Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121998
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.998, "Franze, José Gustavo contra Mundo Marino S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 865/884).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 898/904 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por José Gustavo Franze y condenó a Mundo Marino S.A. al pago de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, haberes adeudados, la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el resarcimiento establecido en el art. 52 de la ley 23.551 (v. fs. 865/884).
En lo que interesa, juzgó acreditado que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo desde el 9 de julio de 1991 hasta el 3 de mayo de 2012 cuando el dependiente se consideró despedido.
Examinadas las causales esgrimidas para disolver el vínculo, el a quo resolvió que la negativa del empleador a abonar en debida forma los salarios -hecho expresamente admitido en el intercambio epistolar- durante el período de la licencia prevista en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituyó injuria de gravedad suficiente para legitimar la rescisión contractual (art. 242, LCT; v. sent., fs. 875 vta./876 vta.).
Asimismo, estableció que la demandada no había podido demostrar la falsedad del padecimiento psiquiátrico que motivara el uso de aquella licencia. Puntualmente desestimó los argumentos invocados por el empleador para excusar el incumplimiento de la obligación de pago en vigencia de la relación laboral (tales como la sospecha sobre el estado de salud del trabajador, la supuesta inasistencia injustificada al control médico de la empresa, la existencia de una investigación al respecto; v. fs. 876 y vta.).
Precisó además que el actor, como delegado del Sindicato de Empleados de Comercio (con mandato vigente hasta el día 17 de mayo de 2012), se hallaba amparado por la ley 23.551. Y que tal situación imponía al demandado requerir, en forma previa y oportuna, la autorización judicial para modificar las condiciones del contrato mediante el pedido de exclusión de tutela, lo que no aconteció sino hasta dos meses después de extinguido el vínculo (arts. 48 y 52, ley cit.; v. sent., fs. 877).
Con todo -como se anticipó- el juzgador concluyó que el despido decidido por el trabajador resultó justificado de acuerdo a lo dispuesto en el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 68, 74, 137, 208, 242 y concs., LCT).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653; 6, 18, 23, 231, 232, 245, 277 de la ley 20.744; 726 y 730 del Código Civil y Comercial; 52 de la ley 23.551; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 362, 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 15, 25 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la doctrina legal que cita (v. fs. 898/904 vta.).
II.1. En primer lugar, controvierte la definición del a quo que juzgó legítima la situación de despido indirecto en que se colocó el actor.
En ese sentido, sostiene que el trabajador no acreditó encontrarse enfermo de un modo tal que justificara la falta de prestación de tareas y que, ante esa inobservancia, el a quo erróneamente -en clara transgresión al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial- hizo recaer sobre el demandado la carga de probar la inexistencia de tal afección.
Sostiene que el tribunal de origen efectuó una presunción de certeza y veracidad de los dichos del actor que resulta parcial y arbitraria y por ello, incurrió en una improcedente inversión de la carga probatoria, enumerando una serie de elementos probatorios que considera incorrectamente valorados.
Censura por absurdo el argumento volcado en la sentencia en torno a la licencia por enfermedad, puesto que tal razonamiento imponía a la empresa tolerar que el trabajador se ausente mediante la presentación de certificados expedidos por un médico que no examinaba a sus pacientes, sin sometimiento al control previsto en el art. 210 de la ley 20.744 y violando el "reposo absoluto" invocado, puesto que prestaba servicios para otras personas.
II.2. Desde otroángulo, denuncia la falta de individualización de los supuestos "salarios adeudados" señalados como legítima causal del despido. Afirma que el actor no precisó los montos ni los conceptos que supuestamente se le habían abonado de modo deficiente para que el tribunal individualice, con la precisión requerida en todo pronunciamiento judicial, los rubros y sumas concretas cuya falta de pago habría generado la injuria.
Por ello, sostiene que la sentencia resulta dogmática y arbitraria pues la referencia a la plataforma fáctica del caso contiene una fundamentación sólo aparente.
II.3. Por otro lado, denuncia que el a quo aplicó erróneamente el art. 52 de la ley 23.551 en el caso.
