Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, y siendo que la obligación de pago reconocida en el presente punto es un correlato de la legitimación pasiva de las demandadas que deben abonarla, en su calidad de responsables del evento dañoso, debo asimismo y por lógica consecuencia rechazar la falta de legitimación pasiva opuesta por INDUS SA.
Que en cuanto al tercer agravio de la nombrada, es decir INDUS SA, opino que ésta queja tampoco puede prosperar. Ello así ya que en primer lugar, la mecánica del hecho dañoso se encuentra en este estadio procesal fuera de toda discusión, pues, ha merecido reproche penal y se ha establecido la responsabilidad del conductor del vehículo propiedad de la recurrente en la comisión del accidente. En tal orden y en función de lo prescripto por los arts. 1094 y 1095 del Código Civil no existe duda que la recurrente es la obligada a reparar los daños causados por su culpa.
De allí que comparto el razonamiento del juez de la instancia anterior en cuanto resuelve que la demandada INDUS SA debe responder por la diferencia de valor entre lo recibido por la Municipalidad por la destrucción total del rodado y el valor real de mercado de un vehículo de la misma marca y modelo del que se trata. Por otra parte, el quejoso se limita a exponer que debe ser exclusivamente la aseguradora del propio municipio quien debe afrontar tales gastos, no dando más razón ni argumento razonable que invalide lo resuelto en la instancia anterior. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº6931/17 Sentencia: Definitiva Actor: Municipalidad de Puerto Deseado Demandada: Sandoval Carlos y Otros Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 01/09/2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 1°de Septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: "Municipalidad de Puerto Deseado c/ Sandoval Carlos y Otros s/ Daños y Perjuicios" - Expte. N° 22.024/15 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la ciudad de Puerto Deseado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 6931/17. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio M. Fernández; Mario A. Albarrán y Franco Villalon Lescano para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que en fecha 10/04/15 a fs. 1/3vta. y 5/2208 se presenta la Dra. Eneida Lima Pinheiro en carácter de apoderada de la Municipalidad de Puerto Deseado y promueve acción por daños y perjuicios contra Carlos Alberto Sandoval, Indus SAIC, Caja de Seguros S.A. y La Segunda Seguros Generales, por la suma de $4.970.574 más intereses.
Al relatar los hechos, sostiene que el inicio de la presente demanda lo motivó un accidente de tránsito ocurrido el 13/04/13 en la Ruta Provincial N° 281 (a la altura del km 121), en el que intervinieron un minibús municipal (IVECO DAILY, dominio JYL-273) conducido por Manuel Santibañez, destinado al traslado de una delegación de básquet (de entre 12 y 19 años de edad) a la ciudad de Piedra Buena, y una camioneta Ford Ranger dominio JLO-521 conducida por Carlos Alberto Sandoval, propiedad de INDUS SACI, la cual se cruzó de carril impactando contra el minibus, resultando del siniestro el fallecimiento de un adulto, Ricardo Silvi, y lesiones de diversa gravedad en varios ocupantes. Refiere que uno de los menores, José Ramón Perez Perez de 12 años de edad en ese entonces, sufrió traumatismo grave con secuelas neurológicas permanentes, lo que motivó su derivación a centros de mayor complejidad y la realización de múltiples intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos, traslados y cuidados especiales.
En tal contexto, remarca que el Municipio debió asumir directamente los gastos derivados de la atención integral del niño ante la falta de respuesta eficaz por parte de las aseguradoras La Segunda y la Caja Seguros S.A. (ésta última aseguradora de la camioneta Ford Ranger). Señala que, conforme surge de las actuaciones penales y de las pericias producidas, el accidente se originó en la conducta antirreglamentaria del conductor de la Ford Ranger, quien invadió el carril contrario, configurándose su responsabilidad exclusiva en la producción del siniestro, sin que medien causales eximentes respecto del transporte municipal. Indica asimismo que, pese a la vigencia del seguro obligatorio, la compañía incumplió su deber de cobertura, omitiendo afrontar en forma oportuna las prestaciones médicas necesarias, lo que motivó reiterados reclamos administrativos y extrajudiciales por parte del Municipio.
Atribuye la responsabilidad a los demandados Sandoval, Indus S.A. y a las compañías aseguradoras citadas en garantía. En tal sentido, imputa a Sandoval su actuación en calidad de conductor del vehículo, señalando que habría ejecutado una maniobra imprudente que resultó determinante en la producción del siniestro. Asimismo, extiende dicha responsabilidad a Indus S.A., en su carácter de titular registral del rodado involucrado. Por otra parte, dirige la acción contra La Caja Seguros S.A., en su condición de aseguradora de Indus S.A., y contra La Segunda Seguros Generales S.A., esta última en forma subsidiaria, en virtud de su obligación de mantener indemne al asegurado. Destaca que, ante la falta de respuesta oportuna de la cobertura, el Municipio debió afrontar de manera inmediata y por sumas significativas los gastos derivados de la atención médica del menor Pérez Pérez, conforme detalla en su presentación.
Realiza un detalle de los gastos realizados, practica liquidación, acompaña prueba documental, ofrece prueba testimonial y pericial –médica, mecánica y contable– y solicita oficios a diversas instituciones, a fin de acreditar los extremos invocados, los gastos erogados y la mecánica del accidente. Peticiona el dictado de una medida cautelar innovativa para que La Segunda Seguros Generales cumpla con todas las necesidades que requiere la salud física del niño, y cubra en forma inmediata los tratamientos médicos de éste (más estadía, alimentación de él y su madre en la ciudad de Bs. As.). Finalmente solicita se haga lugar a la demanda en todas sus partes, con costas a las demandadas.
II. Se imprime trámite a la presente acción y, en forma simultánea, se hace lugar a la medida cautelar contra La Segunda Seguros Generales, la cual se sustancia de manera conjunta con el proceso principal.
III. Que a fs. 2365/2371 se presenta el Dr. Carlos Toledo Vargas, apoderado del demandado Carlos Alberto Sandoval, y contesta demanda. Solicita su rechazo con costas. Formula negativa general y particular de los hechos invocados por la actora, desconoce la documentación acompañada y niega su responsabilidad en el siniestro. Reconoce la ocurrencia del accidente de tránsito de fecha 13/04/2013 en la Ruta Provincial N° 281, en el que intervinieron la camioneta Ford Ranger que conducía y un minibús municipal, pero niega que su conducta haya sido la causa del mismo. Sostiene que no invadió el carril contrario y que no incurrió en maniobra imprudente ni antirreglamentaria. Atribuye la responsabilidad del hecho al conductor del minibús. Afirma que la mecánica del accidente se encuentra en discusión en sede penal, sin que exista sentencia firme que determine responsabilidad, por lo que niega que pueda imputársele culpa exclusiva. En tal sentido, rechaza la existencia de culpa de su parte y niega los extremos invocados por la actora en cuanto a la dinámica del siniestro. Cuestiona asimismo la procedencia y cuantía de los rubros reclamados, niega los gastos invocados, su relación causal con el hecho y su acreditación, así como la existencia de daño patrimonial al Municipio. Plantea defensa de falta de acción y de legitimación pasiva, sosteniendo que no corresponde dirigir la pretensión en su contra en los términos planteados. Asimismo, introduce la culpa de un tercero -el conductor del minibús- como factor excluyente o concurrente de responsabilidad. Rechaza la totalidad de los rubros indemnizatorios reclamados, incluyendo gastos médicos, futuros, de asistencia, reposición de vehículo, privación de uso y demás conceptos, negando su procedencia, cuantía y nexo causal. Ofrece prueba, funda en derecho y solicita el rechazo íntegro de la demanda, con costas.
