados prescriptos por el a quo que le causan agravio al Fisco recurrente, puede juzgarse inexigible, incluso sin recurrir al precedente “Filcrosa” en lo tocante al examen de las causales de suspensión y dispensa esgrimidas por el recurrente.
Recordando que el plazo de prescripción aplicable al caso es el de cinco (5) años, y decidido aplicar como dies a quo el primer día hábil posterior al vencimiento de cada período reclamado en la cartular [según el razonamiento llevado a cabo supra], resta determinar -en lo que siguelos criterios aplicables en la consideración de las demás facetas relacionadas con el instituto de la prescripción que la integran y hacen operativa, según la alegación de las partes.
El excepcionante, al oponer su defensa, dejó planteado –cita mediante del precente “Filcrosa”- que “en materia de prescripción toda norma provincial o municipal que se aparte de la legislación de fondo resulta inválida, ya que no se trata de solo de regular un medio de extinción de las obligaciones sino que se involucran cuestiones vinculadas con el derecho de propiedad, es decir con el derecho común contenido en los códigos de fondo” [cfr. fs. 21 vta.].
El Fisco, pretendiendo argumentar en torno a la vigencia de su crédito, pregonó al contestar la excepción la verificación en el caso de circunstancias con la virtualidad de suspender el curso de la prescripción de los periodos bajo escrutinio, a saber –en lo que ante esta instancia de revisión refiere en su memorial- que: i) el séptimo párrafo del art. 161 del Código Fiscal [t.o. 2011 –según ley 14.553-] contempla una causal de suspensión del plazo de prescripción de 120 días fundada en la actividad administrativa que, pese a la proximidad del agotamiento del plazo, debe desplegar para sustanciar el procedimiento determinativo y sumarial indicado en su art. 112; y que ii) la suspensión anual prevista en el art. 161 inc. “a” del citado código se prolongará hasta los 90 días posteriores a que la Autoridad de Aplicación reciba las actuaciones en las que el Tribunal Fiscal hubiere dictado sentencia [cfr. presentaciones electrónicas del 26-8-2019 (pto. “4.”) y 8-11-2021 (pto. “II.C.”)].
El contrapunto suscitado entre los litigantes demanda llevar a cabo el juicio valorativo descripto en el punto “2.3.2.2.” precedente, siempre recordando que la razonabilidad, consiste en la adecuación de los medios fijados por la reglamentación a la obtención de los fines que determinan la medida con el propósito de que tales medios no luzcan infundados o arbitrarios, esto es, desproporcionados o descalzados de las circunstancias que los motivan y la finalidad que se procura satisfacer (v. C.S.J.N. Fallos 322:270). Y traduciéndose la razonabilidad en la elección de la alternativa más racional [aspecto técnico] y más justa o equitativa [aspecto valorativo] de todas las posibles para obtener el fin deseado (v. Linares, Juan Francisco; “Razonabilidad de las leyes”, ed. Astrea, 1970, pág. 107), luce irrefutable que para determinar si en un caso dado se observó o no el “principio de razonabilidad” se deben ponderar los datos objetivos [circunstancias fácticas y jurídicas en que se desarrolla la causa] con sensatez y prudencia, de manera tal de armonizar las razones que justifican la restricción estatal con el principio pro libertate según el cual, las limitaciones a las libertades individuales deben exigir el mínimo sacrificio con el máximo de los resultados (v. Fiorini, B.; “Derecho Administrativo”, T.II, Bs. As. Ed. Abeledo Perrot, 2° ed., 1976). Teniendo presente lo anterior, adelanto desde ahora que la labor planteada habrá de conducir a una respuesta tan solo parcialmente favorable a los intereses del Fisco, ello en atención a lo que surge de las actuaciones producidas en el expediente administrativo N° 2360-242759/15 incorporado –sin agregar- al sub lite [cfr. auto del 1-101-2019].
[i] El mencionado art. 161 apartado a) del Código Fiscal (t.o. 2011) prescribe –en lo que aquí resulta de interés- que “Se suspenderá por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación en los supuestos que siguen: a) desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a la acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado (…) Cuando se hubiere interpuesto recurso de reconsideración ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a la notificación de la resolución respectiva…”.
