Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-706/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la demanda incoada por la Municipalidad de Pico Truncado -Departamento Ejecutivo- contra el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad y, en consecuencia, mantener vigentes los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD N° 118/11 y 124/12, conforme lo expuesto en los considerandos.-
2Las costas se imponen a la actora perdidosa (art. 68º del CPC y C).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-706/12-TSJ Sentencia N°: 344 Actor: MUNICIPALIDAD DE DE PICO TRUNCADO Demandado: HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PICO TRUNCADO Objeto: CONFLICTO DE PODERES Fecha: 16/06/14 Texto:
TOMO VII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº: 344 FOLIO Nº: 1302/1307 PROT. ELECT. TSS1 008 O.141
Río Gallegos, 16 de junio de 2014.-
Estos autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PICO TRUNCADO S/ CONFLICTO DE PODERES”, Expte. Nº M-706/12-TSJ, venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de la demanda presentada a fs. 33/37vta. por la Municipalidad de Pico Truncado -Departamento Ejecutivo-, a través de su apoderado, Dr. Eduardo Rubén González, contra el Honorable Concejo Deliberante de la misma localidad, “…solicitando a V.E. que en su estadío procesal pertinente declare la nulidad de los decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD N° 118/11, 124/12…” (confr. fs. 33) a través de las cuales se dispuso el pase a planta permanente del Honorable Cuerpo Deliberativo a tres agentes que hasta entonces formaron parte de designaciones de carácter político, Sras. Laura Andrea Caamaño, Noemí del Valle Fernández y Liliana del Valle Vásquez.- Entiende que los actos administrativos de designación de empleados municipales en planta permanente quedan estrictamente reservados al Departamento Ejecutivo (conforme Ley 55, Título III, capítulo I, artículo 58) y que en el presente caso se invadieron competencias que le son propias y exclusivas. Por otro lado, aduce la nulidad de los mentados nombramientos al no contar los mismos con la correlativa previsión presupuestaria tal como -según lo considera- prevé la Ley Orgánica de Municipalidades (confr. fs. 34 vta.). Considera que con dichas designaciones se han infringido los arts. 6° y 10º de la Ley N° 591 y su decreto reglamentario 1543/67, específicamente por no respetar el Honorable Concejo Deliberante el requisito de la condicionalidad durante los primeros seis meses desde el nombramiento, pues las agentes fueron directamente incorporadas a la Planta Permanente Municipal (confr. fs. 35 y vta.).- Solicita como medida cautelar la “...SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS en cuestión hasta tanto el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA resuelva en definitiva…” (confr. fs. 37 y vta.), petición que es rechazada mediante resolución de fs. 42/43vta.-
Este Alto Cuerpo encausó el reclamo como ‘conflicto de poderes’, imprimiéndole trámite de juicio sumario (confr. Resolución antes citada).-
Que, a fs. 39 se corrió vista al Sr. Agente Fiscal ante este Cuerpo, quien al contestarla, concluye que “...acorde a las normas vigentes, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de Santa Cruz, es competente para entender en estos actuados...” (confr. fs. 40).-
Corrido el pertinente traslado, el Honorable Concejo Deliberante demandado, a través de su Presidente, la Sra. Patricia Mónica Huechumil, contestó la demanda solicitando el rechazo del conflicto de poderes denunciado (confr. fs. 63/70vta.). En cuanto a la cuestión controvertida, alude a la ausencia de conflicto toda vez que -a su entender- el Departamento Deliberativo Municipal no ha hecho sino más que ejercer “…la facultad taxativamente establecida por el art. 53, inc. h) de la ley 55… para designar personal de planta permanente en el seno del H. Cuerpo Legislativo comunal...” (confr. fs. 63vta.). Entiende que “…se violentaron en forma palmaria y flagrante derechos de trabajo y de propiedad de las agentes LAURA ANDREA CAAMAÑO y NOEMÍ DEL VALLE FERNÁNDEZ… incurriendo la autoridad pública, en ejercicio abusivo de poder y extralimitación en sus funciones y facultades.
Las irregularidades cometidas por el Intendente Municipal de Pico Truncado, constituyen graves y groseras violaciones al sistema republicano de organización política, y al régimen democrático de gobierno, cuya observancia importan y su incumplimiento preocupan, el interés general o público…” (confr. fs. cit.). En su opinión, el Departamento Ejecutivo “...No alcanza a comprender -o no quiere hacerlo- que se trata de una función que por imperio constitucional, está situada en un pié de absoluta igualdad a su jerarquía, desenvolviéndose una función DISTINTA, pero con IDÉNTICO poder emanado del constituyente. Esa igualdad jerárquica constitucional, es la que precisamente le asigna potestades y facultades de organización endógena -o interna- para hacer al desenvolvimiento de sus funciones, para la concreción de la finalidad que le es PROPIA Y EXCLUSIVA.
Por ello, la ley 55, confiere a AMBOS DEPARTAMENTOS, en los arts. 53 inc. h) y 61 inc. d) respectivamente, EXACTAMENTE LA MISMA FACULTAD, EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS (VALGA LA REDUNDANCIA)… expresas disposiciones de la ley, que confieren las facultades de designación, contralor y remoción de su propio personal A CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS…” (confr. fs. 65). Transcribe el art. 5 de la Carta Magna para recordar la característica fundamental del sistema republicano, cual es la división de los poderes (confr. fs. 65 vta.). Califica de irrazonable y arbitrario interpretar que las designaciones para las cuales está habilitado el Presidente del HCD se ciñan pura y exclusivamente al personal político, pues el cuerpo deliberativo municipal también cuenta con personal que cumplen funciones permanentes, propias de funcionamiento (confr. fs. cit.).
Entiende el accionado que tampoco puede ser la cuestión presupuestaria causal de nulidad de las designaciones cuestionadas, pues considera que “…tales gastos fueron imputados a la partida de personal del Honorable Concejo Deliberante (arts. 3 de los Decretos 116 y 117/11; y 4 del Decreto 124/12), como de ordinario y corrientemente (sic) se hace con todos y cada uno de los nombramientos de la Municipalidad de Pico Truncado y es práctica aceptada pacíficamente incluso por el propio Honorable Tribunal de Cuentas, en lo que resulta un claro acatamiento del artículo 47 de la ley provincial 55…” (confr. fs. 65 vta./66).- Desmiente “…que las designaciones del personal de planta permanente del HCD, hayan sido siempre realizadas por el Intendente Municipal de turno.
Históricamente… y con absoluto respeto a la independencia de ambos Departamentos, fueron efectuados los nombramientos por los Presidentes de turno del H. Concejo Deliberante…” (confr. fs. 66vta.).-
En cuanto al planteo del Municipio de invocar normas de la Ley N° 591 para endilgar nulidad a los nombramientos de las agentes Caamaño y Fernández, afirma que “…no es más que… una mera excusa o pretexto, que se da de bruces con la realidad, pues en el mes de abril del corriente año, ambas agentes fueron calificadas como manda la norma… sin perjuicio de remarcar que aún cuando no se efectuara la calificación, no puede ello importar para el trabajador la pérdida de su puesto de trabajo, sino como máximo, una irregularidad administrativa perfectamente convalidable mediante la calificación posterior, y por tanto, como toda anomalía en materia de nulidades, por principio general específico de este ámbito, susceptible de convalidación para la subsistencia del acto...” (confr. fs. 67).- Cree que el Ejecutivo Municipal confunde el alcance de su función de administrador, que si bien le impone la carga u obligación de efectuar los pagos, “…no significa que también posea la de disponer de todas las erogaciones, o ejecución de partidas, sino que solamente puede decidir sobre aquellas cuestiones que el ordenamiento lo faculta a hacerlo, actuando en ese caso en el doble carácter de decisor y ejecutor, pero en todas las materias que la ley confiere la facultad de decidir a otro órgano o Departamento, quien decide es ese órgano o Departamento, actuando el Ejecutivo como mero ejecutor o mandatario de la decisión de aquél...”(confr. fs. 67vta.).
No encuentra motivos por los cuales el demandante deje sin efecto la previsión del art. 53, inc. h) de la ley 55 (confr. fs. cit.).- En contra de lo argumentado por el Municipio actor, en relación a la emergencia económica establecida por el Decreto Provincial 05/12, en virtud del cual se dispuso la prohibición de designaciones de personal y dar posesión de empleos a partir del 1° de enero de 2012, el Honorable Concejo Deliberante demandado subrayó que si bien adhirió el Municipio de Pico Truncado a la mentada disposición por Decreto 296/12, al momento de ser promulgado por Departamento Ejecutivo Municipal el art. 2° del Decreto N° 1699/12 acabó admitiendo la facultad del Honorable Concejo Deliberante de disponer excepciones, en lo que respecta a nombramientos de personal (confr. fs. 68).- En las postrimerías de su responde, deduce que al decretarse la emergencia económica a partir del 1° de enero de 2012, y siendo las agentes designadas por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, en virtud de Decretos dictados el día 1° de noviembre de 2011, tomando posesión de sus cargos a partir del mes de diciembre de ese mismo año, los cuestionados nombramientos por ser anteriores a la entrada en vigencia de la norma de emergencia económica invocada por el Municipio actor, resultan ser plenamente válidos (confr. fs. 68 y vta.).-
Finalmente, el Departamento Deliberativo Municipal accionado considera que “...técnicamente no existe ningún conflicto de poderes, por cuanto la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, se limitó a ejercer la facultad que por ley le compete, de realizar la designación del personal necesario para llevar adelante las labores administrativas propias de la organización interna del mismo. En ningún momento se pretendió, y menos se realizó, ejecutar alguna función, facultad o acto que por disposición constitucional o legal sea privativa o exclusiva del Departamento Ejecutivo… la facultad de este Honorable Concejo Deliberante se ejecutó, con absoluta constricción a las formas y procedimientos establecidos en el Estatuto del Personal de la Administración pública, y con la debida intervención de los interesados...” (confr. fs. 69vta.). Cita doctrina y jurisprudencia que considera aplicable en la especie y efectúa reserva del caso federal (confr. fs. 69vta./70).- Que, ordenada la apertura a prueba mediante auto de fs. 73, se certifica sobre su producción a fs. 76, ordenándose a fs. 76 -in fine-, se pongan los autos a disposición de las partes para alegar, habiendo hecho uso de ese derecho tanto la actora como la demandada con sus escritos de fs. 84/85 y fs. 86/87, respectivamente, y a fs. 88 se llaman autos para sentencia.-
II. Que conforme con lo expuesto, nos enfrentamos ante un auténtico conflicto de competencias de órganos intra-municipales.-
Que este Tribunal Superior de Justicia, en virtud de lo preceptuado por los artículos 132 inciso1) y 149 de la Constitución Provincial, está llamado a decidir las cuestiones de competencia entre autoridades municipales que se susciten con motivo de sus respectivas atribuciones.-
Que, la cuestión sometida a debate en el sub lite se focaliza en el avance o injerencia, -presuntivamente- del órgano legislativo municipal sobre una competencia funcional del departamento ejecutivo, presentando innegables connotaciones institucionales que conciernen al gobierno y administración del municipio, y cuya resolución deviene prioritaria para el mantenimiento del orden institucional y el normal desarrollo de los asuntos públicos.-
Que, corresponderá a este Alto Cuerpo determinar si al dictarse los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD 118/11 y 124/12, en virtud de los cuales se dispuso el pase a planta permanente de tres agentes que hasta entonces formaron parte de designaciones de carácter político, el Concejo Deliberante de la localidad de Pico Truncado se atribuyó competencias propias y exclusivas del Departamento Ejecutivo Municipal, o bien fueron dictados en ejercicio de competencias que le son propias.-
Que, cuadra poner de resalto que la dilucidación del presente caso resultará del análisis de las previsiones normativas que hacen referencia al funcionamiento de los municipios en la órbita provincial, a la división de funciones como consecuencia de la adopción del sistema republicano de gobierno en el ámbito de los gobiernos locales, y el delineamiento de los contornos potestativos en orden a las atribuciones de los distintos órganos municipales para su funcionamiento.-
III. Sistema republicano y régimen municipal.
Que, como inicial premisa de análisis, debe subrayarse que las contiendas entre los diversos órganos de gobierno local encuentran su origen en el constitucionalismo nacional pues al adoptarse, conforme el Art. 1º de la Constitución Nacional, la forma republicana de gobierno, la consecuente división de los poderes traerá de su mano la división de funciones de los diversos departamentos de gobierno.-
Que, a modo de rasante vuelo normativo referido al régimen municipal argentino, primigeniamente surge la manda constitucional del Art. 5°, en virtud de la cual se le impone a las provincias la adopción del sistema republicano de gobierno, siendo “...Uno de los principios que determinan dicho sistema el de la división de las funciones entre los organismos del gobierno, el cual tiene su antecedente doctrinal en Montesquieu, quien lo tomó de Locke y diseñó la clásica teoría de los frenos y contrapesos, lo que, a su entender, se lograría imputando cada una de las funciones del poder a un órgano independiente de los otros dos, e implementando un sistema por el cual los tres se controlarían recíprocamente… La Constitución que nos rige adoptó en 1853 el sistema de una separación concreta no ya de poderes, sino, en particular, de funciones entre organismos diferenciados, los cuales no pueden invadir la esfera de acción de los otros.
Esta evolución aplicada al gobierno del municipio y conforme los caracteres del gobierno presidencialista o ejecutivista, concreta la división de poderes o funciones entre los organismos del gobierno comunal, conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipios…” (confr. Calvente, Raúl D. Derecho y Administración Municipal, Cáthedra Jurídica, Buenos Aires, 2007, pp. 223-224). En virtud de ello, se “… declara la unidad de los argentinos en torno del ideal republicano; pero se trata de una unidad particular: es la unidad en la diversidad, diversidad proveniente, precisamente, del ideal federalista abrazado con parejo fervor que el republicano. El federalismo encierra un reconocimiento y respeto hacia las identidades de cada provincia; empero, dicha entidad no encuentra su campo de realización solamente dentro del ámbito comprendido por los poderes no delegados del gobierno federal (art. 104 y concs., Const.
Nacional), sino también en el de la adecuación de sus instituciones a los requerimientos del art. 5° cit.. Esto último, asimismo, configura una fuente de vitalidad para la república, en la medida en que posibilita una pluralidad de ensayos y búsquedas por las diferentes provincias de caminos propios para diseñar, mantener y perfeccionar los sistemas republicanos locales...” (confr. CSJN, Fallos: 311:460).- Posteriormente, en materia municipal, también se incorporará al propio texto constitucional, a través de la reforma de 1994, el art. 123, en virtud del cual se establece que “Cada provincia dicta su propia Constitución… asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.-
Por su parte, en el ámbito provincial, la Sección IX de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, al hacer referencia al régimen municipal, pondrá de resalto el carácter genéticamente republicano de los municipios provinciales. Y así, establece que los municipios deberán contar con un Ejecutivo unipersonal y un Cuerpo Deliberativo (confr. art. 144).-
En lo que respecta a la legislación provincial, la específica regulación del régimen municipal se halla prevista en la Ley N° 55, intitulada “Ley Orgánica de las Municipalidades”, del año 1958. En su artículo 2°, refiriéndose al modo en que quedarán conformadas las estructuras municipales de gobierno local, establece que “Las Municipalidades estarán constituidas por un Departamento Ejecutivo cuyo titular será un ciudadano denominado Intendente; y un Concejo Deliberante que constará de cinco miembros, excepto en la Capital de la Provincia, donde tendrá siete”. De este modo, en cabeza del titular del Departamento Ejecutivo se impondrá la administración general del municipio, la ejecución de las ordenanzas municipales, la determinación de políticas presupuestarias y la representación externa de la institución municipal. Por otra banda, se constituirá el ‘poder legislativo o de legislación local’, a cargo del Concejo Deliberante, encargado de dictar reglamentos y ordenanzas. Ambos órganos de gobierno municipal estarán facultados para desarrollar actividades heterogéneas, entre las que se mencionan funciones de neto corte organizativo, para su desenvolvimiento en un marco de autonomía e independencia. Así, ejercerán, necesariamente, tareas de administración “…vinculada al diseño de los sistemas de ingreso, retribución, carrera administrativa; régimen disciplinario y sancionatorio del personal; como así también a las tareas que garanticen la continuidad de las actividades del órgano…” (confr. Rosatti, Horacio, Tratado de Derecho Municipal, T. IV, 2ª de. Actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, pág. 30). Y, dentro de estas ‘funciones administrativas’ se encuentran las potestades de nombramiento, control y remoción de funcionarios y empleados (confr. Hernández, Antonio María (h), Derecho Municipal, 2ª Ed., Depalma, Buenos Aires 1997, p. 452), punctum dolens del presente caso.-
IV. El caso.
Que, el conflicto que trae ante este Tribunal Superior de Justicia el Intendente del Municipio de Pico Truncado transita por un andarivel que impone analizar, previamente, dos cuestiones: a) las potestades de los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo Municipales y sus potestades de nombramiento, remoción y control de personal; b) si los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD 118/11 y 124/12, fueron dictados dentro de las facultades que la legislación confiere al Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Pico Truncado.-
Normativamente, las posturas controversiales sub examine encuentran respuesta en las previsiones de la propia Ley Provincial N° 55. Dentro de este marco jurídico, en el Título III, Capítulo I de la mencionada ley se enumeran las “Competencias, Atribuciones y Deberes” del Departamento Ejecutivo Municipal y, concretamente, por el inc. d) del artículo 61 se le atribuye al propio Sr. Intendente la facultad de “Nombrar, aplicar medidas disciplinarias y disponer la cesantía de los empleados del Departamento Ejecutivo”.-
Por su parte, en el Título II de la misma Ley de Municipios se encuentran las normas reguladoras del Departamento Deliberativo Municipal y, concretamente, el Capítulo II intitulado “Sesiones del Concejo: Presidente y Concejales”, en el artículo 53 contiene las atribuciones y deberes del Presidente del Concejo Deliberante dentro de las cuales, específicamente señala en el inc. h) “Nombrar, aplicar medidas disciplinarias y dejar cesantes a los empleados del Concejo...”. Dentro de esta previsión dispositiva queda circunscrito también el supuesto de agentes que, habiendo ingresado a la planta política, son designados finalmente en planta permanente, con lo cual deviene plenamente admisible la actuación del Departamento Deliberativo Municipal en relación a la designación en planta permanente de los agentes municipales en cuestión.- Surge de la misma letra de la Ley Orgánica de Municipalidades que tanto el Honorable Concejo Deliberante como el Departamento Ejecutivo municipal, se encuentran legalmente facultados para designación, contralor y remoción de su propio personal. Así, de igual modo en que el Ejecutivo Municipal resulta competente para el nombramiento del personal perteneciente a ese departamento (conforme lo dispuesto por el art. 61, inc. d) de la ley N° 55), el mismo Presidente del Honorable Concejo Deliberante posee facultades de designación de personal del propio Cuerpo Deliberativo Municipal, según el art. 53, inc. h) de la misma ley.-
Maguer el actor entendiera, invocando el artículo 58 de la Ley 55, que ‘la Administración General’ comprende la facultad de nombramiento del personal municipal todo, en procesos como el presente, dicho argumento acaba sucumbiendo en sus fundamentos ante la nítida respuesta normativa del artículo 53 inc. h) a la controversia traída bajo examen, no existiendo obstáculo alguno al Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante a designar personal para que cumpla funciones en su propio ámbito deliberativo. Asimismo, se constata que el contenido de los decretos impugnados no invaden competencias propias del Departamento Ejecutivo pues no se extiende en su aplicación sino a Agentes Municipales que se desempeñan exclusivamente dentro del Departamento Deliberativo.- La letra de la Ley 55 revela claridad decisiva.
En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, siendo la primera fuente de hermenéutica de la ley su letra (Fallos: 299:167, entre otros), no resulta admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal (Fallos: 300:687). En concordancia con lo expuesto, este Alto Cuerpo ha expresado que “...Toda interpretación de la Ley debe empezar por la ley misma, es decir que para alcanzar su significado no han de agregársele expresiones que alteren su contenido. Por ello cuando la ley es clara se debe respetar su texto, ya que éste revela la voluntad legislativa…” (confr. Tomo V -Contencioso Administrativo-, Reg. 395, Folio 976/982). Por todo ello, se erige en elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la ley es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (confr.
SCBA, Ac. 69.271 -S- 29-2-2000; Ac. 84.418 -S- 19-6-2002; Ac. 71.710 -S- 10-9-2003; entre otros). El criterio para interpretar una cuestión es antes que nada las palabras de la ley (causa Ac. 69.271 “Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires”, sent. del 29 II 2000), más aún en el caso, cuando lo que está en juego es una cuestión de interés público como la invasión o no de una competencia propia de un departamento municipal por parte de otro.- Que, en contra de lo argumentado por el Departamento Ejecutivo accionante, no resulta aplicable a los nombramientos cuestionados la prohibición contenida en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto Provincial N° 05/12, de Emergencia Económica y Reordenamiento del Estado (confr. fs. 15/23) y el Decreto de Adhesión municipal N° 0296/12, (confr. fs. 56/57) pues al momento de su entrada en vigencia -según artículo 2° del Decreto 05/12 “…el 01 de enero de 2012…”-, las agentes ya se encontraban designadas en el Honorable Cuerpo Deliberativo de Pico Truncado “…desde el 01 noviembre de 2011…” conforme surge de constancias arrimadas a la causa (confr. fs. 5/13) y del Decreto HCD 124/12 (confr. fs. 25/27).- Que, tampoco puede admitirse el agravio esgrimido por el accionante en virtud del cual pretende la nulidad de los cuestionados nombramientos por razones de falta de previsión presupuestaria.
En efecto, surge expresamente del artículo 3° de los Decretos en crisis que “…El gasto que demande el pago de haberes, liquidaciones y demás beneficios, deberá ser imputado a la Partida Presupuestaria correspondiente a Personal del Honorable Concejo Deliberante…” (confr. fs. 7, 9 y 12).-
Que, en lo que respecta a la intentada aplicabilidad del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia de Santa Cruz, Ley N° 591, referente a la condicionalidad de los nombramientos, la misma debe ser rechazada pues, de admitirse su tratamiento, se estarían excediendo los contornos del presente objeto controversial, cual es, específicamente, la dilucidación de potestades para designación de personal que cabe a los órganos intra-municipales en conflicto. Sin perjuicio de ello, es oportuno agregar que lo previsto en el artículo 6º de la ley 591, no hace referencia a la modalidad de la designación (sea en planta permanente o transitoria), sino que prevé la condicionalidad de los mismos por el término de seis (6) meses, a los fines de tornarlos definitivos, siempre que hayan demostrado idoneidad y condiciones para las funciones del cargo conferido.
La circunstancia de tener por acreditado que los decretos cuestionados hayan referido a que las designaciones dispuestas lo eran “en carácter definitivo”, no implica por sí mismo adherir al planteo de la actora quien sostiene que para tener tal carácter debiera haberse estado al cumplimiento del término de seis meses previsto en el artículo 6 de la ley 591. Ello así pues, si el Departamento Ejecutivo Municipal pretende invocar la aplicación de esa condicionalidad, debió asumir la carga probatoria de demostrar que las agentes designadas no reunían la idoneidad y condiciones para el ejercicio del cargo para el cual se las designaba (recaudos exigidos en la norma de referencia), actividad probatoria que no se ha cumplimentado en autos.- Que, en el sub lite, mas allá del arsenal motivacional desplegado por el actor, colofón es que los argumentos del Cuerpo Deliberativo Municipal demandado resultan incuestionables a la luz de lo expuesto ut supra, por encontrarse prevista en el art. 53 inc. h) de la ley 55 la facultad de designación de personal del Honorable Concejo Deliberante.
De ello se concluye, que los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD N° 118/11 y 124/12 resultan ser plenamente válidos, por haber sido dictados por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante en ejercicio de plenas atribuciones que el ordenamiento jurídico le reconoce (art. 53, inc. h) de la Ley N° 55), correspondiendo, en consecuencia no hacer lugar a la demanda incoada por la Municipalidad de Pico Truncado -Departamento Ejecutivo- contra el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad, manteniendo vigentes los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD N° 118/11 y 124/12, conforme art. 53 inc. h) de la Ley Nº 55 Orgánica de Municipios, con costas a la parte actora vencida, conforme lo establece el art. 68º del CPC y C.- Por todo lo precedentemente razonado y expuesto, frente a las normas legales citadas y oído que fue el Sr.
Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la demanda incoada por la Municipalidad de Pico Truncado -Departamento Ejecutivo- contra el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad y, en consecuencia, mantener vigentes los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD N° 118/11 y 124/12, conforme lo expuesto en los considerandos.-
2. Las costas se imponen a la actora perdidosa (art. 68º del CPC y C).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1008O.141 Tomo: VII Sentencia: 344 Folio N°: 1302/1307 Secretaría: 1
Fin de la sentencia