IV. Que a fs. 2375/2387 se presenta el Dr. Carlos Enrique Linares, apoderado de la citada en garantía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (seguradora del vehículo municipal) y contesta demanda. Solicita el rechazo de la misma, con costas . En primer lugar, realiza una negativa general y específica de los hechos invocados por la actora, así como el desconocimiento de la documentación acompañada. Afirma la inexistencia de responsabilidad de su parte y, en consecuencia, de obligación de cobertura, destacando que el siniestro se produjo por la exclusiva culpa de un tercero -el conductor del vehículo Ford Ranger-, circunstancia que exime de responsabilidad al asegurado y, por ende, a la aseguradora, en los términos del art. 1113 del Código Civil.
Sostiene que su mandante ha dado cumplimiento a las obligaciones emergentes de la suma asegurada, el cual delimita la extensión del contrato de seguro, abonando el monto correspondiente dentro del límite de la suma asegurada, el cual delimita la extensión de su responsabilidad conforme al art. 61 de la Ley de Seguros, resultando improcedente cualquier pretensión que exceda dicho tope. Asimismo, invoca el incumplimiento por parte del asegurado de las cargas contractuales -en particular, la falta de denuncia oportuna del siniestro y la asunción unilateral de gastos sin autorización– lo que determina la caducidad de la cobertura en los términos de la Ley 17.418. Dice que la intervención del Municipio en la asistencia y traslado del menor no genera, por sí, obligación resarcitoria a cargo de la aseguradora, en tanto no se configuran los presupuestos de responsabilidad exigidos por la normativa aplicable.
Pone de relieve la falta de acreditación de la relación causal adecuada entre el hecho y los daños invocados, así como la ausencia de prueba suficiente respecto de la necesidad, razonabilidad y cuantía de los gastos reclamados. Insiste en que la pretensión de la actora resulta improcedente en tanto persigue una reparación que excede los límites del contrato de seguro, pretendiendo trasladar a la aseguradora obligaciones que no le corresponden legal ni contractualmente. En cuanto a los rubros indemnizatorios, cuestiona su procedencia y cuantificación. En particular, rechaza el rubro “privación de uso y valor de reposición”, señalando que el mismo ya fue cubierto conforme a la póliza, y dice que los montos reclamados resultan excesivos e infundados.
Impugna el reclamo por “lucro cesante”, destacando la falta de acreditación concreta de la ganancia frustrada, la ausencia de prueba idónea y la improcedencia de su cuantificación, la cual sostiene ha sido formulada en forma meramente conjetural. Cuestiona la procedencia de los daños punitivos, por no verificarse incumplimiento contractual alguno ni conducta reprochable de entidad suficiente –dolo o culpa grave– que justifique la aplicación de dicha sanción. Impugna la liquidación practicada por la actora por considerarla desproporcionada y carente de sustento probatorio, reiterando que la reparación no puede constituir una fuente de enriquecimiento indebido. Por otra parte, solicita la acumulación de procesos en razón de la conexidad existente con los autos "MARCOS ANA MARIA C/ SANDOVAL, CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" - Expte.
N° 21.854/14 en trámite ante el mismo juzgado, al versar ambas sobre el mismo hecho dañoso, a fin de evitar sentencias contradictorias y en resguardo de la economía procesal. Finalmente, ofrece prueba, funda en derecho y formula reserva del caso federal, reiterando su petición de que se confirme la sentencia apelada y se rechacen los agravios en todas sus partes.
V. Que a fs. 2405/2410 vta. se presenta el Dr. Yamil Chain, apoderado de la firma Indus S.A.I. y C., y contesta demanda. En primer término, plantea la falta de legitimación activa de la Municipalidad y sostiene que ésta pretende repetir sumas de dinero que habría abonado a la familia del menor damnificado sin que exista obligación legal que justifique tal erogación. Afirma que dichos pagos habrían respondido a razones de índole social o política, careciendo de causa jurídica que habilite su reclamo posterior contra su parte. En ese sentido, señala que el propio Municipio reconoce haber efectuado tales gastos en forma voluntaria, lo que impide considerarlo legitimado para accionar. Sostiene que no se configura supuesto alguno de subrogación, en tanto no se acreditó la existencia de instrumento o acto jurídico que permita tener por transmitido el crédito, ni que el Municipio haya actuado en cumplimiento de una obligación legal.
En segundo término, deduce excepción de falta de legitimación pasiva. Niega que su representada resulte responsable por los hechos invocados. En particular, desconoce la titularidad registral de la camioneta Ford Ranger dominio JLO-521 al momento del accidente, afirma que INDUS no era propietaria del rodado a la fecha del siniestro, y cuestiona la falta de incorporación del informe de dominio como prueba documental idónea. Menciona la existencia de otro proceso judicial promovido por el damnificado “Perez Perez José Ramón y otra c/ Sandoval Carlos y otros s/ daños y perjuicios”, en el cual se reclaman los mismos conceptos indemnizatorios, lo que –a su entender– evidencia la improcedencia de la presente acción y el riesgo de duplicidad de reclamos por los mismos rubros.
Sostiene que admitir la pretensión implicaría un supuesto de enriquecimiento sin causa, en tanto podría generarse un doble pago por los mismos conceptos, ya sea en cabeza del Municipio o del propio damnificado, afectando ello el patrimonio de su representada. Por otra parte, afirma que la acción intentada no constituye propiamente un reclamo resarcitorio por daños y perjuicios, sino una indebida pretensión de repetición de pagos voluntarios, carente de sustento legal frente a su parte. Formula una negativa general y particular de los hechos invocados en la demanda, desconociendo la mecánica del accidente, la intervención y responsabilidad de su representada, la titularidad del vehículo involucrado, así como la existencia, necesidad y efectividad de los gastos que se dicen afrontados por el Municipio.
Destaca la ausencia de subrogación legal o convencional que habilite a la actora a colocarse en la posición del eventual damnificado, señalando que no se ha acreditado la existencia de instrumento alguno que justifique la transmisión del crédito ni el cumplimiento de los presupuestos legales para ello. Reitera la falta de legitimación pasiva de su representada, negando que fuera titular del vehículo involucrado al momento del hecho, extremo que entiende impide atribuirle responsabilidad en los términos pretendidos por la actora. Finalmente, ofrece prueba, y solicita la citación en garantía de la compañía aseguradora “Caja de Seguros S.A.” respecto del vehículo Ford Ranger dominio JLO-521. Peticiona que se haga lugar a las excepciones opuestas y se rechace la demanda en todas sus partes, con costas a la actora.
