Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 34.056-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar abstracto el planteo de litispendencia formulado por la recurrente, sin costas.
2Revocar la Resolución N° 1380/13 (AD ROSA), y por ende, los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08, con costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-129763367-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 ADUANAS s/ recurso de apelación"
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Reunidos los Vocales miembros de la Sala "E", Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria (por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación), con la presidencia del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados "MSU S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación", Expte N° 34.056-A El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 13-46 se presenta, mediante apoderado, la firma exportadora MSU S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1380/2013 (AD ROSA), dictada el 13/11/13 por el Administrador de la Aduana de Rosario en la actuación N° 12542-3188-2008, en cuanto rechaza la impugnación deducida contra los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08, formulados en relación a las destinaciones de exportación N° 08 052 EC01 003773 Y, 08 052 EC01 003776 R y 08 052 EC01 003802 H. Manifiesta que los cargos aduaneros fueron emitidos como consecuencia de que la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) N° 07 001 DJVE 002641S en cumplimiento de la cual se documentó la exportación respectiva, figura en el Anexo I de la Resolución ONCCA N° 1487/08.
Plantea la excepción de litispendencia, por existir en trámite dos expedientes en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 18, que llevan los números 34.561/2009 y 35.644/2009, en los cuales se han cuestionado los actos administrativos de la ONCCA que justifican la emisión de los cargos en trato. Asimismo, solicita la suspensión del trámite de la presente causa hasta tanto se dicte sentencia en los citados expedientes. Explica que mediante las destinaciones de exportación N° 08 052 EC01 003773 Y, 08 052 EC01 003776 R y 08 052 EC01 003802 H, se exportó mercadería comprendida en el régimen de la Ley N° 21.453 amparada por la DJVE-SAGPYA AGRIC 00060045, siendo registrada en el SIM bajo el N° 07 001 DJVE 002641 S.
Sostiene que, al cierre de la venta declarada, la mercadería estaba gravada con los derechos de exportación previstos en el Anexo XIV del Decreto 509/07, por lo que la alícuota que le correspondía era del 27,50%. Destaca que la inclusión en la Resolución ONCAA 1487/08 de la DJVE, debidamente registrada por MSU S.A., resulta arbitraria e indebida considerando que la empresa tenía la totalidad de las mercaderías correspondientes a dicha DJVE antes de que se produjera el aumento de las retenciones. Arguye que la demostración de la tenencia o adquisición de la mercadería exportada es incuestionable dado que MSU es productora de dichas mercaderías y que existió contrato escrito que demuestra la existencia “real” de la operación comercial.
Hace referencia a la Ley 26.351, planteando la inconstitucionalidad de esta última con una extensa justificación, por considerarla carente de razonabilidad. Entiende que la Ley 26.351 no es interpretativa de la 21.453, en cuanto introduce una modificación sustancial al régimen de esta última, estableciendo un requisito no previsto para el registro de las DJVE. Afirma que la demostración de la tenencia o adquisición a un momento dado, conlleva una consecuencia no prevista en la Ley 21.453, que es la de introducir un nuevo momento imponible. Indica que la citada ley contenía un hecho imponible y un momento imponible y que la Ley 26.351 con el pretexto de interpretar vino a incorporar uno nuevo no contemplado en la ley anterior.
Explica que ambas leyes mantienen el mismo hecho imponible -la exportación- pero en cuanto al momento imponible la Ley 21.453 establece como único momento imponible el cierre de la venta, mientras que la Ley 26.351 introduce uno nuevo que es el del día de oficialización del permiso de embarque cuando se presenten determinadas características (aumento de alícuotas). Entiende que las leyes interpretativas no puedan afectar derechos adquiridos al amparo de la ley interpretada. Arguye que ni la Ley 21.453 ni su reglamentación exigían del exportador que acreditara la adquisición o tenencia de la mercadería, como ahora pretende hacerlo la Ley 26.351 vía interpretativa, vulnerando el debido proceso sustantivo y adjetivo, además de afectar la seguridad jurídica.
