Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 7288
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada y confirmar el pronunciamiento de grado en lo que fuera materia de agravios. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1° -segunda parte- del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 05 días de diciembre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-7288-MP2 “SILVESTRI, JORGE DANIEL c. BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Zampini, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Jorge Daniel Silvestri contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, consecuentemente, condenó a la entidad demandada que abone al actor las diferencias de haberes que van desde el 15-10-2000 hasta el 15-11-2000 y desde el 30-11-2000 al 24-01-2001 -períodos en los cuales su salario deberá ser remunerado de conformidad con el código 105- y las que van desde el 01-02-2005 hasta el 28-02-2007, que deberán ser calculadas conforme el código 102, con más los intereses que cada suma devengue en cada período de aplicación, conforme la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósito a treinta (30) días, desde que cada suma debió ser abonada hasta su efectivo pago, dentro del plazo de sesenta (60) días, computados desde que adquiera firmeza la liquidación a practicar. Impuso las costas del juicio a la parte demandada en su objetiva condición de vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad [cfr. fs. 549/555].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 559/569 [cfr. auto de fs. 575] y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, providencia que se encuentra firme, corresponde plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Mediante la pretensión articulada a fs. 34/38, Jorge Daniel Silvestri procuró obtener el reconocimiento del derecho que afirmó asistirle a que la entidad bancaria demandada le abone las diferencias salariales devengadas durante los períodos comprendidos entre los meses de octubre de 2000 a octubre de 2003 y noviembre de 2003 a febrero de 2007, en los que se desempeñó como Subgerente Operativo y Gerente, respectivamente. Adujo, en concreto, que las funciones indicadas se corresponden con jerarquías escalafonarias superiores a su cargo, a las que fue debidamente promovido, aunque en los períodos indicados sus haberes no fueron liquidados conforme tales categorías, no obstante haber desempeñado las tareas con eficiencia y responsabilidad.
2. En oportunidad de contestar los argumentos desarrollados por el actor, la demandada sostuvo que la acción intentada resultaba inadmisible por haber operado el plazo de prescripción quinquenal establecido en el art. 4027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil, norma que estimó aplicable a la especie por tratarse de obligaciones periódicas originadas en una relación de empleo público provincial que no tiene una regulación específica en la materia. Desde allí, apuntó que el primer reclamo formulado en sede administrativa data del 07-08-2003 y que el actor no realizó actividad alguna hasta el 08-07-2009, cuando ya se había acogido a los beneficios de la jubilación.
Por otro camino, sostuvo que la pretensión del accionante carece de sustento jurídico toda vez que no surge de su legajo personal acto administrativo alguno, dictado según las formalidades que exige la normativa aplicable que avale, por cada período reclamado, los cambios de categoría mencionados por el agente. Seguidamente se explayó sobre las diferencias existentes entre el cargo y la función –con sustento en los arts. 16, 17 y 18 del Estatuto para el personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y 27 de la Carta Orgánica de la institución-, para concluir que si el accionante desempeñó funciones de mayor jerarquía a las que correspondían a su cargo aquellas fueron asignadas en forma irregular, ya que no consta registro alguno de que hayan sido dispuestas por funcionario competente y, por tal razón, no resultaban idóneas para sostener el reclamo que porta la demanda [cfr. fs. 97/103].
3. En lo que aquí interesa relevar -en virtud de los precisos agravios expuestos por el apelante en su memorial, límite del conocimiento que corresponde a este Tribunal revisor [cfr. doct. esta Cámara causas C-6270-BB1 “Koren”, sent. del 2-II-2016; C-6829-MP2 “Aguirre”, sent. del 16-V-2017, entre muchas otras], cabe señalar que a partir del resultado de la audiencia celebrada en los términos del art. 41 del C.P.C.A., ciñó el esquema de análisis a los segmentos temporales que van desde octubre de 2000 al 24-01-2001 y desde el 18-03-2004 al 01-02-2005, períodos en que el accionante se desempeñó como Subgerente Operativo; y desde el 01-02-2005 al 06-03-2007, en el que se desempeñó como Gerente [conforme lo determinado en el Considerando II.2.a. del pronunciamiento en crisis –fs. 552-]. Marcado el derrotero, se abocó a analizar las actuaciones administrativas agregadas al presente, en las cuales advirtió la existencia de una Planilla denominada “Histórico de Puestos” contenida en el Legajo Personal del actor de la que surge la existencia de documentación respaldatoria consignando una fecha y un número.
Con lo anterior en miras, consideró que lo allí plasmado bien podía corresponder al registro de los actos cuya inexistencia afirmó la accionada máxime, apuntó, cuando el efectivo desempeño de las funciones asignadas -que el accionante no podía rehusar cumplir por imperio de lo normado en el art. 21 inc. d. del Estatuto- no fueron objeto de controversia entre las partes sino más bien reconocidas, por lo que concluyó que cabría presumir la existencia de tales actos. De tal modo, descalificó el argumento sostenido por la accionada en relación a la inexistencia de acto de asignación de mayores funciones pues consideró que el material probatorio relevado resultaba suficiente para predicar lo contrario, principalmente porque la institución bancaria estuvo en mejor posición para probar sus aseveraciones y no lo hizo.
