Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 12.514
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar el fallo de grado en cuanto dispuso rechazar la acción de amparo ambiental interpuesta y, en consecuencia, se condena a la Municipalidad de General Pueyrredon con el alcance fijado en el apartado III.A., puntos [1], [2], [3] y [4] y sus subpuntos del voto a la primera cuestión que alcanzó adhesión unánime o mayoritaria, según los casos..
Consecuente con lo anterior, modificar las costas de instancia de grado en cuanto a la procedibilidad sustancial de la acción de amparo, las que se imponen a la Comuna demandada por su objetiva condición de vencida (art. 274 del C.P.C.C.; 19 de la ley 13.928), corriendo la misma suerte los gastos causídicos de alzada, en tanto haber mediado contradicción en la que resultó vencida (art. 19 de la ley 13.928).
2Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el segmento del fallo de grado que dispusiera el rechazo de la demanda impetrada contra el Club El Cañón. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora, por resultar vencida en contradicción por la codemandada Club El Cañón (art. 19 de la ley 13.928).
3Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredón. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, atento el modo como se resuelve (cfr. arts. 25 de la ley 13.928 y 68 del CPCC). …
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. N° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-12514-MP0E “ALLENDE Y OTROS c.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. ACCIÓN DE AMPARO” y su acumulada A-12920-MP0E “ALLENDE, EDUARDO FELIX; ALVAREZ SILVINA VALERIA; TEYSSEIRE, ANALIA VIRGINIA;
SAHARREA, MARIA SUSANA; RAMIREZ NERI, ROGELIO; UCCI, EMILIO; LOZADA, FERNANDO ESTEBAN; GIL BARRIOS JOAN
MARINA; TORRES CLAUDIA Y OTS. s. MATERIA A CATEGORIZAR”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Riccitelli, Mora y Ucín.
I.1. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó la acción de amparo impetrada por Allende Eduardo Felix, Alvarez Silvina Valeria, Teysseire Analia Virginia, Saharrea María Susana, Ramirez Neri Rogelio, Ucci Emilio, Lozada Fernando Esteban, Gil Barrios Joan Marina, Torres Claudia, Gomez Vazquez Eva Sofia y Ciccone Mariela contra la Municipalidad de General Pueyrredon y el Club Atlético El Cañon Sociedad Civil. Impuso las costas del proceso en el orden causado y reguló honorarios profesionales (cfr. sentencia de fecha 20-11-2022).
II. Notificada con fecha 23-11-2022, la parte actora interpuso recurso de apelación en legal tiempo y forma [v. presentación de fecha 28-11-2022], el cual fue concedido por el Tribunal a quo [v. pto. 2, del auto de fecha 01-12-2022] y replicado por la Comuna con fecha 07-12-2022 y el Club El Cañón con fecha 06-12-2022.
III. Notificada el día 23-11-2022, la apoderada estatal interpuso recurso de apelación en legal tiempo y forma [v. presentación de fecha 25-11-2022], el cual fue concedido por el Tribunal de grado [v. pto. 1 del auto de fecha 01-12-2022] y replicado por la actora con fecha 05-12-2022.
IV. Radicadas las actuaciones en forma electrónica ante esta Alzada con fecha 12-12-2022, cumplido por el Tribunal a quo con lo ordenado por autos de Presidencia de fecha 22-12-2022, 02-03-2023, 20-03-2023, 13-04-2023 y 24-05-2023 se ordenó la acumulación a estos actuados de la causa A-12920-MP0E “ALLENDE, EDUARDO FELIX;
ALVAREZ SILVINA VALERIA; TEYSSEIRE, ANALIA VIRGINIA;
SAHARREA, MARIA SUSANA; RAMIREZ NERI, ROGELIO; UCCI, EMILIO; LOZADA, FERNANDO ESTEBAN; GIL BARRIOS JOAN
MARINA; TORRES CLAUDIA Y OTS. S/ MATERIA A CATEGORIZAR” y, seguidamente, los autos fueron puestos al Acuerdo para examen de admisibilidad de los recursos y, en su caso, para dictar sentencia [cfr. puntos 1 y 2 del auto de Presidencia de fecha 08-06-2023], correspondiendo plantear las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso de apelación deducido por la parte accionante?
En caso afirmativo, 2. ¿Deviene abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Del escrito inicial surge que Eduardo Félix Allende, Silvina Valeria Álvarez, Analía Virginia Teysseire, María Susana Saharrea, Rogelio Ramirez Neli, Emilio Ucci, Fernando Esteban Lozada, Joan Marina Gil Barrios, Claudia Torres, Eva Sofía Gomez Vazquez y Mariela Ciccone -todos ellos en su carácter de ciudadanos de la localidad de Mar del Plata-, deducen acción de amparo ambiental contra la Municipalidad de General Pueyrredon -como autoridad de aplicación de la normativa ambiental a nivel local- y el Club Atlético El Cañón Sociedad Civil -en su calidad de entidad permisionaria de un sector del “Parque Camet” de conformidad con la Ordenanza N° 24435/2019 -, con miras a que se dejen sin efecto todos aquellos permisos "precarios" que, a través de ordenanzas, actos y contratos administrativos, la Comuna estaría otorgando a distintas instituciones civiles para la prosecución de sus fines deportivos en el área del Parque Camet, declarado patrimonio histórico y reserva forestal por el Concejo Deliberante de aquella Municipalidad en los años 1982 y 1994.
Afirman que el Municipio precedió a privatizar un amplio sector del parque público mediante permisos de uso. Tal proceder -aseveranconstituye una práctica habitual en los últimos 40 años, siendo su denominador común la ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de modo que la autoridad contraría el destino con el que fue pensado originariamente el parque.
Explican que el predio Parque Camet ha sido declarado de interés patrimonial, cultural y turístico y que ostenta el carácter de reserva forestal y que, a pesar de tales especiales características la Comuna ha omitido desarrollar un plan de gestión integral acorde, a la vez que disponiendo a lo largo de los años de importantes sectores del predio [destinado a espacio público de la ciudadanía], los que se entregan -permisos precarios mediante- a diversas entidades para su explotación [alcanzando hoy día más de 50 hectáreas de las 136 que cuenta el predio] sin que se observen pautas ambientales mínimas que garanticen la preservación del ecosistema allí existente [destacan la función ecosistémica del predio y su condición de humedal y reprochan al Municipio soslayar los mecanismos de participación ciudadana]. Reputan, sobre la base de distintas disposiciones normativas atinentes al orden ambiental (arts. 41, 43, 75 inc. 22, Const. Nac. y 28, Const. prov.; leyes 25.831, 25.675, 27.566, 11.723 y dec. ley 8912/77 y sus modificatorias, entre otras que enuncian), que el accionar del Municipio resulta ilegal, puesto que para la concesión de los permisos otorgados no se ha transitado por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Agregan que resulta inminente el desembarco en el Parque Camet de otra institución deportiva [Club de Hockey MDQ06] bajo el mismo esquema de entrega del espacio público mediante permisos precarios quinquenales [v. Ordenanza N° 25219].
Postulan que el Municipio se encuentra en conocimiento de la grave situación del predio y que ha tomado intervención en el asunto la Defensoría del Pueblo municipal requiriendo la adopción de medidas de conservación adecuadas para detener no solo la privatización del espacio sino además el daño ambiental ocasionado a partir de la persistente deforestación del predio y afectación del ecosistema conformado por la laguna - humedal existente en el espacio público referido.
En ese contexto, requieren que el Municipio implemente y ponga en marcha "...una Evaluación Ambiental Estratégica e Integral que comprenda la totalidad del predio Parque Camet, con especial hincapié en la protección del ambiente, [...] todo ello conforme los procedimientos ambientales administrativos".
En conclusión reclaman la materialización de “... los debidos estudios detallados sobre la totalidad del predio PC [parque Camet], el necesario plan de gestión ambiental y las evaluaciones previamente referidas, ello previo al otorgamiento de nuevos permisos y autorización de obras de los permisionarios hoy instalados en el Parque Camet. Por su parte realice una Evaluación Ambiental Estratégica o acumulativa en el PC que tenga como fin primordial la preservación del ambiente y del patrimonio público de la ciudad ...”
2. La Comuna accionada contesta la demanda.
Inicialmente, postula -por un lado- la falta de legitimación activa de los vecinos reclamantes y, por el otro, sostiene que son los entes autárquicos “EMSUR y la administración del Parque Camet -a cargo del EMDER-”, quienes tienen a cargo “... el gerenciamiento del sistema de gestión ambiental ...” del Parque Camet por lo que carece de legitimación pasiva. Solicita en el punto IV.c del escrito de contestación de la demanda la citación del EMDER y el EMSUR.
En segundo término la Comuna demandada opone reparos formales a la admisibilidad de la acción de amparo intentada. Sostiene que los amparistas eligieron "... sin más la vía excepcional del amparo, sin intentar demostrar por qué las vías ordinarias a su alcance no resultan eficaces para obtener la protección de sus derechos ...”. Agrega que existen otras “...vías ordinarias disponibles útiles y eficaces para que los demandantes ejerzan su derecho de acción, entre ellas el inicio de un procedimiento administrativo por ante el Municipio, tal como el Sr. Subsecretario Legal Técnico y Administrativo Dr. Martinelli, mencionará en la audiencia del día 7-7-22 y exhortara a ello ...”.
En su entender, será en sede administrativa donde “... se podrían canalizar, transitar, abordar y resolver en forma conjunta y concienzudamente todas las inquietudes de los hoy actores, máxime que el Municipio de General Pueyrredon cuenta dentro de su organigrama con una Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo del Dr. Matías Cosso con competencia exclusiva en materia ambiental ...”. También destaca que “... otra vía ordinaria, judicial, útil y eficaz es la que prevé el art. 12 ap. 2 del CPCA., mediante la cual los amparistas podrían requerir el reconocimiento de los derechos que consideran afectados ...”.
Seguidamente, aduce que desde el punto de vista sustancial la acción tampoco prospera. En que -resalta- los actores no acreditan “... una afectación patente de sus derechos ...” y expone que el único argumento que los demandantes han presentado para fundar su temor de afectación ambiental surge de notas periodísticas y de estudios de vieja data que “... se contraponen con la realidad y las manifestaciones realizadas en la audiencia del día 22-06-22 y ratificado el 7-7-22 por el Sr. Director de Ambiente y Desarrollo ...”. Por otro lado, refiere que la cuestión es compleja y requiere un “... amplio escenario de debate y prueba ...”.
Finalmente, efectúa una reseña vinculada a la “historia del Parque Camet” y transcribe íntegramente el acto de adquisición de dominio por parte de la Comuna en el año 1958.
Por último, sostiene que: (i) los amparistas no acreditan que las intervenciones realizadas en el Parque Camet generen o puedan generar un daño ambiental; (ii) que los permisos otorgados a los clubes ostentan el carácter de precarios y que se han observado todos los recaudos de validez; (iii) que no se ha violentando el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el predio pues los permisos fueron otorgados por los concejales “... los que han sido elegidos a través del voto popular el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes “ . Además, “... las opiniones de la ciudadanía expresadas en los procesos de toma de decisiones ambientales no son vinculantes para el estado (art. 20 Ley General del Ambiente) ...”; (iv) no se han violentado los principios ambientales; (v) el principio precautorio no es aplicable al caso pues los actores no logran “... acreditar como una cancha de futbol (no un estadio), es decir dos arcos pueda causar un daño al ambiente. Estos espacios han sido pensado para otorgar a los menores un espacio de esparcimiento y tiene un fin estrictamente social protegiendo los derechos de niños vulnerables, posibilitando a través del deporte el crecimiento de los mismos en valores ...”; (vi) los procedimientos de EIA “... tan requerido por los actores devienen improcedentes en este caso, ello debido a que la evaluación como institución ambiental tiene por objeto establecer la calidad y cantidad de recursos naturales, y la incidencia que ciertas actividades humanas o hechos de la naturaleza presenta sobre ellos, es decir en qué estado se encuentran ... En el caso que nos ocupa, se trata de un barrio reserva forestal, (conforme ordenanza nro. 9717, en la que se detallan 17 barrios declarados reserva forestal); que no debe confundirse con un área protegida ...”. En fin, concluye que no se requieren EIA pues no hay impacto ambiental susceptible de ser mitigado y mucho menos daño ambiental; (vii) es “... opinión de la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible ... que las instalaciones tanto del Club el Cañón como de MDQ06Hockey no reviste la escala suficiente para ser susceptible de evaluación de impacto ambiental ...”
3. El codemandado Club Atlético el Cañón contesta demanda.
En primer término, desconoce la legitimación activa de los actores pues “... sin perjuicio de ser efectivamente vecinos de Mar del Plata y del Parque Camet, y sin desconocer la jurisprudencia citada en cuanto a la legitimación activa, han faltado a un presupuesto básico e ineludible del derecho: la determinación de un daño real y concreto por parte de la actividad del Club El Cañón ...”.
Seguidamente, niegan haber realizado obras sin permiso de la Municipalidad, y asevera que las intervenciones realizadas en el predio lejos están de ocasionar daño ambiental alguno.
Explica que la institución es “... muy humilde, ha recibido de parte de la Municipalidad en carácter de tenedor precario, hectáreas en un Sector del Parque Camet, que se encontraba con graves problemas de seguridad, sin ningún tipo de cuidados, ni por la MGP ni por grupos Ambientalistas, era un lugar que se tiraban cosas robadas, el pasto un metro, no lo podías utilizar los vecinos de la ciudad ...”.
Sostiene que la Ordenanza N° 24.435 “... cumplimentó todos los pasos procesales que así lo indican en las leyes municipales que rigen nuestra convivencia social ...” y agrega que su intervención se limitó a “... colocar [alambrado] por todo el perímetro del terreno que nos otorgaron precariamente por 5 años, para así poder cuidarlo debidamente y brindarles la seguridad a nuestros niños que diariamente utilizan nuestro Club, para educarse deportivamente, adquirir valores tan difíciles de conseguir en nuestra sociedad actual, sacar a los niños de los males que azotan hoy en día (drogas, delincuencia, hambre, etc.) ... solo hemos puesto el Alambrado perimetral y el aprisionamiento y nivelación de los terrenos, debidamente limpiados, ya que eran un basural cuando se recibieron, con un metro de altura y mucha mugre. Creemos que a la fecha hemos ayudado al Medio Ambiente del predio, y muchos de los vecinos así nos lo agradecen ...”.
