Abriendo la norma
Cámara Civil y Com
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la actora apelante vencida (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Expte. N°: JU-7272-2009 MUNGUIA JORGE HERIBERTOC/ VITALE ANGELA MARIA y otro/a S/SIMULACION N° Orden: 193 Libro de Sentencia Nº: 53 /NIN, a los 4 días del mes de Diciembre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa Nº JU-7272-2009 caratulada: "MUNGUIA JORGE HERIBERTOC/ VITALE ANGELA MARIA y otro/a S/SIMULACION", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. En estas actuaciones Jorge Heriberto Munguia en su carácter de acreedor de Angela María Vitale demandó a la misma y a su hija María Fernanda Irigaray por simulación y en subsidio por acción revocatoria, atacando la transferencia de dominio del automóvil Peugeot 405 dominio ATM-668 a nombre de la segunda, siendo que el boleto de compraventa se suscribió con la madre como compradora el 10 de octubre de 2007, liberando de toda responsabilidad en esa interposición ficta al enajenante y anterior titular registral Henri Carlos Paglieri, quien de buena fe le había entregado toda la documentación necesaria para la transferencia. Las demandadas en su contestación de fs. 116/122 se defendieron con el argumento, en el que se apoyan ahora en su expresión de agravios, de que se trató de interposición real de persona en la compraventa ya que si bien la celebró la madre lo hacía como mandataria de su hija, que fue quien abonó el precio y a quien debía efectuarse la transferencia ya que es quien detenta la propiedad del vehículo.
La Jueza de primera instancia, en su fallo de fs. 256/260, hizo lugar a la acción principal entablada, declarando así nulo por simulación el acto jurídico mediante el cual se inscribió la transferencia del rodado a nombre de María Fernanda Irigaray. Entre otros fundamentos de tal decisión sostuvo que la transferencia tuvo lugar recién el 11-11-2008, a tan solo dos meses de que la codemandada Vitale haya sido intimada de pago y embargo en el proceso ejecutivo que le siguió el actor y luego de recaida la sentencia de trance y remate; que en oportunidad de aquella diligencia manifestó el que bien no estaba a su nombre; que conforme contundentes declaraciones testimoniales la misma desde hace cuatro años detenta en forma continua y exclusiva el uso del rodado; que al declarar Paglieri confirmó el extremo no controvertido por las partes de que el boleto se celebró con la madre y dió cuenta de un llamado telefónico de la hija manifestándole que la transferencia se haría a su nombre, y que no hay elementos que acrediten el pago del precio por parte Irigaray, que acrediten la adquisición por comisión invocada.
Apelada la sentencia por las demandadas, la crítica hace centro en la valoración de los testimonios rendidos, insistiendo en que se trató de una compra efectuada para la hija con dinero de ella que le dejó para la operación, sin que haya una interposición ficta sino real de persona ( ver fs. 274/276).
Con la réplica actoral de fs. 280/281 resistiendo la impugnación y firme el llamado de autos para sentencia de fs. 282 , se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC)
II. En ese menester, liminarmente he de señalar que lo aquí atacado de nulidad por simulación - ontológicamente inexistencia - de carácter absoluta ( y además ilícita), es la comisión civil o mandato sin representación con que han pretendido justificar las demandadas la transferencia del automotor a nombre de Irigaray. En efecto, no está controvertido por las partes del proceso ni por quienes celebraron la compraventa instrumentada por boleto obrante a fs. 105 la realidad de dicho negocio ni quienes fueron sus otorgantes; no es ese el acto que está cuestionado como ficticio y falso cuya apariencia el actor trata de destruir sino por el contrario del cual pretende valerse para demostrar que el bien está en el patrimonio de su deudora.
En otras palabras, no se encuentra allí la interposición ficta de la persona de la compradora en cuestión ( por eso el vendedor es ajeno al acuerdo simulatorio y no fue preciso su intervención como listiconsorte pasivo necesario; ver Zannoni en Código Civil Astrea To. 4 p. 397/400; mi voto en disidencia en Marmisolle, Marcos A. y otro v. Marmisolle, María E. y otros 13/11/2007 Abeledo Perrot Nº: 70042360) sino en la inscripción registral que operó su transferencia dominial, sin respetar - según se adujo y a modo de ver, adelanto, correctamente se resolvió- la veracidad material de aquel contrato, consumando una adquisición a favor de quien no fue parte siquiera oculta del mismo. Inversamente han sido las accionadas quienes dialécticamente se esfuerzan en señalar que en aquel negocio Vitale obró por encargo de su hija, que fue allí donde hubo una interposición -pero real- de persona, que en el sustrato de la compraventa más allá de la apariencia instrumental la verdadera adquirente era Irigaray, ya que su madre intervino como mandataria sin representación, supuestamente en forma no oculta (ver fs. 115), celebrándola nomine proprio, es decir en comisión (doctr. art. 1929 CCivil; v. Garrido-Zago Contratos To. II p. 524; López de Zavalía Contratos To. 4 n° 136 IV.2 ).
