Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-117745026-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT 04073IT14001519L, con costas al fisco.
2Confirmar la Resolución N° 8255/2015, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210- 1769-2008, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 C.A., por la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS CON 38/100 ($20.700,38).
3Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-111692976-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 7 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “MR PHARMA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2021-117745026- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si la Resolución N° 8255/2015, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12210-1769-2008, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la suma de $20.700,38 y de tributos por U$S5.009,13 con más intereses, por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. en relación al DIT 04073IT14001519L, resulta ajustada a derecho.
II. Fundamentos del recurso: En RE-2021-107977922-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución mencionada. En primer lugar, plantea la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos y para hacer efectiva la pena atento a que el hecho imponible data del año 2004 y recién en 2015, es decir 11 años después, se dictó la resolución que por este acto se apela. Asevera que se ha vulnerado su derecho de defensa al no cumplirse con el plazo razonable en el proceso. Con respecto al fondo, manifiesta que por el despacho 04073IT14001519L se importó temporalmente materia prima para el llenado de jeringas que fueron reexportadas definitivamente antes de la fecha de vencimiento y se acompañó toda la documentación que así lo acredita. Afirma que la despachante de aduanas informó que los permisos de embarque que reexportaron las mercadería en cuestión fueron los PE nros. 04073EC03011647Y y 04073EC03014895W y los CTC N° 2127, 2027 y 1972 que acreditan la relación insumo/producto. En ese sentido, menciona que por un error involuntario en el permiso N°1647Y se incluyó un despacho que no correspondía y que ya había sido descargado 3 meses antes mediante otro permiso. Entiende que es inoficioso el certificado porque se reexportó la totalidad de la mercadería importada temporalmente utilizado para la preparación biotecnológica exportada. Cita jurisprudencia. En subsidio, impugna la liquidación formulada por fundarse en resoluciones y disposiciones, a su entender, contrarias a lo estipulado en los arts. 637 y 638 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución aduanera, con costas.
III. Contestación del Fisco: En IF-2022-51405882-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado que le fuera conferido. En primer término, realiza una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Expresa que la quejosa no ha demostrado la reexportación de la mercadería importada temporalmente, por lo que se configuró la conducta punible. Menciona que el art. 970 del C.A. se materializa cuando no se cumple con las obligaciones asumidas por la firma devenida del régimen de importación temporal, afectando de esta manera la finalidad de dicho régimen. Asevera que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de Importación Temporal recae exclusivamente sobre la importadora, siendo ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido acabadamente con la totalidad de sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. En este sentido, la mercadería es considerada como importada a consumo por lo que se deben abonar los tributos. Respecto al planteo de prescripción opuesto por la actora, afirma que la acción del fisco para exigir tributos e imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado y el cómputo de la prescripción se suspendió e interrumpió, respectivamente con el dictado del auto de apertura del sumario contra la firma importadora por lo que no tiene razón de ser. Ofrece prueba, hacer reserva del caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que, con posterioridad, se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. En PV- 2022-86662910-APN-VOCXVIII#TFN se abre la causa a prueba. En PV-2023-89448283-APN- VOCXVIII#TFN se intima a la actora a librar el oficio ordenado, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a producir la prueba, el que se hace efectivo en PV-2023-139662529-APN-VOCXVIII#TFN. Con posterioridad, luce la certificación de prueba. Después se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-1769-2008 se inician con la presentación de la despachante de aduanas en representación de la firma MR PHARMA S.A., acompañando copias del DIT, CTCs, PE y documentación complementaria. A fs. 19 luce el acta de denuncia N° 146/08 contra la firma importadora del DIT 04IT14001519L por la infracción al régimen de destinación suspensiva. A fs. 22 obra la carpeta original del despacho en cuestión. A fs. 24 obra la clasificación y valoración de la mercadería. A fs. 26/28 se agregan las liquidaciones de tributos. A fs. 33, el 29/12/2010 se instruye sumario y a fs. 39/40 obran la determinación de base de multa y tributos. A fs. 37 el 16/11/2015 se corre vista de todo lo actuado a la importadora y se cita a la compañía garante. A fs. 40/50 contesta la vista la compañía aseguradora. A fs. 51 luce la cédula de notificación de la corrida de vista dirigida a la importadora con fecha 17/11/2015, quien contesta la vista a fs. 53/79. A fs. 80 se proveen las presentaciones de las partes y acto seguido, a fs. 83/86 se dicta la Resolución N° 8255/2015 apelada en autos.