Manifiesta que la empresa depositó los importes correspondientes a los derechos de exportación establecidos por el Decreto N° 509/07, pese a que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facultades para crear tributos. Destaca que la Aduana reclama el pago de derechos de exportación creados con posterioridad al registro de las DJVE mediante resoluciones ministeriales, las cuales son a su entender abiertamente inconstitucionales. Efectúa un detallado análisis del artículo 755 del Código Aduanero. Sostiene que el régimen de alícuota variable que establece la Resolución N° 125/08 y sus modificatorias excede el ámbito de la delegación legislativa en la cual pretende fundarse y que en caso de considerársela válida se limita a la instauración de derechos de exportación fijos y no variables.
Afirma que las Resoluciones N° 369/07 y 125/08 son inconstitucionales, por no tener el Ministerio de Economía y Producción competencia para la creación o modificación de derechos de exportación, facultad que por aplicación del principio constitucional de reserva, compete en forma exclusiva y excluyente al Congreso Nacional. Asimismo, destaca que al momento de registrarse los permisos de embarque en cuestión, el derecho de exportación vigente era el establecido en el Decreto 509/07, ya que la Resolución N° 125/08 no estaba vigente por haber sido derogada por la Resolución MEyP N° 180/08. En cuanto a los cargos aduaneros impugnados indica que se basan en la Resolución ONCAA N° 1487/08, la cual presenta vicios de ilegitimidad.
Por último, solicita se la libere del pago de intereses resarcitorios por cuanto la mora no le es imputable. Impugna la tasa del 2% o 3% mensual aplicable a las deudas aduaneras por exceder el límite del art. 794 del C.A. y constituir una violación al principio de razonabilidad. Considera que en atención a lo establecido en la Resolución General AFIP 3271 los eventuales intereses deberán calcularse en pesos y no en dólares. Cita abundante jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 90-101 se presenta la Representación Fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega los hechos y el derecho invocado por la actora, como así también la documentación, que no sea objeto de su expreso reconocimiento. Respecto al planteo de litispendencia o cuestión prejudicial la considera improcedente, entendiendo que de prosperar la suspensión del trámite solicitada por la actora se estaría vulnerado la garantía de defensa en juicio, en virtud de que el tribunal con competencia exclusiva en materia aduanera es el Tribunal Fiscal. Destaca que la dilación en la tramitación de la causa generaría consecuencias de gravedad institucional, al no poder hacer efectivo el cobro de los cargos formulados.
Explica que con el dictado de la Ley 26.351 se pretendió evitar maniobras que no respeten el régimen tributario general, lo que siempre estuvo en el espíritu de la Ley 21.453, puesto que esta última no tuvo por objeto la especulación sino otorgar un legítimo beneficio para cerrar ventas al exterior con costos ciertos. Manifiesta que la Ley 26.351 solo interpreta y deja en claro el objeto de la 21.453. Sostiene que lo que se persigue con la Ley 26.351 es evitar que ante un inminente cambio normativo que aumente los derechos de exportación se registren operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor. Afirma que los actos públicos se presumen constitucionales, en tanto mediante una interpretación razonable de la Constitución Nacional puedan ser armonizados con ésta, entendiendo que la Ley 26.351 se armoniza con los principios rectores del derecho y de las garantías constitucionales.
Con respecto a los planteos de inconstitucionalidad de la actora, considera que en virtud de lo dispuesto en el art. 1164 del C.A. no cabe efectuarlos ante esta instancia. Destaca que la firma exportadora no desvirtuó a lo largo de su recurso, ni en sede aduanera, los argumentos sostenidos por la Aduana, como así tampoco lograron demostrar las circunstancias excepcionales ajenas a ellas, que les hayan impedido el oportuno cumplimiento de sus obligaciones. Rechaza el planteo de la recurrente de eximición de los intereses previstos en el art. 794 del C.A., por aplicación de la normativa prevista en el Código Civil, toda vez que el Código Aduanero contempla expresamente el régimen de intereses.