Aclarado ello, es evidente que las demandadas no han logrado demostrar la actuación en comisión que invocan, que la transferencia a nombre de la hija obedeciera a una causa verdadera (art. 501 del CCivil; art. 375 del CPCC); antes bien existe abundante prueba directa y presuncional (arts. 456,384 y 163 inc. 5 CPCC) de que en el acto inscriptorio ficticia y simuladamente aparece como adquirente quien en realidad no lo es (art. 955 CCivil).
En primer lugar el vendedor Paglieri, en su declaración de fs. 221yvta. lejos de avalar la actuación como mandataria de Vitale señala que fue a ella a quien le vendió y entregó la unidad y la documentación necesaria para su transferencia y que recién se enteró de que la misma se iba a hacer a nombre de Irigaray ante un llamado de la misma. Y en su manifestación de fs. 50 del proceso ejecutivo (expte 17539 acollarado) denunció que ello según lo explicado obedecería a "cuestiones personales de la madre". Se aferran las recurrentes a lo dicho en el sentido de que ese llamado fue "para el último pago del auto". De esa aislada expresión no puede concluirse siquiera que la misma hubiera desembolsado de su pecunio en forma efectiva parte del saldo de precio (del precio total $ 25.000 figuran abonados $ 20.800 en efectivo por su madre al celebrarse el boleto). Pero aún suponiendo que la adquisición se llevara a cabo con ayuda dineraria de la hija (de lo que aclaro no existe prueba, ya que la informativa relacionada a dos cheques de su cuenta no permite una imputación cierta a esta operación, tal como entendió la magistrada de grado anterior), tal liberalidad no descarta que la adquisición y el dominio pertenezca a su madre.
En este sentido la posesión como exteriorización y relación real realizadora de las facultades inherentes al dominio de uso, goce y disposición (arts. 2351, 2506 y 2513 CCivil) es un elemento convictivo por demás concluyente. Y ha quedado categóricamente comprobado, no sólo a través de los testimonios de Montoya, López, Albornoz y Prada - ver fs. 197/203- (en los que no advierto ninguna discordancia, contradicción, imprecisión o vaguedad) sino a través de las fotografías de fs. 180 y hasta por parciales admisiones de la Sra. Vitale ( ver contestación de la demanda y confesional de fs. 158) que es ella quien utiliza y en su domicilio se guarda el vehículo, no resultando razonable que una persona que vive distante ( Partido de Moreno) y aduce su real adquisición se desprenda de su tenencia, a tal punto de no poder acreditar en modo alguno la permanencia en determinado momento del rodado en su domicilio o su uso.
Confluyen elementos indiciarios por demás persuasivos. Y no me estoy refiriendo al vínculo familiar que las une, ya que el mismo bien podría justificar su participación en la compraventa celebrada por encargo, aún cuando no se advierte razón alguna para que no se dejara expresa constancia de ello en el boleto. Estoy haciendo alusión al factor temporal puesto de manifiesto en el fallo. Llamativamente la transferencia (noviembre de 2008) se realiza a poco del conocimiento efectivo del proceso ejecutivo que le promoviera el actor (mandamiento en septiembre y sentencia en octubre de 2008), pudiendo haberse efectuado mucho antes, en tanto el precio presumiblemente se habría cancelado en enero de ese año. Y a que en oportunidad de la diligencia de embargo ( ver fs. 29 del proceso ejecutivo mencionado) la Sra. Vitale se limitara a expresar que el rodado "no está a su nombre", guardando silencio sobre la pretendida pertenencia (arts. 919 CCivil y 529 inc. 3 CPCC). Aunque de forma no tan inéquivoca, se aduna a todo ello el domicilio de Irigaray como para estar interesada en la compra de un vehículo en el pueblo de su madre, pero paradójicamente no permanecer para concretar la operación.
