Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121182
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.182, "Kalaityis, Rubén Nicolás contra Municipalidad de La Plata. Amparo sindical" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, de Lázzari, Genoud , Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada en razón de haber resultado vencida (v. fs. 250/254 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 270/277), el que denegado por el órgano de origen (v. fs. 278 y vta.), fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 313/314) al hacer lugar a la queja incoada (v. fs. 299/308 vta.).
Dictada a la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción de amparo sindical incoada por Rubén Nicolás Kalaityis, declaró la nulidad del decreto municipal 862/16 -dispositivo mediante el cual tuvo por finalizada a partir del 1 de julio de 2016, la asignación interina de funciones al actor como Jefe de Departamento de Distribución de la Agencia Platense de Recaudación (APR)- y, en consecuencia, ordenó el restablecimiento de sus condiciones laborales vigentes al 30 de junio de 2016.
Para así resolver, juzgó que el accionante, a quien por decreto municipal 239/12 se le había asignado -con carácter interino- el cargo de Jefe de Departamento de Distribución de la APR, se encontraba amparado con la tutela prevista en los arts. 48 y 52 de ley 23.551, por haber resultado electo el día 10 de mayo de 2016 Secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (inscripción gremial n° 2.508 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) con mandato por cuatro años (2016-2020). Fundó su decisión en los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; en el Convenio n° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la doctrina legal de esta Corte: causas L. 93.122, "Sandes" (sent. de 5-X-2011); L. 108.222, "Márquez" (sent. de 28-VIII-2013) y L. 114.103, "Ramírez Hernández" (sent. de 27-VIII-2014).
Tuvo por probado, asimismo, que el acto eleccionario fue notificado en tiempo y forma a la accionada, sin que esta última hubiera formulado cuestionamiento alguno a su respecto (v. fs. 251 vta. y 252).
En este contexto, declaró la nulidad del decreto municipal 862/16 -antes referenciado- por haber modificado las condiciones laborales del actor, sin que hubiera mediado resolución judicial previa que lo excluyera de la tutela sindical (v. fs. 252).
Destacó que se acreditó en autos que la accionada cumplió de manera casi inmediata con la medida cautelar de restablecimiento de las condiciones laborales del actor, ordenada a fs. 92 in fine , por lo que dejó sin efecto las astreintes fijadas a fs. 138 (v. últ. fs. cit.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Municipalidad de La Plata denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 11, 15, 31 y 171 de la Constitución provincial; 68 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
II.1. En lo sustancial, tras manifestar que la decisión no cuenta con fundamentos suficientes, alega que con el restablecimiento efectivo de las condiciones laborales del actor al 30 de junio de 2016 -en virtud del cumplimiento de la medida cautelar ordenada a fs. 92 por el tribunal de origen- de manera previa al dictado de la sentencia de fondo, la pretensión de la actora se tornó abstracta, y así debió declararlo el sentenciante de mérito.
Como consecuencia de ello, sostiene que las costas debieron imponerse en el orden causado, atento que ninguna de las partes revestiría -en su criterio- la calidad de vencida (v. fs. 273 vta. y 274).
II.2. Asimismo, se agravia por cuanto el juzgador de grado no analizó el carácter interino del cargo detentado por el actor, asimilándolo -a su parecer erróneamente- a uno con estabilidad. Entiende que debido a la provisionalidad en sus funciones se encontraba sujeto a reubicación, baja y reestructuraciones en razones de necesidad y servicio sólo apreciables y disponibles por el Departamento Ejecutivo comunal, conforme surge del decreto 239/12. Añade que la ley 23.551 no puede tener el efecto de transformar una función interina en una definitiva.
Reitera que la decisión no fue motivada, no siendo aplicable al caso la doctrina que cita por referirse a casos en que se revestía estabilidad en el cargo (v. fs. 274 vta. y 275).
II.3. Por último, peticiona a esta Corte que -en la regulación de honorarios del letrado que asistió a la parte demandada- se exprese que estará sujeta a lo dispuesto por el art. 203 del decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- en virtud del cual "Los apoderados y letrados retribuidos a sueldo o comisión, no tendrán derecho a percibir honorarios regulados en los juicios en que actuaren representando a la Municipalidad, cuando ésta fuere condenada al pago de costas". Alega que, de no aclararse dicha cuestión, además de violentarse la normativa citada, se obliga al letrado de la accionada a abonar accesoriamente los aportes profesionales por una actividad exenta de ellos por imperativo legal (v. rec., fs. 275 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo el agravio por el que se denuncia que, al momento del dictado de la sentencia de fondo, la cuestión a decidir habría devenido abstracta.