Cita los arts. 794 y 796 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, formula reserva del caso federal y solicita se rechace la pretensión de la actora confirmando la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 104 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por las recurrentes, la que es producida a fs. 112 y 114, 116/124, 128/133, 135/139, 150 y 161/191. Asimismo, se hace lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la apelante, obrando a fs. 274/275 el informe pericial contable. A fs. 315 se declara cerrado el período probatorio y se elevan los autos a la Sala "E". A fs. 320 se ponen los autos para alegar. A fs. 325-330 obra el alegato presentado por la actora y a fs. 331-335 el alegato del Fisco Nacional. A fs. 337 se dicta el llamado de autos a sentencia.
IV. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas vinculadas a la presente, las cuales tramitaron mediante expediente SIGEA N° 12542-3188-2008, resulta que las mismas se iniciaron como consecuencia de la impugnación deducida por la firma MSU S.A., con fecha 10/11/08, contra las liquidaciones suplementarias de tributos individualizadas bajo los números de Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08. A fs. 116 obra el informe técnico N° 92/08 efectuado por la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación de la Dirección Regional Aduanera de Rosario mediante el cual se indica que se procede a efectuar los cargos suplementarios por la diferencia en el pago de los derechos de exportación de las destinaciones 08 052 EC01 003802 H, 08 052 EC01 003773 Y y 08 052 EC01 003776 R.
A fs. 118-120 obra el Cargo N° 198/08 formulado por un monto de U$D 52.716.- con relación a la destinación N° 08 052 EC01 003776 R. A fs. 121-123 se incorpora el Cargo N° 199/08 emitido por un monto de U$D 13.618.- con relación a la destinación N° 08 052 EC01 003802 H. A fs. 124-126 obra el Cargo N° 200/08 formulado por un monto de U$D 117.147.- con relación a la destinación N° 08 052 EC01 003773 Y. A fs. 128 ref. se agrega sobre contenedor con las carpetas contenedoras de los permisos de embarque en cuestión. A fs. 135 obra la constancia de notificación de los cargos, recepcionada por la firma MSU S.A. con fecha 27/10/2008. A fs. 138 obra oficio librado a la ONCAA solicitando información acerca de la resolución del recurso de reconsideración presentado por la impugnante ante ese organismo.
A fs. 140 obra intimación a la impugnante, solicitando informe número de expte y caratula del recurso de reconsideración interpuesto ante la ONCAA contra las Resoluciones N° 1487/08 y 1898/08, en virtud de la medida cautelar dispuesta en la Causa N° 31196/08 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, con fecha 24/2/2009, lo cual es contestado a fs. 141-148. A fs. 149-150 se tiene por interpuesta la impugnación en tiempo y forma, se hace lugar a la prueba documental ofrecida y se rechaza la prueba pericial y la informativa, lo que da lugar a la interposición de revocatoria de fs 152-153. A fs. 155 se rechaza el recurso de revocatoria impetrado por la impugnante.
A fs. 157-161 obra el Dictamen Jurídico N° 427/2013 de la Asesoría Letrada de la Aduana de Rosario, conforme los términos del art. 1040 del CA, mediante el cual se propicia el rechazo de la impugnación incoada y la confirmación de los cargos. A fs. 162-166 el Administrador de la Aduana de Rosario dicta la Resolución N° 1380/13 (AD ROSA), aquí apelada.
V. Que en razón de los agravios y manifestaciones vertidas por la recurrente corresponde, en primer término, resolver la litispendencia planteada en autos.
Que la actora sostiene que en la causa se da un supuesto de litispendencia, por existir en trámite dos expedientes en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 18, que llevan los números 34.561/2009 y 35.644/2009, en los cuales se han cuestionado los actos administrativos de la ONCCA que justifican la emisión de los cargos en cuestión, los que a la fecha de inicio de la presente causa se encontraban para dictar sentencia, conforme a lo informado por la recurrente en el escrito de inicio.