VI. Que a fs. 2470/2535vta. se presenta la Dra. María Luisa Bacci y el Dr. Miguel Díaz Velez, apoderados de Caja de Seguros S.A., y contestan demanda. En primer término, sostiene que su mandante es aseguradora de INDUS S.A. y reconocen la existencia del contrato de seguro instrumentado mediante póliza N° 5170-0170960-05, que cubre el vehículo Ford Ranger dominio JLO-521, propiedad de INDUS S.A., dejando expresamente planteado el límite de cobertura pactado en la suma de pesos $3.000.000 por todo concepto y acontecimiento. En tal sentido, sostienen que su eventual responsabilidad no podrá exceder dicho monto, conforme lo previsto en las condiciones de la póliza y la Ley de Seguros, excluyendo además los gastos, honorarios y costas que excedan los términos contractuales.
Plantean la improcedencia del reclamo, invocando la existencia de duplicidad o superposición de pretensiones, en tanto los mismos rubros indemnizatorios –en particular, los gastos médicos– han sido reclamados en otro proceso promovido por el propio damnificado, lo que evidencia el riesgo de doble percepción por los mismos conceptos. Sostienen que la Municipalidad carece de legitimación sustancial para repetir las sumas cuya restitución pretende, por cuanto los eventuales pagos realizados responderían al cumplimiento de una obligación propia asumida en el marco del contrato de transporte del menor, lo que -entienden- excluye la posibilidad de accionar en regreso contra terceros ajenos a dicha relación jurídica.
Destacan la inexistencia de subrogación que habilite a la actora a colocarse en la posición del damnificado. Por otra parte, señalan que la actora habría efectuado erogaciones sin dar intervención a la aseguradora, privándola de la posibilidad de controlar su procedencia, necesidad y alcance, lo que sostienen impide su ulterior reclamo. En relación con la mecánica del hecho, formulan una negativa general y particular de los hechos invocados en la demanda, desconociendo la forma en que habría ocurrido el accidente, la intervención de los vehículos involucrados, así como la existencia y extensión de los daños alegados. Introducen como defensa la conducta de la víctima, afirmando que la falta de utilización del cinturón de seguridad constituye un factor de incidencia causal en la producción o agravamiento de las lesiones, lo que interrumpe o atenúa el nexo causal y excluye o reduce la responsabilidad de su asegurada.
En cuanto a los rubros reclamados, niega la procedencia, cuantía y respaldo probatorio de los gastos invocados, tanto pasados como futuros, así como de los daños por privación de uso, reposición del vehículo y lucro cesante. Impugnan la autenticidad y valor probatorio de la documentación acompañada y califican de desproporcionados los montos pretendidos. Invocan expresamente la oponibilidad del límite de cobertura frente a terceros, en los términos del contrato de seguro y de la normativa aplicable, destacando que dicho tope resulta aplicable al conjunto de los reclamos derivados del mismo hecho, aun cuando se tramiten en procesos distintos, lo que entienden impide que su eventual responsabilidad exceda la suma asegurada pactada.
Ponen de relieve que la obligación de brindar defensa en juicio al asegurado se encuentra sujeta a las condiciones de la póliza. Señalan que, en caso de haber optado aquél por designar letrado particular, los honorarios y gastos generados por dicha defensa no resultan a cargo de la aseguradora. Insisten en la falta de acreditación suficiente de los extremos invocados por la actora, tanto en lo relativo a la efectiva realización de los gastos como a su vinculación causal con el hecho dañoso. Finalmente, se oponen a la liquidación practicada por la actora, por considerarla arbitraria y carente de sustento, ofrecen prueba en respaldo de su postura y solicitan que se desestime la demanda en todas sus partes, con costas.
VII. Que a fs. 2579/2582vta. se dispone la no procedencia de la acumulación de procesos, toda vez que las partes y los reclamos resultan diferentes, sin perjuicio de tenerla presente para una mejor oportunidad. Seguidamente se ordena la producción de prueba. El periodo probatorio se clausura a fs. 2915 y se ponen los autos para alegar. Las partes no hacen uso de ese derecho. Se dicta sentencia en fecha 16/05/22 conforme surge de la PE486430-2022. Allí el Juez de grado rechaza la falta de legitimación activa planteada por INDUS S.A., y la falta de legitimación pasiva planteada como defensa de fondo por Carlos Alberto Sandoval y por INDUS S.A.; hace lugar a la demanda por repetición de pago y condena solidariamente a los demandados a abonar a la actora la suma de $ 3.267.068,40, más intereses desde que cada suma fue abonada por el Municipio, y hasta el efectivo pago; condena a LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES a abonar a la actora los intereses devengados por la falta de pago en término del valor asegurado por la destrucción total del vehículo asegurado (desde abril de 2013 a abril de 2014); impone a LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES una multa en concepto de daño punitivo a favor de la actora por $ 1.000.000; condena solidariamente a CARLOS ALBERTO SANDOVAL, INDUS SA y CAJA DE SEGUROS SA a abonar a la actora la suma de $155.000 en concepto diferencia en el daño material por destrucción total del vehículo desde mayo de 2014 y hasta el efectivo pago; condena solidariamente a CARLOS ALBERTO SANDOVAL, INDUS SA y CAJA DE SEGUROS SA a abonar a la actora la suma de $545.477,42 en concepto privación uso del vehículo desde que cada suma fue abonada y hasta el efectivo pago; rechaza el rubro lucro cesante reclamado por la actora. Finalmente impone las costas a las demandadas vencidas, y difiere la regulación de honorarios profesionales.
VIII. Contra dicho fallo interponen recurso de apelación los Dres. Yamil Chain (Indus SACC - PE510162-2022), Elio Contreras Arco (Caja de Seguros S.A. - PE513811-2022) y Carlos Linares (La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales - PE591017-2022).
Se agravia la demandada INDUS S.A., por intermedio de su apoderado Dr. Yamil Chain, en cuanto la sentencia de grado rechaza la excepción de falta de legitimación activa opuesta contra la Municipalidad de Puerto Deseado, sosteniendo que el decisorio carece de fundamentos suficientes al considerar legitimado al Municipio para reclamar. Señala que el Magistrado se limita a aplicar un factor de atribución de responsabilidad objetiva derivado de la colisión entre vehículos, sin efectuar un adecuado análisis de las particularidades del caso ni del encuadre jurídico pertinente, lo que conduce, según entiende, a una errónea conclusión sobre la legitimación de la actora.