Constatada, entonces, la legitimidad del reclamo efectuado y teniendo en cuenta el resultado que arrojó la pericia contable producida en las actuaciones, reconoció finalmente el derecho del accionante al cobro de las diferencias salariales pretendidas en la demanda por los períodos que van desde el 15-10-2000 hasta el 15-XI-2000; desde el 30-11-2000 hasta el 24-01-2001 y desde el 01-02-2005 hasta el 28-02-2007 [cfr. análisis efectuado en los Considerandos II.2.c. y II.3.a. fs. 553 y vta., a los que me remito en honor a la brevedad por no resultar objeto de la crítica sustancial del apelante].
Seguidamente, ingresó al análisis de la prescripción alegada por la accionada y, en tal sentido, evaluó que tratándose los créditos reconocidos de sumas que deben abonarse en forma periódica y a plazos, debía regir la prescripción quinquenal normada por el art. 4023 del Código Civil, frente a la falta de previsiones expresas en materia de empleo público.
Considerando entonces que la demanda fue promovida con fecha 15-10-2010, que correspondía acordar efecto interruptivo de la prescripción al reclamo formulado en sede administrativa con fecha 07-08-2000 y que la pretensión actoral abarcaba hasta las diferencias salariales devengadas al mes de octubre de 2000, juzgó infundado el argumento sostenido por la accionada en tal sentido.
4. La parte demandada cuestiona lo decidido en la instancia de grado en base a dos ejes argumentales principales –v. fs. 559/569-.
En un primer segmento, y machacando acerca de las diferencias existentes entre función y/o cargo y categoría y/o jerarquía ya apuntadas al momento de contestar la acción [cfr. fs. 99 vta./101], sostiene que el juzgador interpretó erróneamente que las funciones cumplidas por el actor –no cuestionadas en su materialidad- implican un nombramiento cuando, insiste, no existió acto administrativo alguno dictado de acuerdo a las pautas que surgen de los arts. 16, 17 y 18 del Estatuto para el Personal del Banco de la provincia de Buenos Aires.
En concreto, denuncia que el juez soslayó que en el legajo del agente existen dos apartados totalmente diferenciados: por un lado, el “Histórico de Categorías” y, por otro, el “Histórico de Puestos”. Señala que del primero de ellos se desprende que el accionante, durante el período en crisis, ostentó la categoría de 2do. Jefe de Departamento de 1era. Categoría 117 con comienzo el día 05-10-2000 hasta el 17-03-2004, y el 18-03-2004 se lo promovió a Jefe de Departamento de 1era. hasta el 06-03-2007, por lo sus haberes fueron percibidos conforme cada una de las mencionadas categorías.
Señala que esas circunstancias no pueden llevar a confundir con los puestos que se describen en apartado diferenciado. Así, continua, si bien se advierte un acto administrativo que designa al Sr. Silvestri a cumplir diferentes funciones en el Banco -las cuales pueden ser en diferentes ámbitos y de características disímiles- tal circunstancia no le acuerda el derecho a reclamar diferencias salariales pues, al no haber un acto administrativo que le otorgue la categoría [ascenso], percibe su remuneración conforme la jerarquía o categoría que ostenta.
En una segunda parcela, reprocha al juez de la instancia haber aplicado el plazo de prescripción decenal contenido en el art. 4023 del Código Civil [t.a.] para la resolución del presente pues, en su visión, tratándose el caso de cuestiones salariales derivadas de una relación de empleo público y ante la inexistencia de normas provinciales que permitan llenar la laguna legislativa, corresponde integrar el vacío con los principios establecidos en La ley 20.744 [Ley de Contrato de Trabajo], que por estar dirigida a reglar relaciones análogas en el ámbito de la relación de empleo, hace que prevalezca sobre las genéricas disposiciones del Código Civil. Y, en caso de considerar restringido el plazo de dos (2) años contenido en aquel cuerpo normativo, debió acudir a las previsiones contenidas en el art. 4027 inc. 3 del Código Civil [t.a.] que a las claras resulta acorde a toda corriente doctrinaria relativa a la materia. Solicita, en suma, la revocación de la sentencia de grado y el rechazo total de la demanda impetrada.
II.1. Sintetizados los agravios que han conformado el memorial [cfr. apartado I.4.] y adelantando desde ya que propiciaré la revocación del fallo de grado, por razones de método abordaré –en primer término- la crítica que la accionada formula respecto de la posición asumida por el sentenciante en relación al derecho que finalmente le reconoció al Sr. Silvestri a percibir las diferencias salariales pretendidas en la demanda por falta de adecuación a las funciones desempeñadas.
Según lo expuesto en apartados anteriores, el a quo otorgó eficacia probatoria a los datos consignados en el dossier del empleado que –a su entenderrevelaron que el actor desempeñó las mayores funciones en cada caso asignadas cumpliendo órdenes expresas de sus superiores [cfr. apartado I.3.]. En otras palabras, partiendo de la acreditación del efectivo cumplimiento de tales funciones consideró que la asignación de aquellas fueron materializadas por medio de actos emanados de la autoridad superior y, por tal razón, merecían la mayor retribución solicitada por el agente. Distinta visión del punto aporta el apelante pues afirma que nunca hubo acto administrativo expreso dictado por el órgano competente que dispusiera el nombramiento del actor en las categorías reclamadas, motivo por el cual en el apartado “Histórico de Categorías” correspondiente a su legajo figuran solo aquellos cargos en los que fue formal y debidamente designado y por lo que percibió la correspondiente remuneración.