Asevera que “... el accionar del Cañón no es un caso de daño ni actual ni inminente, sino más bien la posición de los actores se relaciona en transcribir los errores administrativos de la Municipalidad en su accionar como entidad gubernamental, sin – se reitera – determinar un daño concreto a la visual, ambiente y/o sonoro del barrio Parque Camet y/o Mar del Plata ...”.
Sostiene que el Club El Cañón ostenta derechos adquiridos sobre el predio que van más allá de “... las irregularidades marcadas por los actores respecto al accionar de la Municipalidad de Mar del Plata ...”. Destaca que su misión como institución es la defensa de los derechos de la niñez. “... El Club en tal sentido mantiene un rol protagónico y clave, que es indudable en la vida de centenares tanto de niños, niñas y adolescentes, como de sus familias. Es decir, es ineludible el rol social que lleva adelante el club en materia de protección de la niñez, y en protección de la familia, vinculado con el Deporte ...”. Sostiene que “... el desarrollo de actividades deportivas, la construcción de un predio social, deportivo y cultural, por parte de un club barrial, de ninguna manera atenta contra el derecho a un medio ambiente sano, sino más bien lo complementa, lo extiende y lo profundiza en acciones concretas y positivas de cuidado tanto de la tierra como de los individuos que por ella circulan. El medio ambiente, entonces se amplia y se adecua a una realidad social imperante que es el desarrollo con perspectiva ambiental, fundamentado en el impulso al deporte como medio de vida sano y propicio para el desarrollo de la niñez, sus familias y el barrio, fomentando así y generando un impacto altamente positivo en la zona, abriendo espacios de diálogo social y participación ciudadana por intermedio de una entidad deportiva y social de histórica reputación en la ciudad ...”.
4. Con fecha 20-11-2022 el Tribunal de grado dictó sentencia con el alcance indicado en los antecedentes del voto.
Para así disponerlo refirió inicialmente que con carácter previo a dictar el pronunciamiento final había llevado a cabos dos audiencias (de fecha 22-06-2022 y 07-07 2022) en la que se habilitó la “plena participación de las partes”.
Seguidamente, recordó que la cuestión debatida en autos exigía examinar pautas constitucionales (art. 41 CN) y legales (Ley 25.675, ley 8912/77, 11723, 12475). Dicho lo anterior, el Tribunal destaco que “... en todas sus presentaciones, los amparistas hicieron eje en la pretensa necesidad de utilización del principio precautorio ...”. Seguidamente, relevó los estudios efectuados en autos [en particular por el Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente (IIPROSAM-UNMdP-CONICET-CIC)] y, concluyó que “... el daño cierto o potencial que los amparistas atribuyen ...” no puede tenerse por acreditado en autos.
Destacó el pronunciamiento apelado que las asociaciones civiles permisionarias del predio (clubes deportivos) tienen una actividad social de base esencial y que el club accionado [El Cañón] “... realiza un importante aporte al fomento social del deporte para beneficio de la sociedad en general teniendo, mejorando y manteniendo un predio destinado al usos aludido ...”. Tales fines, no pueden verse conculcados en aras de la aplicación amplia del principio precautorio pues, en el caso, no existe “... acreditación científica cierta de daño o riesgo ...”. Según el a quo, la intervención del Club “... ha sido mínima. Simplemente demarcó el predio y se hicieron construcciones sanitarias y de uso necesarias para el desarrollo de la actividad social deportiva...” y agrega que la institución puso en marcha un plan de arbolado “... para que los límites y linderos sean reconfigurados con plantas y árboles en lugar de postes y alambres ...”.
En suma, entiende el Tribunal de grado que la intención del Club “... se ha hallado presidida por el objetivo del cuidado del entorno natural en el predio que le fuera concedido ...” y que en todo momento la institución obró de conformidad con las exigencias impuestas por la permisionaria.
En cuanto al proceder del Municipio, el órgano de la instancia refiere que la presencia de intervenciones e instalaciones construidas por el hombre no son una novedad en el Parque Camet. “... Ya en la escritura mencionada del año 1958 y en el informe arquitectónico presentado por los amparistas, se destaca la coexistencia de árboles y de construcciones humanas deportivas, sociales y sanitarias de larga data ...”. La actividad desplegada por las autoridades municipales -sostiene el Tribunal- “... no muestra rasgos de arbitrariedad o ilegalidad, ya que la conducta administrativa respondió en todo momento a lo establecido y los permisos dados por las leyes vigentes ...”.
Con todo, el a quo entendió que “... resolver según el tenor pretendido por los accionantes nos llevaría a la imposición de obligaciones que -a todas luces- resultarían desproporcionadas al balancearse con las posturas y las acciones de los demandados, a lo que no podemos dejar de sumar la incidencia social positiva que tienen las instituciones deportivas que funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro ...”.
Las hipótesis de daño ambiental postulada por los amparistas no son -en la visión del a quo- suficientes. Es que, el perjuicio que denuncian los actores exige “... que al menos haya cierta probabilidad de un daño actual o futuro, lo que no ha podido acreditarse mínimamente ...”. A mayor abundamiento, el Tribunal de grado expuso que “... la Carta Magna como la Ley ambiental anteriormente aludida tienen como eje primordial la protección de generaciones futuras. Pero, en el particular, ello colisiona con la práctica de la actividad deportiva a corta edad (como propugna el club demandado) que tiende a beneficiar física, mental y socialmente a las nuevas generaciones ...”.
En cuanto a los Estudios de Impacto Ambiental el Tribunal entendió que su exigencia, en casos como el de autos, trae aparejadas connotaciones negativas pues por los “... costos que ello trae aparejados, directamente tendría como consecuencia que una institución socialmente positiva como el Club El Cañón desista de seguir actuando en beneficio de la comunidad tal como actualmente lo hace. Instituciones de esta envergadura, que en muchas ocasiones suplen falencias del propio Estado, tienen que recurrir a permisos precarios de usos de tierra para la realización deportiva de las nuevas generaciones, ya que no tienen la capacidad económica necesaria para actuar de otro modo ...”. De ahí que, “... salvo que se demuestre que la actividad produce o producirá un daño ambiental ...”, extremo no verificado en autos, no cabe exigir en la especie el cumplimiento de obligaciones ambientales “... como las que solicitan los amparistas ...”.
En visión de los sentenciantes, la jurisdicción debe armonizar los valores en juego de modo tal que “... las potenciales medidas a adoptar sean proporcionales y eficaces en función de los costos y demás cuestiones ...”: Por ello, el Tribunal de grado concluyó que “... no corresponde hacer lugar a la acción de amparo intentada en función de los argumentos (de hecho y derecho) desarrollados. La vulneración del derecho constitucional esgrimido, entendemos, no se ha acreditado en este caso. Ello sin perjuicio de otro tipo de acciones que, como se anticipara en la presente resolución, requerirían de mayor especialidad y estudio en la materia, lo que excede el tratamiento que ha de darse a la presente acción de amparo ...”.
Agregaron los integrantes del Tribunal que los amparistas “... podrían optar por una vía ordinaria para que se evalúen sus pretensiones y para que se estudie la eventual tutela de los derechos a los que aluden. Es en ese contexto en el que se podrá tener un amplio escenario de debate y prueba, como alude adecuadamente la Dra. Giovanini, lo que está vedado en esta vía expedita y excepcional del proceso de amparo. Que, si esa vía no se entendiera como factible o viable, también es dable mencionar la posibilidad de que, si se pretende atacar legalmente ordenanzas municipales, se debería seguir la vía ordinaria adecuada, que resulta ser la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo que en el caso no se ha realizado. Ello se basa en el entendimiento de que las ordenanzas son leyes tanto en sentido formal como material, por lo que la vía intentada no resultaría la adecuada ...”.
Con todo, dispuso el íntegro rechazo de la acción constitucional impetrada.
5. Contra el citado pronunciamiento se alza la parte actora.
Estructuran sus agravios desde distintas vertientes.
Comienza por resaltar que: (i) el Parque Camet es una reserva forestal consagrada como espacio de uso público de alrededor de 136 hectáreas; (ii) el Municipio ha procedido, durante los últimos cuarenta años, a transferir -permisos precarios mediante- el uso y explotación a entidades deportivas y que tal entrega de tierras hoy equivale a una fracción importante del parque [alrededor de 50 hectáreas]; (iii) a lo largo del tiempo el Municipio ha omitido cumplir con las exigencias de participación ciudadana en la toma de decisiones vinculadas al predio, a la vez que disponiendo -impropiamente- de parcelas del predio sin efectuar estudio ambiental alguno; (iv) se han adjuntado estudios elaborados por el Colegio de Arquitectos y por expertos en materia ambiental que dan cuenta del estado de abandono del predio y de la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección de los ecosistemas allí existentes; (v) a lo largo de los años se han producido, por fuera de los actos de vandalismo, una permanente y continuada deforestación tanto en el sector actualmente liberado al uso público como en el que ocupan las entidades permisionarias; (vi) el Parque Camet, a la vez, ha sido declarado como patrimonio histórico, cultural y turístico. Agregan que, si bien es cierto que en su escrito inicial plantearon numerosas pretensiones, no lo es menos que procuran que la Municipalidad asuma las obligaciones que le vienen constitucional y legalmente impuestas y que, por medio de sus áreas competentes, desarrolle e implemente un plan de gestión integral del predio que contemple, no solo el estado actual de situación del predio sino el desarrollo futuro, asegurando su destino [uso público] y preservando el entorno natural comprometido.
Aclarado ello, destacan que mal pudo el Tribunal de grado postular que el proceso constitucional de amparo impetrado no resulte la vía idónea en tanto es en tal contexto procesal en el cual se puede lograr, en tiempo útil, el dictado de un pronunciamiento judicial que brinde oportuna tutela ambiental.
No es cierto -aseveran- que la vía procesal hubiera sido la acción originaria de inconstitucionalidad pues no se han impugnado ordenanzas de alcance general y abstractas, sino que se reclama poner fin a la desidia del Municipio en la adopción de medidas regulatorias del predio. Tampoco es dable sostener que la acción contenciosa administrativa hubiera sido el contexto procesal idóneo y, menos aún, postular -como erróneamente lo hace el Tribunal- que el asunto debió ser previamente planteado ante las autoridades Municipales.
Cierran el inicial agravio expresando que “... se acreditó de forma palmaria, la legitimación en sus derechos de incidencia colectiva de los actores (vecinos del Parque Camet), los actos arbitrarios, ilegítimos e inconstitucionales del MGP que otorgan permisos de obra sin la pertinente EIA previa, como así también la realización actual de obras por parte de los clubes y también la inminencia de que se sigan sancionando ordenanzas y rubricando contratos por 5 años a cada uno de los 7 clubes beneficiados, ello sin ningún tipo de estudio previo ...”.
En segundo término, explican que la pretensión impetrada procura que se ordene la implementación de estudios integrales y estratégicos respecto del predio del Parque Camet en tanto, tal lo entienden, no puede seguir tolerándose en la actualidad ni en el futuro que existan intervenciones incontroladas en el espacio público sin que se acredite el debido cumplimiento de las pautas ambientales exigidas por la ley 11.723 y que reclaman la materialización de estudios de impacto ambiental y la necesaria participación ciudadana.
Resaltan que es falsa la conclusión a la que arriba el Tribunal de grado cuando postula que no han podido tener por acreditado el daño cierto o potencial en el ambiente pues los informes adjuntados en autos dan cuenta del peligro actual y futuro que se cierne sobre el Parque Camet y que impone la necesidad de elaborar un plan integral de gestión y manejo del predio. Justamente, aseveran, es la necesidad de hacer valer el principio de prevención que campea en la materia el que impone una visión mucho más amplia que la proyectada por los magistrados de la instancia.
Al exponer el tercero de sus agravios remarcan que hay coincidencia entre las partes en un punto específico: la Comuna no les exige a las entidades deportivas permisionarias estudio ambiental alguno. Por otro lado, reiteran la necesidad de elaborar un plan maestro que regule la intervención en el predio. No es aceptable -sostienen- que las autoridades manifiesten en las audiencias realizadas en la causa que llevan adelante un plan de forestación. Lo cierto es que tal “plan” no existe, y de existir, debió la Comuna acreditarlo.
Aseveran que las autoridades municipales, frente a la comprobada existencia de incendios y actos de deforestación deben elaborar “... un plan de forestación acorde al entorno y biodiversidad del sector con un plan para eventuales acontecimientos, que indique si posee los cortafuegos necesarios y adecuados para contener y evitar la propagación de focos ígneos, si existen bocas hídricas necesarias para contrarrestar, extinguir/sofocar un incendio. También debería establecerse los planes de raleo ...”.
Se agravian los actores de la parcela del fallo de grado que sostiene que el perjuicio ambiental denunciado no se encuentra acreditado en autos. Postulan que “... se evidencia que tanto el club como la municipalidad incumplieron con sus obligaciones y resulta por demás prematuro e incoherente sentar que no se probó un daño cuando ni siquiera consta en autos un proyecto serio y concluyente de obra, con planos, plazos, materiales ...”.
En otra parcela de la crítica postulan que el Tribunal de grado confunde gravemente el asunto. Así, el fallo desconoce la trascendencia de los derechos en materia de ambiente pues mal puede postularse que su pretensión de obtener un plan integral de gestión del predio pudiera generar que entidades de bien público como el Club el Cañón tengan que desistir, por los costos que generan los estudios de impacto ambiental, de su tarea social.
Para más, agregan que “... no se advierte en qué prueba se basa el tribunal para llegar a la conclusión que un EsIA es altamente costoso y que ello traiga como consecuencia la desmotivación para clubes deportivos. No revela siquiera un mero análisis ni conceptualiza un EsIA al menos para llegar a semejante conclusión. Es notoria la ausencia de fundamento en el presente punto por parte de la sentencia ...”. Recuerdan que el Parque Camet ha sido declarado patrimonio de la ciudad conforme Ordenanza N° 5383/82, cuyo destino debe ser público y que, a la vez, ostenta el carácter de reserva forestal declarada por Ordenanza N° 9717/94 y que, para más, allí se encuentra enclavado un humedal que exige particular cuidado a tenor de los compromisos asumidos en las Convenciones internacionales vigentes.
Otra de las contradicciones que los actores le endilgan al fallo de grado radica en que el Tribunal parte de la premisa -acertada- de postular que en el caso de marras es dable requerir la participación ciudadana y que, sin embargo, soslaya el referido vicio procedimental y justifica el irregular proceder del Municipio.