En efecto, el embate en los términos expuestos se aparta y deja sin réplica la concreta motivación esgrimida por el juzgador para dar fundamento a su decisión, a saber: que la declaración de nulidad del decreto municipal 862/16 -por el cual se habían modificado las condiciones de trabajo del actor, sin haberse observado el procedimiento previo de exclusión de tutela-, le otorga "pleno y definitivo respaldo jurídico" a la medida cautelar oportunamente dictada (v. sent., fs. 252), que no es ocioso recordar, fue concedida por el tribunal resaltando que su dictado no implicaba expedirse sobre el fondo de la cuestión debatida (v. fs. 92).
Luego, resulta de aplicación al caso la doctrina legal de esta Corte según la cual es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que desatiende las cargas que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial al no hacer referencia al argumento esencial del fallo ni a las razones legales que le dieron sustento (causas L. 101.257, "D'Alfonso", sent. de 6-VI-2011 y L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012).
III.2. Tampoco merece recepción la crítica por la que se denuncia que el tribunal interviniente no efectuó un análisis del carácter interino del cargo detentado por el actor, asimilándolo a uno con estabilidad.
III.2.a. Contrariamente a ello, el tribunal de grado se expidió expresamente sobre el punto.
En lo que interesa, declaró el sentenciante que el señor Kalaityis, agente de la Municipalidad de La Plata, fue designado -con carácter interino- Jefe de Departamento de Distribución mediante decreto municipal 239/12; siendo electo Secretario Adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (inscripción gremial 2.508 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) el 10 de mayo de 2016, con mandato de cuatro años (2016-2020), y que la demandada fue notificada en debida forma de su designación, sin cuestionarla de manera alguna. En este marco juzgó, con fundamento en los arts. 14 bis de la Constitución nacional, 39 de la Constitución provincial, y la doctrina legal que emana del fallo L. 93.122, "Sandes" (sent. de 5-X-2011), que el accionante se encontraba amparado por la tutela prevista en los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, por lo que su empleadora no podía tomar a su respecto ninguna medida que modificara sus condiciones de trabajo sin resolución judicial previa que lo excluyera de dicha protección especial.
En lo que resulta particularmente relevante, fundó la protección que le correspondía por la ley sindical, más allá del carácter interino de su designación, en doctrina legal de esta Corte que individualizó (causas L. 108.222, "Márquez", sent. de 28-VIII-2013 y L. 114.103, "Ramírez Hernández", sent de 27-VIII-2014) plenamente aplicable al caso de autos (v. fs. 252).
En efecto, este Tribunal ha declarado en casos similares al aquí examinado -entre ellos, los citados por el tribunal interviniente- que los empleados públicos de planta temporaria o "contratados" por los municipios que están amparados por la estabilidad sindical reglada en la ley 23.551 tienen derecho a solicitar la reinstalación en sus puestos de trabajo en caso de haber sido cesanteados o dados de baja sin haberse sustanciado el proceso de exclusión de tutela contemplado en el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales (causas L. 108.222, cit.; L. 113.787, "Sarasibar", sent. de 12-VI-2013; L. 114.103, cit.; e.o.).
Bajo estas premisas, advierto un desencuentro entre el basamento esgrimido por el sentenciante y la crítica que ensaya el quejoso, la que deja en evidencia tan sólo una mera contraposición del criterio personal del interesado con el de los magistrados de la instancia de grado (causas L. 115.833, "Burattini", sent. de 26-VI-2013; L. 118.223, "Cáceres", sent. de 26-X-2016 y L 117.653, "G., M. S.", sent. de 14-II-2018), sin hacerse cargo del eje argumental en que se funda.
III.2.b. A mayor abundamiento, el agraviado prescinde denunciar la infracción de la totalidad de las normas actuadas por el juzgador de grado, a saber: arts. 48 y 52 de la ley 23.551.
Desde esta óptica, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se omite denunciar la violación o errónea aplicación de los preceptos normativos aplicados por el juzgador para fundar el pronunciamiento (causa L. 116.001, "Cabral", sent. de 26-III-2015; e.o.); sin que la Corte pueda suplir de oficio, por vía de inferencias o interpretación, la omisa mención por parte del interesado (causas L. 113.361, "T., J. H." y L. 117.622, "Villalobos", sents. de 25-II-2015).
III.3. Luego, atento la solución que se propone en los puntos que preceden, la crítica por la que se afirma que las costas debieron imponerse en el orden causado, por no revestir ninguna de las partes la calidad de vencida pierde virtualidad, pues no corresponde a la judicatura dictar pronunciamientos abstractos (causas L. 101.057, "García", sent. de 13-VII-2011 y L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017).
III. 4. Finalmente, el embate vinculado a la regulación de los honorarios del profesional que representa a la condenada es inatendible, desde que la agraviada carece de interés actual para impugnar esa parcela del fallo.
Sin ingresar en consideraciones de otro orden, entiendo que no habiendo sido la cuestión llevada a conocimiento del a quo , no corresponde que esta Suprema Corte se pronuncie sobre el particular (causas L. 101.165, "Prado Delgadillo", sent. de 10-III-2011 y L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017).
El art. 203 del decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Municipalidades- no resulta una restricción a la facultad de los jueces para regular honorarios a los apoderados o letrados de las Municipalidades, sino una exención de responsabilidad del deudor -condenado en costas- a quien no debe serle exigido su pago si aquellos son retribuidos a sueldo o comisión.
Si, entonces, la normativa en cuestión no impide la regulación de honorarios, esta última no resulta transgredida si el juzgador estima los estipendios profesionales. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si -acordado entre las partes el modo en que será retribuido- luego se hace lugar a su ejecución.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación -en la misma línea de razonamiento- ha expresado que los autos regulatorios resuelven únicamente sobre el monto de las sumas con que los trabajos han de ser remunerados, pero nada fijan sobre el derecho a percibirlos, ni nada anticipan sobre la procedencia y forma de su cobro (Fallos: 320:2485; C.75.XXXII, "Cooperativa de Electricidad, Consumo y Servicios de Antonio Carboni Ltda. c/ Municipalidad de 25 de Mayo s/ demanda contencioso administrativa", cons. 5°, de 25-XI-1997).
Por lo demás, cabe agregar que la municipalidad recurrente no detenta legitimación e interés para cuestionar la obligación -o no- del letrado de ingresar los aportes en el caso.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas a la recurrente vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en el punto III.1. de su voto.
I.2. En lo tocante al reproche por el cual se le endilga al tribunal de grado no haber considerado "la ausencia de estabilidad en el cargo del actor", coincido con la ponente en que es ineficaz.
En rigor, no es más que una mera apreciación subjetiva del recurrente que contrasta con el contenido del pronunciamiento y que exhibe la ausencia de toda réplica frontal y eficaz contra aquel argumento cardinal que señala que la accionada con carácter previo a adoptar la decisión invalidada debió instar la acción de exclusión de tutela sindical prevista en la ley 23.551.
Ello conduce a desestimar la crítica, pues es sabido que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 113.346, "Ochoa", sent. de 4-VI-2014; L. 118.273, "Ruíz Díaz", sent. de 14-X-2015 y L. 118.975, "Álvarez", sent. de 7-III-2018).
I.3. Finalmente, tampoco luce idóneo el "requerimiento" -y más allá de su falta de tempestividad- que formula el interesado con apoyo en el art. 203 del decreto ley 6.769/58.
Es que la aplicación de la norma en la que se sustenta el pedimento se encuentra condicionada a una serie de recaudos cuya configuración en el caso no se ha acreditado.
II. En virtud de lo expuesto, el medio de impugnación debe ser desestimado conforme se resuelve en el apartado final de la opinión que inaugura este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari , Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:16:20 - SORIA Daniel Fernando -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 17:58:08 - DE LAZZARI Eduardo Nestor -
Funcionario Firmante: 21/05/2020 19:35:03 - KOGAN Hilda -
Funcionario Firmante: 22/05/2020 15:14:22 - GENOUD Luis Esteban -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 09:45:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio -
Funcionario Firmante: 26/05/2020 11:52:26 - DI TOMMASO Analia Silvia -
Fin de la sentencia