Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Zárate-campana · Causa 9269
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 205, y confirmar el auto judicial de fs. 194/201, en cuanto ha sido motivo de agravio; costas de alzada a cargo de la recurrente vencida (arts. 68, 556 del CPCC; art. 25 ley 13406).-
Reg. N° : 171 Folio N°: 940 En la ciudad de Campana, a los 15 días del mes de septiembre del año 2016 reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Zárate-Campana, para dictar sentencia en la causa N° 9269 caratulada "MUNICIPALIDAD DE EX. DE LA CRUZ C/ A.T.U. S.C.A. Y OTRA S/ APREMIO" proveniente del Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz; resultando del sorteo correspondiente que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Karen Ileana Bentancur - Miguel Angel Balmaceda - Osvaldo César Henricot, se resolvió plantear y votar las siguientes:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.- 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión planteada la Señora Jueza Karen Ileana Bentancur, dijo:
I. Ha dictado sentencia la Sra. Juez titular del Juzgado de Paz Letrado de Exaltación de la Cruz, y resolvió: I- No hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título oportunamente opuesta. II- Desestimar el planteo de inconstitucionalidad, y en consecuencia, mandar llevar adelante la ejecución hasta que los demandados ATU S.C.A. y SANTA SUSANA SCA, hagan íntegro pago al acreedor, MUNICIPALIDAD DE EXALTACION DE LA CRUZ, del monto reclamado de $81.213,63.-, correspondiente a los importes por servicios generales y asistenciales adeudados y multa por omisión de las cuotas de los períodos fiscales: 2011/2012, respecto de los inmuebles indicados en el certificado de deuda, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, debiéndose computar los mismos exclusivamente sobre el capital adeudado y calcularse a partir de la fecha de expedición del título fiscal ejecutado.
(Conf. Criterio de esta Cámara en autos “Municipalidad de Exaltación de la Cruz c/ Mirci, Ana María s/ Apremio”. Expte. 6656. Con costas al ejecutado (arts. 68 y 556 del CPCC). (Fs. 194/201). II- Se agravia la accionada en primer término, por cuanto en el fallo impugnado se ha desestimado el planteo de inconstitucionalidad sobre la base de que la ejecutada se habría limitado a manifestar que los arts. 65 y 66 de la Ordenanza en cuestión resultarían incompatibles con la Constitución Nacional, pero sin especificar claramente esa incompatibilidad y como lógica consecuencia de ello, sin acreditar tales extremos. Alega la apelante, que no puede requerirse prueba alguna, cuando la triplicidad de cargos que ha impugnado como confiscatoria y violatoria del derecho constitucional de propiedad, surge de la mera lectura de la Ordenanza referida, en cuanto establece que a las tasas se adicionen recargos, multas, e intereses; puesto que – dice- no por dar tres nombres diferentes a una misma cosa, se puede pretender que no configura lo expuesto, un supuesto de doble imposición.
Disiente la recurrente con los fundamentos del A Quo, que ha ponderado que “no se encuentra afectada la garantía de doble imposición, para que ello ocurra debería gravarse un mismo hecho dos veces por igual concepto tributario, y en el caso que nos ocupa, tal como es previsto por la ley orgánica de las municipalidades, claramente se trata de distintos supuestos: por un lado el recargo, y por el otro la multa por omisión.” Impugna dicho criterio la ejecutada, insistiendo en que no hay elementos que avalen tal interpretación, puesto que no se configuran dos supuestos diferentes, sino que se trata de una duplicidad en el cobro con base en un mismo hecho. Argumenta que la noción de no confiscatoriedad, es independiente de la finalidad del tributo, y que emana del art. 17 de la CN que proscribe la confiscación como pena, y también de la garantía innominada de razonabilidad que se desprende del art. 28 de la carta magna.
Desde esa óptica, alude que la Ordenanza 123/12 establece un sistema caprichosamente irracional y no proporcional, que rompe el principio de la igualdad como base del impuesto y las cargas públicas, al no sólo establecer una multa sin el debido proceso, sino al estipular la misma por un monto equivalente al valor del capital impago, y al triplicar así –junto con los “recargos” que adiciona a los intereses, la sanción por la falta de pago de una tasa municipal. Tras expresar que se da lugar de este modo a una cobranza exorbitante que implica pagar un 300% más de lo que entiende corresponde, solicita de esta Alzada, proceda a la declaración de inconstitucionalidad oportunamente acusada. En otro orden, se agravia también del rechazo de la excepción de inhabilidad de título, aludiendo que el que es base de esta ejecución no posee número de certificado, ni referencia alguna a la registración de la supuesta deuda en respectivos libros fiscales, o a la resolución o acto administrativo del que resulte un crédito a favor del Estado.
Desconoce además las facultades del Secretario de Coordinación General, cuya rúbrica suscribe el certificado de deuda, aludiendo que el mismo no se hallaba designado en tal función, al tiempo de la confección del título, y que en consecuencia no puede otorgarse efectos retroactivos, ni subsanarse, u otorgar facultades que a aquel momento no existían. Impugna también el título estimando que se incurre en anatocismo, al capitalizar intereses por pargo fuera de término, como también la sanción –multa- y los recargos, configurando ello un mecanismo usurario, confiscatorio y violatorio de derechos constitucionales del contribuyente. En cuanto a la multa, en particular, sostiene que dado que la misma tiene su fundamento en una omisión, no debe aplicarse, sin previa notificación fehaciente a su parte, que permitiera el ejercicio del derecho de defensa y de la instancia recursiva, pudiendo sólo agotada la misma y luego de incumplida la sanción, emitirse un certificado de deuda para su ejecución por vía de apremio.