1.2. Para comenzar el análisis del tópico en cuestión bien vale señalar que no se discute en el caso el hecho central planteado en la demanda, en la medida que ambas partes coinciden en que el actor desempeñó las funciones denunciadas en los períodos indicados. Por el contrario, la controversia versó en relación a la virtualidad jurídica que cada una de las partes concedió a los actos que acompañaron tales asignaciones de funciones, así como respecto a la aptitud de aquellos para generar el derecho que reclama el accionante.
Ante tal escenario, habré de recordar que el Superior Tribunal provincial –desde mucho tiempo atrástiene decidido que el derecho a la remuneración del agente estatal nace con el acto administrativo o legislativo que lo concede, por lo que la efectiva prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene asignado no autoriza a exigir el pago del sueldo correspondiente a dicho cargo superior si no ha mediado el necesario nombramiento o la designación de este último con carácter retroactivo [cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 58.586 “Llopis”, sent. del 6-X-2004; B. 57.874 “Acevedo”, sent. del 30-V-2007; B. 61.643 “Saullo”, sent. del 3-X-2009; B. 62.591 “Milano”, sent. del 8-VI-2011; B. 55.506 “Meccia de Redolfi”, sent. del 10-X-2012]. Ello así, pues solo mediando designación regular el agente puede percibir las diferencias de sueldos correspondientes al cargo superior [cfr. doct. S.C.B.A causa B.60.169 “Beneventano”, sent. del 5-IV-2017], ya que al no mediar expreso nombramiento o regular designación no hay norma legal que autorice el pago de aquéllas [cfr. doct. S.C.B.A causa B. 56.786, “Santillán”, sent. del 26-XI-2008; B. 62.447, “Lamonte”, sent. del 21-XII-2011]. En esa dirección, cabe poner de resalto que la arraigada doctrina de la Suprema Corte de Justicia también resulta aplicable al personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la materia objeto de análisis [cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 62.002 “Venturino”, sent. del 31-X-2016 y B. 62.003 “Caminos”, sent. del 29-III-2017].
Constituyendo tal línea jurisprudencial la doctrina legal vigente en la materia, no cabría más que conceder razón a la accionada, en tanto no se habría acreditado en la especie el cumplimiento de los presupuestos legales que condicionan la procedencia del reclamo por diferencias salariales, puntualmente, la necesidad de una designación por parte de autoridad competente [cfr. doct. esta Cámara causa C-6238-MP1 “Cenci”, sent. del 1-III-2016].
En efecto, la normativa que rige en el caso –Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires y Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires- es clara en cuanto a atribuye al Presidente de la Entidad la facultad de designar a los funcionarios y empleados [art. 27 inc. c) de la Carta Orgánica], o bien al Directorio en caso de que la designación recaiga sobre el cargo de Gerente General, Subgerente General y Gerentes Departamentales a propuesta del Presidente [art. 24 inc. f) del citado cuerpo legal].
Con lo anterior en miras y encontrándose indubitado que no existe acto expreso de designación del actor en los cargos pretendidos -no obstante las funciones desempeñadas-, mal podría reconocérsele al actor diferencia salarial alguna por los períodos comprendidos en la sentencia, ya que los datos que arroja el legajo del empleado –único elemento probatorio tenido en cuenta por el magistrado- no importan un acto de designación formal en los cargos mencionados [conf. arts. 16 y 18 del Estatuto] –o, cuanto menos, de allí no surge sin resquicios- su efectiva existencia [cfr. doct. esta Cámara causas G-1190-MP1 “Fuentes”, sent. de 11-VI-2009; C-1391-MP “Deniau”, sent. de 25-II-2010; C-1966-MP2 “Rojas”, sent. de 18-XI-2010].
Así las cosas, y en el entendimiento de que la voluntad de la Administración no se puede presumir, juzgo que ante la falta de acto administrativo expreso emanado del Presidente del Directorio de la entidad oficial, no puede válidamente reconocerse la remuneración pretendida por el agente, en tanto carece de sustento jurídico que la avale [cfr. doct. cfr. doct. S.C.B.A causa B.60.169 “Beneventano”, cit.].
1.3. A tenor de la solución propuesta en los apartados precedentes, estimo que el tratamiento del restante agravio introducido por la demandada -inherente al plazo de prescripción que en su visión corresponde aplicar al caso-, ha devenido de inoficioso tratamiento en virtud de la solución que auspicio [argto. doct. esta Cámara causas C-3209-DO1 “Kodak Argentina S.A.I.C.”, sent. de 30-X-2012 y C-3555-BB1 “Spina”, sent. de 02-V-2013].
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo acoger el recurso de apelación articulado por la entidad bancaria accionada a fs. 559/569 y, consecuentemente, revocar la sentencia de fs. 549/555 en cuanto reconoció al accionante el derecho a percibir las diferencias salariales pretendidas en la demanda. Como correlato de lo anterior y por aplicación del art. 274 del C.P.C.C., corresponde adecuar la imposición de costas fijada en el pronunciamiento apelado al resultado del presente. De tal modo y teniendo en cuenta la relación de empleo público comprometida en la especie y siendo el actor el vencido, las costas de ambas instancias deberían distribuirse en el orden causado [art. 51 inc. 2° del C.P.C.A. –conf. ley 14.437-].
Con el alcance indicado voto la cuestión planteada por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
Respetuosamente discrepo.
I.1. El presente litigio -en la parcela que llega a esta alzada en debate- gira en derredor de un único interrogante, frente a circunstancias fácticas reconocidas por la accionada, a saber: ¿corresponde reconocer el derecho del actor a percibir las diferencias salariales entre lo cobrado según el efectivo cargo de revista y las sumas que representaban la retribución de aquellas posiciones desempeñadas en los períodos 15-10-2000/15-11-2000, 30-11-2000/24-01-2001 y 01-02-2005/28-02-2007? El desempeño por el actor de tareas de mayor jerarquía a su cargo escalafonario no es un hecho a dilucidar. Tanto la prestación de tareas como Subgerente Operativo como Subgerente y finamente Gerente en los períodos arriba individualizados, surge del acta de fs. 111/112 bajo el rótulo hechos no controvertidos y ello también se desprende del propio discurso de la entidad bancaria recurrente en varios segmentos del escrito recursivo.
El dilema aparece en torno a la exigencia que, desde antaño, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia provincial ha delineado para los reclamos judiciales de reconocimiento de diferencias salariales por desempeños temporarios de posiciones funcionales de mayor jerarquía a aquel cargo que efectivamente detenta el agente y por el cual es remunerado. El Máximo Tribunal provincial ha sostenido que la prestación de servicios en un cargo superior al que legalmente se tiene, no autoriza a exigir el pago de un sueldo correspondiente al cargo superior, pues es necesario el nombramiento respectivo (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 52.091 “Maresca”, sent. del 10-12-1991; B. 53.522, "Angelini", sent. de 14-03-1995; B. 53.525, "Abbatista", sent. de 26-09-1995; B. 54.706 “Meli”, sent. del 30-08-1996; B. 55.197 “Donadío”, sent. del 12-08-1997; B. 57.606 “Leonardi”, sent. del 9-10-2003; B. 58.586, "Llopis", sent. de 6-10-2004; B. 60.996, "Rocca", sent. de 23-05-2007; B. 57.874 “Acevedo”, sent. de 30-05-2007; B. 58.667 “Monterubianesi”, sent. 15-10-2008; A. 70.245, "Usabarrena", sent. de 13-07-2011; A. 70.316, "Trejo", sent. de 9-05-2012; A. 71.500 "Minho", sent. de 27-06-2012; A. 71.152 "Formoso", sent. de 12-09-2012; A. 71.234, "Natale", sent. de 23-12-2013; A. 71.195, "Cicili", sent. de 5-03-2014; A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-09-2014; A.72.025 "Klapenbach", sent. de 21-12-2016), aunque se ha admitido hasta una designación con carácter retroactivo del funcionario que prestó esos servicios, para acceder al pago de la diferencia salarial pretendida (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 67.388 “Rubén”, sent. de 7-06-2010).
Es en este punto donde las aguas se bifurcan: el a quo supo encontrar en la documentación administrativa indicios de la presencia de aquel recaudo [acto de designación del empleado en el cual se le encomienda el desempeño de una posición que resulta superior al cargo de revista por el cual se lo retribuye] para habilitar el reconocimiento del derecho pretendido; en cambio, la demandada tanto ante la instancia de grado como ahora en alzada desconoce que se haya dictado un acto administrativo para justificar la pertinencia del reclamo de diferencias salariales que llevó al actor a iniciar la presente acción.
Por las razones que habré de exponer seguidamente, juzgo que la sentencia apelada no es reprochable desde el andarivel de agravio que el Banco accionado formula en el apartado II.a. del escrito de apelación de fs. 559/569.
2. Bien vale tener presente los principales cuestionamientos del apelante para dar respuesta al remedio articulado. Así, observo que el Banco provincial afirma que: [i] de la documentación aportada por su parte pude colegirse que nunca hubo acto administrativo que dispusiera el nombramiento del actor en las categorías reclamadas o que trastocara la categoría escalafonaria del actor; [ii] resulta errónea la afirmación del juez de grado en cuanto a que las funciones que cumplía el actor implican "per se" el nombramiento en una categoría escalafonaria diferente; [iii] el a quo confunde "cargo" con "categoría", lo que le impidió advertir del dossier del empleado los distintos apartados denominados HISTORICO DE CATEGORÍAS e HISTORICO DE PUESTOS; [iv] en este entendimiento, el actor ostentó durante su carrera laboral -en los períodos temporales analizados- dos CATEGORÍAS: 2DO JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRIMERA [Categoría 117] desde el 05-10-2000 hasta el 17-03-2004 y luego JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRIMERA desde el 18-03-2004 hasta el 06-03-2007, habiendo recibido su salarios ajustado a ellas; [v] aunque no existe acto administrativo que eleve la categoría al hoy actor, si se advierte un acto administrativo que designa a Silvestri a cumplir diferentes funciones en el Banco; [vi] al no haber un acto administrativo que otorgue un ascenso, el agente debe percibir su salario conforme la categoría que ostenta; [vii] el art. 18 del Estatuto del Personal del Banco regula taxativamente las exigencias para disponer promociones del personal de la institución, atribuyendo al Presidente del Directorio la facultad de nombrar, trasladar y promover a los agentes bancarios y fijando un límite temporal dentro del cual no pueden repetirse los ascensos [lo subrayado es agregado].
A partir de tales postulados, el apelante sostiene que: [a] por los períodos 15-10-2000/15-11-2000 y 30-11-2000/24-01-2001 el agente revistó en el puesto "Subgerente Operativo a cargo de Contaduría", al que le correspondía la categoría 117 "2do. Jefe de Departamento de 1ra", cargo por el cual recibía el salario el actor; [b] por el período 01-02-2005/28-02-2007, el actor revistó en el puesto de "Gerente", sin que se evidencia promoción alguna que amerite el pago de diferencias salariales [subrayado agregado].
2.1. Liminarmente habré de señalar la confusión argumental en la que incurre el Banco apelante. Todas aquellas referencias en el memorial de agravios en torno a las exigencias para conferir una "promoción o ascenso" al personal bancario resultan insustanciales en el presente debate; no se está aquí en presencia de una pretensión de reconocimiento judicial del derecho al ascenso, promoción, rescalafonamiento o recategorización, sino ante un planteo diverso como lo es el reclamo por pago de diferencias salariales por el desempeño de una encomienda de jerarquía superior al cargo que efectivamente detentaba el agente en los períodos involucrados.
Valga la aclaración por cuanto para lo primero [derecho al ascenso, promoción, rescalafonamiento o recategorización] el escrutinio judicial se efectúa a partir de diverso enmarque jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia provincial. Así, en este especial segmento de la relación de empleo público, la Casación provincial ha sostenido que el derecho a la carrera administrativa se vincula con el derecho al ascenso y la posibilidad de todo agente público de mejorar la situación en que venía desempeñándose hasta entonces, pero en modo alguno otorga derecho a exigir un nombramiento, sino sólo cuando la ley expresamente así lo determine (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 58.798 “Rigol” y B. 58.800 "Ugalde", ambas de 7-04-2010; B. 63.447 "Bruni", sent. de 13-07-2011; B. 66.980 "Rincón", sent. de 11-03-2015) ya que el progreso en la carrera administrativa [vía ascenso o promoción] se encuentra en cuanto a su materialización supeditado al cumplimiento de diversos requisitos, entre los que se pueden remarcar: la necesaria producción de una vacante; la acreditación de recaudos subjetivos vinculados –entre otros- a la aptitud e idoneidad para el cumplimiento de la función a la que se aspira; respetar el procedimiento o modalidad de selección legalmente fijado –entre otros- (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 66.417 “Ávila”, sent. de 17-03-2010). Por cierto, esta Alzada ha resuelto casos de pretensiones de reconocimiento de derecho al ascenso o promoción siguiendo tal doctrina legal en las causas C-1944-NE1 "Spinelli" [sent. de 15-07-2010]; C-2730-BB1 "Montanaro" [sent. de 12-04-2012]; C-3860-MP1 "Pavon" [sent. de 23-05-2013]; C-2831-NE1 "Roldán" [sent. de 18-12-2014]; C-3197-NE1 "Benitez" [sent. de 21-04-2015] y C-5689-MP2 "Bocardo" [sent. de 14-05-2015], cuya sola lectura permite advertir el pertinente distingo entre lo allí abordado y lo aquí discutido.
Por tanto, los agravios individualizados en el apartado I.2., puntos [vi] y [vii] de este voto nula relevancia poseen para poner en crisis el pronunciamiento apelado. Y tal consideración también se extiende a lo sostenido a fs. 564 vta. cuando trata de cuestionar el reconocimiento de diferencias salariales que hace el a quo para el período en que el actor desempeñó funciones de Gerente, erigiendo potenciales impedimentos para lo que, entiende, sería una impropia promoción.
2.2. Despejada la plataforma de abordaje del caso, los restantes agravios tampoco mellan el apuntalamiento argumental del fallo apelado.
Descarto que el juez de origen haya confundido el Histórico de Categorías como el Histórico de Puestos obrantes en el Dossier del agente agregado a fs. 44/63. La crítica de la apelante, más que demostrar un yerro del sentenciante, patentiza su propio desenfoque del problema, mayormente ocasionado por la entremezcla de conceptos diversos del modo señalado en el apartado inmediato precedente.
En efecto, al no estar en discusión una pretensión de reconocimiento del derecho al ascenso o a la promoción, sino el reclamo de diferencias salariales por prestar funciones correspondientes a un cargo de mayor jerarquía que no es aquel que el agente detenta y por el cual percibe su salario, ningún interés presenta para el pleito la inexistencia de acto administrativo que dispusiera el nombramiento del actor en las categorías reclamadas o que trastocara la categoría escalafonaria del actor [ver agravios identificados como apartado I.2., puntos [i] y [ii].