Al mismo tiempo, debe considerarse que el citado precepto, en aquel otro segmento también invocado por la ejecutante para hacer referencia a una adicional causal suspensiva del plazo de la prescripción del crédito del tributo reclamado [en concreto, su párrafo penúltimo –texto según ley 14.553-], establece que “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por el presente Código, y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notifiquen dentro de los ciento ochenta (180) días corridos inmediatos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”. Desde la hermenéutica que propone el Fisco, en la parcela que aquí deviene atinente [a saber, a tenor de las circunstancias fácticas del sub lite, de un lado en cuanto refiere al desarrollo del procedimiento determinativo y sumarial y, de otro, la interposición del recurso de reconsideración ante el Director Ejecutivo de ARBA], las referidas normas justifican la vigencia del crédito cuyo cobro persigue mediante el presente apremio.
Es que su lógica, sin efectuar cálculo de plazos alguno al efecto, propone contabilizar: i) el plazo de prescripción de cinco años (v. art. 157); ii) ciento veinte (120) días hábiles de suspensión por haberse notificado la resolución de inicio del procedimiento de determinación de oficio y de instrucción del sumario correspondiente dentro de los ciento ochenta (180) días corridos inmediatos anteriores a la fecha en que se produzca la prescripción de los períodos fiscales reclamados [conf. art. 161 penúltimo párrafo del Código Fiscal –texto según ley 14.553-, por la notificación de la Disposición Delegada SEATYS N° 3201/17 emitida el 26-10-2017 y notificada al domicilio fiscal electrónico de la firma contribuyente y del responsable solidario aquí excepcionante el 17-11-2017 (v. fs. 277/286 y 287/288, expte. adm. cit.)]; y ii) un (1) año de suspensión [conf. art. 161 inc. “a” –primer párrafo- del Código Fiscal (t.o. 2011), por la notificación de la Disposición Delegada SEATYS n° 131/18 emitida el 9-1-2018 y notificada al domicilio fiscal electrónico de los nombrados el 12-1-2018 (v. fs. 305/315 y 316/317, expte. adm. cit.)] y siendo que el recurso de reconsideración fue interpuesto mientras aún se encontraba vigente el plazo para interponer la acción judicial de cobro, el curso de la prescripción quedaría suspendido por todo el tiempo que le demande a la Administración resolverlo, con más noventa (90) días hábiles administrativos contados desde su notificación [conf. art. 161 inc. “a”, segundo párrafo in fine].
[ii] Expuesto en tales términos la postura actoral e iniciando ya el análisis propuesto, cabe señalar que –en principio- no luciría palmariamente irrazonable los plazos de suspensión fijados en ciento veinte (120) días hábiles por haberse notificado la resolución de inicio del procedimiento de determinación de oficio y de instrucción del sumario correspondiente dentro de los ciento ochenta (180) días corridos inmediatos anteriores a la fecha en que se produzca la prescripción de los períodos fiscales reclamados, como así también de un (1) año a partir de la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a la acciones y poderes fiscales para exigir el pago del tributo intimado (v. art. 161 inc. “a” -primera partey párrafo penúltimo). Es que, los tiempos allí fijados -de un lado- se compadecen no solo con los estipulados en varias jurisdicciones provinciales (v.gr. Código Fiscal de la Provincia de Mendoza, Código Fiscal de la Provincia de Córdoba; todos según la redacción vigente al año 2022), sino también con los empleados en la órbita federal –Ley 11.683-. Además, tampoco la extensión de la suspensión luciría irremediablemente irrazonable si se la compara con el plazo de prescripción legalmente estipulado para perseguir el cobro de las acreencias (v. art. 157 del Código Fiscal local -t.o. 2011-).
[iii] Ahora bien, en mi parecer, tales previsiones no detentan igual atributo de razonabilidad si se practica una lectura lineal de los preceptos citados como lo postula el apoderado fiscal, sea en orden a la irreflexiva admisión en la especie del total del plazo de suspensión previsto en el párrafo penúltimo del art. 161 del Código Fiscal (texto según ley 14.553), sea en su inc. “a” segundo párrafo in fine en cuanto establece -respecto de la suspensión anual prevista en su encabezado- que “cuando se hubiere interpuesto recurso de reconsideración ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a la notificación de la resolución respectiva”.