Afirma que la Municipalidad efectuó pagos en favor del tercero damnificado sin obligación legal ni judicial que así lo impusiera, tratándose de una liberalidad o ayuda social, por lo que carece de derecho a repetir tales sumas. En ese marco, sostiene que admitir la acción implica convalidar un doble pago por los mismos conceptos, toda vez que su mandante ya fue demandada en otro proceso por el propio damnificado, configurándose una indebida duplicación indemnizatoria y una afectación al derecho de propiedad.
También se agravia por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva, en tanto considera que, conforme ha sido estructurada la condena, INDUS S.A. resultaría obligada a indemnizar dos veces por los mismos rubros, lo que implicaría un enriquecimiento sin causa en favor de la actora. Destaca que su mandante ya debió afrontar erogaciones en concepto de gastos médicos y otros rubros en virtud de una medida cautelar oportunamente dispuesta en autos, la cual fue posteriormente revocada por la Alzada, por lo que la nueva condena importaría reiterar pagos por idénticos conceptos. Sostiene que, en todo caso, quien habría percibido tales sumas debería restituirlas al Municipio, pero no su representada. En tercer lugar, cuestiona la condena impuesta a su mandante al pago de la suma de $155.000 en concepto de diferencia por daño material derivado de la destrucción total del vehículo municipal, argumentando que dicho rubro debió ser afrontado exclusivamente por la aseguradora del Municipio y no por INDUS S.A., por lo que la atribución de responsabilidad en este punto resulta improcedente. Por último, se agravia en relación al tratamiento del lucro cesante, sosteniendo que no se acreditó la existencia de un perjuicio indemnizable, toda vez que el Municipio contaba con otros vehículos dentro de su parque automotor para cumplir sus funciones, no habiéndose probado la necesidad de acudir a terceros ni la efectiva configuración de una pérdida económica resarcible por tal concepto. Finalmente, solicita se revoque la sentencia apelada, se rechace la demanda interpuesta, con costas.
IX. La demandada CAJA DE SEGUROS S.A., por intermedio de su apoderado Dr. Elio Contreras, se agravia porque la sentencia de grado hace lugar a la demanda. En primer lugar, cuestiona la procedencia del rubro gastos médicos, de internación, traslados y acompañantes por la suma de $3.267.068. Señala que el Juez de grado omitió tratar adecuadamente la defensa de falta de legitimación de la Municipalidad para ejercer acción de regreso. Sostiene que el fallo resulta arbitrario al fundar la condena únicamente en la responsabilidad objetiva derivada del accidente, sin analizar la existencia de una relación interna que justifique el reembolso. Afirma que el Municipio, al afrontar dichos gastos, asumió una deuda propia en su carácter de transportista del menor, por lo que carece de derecho a repetir tales sumas contra INDUS S.A. y su aseguradora, no configurándose un supuesto de solidaridad sino, en todo caso, de responsabilidad concurrente, sin vínculo jurídico que habilite la repetición.
En segundo término, se agravia por la valoración de la prueba documental, sostiene que el Juez de grado tuvo por acreditados los gastos mediante instrumentos privados cuya autenticidad fue expresamente desconocida, sin exigir su reconocimiento judicial conforme las normas procesales. Señala que la pericia contable solo acredita la registración de tales documentos en los libros del Municipio, pero no la efectiva realización de los gastos ni su vinculación con la atención del menor. Asimismo, se opone a la aplicación del art. 1746 del CCCN, por entender que la presunción allí prevista beneficia exclusivamente a la víctima y no a quien, como el Municipio, pretende repetir lo abonado. En tercer lugar, denuncia la existencia de una indebida duplicidad de reclamos, señala que los rubros indemnizatorios han sido reconocidos en otros procesos vinculados al mismo hecho, en particular en la causa promovida por el propio damnificado y en una medida autosatisfactiva donde se ordenaron pagos mensuales para cubrir gastos médicos y asistenciales.
Afirma que el Magistrado omitió verificar la superposición de conceptos y desconoció lo resuelto por ésta Cámara en cuanto a que tales sumas debían ser consideradas como pagos a cuenta de la condena, lo que configura un supuesto de múltiple indemnización por un mismo daño. También se agravia por la extensión de la condena impuesta a su mandante. Cuestiona que se la obligue a responder más allá de los límites de la cobertura pactada en la póliza. Sostiene que la obligación del asegurador es de naturaleza contractual y se encuentra limitada por el monto asegurado, resultando oponible dicho límite a terceros damnificados conforme doctrina reiterada de la CSJN. En tal sentido, afirma que el fallo desconoce lo dispuesto por los arts. 109, 118 y cctes. de la Ley 17.418, así como el contrato de seguro celebrado con INDUS S.A., en vulneración al derecho de propiedad de la aseguradora.
En otro orden se agravia por la omisión de aplicar el art. 119 de la Ley de seguros. Señala que, existiendo pluralidad de damnificados derivados del mismo hecho, la indemnización debida por la aseguradora debe distribuirse a prorrata entre todos ellos. Destaca que tramitan diversos procesos vinculados al mismo accidente, por lo que la omisión de dicha norma podría generar que un solo reclamante perciba la totalidad de la cobertura en detrimento de los restantes. En otro orden, cuestiona la tasa de interés aplicada en la sentencia por excesiva y desproporcionada, y solicita su sustitución por la tasa pasiva del Banco Central para operaciones judiciales. Finalmente, formula reserva del caso federal y solicita se revoque la sentencia apelada, con costas.
X. La demandada LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES, por intermedio de su apoderado el Dr. Carlos Enrique Linares, se agravia porque la sentencia recurrida la condena solidariamente al pago de la suma de $3.267.068,40 con más intereses. Solicita su revocación por resultar arbitraria y contraria a derecho. Sostiene que no se configura el presupuesto de cobertura del seguro de responsabilidad civil, en tanto no existió responsabilidad civil a cargo del asegurado –Municipalidad de Puerto Deseado– extremo que considera surge de las constancias del expediente y del fallo, que atribuye la totalidad de la responsabilidad al conductor del vehículo de INDUS S.A. Afirma que su mandante no se encontraba obligada a mantener indemne al asegurado conforme el art. 109 de la Ley 17.418, no habiéndose verificado el evento previsto en la póliza.
Aduce que los pagos efectuados por el Municipio a favor del damnificado fueron voluntarios, sin obligación legal ni contractual y sin anuencia de la aseguradora, lo que entiende no genera derecho de repetición y configura un incumplimiento de las condiciones de la póliza que prevén la prohibición de reconocer responsabilidad o efectuar pagos sin consentimiento del asegurador, con la consecuente caducidad de derechos. Señala que no existe norma que obligue a la aseguradora a responder por un hecho respecto del cual su asegurado no resulta responsable. Califica de dogmática la condena impuesta. Asimismo, se agravia por la imposición de daño punitivo, por considerar inaplicable la Ley de Defensa del Consumidor al caso, en tanto la Municipalidad no reviste la calidad de consumidor, ni se configura relación de consumo.
Sostiene que no se verifican los presupuestos del art. 52 bis por inexistencia de incumplimiento, y se opone al monto por excesivo. Por otra parte, cuestiona la condena al pago de intereses por la destrucción total del vehículo, sosteniendo que su mandante cumplió en tiempo y forma, y que no puede computarse mora desde la fecha del siniestro, debiendo considerarse los plazos legales previstos en los arts. 49 y 56 de la Ley de seguros, y solicita la revocación o adecuación de dicho rubro. Por último, se agravia por la imposición de costas, y solicita su revocación en atención a la inexistencia de responsabilidad de su mandante. Formula reserva de repetir contra los verdaderos responsables en caso de resultar obligada al pago.
Finalmente, solicita se revoque la sentencia en lo que fuera materia de agravios, y se impongan las costas en ambas instancias a la actora.
XI. La Municipalidad de Puerto Deseado contesta los agravios de INDUS S.A.I.C. y de La Caja Seguros S.A. mediante la PE536741-2022. En relación a los agravios de INDUS S.A., sostiene que la sentencia se encuentra debidamente fundada, habiendo el Juez de grado realizado un análisis completo de las defensas planteadas, en particular la falta de legitimación activa, la cual fue correctamente rechazada en tanto se encuentra acreditado el accidente, la participación de los vehículos y la calidad de propietario del rodado por parte de dicha demandada. Niega el planteo de duplicidad indemnizatoria por falta de prueba. Señala que la demandada no acreditó pagos en otros procesos, ni acompañó constancias que permitan verificar tal extremo. Niega que los pagos efectuados constituyan una liberalidad, destacando que respondieron a la necesidad urgente de asistencia frente a un grave siniestro, reservándose luego la acción de repetición contra los responsables. Desestima los agravios vinculados al daño material y a la privación de uso del vehículo, y dice que este último fue debidamente acreditado mediante prueba pericial contable y correctamente reconocido por el Magistrado, quien rechazó el rubro lucro cesante. En cuanto a los agravios de la CAJA DE SEGUROS S.A., afirma que el Juez de grado trató y resolvió fundadamente todas las defensas planteadas, rechazando la falta de legitimación y justificando la condena solidaria en la responsabilidad de INDUS S.A. como titular del vehículo y en la vinculación contractual de la aseguradora. Se opone a las críticas a la valoración de la prueba. Sostiene que la documentación fue debidamente corroborada mediante prueba informativa, pericial contable, causa penal y demás constancias de autos, lo que acredita tanto la existencia como la pertinencia de los gastos. Niega la existencia de superposición de reclamos. Señala que en el proceso promovido por la víctima se tuvieron en cuenta los pagos efectuados por el Municipio, reconociéndose únicamente los gastos afrontados por la familia, descartando así cualquier duplicidad o enriquecimiento sin causa. Respecto a los agravios vinculados a la aplicación de la Ley de seguros, señala que el Juez de grado fundó correctamente la responsabilidad de la aseguradora conforme a su obligación de garantía y a la función resarcitoria del seguro, en base a la normativa aplicable y a la prueba producida. Finalmente, solicita se confirme el fallo atacado en todas sus partes, con costas.
XII. Mediante la PE602624-2022, la Municipalidad contesta los agravios de la demandada LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES. En relación al primer agravio, sostiene que la condena a la aseguradora se encuentra debidamente fundada, destaca la función social del contrato de seguro y el derecho del tercero damnificado a obtener reparación, cuyo crédito goza de privilegio frente al asegurador. Afirma que en autos se acreditó la relación jurídica entre las partes y las obligaciones derivadas de la póliza, así como la procedencia de la acción de repetición ejercida por su parte, quien afrontó los gastos médicos y asistenciales del menor ante la inacción de la aseguradora. Niega el argumento relativo a la inexistencia de responsabilidad del asegurado y dice que la sentencia se encuentra fundada en normativa, doctrina y prueba producida, y descarta su carácter arbitrario. Respecto del agravio vinculado al daño punitivo, sostiene su procedencia en los términos del art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, en virtud del incumplimiento de la aseguradora, quien se desentendió del siniestro pese a las reiteradas denuncias e intimaciones, evidenciando una conducta desinteresada frente a los derechos del damnificado. Afirma que se encuentran configurados los presupuestos legales para su aplicación y que el monto fijado cumple una función disuasiva. En cuanto al agravio relativo a los intereses por la destrucción total del vehículo, sostiene que la aseguradora incurrió en una demora injustificada en el cumplimiento de su obligación. Afirma que se acreditó que el pago fue efectuado aproximadamente un año después del siniestro, pese a encontrarse reunidos los requisitos para su cancelación. Considera correcta la aplicación de intereses desde la fecha del hecho, en razón del perjuicio ocasionado por la mora. Finalmente, solicita se rechacen los agravios de LA SEGUNDA y se confirme la sentencia en todas sus partes, con costas.
XIII. Mediante sentencia del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia se declaró la nulidad de la sentencia emitida por ésta Excma. Cámara de Apelaciones y corresponde por tanto emitir un nuevo pronunciamiento.
XIV. Conforme con lo dispuesto y descriptos los agravios que la sentencia de grado le causo a cada una de las partes recurrentes, debo iniciar el estudio por una cuestión de lógica, por las quejas que ponen en tela de juicio la legitimación activa de la accionante, Municipalidad de Puerto Deseado, para reclamar en los términos y con los alcances de la pretensión procesal contenida en la demanda promovida por su parte. Concretamente la demandada INDUS SA le achaca a aquella la ausencia de legitimación para reclamarle por gastos que sufrago por cuenta propia, sin obligación legal ni judicial, poniendo de resalto que INDUS SA ha pagado en su momento gastos médicos y otros conceptos que según la sentencia debería volver a pagar. En éste punto, como se señaló, habrá de estarse al objeto de la demanda que es la que fija el thema dedidendum, en la cual como vemos, se reclaman los daños producidos tanto en el vehículo municipal como gastos que habría realizado en favor del menor José Ramón Perez.
Así las cosas, lo primero a tener en cuenta es que a la época del siniestro que dio lugar a éste proceso en particular y a los otros que tramitan ante el mismo Juzgado de origen, aún regía el Código Velezano el cual determinaba en su art. 1095 que quienes podían reclamar resarcimiento por daños causados contra la propiedad, era el dueño de la cosa, quien tuviese el derecho de posesión de ella o la simple posesión. En cuanto a los daños a las personas, el art. 1077 disponía que todo delito hacia nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona, es decir, el damnificado directo, y extendía también la obligación resarcitoria a quienes por él hubiesen sufrido aunque sea de manera indirecta (art. 1079).
Bajo éstas premisas legislativas tenemos que está legitimado para reclamar los daños a las cosas, no sólo su titular, sino quien tiene sobre la misma la posesión, siendo entonces titulares de la acción y por ende facultados para demandar la reparación de los daños por ellas sufridos. En el caso, no hay duda que la Municipalidad de Puerto Deseado era la propietaria del Minibus dañado y por lo tanto está claramente facultado para demandar el resarcimiento por los mismos. De allí entonces su legitimación activa para demandar en los términos en que lo hizo por los daños sufridos por el rodado automotor.
Ahora bien, vimos que no solo reclamó los daños del vehículo, sino asimismo los gastos en los que incurrió en favor del menor. Según el quejoso estos gastos se trataron de una liberalidad sin obligación legal de hacerlo y de condenarse a su parte, deberá abonar dos veces por el mismo hecho.
Veamos si esto es así. Como dije antes el municipio demandó el reembolso de tales gastos. Entiendo en éste sentido, que el pago de los mismos en favor del menor víctima del siniestro que llevo a cabo el organismo en cuestión, beneficio sin dudas a las deudoras involucradas, pues, no es verdad como lo sostienen que de accederse a ésta pretensión se los estaría conminando a un doble pago. Es clara la sentencia de grado cuando fundo la condena impuesta a las demandadas puesto que al expedirse señaló: “Atento a la concurrencia de la totalidad de las condiciones necesarias atributivas de responsabilidad civil extracontractual no cabe duda de la legitimación pasiva de Carlos Sandoval, quien guiaba el rodado causante del daño al momento de la colisión, responde a título de culpa por el art. 1109 del C. Civil. Por su parte la responsabilidad de INDUS SAIC se funda en el art. 1113 del CC por ser la dueña de la camioneta y CAJA DE SEGUROS SA responde por su vinculación contractual con la accionada, todo de conformidad a lo normado por el art. 109 y concs de la ley 17.418. En consecuencia todos ellos deben responder de manera solidaria por los gastos médicos, internación, traslado y estadía de José Ramón Perez y de su madre, que desde abril de 2.013 y hasta marzo de 2.015 fueron solventados por la Municipalidad de Puerto Deseado, de acuerdo a lo efectivamente acreditado en éste juicio. Cabe dejar sentado que en autos “PEREZ PEREZ, JOSE RAMON Y OTRA C/SANDOVAL CARLOS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nro. 22.026/15 a los fines de fijar el monto de la partida “gastos médicos y futuros tratamientos” se tuvieron en cuenta los pagos efectuados por el Municipio, reconociéndose solo aquellos afrontados por la familia, por lo que la defensa intentada por los accionados alegando que existe una duplicidad o superposición en el reclamo debe desestimarse”
Queda con ello eliminado el planteo de doble pago que se sostiene en agravios. Si bien por supuesto y conforme a la normativa arriba reproducida, no se desconoce que el Municipio reclamante no es el damnificado directo del daño, no por ello podemos decir que carece de causa legítima para reclamar un reembolso, pues, desconocerle sin más esa potestad, como ya señale, conllevaría a beneficiar a las contrapartes quienes terminarían pagando menos de los que les corresponde en su calidad de responsables de los daños ocasionados a las víctimas del siniestro.
Lo interpreto así teniendo en cuenta primero que la Municipalidad de Puerto Deseado no es la responsable del siniestro, por lo que la causa que dio lugar al pago que materializó, no fue otro que el reestablecimiento de la salud del niño y no el cumplimiento de una obligación resarcitoria. Esta circunstancia como dije, benefició sin dudas a las demandadas. Y es en éste aspecto adonde considero apropiado hacer hincapié en el principio general del derecho que postula que nadie puede enriquecerse de manera injusta, esto es, sin una causa eficiente avalada por el ordenamiento jurídico. Va de suyo que éste principio general, no es una mera regla de derecho sino que constituye una verdadera fuente de obligaciones. En el IV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CIVIL, se sostuvo que el enriquecimiento sin causa es, en nuestro derecho, fuente de obligaciones, y aparece como fundamento de la acción por restitución en numerosos supuestos expresamente legislados.
Es por esto que considero, que habrá de reconocerle acción a la parte actora para obtener el reembolso de lo pagado, pues, si bien es evidente que no ostenta la calidad de damnificado directo conforme a la normativa que señale, si debe ser resarcida por el detrimento patrimonial que experimento en beneficio de las otras. Por tales razones entiendo que el municipio de la localidad de Puerto Deseado está legitimado activamente para obtener el reembolso de los gastos que llevo a cabo en favor del menor.
Por lo expuesto, y siendo que la obligación de pago reconocida en el presente punto es un correlato de la legitimación pasiva de las demandadas que deben abonarla, en su calidad de responsables del evento dañoso, debo asimismo y por lógica consecuencia rechazar la falta de legitimación pasiva opuesta por INDUS SA.
Que en cuanto al tercer agravio de la nombrada, es decir INDUS SA, opino que ésta queja tampoco puede prosperar. Ello así ya que en primer lugar, la mecánica del hecho dañoso se encuentra en este estadio procesal fuera de toda discusión, pues, ha merecido reproche penal y se ha establecido la responsabilidad del conductor del vehículo propiedad de la recurrente en la comisión del accidente. En tal orden y en función de lo prescripto por los arts. 1094 y 1095 del Código Civil no existe duda que la recurrente es la obligada a reparar los daños causados por su culpa.
De allí que comparto el razonamiento del juez de la instancia anterior en cuanto resuelve que la demandada INDUS SA debe responder por la diferencia de valor entre lo recibido por la Municipalidad por la destrucción total del rodado y el valor real de mercado de un vehículo de la misma marca y modelo del que se trata. Por otra parte, el quejoso se limita a exponer que debe ser exclusivamente la aseguradora del propio municipio quien debe afrontar tales gastos, no dando más razón ni argumento razonable que invalide lo resuelto en la instancia anterior. Va de suyo que la obligación de reparar el daño ocasionado y que recae en cabeza del demandado responsable, involucra el deber de indemnizar en forma íntegra, es decir, reparar el daño por completo, lo que incluye aquí, el pago de la diferencia reclamada. Por estas consideraciones el agravio expuesto, tal como dije antes, debe ser desestimado.
Respecto al cuarto agravio de INDUS SA que cuestiona el tratamiento otorgado al rubro lucro cesante, surge a todas luces que dicho planteo no puede prosperar, toda vez que la sentencia de grado rechazó expresamente ese concepto indemnizatorio, no existiendo agravio actual ni gravamen concreto que habilite su revisión en esta instancia, por lo que corresponde desestimar el mismo.
XV. Con relación a los agravios que formula la Caja de Seguros S.A., mediante los cuales plantea a través del primero de ellos la falta de legitimación activa del accionante, habré de remitirme a lo anteriormente expuesto en honor a la brevedad, atento a la identidad de la postura impugnaticia.
En virtud de ello considero que la parte actora ostenta legitimación para con la Caja de Seguros S.A. en lo que respecta a los gastos que realizó para restablecer la salud del niño y atención de su grupo familiar.
En lo relativo a la impugnación que formula esa parte a la aplicación de la tasa activa sobre los créditos reconocidos, conforme a los términos del fallo en crisis, opino que los argumentos expresados son insuficientes para fundar un agravio, pues, solo constituyen una mera disconformidad con la aplicación de la tasa establecida en grado pero de ninguna manera traslucen una crítica concreta sobre lo decidido sobre el punto, por lo que habré de desestimar este planteo. (art. 264 CPCC).
En cuanto al segundo agravio, mediante el cual se queja de que el juez de grado tuvo por acreditada la autenticidad de la documental acompañada por la accionante para probar los gastos médicos, de traslado, de internación y acompañantes, invocado que tales constancias se tratan de instrumentos privados que carecen de fecha cierta y en muchos casos incluso de firma, considero que la exigencia pretendida deviene improcedente puesto que aquí, se encuentra fuera de discusión el siniestro acaecido y las consecuencias dañosas que el mismo provocó. Así, se señala puntualmente en el fallo en crisis: “No se encuentra en discusión el lugar, fecha y hora en que se produjo el hecho……En cuanto a la mecánica del accidente y la responsabilidad, el tema ya fue tratado y resuelto por el suscripto en autos “PEREZ PEREZ, RAMON Y OTRA C/SANDOVAL CARLOS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” EXPTE. 22.026/15 y en autos “MARCOS, ANA MARIA C/SANDOVAL CARLOS ALBERTO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” EXPTE. 21.854/14. También ALLI SE expuso : “…La víctima resulta ser la destinataria del pago de la indemnización, este es el propósito perseguido por la ley de seguros en virtud de la función social del contrato de seguro…..” Luego dijo: “Aquel principio se ve corroborado en autos con la prueba documental acompañada, así como la prueba informativa a CIAREC (fs. 2692), la pericial contable de fs. 2834/2886, la causa penal N° 4.303/14 (fs. 2915) que tengo a la vista, de las cuales surge acreditada la relación jurídico sustancial que vincula a las partes, con las obligaciones que de ella derivan, siendo en consecuencia procedente el derecho de la actora de reclamarle a su aseguradora, por ésta vía, la repetición de las sumas abonadas atendiendo a los gastos médicos y necesidades del joven José Ramón Perez y de su madre”
Tenemos entonces que el juez de grado, le reconoció el derecho al accionante apoyado en un amplio elenco probatorio que acredito las consecuencias lesivas que sufrió la víctima. En tal orden, los gastos médicos y farmacéuticos que le demando el accidente acaecido, se entienden per se inevitables y no requieren de prueba taxativa, puesto que no es lógico exigir a una persona accidentada y lesionada que guarde encima cada ticket del dinero que gasto. De allí la importancia del criterio judicial a la hora de fijar los montos reclamados. Y son estos mismos principios, según lo entiendo, los que aplican sin duda al tercero que afronto esos gastos en procura del restablecimiento de la salud de la víctima, pues, exigirle que acredite la autenticidad de cada ticket o factura sobre gastos producidos en virtud de un siniestro que está probado por otros medios como ya se destacó, sería dejar de lado inveterados principios según los cuales, impera aquí la presunción y la prudencia judicial. Por tales motivos entiendo debe rechazarse el agravio en tratamiento.
Que en cuanto al tercer agravio formulado mediante el cual sostiene la existencia de duplicidad de pretensiones, planteando concretamente que existen tres causas judiciales en las que se han reclamado y admitido por sentencia definitiva el mismo rubro o concepto indemnizatorio, voy a remitirme a lo expuesto al tratar el primer agravio de la parte demandada INDUS SAIC en honor a la brevedad y atento a la identidad impugnaticia, por lo que considero que éste tercer agravio debe también ser rechazado.
La aseguradora se agravia también por entender que el Juez de grado no reconoce el límite de la cobertura y cita como antecedente el fallo "Flores" de la CSJN y reitera argumentos en ese sentido.
Esta Excma. Cámara de Apelaciones que integro, en anteriores precedentes a los que adhiero, se ha pronunciado con respecto a este planteo. Al respecto se sostuvo que es aplicable ese límite de conformidad con los valores de cobertura que dispone la Superintendencia de seguros de la Nación para este tipo de seguro, tomándose a tal efecto la fecha de cumplimiento de la obligación. Teniendo presente que desde la fecha en que se produjo el accidente hasta la actualidad, han transcurrido trece años, pretender limitar el resarcimiento de los perjuicios causados al límite de la cobertura contratada a la fecha de emisión de la póliza de seguro (20/9/2013) constituye un verdadero abuso de derecho y un enriquecimiento sin causa en cabeza de la aseguradora, pues, si no se toma la depreciación de nuestro signo monetario, el monto de resarcimiento se vería notoriamente reducido en clara afectación al principio de equidad. Se debe recordar que "la Justicia se afirma en el principio de equidad, es decir, dar a cada uno lo suyo, que es la base jurídica de nuestro sistema legal, como modo de defensa de nuestra Constitución Nacional y Los tratados de Derechos Humanos. La aplicación de las normas constitucionales se vincula con la Equidad y se encuentra estrechamente relacionado con el Art. 42 de nuestra Carta Magna, que ordena brindarle al consumidor un trato equitativo. La no actualización monetaria de las sumas aseguradas y/o de los topes o límites resarcitorios en las pólizas de seguro, importa un trato inequitativo de los asegurados, consumidores, y/o terceros beneficiarios de los de seguros, en los supuestos -como en el presente "sub-judice" de responsabilidad civil hacia terceros (estipulación o contrato a favor de tercero) dado que es una de las situaciones más evidentes de desprotección de los más vulnerables. (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala: I, González Silvana Daniela c/ Fuoco Ángel Gabriel y otros s/ daños y perjuicios, 30 de noviembre de 2021, Colección: Fallos, Cita: MJ - JU - M - 135673 - AR | MJJ135673|MJJ135673). Esta forma de efectivizar la reparación del daño es una de las herramientas posibles para lograr un equilibrio entre las prestaciones asumidas por las partes en el contrato, considerando además que las primas actuales son proporcionales a los montos asegurados actualmente y es una forma de lograr una reparación plena como lo exige nuestra legislación.
Corresponde entonces admitir este agravio parcialmente por cuanto si bien la responsabilidad de la compañía aseguradora se encuentra limitada por los términos del contrato de seguro celebrado, razón por la cual no puede extenderse más allá de la cobertura asumida, no corresponde receptar el planteo con los alcances pretendidos por la recurrente. En efecto, atendiendo al prolongado tiempo transcurrido desde la emisión de la póliza y la ocurrencia del siniestro hasta el efectivo cumplimiento de la condena, el límite de cobertura no podrá determinarse con base en el monto nominal vigente al momento de contratación, pues ello importaría desatender la significativa desvalorización monetaria producida durante dicho lapso. En consecuencia, corresponde reconocer la existencia del límite de cobertura invocado por la aseguradora, cuya cuantificación deberá efectuarse conforme a los valores de cobertura establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación para este tipo de riesgo al momento del cumplimiento de la obligación, extremo que habrá de precisarse en la etapa de ejecución de sentencia. Por tales razones, el agravio debe prosperar parcialmente.
