Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 48.081-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-86654999-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Agosto de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), y Rubén A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 48.081-I, caratulado “MUEBLERIA TORCA S.A. s/recurso de apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 77/111 se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 13 de junio de 2017 mediante la cual se aplica a la recurrente una multa con sustento en los artículos 46 y 47, incisos a), b) y c) de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y sus modificaciones- correspondiente al impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, por los período fiscal 2008.
Expone en principio, las contingencias de hecho que derivaron en la aplicación de la sanción que ahora discute. En lo que aquí interesa, cuestiona el acto administrativo por considerar que carece de los requisitos más elementales para constituir una imputación concreta que pueda ser objeto de defensa.
Sostiene que el acto impugnado contiene alusiones genéricas a conductas que la ley presume dolosas, aunque no existen elementos que puedan vincular a esas presunciones con su conducta.
Dice que mas allá de la mención de las normas en las que reposa la administración su acto sancionatorio, no existe discriminación de los hechos que encuadran en los diversos incisos de la norma aplicada. Ello conlleva la imposibilidad de defensa.
Considera que no existe posibilidad de aplicar sanciones sobre el impuesto a las salidas no documentadas toda vez que la documentación acompañada no es apócrifa y las operaciones cuestionadas fueron realizadas, situación que a su criterio quedó acreditado con la presentación de prueba en la instancia administrativa. Enumera los requisitos indispensables para la procedencia de la sanción, y se detiene en la exigencia del elemento subjetivo, con cita doctrinaria y jurisprudencial para concluir que en materia tributaria no es posible aplicar una multa por defraudación en base a presunciones sin el aporte de otros elementos de prueba que acrediten la existencia de dolo o el elemento subjetivo de la conducta punible.
A su criterio, las presunciones de dolo del artículo 47 de la LPT a las que recurrió el juez administrativo no invierten la carga de la prueba por lo que al no haber acreditado la existencia de dolo la sanción es improcedente. Analiza luego el instituto de las salidas no documentadas y concluye en la imposibilidad de aplicar sanción a su respecto. Cita la doctrina del Alto Tribunal in re “D'Ingianti” y otros fallos de distintas instancias en la misma dirección.
Finaliza su extenso escrito con abundante cita jurisprudencial y doctrinaria sobre el tema y solicita se revoque la sanción aplicada.
Acompaña prueba documental y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 130/143 contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone peticiona se confirme el acto venido en recurso, con costas.
Acompaña como prueba las actuaciones administrativas de la causa.
Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 208/210 la Excma. Cámara revocó la sentencia de este Tribunal que declaró a la recurrente liberada de la sanción aplicada en los términos de la ley 27.260 y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre el importe que la recurrente no sinceró y que fue la base imponible de la sanción discutida en autos. Ello así y toda vez que de la información obrante en autos no corresponde la aplicación de los beneficios establecidos en la ley 27.541 y sus modificatorias, se resolvió elevar la causa a conocimiento de la Sala A a fin de considerar la procedencia de la sanción aplicada.
Finalmente, a fs, 228 pasan a sentencia.
IV. Que de acuerdo con lo que surge de las actuaciones administrativas acompañadas, con fecha 27/11/2013 se dictó acto determinativo del impuesto a las ganancias, salidas no documentadas, por el período fiscal 2008, con sustento en el cuestionamiento de una serie de operaciones consideradas inexistentes en virtud de una serie de indicios que permitieron arribar a esa conclusión. En dicho acto se difirió el juzgamiento de la conducta fiscal con sustento en el artículo 20 de la ley 24769.
Ahora bien, toda vez que mediante sentencia de fecha 15 de marzo de 2016, se dispuso el archivo de la denuncia penal, se inició el correspondiente sumario.
La resolución que ordenó la instrucción del sumario, de fecha 20 de marzo de 2017, reposa en la detección de erogaciones de fondos, que la sumariada atribuye a la cancelación de operaciones respaldadas con facturación apócrifa, supuestamente emitida por los proveedores Rubén Oscar TIBERI, Natalia Soledad BIANCO, Adrián Sergio CHANE, IMPORPLAS S.A., BAGSUAL S.R.L. y Mario Guidi BISI. En dicha resolución se atribuye a la recurrente la comisión de la conducta reprochada por los artículos 46 y 47, incisos a, b y c de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Sumario que concluyó con el acto sancionatorio ahora en crisis.
V. Que a modo liminar, resulta imprescindible señalar que la suscripta no ha de seguir a las partes en todas sus argumentaciones, así como tampoco volcará en este pronunciamiento la totalidad del resultado del análisis de los planteos formulados en torno a las cuestiones introducidas y debatidas, sino que la exposición está circunscripta a aquellos aspectos que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, pues conforme lo dicho por nuestro Máximo Tribunal –con fundamento en elementales razones de buen sentido- los jeuces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes ni a ponderar la totalidad de los elementos de juicio aportados, sino abordar y dar tratamiento a aquéllos que se estimen conducentes y relevantes para resolver la cuestión y arribar a la solución definitiva (conf. CSJN, Fallos 144:611; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 397:140; 301:970, entre otros).
VI. Que aclarado ello, en primer término corresponde tratar los argumentos de la recurrente dirigidos a obtener la nulidad del acto sancionatorio por considerar que carece de imputación.
Al respecto, del acto en crisis surge claramente cuáles son los hechos reprochados por la ley que se le endilgan y el encuadramiento que se efectúa. En efecto, se explica allí que “se detectaron diferencias provenientes de efectuar erogaciones de fondos atribuidas a la cancelación de operaciones atribuidas a la cancelación de operaciones respaldadas por facturas apócrifas” y explica que esa conducta reprochada por la ley se produce “tanto por declaraciones engañosas realizadas con falta de verdad, con ánimo de perjudicar a otro, como por ocultaciones maliciosas que se configuran al esconder o tapar la verdad con la intención de dañar”. Finalmente encuadra la conducta en la normativa vigente, que a su criterio del juez administrativo resulta aplicable. Ello así, los argumentos de la recurrente discrepan con las conclusiones del juez administrativo, situación que puede acarrear la revocación de la sanción –en caso de tener razón- pero no en su nulidad. Por ello, el planteo debe ser rechazado.
VII. Que ello así, corresponde analizar la cuestión de fondo, debiéndose aclarar que los planteos efectuados en torno a la aplicación de la liberación de sanciones establecida por la ley 27.260 merecieron su tratamiento por la Alzada. Ello así, queda por resolver la procedencia de la sanción aplicada la que a mi criterio, debe ser revocada. En efecto, entiendo que no se encuentra configurado uno de los elementos del tipo descripto en la norma en que se encuadra la conducta, toda vez que las boletas de depósitos contemplados para el ingreso del gravamen no pueden ser consideradas declaraciones juradas en el sentido que el artículo 46 requiere.
Ello así por cuanto para nuestro sistema tributario, la declaración jurada es aquélla que efectúa el contribuyente o el sujeto obligado a declarar, mediante la cual realiza una operación de interpretación de las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o los hechos cuya verificación reconoce e identifica el hecho imponible definido por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las pautas legales y finalmente, aplica la alícuota del impuesto sobre los valores determinados (conf. Jarach, Dino; “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo-Perrot, pág. 432 y sgtes). Es así, que como con justeza lo dice el Profesor Giuliani Fonrouge, la declaración tributaria es una determinación del impuesto efectuada por el sujeto obligado. Es el medio por el cual el contribuyente fija el monto del impuesto, mientras no sea impugnada, regula la existencia y medida de la obligación tributaria. (conf. CNACAF, Sala I, “MOUKAREL S.A.C.I. y F”, 20/5/94). En definitiva, es el acto que permite pasar de la base imponible abstracta, definida y regulada por el legislador a la base concreta e individualizada que hace desaparecer la situación de incertidumbre inicial que el acreedor posee sobre la existencia y dimensión de la obligación impositiva.
En ese contexto, y más allá de las regulaciones establecidas en las normas que establecen la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, en la que se establecen plazos y formas de ingreso, no queda instrumentada –a mi criterio- una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, toda vez que tanto aquellas como las boletas de depósito, si bien cumplen la función de exteriorizar al fisco el cumplimiento de una obligación tributaria, lo cierto es que la naturaleza de unos y otros instrumentos –según se vio- es distinta. (vid. doctrina legal del Acuerdo Plenario de este Tribunal, de fecha 3/12/75, “Gaseosas La Tablada S.A.”).
No obsta a tal conclusión lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 11683. En efecto, de consuno con dicho precepto, a fin de aplicar las sanciones previstas en los artículos 39, 45 y 46 de la LPT, las boletas de depósito, deben cumplir con los siguientes elementos sustanciales: 1) ser confeccionada por el responsable, y 2) con datos que él mismo aporte” (conf. CNFED. CONT. ADM., Sala I; “Smurfit Kappa de Argentina S.A.”, 17/5/2016). Claramente, dichas circunstancias no se dan en los supuestos en los que la boleta no es confeccionada por el contribuyente ni los datos son aportados por él mismo, como en la especie, en el que aquellos fueron extraídos por los funcionarios fiscales al considerar que los gastos o compras efectuados tipificaban, según su criterio, una salida no documentada, y el juez administrativo los incorpora en la determinación de oficio.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la multa se aplica con relación a la salida documentada en sí misma y no en función del impuesto a las ganancias o al valor agregado que pudiera haber omitido la actora en virtud de la deducción indebida en su respectiva declaración jurada. (conf. Entre otros, T.F.N., Sala A, “Vaccaro, Néstor J”, 17/12/2003).
Por ello, voto en el sentido de revocar la resolución apelada, con costas.-
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada. Con costas,.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvase los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2022.08.18 19:05:58 -03:00 Date: 2022.08.19 14:25:02 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.19 14:25:03 -03:00
Fin de la sentencia