Por el contrario, para responder la cuestión sustancial del litigio, el juez de grado debió efectuar en primer lugar -para los períodos examinados- una comparación entre el Histórico de Categorías y el Histórico de Puestos y, a partir de allí, verificar si entre el cargo efectivamente detentado [con su categoría salarial] y aquel que debió desempeñar, mediaba una diferente jerarquía que se tradujera en una mayor categoría salarial para el último. La respuesta afirmativa a ese primer interrogante disparaba la segunda requisa: hallar entre las constancias de la causa la manifestación formal de voluntad administrativa por la cual se encomendaba al actor el desempeño del cargo de mayor jerarquía, pues ese resulta ser el recaudo dirimente para pretensiones como la aquí tratada.
Este segundo paso en el análisis fue volcado en el apartado II.2.b. del fallo apelado, cuando el a quo desechó la defensa de la entidad bancaria apontocada en la inexistencia de acto que asigne las funciones de mayor jerarquía. Allí expresó que "las determinaciones que llevaron al desempeño del acto en tales funciones encuentran reflejo en Dossier que ha sido agregado a las actuaciones. Las mismas plasman el Histórico de Puestos del actor, espacio en el que se refiere a la existencia de documentación respaldatoria consignando una fecha y un número que, cabe suponer, son los relativos a la fecha y número de registro de tales actos (v. fs. 58)". Y, para rematar su construcción argumental, el sentenciante adujo no solo el hecho de que ese ejercicio de funciones superiores no era dable de ser rehusado por el agente a tenor del deber impuesto por el art. 21 inciso d) del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires-, sino también la carga que pesaba sobre la institución de desvirtuar el alcance de tales consignas documentales del Dossier, al estar en mejores condiciones de probar su aserto.
No solo que este puntual fundamento de la sentencia ha permanecido huérfano de ataque por el apelante, sino que -además- mal podría pasarse por alto en esta Alzada.
Basta recurrir a fs. 58 para extraer elementos de juicio concluyentes para el caso: de un lado, en torno a la carrera laboral del agente, no hay dudas que en los períodos debatidos, tuvo primero un ascenso a 2do. Jefe de Departamento de 1ra. dispuesto por un acto administrativo registrado bajo el número 259 y fechado el 05-10-2000 y, luego, una promoción a Jefe de Departamento de 1ra. mediante acto administrativo registrado bajo el número 293 y fechado el 18-03-2004. Estas y no otras fueron las categorías escalafonarias efectivamente detentadas por el agente. De otro lado, se observa en lo relativo a las posiciones desempeñadas que para los períodos 15-10-2000/15-11-2000 y 30-11-2000/24-01-2001 el actor prestó funciones como Subgerente Operativo a Cargo de Contaduría producto de una "recodificación" [Resolución 157/2001, según da cuenta la apelante a fs. 564 vta.] y para el período 01-02-2005/28-02-2007, el accionante revistó en el puesto de "Gerente" por NOMBRAMIENTO [según se consigna] mediante acto administrativo registrado bajo el n° 1604 fechado el 16-12-2004. Para más, la propia apelante en su memorial de apelación la que expresamente sostiene que aunque "no existe acto administrativo expreso que eleve la categoría al hoy actor ... [s]i se advierte un acto administrativo que designa a Silvestri a cumplir diferentes funciones en el Banco" [cfr. fs. 561].
En suma, con tal constancia documental más el cabal reconocimiento de la apelante, se comprueba que: [i] para los períodos 15-10-2000/15-11-2000 y 30-11-2000/24-01-2001, si bien el agente contaba con una categoría efectiva de "2do. Jefe de Departamento de 1ra." conforme ascenso logrado días antes por acto administrativo número 259 del 05-10-2000, no es menos cierto que desempeñó por recodificación una posición de SUBGERENTE OPERATIVO A CARGO DE CONTADURÍA -función con rango jerárquico equivalente a las categorías de Jefe de Departamento de 3ra a Jefe de Departamento de 1ra.- según Resolución del Directorio del Banco N° 157/2001 [cfr. fs. 95]; [ii] para el 01-02-2005/28-02-2007, el actor detentaba la categoría de Jefe de Departamento de 1ra -según promoción por acto administrativo registrado bajo el número 293 y fechado el 18-03-2004-, empero prestaba servicios como Gerente -función con rango jerárquico equivalente a las categorías de Jefe Principal Departamento de 3ra. o Subjefe Departamental de 3ra., ver Resolución 157/2001 citada [ver fs. 95]- según NOMBRAMIENTO [así se consigna en el dossier] mediante acto administrativo registrado bajo el n° 1604 fechado el 16-12-2004.
Como colofón, mal podría esgrimirse que en la especie se ha desoído la doctrina de la Suprema Corte de Justicia provincial citada en el apartado I.1. -tercer párrafo- de este voto, por cuanto se ha comprobado la presencia de los dos pilares indispensables para estimar una pretensión como la que se ventila en autos, a saber: primero, el desempeño de tareas en una posición que resulta jerárquicamente superior al cargo de revista y, segundo, un acto formal de manifestación de la voluntad administrativa de encomendar tales faenas.
2.3. Aunque con lo precedentemente expuesto entiendo que la estimación de la demanda debe mantenerse, no dejo de reconocer que en autos no está agregado el texto de la manifestación de voluntad administrativa de encomienda del ejercicio de mayores funciones que se desprende de los datos consignados en el Dossier del agente y que la propia apelante reconoce como existente.