VI. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos.
Que, el art. 803 del CA establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción -art. 804 del CA-.
Que, dicho plazo comenzó a correr desde 1/01/2006 toda vez que la infracción se configuró al vencimiento de la dit, -el 7/06/2005-, por lo que de no mediar causales suspensivas o interruptivas de su curso operaria el 31/12/2010.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- con la apertura del sumario del 29/12/2010.
Que, a esa fecha han transcurrido 4 años, once meses y 28 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 días-, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento a lo establecido en el art. 805, inc. a), del CA, la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario -29/12/10-“… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que se hace allí literal referencia no puede ser otra que la Resolución definitiva que se dicte en el sumario -art. 1112 del CA- cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria -y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos-Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805, inc. a), del CA- ha sido, pues, la Resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución apelada dictada el 21/12/2015. Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 29/12/10 -fecha del dictado del auto de apertura del sumario- y el 21/12/2015 -fecha del dictado de la Resolución apelada-. Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Que si bien el CA no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la Resolución dictada, el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Que tal como interpretó este Tribunal -Sala “F”- en el precedente “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante”. Que, conforme lo antes expuesto, y computando los 5 días para la notificación, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 26/12/2015. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 3 días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que el plazo referido -los 3 días- se cumplieron el 29/12/2015, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo -siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria-.
Que, el único acto que hubiera tenido tal virtualidad -en el caso “interruptiva”- habría podido ser el de la notificación a la aquí actora de la Resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806, inc. a), del CA.
Que, si bien es claro que no surge -como ya se ha mencionado- plazo alguno en el CA que imponga al Fisco el deber de notificar los actos dictados en cierto plazo, es importante considerar que dicha notificación debe ser inmediata. Lejos de eso, como se advierte del simple cómputo de plazos, transcurrieron desde el dictado de la Resolución apelada -esto es: 21/12/2015- hasta la notificación a la actora -18/10/2021 (v. cédula que se acompaña en esta instancia en RE-2021-107977922-APN- DTD#JGM)- 5 años, 9 meses y 28 días; lo que devela una inactividad por parte de la administración que perjudica e incide negativamente sobre los derechos del administrado y retrasa la posibilidad de que ejerza sus defensas debidamente.
Que el derecho no se trata de compartimentos estancos y el derecho administrativo nutre al CA de principios propios que imponen -desde ya- el deber de que el procedimiento aduanero se desarrolle en debida forma, partiendo de la juridicidad, la tutela administrativa efectiva, la buena fe y la confianza legítima, entre muchos otros.
Que procede tener presente, como explica Perrino con cita de Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: “El procedimiento administrativo no ha sido ciertamente concebido por el legislador como una carrera de obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de garantizar la legalidad y el acierto de aquélla dentro del más absoluto respeto de los derechos de los particulares”. (Perrino, Pablo E., La garantía constitucional de la defensa en el procedimiento administrativo, R. LA LEY AR/DOC/8399/2012).
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, con costas.
VII. Que, a continuación, corresponde analizar la prescripción de la multa, opuesta por la actora. Que el art. 934 del CA expresa al respecto que “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del CA establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario....”.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción respecto de la multa, también comenzó a correr el 1/01/2006- plazo del vencimiento del dit, esto es 7/06/2005-; por lo que de no mediar causales interruptivas de su curso operaría la prescripción el 31/12/2010. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario del 29/12/2010 interrumpió el plazo de la prescripción -de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a)- y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 30/12/10 y opera el 30/12/2015 -de no haber causales interruptivas de su curso-.
Que, el art. 937 inc. d) del C.A. dispone que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por “… el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera”. En virtud de lo dispuesto en dicho artículo, y teniendo en cuenta que la Resolución aduanera apelada en estos autos fue dictada con fecha 21/12/2015, el nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 22/12/2015; por lo que de no mediar ninguna otra causal de interrupción o suspensión de dicho plazo, operaría el 22/12/2020.
Que mediante el art. 17 de la ley 27.562 se dispuso la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para (...) aplicar multas (...)”. Que, en virtud de lo dispuesto por el art. 18 de la referida ley dicho plazo queda suspendido entre el 26/08/2020 al 26/08/2021.
Que, en atención a ello, desde el 22/12/2015 -léase: día siguiente al dictado de la Resolución apelada- al 26/08/2020 transcurrieron 4 años y 8 meses; y luego, se debería reiniciar el cómputo a partir del 26/08/2021, teniendo en cuenta que restaba 4 meses.
Que, en consecuencia, operaría la prescripción -de no mediar causales suspensivas y/o interruptivas de su curso- el 22/12/2021.
Que, como la Resolución apelada se notificó el 18/10/21 -esto es: dentro del plazo de cinco años-, no operó la prescripción de la acción del fisco para exigir la multa.
VIII. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar la procedencia de la multa por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
Que el artículo mencionado se aplica cuando no se cumplen las obligaciones asumidas al acogerse a los regímenes de importación o exportación temporal e impone una multa de 1 a 5 veces los tributos que gravan la mercadería, o el 30% de su valor en aduana si esta no está gravada o prohibida. Que no se encuentra discutido en autos que, mediante el DIT 04073IT14001519L se importaron el 7/06/2004 por el ítem 1 25 Miligramos de interferon Beta (PA 3002.10.36.000); item 2 2 Gramos de FILGRASTIM RHG-CSF (PA 3002.10.29.900) e ítem 3 197,75 Miligramos ERITROGEM RHU-EPO (PA 2937.19.90.000) para su utilización en el llenado de jeringas, mercadería que sería reexportada. Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora - única apelante- y/o en su caso de la aseguradora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial. Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
IX. Que la actora afirma que la mercadería importada temporalmente fue reexportada en su totalidad, mediante los permisos de embarque nros. 04073EC03014895W y 04073EC03011647Y pero que, por un error involuntario de la despachante de aduanas en el permiso nro. 1647Y tipeó un número de DIT que no correspondía aunque la descarga que hace referencia es correcta.
Ahora bien, la Aduana formula la denuncia a la firma importadora ante la falta de regularización de la mercadería importada por el DIT 1519L considerando que: con respecto al item1 no se encuentra declarada la mercadería en el detalle del permiso de embarque; del ítem 2 restaban regularizar 0,09 Gramos y del ítem 3 se encontrarían en infracción 4,96 Miligramos.
X. Que del análisis de los permisos de embarque mencionados en el considerando anterior cabe señalar que si bien en cada uno de ellos obra la hoja complementaria que detalla la mercadería importada y los nros de CTC involucrados, le asiste razón a la aduana en que se descargó la mercadería del ítem 1 como mercadería perteneciente a otra importación temporal, lo que no permite determinar la cantidad de insumos utilizados.
Que, asimismo, con respecto a los item 2 y 3 la actora no aporta elementos en instancia aduanera, ni tampo ante esta instancia, que permitan desvirtuar los hechos denunciados, por lo que corresponde tener por configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A y confirmar la multa que se le impone a la aquí actora.
XI. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT 04073IT14001519L, con costas al fisco.
2. Confirmar la Resolución N° 8255/2015, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210- 1769-2008, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 C.A., por la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS CON 38/100 ($20.700,38).
3. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M Gonzalez Palazzo dijo:
El vocal preopinante, Dr: Horacio Joaquín Segura, sostiene que la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos comienza a computarse nuevamente a partir del mero dictado de la resolución aduanera, aun prescindiendo de su notificación al administrado. No comparto tal criterio, que se ha reiterado en no pocos casos sustancialmente análogos al presente.
