Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 6931
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 6931 Sentencia:3001 Actor: Municipalidad de Puerto Deseado Demandada: C. S. /Indus SAIC/Caja de Seguros SA./La Segunda Seguros Generales Objeto:Daños y Perjuicios Fecha: 05/05/2023 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los cinco de mayo de 2023, se reú-nen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO C/S. C. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº 22024 del año 2015 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Puerto Deseado, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 6931/17. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto E. Monelos y Jorge O. Alonso para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/3 y 5/2208 la Dra. Eneida Lima Pinheiro en representación de la Munici-palidad de Puerto Deseado y promueve demanda por daños y perjuicios contra C.A.S., Indus SAIC, Caja de Seguros SA. y La Segunda Seguros Generales por la suma de $4.970.574 más intereses. Relata el evento dañoso que origina la presente y que los daños reclamados obedecen al accidente ocurrido el día 13 de abril de 2013 en cercanías de Jaramillo, siendo que habían salido de Puerto Deseado dos vehículos municipales, un minibus Iveco Dayli, dominio JYL-273 conducido por M. S. y un colectivo Volkswagen 9150 conducido por Gumersindo Barriga, los que transportaban delegaciones de la escue-la de basquet municipal.
Refiere que a la altura del km 121 de la ruta 281 en forma imprevista una camioneta Ford Ranger conducida por C.A.S., propiedad de INDUS SACI se cruza de carril e impacta contra el mini-bus. Afirma que en dicho accidente pierde la vida R. S. y varios ocupantes sufren heridas siendo el más afectado J.R.P. P. de 12 años de edad en ese momento. Menciona la causa penal que se tramitó como consecuencia del accidente. Detalla la grave situación de salud en que se encontraba el niño, y que el municipio afrontó numerosos gastos para su tratamiento ya que la aseguradora La Segunda no se hizo cargo de dichas erogaciones y posteriormente tampoco lo hizo la Caja Seguros S.A. como ase-guradora de la Ford Ranger. Afirma que ello generó un perjuicio patrimonial al Municipio que preten-de sanear por medio de la presente. Solicita una medida cautelar. Funda la responsabilidad de los de-mandados S., Indus S.A. y de la citada en garantía, S. como conductor y quien habría realizado una maniobra imprudente causal del accidente, a la Empresa Indus S.A como titular registral de dicho vehículo conducido por S., La Caja Seguros S.A por ser la aseguradora de Indus s.A. y a la Segunda Seguros Generales en forma subsidiaria ya que debe mantener indemne al asegurado y en el particular el Municipio se hizo cargo de los gastos por la salud del niño P.P. en forma inmediata y por montos importantes que detalla en la presentación. Detalla minuciosamente los gastos y realiza liquidación, ofrece prueba y solicita se admita la demanda con costas.-
II. Se da curso a la acción y se dicta medida cautelar que tramita conjuntamente con la causa principal. A fs. 2365/2371 contesta la demanda el Dr. Carlos Toledo Vargas en representación de C.A.S.. Realiza negativa de los hechos, deduce excepción de falta de acción por entender que por el presente juicio la Municipalidad de Puerto Deseado le está exigiendo a la aseguradora La Segunda el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y S. sería una persona ajena a dicha relación. Denun-cia la existencia de otro pleito que guarda relación con el presente caratulado "Perez Perez José Ramón y otra C/ Sandoval Carlos Alberto y otros S/ Daños y Perjuicios" Expte. 22026/15 y solicita la acumu-lación, entiende que no se configura al caso de litispendencia pero sí sostiene que en el presente caso y en el expediente referido se reclaman por los mismos rubros.
Sostiene que el Municipio es respon-sable con relación a los daños de los menores que viajaban porque pertenecían a la Escuela Municipal de Basquet. Afirma que el precio del minibus reclamado a la aseguradora ya se encontraría pago por lo cual el reclamo deviene improcedente. Asimismo que la privación de uso del automotor no es res-ponsabilidad de su mandante por lo que proclama el rechazo de este ítem. Invoca en el caso la culpa de un tercero que considera responsable de haber invadido el carril contrario y sería J.M.S. que con-ducía el Minibus IVECO. Funda en derecho, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.- A fs. 2375/2387 se presenta el Dr. Carlos E. Linares y contesta la presente acción en represen-tación de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales.