Finalmente, exponen que del “Estudio Preliminar de la Biodiversidad del Parque Camet (MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)” surge que deben realizarse planes de gestión atento la biodiversidad del entorno Parque Camet y que las incontroladas intervenciones en el predio han modificado y alterado la biodiversidad, todo lo cual patentiza la existencia de un riesgo ambiental cierto. Con todo, peticionan se revoque el fallo de grado y se recepte al reclamo ambiental efectuado.
6. La Municipalidad de General Pueyrredon replica los agravios de su contraria con fecha 07-12-2022 y peticiona se los desestime. De igual modo, en la parcela correspondiente, el Club El Cañón contesta el memorial de agravios con fecha 06-12-2022 propiciando la confirmación de la decisión del a quo en cuanto a su falta de legitimación pasiva.
II. El recurso prospera parcialmente.
1. A la hora de abordar la cuestión sometida a conocimiento de esta Alzada cobra especial relevancia la naturaleza del bien jurídico cuya protección se intenta: el ambiente como bien perteneciente a la esfera social y transindividual (C.S.J.N., Fallos 329:2316; 332:2522; 343:1859; 344:2542).
La Corte Suprema de Justicia nacional ha sabido señalar que cuando se encuentran comprometidos derechos ambientales, la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de derechos subjetivos, pues la caracterización del ambiente como "... un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible ..." cambia sustancialmente el enfoque del problema (Fallos: 340:1695 y 329:2316), que no solo debe atender a las pretensiones de las partes. La calificación del caso exige entonces "... una consideración de intereses que exceden el conflicto bilateral para tener una visión policéntrica, ya que son numerosos los derechos afectados. Por esa razón, la solución tampoco puede limitarse a resolver el pasado, sino, y fundamentalmente, a promover una respuesta enfocada en la sustentabilidad futura, para lo cual se exige una decisión que prevea las consecuencias que de ella se derivan ..." (cfr. doct CSJN Fallos 342:917: 342:1203; 342:2136). Ya ha tenido ocasión de expresar este Tribunal que a la hora de escudriñar cuestiones de índole ambiental imponen la necesidad de prestar particular atención a las reglas y fines que en materia ambiental y con sentido eminentemente protector, instituyen un plus de protección constitucional al consagrar derechos, atribuciones y deberes fundamentales, en la cláusula del art. 41 de la Constitución nacional, como en su similar contenida en el art. 28 del texto provincial (cfr. doct. esta Cámara causa A-7119-MP0 “Bilotte”, sent. de 12-09-2017). Tales enunciados, como remarcara la Suprema Corte provincial en la causa B. 57.805 “Sociedad Anónima Garovaglio y Zorraquin” (sent. de 26-09-2007), determinan que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, recayendo, primordialmente, sobre los poderes públicos (cfr. doct. S.C.B.A. causa I. 1.982, "Y.P.F.", sent. de 31-10-2001), aunque también sobre la ciudadanía en general, el deber de conservarlo y protegerlo (conf. art. 28, Const. pcial.), de modo que el entorno natural sea apropiadamente resguardado, a fin de garantizar un desarrollo social, económico y tecnológico sustentable, esto es, aprovechable en armonía con el ambiente por las generaciones actuales y las venideras (conf. art. 41 Const. Nac. y art. 28 Const. pcial; doct. esta Cámara causa A-10437-NE0E “Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo Necochea y Sra. Fornalleras María del Carmen”, sent. de 09-02-2021).
Dentro de esta lógica supralegal, desde hace algunas décadas se ha remarcado la necesidad de hacer campear en esta materia los principios preventivo y protectorio (cfr. doct. S.C.B.A. causa 69.331 "Asociación Civil en Defensa de la Calidad de Vida (ADECAVI), res. de 22-10-2010 y sus citas; doct. esta Cámara causa C-2968-BB1 “Grecco”, sent. de 24-04-2012 y sus citas), lineamientos que actuarían como justificantes de la decisión jurisdiccional de neutralizar una actuación administrativa o privada susceptible de suscitar, en modo más o menos intenso, una grave afectación del espacio público y en los bienes ambientales comprometidos (cfr. doct. esta Cámara causa A-4018-BB0 “Arosteguichar”, sent. del 7-05-2013) máxime en casos como el de autos en los que se pone en cuestión el esquema de gestión de un predio de 136 hectáreas destinado al uso público, declarado como “patrimonio de la ciudad” [Ordenanza N° 5383/82], que ostenta la condición de “Reserva Forestal” [Ordenanza N° 9717/94] en la que se encuentra enclavada la Laguna - humedal Parque Camet y que exige coordinar mandatos legales concretos impuestos por las Leyes 25.675 [Ley General del Ambiente] y la ley provincial N° 11.723 [de Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente].
Esta visión eminentemente tuitiva, que persigue evitar un detrimento urbano-ambiental potencialmente irremontable con posteriores medidas alegadamente correctivas, demanda de la magistratura un juicio de prudente ponderación (cfr. doct. esta Cámara causa A-11416-MP2 “Estancia El Juayue S.A.”, sent. de 16-08-2022). Frente a la duda razonable sobre el acaecimiento de posibles consecuencias disvaliosas y/o ante la ausencia de elementos de convicción de solvencia técnica incontrovertida, es esperable una visión flexibilizadora a la hora de efectuar el análisis de los recaudos de procedencia de la acción de amparo por encima de cualquier ritualismo y así garantizar que el plexo constitucional protectorio no se vea soslayado, desoído, o vaciado de toda eficacia (cfr. doct. esta Cámara causa A-9538-BB0 “Fernandez”, sent. de 05-03-2020).
2. Aferrado a la precedente línea jurisprudencial, y en tanto habré de propiciar una respuesta favorable -aunque con el alcance que oportunamente desarrollaré- a la pretensión de amparo ambiental articulada en autos, abordaré seguidamente y de modo integral la totalidad de las cuestiones que fueran planteadas en autos [relevadas en el pto. I precedente y a las que me remito en honor a la brevedad]. En esa tarea despejare inicialmente la cuestión atinente a la legitimación procesal de los contendientes. Seguidamente me referiré a la pertinencia de la vía escogida y, por último, practicaré -desde el punto de vista sustancial- el examen de pertinencia del reclamo ambiental impetrado en autos. Veamos:
2.1. Defensa de Falta de Legitimación de los actores.
Inicialmente, advierto que tanto la Comuna como el Club El Cañón postulan en ocasión de contestar la demanda la falta de legitimación activa de los accionantes.
Siendo ello así, y ponderando el carácter de vecinos del Parque Camet y ciudadanos de la ciudad de Mar del Plata [condición que fuera especialmente ponderada por la SCBA al resolver, luego de postular la naturaleza ambiental del presente amparo, la contienda negativa de competencia que se suscitara entre el Tribunal a quo y el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Depto. Judicial de Mar del Plata mediante resolución de fecha 23-09-2022], adelanto que no he acompañar la defensa esgrimida por los accionados. Es que, en materias como la aquí debatida, en las que se ponen en juego las reglas y fines consagrados con sentido eminentemente protector [art. 41 de la Constitución Nacional y art. 28 del texto de la Provincia de Buenos Aires], el rol de sujeto activo debe admitirse con flexibilidad y amplitud, no solo por aplicación del principio de accesibilidad judicial que se garantiza por el art. 15 de la Constitución local, sino también porque la experiencia jurídica muestra que los conflictos medio ambientales involucran normalmente tanto a quienes dan testimonio de un menoscabo en sus derechos individuales, como a quienes, formalmente agrupados o no, enarbolan la afectación de intereses pluri–individuales, colectivos o de incidencia colectiva en general (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 64.464 “Dougherty”, sent. del 31-03-2004; doct. esta Cámara causas A-302-MP0 “Consorcio Edificio Bvard. Marítimo Peralta Ramos”, sent. del 15-07-2008; A-851-MP0 “Yane”, sent. del 15-03-2011; A-4608-BB0 “Gomez", sent de. 21-08-2014).
Bajo tal criterio flexibilizador, la legitimación de los actores para promover la presente acción puede tenerse por válida en cuanto al planteo que conforma el objeto de la pretensión, solución que asimismo se aviene con lo prescripto por la Ley Nacional de Política Ambiental (N° 25.675), en tanto atribuye legitimación a toda persona para solicitar, mediante acción de amparo, el cese de actividades generadoras de daño ambiental colectivo (conf. arts. 3°, 30 párrafo 3° y ccds. de la ley cit.).
2.2. Defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de General Pueyrredon.
Al contestar la demanda, la Comuna postula su ajenidad al pleito argumentando que son los entes autárquicos “EMSUR y la administración del Parque Camet -a cargo del EMDER-”, quienes tienen a su cargo “... el gerenciamiento del sistema de gestión ambiental ...” del Parque Camet por lo que carece -tal lo que entiende- de legitimación pasiva. Seguidamente, la defensa técnica municipal peticionó la citación al pleito de los referidos entes.
Ahora bien, a poco que repaso las vicisitudes procesales de la causa advierto que en la audiencia celebrada en autos con fecha 07-07-2022 tomó intervención en el pleito tanto el EMDER (por intermedio de su presidente, Sr. Andrés Mascio) como el EMVISURyGA (por intermedio del Director General de Planeamiento, Sr. Rodrigo González) quienes, acompañando al representante de la Secretaría Legal y Técnica [Dr. Martinelli] y al Secretario de Medio Ambiente (Sr. Matías Cosso) -ambos funcionarios de la Administración Central Municipal- expusieron las razones por las cuales consideraban improcedente el reclamo efectuado por los vecinos accionantes.
Observo que el Sr. Matías Cosso [Secretario de Ambiente de la MGP] y el Sr. Gonzalez [EMVISURyGA] refieren que: (i) los actores “... siguen sin identificar un daño futuro posible suficiente en el medio ambiente del Parque Camet ...”; (ii) han constatado -a partir de denuncias de los amparistas- que existe una porción del predio “... usada por un club para estacionamiento ...”; (iii) en el año 2017 censaron las especies arbóreas del parque y que procedieron a talar árboles que ponían en riesgo el ecosistema. El representante del Emder [Sr. Mascio] explica que la tala de árboles se realiza con el respectivo permiso que el ente otorga y que no existe actividad clandestina en el predio. Finalmente, el Dr. Martinelli “... comparte que podría realizarse un plan de gestión adecuado con personal de la UNMdP y el CONICET con especialistas iniciándose el expte en la MGP [y] que se realicen además una evaluación de impacto ambiental acumulativa ...”.
En el referido contexto, y sin desconocer que desde sus albores esta Alzada ha sabido reconocer la diferente personalidad jurídica que poseen –de un lado- la Municipalidad de General Pueyrredon y –del otrolas entidades autárquicas legalmente creadas (en el caso, el Ente Municipal de Vialidad, Servicios Urbanos y Gestión Ambiental y el EMDER), todas reconocidas como personas jurídicas de carácter público –distintas entre sí- [cfr. arg. doct. esta Cámara causas P-802-MP1 “Villanueva”, sent. de 21-08-2008; C-3119-MP2 “Perez”, sent. de 18-06-2013; C-7601-MP1 “Tellez”, sent. de 07-11-2017], y –consecuentemente- susceptibles de demandar o ser demandadas en juicio en forma independiente, no lo es menos que en el caso de marras surge evidente -por un lado- el complejo entramado de competencias urbano - ambientales comprometidas y en cuya ejecución se incardinan de manera coordinada tanto la estructura burocrática centralizada y descentralizada y -por el otro- que en autos han tomado puntual intervención, a instancias de la propia Municipalidad de General Pueyrredon, los representantes del EMVISURyGA y del EMDER quienes, en ocasión de celebrar las audiencia materializadas en la causa, reconocen la interacción competencial en el asunto entre la Administración central y sus entes descentralizados.
En el referido contexto, mal puede el Municipio, en su condición de titular y responsable primario del Parque Camet, desligarse y desconocer las obligaciones que le vienen impuestas en relación al mentado predio que, adquirido en el año 1958 con la exclusiva finalidad de ser destinado al uso público (tal lo que surge del testimonio adjuntado por la propia Comuna) fue declarado como patrimonio de los habitantes del Partido de General Pueyrredon [v. Ord. N° 5383/82] y Reserva Forestal [Ord. N° 9717/94].
Basta para advertir la actual interrelación competencial existente entre la Comuna y sus entes descentralizados en la materia en debate la previsión contenida en el decreto N° 450/97 que crea la Unidad de Gestión Parque Camet y que, con la mira puesta en realizar estudios y diagnósticos para reorganizar el predio, reglamenta la creación de la UGPC -Unidad de Gestión Parque Camet- compuesta por “funcionarios, políticos y técnicos”, tanto de la Administración Central como del EMDER. Mal entonces puede la defensa técnica municipal postular la ajenidad de la Comuna al pleito.
2.3. La admisibilidad formal de la acción de amparo ambiental impetrada.
Descartado entonces defecto alguno -tanto desde la faz activa como desde la faz pasiva- en la conformación de la relación jurídica procesal, habré de abordar la cuestión atinente a la procedencia formal de la acción.
2.3.1. La co-demandada Municipalidad de General Pueyrredon se opone a la admisibilidad formal de la vía constitucional escogida por los actores, en base a sostener que éstos no habrían alegado ni probado que las vías y remedios ordinarios no resultaban idóneos para canalizar el reclamo instado proponiendo, por el contrario, que sí lo serían algunas de las vías ordinarias instituidas en el C.P.C.A.; por caso, la pretensión de reconocimiento de derecho o, en todo caso, la acción directa de inconstitucionalidad.
2.3.2. El Tribunal de grado, con una lógica poco entendible, luego de abordar la cuestión planteada desde su faz sustancial –argumentando que los actores no habían acreditado la “vulneración del derecho constitucional esgrimido” procedió, en el Considerando 15 del fallo, a postular que los amparistas “... podrían optar por una vía ordinaria para que se evalúen sus pretensiones y para que se estudie la eventual tutela de los derechos a los que aluden. Es en ese contexto en el que se podrá tener un amplio escenario de debate y prueba, como alude adecuadamente la Dra. Giovanini, lo que está vedado en esta vía expedita y excepcional del proceso de amparo. Que, si esa vía no se entendiera como factible o viable, también es dable mencionar la posibilidad de que, si se pretende atacar legalmente ordenanzas municipales, se debería seguir la vía ordinaria adecuada, que resulta ser la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, lo que en el caso no se ha realizado. Ello se basa en el entendimiento de que las ordenanzas son leyes tanto en sentido formal como material, por lo que la vía intentada no resultaría la adecuada ...”.
2.3.3. Los accionantes cuestionan tal parcela del fallo. Explican que si bien es cierto que en su escrito inicial plantearon numerosas pretensiones, no lo es menos que, en definitiva, procuran que la Municipalidad asuma las obligaciones que le vienen constitucional y legalmente impuestas y que, por medio de sus áreas competentes, desarrolle e implemente un plan de gestión integral del predio que contemple, no solo el estado actual de situación del Parque Camet sino el desarrollo futuro, asegurando su destino [uso público] y preservando el entorno natural comprometido.
Aclarado ello, destacan también que es inexacto postular que la vía procesal idónea hubiera sido la acción originaria de inconstitucionalidad pues -tal lo que aducen- no se han impugnado ordenanzas de alcance general y abstractas sino que se persigue un mandato jurisdiccional que ordene a la Comuna -por un lado- la implementación de un plan integral de gestión del predio y -por el otro- que en las eventuales futuras cesiones de tierra que disponga la autoridad municipal se exija a los permisionarios los pertinentes EIA y se garantice la adecuada participación ciudadana.
Del mismo modo, explican que tampoco es dable sostener que la acción contenciosa administrativa hubiera sido el contexto procesal idóneo para reclamar la tutela ambiental y, menos aún, postular -como erróneamente lo hace el Tribunal- que el asunto debió ser previamente planteado ante las autoridades municipales.
2.3.4. Aunque ciertamente advierto que al articular la demanda los actores peticionaron un cúmulo de pretensiones (identificadas en el pto II.B del escrito de demanda), no lo es menos que esa dispersión inicial en el modo como materializara el pedido de auxilio jurisdiccional no puede oscurecer, ni mucho menos frustrar, la basal pretensión sobre la cual se apuntala todo el reclamo efectuado por los vecinos, esto es, poner en evidencia la existencia de una situación de abandono –con el consecuente riesgo ambiental- de la referida reserva forestal que, declarada patrimonio de la ciudad, tiene asignado un destino de uso público.
Y si bien lo anterior sería suficiente para viabilizar el tránsito por el cauce constitucional del amparo, no puedo pasar por alto que ese inicial defecto en la manera de articular la pretensión procesal desaparece en ocasión de celebrarse la audiencia de fecha 22-06-2022 y en la que los actores postulan que “... el motivo del presente amparo es proteger el medio ambiente, haciendo hincapié en el principio de prevención … se pretende que se realice una evaluación de impacto en general, integral y acumulativ(a) de todo el parque. Tiene que haber una declaración de impacto ambiental de la municipalidad … un plan de gestión ambiental … con la participación ciudadana …”
Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la citada institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 320:1339 y 2711; 321:2823; 325:1744; 329:899 y 4741). En ese sentido, los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales (Fallos: 327:2127 y 2413; 332:1394, entre otros). En tal contexto, no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador (C.S.J.N. Fallos: 329:3493; CSJ 1314/2012 (48-M)/CS1 “Martínez, Sergio Raúl c/ Agua Rica Llc Suc. Argentina y su propietaria Yamana Gold Inc. Y Otros s/ acción de amparo”, sentencia de 02-03-2016.
Así, dentro de la lógica supralegal que dimana de los arts. 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el remedio del amparo –si bien no como un vademécum para solucionar todos los problemas- es visto como un medio de tutela hábil para asegurar derechos y garantías constitucionales de incidencia colectiva de similar configuración al que se alega conculcado en la especie [cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 73.996 “Sociedad de Fomento de Cariló”, sent. de 29-052002, dictado por mayoría de fundamentos; cfr. doct. esta Cámara causas A-303-DO0 “Ventoso”, sent. del 24-04-2008 y A-1557-MP1 “Surfrider Foundation Argentina”, sent. de 19-02-2010; A-7034-BB0 “Gianniti”, sent. de 16-02-2017].
Esta visión flexibilizadora a la hora de efectuar el análisis de los presupuestos de procedencia formal del amparo persigue, por encima de cualquier ritualismo, que el texto constitucional pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz en pleitos en los que se invoca, no solo un cercenamiento de derechos de incidencia colectiva, sino además el quebrantamiento de la legalidad ambiental por parte del municipio accionado (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.158, “Burgués” res. de 30-04-2003), en los que se impone una actuación jurisdiccional consistente y expeditiva (doct. S.C.B.A. causa B. 64.464 “Dougherty”, cit.; doct. esta Cámara causas A-2468-DO0 “Rodríguez”, sent. de 28-06-2011; A-9348-DO0 “Ardu”, sent. de 10-12-2019; A-9492-BB0 “Asociación Civil Molina Campos”, sent. de 10-12-2019).
Y si bien comparto el criterio de que el Poder Judicial debe ser estricto en el examen de los presupuestos que habilitan la procedencia procesal del amparo, con el propósito de que siga siendo un remedio útil para, de manera eficaz y urgente, superar aquellas situaciones que necesariamente así lo requieran (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 330: 1279), las circunstancias analizadas precedentemente, me persuaden que -en el caso- el amparo resulta ser la vía adecuada para dar respuesta a la pretensión de la parte actora (art. 20, apartado 2°, segundo párrafo Const. Provincial) [doct. esta Cámara, causa A-1319-BB “Prosperi”, sent. de 14-04-2009].
Con todo, los reparos formales a la admisibilidad de la acción no encuentran cabida en el sub lite.
2.4. La admisibilidad sustancial de la acción de ambiental impetrada.
Descartado entonces cualquier reparo a la procedencia formal del reclamo procederé, en lo siguiente, a responder las restantes críticas que, vertidas por parte actora, ponen en crisis el juicio valorativo de las constancias probatorias de autos y partir del cual el Tribunal de grado concluyera que el daño cierto o potencial que se denuncia no puede tenerse por acreditado.
2.4.1. En la tarea propuesta, advierto que son circunstancias indubitadas en autos las siguientes:
(i) Con fecha 16-01-1958 se dicta el decreto - ordenanza N° 374 por medio del cual el Municipio de General Pueyrredon adquiere el predio Parque Camet con destino a uso público (v. art. 1).
De los considerando del referido decreto surge: (a) que el transmitente [Club Mar del Plata] se encontraba en condiciones de enajenar la fracción de tierra al Municipio en tanto se respetaba el destino [uso público] que pesaba sobre el inmueble; (b) “...el destino beneficioso que reportara para todo el pueblo de Mar del Plata, así como también para los turistas ...”; (c) “... será un nuevo factor de gran atracción que la Comuna brindará al incorporar a su patrimonio este hermosos parque ya instalado ...” y; (d) el predio cuenta con “... añosos árboles que destinados a una función estética hacen que los valores se tornen incalculables ...”. (ii) Tal lo informado por la Municipalidad de General Pueyrredon [cfr. https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/parque-camet] el predio “... se compone de 136 hectáreas de las cuales un poco más de 40 están profusamente arboladas con coníferas y eucaliptos. Se trata de un lugar destinado exclusivamente al goce de una jornada al aire libre, que nace inicialmente a raíz de una donación que don Juan Camet realiza al viejo Club Mar del Plata en los primeros años del siglo XX y que años más tarde se amplía con una compra que realiza la comuna de otro predio importante que se suma al parque ... Este verdadero pulmón marplatense está ubicado a 7 kilómetros al Norte del centro de la ciudad, sobre la Avenida Félix U. Camet y cuenta con un amplio sector de fogones y juegos para los más chicos, proveeduría, una feria artesanal de la tercera edad, dos tranvías históricos y con varias canchas donde se pueden practicar deportes tales como fútbol, rugby, hockey, polo e hipismo ... dicho predio constituye un importante bastión ecológico debido a la cantidad y variedad de árboles, plantes, flores y aves que lo habitan. Por todas estas características es utilizado por marplatenses y turistas como lugar de esparcimiento y de práctica de deportes ...”.
(iii) Mediante la Ordenanza N° 5383/82 se declaró al predio Parque Camet como “patrimonio de los habitantes del Partido de General Pueyrredon”.
De los Considerandos de la referida norma se desprende la necesidad de: (a) adoptar medidas de protección de “... ese patrimonio irremplazable proclive a la explotación irracional y a la especulación desmedida ...” y (b) medidas de conservación “... en base a planes y programas de manejo del patrimonio fundamentados en la necesidad de la preservación del equilibrio ecológico, entendiendo por ecología a la ciencia que se ocupa de las relaciones de los organismos con su medio ...”.
Finalmente, el art. 2 de la Ordenanza clasifica el predio dentro de la categoría de patrimonio turístico, reserva natural y cultural y parque público.
(iv) Mediante la Ordenanza N° 9717/94 -modificada por su similar N° 22.763/2016- se declara como Reserva Forestal al espacio público Parque Camet (v. art. 1 inc. “o”).
El art. 3 de la referida norma establece que la Municipalidad tendrá a su cargo el poder de policía en las reservas forestales para hacer cumplir el Código de Preservación Forestal.
Finalmente, se pone en cabeza del Departamento Ejecutivo la confección de un “... plan de obras para mejorar la infraestructura de acceso a estas reservas, permitiendo un fluido tránsito de vehículos y personas ...”.
(v) Los arts. 16 a 19 de la Ordenanza N° 9784/94 [Código de Preservación Forestal] define las Reservas Forestales como los “... terrenos en el que existan especies arbóreas que, por la cantidad y calidad de sus ejemplares, formen un bosque cuyo valor natural justifique la conservación y preservación ...” (art. 16) y que el Departamento Ejecutivo determinará “... las normas de protección, cuidado y conservación ...” (art. 18) así como la ejecución de planes destinados a “... realizar la infraestructura necesaria ...”.
(vi) Del anexo II del decreto 1863/93 [Reglamento General para el Parque Camet] se desprende: (a) la prohibición del corte parcial o total de árboles, arbustos y/o plantas verdes; salvo en los casos que se considere necesario por limpieza de caminos, seguridad de líneas eléctricas, telefónicas, de inmuebles y otras; tarea ésta que se realizará con personal municipal y la prohibición de la extracción de mantillo o resaca proveniente de las masas boscosas (art. 1); (b) la prohibición de la extracción de leñas a excepción de la que realicen escuelas, reparticiones públicas y entidades de bien público, las cuales deberán solicitar autorización ante la Subsecretaría de Deportes y Recreación (art. 2); (c) la prohibición de encender fuego (art. 3); (d) la prohibición de recolección de piñas, piñones y otro fruto proveniente de plantas silvestres, como así también el pastoreo de animales domésticos (art. 4); (e) la prohibición de la caza; de la introducción de toda especie exótica de flora y/o fauna al actual ecosistema de esta área, pudiendo autorizar la Municipalidad de General Pueyrredon a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, forestaciones ornamentales de aquellas especies que no se propongan al azar (arts. 5 y 6); (f) quedan autorizadas las actividades de carácter espontáneo tales como picnic, pelota-paleta, fútbol, voleibol, bochas salvo los lugares donde se indique su prohibición (art. 7) (vii) Mediante el decreto N° 450/1997 se crea la Unidad de Gestión denominada Programa de Revalorización y Renovación Física y Ambiental del Parque Camet.
La misión de la mentada Unidad de Gestión quedó circunscripta a realizar “... estudios, diagnósticos y propuestas tendientes a la reorganización de ese sector ...” y, asimismo, se dejó explicitada que estaría compuesta por funcionarios, políticos y técnicos de la Administración central y del EMDER.
(viii) Mediante Ordenanza N° 13.228 se aprueba el reglamento de usos de los predios del Parque Camet previéndose la posibilidad de otorgar permisos precarios de uso a particulares de conformidad con las estipulaciones que fije el EMDER.
(ix) Mediante la Ordenanza N° 15.120 se dispone que es misión del EMDER “... adoptar medidas para una administración diferenciada para la Reserva Integral Parque Camet y otros sitios de recreación del Partido de General Pueyrredon, a los efectos de parquizar estos lugares recreativos dotándolos de una atención y un presupuesto diferenciado que satisfaga sus demandas específicas en materia de preservación, planificación y utilización como espacios verdes y reservas ecológicas ...” (art. 2 inc. “d”).
(x) Mediante la Ordenanza N° 19730/10 se aprueba el Plan de Gestión Territorial elaborado por el Plan Estratégico Mar del Plata. El referido plan, en lo que aquí interesa, prevé en su TERCERA PARTE. LAS PROPUESTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD - XV- PROYECTO ESTRUCTURAL 3: EL FRENTE MARÍTIMO Proyecto Costa Norte - CN. Sub Proyectos: CN2- Parque Camet la “... realización de las obras necesarias para su funcionamiento integral como infraestructura recreativa ...”.
[www.mardelplata.gob.ar/documentos/planestrategico/planoperativo2006/ documentobasepot.pdf].
El Plan de Gestión Territorial -tal lo dispuesto en la norma que lo aprueba- deberá contemplarse como herramienta de planificación, previo a cualquier modificación del Código de Ordenamiento Territorial, al desarrollo de ampliaciones de infraestructura urbana o de proyectos de alto impacto urbanístico y ambiental entre otras aplicaciones que pudieran surgir a futuro.
(xi) Finalmente, debe tenerse presente el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030 [desarrollado en tres partes diversas: (a) El Plan; (b) El proceso y; (c) Programas y Proyectos, publicado en el sitio oficial www.mardelplata.gob.ar] Sin intención de agotar las pautas de actuación y gestión allí sentadas [cuya ejecución, en tanto plan estructural, se entiende debería ser observada por la gestión gubernamental de la ciudad independientemente del signo político que ostente el poder], puedo remarcar que el referido plan de gestión se hace cargo de las necesidades y reclamos en materia urbano ambiental y, luego de remarcar como “... debilidades de la ciudad ...” la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones [personalismo en las decisiones] y la existencia de “... espacios públicos privatizados por grupos privados ...” refiere planes concretos de acción e intervención en el sector en el cual se encuentra enclavado el Parque Camet.
Puntualmente resalta como un ambiente especial a proteger “... a los humedales continentales o costeros ...” y se pone de relieve que la Facultad de Ciencias Naturales de la UNMdP en conjunto con el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y la Secretaría de Cultura Municipal vienen trabajando bajo los preceptos de la Convención Ramsar [Convención Sobre los Humedales aprobada por Ley 23.919] llevando adelante actividades de educación y sensibilización ambiental, habiendo identificado -entre otros humedales existentes en el Partido de General Pueyrredon- la “Reserva de humedal Arroyo la Tapera”, esto es, el conocido como Lago de los Cisnes ubicado en el Parque Camet. (xvi) Otra circunstancia indubitada en autos es la práctica habitual de la autoridad municipal de disponer de fracciones de tierra que conforman el espacio del Parque Camet -de mayor o menor extensión- a los efectos de ser entregadas para su uso y explotación a particulares. A saber:
- Biguá Rugby Club.