Alude así, que no puede sortearse la vulneración al derecho de defensa de la apelante, permitiendo ejecutar por vía del especialísimo procedimiento de apremio, montos y conceptos que superponen sanciones, y que éstas a su vez, se encuentran imposibilitadas de ser cuestionadas por el administrado, al no haberse llevado a cabo ninguna intimación previa, sin proceso administrativo anterior alguno, todo lo cual entiende acarrea la inhabilidad del título para sostener la pretensión ejecutiva de cobro por parte de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz (fs. 207/219).
III. El traslado del memorial, no obtuvo contestación por parte de la ejecutada. Sin embargo, en oportunidad de contestar la excepción de inhabilidad de título opuesta y el planteo de inconstitucionalidad deducido, la municipalidad de Exaltación de la Cruz solicitó su rechazo, alegando que tal defensa sólo puede sustentarse en las formas extrínsecas del título, excluyendo controversias sobre el origen del crédito ejecutado o la legitimidad de la causa. Aclara que al referirse a las formas extrínsecas, se trata en concreto de la identificación del sujeto pasivo, la firma del funcionario autorizado, y el lugar y fecha de creación, la existencia de una suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado. Tal ámbito restringido para el análisis de dicha excepción, sostiene encuentra fundamento en la presunción de legitimidad de que gozan los títulos emanados de una entidad pública, cual es un Municipio. Con relación a los intereses y recargos y a la multa por omisión fiscal establecidos en los arts. 64 y 66 de la Ordenanza Fiscal 123/12, refiere que tienen origen en la mora, pero que las multas son descontadas al momento de la liquidación que conforma el título ejecutivo.
En tal sentido expresa que, cuando mediante la excepción de inhabilidad de título se pretende cuestionar la determinación, el cálculo o la composición de lo adeudado, se está incursionando en la causa de la obligación.
Destaca también, que la tasa que nos ocupa se determina por parámetros ciertos, como lo son los metros lineales frentistas de cada propiedad, es decir una base imponible cierta que surge de la Ordenanza Fiscal; de manera que procedimiento de impugnación existe frente a tributos que dependen de la información suministrada por el contribuyente; y que en la especie, recargos e intereses son aplicables claramente al estado de morosidad (fs. 180/191).
IV. Con relación a la excepción de inhabilidad de título que fuera desestimada, en cuanto a los cuestionamientos relativos a la firma del funcionario que suscribe el certificado de deuda, en la sentencia apelada se señaló que mediante el decreto Nº 32 de fecha 3 de febrero de 2009, el Intendente de Exaltación de la Cruz, designó al Sr. Secretario General Dr. Enrique Antonio Allegri, para autorizar las liquidaciones de deudas fiscales que certifique el Contador Municipal para su ejecución, y que en consecuencia el firmante del título que en autos se pretende ejecutar, se encontraba con todas las facultades legales para hacerlo. Dado que las liquidaciones de deuda que sustentan el título ejecutivo que es base de este juicio datan del año 2013, no se comprende la queja esbozada en el memorial en cuanto a que la magistrada hubiese determinado que el funcionario de mención pudiera “ratificar las anteriores”. En síntesis, dado que el funcionario autorizado a suscribir certificados de deuda se hallaba en ejercicio de sus funciones al momento de expedir las liquidaciones y el respectivo título para su ejecución, no puede devenir inhabilidad alguna en el título por la pretendida deficiencia.
Con respecto a la falta de indicación de un número de identificación del título, o falta de referencia a fojas de un libro fiscal, o expediente administrativo en el que hubiera gestado su emisión o registrado la deuda, debe responderse que la firma del contador –que es recaudo de validez del certificado de deuda- es requerida por la ley a los efectos de garantizar que las sumas reclamadas emergen de documentación respaldatoria que debe llevar el municipio; pero en modo alguno es condición para la ejecutabilidad por vía de apremio las referencias expresas que reclama la demandada, habida cuenta que el mismo debe reunir las que exige la ley (arts 2 inc. 1, y 9 inc. c. de la ley 13.406). De tal modo, sólo la ausencia de alguno de los tópicos contenidos en la norma referida, pueden dar lugar a la inhabilidad del título.
De la observación de la liquidación de deuda que luce a fs. 4, se puede extraer que la misma especifica el tributo adeudado (Servicios Generales, Servicios Asistenciales); las partidas inmobiliarias por las cuales se han devengado dichas tasas (21441; 21442; 21449; 21450; 21451; 21452; 21455; 21550; 21553; 21554) el importe total reclamado por Servicios Generales ($46.402,42.-) y el importe total reclamado por Servicios Asistenciales ($7.740.-);
identificándose además un tercer rubro en concepto de “Multa por Omisión según art. 66, inc. a” y el importe reclamado en tal concepto ($27.071,21.-). Consta asimismo el contribuyente responsable del pago de la deuda fiscal, la fecha de expedición del título (03-06-2013), y el TOTAL GENERAL DE LA DEUDA CERTIIFCADA que asciende a $81.213,63.- Además del certificado de deuda, se adjuntaron complementariamente las planillas de “Listado de deudas de Servicios Generales (una por cada partida) en las que se puede apreciar un detalle de los conceptos computados para arribar a los totales antes señalados. Así, se aprecia que la tasa reclamada tiene un importe, al que se adiciona “otros” y “asistenciales”.