En primer lugar, cabe señalar que el Fisco –luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial- estaría habilitado a regular una causal de suspensión como la prevista en el primero de los preceptos citados, o una prolongación de la suspensión de prescripción como la prevista en la norma referida en segundo término, pues tanto el menester despliegue de procedimiento determinativo y sumarial de los créditos fiscales reclamados, como así también la interposición de un recurso de reconsideración impiden al ente recaudador iniciar la ejecución de sus acreencias [conf. arts. 112 y 117 del Código Fiscal]. Empero, esa prerrogativa está sujeta a los límites que impone la razonabilidad del medio elegido para preservar la acreencia fiscal y, desde tal atalaya, con el objetivo de esclarecer el argumento, juzgo de interés recordar cuál es la regulación que prevé el Código Fiscal del trámite administrativo a realizar, en casos como el sub lite, sea para establecer el monto de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y demás responsables, cuando ellas no sean declarada o las declaraciones juradas presentadas sean impugnables por no ajustarse a derecho, o para instruirse –de corresponder- el sumario por las infracciones previstas en los arts. 61 y 62 del citado código, sea para brindar respuesta al recurso de reconsideración, toda vez que lo allí reglado resulta esencial para acordar un justo alcance a lo estipulado en el art. 161 en su inc. “a” -segundo párrafo in fine- y en su penúltimo párrafo.
En esa labor, se verifica que el Código Fiscal (t.o. 2011) en su art. 113 dispone que tal procedimiento “…se iniciará mediante una resolución… “, de la cual “…se dará vista al contribuyente o responsable, por el improrrogable término de quince (15) días, para que se formule el descargo por escrito, acompañando conjuntamente la prueba documental, y se ofrezcan todos los restantes medios probatorios que avalen el proceder del administrado…” , contingencia frente a la cual “…De resultar procedente, se abrirá la causa a prueba en el término de tres (3) días de presentado el descargo, disponiéndose la producción de la prueba ofrecida, carga procesal que pesará sobre el contribuyente o responsable y que deberá cumplimentar en el término de treinta (30) días, desde la notificación de su admisión por la Autoridad de Aplicación” y, finalmente, la referida autoridad “…deberá dictar resolución determinativa de las obligaciones fiscales en el plazo de treinta (30) días a contar desde el vencimiento del período probatorio o desde la presentación del descargo si no existiera ofrecimiento de pruebas o desde la fecha de vencimiento para formular descargo cuando éste no se hubiera presentado, la causa sea de puro derecho o la prueba ofrecida improcedente”, todo ello sin desconocer que la Administración se encuentra facultada a disponer “…medidas para mejor proveer cuando así lo estime pertinente y por el plazo que sea menester para su producción”.
En efecto, bien puede observarse que el trámite establecido para seguir tal derrotero formal debería insumir, de no disponerse la producción de medidas de mejor proveer, un total de 78 días -en caso de admitirse la apertura a prueba del procedimiento- o de 45 días -de no resultar necesario tal etapa probatoria- [conf. art. 113, Cód. Fiscal]. Siendo ello así, tratándose en el presente caso de aquel escenario en que no resultó necesaria la apertura a prueba del trámite, ello ante la falta de presentación de descargo por parte de la firma contribuyente y del responsable solidario [v. fs. 308 vta. expte. adm. cit.], debe señalarse que el referido procedimiento [iniciado el 17-11-2017 (mediante la notificación de la Disposición Delegada SEATYS N° 3201/17 efectuada a la firma contribuyente y al responsable solidario) y culminado el 12-1-2018 (por la notificación de la Disposición Delegada SEATYS n° 131/18) –v. fs. 287/288 y 316/317, expte. adm. cit.-] fue consumado previo a agotarse el plazo previsto a tal fin por la normativa aplicable; empero, las circunstancias que lo sucedieron vacían de razonabilidad extender el plazo de suspensión de la prescripción hasta alcanzar los ciento veinte (120) días hábiles previstos normativamente en su mérito.