Ordenanza N° 5208/82: Mediante la cual se concede el uso de distintos predios a varios clubes de "rugby", para la práctica y fomento del deporte, entre ellos al Biguá Rugby Club.
Ordenanza N° 11322/97: Mediante la cual se renueva el permiso precario de uso y ocupación gratuita de las fracciones de tierra del Parque Camet, otorgado en su oportunidad al ... Biguá Rugby Club, a los fines del desarrollo de sus actividades deportivas y sociales, hasta tanto se apruebe el plan de manejo propuesto por la Unidad de Gestión “Programa de Revalorización Física y Ambiental del Parque Camet”. Ordenanza N° 15607/03: Mediante la cual se otorga permiso precario de uso gratuito para la práctica y fomento del deporte. La parcela de tierra equivale a 264 mts. * 216 mts.
Ordenanza N° 16219/04: Se amplía la fracción original de tierra por una fracción equivalente a 216 mts. * 78 mts.
- Pueyrredon Rugby Club.
Ordenanza N° 5208/82: Mediante la cual se concede el uso de distintos predios a varios clubes de "rugby", para la práctica y fomento del deporte, entre ellos al Pueyrredon Rugby Club.
Ordenanza N° 11322/97: Mediante la cual se renueva el permiso precario de uso y ocupación gratuita de las fracciones de tierra del Parque Camet, otorgado en su oportunidad al ... Pueyrredon Rugby Club, a los fines del desarrollo de sus actividades deportivas y sociales, hasta tanto se apruebe el plan de manejo propuesto por la Unidad de Gestión “Programa de Revalorización Física y Ambiental del Parque Camet”. Ordenanza N° 15649/03: Mediante la cual se otorga permiso precario de uso gratuito para la práctica y fomento del deporte. Ordenanza N° 23258/17: Mediante la cual se renueva permiso precario de uso gratuito para la práctica y fomento del deporte. En el plano anexo al cuerpo de la referida Ordenanza no se identifica el metraje de la parcela cedida aunque puede dimensionarse la extensión de tierra o t o r g a d a .
[www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o23258.html?v=b5295355a6f75 ae753424ab08cdb07c4].
- Asociación Civil Nuevo Mar del Plata Polo Club Parque Camet. Ordenanza N° 5171/82: Mediante la cual se otorga permiso precario de uso gratuito para la práctica y fomento del deporte. Ordenanza N° 252448/21: Mediante la cual se renueva permiso precario de uso gratuito para la práctica y fomento del deporte y se amplía el sector de tierra cedido (originalmente de 16,12 hectáreas), el cual asciende actualmente a 17,33 hectáreas [v. plano anexo al cuerpo de la referida Ordenanza www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o25244.html?v=22a567a6e7f7e8 8c1474f6badc8a2270].
- Asociación Civil Centro Hípico de General Pueyrredon.
Ordenanza N° 20931/12: Mediante la cual se otorga permiso precario de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento del hipismo y del hockey sobre césped.
Ordenanza N° 24193/19: Mediante la cual se renueva permiso precario de uso. En el plano anexo al cuerpo de la referida Ordenanza no se identifica el metraje de la parcela cedida aunque puede dimensionarse la extensión de tierra otorgada [www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o24193.html?v=e8cd683f29937a 1225c43ede8fba5a41].
-Club Unión de Mar del Plata.
Ordenanza N° 21314/13: Mediante el cual se convalida el Protocolo de Entendimiento suscripto con el Club Atlético Unión de Mar del Plata, celebrado en el marco del Programa de Descentralización Administrativa implementado por el Municipio de General Pueyrredon. En dicho acuerdo, la Comuna cede al Club “... un espacio acorde y apropiado para el desarrollo del proyecto deportivo en curso, dentro del Parque Camet, sobre el cual se otorgará un título de ocupación y explotación mediante la modalidad concesional, de acuerdo con la normativa vigente y aplicable al caso ...”.
- Asociación Civil MDQ06 Hockey.
Ordenanza N° 25219/21: Mediante la cual se otorga permiso precario de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento del Hockey, en cualquiera de sus disciplinas. El parcelamiento asciende 30.584 metros cuadrados [v.
www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o25219.html?v=6cf243ceeba7f9d a1ae2bf2b12e49836].
- Club Atlético El Cañón.
Ordenanza N° 24435/19: Mediante el cual se otorga al Club Atlético “El Cañón”, permiso precario de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, para ser destinado a la creación de un espacio deportivo, recreativo y social para la práctica activa y fomento de la actividad deportiva.
En el plano anexo al cuerpo de la referida Ordenanza no se identifica el metraje de la parcela cedida, aunque puede dimensionarse la extensión de tierra otorgada [www.concejomdp.gov.ar/biblioteca/docs/o24435.pdf?v=467d24736b6f8e bc0b561fed05eca9d5].
2.4.2. El relevamiento de antecedentes efectuado permite individualizar las múltiples facetas que componen el debate en autos. Por un lado, la denunciada situación general de desidia en la reserva forestal que exigiría -en la visión de los actores- la adopción por parte de la autoridad de un plan de gestión integral del sector.
Por el otro, se pone en crisis el proceder de la autoridad comunal que, a lo largo de los años, y amparada en la interpretación que efectúa del plexo regulatorio ambiental provincial y local, ha parcelado el espacio público colocando en manos de entidades privadas el uso particular de más de 50 hectáreas del predio sin exigir para ello la implementación del procedimiento de Estudios de Impactos Ambientales, según lo previsto en la ley 11.723, ni llevar a cabo algún esquema de participación ciudadana. El escenario descripto exige, entonces, preguntarse si efectivamente existe en la reserva forestal Parque Camet esa situación de riesgo ambiental que los actores denuncian y, además, si media regulación específica que imponga a la autoridad local, con carácter previo a disponer las autorizaciones o permisos para la construcción y desarrollo de clubes deportivos, la implementación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y de algún esquema de participación ciudadana.
La respuesta al interrogante demanda en la especie un equilibrado juicio hermenéutico de la Ley 25.675, de la ley 11.723 –en particular de su Anexo II- y del restante plexo normativo local que fuera relevado en el pto. II.2.4.1 de este voto.
2.4.3. La situación del predio.
El análisis de la totalidad de las constancias documentales e informes realizados en autos me permiten adelantar que, a diferencia de lo postulado por el Tribunal de grado, el Parque público municipal de recreación Camet, declarado reserva forestal por la Ordenanza N° 9717/94 y patrimonio de los habitantes del Partido de General Pueyrredon por la Ordenanza N° 5382/82, se halla en una situación de riesgo ambiental que impone a la jurisdicción, la adopción de medidas que permitan mitigar la afectación en los bienes ambientales comprometidos. Como ya pusiera de resalto, en materia ambiental cobran preeminencia los principios preventivo y protectorio [cfr. doct. esta Cámara causa C-7625-BB1 “Sociedad de Fomento Barrio Universitario y Biblioteca Popular Daniel Aguirre”, sent. de 20-03-2018 -y sus citas-], y que justifican la decisión jurisdiccional de neutralizar actuaciones administrativas o privadas susceptibles de suscitar, en modo más o menos intenso, afectaciones o situaciones de peligro en los bienes ambientales comprometidos (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 66.769 “Club Estudiantes de La Plata”, res. de 26-10-2005, de la opinión de la mayoría; esta Cámara causa A-6929-MP0 “Celesia”, sent. de 2-03-2017).
En ese marco, los principios de prevención y precautorio han sido positivizados como ejes basilares de la política ambiental. En concreto, el art. 4 de la Ley 25.675 -Ley General del Ambiente-, establece que: “…principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir…” y; “…principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente…”. El principio precautorio viene a funcionar como un instrumento de gestión de riesgos imprevisibles, completando así el ámbito de aplicación del principio de prevención que, encontrándose también plasmado en la normativa antedicha, se articula como herramienta frente a los riesgos predecibles.
Con relación a este tópico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Salas, Dino y otros c. Salta, Provincia y otro” (Fallos 332:663) (sent. del 26-03-2009) indicó que este postulado “...produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público”, de allí que “...el administrador que tiene ante si dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios. La aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable...” (v. Considerando 2°).
2.4.4. Con lo anterior en mira, advierto que el informe elaborado por el Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente [IIPROSAM-UNMdP-CONICET] sostiene que el Parque Camet, único pulmón verde de la ciudad de Mar del Plata, se encuentra en proceso de “degradación ecosistémica”.
Entre las causas de tal situación, se enumera la inexistencia de un plan de gestión integral, la ausencia de cuidados ambientales, la tala indiscriminada de las especies arbóreas, los incendios forestales y los efectos de la cesión de tierras a distintos clubes deportivos con el consecuente enflaquecimiento del sector destinado al uso público. El mentado estudio destaca que: (i) “... dentro de la Reserva Forestal Parque Camet se encuentra un pequeño lago costero que es un humedal, el arroyo la Tapera, zonas de bosque, pastizales y otros tipos de humedales ...” (ii) el Parque Camet se conecta con el ecosistema marino y tiene entradas de agua dulce a través del arroyo La Tapera para luego transformarse en un humedal. El predio –agrega- resulta esencial para el bienestar general de la población, “... sin su correcto manejo socio ambiental la calidad y las condiciones de vida de la población se verán seriamente afectadas ...; (iii) en el Parque Camet se encuentran diversos ecosistemas (humedal, bosque, pastizal, arroyo de agua dulce y sector marítimo costero) todo lo cual hace del parque “... un sitio muy próspero para la biodiversidad ...”; (iv) la plantación de eucaliptus allí existente cumple la función de resguardar la ciudad de los vientos costeros, además brinda las condiciones para que los barrios costeros sean habitables; (v) el Parque Camet es necesario para garantizar el abastecimiento de agua potable, aumenta la infiltración del suelo, su capacidad de retención hídrica y de recarga subterránea, regulan los flujos, reducen la erosión y sedimentación del suelo y contribuyen a la cubierta nubosa y la precipitación a través de la evapotranspiración; (vi) el Parque Camet cuenta con dos humedales, humedal fluvial permanente proveniente de un arroyo y humedal lacustre estacional intermitente en zonas inundables estacionalmente.
Finalmente, el estudio concluye que: (i) “... debido a la importancia que tiene el Parque Camet en términos sociales y ecológicos, se espera pronta solución a la problemática de la tala, es notable la quema de árboles en sus bases debido al nulo cuidado forestal y a la escasa educación ambiental ...”; (ii) “el nulo cuidado forestal está acabando poco a poco con su bosque, sumado al problema de privatización que está sufriendo el Parque Camet están provocando un gran deterioro socio ambiental ...”; (iii) “... cada ecosistema que compone el Parque Camet es de importancia y relevancia social y biológica ...” y “... requiere de investigaciones científicas interdisciplinarias que puedan identificar sus características y de esa forma poder planificar su uso y un manejo que priorice la continuidad de su naturaleza en el tiempo ...”.
Asimismo, el informe elaborado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Hábitat y Territorio da cuenta: (i) de la privatización de un amplio sector del espacio público mediante la entrega de permisos de uso precario de ocupación; (ii) que el parque se encuentra en estado de abandono y en pésimas condiciones de mantenimiento, tanto del recurso natural como de las instalaciones imprescindibles para su buen uso y disfrute; (iii) las autoridades municipales no cumplen con el Reglamento de Uso del predio; (iv) la Administración debe cesar con la disposición del espacio público , “... no se debe continuar con esta política según la cual el parque parece ser un reservorio de tierra disponible. Para paliar este tipo de requerimientos es menester del Municipio proyectar e implementar una adecuada política de tierras que tenga por objeto entre otras cosas generar bancos de tierra para resolver necesidades que afectan a muchas entidades de carácter social y deportivo …”: (v) el predio es un espacio de uso público que, en la actualidad se presenta sometido a una “... política de abandono … ausencia de personal municipal que realice tareas de mantenimiento, cerco empalizada inexistente, tala diaria de árboles, fogones destruidos, cinta asfáltica en mal estado, juegos de plaza en estado ruinoso, baños inutilizados, edificios en ruinas, predios otorgados con altos pastizales …”. En suma, el Colegio profesional interviniente concluye en la necesidad de elaborar un plan de gestión integral del predio y agrega que “... no puede permitirse malograr la oportunidad de contar con este gran espacio, oportunidad excepcional que no todas las urbes tienen la fortuna de alcanzar. Posibilidad deseada y valorada por el planeamiento urbano cualquiera sea su vertiente. Un gran parque urbano: virtud de las ciudades concebidas y conducidas con espíritu de grandeza, sensibilidad social y ecuanimidad … es menester del Municipio asegurar la existencia de este gran parque público en toda su extensión, magnificencia y riqueza ambiental, consolidar su presencia e integridad, su carácter inclusivo, edificante e igualitario, para que las sucesivas generaciones de marplatenses con toda su diversidad puedan coincidir en este espacio integrador y disfrutar del mismo en plenitud ...”.
Por otro lado, el Estudio Preliminar de la Biodiversidad del Parque Camet confirma el potencial del predio como “... un reservorio urbano representativo de la fauna y flora local … un espacio verde destinado al uso recreativo, deportivo y de importancia ecológica …” y en el que se relevan más de 127 especies de invertebrados, 44 de vertebrados y 53 de plantas herbáceas.
Finalmente, cabe agregar que la Defensoría del Pueblo municipal -organismo creado por la Ordenanza N° 13.663- ha denunciado ante las autoridades municipales que “... el estado general del Parque Camet es de total abandono con baches de proporciones, cerco-empalizada inexistente, tala diaria de árboles, fogones totalmente destruidos, juegos de plaza en estado ruinoso, baños inutilizados, edificios en ruinas, curso del arroyo con la maleza crecida, predios otorgados con altos pastizales ...” [cfr.
http://www.defensoriadelpueblo.mdp.gob.ar/parque-camet-abandono] y que existe en el predio un alto grado de dejadez, documentando la existencia de incendios en la reserva forestal así como la tala incontrolada de especies arbóreas [cfr.
http://www.defensoriadelpueblo.mdp.gob.ar/que-hacemos-con-el-parque-c amet/].