Realiza la negativa detallada de los hechos y da su propia versión. Refiere que el accidente por el cual se origina la presente causa tiene como principal antecedente la causa penal "Comisaría de Jaramillo s/ Investiga Muerte en Accidente de Tránsito (S.)" Expte. 6158/2013 donde quedó señalado como responsable el conductor de la ca-mioneta Ford Ranger quien circulaba contrario al sentido del vehículo municipal, C.A.S.. Hace men-ción a las pruebas que darían cuenta de ello que se tiene presente y concluye que siendo S. el conduc-tor del vehículo propiedad de INDUS SA, el Municipio no tiene responsabilidad alguna y por lo tanto tampoco la aseguradora. Argumenta la improcedencia de responsabilidad alguna de la aseguradora La Segunda con relación al Municipio demandante, pues existe una causal de exclusión de la responsabi-lidad objetiva como es la culpa de un tercero por el cual no debe responder.
Insiste en que no existe ningún incumplimiento contractual por parte de La Segunda, pues el hecho de que el municipio realice erogaciones en favor del menor accidentado pues en el caso debió contar con la anuencia de la asegu-radora para reconocer la responsabilidad en tal sentido, y ello no ocurrió. Analiza los rubros reclama-dos, impugna la liquidación, hace reserva del caso federal, solicita acumulación de procesos, ofrece prueba.- A fs. 2401/2410 se presenta el Dr. Yamil Chain en representación de INDUS SACI y contesta la demanda. Plantea la falta de legitimación activa de la Municipalidad de Puerto Deseado como de-fensa de fondo. Sostiene que el municipio realizó erogaciones para favorecer el tratamiento de salud del menor pero sin ninguna obligación legal sino por razones sociales o políticas pero ello no genera obligación alguna con su mandante.
Propone la falta de legitimación pasiva por sostener que INDUS SACI no era titular registral de la Ford Ranger Dominio JLO-521 al momento del accidente. Argumen-ta en otro orden que no resulta su parte deudora del Municipio local, y que fue demandada por los mismos rubros en la causa "Perez Perez" -anteriormente citada- y que en caso de prosperar ambas de-mandas estaría pagando dos veces los mismos rubros por igual hecho. Entiende que cualquiera sea el resultado sería una injusticia. Cita en garantía a "Caja de Seguros S.A", ofrece prueba y funda en dere-cho.- A fs. 2444/2535 se presentan la Dra. María Luisa Bacci y el Dr. Miguel Diaz Velez en repre-sentación de Caja de Seguros SA y contestan la citación en garantía.
Reconoce la existencia del contra-to de seguros. Refiere al límite de cobertura por la suma de $3.000.000, aclarando que dicha suma es por todos los daños que se generen a partir del mismo hecho, menciona la existencia de dos causas y entiende que los rubros aquí reclamados ya se encuentran requeridos en otro expediente "Perez Perez" por lo que entiende improcedente la presente citación. Niega detalladamente los hechos y desconoce la documentación. Invoca la culpa de la víctima por la circunstancia de no llevar cinturón de seguri-dad. Impugna todos los daños reclamados por la parte actora, ofrece prueba y funda en derecho.
III. A fs. 2579/2583 se tiene presente el pedido de acumulación de causas y se ordena la pro-ducción de pruebas. A fs. 2915 se clausura el período probatorio y se pone los autos para alegar. Ninguna de las partes intervinientes presenta alegato y en PE486430-2022 se dicta sentencia el 16 de mayo de 2022. En el fallo se rechaza la falta de legitimación activa planteada por INDUS SA y la falta de legitimación pasiva planteada por C.A.S. y por INDUS SA; admite la demanda por repetición de pago contra La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, C.A.S., Indus SA y Caja de Se-guros SA condenando a abonar, en el plazo de diez días, la suma de $3.267.068,40 más intereses conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina; condena además a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar a la actora en el plazo de diez días, los intereses devengados por falta de pago en término del valor asegurado por la destrucción total del vehículo con más intere-ses, impone una multa a la aseguradora La Segunda, condena a S., Indus SA y Caja de Seguros SA a abonar la suma de $155.000 en concepto de diferencia en el daño material por destrucción total del vehículo, más intereses; condena a S., Indus S.A. y Caja de Seguros SA a abonar en el plazo de diez días, la suma de $545.477,42 en concepto de privación de uso del vehículo más intereses, rechaza el reclamo por lucro cesante, impone las costas a las vencidas y difiere la regulación de honorarios.