Que mediante Expediente N° 35.644/09 caratulado "MSU S.A. c/EN-LEY 26351-ONCCA-RESOL 543/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" la firma MSU S.A. promovió demanda contra el Estado Nacional y la ONCAA a fin de que se deje sin efecto la Resolución N° 543/08 por entender que se encontraba viciada insanablemente en su objeto, resultando arbitraria e irrazonable. Asimismo, mediante su acumulado N° 34.561/09 caratulado "MSU S.A. c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" la exportadora MSU S.A. promovió demanda contenciosa, en los términos de lo establecido en el art. 94 y siguientes del Reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, contra la ONCAA con el objeto de impugnar la Resolución N° 3406/09 y su antecesora, Resolución N° 1487/08, a través de la cual se incluyó en su Anexo I a la DJVE 60045.
Que cabe aclarar que hay litispendencia cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, por la misma causa y que versa sobre el mismo objeto, que tramita ante un organismo jurisdiccional.
Que sólo por la existencia de la triple identidad de persona, de objeto y de causa resultaría procedente el planteo, evitándose de ese modo que una misma pretensión sea objeto de un doble conocimiento, lo, que acarrearía la posibilidad de que sobre ella se dictaran sentencias contradictorias, y/o que una única situación de hecho o de derecho se juzgue por distintos procedimientos. Asimismo, la litispendencia requiere que ambos procesos sean susceptibles de sustanciarse por los mismos trámites.
Que de las copias de las sentencias agregadas en la causa a fs. 52/68, 79/85, 144 y 157 se ha podido verificar que, tal como la recurrente manifestara, efectivamente interpuso demanda contra el Estado Nacional y la ONCAA. Que dichas demandas recayeron en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 dando origen a los exptes N° 35.644/2009 caratulado "MSU S.A. c/EN-LEY 26351-ONCCA-RESOL 543/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" y 34.561/2009 caratulado "MSU S.A. c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO".
Que la sentencia de primera instancia de fecha 12/05/14 admitió la demanda iniciada por MSU S.A. contra el Estado Nacional y la ONCAA, y en consecuencia, dejó sin efecto las Resoluciones N° 543/08 y 1487/08 – y su confirmatoria N° 3406/09-, relativas a la DJVE 60045, en lo que aquí interesa.
Que apelada dicha sentencia por ambas partes, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con fecha 18/02/15, resolvio rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada.
Que contra dicha sentencia el Fisco Nacional interpuso recurso extraordinario, el cual fue declarado inadmissible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante pronunciamientos de fechas 14/07/05 y y 6/08/15. Que teniendo en consideración lo expuesto y atento al estado procesal de las mencionadas causas, que se encuentran con sentencia firme, el planteo de litispendencia formulado por la recurrente ha devenido abstracto y, así debe declararse, sin costas.
VI. Que, entonces, corresponde resolver en autos si la Resolución N° 1380/13 (AD ROSA) mediante la cual la Aduana de Rosario rechaza la impugnación deducida por la firma MSU S.A. y confirma los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08, formulados con relación a los permisos de embarques N° 08 052 EC01 003773 Y, 08 052 EC01 003776 R y 08 052 EC01 003802 H vinculados a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) N° 07 001 DJVE 002641S -SAGPYA AGRIC 00060045, se ajusta a derecho.
Que cabe destacar que dicha pretensión fiscal surge como consecuencia del dictado de la Resolución ONCCA 1487/08, a través de la cual se comunicó a la AFIP-DGA la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26.351 y el Decreto N° 764/08. En lo que aquí interesa, que MSU S.A. no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 07 001 DJVE 002641S.
Que mediante las destinaciones de exportación a consumo N° 08 052 EC01 003776 R (cumplida conforme) y 08 052 EC01 003802 H y 08 052 EC01 003773 Y con sus correspondientes post embarques, oficializadas ante la Aduana de Rosario, la fima MSU S.A. exportó para consumo mercadería amparada bajo la P.A.
1201.00.90.190N, la que comprende a: Las demás A granel, con hasta 15% embolsado (Ley 21.453). Las demás "HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS. Abonando en concepto de derechos de exportación la alícuota del 27,50% vigente a la fecha de cierre de venta (28/06/07) declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior 07 001 DJVE 002641S de fecha 29/06/07 a la cual se imputaron los permisos de embarque. En el campo documentos a presentar de las destinaciones declaró la DJVE 07 001 DJVE 002641S.