2.4.5. El contexto fáctico y normativo reseñado patentiza la complejidad de la situación y la necesidad de evitar miradas cómplices que justifiquen la desidia de las autoridades con competencia en la materia y/o las meras opiniones subjetivas de funcionarios públicos desinteresados en la problemática descripta.
Así, los informes relevados dan cuenta de la riqueza natural del predio [espacio público - mayor pulmón verde de la ciudad - reserva forestal - cortina forestal - humedal - regulador de lluvias, tal lo que resaltan los especialistas]. Es la propia Comuna la que al elaborar el Pan de Gestión Territorial [v. pto. II.2.4.1.(x) del voto] refiere la necesidad de llevar adelante las obras necesarias para su funcionamiento integral a la vez que reconociendo en el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030 [v. pto. II.2.4.1.(xi) del voto] que en el Parque Camet existe un humedal [Reserva de humedal Arroyo La Tapera] que merece una especial protección a tenor de los preceptos contenidos en la Ley N° 23.919. Siendo ello así, queda patentizada una primera situación de riesgo ambiental que se cierne sobre el referido humedal y que no puede ser soslayada. En este sentido, y tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia Federal en la causa “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental” (sentencia de 11-07-2019) “... el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente (Fallos: 340:1695). En efecto, al tratarse de la protección de una cuenca hídrica y, en especial, de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio (art. 40 de la ley 25.675) ...”.
Los jueces deben considerar el principio In Dubio Pro Natura que establece que "... en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales ...”. Especialmente el principio In Dubio Pro Agua, consistente con el principio In Dubio Pro Natura, establece que, en caso de incerteza, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos (UICN. Octavo Foro Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018). De allí entonces, que el fallo del Tribunal de grado contraría los principio que rigen la materia, así como la normativa aplicable en tanto soslaya la verificada situación de riesgo que se cierne sobre el humedal existente en el Parque Camet.
Reitero, las autoridades municipales, a pesar de los múltiples mandatos normativos que le exigen desde antaño adoptar planes y medidas de gestión del predio, han soslayado tales obligaciones. Así, a riesgo de ser reiterativo recuerdo que (i) la Ordenanza N° 5383/82 impone al DE adoptar las medidas de protección necesarias para evitar la explotación irracional y la especulación desmedida; (ii) la Ordenanza N° 9714/94 reclama la adopción de obras de infraestructura necesarias y; (iii) la Ordenanza N° 9784/94 exige se establezcan “... las normas de protección, cuidado y conservación ...”.
No han sabido -ni podido- los representantes municipales en las audiencias celebradas en autos con fecha 22-06-2022 y 07-07-2022 identificar la existencia de medida o práctica regulatoria alguna tendiente al cuidado y preservación del humedal y/o, en su caso, direccionada a la mitigación y/o reversión de la situación de riesgo que lo acecha y que fuera puesto de resalto en el informe elaborado por el Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente [IIPROSAM-UNMdP-CONICET], por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y por las propias autoridades comunales en ocasión de elaborar el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030.
2.4.6. Párrafo aparte merece la denunciada tala indiscriminada de las especies arbóreas y los incendios en la reserva forestal. El informe elaborado por el Colegio de Arquitectos da cuenta que el predio se encuentra en una situación de abandono, no existiendo personal municipal que realice las tareas de mantenimiento necesarias y que, a pesar de su extensión, no existe un cerramiento o empalizada que evite o impida el ingreso controlado al pleito. Asimismo, los profesionales manifiestan que el predio es utilizado para la “... tala diaria de árboles ...”. En idéntico sentido el informe elaborado por el Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente [IIPROSAM-UNMdP-CONICET] concluye que no existe en el inmueble plan de gestión ni cuidado del recurso arbóreo, así, entre las conclusiones allí vertidas puede leerse que “... el nulo cuidado forestal está acabando poco a poco con su bosque, sumado al problema de privatización que está sufriendo el Parque Camet están provocando un gran deterioro socio ambiental ...”.
Y si bien no soslayo que los representantes del Municipio [en particular el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Sr. Cosso] refieren que en el año 2017 se llevó a cabo un proceso de identificación de las especies arbóreas a efectos de extraer aquellas que presentaran algún riesgo o peligro, no lo es menos que esa sola circunstancia lejos se encuentra de conformar el plan integral que reclama la situación actual del predio en el cual se exteriorizan, tal lo que surge de los informes elaborados en autos y de las presentaciones efectuadas por la Defensoría del Pueblo municipal, actos furtivos de poda y de extracción, que se contraponen con la expresa prohibición contenida en el anexo II del decreto 1863/93.
Para más, tengo a la vista el “informe sobre estado forestal Parque Camet” que, materializado en el año 2017 por el Departamento de Guardaparques municipal [dependiente del EMVISURyGA], refiere la necesidad de implementar “... un plan de reforestación de especies internas y perimetrales del Parque que contemple las cortinas forestales que se encuentran en buen estado. De manera de generar nuevas cortinas con especies adecuadas a las características de la zona. Dicho plan deberá contar con un proyecto paisajístico general de Parque Camet. Se sugiere la restricción del público en áreas donde hay eucaliptus para preservar la masa arbórea que protege al Parque de los vientos marítimos. Se reitera la importancia de evitar fogones cercanos a los árboles ... se recomienda la extracción de los árboles peligrosos ...”. Y si bien ya en el año 2017 la autoridad municipal manifestó la necesidad de implementar un Plan de Forestación y un Proyecto Paisajístico en el Parque Camet, por fuera de tales buenas intenciones, nada de ello ha sido acreditado en autos. Por el contrario, los informes obrantes en autos revelan el agravamiento de los actos de vandalismo, la poda indiscriminada y la degradación ambiental del sector.
En mi parecer entonces, queda patentizada una segunda situación de peligro ambiental para la reserva forestal [área especial en la que existen especies arbóreas que por su cantidad y calidad deben ser preservados y conservados, art. 16 a 19 de la Ord. 9784/94] pues existe actividad furtiva de poda [no controlada -a pesar de ostentar el poder de policía en materia forestal- por la autoridad municipal y que se potencia ante la inexistencia de un adecuado cerramiento del sector] y un uso incontrolado del predio en el que se ocasionan, sea deliberadamente [actos de vandalismo], sea por negligencia de los usuarios del espacio público, focos ígneos que arrasan o inutilizan las especies allí plantadas, afectando no solo el uso actual del predio por parte de los habitantes de la ciudad y/o circunstanciales visitantes sino, además, a las generaciones futuras. Este perjuicio, verificado en autos, de mantenerse en el tiempo, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior. Existe, entonces, un peligro claro de daño irreversible que debe ser remediado por las autoridades con competencia ambiental municipales.
En sentido diverso al que propugna el Tribunal a quo, es el principio precautorio consagrado en la materia el que produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Por lo tanto, no se cumple con las previsiones normativas si se omiten realizar las tareas de control y de mantenimiento que la reserva forestal reclama.
2.4.7. Finalmente, resta analizar la cuestión atinente a la denunciada por los actores “privatización” del Parque Camet.
En concreto, los actores ponen en tela de juicio la práctica que, implementada desde antaño por el Municipio -con anclaje en la Ordenanza N° 13.228 que autoriza a la autoridad la posibilidad de otorgar permisos precarios de uso del predio Parque Camet a particulares- ha llevado a que, en la actualidad, alrededor de 50 hectáreas [del total de 136 que compone el predio] se encuentren bajo uso exclusivo de entidades deportivas [relevadas en el pto. II.2.4.1.(XVI) del voto]. Aclaro aquí que, tal como quedara definido en las audiencias realizadas en autos, los actores no ponen en crisis la validez de los actos administrativos [permisos precarios de uso que ostentan los ocupantes del predio] sino que reclaman la implementación de un plan de gestión que imponga que, en futuras renovaciones de los permisos existentes y/o de eventuales nuevas cesiones de tierra, la Comuna exija el cumplimiento de los EIA y asegure los mecanismos de participación ciudadana.
Siendo el reseñado el sendero por el cual discurre el punto en análisis, comienzo por señalar –de un lado- que la Evaluación de Impacto Ambiental –cuya implementación en la especie reclama la parte actora en futuras intervenciones a realizarse en el predio- es un procedimiento jurídico administrativo cuyo propósito es identificar, predecir e interpretar las repercusiones de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente (conf. ley 11.723 Anexo I, Glosario), a los efectos de su aceptación, modificación o rechazo por parte de la autoridad de aplicación. Del otro, remarco que la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), constituye el acto administrativo emanado de la autoridad ambiental provincial o municipal -según el caso- de carácter previo a la resolución administrativa que se adopte en torno a la realización de ciertas actividades u obras y que -sobre la base de los dictámenes, observaciones realizadas por los interesados y demás elementos-, podrá aprobar la ejecución de la obra, condicionarla al cumplimiento de instrucciones modificatorias, o bien, oponerse a su puesta en práctica (conf. arts. 12, 18, 19, 20 ley 11.723).
Corresponde también aclarar que, a tenor de lo normado en el art. 10 de la ley provincial 11.723, no toda obra o actividad ha de estar precedida de la mentada declaración, pues ésta resulta imperativa solo respecto de aquéllas que "produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales", extremo que también es exigido por la Ley 25.675 en aquellos casos en que la obra o actividad "sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa" (arts. 11 y 12).
Asimismo, y en lo que aquí interesa, el Anexo II de la ley 11.723 deslinda las atribuciones provinciales y municipales en orden a la participación que ambas esferas tendrán en los procesos –así se denominan en la ley- de Evaluación de Impacto Ambiental. Dentro de la órbita de incumbencias municipales, su Capítulo II prescribe que cada Municipio determinará las actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y que -por lo tanto- “someterá a Evaluación de Impacto Ambiental". A renglón seguido, se dispone que "sin perjuicio de lo anterior, serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental municipal los siguientes proyectos: b) Las Emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balneario " (Anexo II, punto II, ap. 2.b).
En el referido contexto, y siendo que en el caso de marras los actores pretenden [con una mirada preventiva que evite o posponga pasivos ambientales futuros] que se ordene al Municipio que la entrega y/o disposición futura de parcelas del predio [permiso de uso precario mediante] se materialice con la debida Evaluación de Impacto Ambiental, no puedo sino viabilizar el pedimento y advertir que tal exigencia viene expresa y legalmente impuesta en el Anexo II punto II, ap. 2.b de la ley 11.723 (cfr. doct. esta Cámara causa A-4087-MP0 “Asociación Vecinal de Fomento Parque Luro y otros”, sent. de 22-10-2013).
Resulta poco menos que inentendible que los funcionarios municipales que intervinieran en la audiencia de fecha 22-06-2022 [en particular el Secretario de Medio Ambiente] manifiesten que “... la reserva de Parque Camet es una reserva forestal igual que el Bosque Peralta Ramos y que cada vez que se construye una casa allí (en el Bosque Peralta Ramos) no se solicita una evaluación de impacto ambiental ...” y que, por tanto, no cabría exigir a los clubes permisionarios que sometan los proyectos de intervención en el predio a procesos de Evaluación de Impacto Ambiental.
Las razones expuestas por el Municipio son inatendibles. Repárese que mal pueden confundir los funcionarios municipales el emplazamiento de centros deportivos [tal lo ocurrido con las entidades Biguá Rugby Club, Pueyrredon Rugby Club, Asociación Civil Nuevo Mar del Plata Polo Club Parque Camet, Asociación Civil Centro Hípico de General Pueyrredon, Club Unión de Mar del Plata, Asociación Civil MDQ06 Hockey y Club Atlético El Cañón] en un espacio destinado al uso público, declarado reserva forestal [y en el que se enclava un humedal] con la construcción de viviendas particulares en otro área de la ciudad como resulta ser el Bosque Peralta Ramos. Es que, como supiera definir esta Alzada en la causa “Celesia” (cit.) y en la que la propia Municipalidad de General Pueyrredon resultara condenada -razón que de por si agrava la postura sostenida por el funcionario municipal ante el Tribunal de grado- las eventuales intervenciones urbanas [v. gr. construcción de viviendas] podrían llegar a estar alcanzadas por la exigencia de EIA en aquellos casos expresamente regulados en la Ordenanza N° 21.598. Por lo que mal pudo la autoridad en materia ambiental arrojar -en el devenir de las audiencias celebradas en la causa- sin más la conclusión de que las obras particulares no se sujetan a estudios ambientales.
Por otro lado, tampoco es atendible parangonar la construcción de una “vivienda particular” con la “construcción de centros deportivos” pues estos últimos tienen un exigencia puntualmente impuesta en el Anexo II, punto II, ap. 2.b de la ley 11.723 y que no es otra que la de someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental; todo ello con el agravante de que el desarrollo de tales centros deportivos se materializa en un espacio originalmente destinado al uso público y que se encuentra sometido a un régimen especial de protección [en tanto el predio Parque Camet ostenta el carácter de patrimonio cultural y de reserva forestal]. Poca suerte merece también las restantes razones que esgrime el Tribunal de grado para justificar la inconveniencia de exigir a los permisionarios de uso del predio la materialización de los Estudios de Impacto Ambiental exigidos por la ley 11.723. Así, referir que los “costos elevados” de los mentados estudios sean en la especie una razón válida para sortear el mandato legalmente impuesto carece todo asidero. Menos aún pudo el sentenciante referir que la actividad social de los clubes [quienes cumplen, tal lo reseñado en el fallo, una función de contención y formación de los menores], en tanto traducen una asistencia actual y concreta para la infancia, pudiera justificar la decisión de la autoridad municipal de soslayar la exigencia de la Evaluación de Impacto Ambiental [ya que de exigírselos se correría el riesgo que las entidades deportivas desistan de continuar con sus tareas de asistencia social]. Contrariamente a ello, el Administrador debe actuar precautoriamente, y obtener previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado balance de riesgos y beneficios. La aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo (en el caso de centros deportivos enclavados en la reserva forestal), mediante un juicio de ponderación razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, menos aún frustrar el desarrollo de actividades positivas para la sociedad como resulta ser la que suscitan los clubes deportivos, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras.