El caso bajo examen se encuentra regido por el marco normativo vigente con anterioridad al decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Pretender que el nuevo plazo prescriptivo se inicie con el mero dictado de la resolución importaría atribuir al legislador una previsión que jamás introdujo en el Régimen 70/23 vino a establecer expresamente la obligatoriedad de la notificación de la resolución como presupuesto de eficacia, reforzando la idea de que no existió imprevisión normativa, sino que siempre se entendió que el acto deviene ejecutable recién desde la notificación. Por ende, la suspensión de la prescripción prevista en el art. 803 del Código Aduanero se mantiene hasta que la resolución pueda ser ejecutada, lo que solo ocurre con su notificación al administrado.
La jurisprudencia nacional refuerza esta conclusión. El Plenario "Hughes Tool Company" (CNCAF, 22/12/1965) resolvió que, tratándose de prescripción en materia de sanciones, las normas que disponen la suspensión e interrupción de los plazos deben aplicarse con estricto apego a la ley, por cuanto constituyen un límite a la potestad punitiva del Estado. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en "Wonderland Entertainment S.A. c/ EN - DGA s/ recurso de apelación" (Fallos: 342:917, 2/07/2019), reafirmó que los efectos suspensivos e interruptivos en materia de prescripción de la acción fiscal deben ser interpretados en forma estricta y restrictiva. Allí, al analizar la interrupción de la prescripción para exigir tributos, el Máximo Tribunal puso de relieve que se trata de una garantía de seguridad jurídica en favor del contribuyente, que no puede ser debilitada mediante interpretaciones extensivas o analógicas. En igual línea, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha sostenido reiteradamente que la prescripción debe ser aplicada con criterio estricto: "Shell C.A.P.S.A. c/ DGI" (Sala IV, 12/06/2003), donde se resaltó la finalidad de asegurar certeza en las relaciones jurídicas; "Molinos Río de la Plata S.A. c/ DGA" (Sala V, 04/09/2007), donde se afirmó que la prescripción limita el poder estatal y debe ser interpretada en forma restrictiva; y "Harriet y Donnelly S.A. c/ DGI" (Sala III, 28/08/2012), donde se reafirmó que la prescripción opera como garantía de seguridad jurídica.
Estos precedentes —uno en materia sancionatoria ("Hughes Tool") y otro en materia tributaria ("Wonderland") — confluyen en un mismo principio rector: la prescripción constituye un límite temporal al poder estatal, y su interpretación debe ser restrictiva en resguardo de la seguridad jurídica y de la garantía de defensa. A la luz de tales lineamientos, no resulta jurídicamente sostenible la tesis del Dr. Segura que pretende iniciar un nuevo cómputo de la prescripción desde el mero dictado de la resolución aduanera, prescindiendo de su notificación. Tal criterio importaría, en los hechos, prolongar indebidamente la potestad del Fisco, en abierta contradicción con el principio de interpretación restrictiva consagrado por la CNCAF y la CSJN.
Aun cuando aquí se advierte una dilación sustancial en la tramitación, no corresponde fundar la solución en la CADH. Ello porque la firma se encontraba debidamente impuesta de la existencia del procedimiento, habiendo sido notificada oportunamente de la corrida de vista prevista en el art. 1101 del Código Aduanero. Por ende, no se configuró desconocimiento absoluto ni indefensión que justifique la aplicación directa del estándar convencional.
Por lo expuesto, voto por RECHAZAR la tesis prescriptiva del Dr. Horacio Segura, aclarando que no me adentro en el tratamiento de la cuestión de fondo (que visto la suerte de la pretensión sancionatoria implicaría evaluar el alcance de la responsabilidad de la importadora y su respectiva lıquidación) tanto porque la jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ha desestimado en gran medida planteos de esta índole, como en razón de la elevada carga de tareas de esta Vocalía, todo lo cual desaconseja un dispendio jurisdiccional innecesario. Así lo voto.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT 04073IT14001519L, con costas al fisco.
2. Confirmar la Resolución N° 8255/2015, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210- 1769-2008, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 970 C.A., por la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS CON 38/100 ($20.700,38).
3. Imponer las costas respecto del punto anterior a la actora.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.10.07 14:22:22 ART Date: 2025.10.07 14:49:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.07 15:47:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.07 15:48:17 -03:00
Fin de la sentencia