Y ello es así porque una vez notificados a los destinatarios del acto, emitido en los términos del art. 114 del Código Fiscal (t.o. 2011), que determinó las obligaciones fiscales y multas devengadas en relación a los contribuyentes y demás responsables, impugnable en los términos de su art. 115 y con los efectos derivados en cuanto al curso del plazo de prescripción de la causal de suspensión prevista en su art. 161 inc. “a”, devendría superflua toda consideración a su respecto.
Más precisamente, en el presente caso, es forzoso colegir que la norma analizada contiene un supuesto de suspensión del curso de la prescripción cuyo plazo no puede ir más allá de su hito conclusivo, a saber: la notificación de la Disposición Delegada SEATYS n° 131/18, emitida el 9-1-2018, materializada al domicilio fiscal electrónico de la firma contribuyente y su responsable solidario el 12-1-2018 [v. fs. 305/315 y 316/317, expte. adm. cit.].
Llegado a este punto, y en concordancia con lo anticipado, debe meritarse que el Código Fiscal (t.o. 2011), en su art. 115, establece que “contra las resoluciones de la Autoridad de Aplicación, que determinen gravámenes, impongan multas, liquiden intereses, rechacen repeticiones de impuestos o denieguen exenciones, el contribuyente o responsable podrá interponer dentro de los quince (15) días de notificado, en forma excluyente, uno de los siguientes recursos: a) Reconsideración ante la Autoridad de Aplicación…”. Por su parte, el art. 118 estipula que “interpuesto el recurso de reconsideración, las actuaciones deberán remitirse, en el término de cinco (5) días contados desde su presentación, al superior jerárquico facultado para su sustanciación.
El recurso de reconsideración deberá ser resuelto en el término de sesenta (60) días de recibido, si no se ofreciese una ampliación de la prueba producida en la etapa previa de determinación de oficio y eventual instrucción de sumario y requerirá informe previo emanado de las áreas con competencia técnica legal de la Autoridad de Aplicación…”. Por último, se deja establecido que “… podrá ofrecerse la ampliación de prueba que, de resultar pertinente, deberá producirse en el término de veinte (20) días de notificada su admisión por el funcionario a cargo de la tramitación del recurso…”. Es la propia norma comentada la que estipula que el trámite fijado para sustanciar el recurso de reconsideración debería insumir un total de 85 días -en caso de haberse admitido ampliación de prueba- y de 65 días de no resultar necesaria tal ampliación.
Entonces lo anterior conduce a interpretar que: i) la norma analizada contiene un supuesto de suspensión de prescripción cuyo plazo no puede ser superior a 85 o 65 días –según sea el caso-; ii) que la suspensión perdurará por noventa días más a partir de la fecha de la notificación de la resolución que rechazó el recurso [conf. art. 161 inc. “a”, segundo párrafo in fine], siempre que se hayan cumplido con aquellos plazos máximos, período adicional que luce razonable para ejecutar las tareas previas al inicio de juicio de apremio. De no predicarse una lectura como la precedentemente expuesta, se podría llegar a convalidar una extensión del plazo de suspensión “sine die”, sujeta exclusivamente a la voluntad del Fisco acreedor en no resolver tempestivamente el recurso de reconsideración impetrado por los contribuyentes, escenario que trasunta no solo irrazonabilidad sino incluso ejercicio abusivo del derecho [art. 10, segundo párrafo del C.C.C.].
La postura actoral no pretende más que realizar una aplicación literal y mecánica de lo reglado en el citado art. 161 inc. “a” segundo párrafo in fine al caso, desentendiéndose de las otras normas insertas en el mismo ordenamiento tributario que le fijan un marco de actuación acotado a sus reglas a la Autoridad tributaria provincial. De tal forma, la sugerida aplicación lineal al caso del mentado art. 161 inc. “a” segundo párrafo in fine debe quedar excluida por irrazonable y, en tal sentido, corresponde declarar su inconstitucionalidad [conf. art. 28, Const. Nacional], por cuanto su aplicación al asunto particular -en los términos pregonados por el ejecutante al repeler la excepción- es contraria a los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución (“unconstitutional statute as applied”), supuesto en el cual los efectos del pronunciamiento no operan más allá de la contienda.