Con todo, acierta también en esta parcela de su crítica la parte actora. La Comuna deberá en sus futuras intervenciones [sea en ocasión de otorgar nuevos permisos de uso o de renovar los existentes] exigir a los permisionarios -en los términos exigidos por la ley 11.723- materialicen el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
2.4.8. El derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones que involucren el parcelamiento del predio Parque Camet. Dicho lo anterior, vale dejar explicitado que la autoridad municipal deberá también, previo a disponer las ampliaciones y/o la entrega de nuevos permisos de uso, garantizar el derecho de participación ciudadana.
Sobre el punto, recuerdo que la cláusula del art. 42 de la Constitución Nacional -incorporada por la Convención Reformadora de 1994- reconoce la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio, traduciendo una faceta del control social que puede manifestarse de maneras distintas y cuya ponderación ha sido dejada en manos del legislador, al que corresponde prever el mecanismo que mejor asegure aquella participación en cada caso (cfr. doct. C.S.J.N. in re "Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c. Ministerio de Energía y Minería s. Amparo", sent. de 18-08-2016). Estos mecanismos o procedimientos públicos de participación, otorgan a los interesados la garantía de saber de qué se trata el asunto y de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión administrativa que puede afectar sus derechos. En suma, constituyen -de un lado- una instancia de cooperación en el proceso de toma de decisiones estatales, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquel que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión al respecto. Y del otro, ellos se relacionan con la legítima pretensión participativa de la ciudadanía por conocer e intervenir en los asuntos que conciernen al interés público. Sus antecedentes se encuentran en las llamadas “Public Hearings” o en los "Notices and Comments", que forman desde antaño parte importante de la vida institucional norteamericana. La finalidad de estos mecanismos de participación ciudadana radica en: (i) satisfacer el principio de juridicidad; (ii) otorgar a los particulares la posibilidad de involucrarse activamente en la adopción de políticas de la Administración, constituyendo el ámbito para exponer e influir con sus argumentos y, eventualmente, ofrecer y producir prueba antes de la toma de ciertas medidas estatales; (iii) fortalecer el contenido de las decisiones de las autoridades públicas, puesto que les permite obtener mayor información, de forma directa de parte de los interesados o futuros afectados por una resolución a dictar, disminuyendo el riesgo de posibles errores de hecho o de derecho y asegurando un mayor grado de reflexión previo al dictado del acto de alcance particular o general, de modo de mejorar la eficacia de sus acciones y fortalecer el consenso social con relación a la legalidad, transparencia y conveniencia de un accionar público.
En ese contexto entonces, cabe dejar explicitada la necesidad de garantir el derecho de los actores a participar en el procedimiento que se manda a materializar ante la Administración, máxime cuando tal pedimento integró, expresamente, la pretensión de los accionantes.
2.4.9. La situación del Club El Cañón.
Tal como remarcara al repasar los antecedentes normativos que nutren el asunto, mediante la Ordenanza N° 24435/19 se otorgó al Club Atlético “El Cañón”, permiso precario de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, para ser destinado a la creación de un espacio deportivo, recreativo y social para la práctica activa y fomento de la actividad deportiva.
El referido permiso fue otorgado por el término de 5 años y se pusieron en cabeza de la permisionaria diversas obligaciones que, por fuera de las generales establecidas en el Reglamento de Uso de Predios [Ordenanza N° 13.228] consisten en (i) mantener el predio en condiciones de higiene, cumplir las reglamentaciones que fije la autoridad, (ii) facilitar las instalaciones cuando sean requeridas por la Comuna, (iii) dar estricto cumplimiento al cronograma de obras y mantenimiento, previa aprobación de los mismos por parte de la autoridad (v. art. 4 de la referida Ordenanza).
La institución accionada, luego de tomar posesión del predio [v. acta de tenencia de fecha 09-01-2020] efectuó las siguientes presentaciones ante la Comuna:
- con fecha 19-02-2020: solicitando autorización para la colocación de cerco perimetral que deslinde el predio y, informando el comienzo de tareas de forestación en el sector concedido de 500 ejemplares de Mioporo.
- con fecha 02-09-2021: solicitando autorización para el inicio de las obras de infraestructura.
- con fecha 20-10-2021: solicitando autorización para la circulación en el predio de camiones con tierra para materializar la nivelación del predio.
En tal contexto, y ponderando el modo como quedara delimitado en el devenir del pleito el alcance de la pretensión articulada por los actores [en tanto plantean que no persiguen poner en crisis los actos administrativos que dispusieran la entrega del permiso precario de uso del predio], no advierto razones que permitan concluir que la conducta del codemandado Club El Cañón pudiera ser calificada como manifiestamente arbitraria e ilegítima.
Así, la ocupación del predio que ostenta el Club El Cañón lo es con apoyo en un título legítimo y ha desarrollado un plan de infraestructura respecto del cual no existe un solo elemento de prueba que permita desprender efectos negativos, degradación o afectación negativa alguna en el sector concedido. Por el contrario, las constancias existentes en autos acreditan la elaboración por parte de la entidad deportiva permisionaria de un programa de forestación y mejora del sector concedido el cual, vale agregar, se encontraba -tal lo que surge de los informes elaborados en el sub lite y de los propios dichos de los representantes del referido Club- en estado de “abandono” por parte de las autoridades municipales.
Debe quedar aclarado que lo expuesto no importa dejar al Club El Cañón -ni a las restantes entidades deportivas permisionarias- por fuera de la problemática ambiental que actualmente existe en el predio Parque Camet. Tampoco debe leerse lo expuesto como una autorización para que la autoridad municipal continúe parcelando el sector y colocando en manos de particulares un espacio que originalmente debe ser de uso público. Por el contrario, los referidos clubes deberán ajustar toda su estructura -y futuros desarrollos que intenten- al Plan de Gestión Integral del Predio Parque Camet que deberá desarrollar la Comuna accionada en los tiempos y con el alcance que a continuación expondré.
Es con ese entendimiento, entonces, que habré de proponer el rechazo de la demanda impetrada contra el Club El Cañón, por lo que -en este segmento- el recurso de la actora no habrá de prosperar.
2.4.10. A tenor de las conclusiones esbozadas precedentemente, habiendo dado debido tratamiento -cumpliendo con el principio de la apelación adhesiva [cfr. doct. esta Cámara causa C-4234-BB1 “Rutas al Sur S.A.”, sent. de 19-12-2013]- a la totalidad de los planteos blandidos por la Municipalidad de General Pueyrredon al momento de contestar la demanda, estimo que corresponde -por un lado- desestimar la demanda respecto del codemandado Club El Cañon y -por el otro- acoger, con el alcance que seguidamente explicitaré, la acción constitucional de amparo ambiental impetrada contra la Municipalidad de General Pueyrredon.
3.1. Acreditada la existencia del compromiso ambiental denunciado por los actores, habré de proponer la implementación de un mandato de condena que, siempre con el debido resguardo de las garantías constitucionales, permita encauzar el pleito y su solución con la mira puesta en salvaguardar el derecho comprometido cuyo plus de protección constitucional fuera puesto de resalto a lo largo de este voto. Así, recuerdo que el art. 32 de la Ley N° 25.675 no solo habilita a los magistrados a adoptar cualquier tipo de medida direccionada a clarificar el asunto sino a "... extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes ...".
Por otro lado, vale resaltar que el art. 14 inc. 2° de la ley 13.928 -cauce procesal por el cual se canalizara la presente acción ambientaltambién habilita al sentenciante -frente a la comprobada conducta estatal ilegítima o arbitraria-, para fijar el comportamiento público debido a fin de recomponer la situación de agravio constitucional denunciada, más allá de lo expresamente pedido por el amparista, aunque siempre dentro de los hechos que conformaron la litis y del derecho que se considera aplicable (doct. esta Cámara causa A-1363-MP0 “Trillo”, sent. de 23-09-2009).
Finalmente, fue la Corte Suprema de Justicia Federal la que ha recordado que "... le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se sometan a su conocimiento; no debe verse en ello una intromisión de la jurisdicción cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos o suplir omisiones en la medida que dichos derechos pueden estar lesionados ...” (cfr. doct. Fallos 343:1332).
Apontocado en lo dicho, no dejo de advertir que la propia Comuna [por intermedio del Subsecretario Legal y Técnico, Dr. Martinelli] manifestó, en ocasión de celebrarse la audiencia de fecha 07-07-2022, que “...comparte que podría realizarse un plan de gestión adecuado ...” del predio.
3.2. Con lo anterior en miras, he de advertir liminarmente que la complejidad de la temática aquí tratada [frente al cúmulo de afectaciones medioambientales descriptas a lo largo de este voto], demanda de la jurisdicción –en pos de garantizar el futuro cumplimiento del mandato judicial- definir con precisión los alcances de lo que habrá de exigirse a la demandada, evitando la utilización de conceptos jurídicos indeterminados que, a la postre, oscurecen la comprensión de las acciones preventivas y precautorias a ejecutar, más cuando –como ya lo ha sostenido esta Alzada- la posterior verificación sobre el real acatamiento de la condena impuesta en sentencia definitiva requiere –en estos supuestos- de un seguimiento y evaluación continua, con una mirada y perspectiva general del cumplimiento del objetivo de resguardo constitucional perseguido [cfr. doct. esta Cámara causa A-9006-DO0 “S.O.S. DISCRIMINACION INTERNACIONAL Y FUNDACION AMIGO" [sent. de 02-06-2019]. Como ejemplo orientador de lo aquí sostenido, recuerdo el proceder seguido por la Corte Suprema de Justicia Nacional en un caso de connotaciones y aristas mucho más complejas que el presente [cfr. resolución de fecha 12-04-2018 in re "Mendoza, Beatriz Silvia y otros e. Estado Nacional y otros s. daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)"] para advertir que sentencias como las emitidas en autos demandan de la judicatura una aproximación intelectiva diversa en cuanto a la ejecución del mandato jurisdiccional respecto de aquellas otras condenas cuyo objeto se agota a partir de una única acción del vencido en la contienda.
Lo dicho en el párrafo precedente deberá actuar como un faro orientador tanto para el Tribunal de grado –en la etapa de ejecución del mandato- como para los litigantes en cuanto a su actuar procesal de buena fe en el desarrollo que requiera, a futuro, el acatamiento del fallo que se propondrá al Acuerdo seguidamente.
En suma, y de modo similar a cómo resolviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 331:1622, “… el objeto decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la [parte accionada]. De tal modo, el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a cabo …” [cfr. esta Alzada causa A-8689-BB0 “Bravo”, sent. de 16-02-2023].
III. Con todo, corroborada la afectación al entorno urbano-ambiental del predio que corresponde al Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata, propongo a los colegas del Tribunal -de acuerdo a las falencias detectadas por los informes que da cuenta este voto-: A. Condenar a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON a:
[1] Elaborar y presentar ante el Tribunal de grado en el plazo improrrogable de SETENTA Y CINCO [75] días hábiles contados desde la notificación de la presente sentencia, un informe de relevamiento circunstanciado sobre el estado de conservación del Parque Camet, en el que se deberá asentar en forma expresa:
[a] cantidad y tipología de especies arbóreas existentes en el predio, su estado fitosanitario, su ubicación según croquis a elaborar al respecto;
[b] extensión territorial, ubicación en croquis y estado de conservación de los humedales que se encuentran dentro del perímetro del Parque Camet y todo lo relativo al estado de situación del Arroyo La Tapera en su vinculación con los respectivos humedales;
[c] estado del cerramiento perimetral del Parque Camet, con indicación del tipo de cerramiento existente e individualización en croquis elaborado al efecto;
[d] cantidad de hectáreas afectadas por los permisos de uso precario otorgados y vigentes a la fecha de esta sentencia e individualización en croquis sobre su ubicación dentro de los terrenos del Parque Camet;
[e] individualización de toda infraestructura de hormigón, premoldeado, madera, hierro, de cualquier tamaño, dando cuenta del estado de conservación en la que se encuentre, existente en el predio del Parque Camet que no conforme los espacios sobre los cuales se hayan otorgado permisos de uso precario;
[f] cantidad y estado de conservación y funcionamiento de luminarias en el predio del Parque;
[g] individualización en croquis elaborado al efecto de caminos interiores del Parque Camet y descripción de su estado de conservación con la correspondiente individualización del material utilizado en su construcción;
[h] identificación de los ingresos al Parque Camet, autorizados y/o clandestinos existentes a la fecha, con el correspondiente croquis en el que se plasme su ubicación;
[i] explicitación de todo otro permiso municipal que autorice la realización de actividades dentro del predio del Parque Camet, con indicación precisa del permisionario, actividad permitida, plazo de vigencia del permiso y toda otra información relevante sobre ellos; [j] periodicidad con la que se llevan a cabo corte de pastos y desmalezamientos; recolección de residuos, control y exterminación de plagas [en especial roedores]; control del estado fitosanitarios de las especies arbóreas; riego del predio y toda otra tarea de conservación y cuidado que se esté ejecutando dentro del Parque Camet y en su área perimetral.
El precedente informe, previo a su presentación al Tribunal de grado, deberá ser suscripto por el Señor Intendente Municipal y por todos los Secretarios que conforman el Gabinete de la Comuna, así como por los titulares de los entes descentralizados que posean competencias regladas en torno al Parque Camet, ello a los fines de plasmar el completo e innegable conocimiento de las máximas autoridades municipales del estado de situación del Parque Camet; [2] Ejecutar –dando cumplimiento al principio precautorio- en el plazo improrrogable de CIENTO VEINTE [120] días hábiles desde la notificación de la presente sentencia, de los siguientes trabajos prioritarios:
[a] Clausurar todo ingreso clandestino al Parque detectado al elaborar el informe previsto en el punto anterior;
[b] Poner en funcionamiento toda luminaria pública existente que no se encuentre en adecuadas condiciones de funcionamiento dentro del Parque Camet;
[c] Cercar con alambrado perimetral e iluminar, con diez metros de retiro, la obra en construcción ubicada en calle Mahatma Ghandi, entre las calles La Aurora y Las Lambercianas;
[d] Poner en funcionamiento los sanitarios públicos existentes en el Parque Camet;
[e] Implementar un servicio de guardaparques en horario diurno y un servicio de custodia de seguridad en horario nocturno;
[f] Coordinar, mediante los medios administrativos que resulten eficaces, la inmediata disposición de equipamiento para el combate y/o extinción de focos ígneos en el predio del Parque Camet.
El representante letrado del Municipio deberá acompañar al Tribunal de grado, dentro del plazo indicado, toda documentación suscripta por funcionario competente, con la cual se acredite el cumplimiento de las mandas impuestas en este punto, sin perjuicio de las facultades procesales de los integrantes del Tribunal de grado para realizar inspecciones oculares en pos de verificar el acatamiento de la sentencia.
