Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-29781340-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los pasivos del Sr. Rúgolo Sebastián, del Sr. Altamirano Miguel Ángel en el año 2019 y la deuda contraída con el proveedor Watusi Conection SA.
2Revocar los pasivos debatidos en autos respecto del año 2017 de los Sres. Altamirano, Martín Ezequiel y Miguel Ángel.
3Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
4Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar las obligaciones tributarias de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-109811053-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Octubre de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O’ Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-29781340- -APN- SGAI#TFN caratulado “MUNDO GROUP SRL s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias e IVA”. El Dr. Martin dijo:
I. Que mediante RE-2025-29779757-APN-SGAI#TFN la empresa Mundo Group SRL interpone recurso de apelación contra las resoluciones N° Resol-2025-29-E-AFIP-DVRRLP#SDGOPII y Resol-2025-30-E-AFIP- DVRRLP#SDGOPII ambas de fecha 21/02/2025 dictadas por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos dependiente de la Dirección Regional La Plata de la AFIP (hoy ARCA) por las que se determinó de oficio con carácter parcial la materia imponible, por la primera de ellas, en el IVA por los períodos fiscales 01/2019 a 12/2019, estableciendo una obligación impositiva y resultando un monto a ingresar a favor del organismo fiscal, con más intereses. Que, respecto de la segunda resolución, allí también se determinó de oficio con carácter parcial la materia imponible en lo que hace al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2019, resultando un monto a pagar, con más intereses.
Se dejó asentado que en ambos casos quedó suspendido el juzgamiento de la conducta penal conforme art. 20 del Régimen Penal Tributario aprobado por el art 279 de la Ley Nº 27.430.
Plantea la nulidad de los actos apelados, entendiendo que carecen de fundamentación para justificar la procedencia de las pretensiones fiscales. Considera que se está incumpliendo con la norma del art. 17 de la ley de rito, en tanto existe la obligación de proporcionar detalle de los cargos que se formulan, lo que no sucedió y devino en pretensiones arbitrarias. Advierte la existencia de vicios en la causa y motivación de los actos dictados por el Fisco Nacional.
Asimismo, desarrolla los ajustes efectuados en torno a los pasivos impugnados, destacando en primer lugar el contrato de mutuo de asistencia financiera con el Sr. Sebastián Rúgolo por el que se compromete a brindarle asistencia para cubrir los desembolsos del giro habitual del negocio. Considera que esos depósitos en su cuenta fueron reconocidos pero la fiscalización descartó que se correspondan a la operación de préstamo, por lo que el ajuste en todo caso debería ser por el art. 18 inc. g) y no inc. f) de la ley 11.683 conforme se aplicó. Destaca que devolvió una parte significativa con sus intereses y que todo fue dentro de lo pactado en el contrato. Por último, remarca que la existencia de la fecha cierta no hace a la validez del instrumento.
Relata que el segundo de los pasivos es el préstamo del socio Martín Ezequiel Altamirano realizado en el año 2017, el que exterioriza en sus declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales desde dicho año, las que no merecieron observación alguna en ese momento, es decir que se tuvo como convalidado. Explica los mismos argumentos para el caso del préstamo (tercer pasivo) efectuado por el Sr. Miguel Ángel Altamirano en su condición de socio.
Agrega -en cuanto al cuarto pasivo cuestionado- sobre la deuda comercial con el proveedor Watusi Conection SA que la fiscalización descartó que se haya cancelado durante el período fiscal 2019, ya que dicho pasivo no existió como tal.
Finalmente, ofrece prueba documental e informativa, hace reserva del caso federal y pide que por los fundamentos de hecho y derecho que expone se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que mediante IF-2025-55940894-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado del recurso.
Niega cada uno de los agravios expuestos por la recurrente. Rechaza el planteo de nulidad de la actora argumentando que los actos dictados han sido ajustados a la normativa establecida respetándose cada uno de los derechos amparados.
Sostiene que en el caso de marras corresponde la inversión de la carga de la prueba ya que es la actora quien debe probar la veracidad de sus argumentos.
Respecto de los pasivos cuestionados, argumenta en el caso del mutuo con el Sr. Rúgolo que el mismo carece de fecha cierta y consta de una simple impresión. Agrega además que no se pudo demostrar el origen de los fondos del prestamista, ni la aplicación y devolución de la deuda. En atención a los préstamos a nombre de los socios Altamirano Martín E. y Altamirano Miguel A. aduce que no se verificó la capacidad económica-financiera de los mismos para efectuar las disposiciones, lo que además se vio reforzado por la falta de documentación de respaldo ya que de los resúmenes bancarios aportados solo se observa “depósitos por caja en efectivo”. Por último, y con relación al pasivo con la firma Watusi Conection SA manifiesta que no se justificó su existencia. Entiende que conforme las normas contables y el principio de paridad doble el Pasivo más el Patrimonio neto conforman el Activo, en consecuencia, si un pasivo no es tal al cierre del ejercicio, éste se debe solventar con algún activo que se desconoce y el cual no se informó. Que, ante la falta de sustento probatorio, considera viable en los casos descriptos la aplicación del instituto del incremento patrimonial no justificado contenido en el art. 18 inc. f) de la ley de rito.
Finalmente, se opone a la prueba ofrecida, acompaña antecedentes administrativos digitalizados, plantea el caso federal y pide que oportunamente se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto, con costas.
III. Por medio de la PV-2025-71930992-APN-VOCXII#TFN se resolvió rechazar la prueba ofrecida teniendo en cuenta que la documental fue agregada al momento de tener por presentado el recurso de apelación, y que la informativa (oficios al Banco Credicoop y Regional La Plata-AFIP) resultaba dilatoria a los efectos de la resolución del presente expediente, la que adquirió firmeza sin que se haya recurrido la decisión. Que mediante PV-2025-87780409-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y mediante IF-2025-109639856-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que, por una cuestión de procedencia corresponde en primer lugar tratar la nulidad que plantea la actora en cuanto considera que los actos apelados carecen de motivación y fundamentación, siendo arbitrarios, destacando que además el Fisco los ha dictado bajo la modalidad de determinación sobre base presunta. Afirma que las irregularidades que poseen dichos actos lesionan su derecho de defensa.
El organismo fiscal niega que los actos sean nulos de nulidad absoluta e insanable conforme los arts. 7, 14 y 17 de la ley 19.549 y sostiene que en el dictado de los mismos no se ha lesionado o afectado el legítimo derecho de defensa y/o el debido proceso adjetivo.
Que entonces, el planteo formulado debe ser desestimado en razón de que de los actos emitidos se desprende que fueron confeccionados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) y ley N° 19.549, con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, observándose las normas que hacen a su dictado y valorando la prueba documental arrimada -teniendo en cuenta que el Juez no está obligado a ponderar cada una de ellas-, sin que se haya afectado su derecho de alegar y justificar.
Que cabe efectuar una advertencia con relación a la procedencia de la figura de la nulidad, en tanto debe existir un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que habríase visto privado de oponer el impugnante, debiendo además estar fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar. (Fallo TFN Sala B 15-08-2007- Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda). Por lo expuesto, cabe concluir que la nulidad invocada no es procedente, correspondiendo su rechazo. Que al no haber sido presentada como cuestión de previo y especial pronunciamiento no corresponde la imposición de costas autónomas.
V. Que ello así cabe establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Mundo Group SRL es una persona jurídica que tiene por actividad declarada ante el Fisco Nacional al momento de los hechos la “Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios” (Cód. 454040), sin embargo, en la actualidad registra también la “Venta de vehículos automotores usados ncp” (Cód. 451290) cerrando sus ejercicios económicos el 31 de diciembre de cada año.
Que bajo la Orden de Intervención N° 2.091.002 la fiscalización actuante procedió a verificar al mencionado constatándose que habría manifestado en sus declaraciones juradas pasivos sobre los que no habría aportado prueba suficiente que demuestre su existencia, de manera tal que se le asignó el tratamiento correspondiente al de los incrementos patrimoniales no justificados conforme establece el art. 18 inc. f) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus mod.).
Sobre dicha base resultaron impugnables las declaraciones juradas presentadas por el IVA períodos fiscales 01/2019 a 12/2019 y la del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2019. Atento que se habría observado que los egresos anuales por compras, remuneraciones y contribuciones registrados por el contribuyente superaban el total anual de ventas declaradas, el organismo fiscal resolvió dictar los actos apelados, en tanto la recurrente no conformó el ajuste practicado.
En esta circunstancia descripta, se observaron los siguientes conceptos:
1. PASIVO CORRIENTE: en el rubro Deudas comerciales se observó un pasivo de $7.823.688,40.- que corresponde a la cuenta “proveedores”, de la cual se identifica al proveedor “WATUSI CONECTION SA” con un saldo de $3.350.360.
2. PASIVO NO CORRIENTE: de allí surge un préstamo a nombre de Altamirano Martín Ezequiel por $ 1.000.000.- y otros préstamos registrados a nombre de Altamirano Miguel Ángel por $800.000.- y $1.308.991,82.-.
Que aquí también figura el “mutuo a pagar” efectuado por el Sr. Rúgolo Sebastián a la contribuyente por un monto de $9.600.000.-
VI. Que del análisis de los antecedentes administrativos acompañados por el organismo fiscal -Cpo. Ganancias 2, P1, obrante en el IF-2025-55913787-APN-DTD#JGM- se observa que los integrantes de la sociedad Mundo Group SRL son los Sres. Altamirano Martín Ezequiel y Altamirano Miguel Ángel.
Que una de las tareas realizadas por la fiscalización fue solicitar documentos específicos y necesarios a los efectos de verificar los pasivos cuestionados, esto es: documentación respaldatoria de los mutuos y préstamos, como así también que se informe la forma de ingreso y aplicación de los fondos. Que dicho requerimiento se cumplió parcialmente, aportando: resúmenes del Banco Provincia y Credicoop por el período 2019, el contrato de mutuo con el Sr. Rúgolo, y respecto de los mutuos con los Sres. Altamirano la contribuyente manifestó que los mismos no están documentados ya que se trata de aportes de socios, los que además ejercieron la administración de la empresa durante el período fiscal 2019.
En efecto, corresponde verificar cada uno de los pasivos que se impugnaron y el sustento probatorio que se acompañó para luego determinar si el ajuste fue o no correcto. Que del estudio de los antecedentes administrativos acompañados y lo manifestado por las partes surge la siguiente información:
a. El contrato de mutuo entre Mundo Group SRL y el Sr. Sebastian Rúgolo: (obrante a fs. 382/383 cpo MUNDO GROUP SRL GAN 2, P4) - supuestamente firmado el 04/01/2019- se trata de un contrato de asistencia financiera en el cual se irían haciendo préstamos en la medida que la empresa lo necesitara. Es un contrato oneroso con sumas acordadas en pesos argentinos. Que a lo largo de los meses ingresaron los montos a través de la cuenta corriente del Banco Credicoop. Indica la actora que los mismos fueron para cancelar pagos a proveedores y gastos inherentes al giro habitual del negocio.
Con lo dicho hasta acá, la fiscalización procedió a circularizar al Sr. Rúgolo, entendiendo que para realizar dicho préstamo debió contar con capacidad económica y financiera. Así es como informó (fs. 12, Cpo. OI 2.091.002 circularizaciones P1) que los fondos prestados a Mundo Group SRL fueron entregados en efectivo a lo largo del año 2019 y en base a la necesidad de la empresa, esto es: 01/2019 $1.200.000, 02/2019 $691.000.-, 03/2019 $450.000.-, 04/2019 $714.500.-, 05/2019 $700.000.-, 06/2019 $350.000.-, 07/2019 $1.328.500.-, 08/2019 $585.000.-, 09/2019 $1.485.000.-, 10/2019 $1.659.000, 11/2019 $393.000.- y 12/2019 $124.000.-; en un total de : $9.600.000.- Asimismo hizo saber que son ahorros que se fueron generando por ingresos de años anteriores. Que de los sistemas del organismo se pudo saber que la actividad principal informada por el Sr. Rúgolo es la de “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial” desde 03/2020 con inscripción en el Monotributo con baja definitiva en 11/2020 y nueva inscripción desde 08/2021 también en el Monotributo, pero no registró inscripción en el organismo en los años anteriores. Que está inscripto en el Impuesto sobre los Bienes Personales desde 02/2020 y presentó las declaraciones juradas de los períodos 2019 y 2020 informando el crédito $9.600.000.- con Mundo Group SRL. Se verificó que no posee acreditaciones bancarias hasta el período 2019, que no emite factura electrónica y tampoco surgen retenciones/percepciones sufridas y/o realizadas. Que hasta aquí se pueden observar dos cuestiones que sustentan el ajuste propuesto por el Fisco Nacional. Por un lado, aquella que no permite evidenciar la capacidad económica y financiera del sujeto prestador del dinero, ya que de la información solicitada y la obtenida de las bases del organismo se evidencia que no posee los recursos necesarios para efectuar las salidas de fondos que afirma haber hecho. Y, por otro lado, que no basta para justificar el préstamo y su devolución la presentación de los resúmenes bancarios ya que de ellos no surge la vinculación con los préstamos realizados.
Vale aclarar respecto de la discusión entre las partes por la fecha cierta del contrato de mutuo que le asiste razón al organismo fiscal, ya que los instrumentos privados no prueban per se los actos que contienen porque carecen por sí mismos de legitimidad. Esta es la diferencia sustancial que separa a los instrumentos públicos y privados pues mientras los primeros están revestidos de autenticidad por la intervención del oficial público que les comunica su carácter peculiar, los segundos -entre particulares- carecen de certeza por no saberse de antemano si emanan de la persona a quien se le atribuyen. Razón por la cual es necesario establecer previamente la autenticidad del instrumento para apreciar después la eficacia probatoria de su contenido.
En el caso de autos, se acompañó en los antecedentes una copia simple del contrato (obrante a fs. 382/383 cpo MUNDO GROUP SRL GAN 2, P4) de la cual se observan 3 firmas, cuando según el contenido del mismo son dos las partes involucradas y sin las aclaraciones de las mismas. Cabe recordar respecto de este tema que la autenticidad de un instrumento se determina por la verificación de que la firma obrante en él, corresponde a la persona que aparece como firmante. Según es sabido, la firma es el requisito esencial del instrumento privado que comunica a éste su fuerza así como el carácter y el valor probatorio del instrumento público derivan de la actuación del oficial público.
El CCyCN en su cuerpo normativo sostiene en el art. 314 “Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece...La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio.”.
Respecto de la fecha cierta tiene dicho en sus arts. 317 y 319 “La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, y debe ser apreciada rigurosamente por el juez.”, “El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.”. Que entonces, el instrumento privado presentado por la recurrente - para validar la relación contractual- carece de los elementos necesarios para acreditar su autenticidad y su oponibilidad frente a terceros, a lo que se agrega la falta de acreditación de capacidad de préstamo. En consecuencia, corresponde confirmar el ajuste efectuado respecto del mutuo con el Sr. Rúgolo. a. Préstamo del socio Altamirano Martín Ezequiel por $1.000.000.- por el período fiscal 2017: que, habiendo requerido ciertos datos respecto de la entrega de las sumas de dinero, el mismo informó que aportó el 09/2017 $68.500.-, 10/2017 $557.350.-, 11/2017 $124.000.- y 12/2017 $250.000.- en pesos argentinos y que el origen de esos fondos proviene de ahorros.
Que de la información proporcionada por el organismo se supo que el Sr. Altamirano se encuentra inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde 10/2016 -anteriormente en el Monotributo- y en el Impuesto sobre los Bienes Personales desde 01/2011. Que la actividad principal informada es la de “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”. Que en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2016 informa exentos por $300.000.- (Monotributo) y otros ingresos exentos o no gravados por $304.781.-. En la declaración jurada por el Impuesto a las Ganancias 2017 informa solo ingresos exentos por $420.000.- (Monotributo) e informa un crédito con Mundo Group SRL por $900.000.-. Se verificó también un préstamo otorgado por el Sr. Altamirano, Miguel Ángel (su padre) por $ 1.000.000.-, no habiéndose declarado como crédito éste último en sus declaraciones juradas.
De la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales 2016 se informa entre otros bienes “dinero en efectivo” por $40.000.-, pero no se informa dinero en efectivo. En la declaración jurada del mismo tributo pero del periodo fiscal 2017 se informan entre otros bienes “dinero y depósitos en efectivo” por $24.024,24.- y un crédito con Mundo Group SRL por $900.000.-. Por último se hace saber que posee un saldo bancario al 31/12/2016 según e-fisco de $298.823.- y acreditaciones bancarias en el período fiscal 2017 por un total de $586.372.-, que no emite factura electrónica y tampoco surgen retenciones/percepciones sufridas y/o realizadas.
Que tal y como manifiesta la actora, estos préstamos de dinero efectuados por el Sr. Martín Altamirano fueron realizados en el año 2017, y así lo reconoce el Fisco Nacional. Además afirma haber exteriorizado el crédito con MUNDO GROUP SRL en sus declaraciones juradas sobre los Bienes Personales 2017 e Impuesto a las Ganancias 2017, como así también en su balance de aquel ejercicio -que no obra en los antecedentes administrativos-. Que la actora remarca que resulta improcedente que este pasivo sea impugnado en el ejercicio 2019 cuando fue validado en los ejercicios anteriores (2017 y 2018) y le asiste razón.
Que de los Estados Contables de Mundo Group SRL 2019 (que consta en los AA cpo. MUNDO GROUP S.R.L. - O.I.N1.405.281, pág. 31 y sig.), que no fuera cuestionado por el organismo fiscal, está a la vista que al ejercicio finalizado del 31/12/2018 las deudas financieras del pasivo no corriente respecto de los préstamos-socios ya era de $ 2.768.883,24.- y por el ejercicio finalizado al 31/12/2019 de $ 3.108.991,82.- (en ambos incluido $1.000.000.-), por lo que no habiéndose ajustado dicho monto en el período en el que se generó el incremento, mal podría intentarse en el período 2019 donde no ocurrió. En consecuencia, quedando las razones invocadas por el Fisco para presumir el incremento patrimonial no justificado e ingresos omitidos según el tributo que se trate, en meras conjeturas, corresponde admitir los agravios formulados por el recurrente sobre este aspecto y revocar el pasivo en cuestión, al no existir un incremento patrimonial al eliminarse dicho concepto al inicio y al cierre del ejercicio.
a. Préstamo del socio Altamirano Miguel Ángel por $800.000.- y $1.308.991,82.- por el período fiscal 2019: que habiendo requerido ciertos datos respecto de la entrega de las sumas de dinero, el mismo informó que aportó el 10/2017 $350.000.- y 11/2017 $450.000.-. en efectivo y en pesos argentinos. Que luego indica que el ingreso de 08/2019 $708.991.- se aportó en dólares vendidos en el Banco Credicoop, y acreditados en la cuenta de Mundo Group SRL. Respecto de este monto sólo acompañó resumen bancario donde consta la acreditación bajo el nombre de “compra-venta de moneda extranjera” pero no agrega documentación de respaldo del origen o procedencia de dicha moneda. Por último, del aporte de 12/2019 $600.000.- se aportaron en pesos argentinos en efectivo. Manifiesta que los fondos utilizados tienen origen en ahorros.
Que de la información proporcionada por el organismo fiscal se supo que el Sr. Altamirano se encuentra inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde 01/2017 -anteriormente se había dado de baja en 09/2002- y en el Impuesto sobre los Bienes Personales desde 01/2010. Que la actividad principal informada es la de “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”.
En sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias presentadas en el período fiscal 2017 y hasta 2019 surgen ingresos en relación de dependencia con Mundo Group SRL por $324.997.-, $675.000.- y $978.752.- y declara ingresos exentos por esos períodos de $140.000.-, $342.550.- y $1.813.500.- pero no acompañó documentación de respaldo. Que además en esas declaraciones juradas informa un crédito con la recurrente por $800.000.- en cada período - que también informa en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales de cada período. En este caso, cabe hacer un desdoblamiento de los préstamos conforme la fecha en la que fueron realizados. Por un lado, los del año 2017 de $800.000.- deberán recibir el mismo tratamiento que los pasivos tratados en el punto b) (ut-supra), es decir, no corresponde por definición a incrementos patrimoniales no justificados en tanto fueron ingresos de fondos realizados en el año 2017 tal como reconoce el Fisco Nacional y se encuentran expuestos en el Estado Patrimonial 2019, tanto al inicio como al cierre del ejercicio.
Por otro lado, están las prestaciones otorgadas en el año 2019, por el que se efectúa el ajuste. Aquí hay que destacar que el prestamista no logró vincular los ingresos en la cuenta bancaria de la recurrente con los préstamos otorgados, y que la actora no aportó datos útiles sobre el origen. Sumado a ello, el organismo fiscal destaca que los mismos no fueron documentados debido a que se trata de aportes entre socios que se realizaron a medida que la empresa lo requería y para cubrir gastos de la actividad.
En conclusión, corresponde revocar el pasivo de $800.000.- originado en el año 2017 y confirmar el efectuado en el año 2019 por $ 1.308.991.-
a. Deuda con el proveedor WATUSI CONECTION S.A.: que conforme surge de los antecedentes esta deuda se originó en la compra de un rodado, sin embargo, conforme manifiesta la actora el saldo no debería haber quedado al cierre del Balance 2019, dado que fue cancelado durante dicho período, por lo que se trata de un error en el armado del saldo con proveedores.
Que se realizaron dos requerimientos de información al mencionado proveedor por los cuales se le solicitó informe el detalle de las operaciones con el recurrente y aporte comprobantes de respaldo, que además indique la forma de pago de las operaciones realizadas y el saldo de la cuenta corriente al 31/12/2019, mas no se obtuvo respuesta alguna.
Así las cosas, de la consulta a los sistemas de información del organismo fiscal se pudo averiguar que surge de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2019 que la deuda consignada por Mundo Group SRL con WATUSI asciende a $3.350.360.-. Que consultada la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias al 30/06/2019 (distinto cierre que Mundo Group SRL), no registra hasta dicho cierre crédito alguno con la recurrente.
En efecto, cabe destacar que los argumentos defensivos de la actora respecto de este pasivo se limitan a manifestar que la deuda con el mencionado proveedor se encuentra cancelada durante el periodo fiscal 2019 por lo que fue un error haberla cargado al Balance.
Por otra parte, la eliminación o cancelación del pasivo llevaría a concluir que se abonó con fondos que no forman parte de los estados contables, tal como lo argumenta la actora.
En consecuencia, y atento a que la recurrente no informa a qué activo pertenece contablemente el pasivo que manifiesta tener con el proveedor WATUSI, corresponde otorgarle el carácter de incremento patrimonial no justificado.
VII. En razón de lo expuesto, cabe entonces confirmar parcialmente y analizar los pasivos a la luz del instituto del incremento patrimonial no justificado, por los que cabe recordar que el art. 18 de la ley de rito expresa que…” La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casahabitación, el nivel de vida del contribuyente, y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos…”. Y continua “…f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. 2. En el impuesto al valor agregado: Montos de ventas gravadas omitidas…no generará ningún crédito fiscal”.
En este punto, y teniendo en cuenta que de los fondos supuestamente prestados se desconoce el origen, el Fisco Nacional con las facultades otorgadas por la ley de rito presumió que las mismas son rentas omitidas gravadas. En relación a eso, hay que resaltar que es exclusiva responsabilidad de la actora acercar al expediente todos los elementos probatorios necesarios que hagan a sus dichos, sin embargo, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad.
Que se concluye respecto de los pasivos -del proveedor Watusi Conection SA, del Sr. Altamirano Miguel Ángel en el período fiscal 2019 y del Sr. Rúgolo Sebastián- que al no haberse demostrado acabadamente el origen de los fondos, la capacidad económica y financiera de los prestamistas, el circuito del dinero en cuestión, sumado a la cantidad de irregularidades de los presuntos contratos de mutuos, dan certeza a la postura fiscal tornando procedentes las impugnaciones que se traen a debate.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
VIII. Que acerca de los intereses resarcitorios reclamados, cabe señalar que los mismos han sido liquidados en conformidad con lo prescripto en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario por lo que corresponde disponer su confirmación en la proporción que resulte de la liquidación respecto de los conceptos en los que fuera admitido el criterio fiscal.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O’Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar los pasivos del Sr. Rúgolo Sebastián, del Sr. Altamirano Miguel Ángel en el año 2019 y la deuda contraída con el proveedor Watusi Conection SA.
2. Revocar los pasivos debatidos en autos respecto del año 2017 de los Sres. Altamirano, Martín Ezequiel y Miguel Ángel.
3. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
4. Ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de treinta (30) días proceda a reliquidar las obligaciones tributarias de acuerdo con lo decidido en la presente sentencia.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2025.10.02 15:22:00 -03:00 Date: 2025.10.02 15:26:57 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.02 15:34:50 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.02 15:34:51 -03:00
Fin de la sentencia