Más concretamente, la lectura de las actuaciones administrativas exhibe que el 1-3-2018 el aquí excepcionante interpuso recurso de reconsideración contra la individualizada Disposición Delegada SEATYS n° 131/18 [v. fs. 333, expte. adm. cit. (fs. 1/4, Alc. 1)]. No habiendo alegado y probado el Fisco –que invoca la causa de suspensión- que el trámite de dicho recurso requiriera de la producción de prueba, habré de considerar un plazo de suspensión de 65 días hábiles administrativos, mas no adicionar los 90 días restantes posteriores a la notificación del acto que resuelve la impugnación administrativa, por cuanto el Fisco sobrepasó en demasía aquel plazo para resolver [v. Disposición Delegada SEAJ N° 290/18, emitida el 2-8-2018 y notificada a su destinatario el 24-8-2019 (v. fs. 350/355 y 357/358)].
Practicando hasta aquí el cómputo del plazo de prescripción junto a las causales de suspensión esgrimidas por el Fisco aunque con las limitaciones que dimanan de la aplicación del principio de razonabilidad y de la obligación de la judicatura de evitar el ejercicio abusivo del derecho, se obtiene el siguiente guarismo, respecto del más antiguo de los períodos declarados prescriptos por el Fisco:
Dies a quo: 22-2-2013.
Primer segmento de prescripción corrida: desde el 22-2-2013 hasta el 17-11-2017 (notificación a la firma contribuyente y al responsable solidario de la Disposición Delegada SEATYS N° 3201/17), esto es: cuatro (4) años, ocho (8) meses y veinticuatro (24) días.
Suspensión desde el 17-11-2017 hasta el 12-1-2018 (notificación a los nombrados de la Disposición Delegada SEATYS N° 131/18) [conf. art. 161 párr. penúltimo, Cód. Fiscal -texto según ley 14.553-].
Suspensión por un año desde el 12-1-2018 al 12-1-2019 [conf. art. 161 inc. “a” párr. primero, Código Fiscal].
Segundo segmento de la prescripción corrida desde el 12-1-2019 hasta su finalización al 19-4-2019, esto es: aquel término restante de tres (3) meses y cuatro (4) días.
Valga aquí aclarar que ningún efecto suspensivo cabría derivar en la especie de la interposición del recurso de consideración blandido el 1-3-2018 contra la individualizada Disposición Delegada SEATYS N° 131/18 (v. fs. 333, expte. adm. cit. -fs. 1/4, Alc. 1-), puesto que habiéndose notificado al interesado su rechazo por extemporáneo el 24-8-2018 (v. Disposición Delegada SEAJ N° 290/18 y su notificación -fs. 350/355 y 357/358-), se observa que aquella prolongación de suspensión de sesenta y cinco (65) días hábiles administrativos [conf. art. 161 inc. “a” párr. segundo in fine, Cód. Fiscal], con los límites impuestos por el principio de razonabilidad, se hubo consumado totalmente -de principio a fin- mientras se encontraba operando aquella suspensión anual derivada de la notificación de la Disposición Delegada SEATYS N° 131/18. Con ello en miras, cabe concluir que al tiempo de interponer la presente ejecución [30-4-2019], el plazo de prescripción correspondiente al período 81/2013 aquí reclamado se encontraba ya fenecido.
Empero, disímil suerte arroja el cálculo de plazos que corresponde efectuar respecto del siguiente período 82/2013, también reclamado en el título en ejecución.
Dies a quo: 22-3-2013.
Primer segmento de prescripción corrida: desde el 22-3-2013 hasta el 17-11-2017 (notificación a la firma contribuyente y al responsable solidario de la Disposición Delegada SEATYS N° 3201/17), esto es: cuatro (4) años, siete (7) meses y veintiún (21) días.
Suspensión desde el 17-11-2017 hasta el 12-1-2018 (notificación a los nombrados de la Disposición Delegada SEATYS N° 131/18) [conf. art. 161 párr. penúltimo, Cód. Fiscal -texto según ley 14.553-].