[3]. Elaborar y presentar al Tribunal de Grado, en el plazo de CIENTO OCHENTA [180] días de notificada la presente sentencia, un Plan de Gestión Integral del Parque Camet en el cual, armonizando las pautas legalmente establecidas [a saber: Ley 25.675, ley 11.723, Ord, 374/58, Ord. N° 5383/82; Ord. N° 9717/94, Ord. N° 9784/94, Ord. N° 1863/93 anexo II, Ord. N° 15.120, Ord. N° 19.730] y demás recomendaciones establecidas en el plan estratégico Mar del Plata 2013/2030, se sienten lineamientos de trabajo coordinados, con plazos específicos para su implementación y determinación de las distintas dependencias municipales encargadas de ejecutarlos, que garanticen la adecuada conservación de la reserva forestal y paisajística.
En particular, el Plan de Gestión Integral del Parque Camet deberá prever, como mínimo y por fuera de toda otra medida que se estime pertinente a los fines de la recuperación y mantenimiento futuro del predio:
(i) el cercamiento del predio en toda su extensión en un plazo no mayor de UN [1] año desde la presentación del plan y la puesta en ejecución de medidas de control permanente en los puestos de ingreso y egreso del Parque, con la instalación de barreras, tranqueras y/o enrejados que eviten la circulación interior del predio a partir de la medianoche, por el lapso horario que fije la Comuna según las estaciones del año;
(ii) la instalación de luminarias dentro del Parque Camet y en todo su perímetro, en un plazo no mayor de DIECIOCHO [18] meses desde la presentación del plan;
(iii) la reparación de las vías de circulación, con utilización –preponderantemente- de materiales de menor impacto ambiental acorde con la naturaleza del predio, con un abordaje integral en un plazo no mayor a los TRES [3] años desde la presentación del Plan;
(iv) la demarcación de los espacios de uso público y recreación existentes y su puesta en valor en un plazo no superior a VEINTICUATRO [24] meses desde la presentación del plan;
(v) las medidas de demarcación, protección y control de la zona de humedales; los trabajos de limpieza y desmalezamiento del Arroyo La Tapera y la obligación de elaborar anualmente un informe exhaustivo del estado de los humedales existentes en el Parque Camet, con publicación de sus conclusiones en la página web del Municipio;
(vi) la reforestación, con inclusión de nuevas especies arbóreas, en una cantidad que en el plazo de CUATRO [4] años desde la presentación del plan, incremente en un VEINTICINCO POR CIENTO [25%] la cantidad de ejemplares existentes individualizados en el informe del Punto 1, así como el consecuente plan de extracción de aquellos ejemplares que amenacen riesgo y su reemplazo;
(vii) la implementación de un sistema de guardia permanente a los efectos de la prevención de actividades furtivas y de vandalismo [en particular direccionadas al control de la tala de árboles, de la extracción de leña y de la presencia focos ígneos];
(viii) la ejecución de obras que aseguren mecanismos de contrafuegos en toda la extensión perimetral del Parquet Camet; (ix) la puesta en práctica, a partir de los SEIS [6] MESES de la presentación del plan, de programas mensuales de desmalezamiento del predio y anuales de control de plagas [con los resguardos pertinentes para la vida silvestre de la fauna autóctona], así como de un programa de atención permanente [castración, vacunación, adopción responsable] de caninos y/o felinos que deambulen sin humanos responsables dentro del predio del Parque;
(x) la determinación de pautas objetivas para disponer la renovación de los permisos existentes y/o la entrega de fracciones del predio para uso de entidades privadas entre las cuales deberán incluirse la exigencia de Evaluación de Impacto Ambiental en los términos de la ley 11.723 y la implementación de esquemas que aseguren la participación ciudadana, con una meta a CINCO [5] años desde la presentación del plan, de reducción de espacio cedido por permisos de uso precario a un QUINCE POR CIENTO [15%] de su total extensión, porcentaje que habrá de mantenerse y/o podrá reducirse a futuro por decisión del Municipio aunque sin posibilidad alguna de superar ese guarismo;
(xi) la determinación de pautas objetivas para disponer la renovación de cualquier otro permiso precario de explotación de actividades de contenido económico dentro del Parque Camet, que tengan primordialmente en cuenta la esencia de Reserva Forestal del predio, eviten la utilización del predio en eventos que puedan importar su degradación y/o puesta en riesgo de su integridad;
(xii) la implementación de campañas de concientización social sobre el cuidado permanente y uso responsable del Parque Camet. Si los programas, medidas y/o obras a ejecutar conforme el Plan que se elabore, requiera de la erogación de recursos presupuestarios municipales que excedan del ejercicio anual, la Comuna deberá adoptar todos los recaudos normativos adecuados para asegurar la ejecución plurianual de partidas a tales fines.
Asimismo, y con el objetivo de dotar de instrumentos normativos que faciliten toda tarea de preservación del predio, el Municipio deberá prever la inclusión en la regulación municipal de un régimen específico de faltas municipales, que contemple toda conducta que se legisle como reprochable por atentar contra la integridad ambiental, paisajística y de uso recreativo del Parque Camet, con sus correspondientes sanciones y medidas de recomposición a cargo de los infractores.
El Plan de Gestión Integral del Parque Camet, previo a su presentación al Tribunal de grado, deberá ser suscripto por el Señor Intendente Municipal y por todos los Secretarios que conforman el Gabinete de la Comuna, así como por los titulares de los entes descentralizados que posean competencias regladas en torno al Parque Camet, ello a los fines de plasmar el completo e innegable conocimiento de las máximas autoridades municipales del compromiso asumido frente al estado de situación del Parque Camet.
El Plan de Gestión Integral del Parque Camet, una vez presentado al Tribunal de grado, deberá ser publicado en la página web del Municipio.
[4].(i). Poner en conocimiento de la parte actora, en el mes de noviembre de cada año, el estado de avance de la implementación del Plan de Gestión Integral del Parque Camet, mediante un informe detallado de los programas, medidas y/o obras ejecutadas en el período anual inmediatamente anterior a la fecha de presentación del informe, el que se acompañará a la presente causa por el representante municipal debidamente suscripto por funcionario competente y del que se correrá vista a la parte accionante.
(ii). En caso de que la actora, en el marco de buena fe procesal que debe imperar en el cumplimiento del mandato de condena, detectara un apartamiento de la autoridad municipal de aquellas pautas y/o compromisos asumidos en el Plan de Gestión Integral del Parque Camet, podrá así denunciarlo ante el Tribunal de grado, mediante escrito suficientemente fundado, el que será bilateralizado con la demandada, luego de lo cual el órgano de grado podrá recurrir a las prerrogativas procesales contempladas en los arts. 34 inciso 5 y 36 del C.P.C.C. para encauzar potenciales desvíos del objetivo trazado en el mandato jurisdiccional.
B. Rechazar el recurso de apelación de la parte actora en aquella parcela del fallo de grado en cuanto dispusiera el rechazo de la demanda impetrada contra el Club El Cañón.
C. En cuanto a la imposición de costas, propongo al Acuerdo:
1. Modificar las costas de instancia de grado en cuanto a la procedibilidad sustancial de la acción de amparo, las que deberían imponerse a la Comuna demandada por su objetiva condición de vencida (art. 274 del C.P.C.C.; 19 de la ley 13.928), corriendo la misma suerte los gastos causídicos de alzada, en tanto haber mediado contradicción en la que resultó vencida (art. 19 de la ley 13.928).
2. En torno a la parcela del recurso de apelación que se rechaza, las costas de alzada se imponen a la parte actora, por resultar vencida en contradicción por la codemandada Club El Cañón (art. 19 de la ley 13.928).
D. Atendiendo al resultado propuesto, correspondería ejercer la facultad prevista por el art. 274 del C.P.C.C. y consecuentemente fijar -a cargo de la Comuna- por los trabajos realizados ante la instancia los estipendios profesionales del Dr. Juan Pablo Molina y del Dr. Guillermo Aquiles Massa -ambos en su carácter de letrados patrocinantes de la parte accionante- en el equivalente a NUEVE (9) JUS [conf. valor establecido por la S.C.B.A. en Ac. N° 4108/23 (art. 1) $ 9.950,00, vigente al tiempo de la presente sentencia] para cada uno de ellos-, monto al que deberá adicionarse el correspondiente aporte de ley [conf. arts. 1, 10, 16, 22, y ccdtes., ley 14.967; arts. 12 y 16 de la ley 6716] e I.V.A. si correspondiere. Asimismo, corresponde dejar sin efecto los honorarios fijados en el pto. 4 de la parte resolutiva del fallo de grado a la Dra. Mariana Giovanini y al Dr. Mauro Asdrubal Martinelli -por sus intervenciones como representantes de la Comuna en la instancia- en atención a lo normado por el art. 203 del decreto ley 6769/58. Con el alcance indicado, voto a la primera cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la primera cuestión planteada también por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Ucín dijo: Adhiero al voto del señor Juez doctor Riccitelli a excepción de lo allí señalado en los apartados II.2.4.5, primer párrafo; III.A.[3](i), parte final; y en los dos párrafos posteriores al apartado II.A.[3](xii). También excluyo de mi coincidencia lo señalado en el apartado II.A.[3](x), parte final (vinculado a la meta allí establecida), sin perjuicio del fundado examen que la autoridad municipal deberá efectuar (en orden a su pertinencia, interés comprometidos, espacio público afectado, etc) ante los pedidos de nuevos permisos de uso precario en el predio.
Asimismo, mi adhesión a lo establecido en el apartado III.A.[3](vi) se ciñe, exclusivamente, a lo vinculado a un plan de reforestación con ejemplares arbóreos, con fines de mantenimiento y recuperación, y a otro de extracción de aquellos que amenacen riesgo y su reemplazo. Y, lo propio, en relación a lo consignado en el apartado III.A.[3](ix), a la puesta en práctica de programas periódicos de desmalezamiento.
Finalmente, el informe exigido en el apartado III.A.[1] del voto y el Plan de Gestión de su similar III.A.[3] deberán ser suscriptos por el señor Intendente Municipal y los titulares de los entes descentralizados que posean competencias regladas en relación al Parque Camet.
Con el referido alcance, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El Tribunal de la instancia anterior, luego de desestimar la demanda, dispuso que las costas serían impuestas en el orden causado.
2. En su memorial de fecha 23-11-2022 la Comuna se agravia de la solución propuesta por el a quo pues, tal lo que aduce, las costas de la instancia deberían recaer en cabeza de la parte accionante por su objetiva condición de vencida.
3. La parte actora replica los agravios de su contraria y peticiona se los desestime.
II. He de responder afirmativamente a la segunda cuestión planteada.
En atención al modo como ha sido votada la primera cuestión sometida a consideración de esta Alzada y la solución allí alcanzada en cuanto revoca parcialmente el fallo de grado y, con el alcance allí indicado, se propicia el acogimiento de la demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon con expresa imposición de costas en ambas instancias, no cabe sino concluir que el tratamiento del recurso intentado por el Municipio ha devenido abstracto [cfr. doct. esta Cámara causa C-8333-BB1 "Banco Patagonia S.A.", sent. de 03-09-2020]. Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas (cfr. doct. causas Ac. 82.248, sent. de 23-04-2003; Ac. 85.553, sent. de 31-03-2004, entre muchas otras), ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse a resolver el "caso" que se ha sometido a su decisión, donde el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. B. 61.703, sent. de 14-02-2000; esta Alzada causa A-11750-MP0 “Gallina”, sent. de 25-10-2022). Y es ese interés el que juzgo desaparecido en la especie a tenor de lo decidido en punto de la primera cuestión sometida a estudio de este Tribunal.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon. Las costas de alzada deberían imponerse en el orden causado, atento el modo como se resuelve (cfr. art. 19, 25 de la ley 13.928 y 68 del CPCC).
En consecuencia, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
Los señores Jueces doctor Mora y doctor Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, votan a la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar el fallo de grado en cuanto dispuso rechazar la acción de amparo ambiental interpuesta y, en consecuencia, se condena a la Municipalidad de General Pueyrredon con el alcance fijado en el apartado III.A., puntos [1], [2], [3] y [4] y sus subpuntos del voto a la primera cuestión que alcanzó adhesión unánime o mayoritaria, según los casos..
Consecuente con lo anterior, modificar las costas de instancia de grado en cuanto a la procedibilidad sustancial de la acción de amparo, las que se imponen a la Comuna demandada por su objetiva condición de vencida (art. 274 del C.P.C.C.; 19 de la ley 13.928), corriendo la misma suerte los gastos causídicos de alzada, en tanto haber mediado contradicción en la que resultó vencida (art. 19 de la ley 13.928).
2. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el segmento del fallo de grado que dispusiera el rechazo de la demanda impetrada contra el Club El Cañón. Las costas de Alzada se imponen a la parte actora, por resultar vencida en contradicción por la codemandada Club El Cañón (art. 19 de la ley 13.928).
3. Declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredón. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, atento el modo como se resuelve (cfr. arts. 25 de la ley 13.928 y 68 del CPCC).
4. Atendiendo al resultado propuesto, y por conducto de la facultad prevista por el art. 274 del C.P.C.C. se fijan -a cargo de la Comuna- por los trabajos realizados ante la instancia los estipendios profesionales del Dr. Juan Pablo Molina y del Dr. Guillermo Aquiles Massa -ambos en su carácter de letrados patrocinantes de la parte accionante- en la suma equivalente a NUEVE (9) JUS [conf. valor establecido por la S.C.B.A. en Ac. N° 4108/23 (art. 1) $ 9.950,00, vigente al tiempo de la presente sentencia] para cada uno de ellos-, monto al que deberá adicionarse el correspondiente aporte de ley [conf. arts. 1, 10, 16, 22 y ccdtes., ley 14.967; arts. 12 y 16 de la ley 6716] e I.V.A. si correspondiere. Asimismo, se dejan sin efecto los honorarios fijados en el pto. 4 de la parte resolutiva del fallo de grado a la Dra. Mariana Giovanini y al Dr. Mauro Asdrubal
JUEZ
JUEZ
AUXILIAR LETRADO CAMARA DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - MAR DEL PLATA
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2023 13:23:48 - RICCITELLI Elio Horacio -
Funcionario Firmante: 29/08/2023 13:40:17 - UCIN Diego Fernando -
Funcionario Firmante: 29/08/2023 13:58:38 - NASAROV María Laura -
Fin de la sentencia