Es cierto que tal carencia podría llevar, en una lectura extremadamente rigorista de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial citada en el apartado I.1. -tercer párrafo de este voto- a una solución contraria para el caso. Empero, esta Alzada ha sabido rehuir de tal defecto al fallar la causa C-4454-MP2 "Rincón" [sent. de 04-09-2014], precedente en el cual, sin desconocer aquella línea jurisprudencial señera, trazó una interpretación acorde con la progresiva evolución que -en tiempo reciente- la Corte Suprema de Justicia Federal ha dado cuentas en materia de relaciones de empleo en las cuales el Estado se erige en empleador. En tal pronunciamiento esta Cámara advirtió, a partir de la compulsa de Fallos 331:735; 333:311 y 336:672, que como nuevo paradigma, la Corte Suprema nacional delineó la obligación del Estado empleador de garantizar la vigencia irrestricta de los derechos humanos laborales, entre los cuales se encuentra –sin duda alguna- el derecho al salario cuya justicia y protección ha sido materia de permanente preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
En el marco de esa evolución de la tutela jurídica del salario del empleado estatal, el Alto tribunal ha esbozado cuatro principios de jerarquía constitucional que han de ser determinantes para decidir cualquier contienda en la que la retribución de un agente público, pueda estar involucrada, a saber: (i) el trabajador es sujeto de “preferente tutela constitucional y goza de la “protección especial” del Estado; (ii) la justicia social, cuyo norte es alcanzar el “bienestar”, esto es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme con su excelsa dignidad”; (iii) el principio de progresividad, que impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente “regresivo” en materia de derechos humanos requieran la consideración “más cuidadosa” y deban “justificarse plenamente”; (iv) la seguridad económica que le permita al agente público realizar “el derecho a perseguir su bienestar material” por intermedio del trabajo asalariado.
Y junto a tales principios, deben tenerse presente otros que traducen el deber de “adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna” e importen el compromiso de “respetar” los mentados derechos lo cual requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo que hubiere alcanzado un empleado. Fue a partir de estos nóveles paradigmas que en la causa "Rincón" esta Alzada, sopesando un conjunto de acciones estatales que daban cuenta de la efectiva encomienda de funciones de mayor jerarquía al agente público y aunque no mediaba acreditado acto administrativo expreso de encargo, confirmó la sentencia de grado que había reconocido el derecho al cobro de diferencias salariales.
Y en esa oportunidad así se procedió -previo trazar las diferencias fácticas constatadas en uno y otros- sin desconocer los precedentes de este Tribunal en causa C-1190-MP1 “Fuentes” [sent. del 17-06-2009] -la designación del actor en el cargo de mayor función había sido dispuesta por funcionario incompetente-; en causas C-1966-MP2 “Montalvo” [sent. del 18-09-2010]; G-951-MP1 “Angelucci” [sent. del 27-05-2010] y C-1966-MP2 “Rojas”, [sent. del 18-11-2010] -ni siquiera se había acreditado la efectiva prestación de las tareas de mayor función alegadas- y en causa C-3808-AZ1 “Gottesman”, [sent. de 16-05-2013] -no existió orden impartida por la superioridad que conminara al agente a asumir el cargo de mayor función-.
A partir de tal jalón jurisprudencial esta Cámara ha dictado otros pronunciamientos abordando esta temática y, a la hora de rechazar la pretensión de reconocimiento de derecho, siempre ha plasmado las notas diferenciales entre esos casos abordados y el precedente "Rincón" [cfr. causas C-6238-MP1 "Cenci", sent. de 01-03-2016 -la propia actora reconoció la inexistencia de acto de designación para desempeñar la mayor función y solo medió reconocimiento testimonial de un funcionario sin competencia para ordenar la encomienda-; C-5909-NE1 "Cepeda", sent. de 24-05-2016, en especial mi voto -el pedimento encubría una pretensión de ascenso de categoría-; C-6995-NE1 "Bicarelli", sent. de 30-03-2017 -la posición cuyo ejercicio le fuera encomendada por funcionario incompetente no se encontraba creada en la estructura orgánica- y C-7116-AZ1 "Aranda", sent. de 01-06-2017 -inexistencia de acto de autoridad competente encomendando las tareas de mayor jerarquía y ausencia de otros elementos que permitieran arribar a una conclusión distinta-], por lo que mal podría aquí desentenderme de tan apreciable pauta de juzgamiento cuando, en la especie, cabría complementar la argumentación para apuntalar la estimación de la demanda, con aquella lectura menos rigorista de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia provincial aplicable al tema en discusión, a tenor de la documentación obrante en el expediente.
2.4. Con todo, los agravios consignados en el apartado II.a. del escrito de apelación no conmueven al fallo apelado.
3. Llegado a este punto, corresponde adentrarse en el cuestionamiento formulado por el apelante en relación al modo como el a quo trató la defensa de prescripción.
3.1. El fallo de grado siguió en la materia el criterio mayoritario de la Suprema Corte de Justicia provincial en torno a la aplicación del plazo decenal de prescripción reglado en el entonces art. 4023 del Código Civil. Además, tuvo en cuenta el efecto interruptivo atribuible al reclamo presentado en sede administrativa por el actor el 07-08-2003 y desde allí, sopesando que las diferencias salariales reclamadas se retrotraían hasta octubre de 2000, juzgó que la demanda fue articulada el 15-10-2010 cuando aquellos créditos más añejos no se encontraban prescriptos.