Finalmente sella la suerte favorable que debe correr la pretensión actoral, la norma residual y presuncional del art. 1940 CCivil que implícitamente viene a fijar como directiva para el caso de duda de si la actuación fue como comisionista o quiso la compra para sí, en interés propio, se decide por la segunda alternativa, ya que de él dependió que el contrato fuera más explícito ( lafaille Curso III n° 187, Borda Contratos n° 1756).
Por todo esto, doy mi voto POR LA AFIRMATIVA El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, EL Señor Juez Doctor Guardiola, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior , preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Alzada a las demandadas apelantes vencidas (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUIEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V.
ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 4 de Diciembre de 2012.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso – artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Alzada a las demandadas apelantes vencidas (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUIEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Expte. N°: JU-1670-2009 BARISONE GRACIELA BEATRIZ C/ VELAZQUEZ HUMBERTO OSCAR S/ ESCRITURACION N° Orden: 194 Libro de Sentencia Nº: 53 Sentencia - Folio:
/NIN, a los 4 días del mes de Diciembre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa Nº JU-1670-2009 caratulada: "BARISONE GRACIELA BEATRIZ C/ VELAZQUEZ HUMBERTO OSCAR S/ ESCRITURACION", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Guardiola y Castro Durán.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada ?
2a.- ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola , dijo:
En la sentencia única dictada en los expedientes acumulados n° 1670/2009 y n° 199/2010 se hizo lugar a la demanda por escrituración de un inmueble sito en la ciudad de Lincoln deducida por los herederos de Roberto Enrique Cremaschi contra Humberto Oscar Velázquez, rechazándose la acción que con la misma finalidad respecto de ese inmueble interpusiera Graciela Beatriz Berisone también contra Velázquez. ( ver fs. 133/144 de expte. n° 1670, del que salvo aclaración son las fojas que cito). De esta forma la Sra. Jueza Dra. Panizza resuelve el conflicto suscitado en orden a las dos pretensiones esgrimidas con sustento por el lado de Berisone en la fotocopia simple del boleto de compraventa obrante a fs. 6/7 y por el otro con apoyo en los dos boletos originales (individualizados con las letras A y B) que corren a fs. 18 y 19/20. Es de señalar que al margen de quienes figuran como compradores, todos los instrumentos están fechados el 22 de abril del año 2004 y a pesar de la diferente redacción de sus cláusulas refieren igual precio y forma de pago; contando el mencionado letra B con certificación de firma del Juzgado de Paz el 10 de abril de 2008. Básicamente dos son los fundamentos para tal decisión: a) el régimen de preferencia que establece el Código Civil en los arts. 594, 596 y 3269, conforme a los cuales en la concurrencia de acreedores prevalece aquél que ha sido puesto en posesión de la cosa, hecho que tiene acreditado en relación a Cremaschi y no justificado por Barisone y b) que dejando de lado las contradicciones que encierra la promesa de venta que invoca Barisone respecto a cual sería el carácter en que quedaría respecto del inmueble Cremaschi (como nudo propietario o usufructuario, a tenor de una confusa cláusula) y de las efectivas fechas de los boletos en que el mismo aparece como comprador, el boleto desplazado es un acto no serio viciado de simulación ilícita. Ello por cuanto conforme el propio reconocimiento de la actora, de su madre y concubina de Cremaschi Juana Correa, el demandado y declaraciones testimoniales obrantes en la causa penal acollarada, el verdadero adquirente era Cremaschi quien fue el que abonó el precio incluso con dinero proveniente de la venta de otra propiedad, figurando aquella, vigente la relación con su madre, para que el inmueble no quedara sujeto a los derechos sucesorios de sus descendientes. Es decir no se trataba de un acto real ni tampoco una donación que tampoco se concretó como tal.
Apeló la Sra. Barisone, expresando sus agravios a fs. 154/156vta. Su crítica hace centro casi exclusivamente en la preferencia que correspondería reconocer a su operación, dando argumentos por los cuales cabría tenerla por cierto más allá del extravío del original (arts. 1190 y 1191 CCivil), por cumplida la tradición a ella por haber tomado posesión a partir de abril de 2004 conviviendo en el inmueble adquirido con su madre y Cremaschi y en la prioridad temporal de la misma , señalando que conforme pericia caligráfica realizada en la causa penal el señalado letra B se habría firmado en el 2008. En relación a la simulación sólo dice que la descarta debido a que Cremaschi actuó en todo momento por propia y libre voluntad y coherencia en sus facultades mentales y que no existió buena fe de su parte al haber pretendido anular el boleto en el que ella aparece y tampoco de Velazquez al reconocer su existencia. Ejerció su derecho de réplica la Dra. Decillo en representación de los herederos de Cremaschi a fs. 163/164, resistiendo la impugnación. Firme el llamado de autos para sentencia de fs. 166, se está en condiciones de resolver (art. 263 del CPCC). Puesto en esa tarea, considero que el enfoque de la cuestión desde la óptica de la concurrencia de acreedores en caso de obligaciones sucesivas de dar una cosa cierta con el objeto de transmitir el dominio es desacertada; en tanto la misma presupone la existencia de dos negocios (en el caso de compraventa) distintos y reales. Si resultara aplicable dicho régimen, la solución hasta podría ser distinta a la adoptada en tanto no juegan solamente la tradición y la fecha cierta de los títulos, sino también la buena fe en cuanto desconocimiento de la existencia de otro acreedor con título anterior (v. art. 592 CCivil; Mayo en Código Civil de Bueres-Highton To. 2A p. 376; Ameal en Código de Belluscio-Zannoni To. 3 p. 41; voto del Dr. Bueres en fallo de la CNCiv Civil, sala D 04/08/1982 ": León, Marcelo v. Leibman, Salomón y Bergel, Isaac En autos: Leibman, Salomón y otros" JA 1983-IV-548 ). Y en el caso existen elementos suficientes que dan cuenta del conocimiento por parte de Cremaschi del boleto en el que aparecía Barisone como compradora (ver simplemente su declaración en la causa por violencia que en fotocopia está glosada a fs. 102 de la causa penal 04-00-008609-08 acollarada y testimonio del Escribano Ilharreborde de fs. 27/28 y 145 también en ésta).
En el sublite en cambio nos encontramos ante una única operación aunque bajo dos ropajes, el simulado (y quizás primigenio, sin atreverme a descartar su concomitancia, amén la irrelevancia de tal circunstancia, con el marcado con letra A sobre el cual nada predica la pericia caligráfica de fs. 195/197 de la causa penal y que bien podía reflejar la realidad del negocio en interés del propio vendedor-Velazquez- por la exigibilidad de la obligación de pago pendiente, posteriormente reemplazado -tal vez por la designación como escribano de Ilharreborde: ver su declaración testimonial- por el letra B ) y el subyacente y finalmente desenmascarado, según el cual la compra la efectuaba el fallecido Cremaschi.
La interposición ficta de persona (art. 955 del CCivil) aquí es incontrastable. El acuerdo simulatorio del que fue partícipe también el vendedor Velazquez (ver declaración testimonial del mismo a fs. 29vta. de la causa penal) y la finalidad defraudatoria de eventuales y futuros derechos de los legítimos herederos de Cremaschi, descarta que se tratase de una interposición real o fiduciaria ( ver voto del Dr. Zannoni CNCiv, sala A 29/08/1985 "Saporiti de Vignale, Emma c. Saporiti, Gerardo y otros" LA LEY 1986-B, 89, con nota de Alberto G. Spota - JA 985-IV, 426 - ED 117, 153; Mosset Iturraspe, "Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios", t. II, p. 224, núm. 124, Buenos Aires, 1975; Guastavino, Elías P., "Actos fiduciarios" en: "Estudios en homenaje a Héctor Lafaille", p. 365, núm. 1, Buenos Aires, 1968; Goldschmidt, "Trust, fiducia y simulación", Rev.
LA LEY, t. 67, p. 777; Rivera, "Acción de simulación", E. D., t. 60, p. 899; Carranza, "El negocio fiduciario" en Juris, t. 26, p. 347; Mayo "La inscripción de bienes a nombre de otra persona no es un supuesto de simulación" ED, 176-988; Luis Daniel Crovi "La simulación relativa y la interposición real de personas" LA LEY 2005-F, 408; voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci SCMendoza SalaI 15/12/1989 "O., H. C. c. A., M. C." LA LEY 1991-C, 378 - DJ 1992-1, 256), voto del Dr. Llambías CNCiv. Sala A LA LEY, 101-447 y ED, 54-443 y sigts; CNCiv Sala D 14/11/1990 " P., L. c. P., F. y otros, suc.y P. P., F. H. c. Ch., N." LA LEY 1991-C, 25 - ED 140, 519 ; Belluscio-Zannoni "Código Civil comentado", t. 4, p. 399 ; fallo del 7/09/2007 dictado por la CNCiv Sala M in re "G., M.
S. y otros c. G., A." publicado en La Ley Online; mi voto en Expte. Nº 42259 Marmisolle Marcos Adrian y otro c/ Marmisolle María Eva y otros s/ Simulación ABELEDO PERROT Nº: 70042360). La misma Juana Esther Correa, reitero madre de la accionante y concubina de Cremaschi, según informe producido en el proceso sobre violencia cuya copia obra a fs. 112 de la causa penal manifestó que el boleto de compraventa beneficia a su hija porque "Cremaschi tomó esta resolución cuando vendió una casa familiar y decidió comprar otra , poniéndola a nombre de Graciela para no dejarles nada a sus propios hijos" , lo que es ratificado en su declaración de fs. 17 de la causa penal - ya fallecido Cremaschi-: "Cremaschi compró una casa, en la calle Pirovano 429 de Lincoln, donde vivíamos y la puso a nombre de mi hija Graciela Beatriz Barisone.
El le dijo a ella , vos tenes que decir que vos compraste, siempre tenés que decir que vos compraste"; además de la exposición civil que abre el proceso de violencia familiar: "se encuentra a nombre de la hija de la dicente para evitar que sus hijos se queden con algo de él" ( ver fotocopia a fs. 87 de la causa penal)
Corroboran que el efectivo y real comprador era Cremaschi también las declaraciones del escribano Ilharreborde y de Ricardo Luna - quien intervino en el negocio y contaba con poder para el otorgamiento del acto por parte de Velazquez - de fs. 134 causa penal.
Por otra parte no solo toda la documentación y pagos correspondientes a la adquisición y posesión del inmueble figuran a nombre de Cremaschi y estaban bajo su poder sino que la única mejora - conexión de gas- fue puesta a nombre de la actora según declaración del instalador Spinelli de fs. 34 causa penal por indicación de aquél.
Robustece esta apreciación el que según declaración de Velazquez fuera Cremaschi quien conservara el boleto en el que no aparecía ( "yo no se como ella tiene el boleto porque eso lo tenía Cremaschi" fs. 29vta. causa penal), siendo que Barisone acompañe sólo una fotocopia, intentando justificar la falta del original por un supuesto extravío al retirar las pertenencias de la casa de Pirovano 429, cuando según las constancias de la causa de violencia la que se fue de allí fue su madre ( fs. 87, 91 y 98 de la causa penal). - arts. 163inc. 5 y 384 del CPCC- Es más, la recurrente en su contestación de fs. 54/55 expresamente admite "que el negocio lo pactan el demandado y Cremaschi, cuando la relación de este último con su concubina Correa Juana Esther, mi madre, era muy buena, por lo que decide que sea yo la parte compradora", dando argumentos similares a los de su expresión de agravios para rebatir la simulación del boleto: Que Cremaschi expresó su voluntad con discernimiento, libertad e intención al dar su conformidad para que el acto jurídico lícito se concrete en la escribanía Ilharreborde y que ella nunca hubo revocado "el instrumento suscripto y firmado"; lo cual además de la confusión entre vicio de la voluntad y vicio del acto jurídico, revela que entiende justificada su pretensión como beneficio gratuito al que se había obligado el fallecido, sin alcanzar a comprender que no existe la promesa de donación de inmuebles (art. 1810 del Código Civil).
Sin entrar a valorar la forma en que privadamente las reales partes del negocio desbarataron su ficticia apariencia (aunque ningún provecho visible se advierte en tal proceder de parte del vendedor e inclusive de Cremaschi quien se suicidó al poco tiempo más que evitar el perjuicio a sus legítimos herederos), lo cierto es que la Sra. Barisone no puede accionar para consumar el proceso simulatorio en perjuicio de terceros y bien puede oponerse a ello quien ningún beneficio obtiene del reconocimiento de la realidad subyacente (arts. 959 y 1058 del CCivil)
Por todo ello y con los fundamentos expuestos, doy mi voto POR LA AFIRMATIVA El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, EL Señor Juez Doctor Guardiola, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior , preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Alzada a la actora apelante vencida (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRS. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V.
ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 4 de Diciembre de 2012.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso – artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, se
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de Alzada a la actora apelante vencida (art. 68 del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse al Juzgado de origen.- FDO. DRS. JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia