Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala I · Causa 62713-2018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia— En el Acuerdo ha quedado establecido que la sentencia no es justa y debe ser revocada con el alcance indicado en la consideración de las quejas.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revócase la sentencia apelada con el alcance indicado en la consideración de las quejas. Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas por la fallida en su condición de vencida. (arts. 68 segundo párrafo, 274 y cctes. del CPCC) (art. 51 de las leyes 8904 y 14.967).
MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO
Exp: 62713-2018 Jz 8 (J.E.V.)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi, con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa 62713-2018, caratulada: "MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:
I. El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de este Departamento Judicial dictó sentencia en fecha 12/4/2024 declarando inadmisible el crédito insinuado por el Municipio de Florencio Varela respecto de la Empresa BURLETEX S.A.I.C.I.F.; ello imponiendo las costas a la incidentista.
II. DE LOS AGRAVIOS.
II. i. De la incidentista:
Sostiene la incidentista que el instituto de la prescripción aplicado por el sentenciante de origen para rechazar la pretensión verificatoria no resulta aplicable al particular. Ello porque la causa del crédito se encuentra constituida por las tareas realizadas por el Municipio para repeler la usurpación de un predio propiedad de la fallida; lo cual, según lo sostiene, debe ser erogado como un gasto de conservación de la quiebra y por tanto escapa de la aplicación del art. 56 de la Ley 24.522.
III. CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS.
Para resolver del modo en que lo hizo, el magistrado de anterior grado tuvo en consideración el plazo prescriptivo establecido en el art. 56 de la Ley 24.522; el cual consideró aplicable a las presentes, dejando a salvo que, aún cuando no se puede aplicar por analogía el instituto de la prescripción; en las presentes se encuentra habilitada dicha solución prevista para la figura del concurso preventivo, por tratarse el sub lite de un caso de quiebra indirecta.
El recuso habrá de prosperar.
Es que el crédito reclamado en la incidencia no constituye, tal y como seguidamente lo expondré, un caso que deba juzgarse a la luz de la casuística a la cual lo circunscribió el magistrado de anterior grado; ello por tratarse de una deuda de la masa y no de la fallida.
En efecto, promueve la presente incidencia el municipio pretensor requiriendo la verificación de las sumas que oportunamente desembolsó para alambrar un predio que resultaba propiedad de la fallida y que había sido intrusado; todo ello luego de dictado el decreto de quiebra en los obrados principales.
Este hecho no se encuentra discutido por la sindicatura, la cual fue la única opositora al progreso del cobro pretendido por la comuna —puesto que la fallida no contestó el traslado de la petición inicial—, reduciéndose su defensa al mero hecho de que la deuda se encontraba prescripta en los términos del art. 56 de la Ley 24.522.
Sentado ello, y a fin de delimitar la naturaleza de la deuda y la solución idónea para dar andamiaje —o no— a la petición inicial, entiendo preciso indagar tanto en los dichos inaugurales de la pretendiente, como en el plafón fáctico propuesto y producido, pues será lo que dirimirá —al exhibirse la causa de la obligación— el encuadre jurídico correcto. Y es en este punto donde entiendo que surge con claridad meridiana, que debido a su causa, la deuda reclamada constituye un supuesto de gastos de conservación del patrimonio falencial y no un crédito de causa anterior a la presentación del concurso, o generada desde aquel hito y hasta el decreto de quiebra.
Es decir, tal y como lo anticipé, constituye entonces una deuda de la masa y no de la fallida.
En efecto, del acta de procedimiento y lanzamiento que se encuentra agregada en copia certificada a fs. 17/18 se desprende que a los 22 días del mes de febrero del año 2014 se llevó adelante el desalojo del predio ubicado en la calle Patagones entre Vías férreas y Ruta 36, que se encontraba intrusado por alrededor de cien (100) personas, las cuales se hallaban delimitando el terreno y realizando edificaciones precarias. Surge del mismo instrumento que, luego de realizada la diligencia, el personal policial hizo entrega del predio a la Sra. Antonia Isabel Vilar, quien resultaba Síndica designada en los autos principales "Burletex SAICIF s/ quiebra, expte N° 74841, quien acreditó la titularidad del bien. Asimismo se observa del cotejo de la documentación obrante a fs. 7/11 y particularmente del dictamen agregado a fs. 12/15 que, con posterioridad a dicho hecho el Municipio encargó a la empresa Kavos S.A. el alambrado del predio en cuestión a fin de asegurarlo, erogando las sumas correspondientes a dicha labor y cargando al contribuyente en virtud de ello con una tasa por servicios especiales.
Luego de ello, se presentó ante la Comuna el Sr. Carlos Nestor Marinacci, en su carácter de adquirente en subasta del bien en cuestión, solicitando se lo exima del pago de dichas sumas por tratarse de una deuda anterior a su toma de posesión, adjuntando al efecto oficio suscripto por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8, quien conocía en la causa principal, ordenándose en dicho instrumento liberar al nuevo propietario de las deudas anteriores a la toma de posesión del inmueble. (arts. 375, 384 y cctes. del CPCC)
Es así que en dichos términos en fecha 5 de enero de 2018, en el marco del expediente administrativo N° 4037-2024-I-2014 emitió dictamen la Secretaría Legal y Técnica del Municipio haciendo lugar al pedido del adquirente en subasta y ordenando que por la vía idónea se intente percibir el saldo insoluto del anterior propietario en la medida de los términos procesales que así lo permitan (fs. 15).
De lo expuesto, surge con claridad que la deuda que se reclama se origina en un accionar del municipio que redundó en la conservación y la seguridad del patrimonio de la fallida; obrar este que claramente benefició a la masa de acreedores y que, además, se produjo en la etapa liquidatoria del proceso.
Por estos motivos, entiendo que la percepción de la acreencia no sólo debía efectuarse sin previa verificación, sino que correspondía ser abonada inmediatamente dado que, como se ha dicho, este tipo de gastos deben considerarse reembolsables, aún cuando no se hayan comunicado inmediatamente al juez de la quiebra; pues se trata de actos protectorios de los intereses de todos los acreedores. (Cfr. Rouillon Adolfo A. N. "Código de Comercio Comentado y Anotado; T°IV B, págs 443/444; arts. 179, 181 y cctes. de la Ley 24.522)
Es que como lo explica Chomer, la Ley de Concursos y Quiebras ordena que los fondos que se vayan obteniendo de la liquidación de los activos de la quiebra sean depositados en el plazo de tres días a la orden del juzgado y en el banco de depósitos judiciales correspondientes; y con dichos fondos la norma impone una actividad obligatoria y otras facultativas en atención a las particularidades del caso, autorizando que el síndico retenga algunas sumas para sufragar gastos ordinarios y extraordinarios que se pudieran ir devengando. (art. 183 de la Ley 24.522, Chomer Héctor Osvaldo, Ley de Concursos y Quiebras Comentada, anotada y concordada, complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación, T°3 Págs. 142/43)
Entonces, sin dudas, habiendo ingresado fondos al proceso en virtud de la subasta del propio bien respecto del cual se reclama la deuda, está claro que la sindicatura debía en aquella oportunidad —sino antes de existir fondos depositados— sufragar los gastos en los que incurrió el aquí reclamante en procura de preservar la seguridad de dicho inmueble. En virtud de lo precedentemente expuesto, habré de proponer al Acuerdo receptar favorablemente los agravios, revocar el decisorio recurrido y admitir la petición incoada, condenando a la fallida a abonar a la Municipalidad de Florencio Varela la suma de pesos un millón trescientos cinco mil, ochocientos noventa y uno con 28/00 ($1.305.891,28) con más intereses que se calcularán a la tasa que disponga la Ordenanza Fiscal vigente del Municipio de Florencio Varela, desde la fecha de emisión del certificado de deuda obrante a fs. 3 —20/12/2017— y hasta el efectivo pago. En virtud de las consideraciones expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño por compartir los fundamentos brindados adhiere y VOTA TAMBIEN POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:
Visto el Acuerdo logrado al tratarse la cuestión que antecede, corresponde revocar la sentencia apelada, con el alcance indicado en la consideración de las quejas. Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas por la fallida en su condición de vencida. (arts. 68 segundo párrafo, 274 y cctes. del CPCC), difiriéndose las regulaciones de honorarios para su oportunidad (art. 51 de las leyes 8904 y 14.967)
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño, por compartir fundamentos, VOTA EN EL MISMO SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente, — S E N T E N C I A — En el Acuerdo ha quedado establecido que la sentencia no es justa y debe ser revocada con el alcance indicado en la consideración de las quejas.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, revócase la sentencia apelada con el alcance indicado en la consideración de las quejas. Las costas de ambas instancias habrán de ser soportadas por la fallida en su condición de vencida. (arts. 68 segundo párrafo, 274 y cctes. del CPCC) (art. 51 de las leyes 8904 y 14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.).
Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
(parte actora - Dr. Sanchez)
(Síndico)
Fin de la sentencia