Suspensión por un año desde el 12-1-2018 al 12-1-2019 [conf. art. 161 inc. “a” párr. primero, Código Fiscal].
Segundo segmento de la prescripción corrida desde el 12-1-2019 hasta su finalización al 16-5-2019, esto es: aquel término restante de cuatro (4) meses y cuatro (4) días.
Con todo, incluso descartado -como ya se indicó- todo efecto suspensivo de la interposición del recurso de consideración blandido el 1-3-2018 contra la individualizada Disposición Delegada SEATYS N° 131/18 -claro está, con los límites impuestos por el principio de razonabilidad-, debe concluirse al tiempo de instarse la presente ejecución [30-4-2019], no se había consumido en su totalidad el plazo de prescripción correspondiente al período 82/2013, consideración que debe ser extendida al subsiguiente período 83/2013, en tanto registra más cercana en el tiempo la fecha de inicio del cómputo de su plazo de prescripción.
3. Por último, debe prevenirse que ningún tratamiento corresponde dispensar a las alegaciones volcadas por el quejoso en su memorial respecto del cómputo del plazo de prescripción concerniente a los créditos fiscales por multas contenidos en el título ejecutivo de marras pues, ordenando en el fallo de grado mandar llevar adelante la ejecución por el total de las sumas en cuestión, ningún interés porta el recurrente en la consideración de los argumentos que vierte al efecto.
II. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo hacer lugar parcialmente el recurso de apelación articulado por el Fisco Provincial y, en consecuencia, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 161 inc. “a” segundo párrafo in fine del Código Fiscal (texto según ley 14.333), revocar el pronunciamiento de grado en la parcela que dispuso declarar la prescripción de la acción judicial para reclamar el crédito determinado en concepto de anticipos 82/2013 y 83/2013 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contenido en el título ejecutivo N° 1135745, mandar llevar adelante la presente ejecución –también- por dichas sumas e imponer las costas de primera instancia a las partes en la proporción fijada por el art. 556 del CPCC [arts. 274, CPCC; 25, ley 13.406]. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, al no mediar contradicción [conf. argto. arts. 25, ley 13.406; 68, 69 y ccdtes., CPCC].
Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Ucín dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Riccitelli con excepción de lo allí señalado en el apartado I.2.3.2.2 [i] –párrafos primero a quinto, inclusive-, I.2.3.2.2. [ii] –párrafos segundo y tercero- y I.2.3.3. -quinto párrafo, parte inicial-, en tanto entiendo que la solución postulada para la temática allí analizada se abastece, de modo suficiente, con los restantes fundamentos brindados por el referido colega.
Con el alcance indicado, voto, pues, por la afirmativa.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
Adhiero al voto que abre el Acuerdo, con excepción de lo allí señalado en el apartado I.2.3.2.2 [i] –párrafos primero a quinto, inclusive-, I.2.3.2.2. [ii] –párrafos segundo y tercero- y I.2.3.3. -quinto y sexto párrafos-, en tanto entiendo que la solución postulada para la temática allí analizada se abastece, de modo suficiente, con los restantes fundamentos brindados.
Con el alcance indicado, voto, pues, por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar parcialmente el recurso de apelación articulado por el Fisco Provincial y, en consecuencia, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 161 inc. “a” segundo párrafo in fine del Código Fiscal (texto según ley 14.333), revocar el pronunciamiento de grado en la parcela que dispuso declarar la prescripción de la acción judicial para reclamar el crédito determinado en concepto de anticipos 82/2013 y 83/2013 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contenido en el título ejecutivo N° 1135745, mandar llevar adelante la presente ejecución –también- por dichas sumas e imponer las costas de primera instancia a las partes en la proporción fijada por el art. 556 del CPCC [arts. 274, CPCC; 25, ley 13.406]. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, al no mediar contradicción [conf. argto. arts. 25, ley 13.406; 68, 69 y ccdtes., CPCC].
2. Se deja constancia que por los trabajos profesionales de Alzada no corresponde regular honorarios al apoderado fiscal en atención a lo dispuesto por el art. 18 del decreto-ley 7543/69.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente [conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 –t.o. Ac. 4039/21-]. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Fin de la sentencia