Se puede apreciar que en concepto “luz” no se reclama monto alguno. Luego, se incorporan intereses, recargos, multas. Y con la sumatoria de todo ello, se arriba a un "importe actualizado" de cada período. Destaco que si bien es cierto que no se debe ingresar en la causa de la obligación en el procedimiento de apremio, ni en principio procederse a la revisión del proceso de formación del título, no lo es menos que la identificación del tributo (que debe hacerse en el título) es a los efectos de que pueda el sujeto pasivo del tributo, y en su caso la judicatura, efectuar un análisis de admisibilidad y procedencia del reclamo, en el marco acotado del proceso de ejecución. Y si bien las tasas municipales deben referirse a servicios prestados por el municipio, dado que es característico que se liquiden en base a algún parámetro de distribución del costo de un servicio público a cargo de la administración, y en el caso de los “servicios generales”, “otros” y “asistenciales”, si bien no aparece clara la noción de lo prestación –por decirlo de algún modo- que justifica la imposición, creo es indudable que ese tipo de investigación es improcedente en la ejecución tributaria y mal podría ventilarse por conducto de la excepción de inhabilidad de título.
Digo esto, para delinear qué debe entenderse por causa de la obligación; puesto que por principio, la causa de la obligación es la tasa. Así, la procedencia del cobro de la tasa – tributo de base legal- por parte del municipio, no puede ser materia de discusión en este proceso de apremio. Luego, destaco, que ello no ha sido planteado por la ejecutada, dado que sus alegaciones –si bien incumben al proceso de formación del título puesto que impugnan algunos de los rubros en ellos contenidos, en concreto los accesorios- no hacen estrictamente a la causa de la obligación, que no obstante la negativa genérica de la deuda, no ha sido puesta en debate. Formulada tal aclaración a los efectos de circunscribir el alcance del análisis que sería posible efectuar por vía de la excepción de inhabilidad de título, considero es menester formular otra aclaración, relacionada con qué es lo que debe entenderse por “certificado de deuda” en el sub-lite.
Y en tal sentido, me persuado que no es posible instrumentar adecuadamente el objeto del reclamo, con la sola pieza de fs. 4, y sin relacionarla con las planillas anexas. Si se aprecia que cada período tributario tiene autonomía, resulta ineludible la integración de la liquidación de deuda con los listados que la acompañan a fs. 5/14.Es que sin perjuicio de la facultad de la ejecutante de acumular en un solo juicio, varias partidas inmobiliarias que darían base a la generación de la tasa reclamada; así como varios períodos impagos por cada partida, lo cierto es que algunas de las defensas oponibles, solo pueden ejercerse en función de un período particular. Así ocurre con la prescripción y con el pago, puesto que su sola inclusión en el certificado de deuda no podría contrariar efectos extintivos a tales medios de extinción de la obligación.
Así entonces, queda definido que integrando el título base de la ejecución todas las constancias aportadas por la municipalidad – con firma del funcionario autorizado y del contador municipal todas ellas- la defensa de inhabilidad de título opuesta, debe interpretarse y dirimirse en función de tales instrumentos en su integralidad; y una primera conclusión que extraigo de ello, es que en lo que hace a la identificación del tributo adeudado y de las sumas totales o parciales que se contemplan en el título, lo que está en juego es que no se consienta una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta. Pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal, con grave menoscabo de garantías constitucionales vigentes (Cf.
SCBA, C. 115314 s 8-5-2013, “Municipalidad de Chivilcoy c/ Gillete Argentina S.A. s/ Apremio). Desde tal perspectiva, recientemente el Máximo Tribunal Provincial, en un apremio fundado en un certificado de deuda expedido por la Municipalidad de Chivilcoy con las firmas del contador y del intendente municipal consignando la deuda liquida y exigible dirigida a la sociedad ejecutada, no obstante juzgó que la deuda reclamada no podía ser ejecutada por la vía escogida –art. 9 inc. C, ley 13.406), al no surgir que la ordenanza fiscal que creaba una tasa en concepto de “derechos de publicidad y propaganda” -en la que se sustentaba el crédito reclamado- hubiera sido publicada en el Boletín Oficial, ni en ningún otro medio de comunicación con cobertura en el domicilio de la demanda.
Así, dejando sin efecto el criterio de la Cámara de Apelaciones precedente –en tanto entendiera que cuestionar la vigencia de la ordenanza y su publicidad no implica otra cosa que atacar el tributo mismo, o discutir sobre la regularidad o irregularidad con que se ha llevado a cabo la formación del título en ejecución, o sobre la legitimidad o ilegitimidad de una ordenanza municipal, todo lo cual escaparía a los límites del juicio de apremio- declaró procedente la excepción de inhabilidad de título y desestimó en consecuencia la ejecución promovida. (SCBA, C- 115942, “Municipalidad de Chivilcoy contra “Unilever Bestfoods de Argentina S.A. s/ Apremio”, 02-03-16). Por otra parte, es necesario también reflexionar acerca del marco en el que puede o debe abordarse el planteo de inconstitucionalidad –como el articulado en autos- dentro del proceso de ejecución breve y expedito dispuesto en la ley 13.406.
Si bien he desestimado esa posibilidad in re “Municipalidad de Zárate c/ EG3 SA y otra s/ Apremio” (causa 4902 de este Tribunal), ha sido en función de advertir que “…el planteo de inconstitucionalidad de las normas en que se funda el tributo reclamado formulado al contestar la demanda… involucra cuestiones de hecho, tales como si los carteles han sido puestos o no en los comercios con la conformidad de la ejecutada propietaria de la marca, si los anuncios se encuentran en el interior del comercio –o aun cuando lo estuvieren en su interior, si lo están antes de la línea que demarca el inicio de la vereda, o mas allá de ella-, sus tamaños, el período por el cual los mismos estuvieron exhibidos, si lo fueron con autorización previa o no, etc.
También se vincula con cuestiones complejas de derecho, relativas a los alcances de las facultades tributarias de las provincias y sus municipios, el ejercicio de las mismas frente a la Ley de Co-participación Federal, la naturaleza jurídica de la exacción, etc.” También consideré en el caso que “Si bien la Corte Suprema ha acogido en ocasiones la posibilidad de plantear defensa de inexistencia de deuda tributaria en la ejecución fiscal, lo ha condicionado a que ella sea manifiesta y su verificación no requiera, en consecuencia, mayores demostraciones, en el entendimiento que los jueces están obligados a tratar y resolver adecuadamente las defensas fundadas en la inexistencia de deuda que se plantean en los juicios de apremio, siempre que ello no presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos.
Conf. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Hospital Alemán, fallos 320:58 del 11-2-97, Dirección General Impositiva c/ Ferreira Gallegos Horacio Alberto, del 25-04-00, entre otros.” Desde tal enfoque entiendo ha de apreciarse el medio de impugnación articulado por la ejecutada en el presente. Y al respecto, más allá de los guarismos que puedan surgir de la progresión del capital respectivo de las tasas municipales, a partir de los accesorios que lo han incrementado; y sin perjuicio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las ordenanzas invocadas por el municipio para sustentar la aplicación de intereses, recargos y multas, en mi opinión se constatan conceptos improcedentes que deben ser invalidados a efectos de impedir que se ejecute por esta vía, una deuda inexistente, así como diferencias insalvables entre las liquidaciones de cada partida y el certificado de deuda global expedido sobre la base de aquellas.
En efecto, por un lado, la ejecutante invoca al contestar la excepción articulada, que obra con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 66 de la Ordenanza Fiscal Nº 123/12. Y del estudio de la reglamentación aludida, concluyo que recargos y multas que se han incluido en el título de marras, resultarían de improcedente ejecución, debiéndose reputar en la especie, que a través de dichos rubros, se reclama una deuda inexistente. Así lo interpreto, en función de que el art. 64 referido, estipula que “Los contribuyentes o responsables que no cumplan sus obligaciones fiscales o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados, pueden ser alcanzados por recargos, multas y/o intereses”.
Continúa el artículo 65, prescribiendo que “La falta de pago total o parcial de las deudas por Tasas… harán surgir –previa intimación- la obligación de abonar recargos sobre la deuda original. Se podrán emitir tasas con recargos por pagos fuera de término ya determinados en las citadas emisiones, lo que implicará la pertinente intimación… Por la falta de pago en término de la Tasa de Servicios Generales y las que se facturan con ella… se aplicarán los siguientes recargos:
1) 10% por pago dentro de los 30 días posteriores al 2do. Vencimiento. 2) 20% por pago dentro de los 60 días posteriores al 2do. Vencimiento. 3) 35% de recargo por pago dentro de los 90 días posteriores al 2do. Vencimiento.” En el caso en estudio, no se encuentra en discusión el hecho de que el Municipio no ha remitido intimación previa alguna a la ejecutada, dado que al contestar la excepción que le fuera opuesta, sostuvo que los recargos y multas son de aplicación automática; y la eventual circunstancia de que las tasas hayan sido emitidas con recargos por pagos fuera de término ya predeterminados en las citadas emisiones –que en tal caso según la norma haría las veces de intimación previa-, es una circunstancia no alegada ejecutante, ni probada. Entiendo que el cumplimiento de tal condición –la intimaciónprevia a la aplicación de los recargos, no puede surgir de una mera presunción.
Pero, a más abundamiento, observo que entre los que se ejecutan, obran períodos correspondientes al año 2011, a cuyo vencimiento no estaba vigente la ordenanza invocada, sino que por art. 40 de la Ordenanza Fiscal 10/08 (texto modificado por ordenanza 073/09), la intimación previa era recaudo inexorable para la aplicación de recargos, y no se contemplaba que la información de los mismos en las boletas pudiera hacer las veces de tal intimación; lo que refuerza el fundamento en el sentido que han de desestimarse los recargos adicionados, por improcedentes. Luego, el art. 66 de la Ord. Fiscal del año 2012 dispone también que “…El que omitiere el pago de Tasas… será sancionado con una multa por el tributo dejado de pagar”.
Las multas se devengarán automáticamente y serán graduadas por el Departamento Ejecutivo entre un 20% a un 100% del monto de la deuda actualizada, más intereses y/o recargos.” Dado que las multas que se han impuesto en el caso que nos ocupa lo han sido sobre el capital actualizado con más los intereses y recargos –y estos no podían aplicarse sin previa intimaciónconcluyo que las sanciones así estipuladas, decaen como consecuencia de aquella falta inicial, que es participación mínima que debe conferirse al contribuyente, conforme la reglamentación emanada de la propia ejecutante. Entiendo que lo expuesto, torna innecesario expedirse en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos impugnados de la ordenanza fiscal 123 del año 2012.
En otras palabras: más allá de que no juzgo formalmente improcedente el planteo de inconstitucionalidad, me persuado de que deviene abstracto -en lo sustancial- su tratamiento en virtud de lo antes reseñado. También deviene innecesario abordar lo concerniente a la exigencia de notificar la multa una vez fijada la misma, puesto que la reputo improcedente, en virtud del incumplimiento del recaudo previo de intimar al pago con antelación a la aplicación de los recargos, dado que éstos – no obstante tal defecto- integraron la base de cálculo de la multa. Ahora, una última duda se plantea, y es si la inhabilidad del título ha invalidar la presente ejecución en su totalidad, o si acaso el decaimiento de los accesorios, no impide no obstante, que pueda prosperar la condena por el monto de las tasas que tales títulos contienen.
Así, teniendo en cuenta las planillas de fs. 5/14, entiendo debe prosperar la ejecución por los conceptos reclamados con exclusión de multas y recargos. Así corresponde la suma de $35.146,88.- por tasa por servicios generales (a la que arribo tras descontar a los $46.402,42.- que se indican en la liquidación de fs. 4 para tal concepto, los recargos a razón de $11.255,54.-); con más la suma de $7.740.- para tasa por servicios asistenciales; lo que totaliza $42.886,88.- por lo que en definitiva debe prosperar el apremio. Con relación a las costas, dado que lo expresado conduce al progreso parcial de la excepción articulada pero no impide que se haga lugar a la ejecución, deben mantenerse a cargo de la apremiada las correspondientes a la primera instancia; en tanto las de segunda instancia deben imponerse a la ejecutante.
(Art. 68 CPCC).
Así lo voto.-
A la primera cuestión planteada el Señor Juez Dr. Miguel Angel Balmaceda, dijo:
Primero: Ha dictado sentencia la Sra. magistrada interviniente y resolvió no hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título; desestimar el planteo de inconstitucionalidad que opuso la demandada y rechazar el pedido de sustitución de medidas cautelares, y por ello manda llevar adelante la ejecución hasta que los ejecutados ATU S.C.A. y LA SUSANA S.C.A. hagan íntegro pago a la ejecutante Municipalidad de Exaltación de la Cruz del capital reclamado de ochenta y un mil doscientos trece pesos con sesenta y tres centavos ($81.213,63.-), con más intereses, los que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, debiéndose computar los mismos exclusivamente sobre capital adeudado y a partir de la fecha de expedición del título fiscal; con costas a cargo de la parte ejecutada (fs. 194/201). Lo así resuelto fue apelado por la ejecutada ATU S.C.A. (fs. 205), y ello da causa a la intervención de este Tribunal de alzada; se expresa agravios con la presentación de fs. 207/219.
Se ha dictado “Autos para Resolver” (fs. 222), por ende las actuaciones se hallan en estado de decidir.
Segundo: En primer término la recurrente critica el fallo de primera instancia en cuanto desestimó su planteo de inconstitucionalidad; pues afirma que de la mera lectura de los arts. 65 y 66 de la Ordenanza No. 123/2012 del Municipio de Exaltación de la Cruz se advierte la incompatibilidad denunciada de la Ordenanza con la Constitución Nacional y Provincial, al violarse el Derecho de Propiedad; que “...la confiscatoriedad se presenta al autorizar la triplicidad de cargos sobre un único mismo hecho, adicionando intereses, multas, recargos, como si fueran conceptos totalmente “distintos” y “autónomos”, cuando en realidad tan solo son sinónimos... Porque la Municipalidad le ponga un nombre distinto al mismo concepto (“intereses”, “recargo” y “multa”) no significa que no se esté gravando el mismo hecho imponible (la falta de pago de la tasa municipal, TRES VECES...”.
Agrega que “...la noción de no confiscatoriedad es independiente de la finalidad de un tributo, razón por la cual la injusticia que con éste pudiera haberse cometido debe siempre ser reparada cuando ella produce en el patrimonio o en la renta de cualquier persona un daño que implique confiscación. Así lo exige el art. 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de propiedad privada y proscribe la confiscación como pena. Así lo impone también la garantía innominada de razonabilidad que se desprende del art. 28 de nuestra Carta Magna”. También se expresa, que ha resuelto nuestra Corte Suprema que cualquier tributo que grave una parte excesiva de la propiedad o de la renta se transforma en exacción o confiscación por lo que deviene inconstitucional.
Que por todo lo dicho -expresa la ejecutada recurrente- la Ordenanza 123/12, en la parte citada, resulta indefendible y nulo en términos absolutos e insanables. No solo porque se establece un tributo confiscatorio, sino también porque se ha creado un sistema caprichosamente irracional y no proporcional, que rompe el principio de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas; como si fuera poco, aplica una multa sin debido proceso, triplica la sanción por la falta de pago de una sola tasa municipal. Señala -también- que la tasa es la retribución equitativa por un gasto público, en el caso de autos el título de la obligación es el valor de la tasa municipal, que es retributiva de servicios generales, de lotes de terreno, en un predio que no posee ningún servicio público; que además la ejecutada no está dispuesta a pagar tres veces más solo porque el Concejo Deliberante autorizó una Ordenanza que permite acumular a la tasa municipal no sólo un interés punitorio, sino también un recargo y una multa; que no es razonable e incluso confiscatorio que se procure cobrar además del interés punitorio, el pago de una multa adicional por el mismo valor de la tasa no paga y sumado a ello un recargo; que también es inviable ejecutar automáticamente la multa sin previo proceso.
Por lo argumentado se peticiona la declaración de inconstitucionalidad.
3. Entiendo, tras analizar las constancias de este juicio de apremio, que el planteo debe desestimarse. Es lógico resaltar -al dar inicio al tratamiento de este tema- que la ley 13406, que reglamenta el procedimiento del “cobro judicial de los créditos fiscales por tributos, sus accesorios y su multas de la Provincia o municipalidades contra sus deudores y responsables” (art. 1 ley citada), establece y enumera “Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento” (art. 9 ley citada), y por cierto que no incluye la defensa de inconstitucionalidad, que ha planteado la recurrente. Igualmente -así lo entiendo- el planteo de inconstitucionalidad debe tratarse, como se hizo en primera instancia, especialmente dado el silencio de la ejecutante en el tema.
Ello así pues en este punto ha sido el criterio de nuestros Tribunales que su tratamiento debe ser excepcional. El fundamento de ello estriba fundamentalmente en la celeridad del proceso de apremio y que la acción de inconstitucionalidad puede ser ejercida en el juicio ordinario posterior, cuya vía no se le cierra al ejecutado, como así tampoco la de accionar por repetición de las sumas que hubiere pagado (art. 25 ley 13406; art. 551 del CPCC). Además, la hipótesis excepcional de admisibilidad depende de que el tema constitucional sea susceptible de resolverse con las constancias del expediente (que por tratarse de una ejecución fiscal deben ser pocas), o sin necesidad de mayores despliegues probatorios (Cf.
Cam. Civ. Com. San Martín, 53924 RSD-566-3 S 4-12-2003, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Credi Paz S.A. s/ Apremio"; Cf. Cam. Conten. Adm. San Nicolás, 26/7/2007, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cerámicas La La Entrada SRL. s/apremio provincial”, Juba). En este sentido ya se ha expedido este Tribunal (Cf. causa nº 8869 “Municipalidad de Escobar c/ Casa Nine SACIF, 17/V/2016), y ha resuelto, con cita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la supremacía de la Constitución debe ser impuesta por todos los jueces de la República en los procesos en que deban intervenir (CSJN, Fallos: 327:4475); también ha dicho que el control de constitucionalidad que incumbe a los Tribunales no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN Fallos: 293:163, 300:700).
Así también expresa la doctrina que en el proceso de ejecución fiscal se debe admitir el planteo de constitucionalidad cuando el argumento pone en tela de juicio la existencia de la obligación (CSJN: 324:1127); es decir cuando implica la alegación de la inexistencia de la deuda en la medida que se llenen los recaudos exigidos para la inhabilidad de título, por lo que la inconstitucionalidad debe ser manifiesta y no requerir mayores demostraciones ni actividad probatoria suplementaria (Tessone-McIntosch “Juicio de Apremio”, Pág. 126; Tulia Mauro, “Ejecución Fiscal en la Prov. de Bs. As.”, Pág. 339/342, Ediciones Jurídicas, 2014).
Entonces, para dilucidar si en el caso existe confiscación como alega la recurrente, debe recordarse que la misma se produce ante aportes tributarios que exceden la razonable posibilidad de colaborar al gasto público que permita la capacidad contributiva de quien la alegue (Cf. Villegas Héctor B., “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Pág. 200); o como ha expresado la Corte Nacional: “Para que se configure confiscatoriedad como agravio constitucional debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital” (Cf. CS. “Bertoto Bruera y Cía. SACIF c/Estado Nacional”, 19/5/2010, Folio 333:631, citado por Diéguez, Jorge A. “El principio de no confiscatoriedad en materia tributaria”, La Ley, 22/04/2013, cita online AR/DOC/166/2013).
Reitero, los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la propiedad o de la renta. La confiscatoriedad originada en tributos puntuales se configura cuando la aplicación de ese tributo excede la capacidad contributiva del contribuyente, disminuyendo su patrimonio e impidiéndole ejercer actividad (SCJBA, B. 61815, sent. del 30-III-2005). En definitiva la denuncia de confiscatoriedad - como la que formula el recurrente- es un planteo de inconstitucionalidad que tiene su fundamento en que la norma tributaria sobre la que se asienta la obligación, y por ende, el título ejecutivo -por los argumentos antes citadosresulta contraria o repugnante a la Constitución Nacional, es decir su incompatibilidad (arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional).
En el caso a resolver se advierte que el art. 64 de la Ordenanza Fiscal No. 123/12 cuestionada establece que “Los contribuyentes o responsables que no cumplan sus obligaciones fiscales o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados, pueden ser alcanzados por recargos, multas y/o intereses”; el siguiente art. 65 establece que: “La falta de pago total o parcial de las deudas por Tasas u otras obligaciones, como así también los anticipos y pagos a cuenta que no se abonen dentro de los plazos establecidos al efecto, hará surgir –previa intimación– la obligación de abonar recargos sobre la deuda original...Por la falta de pago en término de la Tasa de Servicios Generales y las que se facturan con ella, Servicios Sanitarios y Seguridad e Higiene, y cualquier otra tasa que se cobre mediante la facturación periódica de servicios por parte del municipio, se aplicarán los siguientes recargos: 1) 10 % por pago dentro de los 30 días posteriores al 2º vencimiento.2) 20 % por pago dentro de los 60 días posteriores al 2º vencimiento.3) 35% de recargo por pago dentro de los 90 días posteriores al 2º vencimiento”.
El siguiente art. 66 de la Ordenanza Fiscal No. 123/12 del Partido de Exaltación de la Cruz establece las multas. Así, lo digo a modo ejemplificativo, se establecen multas por omisión en el caso de pago de tasas, derechos y contribuciones que se recauden mediante emisión por parte del municipio y los que omitieren ese pago mediante la falta de presentación de declaraciones juradas, o por ser ellas inexactas (salvo caso fortuito, fuerza mayor o error excusable). También se mencionan multas por defraudación, y por infracción a deberes formales. El art. 69 trata los intereses estableciendo que “Se aplicarán automáticamente sobre el monto correspondiente del gravamen no ingresado en término, desde la fecha de vencimiento y hasta aquella en la cual se abone...”.
La comparación de dichas disposiciones con el vigente Código Fiscal (Ley 10397, y sus modificatorias) nos permite advertir que este último establece normas similares dado que en título IX “De las infracciones a las obligaciones y deberes fiscales” se establecen, ante la mora en el pago de tributos la existencia de recargos (art. 59), multas (arts. 60 y sigts.) e intereses (art. 96). Estos accesorios impuestos al deudor, que en algún caso se agravan si se prolonga esa situación de deuda impositiva impaga, claramente son medios que establece la legislación destinada a obtener el pago oportuno de los impuestos. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que la valiosa función del impuesto habilita que las leyes pertinentes contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción de las deudas fiscales, cuya existencia afecta de manera directa al interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública (Cf.
CS, Fallos: 308:203; SCJBS, causa 72681, sent. Del 30-VIII-2006). Nuestro superior Tribunal también ha expresado que el legislador puede regular de un modo razonable los medios coercitivos necesarios para percibir las deudas impositivas, en todo acorde con la manda constitucional de los arts. 31, 57 y 103 inc. 1o. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (Cf. SCJBA, 18/6/2014, C. 97334 “Centro Automovilístico Rolón”, Juba).
En este caso -por lo tanto- no puede prosperar el argumento del recurso al expresar que la confiscatoriedad se presenta al autorizar la TRIPLICIDAD DE CARGOS sobre un único mismo hecho (la omisión del pago de las tasas municipales) adicionando intereses, multas, recargos como si fueran conceptos totalmente “distintos” y “autónomos”, cuando en realidad tan solo son sinónimos. Entiendo que la sola circunstancia que la norma local autorice la percepción de intereses, multas y recargos -claramente medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales, y que en este caso no fueron efectivos- y se los aplique a la recurrente por la mora en el cumplimiento de los tributos municipales (todo indicaría que aún persiste en esa situación), no es suficiente para calificar de confiscatoria a la norma que las establece; ello así pues se requiere especialmente del recurrente la acreditación que los tributos y tales accesorios son tan altos o indebidamente costosos, que absorben una parte sustancial de la propiedad o la renta del contribuyente. Y en esta dirección se advierte que no media la realización de actividad probatoria alguna de la apelante en ese sentido (ver fs. 101/109;art. 375 del CPCC).
Y como no realizó tal actividad probatoria, y por ende no se acreditó que la aplicación de ese tributo excede la capacidad contributiva del contribuyente, disminuyendo su patrimonio e impidiéndole ejercer actividad (SCJBA, B. 61815, sent. del 30-III-2005, fallo ya citado antes), y ello tampoco es un hecho evidente que no necesite acreditación, la impugnación procesal no puede prosperar (art. 375 del CPCC; art. 25 ley 13.406).
Entonces, como anticipé, entiendo que este tramo del recurso debe rechazarse.
4. El recurso también critica el fallo de primera instancia en punto que ha desestimado la defensa de inhabilidad de título; se expresa que “no surge del Certificado de deuda la foja o referencia del libro fiscal de donde surgiría el monto que se certifica”; que el Certificado de deuda carece de referencia alguna del cual pueda corroborarse la registración de la supuesta deuda en Libros Fiscales; que no posee número de certificado, ni menciona fojas ni folio, ni Libro alguno de donde se encontraba registrada la deuda que se reclama; que el certificado carece de todo rigor formal. Entiendo que este planteo debe desestimarse; en efecto, el art. 9 de la ley 13406 establece -como ya se ha referido anteriormente- las únicas excepciones oponibles en este procedimiento de apremio e incluye en su enumeración la Inhabilidad del título ejecutivo fiscal, expresando que aquella defensa deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas, y que en ningún caso los jueces admitirán en el apremio controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa; las formas extrínsecas a las que se refiere son exclusivamente: la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado (art. 9 inc. c) ley 13406). La sola confrontación del título de apremio ( fs. 4/14) permite advertir que este título satisface estos requisitos formales; el cuestionamiento en punto a que dicho título no posee “número de certificado, ni menciona fojas ni folio alguno ni Libro alguno de donde se encontraría registrada la deuda que se reclama” apunta a requisitos de forma que no están previstos en la disposición legal antes referenciada; tampoco se ha probado que fuera firmado el título por un funcionario público no autorizado o sin facultades suficientes para hacerlo (art. 375 del CPCC).
Por lo expuesto, y dado que en el reducido ámbito del proceso de apremio la excepción de inhabilidad de título sólo puede encontrar andamiaje en las formas extrínsecas del mismo (art. 9 inc. "c" ley 13.406), encontrándose vedada toda controversia sobre el origen del crédito ejecutado en razón de la presunción de legitimidad que acompaña a los respectivos títulos ejecutivos y que obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan destinadas a fines de utilidad general, este tramo del recurso debe rechazarse (Cf. CC0100 SN 11864. S 03/03/2015, “Ministerio de trabajo c/ Wenner Claudia Inés Marina s/ Apremio”, Juba).
En este punto cabe agregar que el recurso también cuestionó el fallo en punto a señalar que el título presentado por la Municipalidad de Exaltación de la Cruz es también inhábil pues hace referencia a una multa y la misma “jamás ha sido objeto de sustanciación ni resolución, que no se encuentra firme y consiguientemente no es exigible”. Tras analizar las actuaciones, llego al convencimiento que esta crítica debe desestimarse. Ello así, pues considero que -como ya lo he dicho de modo reiterado- el art. 9 inc. c) de la ley 13.406 dispone que la excepción de inhabilidad de título ejecutivo debe fundarse únicamente en los aspectos relacionados con las formas extrínsecas del título fiscal ejecutado; y que los jueces no pueden admitir -en esta clase de procesos- controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa.
Por ello, adentrarse en el análisis de la formación del título, o de la existencia o no de actuación administrativa previa que origina la multa que figura en el título, o si en la misma la aquí recurrente tuvo actuación debida, inevitablemente implica ingresar en el debate sobre el origen del crédito fiscal ejecutado, y es clara la norma legal citada que ello está vedado en el apremio fiscal.
También cuestiona el recurso -y expresa que de ello también resulta que el título es inhábilque el título incluye no solo el total del capital, sino también los intereses, los recargos y sumado a todo ello, una multa; que se capitalizan los intereses por falta de pago, que además se capitalizan la sanción y el recargo; se expresa que ello es un mecanismo usurario, confiscatorio y violatorio de los los derechos constitucionales.
Entiendo que este planteo debe desestimarse; debe señalarse que el principio general que preside la materia informa que los intereses no pueden producir intereses. Ello revela el carácter excepcional del llamado anatocismo, cuya admisión requiere de la estricta configuración de los recaudos legales que autorizan su reconocimiento. La previsión del art. 623 del Código Civil es de orden público, y la capitalización de intereses sólo es admisible de modo restrictivo y en los supuestos expresamente admitidos en la norma legal, so pena de que mediante la aplicación de fórmulas matemáticas abstractas se generen resultados objetivamente injustos, que trasciendan los límites de la moral y las buenas costumbres (Cf. CC0002 SM 59483 RSI-273-8 I 13/11/2008, “Coltep S.A. c/Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas s/Ejecutivo”, Juba). Pero, de la lectura atenta de la sentencia recurrida nos permite ver que la Sra. Jueza interviniente dispuso la condena del pago de capital con más intereses, aclarando además en el fallo: “debiéndose computar los mismos exclusivamente sobre el capital adeudado y calcularse a partir de la fecha de expedición del título fiscal ejecutado”; tengo para mí que una razonable interpretación de la parte dispositiva del fallo, autoriza a descartar que al practicarse liquidación se corra el riesgo -no querido por el Código Civil, aplicable al caso, art. 7 del Código Civil y Comercial- de configurarse anatocismo o sea intereses sobre intereses, o sobre los accesorios (multa y recargo), o sea más allá del estricto crédito fiscal que deriva del incumplimiento del pago de las tasas municipales (Cf. lo resuelto recientemente por este Tribunal en autos “Municipalidad c/ Mirci Ana s/apremio” (expte. 9353), 09/06/2016). Por lo fundamentado precedentemente, postulo rechazar el recurso de apelación analizado; las costas de alzada a cargo de la ejecutada, que resulta ser la parte procesal vencida (arts. 68, 556 del CPCC; art. 25 ley 13406).
Así lo voto A la primera cuestión planteada el Señor Juez Dr. Osvaldo César Henricot, dijo:
Por compartir los fundamentos expuestos anteriormente por el Dr. Miguel Angel Balmaceda, voto por rechazar el recurso de apelación analizado, con costas a cargo de la parte recurrente (arts. 68, 556 CPCC; art. 25 ley 13406).
A la segunda cuestión planteada la Señora Jueza Karen Ileana Bentancur, dijo:
Habida cuenta del resultado obtenido -por mayoría de opiniones- en el tratamiento de la cuestión anterior, entiendo que el pronunciamiento que corresponde dictar, debe ser: Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 205, y confirmar el auto judicial de fs. 194/201, en cuanto ha sido motivo de agravio; costas de alzada a cargo de la recurrente vencida (arts. 68, 556 del CPCC; art. 25 ley 13406).-
Así lo voto.-
Por los mismos fundamentos, los Sres. Jueces Miguel A. Balmaceda, y Osvaldo C. Henricot votaron en el mismo sentido.
Con lo cual se da por terminado el presente Acuerdo, por ante mi, dictándose la siguiente SENTENCIA.-
Campana, 15 de septiembre de 2016.-
Vistos y Considerando:
El Acuerdo anterior surge que por mayoría corresponde desestimar el gesto de impugnación procesal estudiado.
Fundamentos y citas legales dados al tratarse la cuestión primera.
Por lo expuesto, el Tribunal
Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 205, y confirmar el auto judicial de fs. 194/201, en cuanto ha sido motivo de agravio; costas de alzada a cargo de la recurrente vencida (arts. 68, 556 del CPCC; art. 25 ley 13406).-
Notifíquese. Regístrese. Devuélvase.-
KAREN ILEANA BENTANCUR MIGUEL ANGEL BALMACEDA OSVALDO C. HENRICOT.
Roberto A. Bruzzoni Auxiliar Letrado_
Fin de la sentencia