Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2.031/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Establecer la competencia de los juzgados de primera instancia con asiento en la ciudad de Río Gallegos para conocer en los presentes, debiendo remitir los actuados a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia de este Alto Cuerpo, para que determine, por medio de sorteo, el Juzgado de Primera Instancia que por turno corresponda, a cuyo fin ofíciese.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2.031/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.202.-
Actor: MRAZEK LINDA Demandado: SANTA CRUZ PROVINCIA DE Objeto: S/ AMPARO LEY 16986 Fecha: 26-05-16 Texto: TOMO XXVII- INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3202 FOLIO Nº 5277/5278 PROT. ELECT. TSS1 044 I.161
Río Gallegos, 26 de mayo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “MRAZEK, LINDA C/ SANTA CRUZ, PROVINCIA DE S/ AMPARO LEY 16986", Expte. Nº FCR 12362/14, (M-2031/15-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que la Dra. Linda Mrazek promueve acción de amparo, por derecho propio e invocando la representación del colectivo de aspirantes extranjeros a ingresar al Poder Judicial, contra el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz. Solicita que se ordene a este Tribunal no requerirle a ella ni a ningún extranjero la nacionalidad argentina como requisito para incorporarse al Poder Judicial y que se declare la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley 18.575 y del artículo 2 inciso I. a) del Reglamento para el Ingreso de Personal Administrativo del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz (conf. fs. 17). Como medida cautelar pide que se mantenga la vigencia de su inscripción y la de todos los aspirantes extranjeros para el llamado a concurso abierto de oposición y antecedentes para el ingreso al Poder Judicial (conf. fs. cit.).- El amparo se interpuso ante el Juzgado Federal local, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de los trámites de rigor, declaró su incompetencia para entender en el sub lite y remitió los presentes actuados para que este Alto Cuerpo decida el tribunal competente, de acuerdo a las normas locales de aplicación (conf. fs. 52). El Cimero Tribunal Nacional justificó su decisión invocando lo resuelto en autos "Lavados Bello, Iris Doemi y otra s/ Chubut, Provincia del" (Fallos: 331:2777), en el cual entendió, en una cuestión sustancialmente análoga a la presente, que debía conocer la justicia ordinaria y por lo tanto la causa era ajena a su competencia originaria (conf. fs. cit).-
II. Que corresponde, entonces, determinar cuál es el tribunal provincial que deberá entender en los presentes actuados.-
Al ingresar en el análisis del caso sub examine se advierte que por medio del amparo se pretende impugnar, en última instancia, decisiones que habría tomado este Tribunal Superior de Justicia relativas a los requisitos que deben cumplimentar los aspirantes a ingresar al Poder Judicial local. Esta cuestión queda comprendida dentro de las atribuciones de superintendencia de este Tribunal, sobre las mismas se ha afirmado que: "...el fundamento doctrinario de tal concepto [superintendencia] 'se encuentra en la potestad reglamentaria del ejercicio de la función pública (Bielsa) y que la superintendencia judicial tiene por objeto dictar medidas administrativas, reglamentar las obligaciones, deberes y derechos de los auxiliares de la justicia, reglamentar las leyes procesales que deban aplicarse en los juicios con excepción de aquellas que deban constitucionalmente ser reglamentadas por ley, y colaborar eventualmente en la sanción de nuevas leyes y modificación de las existentes...' (VILLEGAS BASAVILBASO, Florencio, Superintendencia judicial, Tomo I-A-Ed.
Piatti, Buenos Aires, 1956, p. 7.) ...podemos afirmar que se trata de incumbencias materialmente 'administrativas', que la Corte Federal instrumenta mediante actos administrativos de alcance general o particular." (cfr. Hockl, María Cecilia, y DUARTE, David, Competencias y Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 2006, pág. 575). Estas expresiones son trasladables al régimen institucional del Poder Judicial de Santa Cruz.- En la esfera provincial la asignación de competencia respecto del amparo lo determina el artículo 1 de la Ley 1.117, el que dispone que este tipo de acciones deben interponerse ante cualquier Juez de primera instancia. En este caso corresponde que sea un Juez con competencia en la ciudad de Río Gallegos, ya que es en esta ciudad Capital donde eventualmente se debería cumplimentar con lo solicitado por la amparista (conf. art. 5 inc. 3° CPCC, aplicable por analogía - art. 2 CCyC -).
Lugar que coincide además con el domicilio de las partes y donde se habría exteriorizado la conducta pretendidamente inconstitucional.- Se observa en el sub lite que la amparista ataca decisiones que habría tomado este Alto Tribunal en ejercicio de funciones materialmente administrativa y que, por principio, corresponde que las mismas puedan ser susceptibles de revisión judicial. A esta conclusión ha arribado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ciertos supuestos y, en consecuencia, ha admitido la revisión de jueces inferiores respecto de sus decisiones de carácter típicamente administrativas. Al respecto sostuvo que: "...la formulación sostenida por el Estado Nacional de que la demanda al someter un acto administrativo dictado por esta Corte a la revisión de los jueces inferiores de la Nación introduce una cuestión inmune a todo control judicial, no hace pie en la doctrina que resulta de los precedentes del Tribunal que para supuestos como el ventilado en el sub lite ha admitido una estándar de sentido opuesto al indicado, con arreglo al cual los actos emanados de este cuerpo en ejercicio de las funciones típicamente administrativas que le reconoce la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias, están sometidas al control de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Nación, con igual alcance al que lo están los actos de naturaleza análoga llevados a cabo por los otros departamentos del gobierno federal (Fallos: 308:666 y sus citas; 308:2026; 311:59; 313:336; 313:427; 315:1059; 316:1551; 320:300; 326:4076 y 329:304, entre muchos otros)" (cfr. fallos 331:536).
Estas afirmaciones son aplicables al caso sub examine.- Entonces, corresponde establecer la competencia de los juzgados de primera instancia con asiento en la ciudad de Río Gallegos para conocer en los presentes debiendo remitir los actuados a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para que por intermedio de sorteo, determine el Juzgado que en definitiva entenderá en el sub lite.- Que, por lo antedicho y en función de lo dispuesto en artículo 1° de la Ley 1.777, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Establecer la competencia de los juzgados de primera instancia con asiento en la ciudad de Río Gallegos para conocer en los presentes, debiendo remitir los actuados a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia de este Alto Cuerpo, para que determine, por medio de sorteo, el Juzgado de Primera Instancia que por turno corresponda, a cuyo fin ofíciese.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1044I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.202.-
Folio N°: 5.277/5278.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia