Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala 2
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en todas sus partes, rechazando la demanda interpuesta por los Sres. , , , y , contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme considerandos respectivos.
2Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts 69 y 282 CPCCCh).
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, para Dr. , letrado de 39 <PER_8> <PER_15> <PER_20> <PER_21> <PER_1> <PER_2> <PER_2> <PER_2> <PER_3> <PER_15> la parte actora, en la suma de pesos equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del proceso, de los Dres. , , , , y , letrados de la demandada, conjuntamente, en la suma de pesos equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del proceso, del perito martillero Sr. Antonio , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, del perito meteorólogo Sr. , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, del perito ingeniero Sr. , por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del proceso, del perito geólogo Sr. en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso y de la perito psicóloga Sra. , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, en todos los casos, con más el IVA, de corresponder. …
001066/2025 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil veintiséis, se reúne en acuerdo la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial nro. II con asiento en esta ciudad, con la presidencia de la Dra. María Marta Nieto y la vicepresidencia del Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes (Acuerdo Plenario nro. 5394/2025, arts. 1 a 5), para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: " y otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ ORDINARIO", expte. nro. 1066/2025, venidos de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero Civil y Comercial –Secretaría N° 4- (expte. nro. 20094/2020), y atento al resultado del sorteo de fecha 12 de agosto de 2026 (art. 271 del Código Procesal Civil y Comercial), correspondió el siguiente orden para la votación: Dr. Ricardo Rubén Enrique Hayes y Dra. María Marta Nieto.
Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la Sentencia nro. 170/2025 de fecha 19 de septiembre de 2025 y aclaratoria de fecha 26 de septiembre de 2025? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Vienen estos autos a mi conocimiento en virtud de los recursos de apelación que interpusieran los actores (ID , agravios ID 2212223), la demandada (ID 2081413, agravios ID 2221791) contra la SD N° 170/2025. Asimismo, y en piezas separadas, ambas partes se agravian por la regulación de los honorarios profesionales, por altos (ID 2073139 e ID 2081413) y el perito ingeniero, por derecho propio, por bajos (ID <PER_1> <PER_1> <CUIT_1> ). Corridos los respectivos traslados, los actores dieron respuesta a los de la contraria (ID 2242091), no mereciendo respuesta por parte de la demandada.
I. Antecedentes:
I.1.a. En breve síntesis, y en lo que aquí interesa, diré que los Sres. , , , y , promovieron demanda en contra de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a efectos de que se la condene a abonarles la suma de $30.880.000, en concepto de los rubros: pérdida de valor venal de la propiedad, daño patrimonial, privación de uso y daño moral, más intereses. Relataron los fundamentos de su pretensión, refiriendo que el inmueble que les pertenece en condominio por causa de muerte de la Sra. , que está compuesto por tres unidades funcionales destinadas a locación, se vio afectado por la inundación acaecida entre los días 29 de marzo y primeros días de abril del 2017, por exclusiva culpa y responsabilidad del Estado Municipal, por cuanto no ejecutó las obras necesarias para mitigar o neutralizar los efectos de las lluvias persistentes en la ciudad. Explicaron los daños sufridos a consecuencia de dicho evento climático. Fundaron en derecho y ofrecieron prueba. Peticionaron. Posteriormente ampliaron demanda en varias oportunidades (v. fs.130/131, 134, 136 y 138). En tiempo oportuno compareció a contestar demanda la Municipalidad de Comodoro Rivadavia peticionando el rechazo de la acción, con costas. Opuso defensa de falta de legitimación activa, negando toda la plataforma fáctica, argumental y jurídica, como la 2 <TEXTO_1> <PER_1> <PER_2> <PER_2> <PER_2> <PER_3> <PER_4> documental en que se asentó la demanda. Expuso los hechos según su versión, destacó que el evento climático acaecido entre marzo/abril del año 2017 revistió la calidad de hecho fortuito y de fuerza mayor por el cual su parte no debe responder. Impugnó las partidas indemnizatorias reclamadas, ofreció prueba e hizo reserva de caso federal. Finalmente peticionó. Asimismo, ha de señalarse que los actores promovieron incidente de beneficio de litigar sin gastos (Expte. N° 20095/2020) de conformidad con el art. 78 del CPCCCh. Los demás antecedentes de autos han sido debidamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que a los mismos me remito y tengo presente a la hora de resolver.
I.1.b. Allí se resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda que los Sres. , , , y , entablaron en contra de Municipalidad de Comodoro Rivadavia y, en consecuencia, se condenó a la accionada a abonarle a los actores, dentro del plazo de diez (10) días, la suma de $2.389.104 (15% de $ 15.927.360) más intereses. Se impusieron las costas en el orden causado y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes. Posteriormente, mediante aclaratoria de fecha 26/09/2025 se dispuso imponer las costas a la accionada vencida.
II. Agravios:
Ambas partes interpusieron contra la sentencia sendos recursos de apelación. Los actores, en principio, solicitaron el replanteo de la prueba desestimada en la instancia de grado, la cual mediante SI. N° 237/26 de fecha 08/04/26 fue rechazada.
<PER_1> <PER_2> <PER_2> <PER_2> <PER_3>
Asimismo, expusieron los siguientes agravios: omisión del fallo de expedirse respecto de cuestiones sustanciales introducidas en la demanda, prescindencia de las pruebas periciales decisiva para la resolución del caso, consideración de hechos no invocados por las partes y aplicación equivocada del principio iura novit curia, omisión de aplicar los efectos de la conducta omisiva del municipio y su responsabilidad, no considerar que se ha probado la inexistencia de caso fortuito, desestimar la procedencia del reclamo indemnizatorio pérdida de valor venal de la propiedad, la insuficiente cuantificación del daño patrimonial y por desestimar el rubro privación de uso, no considerar la prueba pertinente en la cuantificación del daño no patrimonial, y por los interés dispuestos y capitalización. En pieza separada, y como ya lo mencionara párrafos arriba, apelaron los honorarios regulados a los letrados de la contraria, por altos. La parte demandada, por su parte, se agravió por los fundamentos de la sentencia para establecer su responsabilidad y la condena dispuesta en el 15% de lo reclamado por los accionantes, como por la imposición de las costas. Asimismo, en pieza separada, criticó regulación de los honorarios de todos los profesionales intervinientes, por altos. Contra el decisorio se alzó también el perito ingeniero, criticando la regulación de sus honorarios, por bajos.
II.1. Agravios de los actores.
II.1.a. Los accionantes se agravian en principio porque el fallo de grado omite resolver dos cuestiones decisivas para el litigio.
La primera de ellas dada por la omisión de la actuación del Poder Ejecutivo Municipal (PEM)
caracterizada por la falta de servicio, por inobservancia del poder de policía, relativa a la planificación, ejecución y mantenimiento de las obras publicas necesarias en el ejido urbano, en materia de pluviales y canales, ante la evidente insuficiencia y desastroso estado de funcionamiento del sistema de drenaje en el barrio Pueyrredón y sus aledaños desde el año 2010, con el consiguiente impacto urbanístico y ambiental, con perjuicio para todos los vecinos y en particular para su parte.
La segunda, en tanto que dicha omisión, constitutiva de mora en el cumplimiento de sus obligaciones como poder de policía en la materia, excluye el caso fortuito y determina la responsabilidad civil de la contraria (1773 inc. c) del CCCN). Manifiestan que las consecuencias de dicha omisión resultan totalmente perjudiciales e irreversibles para la justa solución del pleito e incompatible con la garantía de defensa en juicio establecida por la CN. En virtud de ello, solicitan se revoque el fallo y se subsane el tratamiento de ambas cuestiones, admitiéndose totalmente la demanda civil promovida, condenado a la demandada al pago de todos los conceptos demandados por su responsabilidad civil objetiva. II.1.b. En segundo término, se agravian porque la sentencia de grado prescinde de pruebas decisivas para la resolución del caso y excluye conclusiones dirimentes acreditadas con las pericias en geología, ingeniería civil, ingeniería hidráulica y la prueba informativa, producidas en autos.
Sostienen en su primer punto que se ha prescindido de valorar la pericia en geología con la que se acreditó la reiterada previsión y advertencias de 5 Documento anonimizado por AymurAI lluvias aluvionales extremas con riesgo para la ciudad por deficiente e insuficiente estado de su red de fluviales.
Afirman que mediante dicho informe pericial se demostró que existieron desde 1985 numerosos estudios técnicos generados desde organismos públicos, nacionales e internacionales, que analizaron la problemática de la cuenca hidrológica del Río de las Quintas en particular y de la zona patagónica en general, advirtiendo los riesgos de las inundaciones aluvionales por lluvias extraordinarias con impacto en la zona sur de la ciudad ( ), proponiendo soluciones e indicando la necesidad de reservorios para evitar el ingreso de sedimento a la trama urbana.
Se expiden respecto de cada una de las conclusiones y previsiones realizadas por el perito geólogo , de las que el sentenciante concretamente prescindió, a las que me remito por razones de economía procesal.
Asimismo, refieren que se probó con la pericia en ingeniería rendida en autos y no impugnada por la contraria, que recién en el año 2022 el Municipio local, con base en el proyecto licitatorio del 2012, construyó el reservorio N° 4 previsto en el año 2012, encontrándose pendientes los otros cuatro reservorios. Sostienen que esa morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones califica la falta de servicio, por tratarse el temporal del 2017, como un hecho previsible y evitable conforme surge de las pericias, lo que no excluye la responsabilidad civil objetiva de la MCR, de conformidad con lo previsto por el artículo 1710 inc. b) del CCCN.
<DIRECCION_1> <PER_5>
Manifiestan que el a quo debió valorar la eficacia de toda la prueba pericial rendida conforme le ordena al art. 481 del CPCC, y que el magistrado no brindó ningún argumento que demuestre la falta de eficacia de dichas pruebas, ni error o contradicción con hechos o pruebas, como tampoco la falta de competencia de los expertos que elaboraron las pericias de ingeniería civil hidráulica y geológica, para el apartamiento de ellas. Citan jurisprudencia y doctrina sobre la valoración de la prueba, a esos efectos.
Explican que, conforme el análisis técnico de la prueba pericial, se ha demostrado que de haberse construido los cinco reservorios proyectados en el año 2012, todo ello hubiera podido contener todo el lodo transportado al donde se localiza su vivienda, reduciendo la velocidad del flujo del agua por efecto de laminación de los mismos, permitiendo que las crecientes lleguen atenuadas a la trama urbana, evitando el colapso de los pluviales e inundaciones repentinas hasta desembocar al mar.
En otro punto, afirman que también se ha prescindió de valorar las pericias en ingeniería civil e hidráulica. Sostienen que con dichos dictámenes se demuestra técnicamente que de haberse ejecutado el proyecto licitatorio por el municipio conjuntamente con la remodelación y ampliación de los colectores principales en las cuencas de zona sur de Comodoro Rivadavia, todo ello hubiera permitido evitar o disminuir significativamente los efectos del temporal del 2017.
Manifiestan que el perito hidráulico- - al contestar el pedido de explicaciones indicó que el intendente el 23/02/2023 inauguró el <DIRECCION_1> <PER_6> <PER> reservorio cuatro, propuesto en el proyecto licitatorio de enero/2012, demostrando ello que las autoridades del municipio consideraron que el proyecto licitatorio del año 2012, y con posterioridad al temporal del 2017, resultaba técnicamente adecuado y suficiente para evitar y minimizar inundaciones aluviales por lluvias extremas en la zona sur de la ciudad.
Exponen que la omisión por falta de servicio consumada por las autoridades de la MCR, por no gestionar la licitación del proyecto final del 2012, sin que exista prueba concreta y cierta de su imposibilidad o del fracaso de alguna gestión previa al temporal del 2017 para ejecutarlo y de ese modo evitar los efectos dañinos del mismo, conforme surge las pruebas periciales en ingeniería civil e hidráulica, constituyeron el fundamento esencial técnicamente fundado y no contradictorio, por ninguna otra prueba, para desestimar su defensa en cuanto se habría tratado un hecho que no pudo evitarse en los términos del 1730 del CCCN.
Afirman que el juez de grado elude y aplica una defensa que no fue esgrimida por la contraria como es la concausalidad o responsabilidad concurrente, con evidente afectación al debido proceso y a su derecho de defensa, lo que motiva el agravio y consiguiente pedido de revocación del fallo y la admisión de la demanda en su integralidad condenando al pago del 100% de los conceptos demandados por su responsabilidad civil objetiva total. Citan doctrina y jurisprudencia. II.1.c. En tercer lugar, se agravian porque el fallo de grado tuvo en consideración hechos no invocados por las partes y, en consecuencia, aplicó erróneamente la doctrina legal respecto al principio “iura novit curia”, violando el principio de congruencia establecido por la propia doctrina que emana de los fallos del alto Tribunal federal. Manifiestan que la demandada solo invocó la existencia de caso fortuito o fuerza mayor para eximirse de la responsabilidad del reclamo, pero el magistrado introdujo como cuestión la existencia o no de un deber normativo expreso y determinado y de competencia, eligiendo el derecho aplicable a los hechos que no fueron invocados por las partes, aduciendo que existe concausalidad y responsabilidad concurrente por los hechos atribuidos al estado municipal no obstante que no formara parte del litigio la invocación de aquél instituto.
Asimismo, agregan que el fallo es arbitrario porque rechaza sin causa el valor probatorio de las publicaciones periodísticas, de la jurisprudencia invocada y prescinde de las pruebas testimoniales pese a haberle asignado gran peso a esa prueba adquirida, la que debió ser valorada de forma integral y concordante con el resto de las pruebas.
Aseveran que resultó errado concluir que su parte no pudo probar los hechos invocados por medios de prueba legalmente admitida, aduciendo que se produjeron antes de la vigencia del nuevo CCCN, obviando incluso su aplicación en función de lo previsto en el art. 7, privándolos de ejercer su derecho de defensa.
Explican que invocaron en el libelo de inicio la aplicación de fallos que tramitaron ante esta Alzada, “Cores” y “Cerezo”, no existiendo razón alguna para que el juez concluya que los criterios sentados en los mismos no resultan aplicables de acuerdo con lo 9 Documento anonimizado por AymurAI establecido en el art. 1 de la Ley Provincial 560. Expresan que el juez de grado admitió el enorme peso que ostentan las declaraciones testimoniales rendidas (28), pero contrariamente a ello, omitió valorarlas, como también omitió valorar el reconocimiento de documental que efectuaron los testigos, referidos a los daños sufridos por su parte, resultando absurdo que de las declaraciones solo pueda sostener que lo que dijeron los testigos era que el agua moja y/o que ello es inocuo, cuando resulta que los declarantes expusieron detalladamente cuales fueron los daños sufridos en su vivienda.
En otro apartado, refieren que el a quo aplicó leyes ajenas a la materia del juicio, a hechos no invocados por las partes. Entre ellas, mencionan la aplicación del Código de Aguas de Chubut y la Ley XVII N° 88 de Política Hídrica de Chubut.
Manifiestan que del texto de dichas normas se verifica que las leyes aplicadas se refieren a regulación del recurso hídrico o aguas ubicadas en jurisdicción provincial, que son de dominio del Estado Provincial, con aptitud de satisfacer el uso de interés general, ajeno a la materia de autos. Consideran errada la atribución de jurisdicción al Estado Provincial que no ostenta, entendiendo que ello es violatorio de la autonomía de las Municipalidades, su jurisdicción y competencia, consagradas por la CN, CP, la Carta Orgánica Municipal y la normativa específica municipal (Res. P.E.M. N° 3943/11 y 1205/06).
Una vez más, acotan que las normas elegidas por el sentenciante de grado son ajenas al caso y se aplican a hechos no invocados, siendo errado que existan deberes concurrentes con la Provincia del Chubut en la materia debatida en autos, o que el municipio local tenga un rol participativo o secundario como se concluye. Agregan que, por las mismas razones, la Ley XVII N° 88 de Política Hídrica de Chubut, cuyo objeto es la regulación, organización y gestión de recurso hídrico en el orden provincial, también resulta ajena al caso y por ende inaplicable.
Se explayan respecto a la autonomía municipal de la parte demandada y su competencia, y lo dispuestos por dichas normas, sosteniendo que es de exclusiva competencia de la MCR lo relacionado con los pluviales y canales que están dentro del ejido municipal. II.1.d. En cuarto punto, fundan su queja en que el magistrado no aplicó los efectos de la conducta omisiva de la demandada y su responsabilidad, no obstante haberse admitido que no hizo nada para evitar las inundaciones por las lluvias.
Reiteran sus fundamentos de que los hechos ocurridos en la ciudad, revelan que los pluviales y canales en el ejido urbano, son insuficientes, ineficientes y desastrosos, omitiendo el magistrado considerar los datos técnicos de vieja data que acreditan tales características, así como las recomendaciones, advertencias y previsiones explicadas en el segundo agravio de su apelación, minimizando equivocadamente la gravedad del asunto.
Aseveran que la inundación por la lluvia caída desde el 29/03/2017 al 08/04/2017 pudo ser evitada con el sistema pluvial integrado proyectado de enero del 2012 y que recién comenzó a ejecutarse en el año 2022, conforme surge de las pruebas periciales obrantes en autos.
Insisten en que la contraria no invocó la 11 Documento anonimizado por AymurAI responsabilidad de la Provincia del Chubut o su responsabilidad concurrente o concausalidad en el caso, solo alegó la existencia de caso fortuito como eximente de responsabilidad, siendo ello la materia de debate y prueba. En virtud de ello, indica que se incurrió en un exceso al introducir hechos o defensas no invocados por las partes modificando la base fáctica del pleito. II.1.e. En quinto término, se agravian por que la sentencia omitió considerar que se probó la inexistencia de caso fortuito. Hacen alusión a la inexistencia de los caracteres del caso fortuito a los que me remito por razones de economía procesal. Acotan que habiéndose demostrado que la inundación por las lluvias ocurridas en el año 2017, era evitable y por ende no existió caso fortuito- referido a una eventual graduación y reparto de responsabilidad, sumado a que existió mora (art. 1733 inc. c) del CCCN) lo que excluye el caso fortuito y determina la responsabilidad civil de la demandada.
Afirman que no corresponde la aplicación en el fallo de las SD N° 40/2022 y N°13/2025 dictados por este Tribunal, por no haber intervenido en dichos expedientes, por los cuales no se les puede oponer los efectos de las sentencias dictadas en los mismos, violándose de ese modo su derecho de defensa. Agregan que también la sentencia de grado saco de contexto una frase perteneciente al fallo “Walton” de la Cámara Nacional de Apelaciones, la que no guarda relación con la causa, por lo cual es ajeno e inútil para sostener una solución de la cuestión.
Asimismo, sostienen que les resulta errado el razonamiento realizado por el juez de grado respecto a la graduación y atenuación de la responsabilidad en función a la cantidad de agua de lluvia caída, no invocada ni prevista en la legislación, y omitiendo valorar la prueba demostrativa de la admisibilidad integral de la demanda (informativa y periciales), violando el principio de congruencia, las normas de orden público aplicables en la materia y su derecho de propiedad.
II.1.f. En otro punto las accionantes se quejan porque el fallo desestima la procedencia del rubro pérdida del valor venal de la propiedad. Argumentan que el sentenciante desconsideró las pruebas que acreditan la compra (y posterior toma de posesión) del inmueble por su parte en subasta pública ordenada en el proceso que tramitara ante el mismo juzgado, el cual se ofreció y se agregó como prueba instrumental, en donde la subasta se aprobó y se ordenó por oficio a la demandada su correspondiente inscripción a sus nombres con fecha 10/11/2014.
Dicen que es equivocado e irrazonable concluir que ellos no resultan dueños porque el inmueble aún no está inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble. Destacan que las pruebas son coincidentes y concordantes, a los fines de demostrar los presupuestos y admisibilidad del rubro demandado y la existencia de los hechos invocados, los que no fueron considerados por el magistrado. Se expiden respecto del importe de este rubro y refieren que la pericia en tasación lo estableció en la suma U$S 180.000 al 15/02/2023 (fecha de la pericia) que representa el 50% del valor del mercado del inmueble (U$S 360.000), si se resolviera o suprimieran los factores negativos de la desvalorizaron luego de la inundación del 2017, razón por la cual solicitan que prospere por ese importe, convirtiéndose 13 Documento anonimizado por AymurAI a la moneda de curso legal al tipo de cambio vendedor del dólar oficial, publicado por el BNA el día hábil anterior a la fecha del pronunciamiento. Asimismo, peticionan se aplique un interés equivalente al 2% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia. II.1.g. A continuación, los accionantes se agravian por la omisión de tratamiento e insuficiente cuantificación del daño patrimonial.
Argumentan que el sentenciante rechazó el pago de esos daños por considerar que los departamentos estaban alquilados, y entonces no fueron ellos quienes sufrieron tales perdidas.
Afirman que han detallado los trabajos de reparación por materiales y por mano de obra necesarios para tornar habitable el inmueble, estimando la suma al momento de entablar la acción en $7.000.000. Refieren que la pericia en tasación estableció que el importe de bienes a reponer asciende a $1.810.000 y de hacerse lugar al rubro se debe actualizar dicho importe teniendo en cuenta la inflación de esa fecha y la actual (680,11%), por lo que el rubro asciende a la suma de $14.119.991, más su actualización a la fecha de la sentencia e intereses sobre ese importe desde el 30/03/17 y hasta el pronunciamiento a una tasa pura del 8% anual y desde esa fecha y hasta el efectivo pago de acuerdo a la tasa activa del BNA.
Indican que con la pericia en ingeniería civil se estableció que los trabajos detallados en la demanda resultan ser los adecuados, y que el importe de materiales y mano de obra actualizada, de acuerdo al índice de la Cámara Argentina de Construcción, asciende a $219.947.107,00 más sus intereses.
Con base en ello, entienden que la suma estimada por el a quo resulta insuficiente, quedando demostrado que no se cumple con la reparación integral demandada. Solicitan se haga lugar a la demanda y a los importes mencionados ($14.119.991 y $219.947.107 más actualizaciones e intereses), por reposición de bienes y por trabajos de reparación, con costas.
II.1.h. En octavo punto se agravian los actores porque el fallo desestima la procedencia del reclamo indemnizatorio por el rubro privación de uso.
Indican que el a quo, infundadamente concluyó “… no hay elementos que le sirvan de sustento al lapso de tiempo indicado en la demanda”. Manifiestan que han probado con la pericial en ingeniería civil, que con motivo de las refacciones a realizarse el inmueble debe estar desocupado y que tales tareas insumirán 12 meses, quedando con ello probado el lapso del concepto privación de uso demandado, que es superior al establecido en el fallo en crisis (4 meses).
Agregan que el perito tasador dictaminó el valor locativo por cada unidad funcional existente en el inmueble, estableciendo que ese importe totaliza la suma de $300.000 mensuales, o sea que está determinado el importe por el cual debe prosperar el presente rubro.
Asimismo, explican que con relación a ese concepto el magistrado de grado estableció que no existe lógica de indemnizar privación de uso por unidades funcionales ubicadas más allá del primer piso.
Alegan que la lógica conlleva establecer que si ingresó agua y lodo en el inmueble a una altura de un metro aproximada, resulta entonces imposible acceder a las unidades funcionales que están en la planta alta y que ante ello existe la privación de su uso.
15 Documento anonimizado por AymurAI Sostienen que, encontrándose probada la existencia de la privación de uso por el lapso de 12 meses por todas las unidades funcionales del inmueble, solicita prospere el rubro por la suma de $3.600.000 ($300.000 x 12 meses), lo que actualizado tomando en cuenta a la inflación entre la fecha de la pericia y la actual (680,11%), asciende a $28.083.960. Asimismo, peticiona que dicho monto se actualice a la fecha de la sentencia, con intereses sobre ese importe desde el 30/03/2017 hasta la fecha de la sentencia a una tasa pura del 8% anual y desde esa fecha y hasta la del efectivo pago de acuerdo a la tasa activa del BNA. II.1.i. En noveno término, las accionantes se quejan porque el fallo desconsidera la prueba pertinente en la cuantificación del daño no patrimonial.
Manifiestan que ha quedado acreditado con la prueba pericial psicológica efectuada por la Lic. , el sufrimiento de índole espiritual del Sr. a causa del hecho debatido, su repercusión y gravedad, siendo manifiesta la insuficiencia del importe otorgado en la sentencia. Solicita se revoque el importe otorgado de $1.075.360 y se establezca en la suma de $12.250.000, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede generar dichas sumas, con más sus intereses señalados.
II.1.j. Por último, los accionantes se quejan por los intereses dispuestos y su capitalización.
Manifiestan que en atención a que en el objeto demandado se incluyó a la suma de dinero cuantificada por los rubros reclamados “…y/o la que en más o en menos resulte de prueba a producirse, juntamente con sus intereses…” y, que es criterio de la CACR que esa <PER_8> <PER_1> petición comprende a la capitalización establecida en el artículo 770 inc. c del CCCN, es que peticiona se establezca que en caso de mora en el pago del monto en condena se computen nuevos intereses a la tasa activa mensual que publica el BNA, desde la fecha del fallo y hasta su efectiva cancelación, con capitalización de intereses. Hacen reserva del caso federal.
II.2. Agravios de la demandada.
II.2.a. En primer término, la demandada se agravia por la conclusión arribada por el juez de grado que sostuviera que la vivienda de los actores se encontrara asentada sobre una laguna salobre, considerando el pronunciamiento que su parte permitió la urbanización en una depresión expuesta al peligro de aluviones, omitiendo dotarla de capacidad hidráulica suficiente para evitar que se inunde.
Manifiesta que dicha cuestión no solo no ha sido introducida en la demanda por la contraria, sino que no se ajusta a las constancias de la causa, ni al derecho positivo vigente.
Explica que los actores habitaban un barrio adecuadamente urbanizado, contando con todos los servicios públicos necesarios, y entre ellos un sistema para drenar el agua de lluvia a través de los canales que han sido construidos y que evacuan el mismo. Sostiene que resulta confusa y contradictoria la conclusión del a quo, dado que por un lado acepta que se trató de un fenómeno imprevisible e inevitable- dada la magnitud de la lluvia caída- pero a renglón seguido se contradice al afirmar que fue “inevitable a medias” dando a entender que si su parte hubiera asentado el barrio en otra zona “no lagunar” tal vez la inundación no se hubiera producido.
17 Documento anonimizado por AymurAI Manifiesta que el aluvión de sedimentos no fue una consecuencia dañosa de la depresión lagunar, o de los supuestos vicios de la red pluvial, o de la falta de ejecución del proyecto de ampliación. Lejos de todo ello, fue la consecuencia de un evento climático absolutamente extraordinario y fatal, imprevisible e inevitable. Explica que no se trató de una inundación por defectos de la red pluvial, sino de un cataclismo que superó abrumadoramente toda previsión humana. Dice que le resultaba imposible, al mes de marzo de 2017, haber proyectado y ejecutado una obra que contuviera un fenómeno pluvial del que siquiera se tenían registros meteorológicos en toda la historia de la región, lo que descarta por completo la configuración de una omisión antijurídica, es decir, de una conducta pasiva que haya violado una norma expresa, como supone el magistrado de grado.
Sostiene que el fenómeno de la naturaleza sufrido por nuestra ciudad, constituyó un supuesto de hecho fortuito, lo que excluye el factor de atribución y que como tal, no le genera obligación de resarcir, conforme las disposiciones del art. 1730 CCCN, del art. 2 inc. a) de la ley 26944 y del art. 2 inc. a de la Ley I N° 560 de esta Provincia. Trae a colación la SD Nro. 13 de fecha 13/03/2025 dictada por esta Cámara en autos “ c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ sumario (Daños y perjuicios)” Expte. N° 10090/2020, a los fines de fundar su tesitura respecto del caso fortuito.
Argumenta que no se ajusta a derecho, ni a las constancias de la causa, ni tampoco a los precedentes emanados de esta Cámara, la decisión del juez de grado de atribuir responsabilidad “concausal” a su parte por <PER_9> el infausto del año 2017 cuando se encuentra acreditado que dicho suceso configuro un caso fortuito que, como tal, quiebra el nexo de causalidad y por lo tanto la exime de responsabilidad. En consecuencia, peticiona se revoque el fallo de la instancia de grado que la condena al 15% de los supuestos daños sufridos por los accionantes.
II.2.b. Por último, la accionada se agravia por la imposición de costas que le fueran cargadas íntegramente a su parte mediante aclaratoria.
Expone que la demanda ha prosperado en el 15% de lo reclamado, por lo cual la actora resulta perdidosa, siendo significativamente mayor el rechazo de sus pretensiones.
Peticiona que, en caso de confirmarse la sentencia en cuanto al fondo del asunto, sea modifica la imposición de costas, imponiéndose el 85% a cargo de la actora y el 15% a su cargo. Y para el caso de que se considere que han existido vencimientos parciales y mutuos, solicita se aplique lo dispuesto por el art. 72 del CPCCCh. Mantiene la reserva del caso federal. II.3.a. Asimismo, en pieza separada las partesactoras y demandada- se agravian por la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes de las contrarias por altos (ID 2073139 e ID 2081413). El perito ingeniero- Sr. , se agravia, por derecho propio, por la regulación de sus honorarios profesionales, por bajos. Refiere que ha intervenido realizando dos pericias en las actuaciones, una en ingeniería civil y la otra en ingeniería civil con orientación hidráulica, y que se le reguló honorarios como si hubiera realizado una sola, circunstancia que viola su derecho de propiedad y su <PER_6> derecho alimentario. Solicita se regulen sus honorarios por cada trabajo pericial realizado (ID 2070724). II.4.a. Replica de los agravios.
La parte actora da respuesta a los agravios de su contraria, contraponiendo los fundamentos de la apelante, considerando ajustados a derecho los fundamentos del fallo de primera instancia. Peticiona se rechace en su totalidad el recurso interpuesto por la demandada, con expresa imposición de costas.
III. Tratamiento de los agravios. Solución:
III.1.a. Efectuada la reseña precedente, y adentrándome en el tratamiento de las cuestiones traídas a mi estudio, destaco ante todo que tiene dicho nuestro máximo tribunal que “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos, 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191)”.
Sostengo a la par que las limitaciones impuestas al juez, en cuanto a los hechos, no rigen tratándose del derecho, porque, aunque las partes no lo invoquen o lo hagan en forma errónea, al juez corresponde calificar la relación sustancial en litis y determinar la norma jurídica que rige. Así, en virtud del principio iura novit curia, los jueces se encuentran facultados para calificar autónomamente los hechos de la causa y subsumirlos en las normas jurídicas que los rigen, con independencia de las alegaciones de las partes o del derecho por ellas invocado (CSJN, 4/5/93, Rep. ED, 28-459, n° 16; íd., 8/3/94, Rep. ED, 29-453, n° 20/21; CNCiv, Sala C, 12/6/01, ED, 194-220; Incom, Sala B, 14/2/05, ED, 212-107).
Por una cuestión metodológica, abordaré en primer lugar el recurso interpuesto por el municipio demandado, más advirtiendo desde ahora que iré resolviendo las diversas quejas de los accionantes conforme presenten coincidencia o bien así lo imponga el análisis lógico de las mismas.
Cuestiona la demandada en su agravio inicial la responsabilidad atribuida a su parte en la sentencia, invocando la falta de acreditación de nexo causal por cuanto el suceso del año 2017 configuró un caso fortuito. La cuestión es asimismo objeto de crítica en el marco de la queja de la actora en su agravio cuarto —en cuanto refiere que la sentencia no aplicó los efectos de la conducta omisiva del municipio y su responsabilidad— y en el agravio quinto —por entender que no se consideró que se ha probado la inexistencia de caso fortuito—.
Planteada así la materia de agravios, advierto que, en efecto, la sentencia de grado resulta confusa e internamente contradictoria. El juez de grado resolvió, por un lado, reconocer la responsabilidad del estado municipal por haber permitido la urbanización de una depresión lagunar expuesta al peligro por aluviones, omitiendo dotar a la zona de capacidad hidráulica suficiente para evitar que se inunde; y por otro lado, establecer que se trató de un fenómeno imprevisible e inevitable, parcialmente, dada la magnitud del mismo, reduciendo la responsabilidad de la MCR en un 15% del total del daño sufrido. Es de destacar que dicho porcentaje deriva de un intrincado promedio resultante 21 Documento anonimizado por AymurAI de los milímetros de agua caídos históricamente en abril/marzo y los caídos en las últimas 48 horas en la ciudad, tornando así al pronunciamiento de una motivación carente de razonabilidad y de proporcionalidad, con zonas grises que debilitan la consistencia y la solidez del fallo, en atención a la flaqueza evidente de motivación racional y adecuada para sostener en apariencia las dos posturas disimiles esgrimidas por las partes.
Sabido es, en dicha línea, que nuestra CSJN identifica “La sentencia como unidad lógico jurídica”, en que la parte dispositiva debe ser la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación (Fallos: 345:120; 342:1637; 340:110 (Voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda); “Moro”, del 29/05/2012; 324:2210; 324:547; 324:132; 314:1633; 308:732)- Nota de Jurisprudencia -Junio/2025). En tal sentido, si bien la Corte ha dicho que es ajena como regla y por su naturaleza a la cuestión federal el examen de cuestiones de índole fáctica y de derecho procesal y común, ha hecho excepción a este principio cuando la decisión resulta manifiestamente autocontradictoria (Fallos: 341:150) y se aparta de la solución normativa prevista en el caso con evidente menoscabo del derecho de defensa del recurrente (Fallos: 340:1259; 329:5964); cuando el fallo apelado incurre en contradicción con sus propios fundamentos, desconoce constancias obrantes de la causa y se aparta sin motivo valedero de la prueba conducente a la solución ajustada del presente litigio (Fallos: 339:240) o cuando el tribunal no le otorga a la decisión fundamento normativo, incurre en contradicción y se aparta de normas y principios que resultaban aplicables para resolver la cuestión planteada (Fallos: 326:4685).
En este contexto, se ha dicho que “Uno de los principios esenciales para merituar una sentencia es el de la coherencia. Un grupo de vicios que afectan la validez de los pronunciamientos judiciales se refieren a su ilogicidad. Para que se cumplan las exigencias lógicas, la sentencia debe ser coherente, razonable y no contradictoria. Una sentencia es contradictoria cuando una premisa afirma algo y con la subsiguiente se neutraliza dicha afirmación, es decir que no se puede obtener una certeza final al silogismo. No pueden sustentarse dos premisas de contenido diferente sin afectar la logicidad de la sentencia que la descalifique como razonamiento valido. Si se admite un hecho para construir la plataforma fáctica, el mismo debe estar probado, sea por prueba instrumental, informativa, pericial, presunciones o indicios” (SCJ de Mendoza, Sala 2°, 25-3-2022, “ en J. c/ y otros s/ Ordinario.
Inconstitucionalidad. Casación”).
Luego, desvirtuado que aparece el decisorio en crisis en razón de lo expresado, corresponde precisar el marco sustancial que rige la responsabilidad por omisión sobre la que pretende hacer pie. Como lo he referido oportunamente en la causa: “ y otro c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Daños y Perjuicios”, Expte. nro. 627/14 (SD 12/2015, anterior Sala B), jurisprudencialmente se ha reconocido la responsabilidad estatal si la causa está dada por la falta de obras de infraestructura adecuada, por parte del municipio, para evitar los desbordes de los canales, arroyos y desagües que se <PER_10> <PER> <PER_12> <ANONIMIZAR_2> <PER_13> encuentran bajo tierra y que desbordan ante lluvias intensas. En tal entendimiento, se hace una limitación del concepto del caso fortuito como excluyente total de la responsabilidad estadual. Es así que se entiende que el daño es el efecto de la conjunción de dos causas autónomas, una es el caso fortuito de las lluvias intensas y otra, la negligencia del estado municipal, quien incumplió las obligaciones dentro del marco de su respectiva competencia (CNCiv, Sala H, “Boada Osvaldo Norberto c/ Consorcio de Prop. Paraguay 2424 y otros s/ daños y perjuicios”, 12/12/2006, MJJ10212). Claro debe quedar entonces, que la carga de la prueba del nexo causal entre el evento y el obrar u omitir de las autoridades pesa sobre quien lo invoca.
Asimismo, se ha reconocido que existe responsabilidad estatal por omisión cuando el Estado, en ejercicio de las funciones que le son propias, omite antijurídicamente la realización de actos o hechos que, de haberse llevado a cabo, hubieren resultado razonablemente idóneos para evitar el daño, en definitiva, sucedido. Más, lo aclaro desde ahora, deben encontrarse presentes en dicho supuesto los requisitos que configuran la responsabilidad estatal por omisión, cuales son: a) el daño; b) la relación de causalidad; c) la antijuridicidad de la omisión; d) un poder público en ejercicio de alguna de las funciones del Estado; e) omisión en forma total o adecuada de la conducta debida; f) posibilidad fáctica de haber cumplido con la conducta debida.
Así, para que proceda la responsabilidad debe existir una vinculación causal entre el daño causado y la inactividad u omisión del Estado. Al respecto, la Ley 26944 establece que debe haber una “relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue”. Como puede apreciarse, se mantiene el requisito de la causalidad para la procedencia del deber de resarcir, inclinándose por la teoría de la causalidad adecuada para establecer un criterio de identificación del nexo causal.
Sin embargo, es menester señalar que la Corte Suprema no ha seguido un criterio uniforme en relación a este tema. En algunos casos ha requerido la existencia de un vínculo directo entre la abstención estatal y el daño, pero en otros precedentes ha seguido la teoría de la causalidad adecuada. Así es que en el fallo “Mosca”, uno de los precedentes más ricos en la construcción jurisprudencial de la Corte en los últimos años, se hizo referencia a este tema al referirse a la responsabilidad del Club Atlético Lanús. Allí, el máximo Tribunal expresó que “nuestro régimen causal exige la prueba del curso normal y ordinario de las cosas (arts. 901 a 906 Código de Vélez - actualmente arts. 1726 y 1727 del CCCN) y, por lo tanto, la regla es que, demostradas varias posibilidades, hay que estar a la más probable, si se ha demostrado claramente esa probabilidad. En efecto, el origen de los daños fue una lluvia de objetos que provino desde el Club Atlético Lanús”. De igual manera, debemos tener en cuenta que la causalidad, en los supuestos de omisión, está íntimamente vinculada con la concepción de conducta que se considere. Así, si partimos de un concepto de omisión que comprenda deberes morales o de solidaridad como elementos válidos para la generación de conductas esperadas y, por lo tanto, pasibles de reproche, no puede luego aludirse a un sistema de causalidad 25 Documento anonimizado por AymurAI jurídico.
Del mismo modo, la mencionada Ley 26944 establece que el factor de atribución para justificar la imputación de las consecuencias dañosas no es otro que la falta de servicio, la que compromete la responsabilidad estatal cuando un servicio no funciona, o cuando funciona mal o tardíamente (Pizarro- Vallespinos, 2020). Por tal razón, quien pretenda ser indemnizado, tiene que decir cuál era el servicio que correspondía ser prestado por el Estado y probar que éste no funcionó, o que funcionó mal o tardíamente. En otras palabras, tiene que alegar y probar en qué consistió la defectuosa, irregular o anómala prestación o funcionamiento del servicio.
Frente a dicha plataforma de responsabilidad, la demandada esgrimió como defensa el caso fortuito o fuerza mayor. Al respecto se ha dicho que “El caso fortuito rompe la cadena causal porque se trata de hechos que no acostumbran a suceder de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. Son acontecimientos que escapan a la previsibilidad de un sujeto, o en otros casos, si bien pueden ser previsibles, son inevitables porque no se sabe el momento exacto de ocurrencia, o porque aun sabiéndoselo es imposible resistirlos. Los requisitos generales para que exista caso fortuito son: a) Imprevisibilidad: El caso fortuito debe ser imposible de pronosticar, de saber que ocurrirá porque es un hecho sumamente extraño, b) Inevitabilidad: Puede que un hecho sea susceptible de ser previsto, como un terremoto, pero imposible de resistir o evitar, ya sea porque no se sabe el momento en que sucederá o porque aun sabiéndolo es de tal magnitud que el ser humano no tiene fuerzas para hacerle frente, y c) Ajenidad: El caso fortuito debe ser inimputable. Si el deudor tiene la culpa de que haya sucedido porque no previó lo que era previsible o no tomó las medidas para evitarlo, hay responsabilidad civil…” (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado - Julio César Rivera - Graciela Medina - Tomo IV pág. 1046 y 1047).
Respecto a la cuestión de la prueba, en el caso fortuito rige un criterio de distribución riguroso (arts. 1733 a 1736 CCCN), ya que debe ser demostrado por quien lo invoca para eximirse de la responsabilidad que se le pretende imputar. “Dicha carga es severa, porque quien invoca la existencia del caso fortuito debe probar que esa fue la causa exclusiva de su incumplimiento y que se trató de un hecho imprevisible o que previsto resultó inevitable. Y en caso de duda sobre las características del caso fortuito, debe mantenerse la responsabilidad del deudor, porque el “casus” importa un supuesto de excepción y las excepciones deben interpretarse estrictamente” (CCivCom San Isidro “Cristobo, Newman Sergio J. c/ . y otros s/ daños y perjuicios”).
Al respecto, cabe destacar que los hechos naturales que pueden constituir caso fortuito (tempestades, lluvias, inundaciones, etc.), son considerados tales siempre que se trate de fenómenos extraordinarios, es decir, que no sean periódicos o que por su intensidad salgan del orden común (conf. Borda, "Código Civil Anotado", Tº 1, pág. 267, ed. Depalma); por el contrario, cuando se trata de fenómenos más o menos ordinarios y periódicos, encuadrados en el curso regular de las estaciones, no existe caso fortuito (conf. Salvat-Galli, "Derecho Civil Argentino, <TEXTO_ANONIMIZAR_3> Obligaciones en General", v. I, págs. 158/159; causa 110.368 rsd. 39/11 del 5.4.11 Sala II). El art. 1730 y 1733 del CCyC exigen además el requisito de ajenidad, esto es, que no medie culpa del deudor; extremo cuya prueba también queda a cargo de éste (SCBA. Ac. 53.445, sent. del 5-IX-1995 en “Acuerdos y Sentencias”, 1995- III-416). Y en caso de duda sobre las características del caso fortuito, debe mantenerse la responsabilidad del deudor, porque el “casus” importa un supuesto de excepción y las excepciones deben interpretarse estrictamente (cfr. Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", v. I, págs. 247/249.).
Sobre ese piso de marcha, en nuestra jurisprudencia existe consenso en que las lluvias, tormentas e inundaciones no constituyen por sí mismas un caso fortuito o fuerza mayor de manera automática. Para que un fenómeno de la naturaleza funcione como eximente de responsabilidad, tiene que ser extraordinario —para el lugar y las circunstancias— y de una magnitud o fuerza notoriamente inusuales, pues los accidentes de la naturaleza no constituyen casos fortuitos mientras que por su intensidad no salgan del orden común. Debe evaluarse si el hecho de la naturaleza —inundación por temporales de lluvia— reunió las condiciones de imprevisibilidad, extraordinariedad, irresistibilidad, extraneidad, actualidad e insuperabilidad.
Frente a lo que he venido exponiendo, y previos a ingresar en concreto al análisis fáctico del expediente bajo tales directrices, destaco que entiendo que la prueba debe ser valorada en su totalidad, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 390 del código ritual, puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y “ponderado en su múltiple unidad las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí” (ídem. crit. c. 46701 – “Alonso, Juan C. c/ Scalcini, Juan C. y otro s/ cumplimiento de contrato” – Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul (Buenos Aires) - Sala II - 15/06/2004). Las reglas de la sana crítica de la norma individualizada exigen del juzgador un razonamiento correcto, la apreciación global o conjunta de las alegaciones y las pruebas y la afinidad entre el resultado de la evaluación y las pretensiones deducidas en autos, confrontándola con la actitud de las partes en el evento, valorando la inactividad del estado municipal alegada y cuál es su ejecución (arts. 1137, 1197 y 1198 del Cód. Civil).
Lo cierto es que, a ese fin de demostrar el casus, la demandada ofreció prueba de informes y en dicho marco libró oficio al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) quien mediante informe oficial acompañó las tablas de mediciones de las precipitaciones mensuales del 2010 a 2016 y el ranking de precipitaciones diarias para los meses de marzo/abril en el periodo 1956-2023, para la zona de Comodoro Rivadavia. Dicha respuesta arroja que las precipitaciones registradas los días 29 y 30 de marzo de 2017 ocuparon las dos primeras posiciones del ranking del período 1956/2023, siendo el valor de 232.4 milímetros excepcional para el mes de marzo según el período de referencia 1956–2023. Y que, si bien se preveían fenómenos extremos de precipitaciones en la zona de interés para los días 29 y 30 de marzo y 06 y 07 de abril, con acumulados estimados de 60 a 100 mm y 70 a 120 mm respectivamente, 29 Documento anonimizado por AymurAI los datos registrados en la estación meteorológica dan cuenta de que los fenómenos acontecidos fueron excepcionales para el período 1956-2023 (tabla B), de baja frecuencia de ocurrencia y baja previsibilidad en su magnitud.
Asimismo, emerge de la prueba pericial meteorológica producida en los autos “ Otra C/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia S / Ordinario” Expte. N° 248/2020 —prueba que fuera adquirida en común con la presente causa conforme providencia de fecha 25/06/2024— que el perito Sr. , en su informe de fecha 12/03/2023, refiere que “Puntualmente en Comodoro Rivadavia la tormenta eléctrica que se desató el día 29 dejó un acumulado de 29 mm entre las 15 hs. y 21 hs., mayormente registrado entre las 17:30 y 18:30 hs., lapso en dónde se desarrolló la mayor intensidad del fenómeno dando lugar a inundaciones repentinas por lo que se estima que en algunos sectores de la ciudad los acumulados de lluvia en ese período de tiempo pudieron haber superado los 30 mm… El día 30 se alcanzó la extraordinaria medición de 232 mm en 24 hs. constituyendo un valor record en la historia de los registros de lluvia de la estación meteorológica de Comodoro Rivadavia. Cabe destacar que en 48 hs se acumularon 287 mm… El día 6 se registraron 63 mm y el día 7 de abril 28 mm con lo cual 91 mm in 48 hs. sigue siendo un registro alto para la zona”. Luego, mencionó que la orografía de la zona juega un papel importante en éstas situaciones con viento del este dado que en el sudeste de Chubut y al oeste de la ciudad se extiende una meseta de dirección SSW a NNE de aproximadamente 700 a 900 metros que contribuye a exacerbar los acumulados de lluvia, lo que da lugar al escurrimiento <PER_14> <PER_15> de grandes volúmenes de agua en pocas horas con potencial de transporte de sedimentos. Concluyendo así, que los eventos de lluvias abundantes acaecidos durante el mes de marzo y abril de 2017 constituyeron fenómenos poco frecuentes en la zona, especialmente los ocurridos en marzo superando todos los umbrales de lluvia acumulada en forma diaria y mensual desde que se tienen registro en la estación meteorológica local.
A esta contundencia meteorológica se suma un dato científico que considero crucial. El Instituto Provincial del Agua (IPA), en fecha 5/9/2022, informó que la tormenta con precipitaciones extraordinarias registrada entre el 29/3 y 4/4 de 2017, según estudios realizados por investigadores de la universidad local, presenta una recurrencia de 550 años. Por lo cual, ninguna estructura de las características típicas de desagües hubiera funcionado adecuadamente ante los caudales generados por dicha tormenta, desde que estas redes se diseñan normalmente para un periodo de recurrencia muy inferior, de corte menor a los 50 años. Frente a semejante cataclismo, los reclamos de los actores vertidos en sus agravios, relativos a las periciales en ingeniería civil e hidráulica y sus explicaciones, que señalan que la ejecución integral del sistema proyectado en el año 2012 hubiera disminuido las consecuencias del temporal de lluvia por la ineficiencia de los pluviales, pierden fuerza conductiva. Cotejadas dichas pericias con las restantes probanzas producidas a los fines de demostrar la falta u omisión del servicio, lo cierto es que no se acredita que la obligación principal hubiese recaído exclusivamente sobre el municipio local, ni que la misma constituyera un incumplimiento antijurídico. Ello 31 Documento anonimizado por AymurAI así, en atención a que no se ha demostrado, en principio, que la planificación y ejecución del proyecto del año 2012 solo recaía en cabeza de la aquí demandada, teniendo en consideración que ello involucra medidas estructurales propias de un esquema interjurisdiccional con la provincia; y en segundo término, que de haberse efectuado las obras mencionadas en el proyecto se hubiera evitado el daño material que sufrieran los actores, ello frente a la magnitud desorbitante del fenómeno climático y la condición topográfica de la zona. Cumple así la nota de irresistibilidad por el cumplimiento de la máxima diligencia esperable, esto es, que aun el cumplimiento del servicio optimizado no hubiera podido evitar la inundación de la zona sur.
En este punto, aclaro que no se me escapa la cita puntual de los accionantes, a modo de antecedente, de los autos “Scarinci” (Expte. Nro. 627/14), donde el municipio obtuviera una condena por la inundación del mes de febrero del 2010 provocada por la falta del mantenimiento pertinente del desagüe pluvial, entiendo que la misma no resulta asimilable a la presente. En aquella oportunidad advertí sobre la absoluta falta de probanzas que acreditaran el caso fortuito invocado por la demandada, ya que ni la informativa al SMN aportó elemento alguno respecto del hecho climático ocurrido en esa época, cuestión que aquí sí ha quedado debidamente zanjada, comprobada y respaldada por la ciencia meteorológica e hídrica.
Conforme las probanzas aportadas en autos, se ha demostrado que el fenómeno climático acaecido en esta ciudad a fines de marzo y principio de abril del año 2017 fue un hecho “imprevisible” desde que no había razones para pensar que las lluvias anunciadas podrían llegar a superar lo razonablemente previsible para un temporal a esa época del año, y por los mismos motivos debe calificárselo como “extraordinario”. Asimismo, el fenómeno de la naturaleza aludido estuvo fuera de la esfera de acción de la demandada (hecho extraño) y el mismo fue contemporáneo al acaecimiento del daño (actual).
Tratándose de un supuesto que la meteorología califica como acontecimiento atmosférico extraordinario, es decir, que reviste las notas de inevitable, extraordinario, anormal, inusitado e inusual, sin precedentes cercanos y ajeno al presunto responsable, tipificante de la fuerza mayor en los términos del art. 1730 del CCCN, deviene ajustado a derecho admitir en su plenitud el agravio de la demandada. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia de grado rechazando la acción de daños y perjuicios incoada por los actores en contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y así habré de proponerlo.
III.2.a. Luego, y en atención a cómo han sido resueltos los agravios de la demandada respecto de la configuración del caso fortuito como eximente total de responsabilidad, el tratamiento de los restantes agravios de la parte accionante (relativos a la procedencia y cuantificación de los rubros pérdida de valor venal, daño patrimonial, privación de uso, daño no patrimonial e intereses) resulta abstracto.
IV. Costas y honorarios:
Resueltas así las cuestiones materia de agravios, resta atender a las costas, las que en atención a lo que aquí se decide corresponde sean readecuadas por 33 Documento anonimizado por AymurAI imperio de la letra del art. 282 del ordenamiento ritual. Ello torna asimismo abstracto el cuestionamiento que sobre las mismas y sobre la regulación de honorarios formularan las partes como el perito ingeniero actuante.
Conforme el resultado del proceso, las costas de ambas instancias serán impuestas a la parte actora en virtud del principio objetivo de derrota (art. 69 CPCCCh). Respecto de los honorarios de los profesionales intervinientes, serán regulados teniendo en cuenta las pautas establecidas en la legislación especial -Ley XIII N° 4 DJP-, en virtud de lo cual se fijan, por la actuación en la instancia de grado, para el Dr. , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, de los Dres. , , , , y Cecilia letrados de la demandada, conjuntamente, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, del perito martillero Sr. , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, del perito meteorólogo Sr. , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, del perito ingeniero Sr. , por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, del perito geólogo Sr. en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso y de la perito psicóloga Sra. , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso. Por las labores ante la Alzada, se fijan para el Dr. , letrado de la parte actora, en 34 <PER_15> <PER_16> <PER_17> <PER_18> <PER_19> <PER_20> <PER_21> <PER_22> <PER_23> <PER_6> <PER_5> <PER_8> <PER_15> la suma de pesos equivalente al 25%, y para los Dres. y , conjuntamente, en el 30%, en ambos casos a calcular sobre los regulados para la primera instancia, en todos los casos con más la alícuota del IVA, de corresponder.
A la segunda cuestión, el Dr. Hayes dijo:
Por lo expuesto, y de ser compartido mi voto, propongo al Acuerdo la siguiente fórmula postulatoria:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en todas sus partes, rechazando la demanda interpuesta por los Sres. , , , y , contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme considerandos respectivos.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts 69 y 282 CPCCCh).
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, para Dr. , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, de los Dres. , , , , y , letrados de la demandada, conjuntamente, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, del perito martillero Sr. , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, del perito meteorólogo Sr. , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, del perito ingeniero Sr. , por ambas pericias efectuadas, en la suma de 35 <PER_20> <PER_21> <PER_1> <PER_2> <PER_2> <PER_2> <PER_3> <PER_15> <PER_16> <PER_17> <PER_18> <PER_19> <PER_20> <PER_21> <PER_22> <PER_23> <PER_6> pesos equivalente al 8% del monto del proceso, del perito geólogo Sr. en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso y de la perito psicóloga Sra. , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, en todos los casos, con más el IVA, de corresponder. Por las labores ante esta Alzada, se fijan, para el Dr. , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 25%, y para los Dres. y , conjuntamente, en el 30%, en ambos casos a calcular sobre los correspondientes a la instancia de grado, con más el IVA, de corresponder.
4. Tener presenta las reservas de caso federal efectuadas por ambos recurrentes.
A la primera cuestión, la Dra. Nieto dijo:
I. Concuerdo con el detalle de antecedentes de la causa que efectuó el Dr. Hayes en los apartados I.1.a, hasta II.4.a de su voto, motivo por el cual remito a la reseña allí introducida (art. 2, ley V-203).
II. Asimismo concuerdo con la solución propuesta por el colega preopinante en el apartado III.1 en cuanto resuelve hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada, proponiendo al acuerdo la revocación de la sentencia definitiva de grado registrada bajo el N° 170/2025, rechazando la demanda y en consecuencia en lo resuelto en el apartado III.2.a. respecto del recurso de la actora, como la readecuación de costas y honoarios, conforme principio objetivo de la derrota contenido en el art. 69 del C.Pr., y así lo voto.
Si bien resulta innecesario fundar este segundo voto, he de advertir que, en sentido similar al <PER_5> <PER_8> <PER_15> <PER_20> <PER_21> pronunciamiento del primer votante, respecto a las consecuencias dañosas provocadas por el temporal de precipitaciones inusuales en la zona ocurridos en 29 de Marzo/17 de Abril de año 2017 (en adelante el temporal de lluvia), ya me he pronunciado en SD 13/2025 junto al Dr. Manuel Pis Diez, se ha pronunciado la Sala 3 de esta Cámara, SD 29/2026 en el Expte. 564/25, y 40/2022, y he fundado en primer voto pronunciado por la suscripta en el caso similar al presente (Expte N° 20091/20 “Valer”), todos casos de pretensiones de reparación y responsabilidad estatal, con origen en el acontecimiento extraordinario ocurrido en el año 2017. He afirmado en tales antecedentes que, jurisprudencialmente, se ha reconocido la responsabilidad estatal si la causa está dada por la falta de obras de infraestructura adecuada, por parte del municipio, para evitar los desbordes de los canales, arroyos y desagües que se encuentran bajo tierra y que desbordan ante lluvias intensas. En tal sentido se hace una limitación del concepto del caso fortuito como excluyente total de la responsabilidad estadual.
Con estos fundamentos, entiendo que en el caso, “la prueba de los eximentes –en forma total- ha sido inequívoca, aun interpretando la misma en forma restrictiva, en tanto que acorde con una orientación jurisprudencial aquiescente, cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y el demandado debe acreditar la intervención de una causa ajena, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa: se requiere certeza de que el daño no obedece a la causa aparente que se imputa a dicho sujeto”, conforme palabras que hago propias de esta Cámara de 37 Documento anonimizado por AymurAI Apelaciones, Sala A, Sentencia Definitiva N°14/2018 Fecha: 28/05/2018.
En este sentido, en los casos de responsabilidad, los eximentes por caso fortuito o fuerza mayor, operan únicamente ante la existencia acreditada de sus caracteres, imprevisibilidad e inevitabilidad, de ahí que, demostrado de modo fehaciente e indubitable, y con interpretación restrictiva por tratarse de eximentes, que el evento dañoso no pudo evitarse por su carácter extraordinario, existe eximición del responsable y por ello debe hacerse lugar al recurso de la accionada y rechazar la demanda y así lo voto.
III. Costas y honorarios:
Conforme el resultado del proceso y el principio objetivo de la derrota (art. 69 C.pr.), la parte actora resulta perdidosa en ambas instancias, por lo que corresponde le sean impuestas las costas.
Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, de , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios de , , , , y , letrados de la demandada, en conjunto, en la suma de pesos equivalente al 20% del monto del proceso, los honorarios del perito martillero , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso, los honorarios del perito ingeniero Carrizo, por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al 8% del monto del proceso, los honorarios del el perito geólogo en la suma de pesos equivalente al 4% 38 <PER_15> <PER_16> <PER_17> <PER_18> <PER_19> <PER_20> <PER_21> <PER_22> <PER_6> <PER_5> del monto del proceso y los honorarios de la perito psicóloga , en la suma de pesos equivalente al 4% del monto del proceso. En todos los casos, más IVA de corresponder.
Respecto a las labores efectuadas en esta instancia, propondré al acuerdo regular los honorarios de , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al 25%, los honorarios de y en el 30%, en ambos casos respecto a los honorarios regulados por los trabajos efectuados en la instancia de grado con más el IVA si correspondiera.
A la segunda cuestión, la Dra. Nieto dijo:
Resueltos los agravios y la imposición de costas, concuerdo la fórmula postulatoria efectuada por el Dr. Hayes, a la cual adhiero, considerando innecesaria su reproducción.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente,
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de grado en todas sus partes, rechazando la demanda interpuesta por los Sres. , , , y , contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, conforme considerandos respectivos.
2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (arts 69 y 282 CPCCCh).
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes, por los trabajos efectuados en primera instancia, para Dr. , letrado de 39 <PER_8> <PER_15> <PER_20> <PER_21> <PER_1> <PER_2> <PER_2> <PER_2> <PER_3> <PER_15> la parte actora, en la suma de pesos equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del proceso, de los Dres. , , , , y , letrados de la demandada, conjuntamente, en la suma de pesos equivalente al veinte por ciento (20%) del monto del proceso, del perito martillero Sr. Antonio , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, del perito meteorólogo Sr. , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, del perito ingeniero Sr. , por ambas pericias efectuadas, en la suma de pesos equivalente al ocho por ciento (8%) del monto del proceso, del perito geólogo Sr. en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso y de la perito psicóloga Sra. , en la suma de pesos equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del proceso, en todos los casos, con más el IVA, de corresponder.
4. Regular por las labores ante esta Alzada, los honorarios para el Dr. , letrado de la parte actora, en la suma de pesos equivalente al veinticinco por ciento (25%), y para los Dres. y , conjuntamente, en el treinta por ciento (30%), en ambos casos a calcular sobre los correspondientes a la instancia de grado, con más el IVA, de corresponder.
5. Tener presenta las reservas de caso federal efectuadas por ambos recurrentes.
6. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
40 <PER_16> <PER_17> <PER_18> <PER_19> <PER_20> <PER_21> <PER_22> <PER_23> <PER_6> <PER_5> <PER_8> <PER_15> <PER_20> <PER_21>
REGISTRADA BAJO EL nro 89 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "C"
41 Documento anonimizado por AymurAI
Fin de la sentencia