IV. Disconformes con este pronunciamiento el Dr. Yamil Chain en representación de INDUS SACI, Elio Fernando CONTRERAS ARCO en representación de la CAJA DE SEGUROS S.A., Carlos E. Linares en representación de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales apelan la sen-tencia de grado.
La representación de Indus SACI se agravia en primer término por haberse desestimado las excepciones de falta de legitimación activa por parte de la Municipalidad de Puerto Deseado. Sostiene que el Municipio incurrió en gastos como una liberalidad y que por otro lado mediante el dictado de una medida autosatisfactiva -luego revocada- Indus SA también debió afrontar gastos médicos del niño lesionado y no corresponde que se condene a la parte dos veces por el mismo hecho. Le agravia además que se haya rechazado la falta de legitimación pasiva, ya que se estaría condenando a INDUS SA dos veces por un mismo hecho; y que siendo que el menor "Perez P." obtuvo una sentencia favo-rable deberá reintegrar al Municipio los montos que percibió oportunamente.
Le agravia que se conde-ne a su parte a abonar la destrucción del vehículo cuando debió serlo la propia aseguradora del muni-cipio quien cargue con dicha obligación. Por último se agravia por la condena del lucro cesante ya que entiende que el Municipio contaba con otros vehículos dentro de su parque automotor y no debió re-currir a terceros. El apoderado de Caja de Seguros SA, Elio Fernando CONTRERAS ARCO, con patrocinio le-trado del Dr. Miguel Díaz Velez, en documento PE513811-2022 expresa los agravios de su mandante. Se agravia en primer término por el monto determinado como de gastos médicos, traslados e interna-ción y acompañantes a favor de la actora, que habría abonado para la atención del menor J.R.PÉREZ PEREZ.
Aclarando que entiende arbitrario el fallo por cuanto no dio tratamiento a los planteos de la legitimación de la Municipalidad para pretender la acción de regreso que ha intentado y hace lugar al reclamo sin fundamentación. Sostiene que no se analizó cual sería la relación entre el Municipio y la aquí condenada, limitando a señalar en la sentencia sólo que es responsable por las consecuencias dañosas del accidente de tránsito, pero no determina porqué existe un deber de reembolsar las sumas abonadas que habría abonado la accionante. Recuerda que al contestar demanda se argumentó que no se configuraba ningún supuesto de solidaridad por lo que resulta desacertada la condena solidaria que aplica a todas las demandadas.
Afirma que la municipalidad se hizo cargo de la obligación derivada de su condición de transportista del menor; pero carece de vínculo alguno con INDUS S.A. y por ende con CAJA DE SEGUROS S.A. por lo que carece de legitimación para reclamarles restitución de suma alguna. Agrega que es diferente el vínculo que existe entre la Municipalidad de Puerto Deseado y su compañía asegurada, pues allí existía un contrato de seguro que las unía. Refiere que el Juez de grado confunde ambas situaciones y solicita se admita la falta de legitimación propuesta. En forma subsidia-ria se agravia por cuanto se condena en concepto de gastos pero no se tuvo por acreditada la autentici-dad de la documentación, siendo que fue desconocida oportunamente; por lo tanto carecen de fecha cierta, y muchos de ellos incluso de firma, por lo que no prueban por si solos su contenido.
Agregan que resulta irrelevante, la Prueba Pericial Contable producida en autos, que se limitó a informar que las diversas facturas presentadas por la Municipalidad de Puerto Deseado fueron incorporadas en sus registros contables, puesto que ello no implica demostración alguna sobre la efectiva realización del gasto. Entiende que se debió exigir al Municipio prueba de la existencia y pertinencia de los gastos médicos y de traslados efectivamente realizados y que esta omisión probatoria impide tener por acre-ditadas las erogaciones invocadas, y la condena en tal sentido. En un tercer agravio invoca la duplici-dad de pretensiones. En tal sentido refiere que lo aquí pretendido por parte de la Municipalidad resul-tan ser rubros coincidentes con los reclamados por J.R.PÉREZ PEREZ, en la causa “PEREZ PEREZ, J.R. y otra c/ SANDOVAL, C. y otros s/ Daños y Perjuicios”, expte 22.026/15.
Menciona la condena que recayó en dichos autos y sostiene que en éstos existe una superposición en los rubros de condena. Transcribe los fundamentos de la resolución dictada en la medida autosatisfactiva por parte de esta Cámara de Apelaciones lo que se tiene presente; concluyendo que el juez de grado se aparta de la de-cisión allí dictada, ya que se trata de los mismos gastos por los cuales se condena y nada se dijo en la sentencia recurrida. Como cuarto agravio menciona la extensión de la condena que eventualmente deberá soportar la CAJA DE SEGUROS S.A. en caso de confirmarse el fallo apelado. Cita la causa “Gómez Rocca, Javier Hernán y otros c/ Creatore, Víctor Juan y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)” (Expte.