La apelante, en un discurrir bastante confuso, cuestiona el criterio del juez de grado señalando que "no se condice con la realidad, la seguridad jurídica ni las corrientes interpretativas administrativistas en la materia". Trae a colación fallos de juzgados y tribunales de inferior instancia a la Casación provincial para postular un plazo de prescripción de dos o de cinco años, considerando que el dies a quo debe fijarse el 07-08-2003, fecha de presentación del reclamo administrativo.
3.2. Esta parcela de agravio es inaudible.
El a quo ha resuelto el rechazo de la excepción opuesta a la luz del criterio adoptado -para casos como el que aquí nos ocupa- por la mayoría del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, conforme al cual el plazo de prescripción para las acciones por las que se reclaman haberes devengados en el marco de una relación de empleo público debe regirse por el art. 4023 del Código Civil [t.a.], en cuanto fija la prescripción decenal para toda clase de acciones prescriptibles que no estén sujetas a un plazo diverso (cfr. doct. causas B. 50.934 “Isaac”, sent. del 08-07-1997; B. 55.609 “Vargas”, sent. del 19-12-2001; B 60.969 “Mascioto”, sent. del 13-08-2003; B 62.060 “Amoreo”, sent del 11-02-2004; B 64.931 “Fraomeni”, sent. del 18-04-2007; B. 63.117 “Echenique”, sent. del 18-05-2011).
Según tal enfoque jurisprudencial -aplicable al caso a tenor de la fecha en la que nacieron los créditos-, ante la ausencia en el derecho administrativo local de un plazo de prescripción que comprenda la acción examinada, se ha resuelto acudir a lo dispuesto en el derecho civil (arts. 16 Código Civil -t.a.- y 171 de la Const. prov.; y doct. S.C.B.A. causas B. 50.934 “Isaac” y B. 55.609 “Vargas”, citadas; B. 59.792 “Rothsche”, sent. del 13-04-2005; B. 65.036 “Herrera”, sent. del 17-03-2010) y, en concordancia con éste –reitero- a la prescripción de diez años establecida en el art. 4023 del Código citado. De allí que, al resolver del modo en que lo hizo, el juzgador de la instancia ha acatado el deber de conformar su decisión a la doctrina legal emanada del Superior Tribunal provincial, cuya obligatoriedad se colige de lo normado por los arts. 278 y 279 del C.P.C.C. [cfr. S.C.B.A. causas Ac. 89.762 “Clemente”, sent. del 23-02-2005; Ac. 89.834 “Konig”, sent. del 3-06-2006 –del voto del Dr. Petiggiani-; Ac. 69.277 “Gómez”, sent. del 18-03-2009 -del voto del Dr. Genoud-; doct. esta Alzada causas G-244-BB1 “Dagorret”, sent. del 22-09-2009; A-1097-MP0 “Flores Batista”, sent. del 11-03-2010], lo que mal podría ser reprochado por esta Alzada cuando ella misma también ha seguido -sin fisuras- aquel criterio de la Casación provincial en el tema que nos ocupa [cfr. esta Cámara causas G-1188-MP1 “Tambella”, sent. del 21-05-2009; C-3426-DO1 "Fahey", sent. de 04-04-2013; C-4788-BB1 "Hernández", sent. de 08-07-2014; C-5191-DO1 "Pérez", sent. de 11-11-2014; C-5195-DO1 "Almiron", sent de 14-07-2015; C-5826-BB1 "Ruggeri", sent. de 13-08-2015; C-5878-BB1 "Bortolas", sent. de 02-10-2015; C-3246-BB1 "Alvarez", sent. de 20-10-2015; C-5877-BB1 "Palacio", sent. 20-10-2015; C-5756-MP2 "Tarchini", sent. de 05-11-2015] y los argumentos que propone la recurrente ni siquiera logran rebatir adecuadamente tal aspecto del pronunciamiento en crisis.
II. A tenor de lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada y confirmar el pronunciamiento de grado en lo que fuera materia de agravios. Las costas de alzada deberían discurrir en el orden causado, por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1° -segunda parte- del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto por la negativa.
La señora Juez doctora Zampini, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Por mayoría, rechazar el recurso de apelación articulado por la demandada y confirmar el pronunciamiento de grado en lo que fuera materia de agravios. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1° -segunda parte- del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Se deja constancia que conforme el modo en que fueran impuestas las costas en alzada, no corresponderá regular honorarios a la apoderada del Banco por los trabajos profesionales en apelación [doct. S.C.B.A. causas B. 57.024 “Sánchez Pasquet”, sent. del 27-04-1999) y B. 58.670 “Fuentes de Meyerhofer” (sent. del 13-07-2011; doct. esta Cámara causa C-5844-MP2 "Bustos", sent. de 27-08-2015].
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase por Secretaría al Juzgado de origen.
ROBERTO DANIEL MORA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NELIDA I. ZAMPINI JUEZ DE CAMARA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL L ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ DE CAMARA VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia