Abriendo la norma
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-12824091-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 5 de Febrero de 2025 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación); para resolver el expte. 40.987-I, caratulado “MSE S.R.L. s/ apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 38/49 se interpuso recurso de apelación contra la Res. 114/2014, que determinó una reducción en el saldo a favor del contribuyente en el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos fiscales 5/2009 a 12/2010 y, contra la Res. 115/14, que determinó el impuesto a las ganancias (en adelante IG) de los ejercicios fiscales 2009 y 2010, e intimó su pago con más los intereses correspondientes. En este último caso, además aplicó una multa graduada en tres veces el impuesto defraudado por el ejercicio 2009 y difirió la correspondiente al ejercicio 2010 -cfrme. arts. 46 y 47 inc. b, ley 11.683 y art. 20, ley 24.769 entonces vigente-.
La recurrente puso en conocimiento que la actividad agrícola para la que fue creada MSE exigió la adquisición de maquinaria (tractores, arados, sembradoras, cosechadoras); para lo cual fue imprescindible contar con capital importante, habida cuenta de los significativos valores de esas maquinarias: esas adquisiciones, obviamente se encuentran debidamente respaldadas por los comprobantes pertinentes, reflejados en los balances de la firma.
Recordó que el error en el crédito fiscal del IVA impugnado, fue rectificado en el ejercicio 2012, por lo que este hecho no sólo carece de entidad para determinar cualquier ajuste, sino que acredita que tanto la inspección como el juez administrativo solamente procuraron determinar alguna diferencia, más allá que la misma sea totalmente infundada.
Señaló que las resoluciones apeladas no precisaron en qué presunción se basaron para construir la impugnación del pasivo que AFIP consideró como incremento patrimonial no justificado por supuesta omisión de ventas.
Resaltó lo absurdo de la pretensión fiscal para el ejercicio 2009, al suponer ingresos por encima del promedio de la zona y partiendo de un capital propio muy escaso para, con ello, justificar que los fondos para las adquisiciones tuvieron que ser provistos por terceros.
Asimismo, lo consideró ridículo para el ejercicio 2010, puesto que para ello la facturación debió haber sido más de cuatro veces superior a la registrada y declarada, habiéndose tenido que obtener una productividad milagrosa.
A los efectos de justificar el origen de los fondos para construir el capital en la distribución de dividendos, detalló que, del resultado del ejercicio 2009 -luego del IG-, quedó un remanente de $ 274.861,02 que los socios acordaron distribuir: como incremento de capital $ 5.000, reserva legal $ 3.750 y distribución de utilidades $ 259.000; siendo $ 233.100 para el socio Marcelo Agustín Martínez y $ 25.900 para la socia María Inés Martínez.
La actora manifestó que los préstamos quedaron probados por la realidad económica, además de la documental (libro de acta de socios, cartas documento de confirmación de los saldos de créditos de los procesos de auditoria de cada cierre de ejercicio) y, en particular, por las DDJJ personales de cada uno de los facilitadores de tales los fondos. Destacó que la pericia rendida explicó detalladamente la completa coincidencia entre las circularizaciones efectuadas (cartas documento acompañadas como prueba) y los saldos registrados como debidos en cada estado contable, por lo que –contrariamente a lo afirmado por el fisco- se trató de instrumentos con fecha cierta, respecto de los cuales si no hubiese coincidencia, el acreedor hubiese manifestado su disconformidad, además de que tales acreencias fueron debidamente declaradas ante la AFIP por tales acreedores.
Con relación a los gastos y servicios pagados, a pesar de que el fisco puntualizó que MSE no acreditó la realización de los mismos, lo cierto es que no identificó al proveedor de que se trata, ni tampoco los montos y fechas a que corresponden Planteó que la Res. 114/2014 referida al IVA, no determinó monto alguno, esto es, no se conoce el monto que utilizó el fisco para disminuir los saldos a favor, ni cómo lo calculó. Según la actora, tal indefinición configura una flagrante violación al debido proceso adjetivo que vulneró su derecho de defensa, por lo que esa resolución acumula una razón más para ser revocada y con especial imposición de costas por su evidente y notoria nulidad sustancial.
Puntualizó que todas las dudas que exponen las resoluciones sobre la documentación que respalda lo actuado y registrado por MSE, fueron debidamente tratadas y dilucidadas por el informe pericial contable al que se remite por razones de brevedad y debe considerarse parte integrante de la apelación. Destacó que se la colocó en estado de indefensión por la negativa del juez administrativo a considerar dicha pericia. Hizo hincapié en que a diferencia de lo manifestado por el fisco, sí aportó documental, pero que no se impugnaron los balances recibidos, ni los comprobantes en que éstos se fundaron.
Aclaró que recién pudo transcribir las actas con la rubricación de sus libros en 2011, lo que no quita validez en absoluto a lo actuado, resuelto y debidamente registrado. Aseveró que los balances fueron aprobados por los socios, lo mismo que las distribuciones de resultados. Tales balances fueron certificados por contador y legalizados ante el Colegio profesional respectivo.
Reiteró que la AFIP no respetó el procedimiento del art. 16 de la ley 11.683 que es condición de validez de cualquier resolución determinativa.
Detalló que el incumplimiento de ciertas formalidades en la operatoria de la firma debe ser visto en el contexto de una empresa con objetivos claramente productivos pero con serios limitantes financieros, que desarrolló sus actividades a más de 175 km. del centro administrativo más cercano. Destacó que esta realidad económica exige minimizar costos y gastos, a fin de mantener las fuentes de trabajo y de ingresos. Explicó que esto es lo que hizo MSE, que ante la imposibilidad de recurrir al financiamiento bancario, se financió con utilidades que correspondían a sus socios, para continuar con el giro empresario, como acreditan los contratos de mutuo.
Indicó que en las resoluciones apeladas no se expresó fundamento jurídico-tributario alguno para las pretensiones fiscales, habiéndose ignorado las contestaciones de vista y la prueba aportada, en particular la pericial contable.
Con relación a la multa impuesta, sostuvo que no corresponde su aplicación si no se expone una sólida fundamentación al respecto, máxime cuando la sanción implica atribuir dolo o fraude.
Citó jurisprudencia en apoyo de su postura, no ofreció prueba ante esta instancia y peticionó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 63/75vta. se presentó el fisco nacional y contestó el traslado de los recursos, acompañando los antecedentes administrativos de la causa (en adelante aa). Solicitó que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 81 se elevaron los autos a consideración de la Sala “C” y a fs. 85 se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que primeramente quiero señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que por una razón de lógica precedencia corresponde me expida en relación al agravio de nulidad articulado por la actora, por considerar que no se respetaron las pautas del art. 16 de la 11.683 y, en particular, que la Res. 114/2014 no detalló el monto impugnado; que ambas resoluciones adolecen de fundamentos y no detallan las normas que las sustentan, no habiéndose considerado la prueba ofrecida; toda vez que dichos agravios, de ser acogidos favorablemente, derivarían en la nulidad de la resolución recurrida.
Al respecto, tal como lo tiene dicho nuestro más Alto Tribunal, en la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Debe recordarse que la causa del acto administrativo comprende los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso llevan a su dictado, es decir, que este elemento se presenta como la constatación o apreciación de un hecho, mientras que la motivación se refiere a la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo, y en especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su dictado. Su exigencia está fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, toda vez que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justificaron emitirlo.
En este sentido, no se observa una violación al derecho de defensa de la actora, ya tanto los cargos como los argumentos y montos, no sólo que surgen detallados en la Res. 114/2014 (v. fs. 9/9vta.), sino que también surge de la misma la remisión a las fojas de los aa (v. fs. 136 y 151/158, Cpo. IVA, aa) donde se encuentra el detalle de los ajustes efectuados, no advirtiéndose cuál es el agravio de la actora. Además se han citado las normas sobre las que se fundan los ajustes practicados.
Por su parte, es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida en sede administrativa, puede ser nuevamente ofrecida ante esta instancia, lo que no ocurrió en la presente causa. En efecto, la recurrente tuvo ocasión de volver a proponer ante este Tribunal las medidas que estimaba conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, por lo que no se advierte en qué medida la actora vio afectada la garantía del debido proceso adjetivo, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. Además, el informe pericial de fecha 15/11/2013 acompañado por la actora en la instancia anterior, fue considerado en forma expresa por el fisco al fundar las resoluciones apeladas, exponiendo las razones por las que entendió que las pruebas aportadas no resultaban fehacientes y, como ya se expuso, la actora tuvo oportunidad de ofrecerlas nuevamente en sede de este Tribunal, y no lo hizo.
Al respecto, la Corte tiene dicho que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52, 267:393, entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249, entre otros).
Del análisis de los actos recurridos, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contienen los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al contribuyente conocer acabadamente la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no observándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa, resultando que el planteo de la actora sólo se basó en una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra la decisión relativa al fondo del asunto, pero que no afecta la validez de los actos, por lo que corresponde rechazar el agravio de nulidad.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683 sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
VI. Que del informe final de inspección (en adelante IFI) y de los aa, como así también de las resoluciones apeladas, surge que la actora se encuentra inscripta la actividad de “Cultivo de cereales, trigo, soja, maíz, girasol, sorgo y ganadería por método de cría” (v. fs. 151/158, Cpo. IVA, aa).
Se trata de una explotación realizada por una S.R.L. y según el contrato social del 20/11/2006, la firma estaba compuesta por los hermanos Marcelo Agustín Martínez con el 90% del capital y María Inés Martínez con el 10% del capital. El grupo familiar, Mario Agustín Martínez (padre), Marcelo Agustín Martínez (hijo), María Inés Martínez (hija), María José Martínez Preaud (hija) y María Adela Tello, integran otra firma denominada “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías S.A.”
La fiscalización se originó en el excesivo nivel de gastos por actualizaciones de préstamos o diferencia de cotización de préstamos y, la adquisición de un auto de alta gama de los cuales la sociedad actora se tomó el 100% de amortizaciones, como así también crédito fiscal en exceso por la compra del mismo. Tras reiteradas visitas y notificaciones efectuadas por el fisco, la actora no aportó los libros Diario, ni de Inventario y Balances legalmente habilitados, ni Libro de reuniones o Asambleas de Socios. Sólo aportó 12 hojas móviles no numeradas con impresiones al dorso, como un "supuesto" libro Diario, con firma de la socia-gerente en hoja 1 y estados contables (en adelante EECC) por los ejercicios 2009 y 2010 (v. fs. 29/59, 71/82, 84/85, 166, Cpo. IG, aa).
Analizados los EECC, la fiscalización detectó en el pasivo declarado en el período 2009, la exposición de préstamos por $ 750.000, de los socios Marcelo, María Inés y María José, todos de apellido Martínez, que fueron otorgados en ejercicios anteriores, que en el período analizado originaron una actualización de $ 102.628,64; expuesto como diferencia de cotización en el cuadro de gastos financieros. El fisco requirió el aporte de los contratos de mutuo que probarían dichos pasivos con sus correspondientes actualizaciones, pero no fueron aportados por la actora.
Para el período 2010, tras el análisis de los comprobantes de gastos, el fisco observó servicios de siembra de Adela María Tello por $ 44.700, quien manifestó por Multinota que jamás prestó servicio alguno a ninguna de las 3 empresas del grupo familiar, no visualizándose en su ddjj del impuesto sobre los bienes personales, la tenencia de maquinarias agrícolas susceptibles de alquiler (v. fs. 139/140, Cpo. IG, aa), procediéndose a la impugnación del gasto.
El fisco también impugnó el excedente de gastos en concepto de amortización, por la compra de un rodado Audi Q5, cuya amortización se dedujo en un 100% y el crédito fiscal computado en exceso por la compra del mismo (v. fs. 69/70 y 138, Cpo. IG, aa).
Por último, el ente fiscal observó que la socia María Inés Martínez otorgó en préstamo a la sociedad, la suma de $ 484.348 cuyo origen, según manifestó mediante Multinota, proviene de fondos que fueron puestos a disposición de los socios por devolución de créditos o por distribución de utilidades adeudadas, que no fueron retirados y se volvieron a prestar. También el socio Marcelo Martínez prestó a la sociedad un monto de $ 443.915,36 con cláusula de ajuste según índice de variación del precio de la soja, generando por ello un gasto en concepto de actualización de créditos de $ 923.000,85 (v. fs. 159/161 y 171, Cpo. IG, aa).
Requeridos por el fisco el/los contrato/s de mutuo que respalden dicha operatoria, sólo se indicó que los mutuos no fueron confeccionados ante escribano (v. fs. 171, Cpo. IG, aa) y que los préstamos otorgados por Marcelo Agustín Martínez y María Inés Martínez provenían de la distribución de utilidades que no fueron retiradas, ya que fueron prestadas a la sociedad para cancelar facturas de proveedores. La actora aportó copia de los contratos de mutuo celebrados, uno entre María Inés Martínez y MSE SRL y entre Marcelo Agustín Martínez y MSE SRL, ambos suscriptos el 5/1/2012, con firmas certificadas. Al visitar al estudio contable de la actora, se informó que otra forma de corroborar los pasivos de la empresa era enviarles un telegrama-carta documento (en adelante CD) a los acreedores informándoles el saldo deudor que la sociedad mantenía con ellos, el que, al no ser rechazado, era tomado como instrumento válido y definitivo de ese pasivo. El fisco advirtió que los importes detallados en dichos telegramas tampoco coincidían con los montos consignados en las notas de los EECC, ni las hojas de trabajo aportadas (v. fs. 294/295, Cpo. IVA, aa).
La fiscalización no pudo otorgar verosimilitud a dicho pasivo, al no aportar el libro de actas de reuniones de socios para corroborar las decisiones de distribución y puesta a disposición de las utilidades, ni aportar el libro Diario legalmente habilitado, ni los contratos de mutuo correspondientes. Sólo se aportaron hojas de trabajo en las que los montos exteriorizados en el pasivo no coincidían en forma exacta. El fisco no pudo tener por acreditado lo expuesto por la actora con el aporte de copias de resúmenes bancarios de la empresa o de algún socio, o resúmenes de cuenta de corredores de cereales, donde se observan importes de compras de dólares o depósitos bancarios o transferencias de períodos anteriores, ya que los montos involucrados pudieron ser utilizados indistintamente para distribuir utilidades, hacer préstamos, generando un incremento innecesario del pasivo, con sus correspondientes gastos en concepto de actualización.
De este modo, la fiscalización ajustó en el IVA el crédito fiscal y amortizaciones tomadas en exceso por la compra de un Audi Q5. Por su parte, en el IG, impugnó gastos que no cuentan con la debida documentación respaldatoria y –en ambos tributos- consideró no justificado el pasivo, y por ende, como un incremento patrimonial no justificado resultado de ventas omitidas en el IVA y ganancia neta en el IG (cfrme. inc. “f”, art. 18, ley 11.683).
VII. Que entrando al análisis del fondo del asunto, se analizarán por separado los ajustes troncales de las resoluciones apeladas.
VII.1. Ajustes en el IVA y en el IG relativos a la anulación de crédito fiscal y amortizaciones tomadas en exceso, por la compra de un rodado, y el relativo a la impugnación del crédito fiscal y deducción del gasto, respecto de los servicios supuestamente prestados por la Sra. Tello (fc. tipo C, N°s. 1, 2 y 6 por $ 8.000, $ 10.000 y $ 26.700, respectivamente):
Al respecto, debo señalar que el art. 80 de la LIG, vigente al momento de los hechos, disponía que “…los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina”. Por su parte, el fisco también aplicó el art. 84 de dicho cuerpo legal, vigente al momento de los hechos, que disponía que para calcular la amortización impositiva anual para compensar el desgaste de bienes –excepto inmuebles- empleados por el contribuyente para producir ganancias gravada, se admitía deducir la suma que resulte de acuerdo con lo dispuesto por los incs. 1 y 2.
Por otro lado, el último párrafo del art. 12 de la ley del IVA (t.o. en 1997 y sus modif.), establece que: "…en todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...". En relación a ello, la CSJN tiene dicho que: “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (Fallos 338:169, considerando 9°).
Hecha la referencia normativa, debo recordar que en esta instancia resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN, que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido, si bien este Tribunal -cfrme. art. 164, ley 11.683- tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal.
Con relación al ajuste relativo al rodado, lo encuentro ajustado a derecho por resultar claramente excesiva la amortización computada por la actora conforme el art. 84 de la ley del gravamen -vigente al momento de los hechos-. Asimismo, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 12 de la LIVA, resultó correcto el ajuste del crédito fiscal computado en exceso; toda vez que, si bien la actora argumentó que el error fue rectificado en el ejercicio 2012, no acompañó prueba alguna que demuestre sus dichos, por lo que cabe confirmar ambos ajustes.
Por otro lado, la actora no aportó documentación relevante que permita tener por acreditados los servicios presuntamente prestados por Adela María Tello, siendo que ello resultaba medular, ya que la Sra. Tello negó haber prestado tales servicios a la actora, o a alguna de las firmas pertenecientes a la familia Martínez. Además, de su ddjj del ISBP no surgen maquinarias posibles de alquilar.
Así, correspondía a la recurrente acreditar fehacientemente que las operaciones fueron efectivamente realizadas y con esta proveedora, perfectamente individualizada en los aa y en las resoluciones apeladas, única situación que le permitía deducir el gasto correspondiente en el IG y computarse el crédito fiscal en el IVA.
VII.2. Con relación al ajuste relativo al incremento patrimonial no justificado (cfrme art. 18, inc. “f” de la ley 11.683) y a fin de contestar los puntuales agravios de la actora respecto del método empleado por el fisco para determinar los gravámenes de autos, cabe puntualizar que a los fines de seguir el procedimiento de determinación de oficio, el fisco puede utilizar dos modalidades: practicarla sobre base cierta o en forma directa, o bien, sobre base presunta o por estimación.
En este sentido, la ley 11.683 fija un orden de prelación cronológico, pues sólo puede recurrirse a la determinación sobre base presunta en los supuestos en que no disponga de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que origina la obligación tributaria, tanto en cuanto a su existencia como respecto de su significación económica (vgr. inexistencia de registros contables, o cuando los mismos presentan notorias deficiencias, documentación inexistente o no fehaciente, etc.), tornando imposible su apreciación inmediata. Ello así, en estos supuestos, al fisco sólo se le permite presumir la existencia y magnitud de la obligación tributaria cuando le resulte imposible hacerlo sobre base cierta y precisa. En suma, la administración debe agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo, para recién –frente a los supuestos antes enunciados- recurrir al método indiciario/presuntivo, expuesto como subsidiario del anterior.
De los antecedentes administrativos de la causa que fueron relatados en el considerando anterior, se desprende que el fisco dio acabado sustento al mecanismo presuntivo utilizado para practicar la determinación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 11.683, al detectar inconsistencias en los pasivos que la actora declaró, llevándolo a presumir un incremento patrimonial no justificado, con más el 10% de renta dispuesta o consumida, habiendo tenido la actora la posibilidad de acompañar, en esta instancia, la prueba conducente que haga a su derecho, para desvirtuar los dichos de la Administración, ya que dicha presunción resulta iuris tantum.
En cuanto a los contratos exhibidos, como bien lo reconoció la propia recurrente, los mismos no poseían fecha cierta (v. fs. 147/150 cpo. IG, aa), pero además, al relacionarlos con los movimientos bancarios, CDs y actas aportadas, tampoco permiten tener por configurados los préstamos invocados. Se aclara que los mutuos presentados y celebrados el 5/1/2012 no corresponden a los períodos discutidos en autos. Ante este escenario, la recurrente no ofreció prueba alguna ante este Tribunal, y si bien surge de fs. 67 del Cuerpo 1 del IG de los aa que el Sr. Mario Agustín Martínez denunció que le fueron sustraídos comprobantes de gastos y contratos de MSE S.R.L. y de Establecimientos Las Tres Marías S.A.; aun así, observo que con relación a los libros sociales, de los aa no surge rúbrica del libro de Inventarios y Balances y la única información es la que surge de los EECC de los ejercicios 2009 y 2010, con la correspondiente certificación de firma -por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia. del Chaco-. Del libro Diario, 11 fojas no poseen su correspondiente rúbrica. En cuanto al libro de reunión de socios, si bien se aportaron actas desde el 5/4/2007 al 3/2/2011, la rúbrica acompañada es posterior (18/08/2011) (v. fs. 69/99 y 311/321, Cpo. IVA y fs. 71/82, Cpo. IG, aa).
En este sentido, debe recordarse que tanto el Código de Comercio -vigente al momento de los hechos y actualmente los arts. 320 y ss. del CCCN- como la LSC disponen que toda sociedad, legalmente constituida, debe contar con los libros obligatorios y llevarlos en legal forma. Asimismo, establece que los balances y la distribución de utilidades deben ser aprobadas por los órganos de gobierno de la sociedad. Todo ello resulta de vital importancia a los efectos de dar fe sobre su contenido, cuestión que no ocurrió en autos, puesto que la rúbrica del libro de reunión de socios resultó tardía o inexistente -o por lo menos no acompañada- para los libros Diario e Inventarios y Balances. Tampoco resulta relevante el hecho de que los EECC se encuentren certificados ante el consejo profesional correspondiente, ya que ello confirma la inscripción del profesional firmante, pero no su contenido.
En esta línea, las CD enviadas a los acreedores tampoco resultan, por sí mismas, aptas para probar los préstamos, máxime cuando la recurrente pretende que se interprete al silencio de los acreedores como una confirmación del pasivo. Aun así, el importe detallado en las cartas documentos no coincide con el expuesto en la pericia contable obrante a fs. 348/354 del Cuerpo N° 2 de IVA de los aa. Ello así, mal puede pretender la recurrente acreditar sus dichos con esa pericia contable (siendo réplica del informe técnico de fs. 203/207vta., aa) -producida sólo en sede administrativa- cuando la misma no sólo fue elaborada únicamente por su propio contador y como único perito, sino que además se fundó en libros que no permiten dar fe de su contenido, esto es, EECC, notas o ddjj, resultando ser todas autodeclaraciones del contribuyente. Lo expuesto cobra singular importancia, si se observa que la recurrente contó con la posibilidad de ofrecer nuevamente prueba pericial ante este Tribunal que hubiese podido contar con la participación del profesional de la contraria y no lo hizo.
En efecto, a pesar de que los dictámenes periciales están sujetos -como todo otro elemento probatorio- a la valoración por parte de los jueces (Fallos: 315:2774), cabe destacar que la prueba pericial no debe limitarse simplemente a suministrar pautas para valorar hechos, sino que implica demostrar o verificar su existencia, y su debida exteriorización para el proceso. En consecuencia, si se tiene en cuenta que los peritos deben pronunciarse sobre la base de la documentación que compulsan a fin de asegurar la objetividad del informe, y en este sentido no puedo pasar por alto la ausencia de libros rubricados y la falta de sinceridad que surge de los registros en ese estado.
Al respecto, cabe precisar que la actora no aportó pruebas fehacientes, y en consecuencia, no pudo acreditar ni la capacidad prestable, ni la titularidad de los fondos en cabeza de los acreedores -distribución de utilidades-. Por consiguiente, tampoco se encuentra justificada la actualización de los créditos. Finalmente, quiero señalar que en los casos como el de autos, que se trata de supuestos préstamos otorgados por familiares, si bien puede admitirse cierta flexibilidad en cuanto a la exigencia de determinadas formalidades relacionadas con la instrumentación; ella no puede conducir, sin más, a tener por existentes mutuos con la mera invocación de su presunta realización, o sólo con simples contratos con firmas certificadas; ya que se requieren más elementos probatorios de la verdadera realización de tales actos.
Resulta entonces que ante la ausencia de pruebas ofrecidas en esta instancia, la recurrente no logró acreditar la defensa presentada ante este Tribunal en su escrito de apelación, ni mucho menos revertir el criterio que el fisco utilizó al determinar de oficio los gravámenes en los actos apelados. En este sentido, debo recordar una vez más que si no se logra cumplir con la carga de probar lo que se invoca, se corre el riesgo de que el reclamo sea denegado (Fallos 332:1367). En efecto, es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635), toda vez que la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso.
Por ello, considerando el análisis hasta aquí expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado en las Res. 114/2014 y 115/2015, con costas.
IX. Que en lo que respecta a los intereses resarcitorios intimados en la Res. 115/2014, habiendo sido correctamente liquidados y no habiendo el actor expresado agravio alguno al respecto, corresponde confirmarlos, con costas, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 11.683.
X. Que con relación a la multa por defraudación aplicada en el IG del ejercicio 2009, el art. 46 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que: “…el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”.
La figura se construye con un “elemento objetivo”, consistente en la falta de ingreso total o parcial del impuesto debido, y un “elemento subjetivo“, consistente en “una actividad dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco” (Fallos 323:2172 considerando 4).
Encontrándose acreditado el elemento objetivo de la sanción impuesta, consistente en el ingreso en menos del impuesto correspondiente, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal imputada. A dichos fines, el fisco debe acreditar no sólo la conducta defraudatoria del contribuyente, sino también que la misma fue realizada con el ardid o engaño necesario –ardid idóneo- para materializar el elemento subjetivo de la figura. Ahora bien, el legislador puso a disposición del ente fiscal una importante herramienta a los fines probatorios, como lo son las presunciones de dolo establecidas en el art. 47 de la ley 11.683, para cuya utilización debe acreditar el hecho fáctico (base) que origina la presunción y que conduce a la probable existencia del segundo hecho, esto es, el hecho presunto materializado en la existencia de voluntad defraudatoria al fisco para -de tal forma-, provocar la inversión de la carga probatoria, siendo en ese caso el contribuyente el obligado a desvirtuar dicha presunción. En esta línea, y tal como surge de la resolución apelada, el fisco aplicó el inc. “b” del art. 47 que establece que: “…se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
Así, las constancias agregadas en las actuaciones y que fueron relatadas en los considerandos anteriores, dan cuenta de que el fisco detectó un incremento patrimonial no justificado y gastos que no cuentan con la debida documentación respaldatoria, dejando en evidencia que la actora falseó sus registraciones. Al respecto, y tal como se concluyó ut supra, la recurrente no aportó documentación fehaciente que acredite sus dichos, lo que llevó al fisco a determinar de oficio la materia imponible.
Lo cierto es que -tal como se desprende de las actuaciones administrativas relatadas- estos hechos generaron una grave contradicción entre las constancias documentales y demás antecedentes con los que surgieron de las ddjj presentadas por la actora. En tal sentido, la reseña efectuada relativa a la actuación del personal fiscalizador y las irregularidades detectadas, dan cuenta de la debida exteriorización de la presunción del art. 47 de la ley 11.683 utilizada.
Como se afirmó, las presunciones que establece el art. 47 de la ley 11.683 admiten prueba en contrario, siendo la apelante quien debió demostrar la falta del elemento subjetivo requerido para tener por configurado el ilícito que se le imputa, en atención a la inversión de la carga de la prueba que la aplicación de dichas presunciones ocasiona procesalmente, lo que no hizo.
Ello así, corresponde confirmar la sanción impuesta en la resolución 115/2014, con costas. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas.
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184, 4° párrafo de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y oportunamente archívese.
Date: 2025.02.05 16:54:01 -03:00 Date: 2025.02.05 17:01:43 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.05 17:01:43 -03:00
Fin de la sentencia