N°63965/2005), donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar a un recurso retomando los argumentos de "Buffoni" (Fallos: 337:329) y “Flores” (Fallos: 340:765), y se rechazó la condena por encima del límite de cobertura. Reitera los argumentos de di-chos pronunciamientos concluyendo que las aseguradoras deben responder en el marco de los térmi-nos contractuales pactados en el contrato de seguro. Invoca además la omisión de la aplicación del art. 119 de la Ley de Seguros, norma que dispone que en caso de existir pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata. Señala la existencia de otros procesos donde existirían otras personas damnificadas por el mismo accidente y las menciona: “MARCOS, A.M. c/ Sandoval C.A.s/ daños y perjuicios” Expte 21.854/14; “PEREZ PEREZ, J.R. y otra c/ SAN-DOVAL, C. y otros s/ Daños y Perjuicios”, expte 22.026/15 y "QUINTANA, J.c/ SANDOVAL, C. s/DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte.
Nº 22.023/2015. Sostiene que en esos procesos se realizaron re-clamos resarcitorios contra INDUS S.A. y contra CAJA DE SEGUROS S.A., por lo que la indemniza-ción resultante de la cobertura que proporciona la póliza debe ser distribuida entre tales demandantes en forma proporcional. Solicitando se determine la aplicación del art. 119 de la L.S. Hace reserva del caso federal.- En documento PE591017-2022 La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales ex-presa agravios. Entiende el recurrente que la sentencia es arbitraria y contraria a derecho, pues conde-na a su parte aún cuando se ha acreditado que no existió responsabilidad civil del conductor del vehículo de la Municipalidad de Puerto Deseado, por lo que no existe obligación de responder por parte de la aseguradora.
Refiere a los términos de la póliza contratada y concluye que no se encuentra obligada a mantener indemne al asegurado pues éste nada debe. Agrega que la circunstancia de que el municipio haya realizado pagos a favor de J.R. Pérez sin obligación de hacerlo no altera los términos de la póliza. Hace mención a las demás causas que se iniciaron con motivo del mismo accidente don-de se ha desestimado las demandas interpuestas contra al Municipio y su aseguradora, aún la iniciada por la víctima J.R.P.Perez. Refiere a la sentencia dictada en esta última causa por parte del mismo ma-gistrado donde señaló claramente a Carlos Sandoval como responsable del accidente en cuestión, por haber sido además condenado en sede penal, y asimismo a la titular del rodado y su aseguradora.
En atención a ello le agravia que ahora se condene a su parte en forma solidaria con los verdaderos res-ponsables sin que exista un fundamento para ello y ser contrario al contrato de seguro. Considera que el fallo atacado carece de debida fundamentación en derecho y constituye una clara violación al dere-cho de propiedad de su parte. En forma subsidiaria hace reserva de repetir las sumas que pudieran ser pagadas por la recurrente a los verdaderos responsables. En otro apartado se agravia por la multa en concepto de daño punitivo que le impone el fallo con fundamento en las normas de consumo. Sostie-ne que no se dan los presupuestos para la aplicación de la normativa de Defensa del consumidor, ya que la Municipalidad de Puerto Deseado, aquí actora, no puede ser considerada consumidora o desti-nataria final de un bien o servicio.
Y en forma subsidiaria sostiene que tampoco se darían las circuns-tancias para la procedencia de la multa del art. 52 bis de la ley en la materia ya que no existió ningún incumplimiento de su parte como aseguradora del municipio y se arribó a una decisión injusta. Por último se agravia eventualmente por el monto de condena, solicitando se revoque o en su defecto se disminuya la multa. En otro punto se agravia por la condena impuesta de abonar el valor por la des-trucción del vehículo e intereses. Al respecto sostiene que La Segunda CLSG dio cumplimiento con el pago en concepto de destrucción total dentro de los plazos legales por lo que no procede el pago de intereses por el término de un año, solicitando en forma subsidiaria se reduzca el plazo ya que lo de-cidido se aparta de lo normado por los art. 49 y 56 de la ley de seguros.
Se agravia por último de la condena en costas por ser contrario a lo normado en el punto. Hace reserva del caso federal.-
V. En documento PE536741-2022 la actora contesta los agravios de INDUS S.A.I.C. y de La Caja. Sostiene que el accidente se encuentra probado y que el Minibus Iveco del municipio fue em-bestido por la Ford Ranger de Indus SACI por lo que tiene legitimación para accionar contra el dueño del rodado. Entiende que la demandada no acreditó que haya abonado en la causa "Perez Perez" ni acompaña el fallo a que refiere. Agrega que ante el fatídico hecho las partes se desentendieron de la situación lamentable y el municipio tuvo que actuar ante ello para asistir a las personas. Insiste en la responsabilidad de INdus y su obligación de responder. Sostiene la procedencia del lucro cesante pues el hecho de tener otros vehículos no fue motivo para que el municipio se viera afectado por no contar con el minibus cuya reparación aquí se pretende, durante aproximadamente un año.
En cuanto a los agravios de la Caja de Seguros S.A. sostiene que el Juez de grado fundó debi-damente los reclamos que aquí prosperan y la responsabilidad solidaria de la recurrente por ser asegu-radora de Indus y por ello entiende la improcedencia de los agravios. Afirma que la autenticidad de la documentación está acreditada detallando las pruebas al respecto lo que se tiene presente.
En cuanto a la duplicidad de reclamos entiende que es improcedente por cuanto tienen su fundamen-to en la responsabilidad de la titular del vehículo embistente. Que los gastos fueron realmente realiza-dos por el municipio y ello debe ser resarcido. Coincide con el Juzgador en que lo decidido guarda relación con la ley de seguros y no como refiere el recurrente, ya que la responsabilidad de Indus se funda en el art. 1113 del CC y la Caja de Seguros SA responde por la vinculación contractual con aquella.
En documento PE602624-2022 la actor contesta los agravios. Entiende que el juez de grado fundamenta debidamente la condena contra LA SEGUNDA, sosteniendo que el tercero damnificado tiene derecho al resarcimiento frente al asegurado como consecuencia del hecho lesivo y este crédito es el que tiene privilegio sobre la suma debida por el asegurador. Hace mención a la función social del seguro, afirmando que se encuentra probada la relación que vincula a su parte con La Segunda Coope-rativa de Seguros y las obligaciones que de ella derivan, lo que da fundamento a la presente acción por haber asumido las sumas abonadas atendiendo los gastos médicos y necesidades del joven J.R.P. y su mamá. En otro orden sostiene que la sentencia de grado se encuentra debidamente fundada con relación al factor de tipo objetivo de responsabilidad y con ello se legitima la acción de la Municipali-dad. También propugna el rechazo del agravio con relación a la multa, pues encuentra fundamento en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor ya que LA SEGUNDA, desde un principio, se de-sentendió completamente del siniestro y no dio instrucciones claras al asegurado al momento de serles requeridas. Reafirma la procedencia del pago por destrucción total del vehículo, ya que al momento de requerirse el pago con la documentación correspondiente no lo realizó y por ello el Municipio insis-te en su reclamo ya que llevó una demora de un año aproximadamente. Solicita se desestime los agra-vios con imposición de costas.
VI. Falta de Legitimación. En un primer agravio la representación de INDUS SACI se agravia por entender que el Municipio carece de legitimación para reclamar a su parte los daños tal como pre-tende, en similares términos invoca su falta de legitimación pasiva. Al respecto habrá de estarse al objeto de la demanda ya que es dicha pieza procesal la que delimita el tema a decidir en éstos. En la demanda se reclaman daños en el vehículo municipal y una gran cantidad de gastos que habría reali-zado el municipio de Puerto Deseado a favor del menor J.R.P.P.. El Código Civil y Comercial vigente es claro en cuanto a quienes resultan ser los legitimados para reclamar daños, a partir de los art. 1772 y ss.
Si bien en éstos se determinó que se debería analizar bajo las normas del Código Civil hoy dero-gado, dichos principios no son opuestos a dicho cuerpo legal. Así las normas del Código Civil fundan la legitimación al dueño de la cosa dañada o al que tuviere posesión para reclamar los daños en la propiedad de los bienes (art. 1095 y ss.), pero también se funda la legitimación de los daños persona-les al damnificado directo y se extiende en algunos supuestos a quienes hubiesen sufrido en forma indirecta (arts. 1077 y ss. C.C). Estas premisas son las que deben prevalecer al momento de analizar la legitimación, es decir que el titular del bien o quien sufre un perjuicio es la persona titular de la acción.
En el caso, no hay duda que el Municipio era propietario del Minibus dañado y sobre el cual tiene justificada las facultades para reclamar los daños que se deben analizar más adelante; pero claramente carece de legitimación para reclamar los gastos que realizó en pos de la salud del menor perjudicado. No escapa a conocimiento de quien escribe que la totalidad de los daños causados al menor y a su madre fueron materia de reclamo por parte de las víctimas. Así todas las partes recurrentes refieren a la causa "Perez Perez" y en dichos autos, se dictó sentencia donde se condena por la integridad de los daños y gastos padecidos por el niño y su madre con más los intereses debidos. Tal como sostienen las recurrentes existiría una duplicidad de reclamos y condenas por los mismos conceptos, los que ya fueron determinados a favor de las personas realmente titulares de la acción.
Entiendo por tal razón que este agravio debe prosperar parcialmente en la medida de los daños reclamados que excedan los causados al vehículo propiedad del municipio. De otro modo se estaría condenando por una misma obligación dos veces y en el caso particular a quien no resulta ser damnificado directo del daño por lo que carece de causa legítima para reclamar. En este entendimiento y siendo la correlación de esta obli-gación la legitimación pasiva deducida por el recurrente, habrá de entenderse operada en los mismos términos que los expuestos precedentemente. -
VII. Indemnización por destrucción del vehículo. Este agravio sostenido por INDUS SACI no debe prosperar. La mecánica del hecho dañoso se encuentra en este estadio fuera de discusión, ya que ha merecido reproche penal y se ha establecido la responsabilidad del conductor del vehículo propie-dad de la recurrente en la comisión del accidente. Por las normas anteriormente citadas, 1094, 1095 del Código Civil no existe duda alguna que la recurrente resulta obligada a reparar los daños causados por su culpa. Comparto los argumentos expuestos por el Juez de grado en tanto que con relación al vehículo propiedad del Municipio restaría pagar una diferencia en la indemnización, como así también se encuentra debidamente acreditado que la privación del uso de este vehículo ocasionó gastos que deben ser reparados. Este agravio debe desestimarse.-
Con relación a los argumentos de agravios de la Caja de Seguros S.A habré de remitirme a la falta de legitimación anteriormente admitida y a lo que me remito en honor a la brevedad, habida cuenta que se trata de iguales fundamentos. En virtud de ello se tiene que la parte actora carece de legitimación para con la Caja de Seguros S.A. en lo que respecta a los gastos que realizó para restable-cer la salud del niño y atención de su grupo familiar. Resta el tratamiento con relación a los demás agravios. En un primer enunciado de los agravios el recurrente se agravia por la aplicación de la tasa activa sobre los créditos tal como condena el fallo en crisis. Debo señalar que al expresar los argumen-tos nada dice para fundar esta postura, sino que sólo manifiesta su disconformidad con la aplicación de la tasa de interés establecida pero no la funda en ninguna parte de sus agravios por lo que habré de desestimar este agravio. (art. 264 CPCC).-
VIII. Límite de Cobertura. La aseguradora se agravia por entender que el Juez de grado no reconoce el límite de la cobertura, cita como antecedente el fallo "Flores" de la CSJN y reitera argu-mentos en ese sentido. En anteriores pronunciamientos me he pronunciado con respecto a este plan-teo, habida cuenta que la póliza de seguros contempla una suma que delimita el límite de cobertura. Al respecto sostuve la aplicación de ese límite de conformidad con los valores de cobertura que dispone la Superintendencia de seguros de la Nación para este tipo de seguro a la fecha de cumplimiento de la obligación. Debo considerar que desde la fecha en que se produjo el accidente hasta el día de hoy, han transcurrido diez años, pretender limitar el resarcimiento de los perjuicios causados al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro (20/9/2013) constituye un verdadero abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora, toda vez que se ha producido un hecho público, evidente y notorio que es la depreciación de nuestro signo monetario.
Debo recordar que "la Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Na-cional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o límites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequita-tivo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente "sub-judice" de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vul-nerables.
(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala: I, González Silvana Daniela c/ Fuoco Ángel Gabriel y otros s/ daños y perjuicios, 30 de noviembre de 2021, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 135673 - AR | MJJ135673|MJJ135673). Esta forma de efectivizar la repa-ración del daño es una de las herramientas posibles para lograr un equilibrio entre las prestaciones asumidas por las partes en el contrato, considerando además que las primas actuales son proporciona-les a los montos asegurados actualmente y es una forma de lograr una reparación plena como lo exige nuestra legislación. Por tal razón se utilizará como monto límite de la póliza al valor de cobertura que dispone la Superintendencia de Seguros de la Nación para este tipo de contrato de seguro a la fecha de cumplimiento de la obligación.
IX. Se agravia la aseguradora por no haberse expedido el juez de grado en lo que respecta a la aplicación del art. 119 de la ley de seguros que señala "Si existe pluralidad de damnificados, la in-demnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata. Cuando se promueven dos o más acciones, se acumularán los diversos procesos para ser resueltos por el juez que previno." Esta situa-ción no ha sido decidida en la instancia de grado, como tampoco se tramitó contemporáneamente ni diligentemente el incidente de acumulación de procesos y que fue solicitado. Por otro lado los demás procesos a que se refiere el recurrente aún no tienen sentencia firme. Esta circunstancia hace que no exista posibilidad de señalar la medida en que debe responder la aseguradora en cada pleito, habida cuenta que no hay elementos para juzgar en este estadio que un crédito sea preferible ante otro o cual de ellos es más "importante" o preferente para el pago a los fines de establecer las proporciones o dis-tribución que deberá hacer la aseguradora de las sumas que debe abonar. Del mismo modo que señalé en los autos "Perez Perez" entiendo en este aspecto que habrá de tenerse presente y reconocer esta limitación como se postula habida cuenta que la aseguradora deberá responder en la medida del segu-ro, y por los montos determinados conforme lo que finalmente proceda en cada caso, lo que habrá de tenerse presente y podrá invocar en su oportunidad.-
X. Por su parte la aseguradora "La Segunda" se agravia por entender que lo reclamado excede el ámbito del contrato de seguro que la une al municipio. Así refiere en agravios que su obligación es mantener indemne al asegurado cuando éste resulte responsable. Siguiendo el pensamiento expresado en apartados anteriores entiendo que asiste razón a la recurrente, por cuanto ésta se encuentra vincula-da y traída a pleito como aseguradora de la Municipalidad de Puerto Deseado, ésta no ha sido la res-ponsable del accidente el 13 de septiembre de 2013 que en éstos se refiere, tampoco el chofer del vehículo municipal fue responsable de originar el hecho dañoso por lo que se condena a la asegurado-ra sin que el asegurado sea responsable, lo que resulta contrario a la finalidad y objeto del contrato de seguro. En otro orden ya se expresó que tampoco está legitimada para el reclamo de los gastos realiza-dos a favor del menor J.R.P.P. y su familia. Por tal razón me remito a los argumentos antes expuestos y entiendo que este agravio es admisible.-
XI. Se agravia en otro apartado por la imposición de la multa que se impone a la aseguradora. En este aspecto cabe señalar que el asegurado también es un consumidor, cuyos derechos se encuen-tran amparados por la ley específica (ley 24.240); por el Código Civil y comercial (art. 1092 CCC) y que deben complementarse con los arts. 25 y 26 de la ley 20091, que imponen entre otros caracteres la necesidad de que las cláusulas de los contratos de seguro sean equitativas; lo que se encuentra es-trechamente ligado al principio de dignidad de las personas tutelado por los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional) y sobre cu-ya interpretación se ha normado en los arts. 1094 y ss. del CCC.
La circunstancia de que la Municipa-lidad de Puerto Deseado sea una persona de existencia ideal que haya contratado el seguro para su actividad, no invalida que para el caso también constituye el carácter de relación de consumo (art. 1 y 2 ley 24240 y modif.). Sin perjuicio que no procede el reclamo en su totalidad como se expresó antes, comparto con el Juez de grado la falta de diligencia en la aseguradora en cuanto a los pasos a seguir con posterioridad al evento dañoso, su pronta respuesta, falta de diligencia de quien es efectivamente una empresa especializada. A la luz de estas cuestiones y la normativa señalada considero que el agra-vio no puede prosperar siendo equitativo, razonable y fundada la decisión del juez de grado en este aspecto.- Le agravia a la aseguradora recurrente que se condene en forma solidaria al pago de los intere-ses por el término de un año en atención a la demora en dar cumplimiento a la obligación.
Comparto el razonamiento seguido en la sentencia recurrida, habida cuenta que la ley de seguros establece un plazo de quince -15- días para el cumplimiento de la obligación (art. 49 ley 17418 y modif.), y en el caso se demoró un año. Desde la fs. 92 del expediente se encuentran glosadas una serie de cartas do-cumentos y notas cursadas entre el Municipio y la Aseguradora que dan cuenta de la falta de diligen-cia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la recurrente, requerimientos reiterados de do-cumentación para cumplir con el pago, notas del Municipio solicitando instrucciones a los fines de cumplir con la entrega de los recaudos para que se cumpla con el pago correspondiente, etc.
Vale re-cordar que quien se encuentra en mejor situación en estos casos es la aseguradora, quien cuenta con personal especializado en temas de siniestros, peritos, técnicos, etc. es por ello que es a quién se debe exigir mayor diligencia en el cumplimiento de su deber. En virtud de ello entiendo que los agravios sobre este punto no pueden prosperar.- Tampoco debe prosperar el agravio con relación a la imposición de costas pues si bien la de-manda no prospera en su totalidad el Municipio debió iniciar una causa judicial para reclamar el pago de lo que le corresponde y seguir esta causa durante más de ocho años (art. 68 CPCC).-
XII. COSTAS.- En atención a la forma que se deciden las cuestiones planteadas las costas en esta instancia deberán ser soportadas en el orden causado ya que los agravios han tenido recepción favorable en forma parcial y en proporción al éxito obtenido en sus presentaciones (art. 71 CPCC). Debiendo diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado (art. 24 ley 3330).-
XIII. Por estas consideraciones respondo a la primera cuestión señalando que la sentencia es parcialmente justa y debiendo modificarse los aspectos señalados en los considerandos precedentes. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XIV. Que tras un estudio de las constancias de la causa concuerdo con la primer votante en cuanto a la justicia de la condena realizada, la forma en que se deciden las excepciones y demás cues-tiones propuestas que han sido ampliamente debatidas en el acuerdo. Adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XV. En concordancia con las razones expuestas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la falta de legitimación activa propuesta por INDUS SACI y La CAJA de Seguros S.A con relación a los rubros reclamados correspondientes a los gastos realizados a favor del niño R.P.P. y su grupo familiar. 2°) Admitir el agravio de la falta de tratamiento en cuanto al límite de la póliza y diversos beneficiarios propuestos por la CAJA DE SE-GUROS S.A y reconocer la limitación de la cobertura en los términos del art. 119 de la ley de seguros conforme lo expuesto en los considerandos VIII y IX, es decir con la desvalorización monetaria y el importe final a dirimir en la etapa de ejecución de sentencia. 3°) Admitir el agravio de la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con relación a la falta de responsabilidad de su asegurado en la producción del daño. 4°) Desestimar los restantes agravios. 5°) Revocar los puntos 1 y 2 del fallo y confirmarlo en lo restante. 6°) Imponer las costas en esta instancia por su orden en atención al éxito parcial obtenido por cada una de las recurrentes(art. 71 CPCC). 7°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 ley 3330). 8°) Tener pre-sente la reserva del caso federal. 9°) Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes a la instancia de origen.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XVI. Que considero justa la propuesta formulada por la primer votante. Adhiero a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de Mayo de dos mil veintitrés.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resulta-do de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Po-der Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Se-gunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la falta de legitimación activa propuesta por INDUS SACI y La CAJA de Seguros S.A con relación a los rubros reclamados correspondientes a los gastos realizados a favor del niño R.P.P. y su grupo familiar.-
2. Admitir el agravio de la falta de tratamiento en cuanto al límite de la póliza y diversos be-neficiarios propuestos por la CAJA DE SEGUROS S.A y reconocer la limitación de la cobertura en los términos del art. 119 de la ley de seguros conforme lo expuesto en los considerandos VIII y IX, es decir con la desvalorización monetaria y el importe final a dirimir en la etapa de ejecución de senten-cia.-
3. Admitir el agravio de la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con relación a la falta de responsabilidad de su asegurado en la producción del daño.
4. Desestimar los restantes agravios.
5°)Revocar los puntos 1 y 2 del fallo y confirmarlo en lo restante.
6. Imponer las costas en esta instancia por su orden en atención al éxito parcial obtenido por cada una de las recurrentes(art. 71 CPCC).-
7. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instan-cia de grado (art. 24 ley 3330).-
9. Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes a la instancia de origen.-
El Dr. Jorge O. Alonso no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría.- FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara -, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara Presidenta-, Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201013S.231 Tomo: XCVIII Sentencia: 3001 Folio Nº: 096/106 Secretaria: 1
Fin de la sentencia