Concretamente, señala que la merma ocasional del salario por determinada ausencia injustificada del delegado -como, afirma, ocurrió en el caso- no implica una modificación de las condiciones de trabajo y, por lo tanto, no configura una práctica antisindical sancionada en la ley citada.
Añade que dicha cuestión no había sido planteada en la demanda, y que el tribunal al resolver como lo hizo violentó el principio de congruencia.
A mayor abundamiento, afirma que la errónea calificación del descuento de algún día de ausencia injustificada como una pretensa "modificación de condiciones de trabajo" que revela un comportamiento antisindical se contradice con las propias conclusiones del a quo quien expresó que el empleador no había incurrido en una conducta de hostigamiento configurativo de " mobbing ".
II.4. Finalmente, señala que el importe total de las costas a su cargo asciende al 28,1% del monto total de condena, superando el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial.
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 75.196, "Santillán" (sent. de 12-III-2003); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005) y L. 114.802, "Bermúdez" (sent. de 26-VI-2013); entre otros.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Ceñido a cuanto fue motivo de impugnación y en ausencia de otras explicaciones conducentes por parte del interesado, no se verifica que el valor económico de los agravios traídos supere el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010); razón por la cual, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que las objeciones planteadas en torno al modo en que debieron examinarse los hechos y las pruebas para elucidar las circunstancias del despido remiten a un análisis de típicas cuestiones de índole fáctica, privativo de los jueces de la instancia de origen, y ajeno, por tanto, al estrecho margen de revisión por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 117.785, "Sias", sent. de 28-X-2015; L. 119.886, "Maffi", sent. de 10-IV-2019; L. 119.903, "Fernández", sent. de 18-IX-2019; e.o.).
En orden a lo expuesto, la decisión del a quo en torno a la causal que justificó la decisión del trabajador de considerarse despedido (el pago insuficiente de salarios en vigencia de la licencia por enfermedad inculpable) resulta inadmisible, al igual que los argumentos contenidos en esa dispar propuesta del agraviado, comprensiva de una presunta indebida atribución de la carga probatoria sobre el estado de salud o lo atinente a la valoración de la condición gremial del reclamante, refutada por incongruente (causas L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012; L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014 y L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015).
En conclusión, dado que la propuesta impugnativa conlleva un renovado análisis de aspectos fácticos y probatorios que claramente excede el ámbito de aplicación del art. 55 in fine de la ley 11.653, a la vez que prescinde de la denuncia de violación de doctrina apta para la revisión del pronunciamiento recurrido, corresponde desestimar este tramo del recurso.
III.3. En cambio, resulta acertada la infracción alegada respecto del límite previsto en los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación citados en el recurso (v. fs. 904).
Bajo el contexto examinado, cabe referir que los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 -aplicable en el ámbito provincial- que incorporaran un nuevo párrafo a los arts. 505 del Código Civil (reiterado en análogos términos en el art. 730, Cód. Civ. y Com.) y 277 de la ley 20.744 establecen una limitación respecto del alcance de la responsabilidad por las costas (25% del monto de condena, laudo o transacción, receptado -reitero- en iguales términos por el citado art. 730), y no sobre los honorarios profesionales que resulta un capítulo dentro de ese rubro, mas no el único (causas L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011 y L. 105.296, "Rodriguez", sent. de 4-IV-2012).
Entonces, la normativa en cuestión no se refiere ni modifica en modo alguno el procedimiento con el que se conducen los juicios. La disposición está dirigida a la responsabilidad del deudor, a la extensión con la que debe indemnizar los gastos hechos por su acreedor para forzar el cumplimiento de la obligación, lo que es un tema típico del derecho de fondo.
Consecuentemente, no existe imposibilidad de regular los honorarios por los trabajos profesionales conforme a las disposiciones locales, sino que frente al entramado normativo aquí examinado, se infiere una cuestión de medida respecto del porcentual posible de afectación al deudor, en lo vinculado a su deber de reparación integral con consecuencias razonables para éste, ya que su responsabilidad por las costas estará acotada a parámetros coherentes con el carácter accesorio que éstas representan (causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sents. de 12-III-2003).