Que el servicio aduanero consideró, que habiéndose incrementado la alícuota correspondiente a los derechos de exportación de las mercaderías involucradas, en el período comprendido entre el registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior y el de la oficialización de las destinaciones de exportación, la firma exportadora debía acreditar la tenencia o adquisición de esas mercaderías con anterioridad al incremento de las alícuotas. Que las destinaciones de exportación a consumo involucradas fueron documentadas al amparo del régimen especial para la venta al exterior de productos agrícolas, previsto en la Ley 21.453 (BO 11/11/76). Que corresponde señalar, que el art. 3 de la Ley 21.453 dispone que las ventas al exterior de productos agrícolas "...deberán ser registradas, mediante declaración jurada ante la autoridad de aplicación en la forma que determine el Poder Ejecutivo Nacional, el que deberá asimismo reglamentar los plazos de vigencia de la declaración jurada."
Que por su parte, el art. 6 de la citada norma estableció que: "A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley (productos agrícolas), serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta..."
Que con posterioridad se dictó la Ley 26.351 (BO 16/01/08) la que determinó en su art. 1 que: "Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de moda fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento".
Que la citada norma fue reglamentada mediante el Decreto 764/08 (BO 13/05/08) el cual dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 10 de la Ley N° 26.351 serían aquellas debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453 y oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. Asimismo, estableció que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios a fin de acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la Ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en este sentido el art. 2 de la citada Ley 26.351 estableció que: "Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”.
Que en virtud de lo dispuesto en el art. 3 del Decreto 764/08, se dictó la Resolución ONCCA 543/08 (BO 30/05/08) que estableció los requisitos a los que debían sujetarse los exportadores de granos y/o sus derivados, que soliciten su inscripción en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior; denominado ROE Verde, al que se refiere la Ley 21.453, como asimismo, el procedimiento para aquellas operaciones de ventas al exterior registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.351.
Que en dicho marco la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) mediante Resolución ONCAA 1487/08 (BO 30/06/08) informó a la AFIP-DGA cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351 (Anexo I), informando en lo que aquí interesa, que la firma MSU S.A. no había acreditado de modo fehaciente la tenencia o adquisición de las mercaderías involucradas antes del 9/11/07, debiendo tributar la alícuota correspondiente a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación.
Que con fundamento en la Resolución ONCAA 1487/08, la Aduana de Rosario formuló los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08, intimando al pago de las diferencias de derechos de exportación, toda vez que entre la fecha de registro de la DJVE (29/06/07) y la de oficialización de las destinaciones de exportación (25/04/08) y sus post embarques (02/05/08) se produjo un incremento de la alícuota de derechos de exportación que surgió de aplicar lo dispuesto en la Resolución MEyP 125/08 (BO 10/07/08) para la mercadería involucrada.
VII. Que en lo que ahora interesa, las apelantes señalan y ha quedado acreditado en autos, conforme surge de las copias certificadas adjuntas a fs. 52/68, 79/85, 144 y 157, que la firma MSU S.A. promovió demanda contra el Estado Nacional, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que tramitó mediante Expedientes N° 35.644/09 y su acumulado 34.561/09, caratulados "MSU S.A. c/EN-LEY 26351-ONCCA- RESOL 543/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" y "MSU S.A. c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, con anterioridad a la apelación ante este Tribunal Fiscal (3/12/13).