En la especie, si bien el tribunal de grado fijó los emolumentos según la legislación arancelaria local (aspecto que, según lo sostengo, no merece reproche), no observó el límite previsto en la normativa bajo análisis (causas C. 112.988, "Candia", sent. de 17-IV-2013 y L. 121.442, "López", sent. de 26-V-2020).
En atención a lo señalado, corresponde revocar este aspecto del pronunciamiento de grado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional en la materia.
IV. Por lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en los términos establecidos en el punto III.3.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Coincido con el doctor Genoud en cuanto indica que el recurso deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En efecto, se advierte que el valor del litigio -representado por el importe de los rubros de condena que constituyen materia de agravio; con más la diferencia entre la suma que está obligado a afrontar el recurrente en concepto de costas procesales con arreglo a los términos del pronunciamiento y la que pretende por aplicación del límite previsto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo- no supera el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3.896/18).
En consecuencia, como lo pone de manifiesto el ponente en el punto III.1. de su voto, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; e.o.).
I.2. También comparto lo expresado por mi distinguido colega en el punto III.2. de su propuesta, a excepción de lo indicado en su segundo párrafo.
Ello, toda vez que -como hube de señalar en reiteradas oportunidades- participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
No obstante, advierto que en el presente caso el recurrente omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el postulado de la congruencia (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; e.o.); al tiempo que los precedentes que invoca transgredidos para justificar su embate vinculado a la presunta indebida atribución de la carga probatoria, han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos diferentes a los que se presentaron en autos (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velasco", sent. de 17-XII-2014; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018; e.o.).
En tales condiciones, se define la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral.
I.3. Con relación al agravio concerniente al límite en la responsabilidad en el pago de las costas (con cita de los arts. 730, Cód. Civ. y Com. de la Nación y 277, LCT, t.o. ley 24.432), también considero que se verifica en el caso la violación de la doctrina legal de esta Corte y, a los efectos de abordar el tratamiento de la crítica, habré de remitir -como indiqué al emitir mi voto en la causa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016)- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (CSJN Fallos: 332:921) y "Villalba" (CSJN Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido"; "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido" (sents. de 6-VIII-2015) y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 15-X-2015).
Así las cosas, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%). Por ende, y como lo pone de manifiesto el doctor Genoud, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con el alcance indicado en el punto IV del voto inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. En principio, comparto lo expuesto por la doctora Kogan en el punto I.1. de su voto.
II.2. Entonces, una vez ubicados en el acotado marco de conocimiento dispuesto en el art. 55 primera parte in fine de la ley 11.653 en los términos precedentes, adhiero a lo manifestado por el doctor Genoud en el punto III.2.
II.3. En lo relativo a la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas, con la aclaración de que los honorarios fueron fijados en atención a la actuación que realizaron en cada una de las etapas del proceso (con fundamento en el decreto ley 8.904/77 y la ley 14.967), considero que acierta el quejoso cuando denuncia que el judicante se apartó de lo que -en la materia- disponen los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (modif. ley 24.432). Al respecto, comparto la propuesta decisoria del doctor Genoud, para lo cual habré de remitirme -por razones de brevedad- a los fundamentos que he manifestado -entre otros- en las causas L. 89.569, "Farías" y L. 84.950, "Cadez" (sents. de 15-VI-2011); L. 97.549, "Marini" (sent. de 30-XI-2011) y L. 117.724, "Recalde" (sent. de 26-X-2016).
III. Por lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído conforme se resuelve en el punto IV del voto emitido en primer término.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
II. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en los puntos II.1. y II.2. de su voto.
III. Por otro lado, entiendo que no le asiste razón al recurrente cuando denuncia que el tribunal de origen al determinar la cuantía de las costas del proceso se apartó de la doctrina legal que emerge de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), entre otras citadas.
Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de dicho precedente (reiterada en otros pronunciamientos posteriores) indica que lo prescripto por los arts. 505 del Código Civil velezano (que se mantiene en el art. 730, Cód. Civ. y Com) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, no resulta una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la le
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.