Que la sentencia de primera instancia del 12/05/14 obrante a fs. 52/68, hizo lugar a la demanda deducida por MSU S.A. contra el Estado Nacional, Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y, en consecuencia, dejó sin efecto las Resoluciones 543/08 y 1487/08 y su confirmatoria 3406/09, relativas a las DJVE N° 60045 y 65349 e impuso las costas en el orden causado atento a la complejidad de la cuestión debatida. Que para así resolver el Juez de Primera Instancia consideró que correspondía hacer lugar a la impugnación formulada por la firma MSU S.A. respecto de las Resoluciones 543/08 y 1487/08, relativas a las DJVE 60045 y 65349, toda vez que “…el procedimiento por incremento de alícuota (Ley 26.351), establecido en el art. 13 de la Resolución 543/08, a los efectos de determinar los extremos a los que alude el art. 1 de dicha Ley -tenencia de los productos, en los términos del art. 5 del Decreto 764/08, o en su caso, la adquisición de ellos-, la Oficina Nacional podrá solicitar cualquier otra documentación que estime necesaria para la constatación de la efectiva tenencia o adquisición del grano y/o sus derivados (conf. último párrafo del art. 13 citado).
Siendo así, en el caso, no resulta debidamente acreditado tal recaudo, pues como ya se adelantó los fundamentos del rechazo del reclamo administrativo efectuado por la empresa actora, trasuntan una mera argumentación genérica. Asimismo, en cuanto a la incorporación de la actora en el Anexo I de la Resolución 1487/08 consideró que "resulta arbitraria e ilegítima en razón de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de refutación concreta y objetiva a las defensas y la prueba aportada".
Que apelado dicho pronunciamiento tanto por el Fisco Nacional como por la actora, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal con fecha 18/02/15, resolvió rechazar los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y confirmar la sentencia apelada, con costas por su orden atento a la complejidad técnica del tema. (Ver fs. 79/85.)
Que ese pronunciamiento se encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, en razón de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 14/07/15 y 6/08/15, al declarar inadmisible en los términos del art. 280 del CPCCN los recursos extraordinarios interpuestos por el Fisco Nacional en ambas causas (Ver fs. 144 y 157.)
Que lo resuelto por el Poder Judicial en la causa "MSU S.A. c/EN-LEY 26351-ONCCA-RESOL 543108 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO", Expedientes N° 35.644/09 y su acumulado 34.561/09 "MSU S.A.
c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO", tiene incidencia directa con la cuestión debatida en autos.
Que por lo expuesto, no cabe más que aplicar en autos lo resuelto en la referida causa y remitirse a los fundamentos expuestos en las sentencias allí dictadas.
Que habiendo sido la cuestión ya examinada por el Poder Judicial de la Nación, no hay razón para que tenga que ser nuevamente examinada sin riesgo de afectar la seguridad jurídica (Fallos: 289:151 y 308:1150). Que cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 252:370), en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica (Fallos: 319:2527).
Que, consecuentemente, siendo que los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08 se formularon con relación a los permisos de embarque 052 EC01 003773 Y, 08 052 EC01 003776 R y 08 052 EC01 003802 H vinculados a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) N° 07 001 DJVE 002641 S que fuera registrada el 29/06/07, es decir, con anterioridad al 9/11/07, a la que no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley 26.351, corresponde revocar la resolución apelada y por ende los mencionados cargos, con costas.
VIII. Que en virtud de que la presente se resuelve por estricta aplicación del criterio sentado por la Justicia Federal en la causa "MSU S.A. c/EN-LEY 26351-ONCCA-RESOL 543108 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO", Expedientes N° 35.644/09 y su acumulado 34.561/09 "MSU S.A. c/ONCCA- RESOL 3406/09, 1487/08 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO", que resolvió la cuestión imponiendo las costas a la demandada vencida, resulta coherente y adecuado imponerlas de igual modo.
IX. Que por la forma en que se resuelve la presente no resulta pertinente analizar las demás cuestiones planteadas por las partes.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar abstracto el planteo de litispendencia formulado por la recurrente, sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 1380/13 (AD ROSA), y por ende, los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08, con costas a la demandada.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto precedente.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Declarar abstracto el planteo de litispendencia formulado por la recurrente, sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 1380/13 (AD ROSA), y por ende, los Cargos N° 198/08, 199/08 y 200/08, con costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2023.10.31 18:29:13 -03:00 Date: 2023.10.31 18:32:37 -03:00 Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 18:32:37 -03:00
Fin de la sentencia