Se agravia asimismo la aseguradora por sostener que la condena impuesta no contempla la existencia de otros damnificados con créditos derivados del mismo siniestro, circunstancia que, a su entender, torna aplicable la distribución proporcional prevista en el art. 119 de la Ley de Seguros. La norma citada dispone: “Si existe pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata. Cuando se promueven dos o más acciones, se acumularán los diversos procesos para ser resueltos por el juez que previno”. Cabe señalar que la disposición invocada contempla un supuesto particular de concurrencia de créditos frente a una cobertura insuficiente, estableciendo un mecanismo de distribución proporcional entre los distintos damnificados. Sin embargo, su operatividad concreta exige contar con elementos que permitan determinar el alcance definitivo de los créditos concurrentes y la medida exacta de la obligación asumida por la aseguradora. En el caso, si bien se encuentra acreditada la existencia de otros reclamos judiciales derivados del mismo accidente, la aplicación práctica de la regla de distribución prevista en el art. 119 de la Ley de Seguros requiere la determinación final de los montos exigibles en cada proceso, así como del límite de cobertura que corresponda considerar, extremos que deberán ser evaluados al momento de la ejecución de las respectivas sentencias. Por ello, no corresponde efectuar en esta instancia distribución alguna ni establecer porcentajes de participación sobre la cobertura disponible, sin perjuicio del derecho que asiste a la aseguradora de invocar oportunamente la limitación prevista en el art. 119 de la Ley 17.418 en la etapa procesal pertinente, oportunidad en la que podrá determinarse, de corresponder, la distribución proporcional entre los distintos créditos concurrentes. Por ello, corresponde rechazar este agravio.
XVI. Por su parte la aseguradora "La Segunda" se agravia por entender que lo reclamado excede el ámbito del contrato de seguro que la une al municipio. Así, refiere en agravios que su obligación es mantener indemne al asegurado cuando éste resulte responsable.
Que entiendo asiste razón a la recurrente en éste punto por cuanto efectivamente se encuentra vinculada y traída a pleito como aseguradora de la Municipalidad de la localidad de Puerto Deseado, la que no ha sido la responsable del accidente ocurrido el 13 de abril de 2013. Tampoco lo ha sido el chofer del vehículo municipal. Se interpreta así que la condena a la aseguradora apelante a reembolsar de manera solidaria junto con los responsables de la producción del accidente, sin que su asegurado sea el responsable del siniestro, es contrario a la finalidad y al objeto del contrato de seguro por lo que entiendo que este agravio debe prosperar.
Se agravia en otro apartado por la imposición de la multa que se impone a la aseguradora. En este aspecto cabe señalar en primer lugar, que conforme al criterio de ésta Excma. Cámara al que adhiero, el asegurado también es un consumidor, cuyos derechos se encuentran amparados por la ley específica (ley 24.240); por el Código Civil y comercial (art. 1092 CCC) y que deben complementarse con los arts. 25 y 26 de la ley 20091, que imponen entre otros caracteres la necesidad de que las cláusulas de los contratos de seguro sean equitativas; lo que se encuentra estrechamente ligado al principio de dignidad de las personas tutelado por los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional) y sobre cuya interpretación se ha normado en los arts. 1094 y ss. del CCC. La circunstancia de que la Municipalidad de Puerto Deseado sea una persona de existencia ideal que haya contratado el seguro para su actividad, no invalida que para el caso también ello constituya una relación de consumo (art. 1 y 2 ley 24240 y modif.). Dicho lo cual y sin perjuicio de que no procede el reclamo en su totalidad ya que como se decidió antes no corresponde la condena solidaria a reembolsar lo pagado por el asegurado por no tener éste la calidad de responsable del siniestro, comparto con el Juez de grado la falta de diligencia de la aseguradora en cuanto a los pasos a seguir con posterioridad al evento dañoso, su pronta respuesta y la falta de diligencia de quien es efectivamente una empresa especializada. Al punto que permaneció en silencio frente a la intimación cursada por su asegurado. A la luz de estas cuestiones y la normativa señalada, considero que la improcedencia de la condena principal no elimina la conducta reprochable desplegada frente a su asegurada, por lo debe mantenerse la imposición de daño punitivo y por ende el agravio debe ser rechazado.
Que, por último, se agravia la aseguradora recurrente porque se la condena a abonar los intereses devengados por la falta de pago en término del valor asegurado por la destrucción total del vehículo asegurado. Comparto el razonamiento seguido en la sentencia recurrida, habida cuenta que la ley de seguros establece un plazo de quince -15- días para el cumplimiento de la obligación (art. 49 ley 17418 y modif.), y en el caso de autos la demora se extendió por el término de un año. Desde la fs. 92 del expediente se encuentran glosadas una serie de cartas documentos y notas cursadas entre el Municipio y la Aseguradora que dan cuenta de la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la recurrente, requerimientos reiterados de documentación para cumplir con el pago, notas del Municipio solicitando instrucciones a los fines de cumplir con la entrega de los recaudos para que se cumpla con el pago correspondiente, etc. Vale recordar que quien se encuentra en mejor situación en estos casos es la aseguradora, quien cuenta con personal especializado en temas de siniestros, peritos, técnicos, etc. es por ello que es a quién se debe exigir mayor diligencia en el cumplimiento de su deber. En virtud de ello entiendo que los agravios sobre este punto no pueden prosperar. Tampoco debe prosperar el agravio con relación a la imposición de costas pues si bien la demanda no prospera en su totalidad el Municipio debió iniciar una causa judicial para reclamar el pago de lo que le corresponde y seguir esta causa durante todo este tiempo (art. 68 CPCC).
XVII. En cuanto a las costas en ésta instancia, en atención a la forma en que se deciden las cuestiones planteadas las costas deberán ser soportadas en el orden causado ya que los agravios han tenido recepción favorable en forma parcial y en proporción al éxito obtenido en sus presentaciones (art. 71 CPCC). Debiendo diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado (art. 24 ley 3330).
XVIII. Por estas consideraciones respondo a la primera cuestión señalando que la sentencia es parcialmente justa y debiendo modificarse los aspectos señalados en los considerandos precedentes. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Albarran dijo:
XIX. Que tras un estudio de las constancias de la causa concuerdo con el primer votante en cuanto a la justicia de la condena realizada, la forma en que se deciden las excepciones y demás cuestiones propuestas que han sido ampliamente debatidas en el acuerdo. Adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XX. En concordancia con las razones expuestas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) RECHAZAR la falta de legitimación activa propuesta por INDUS SA con relación a la actora, Municipalidad de Puerto Deseado, para promover el presente reclamo y RECHAZAR la falta de legitimación pasiva propuesta por la recurrente. 2°) RECHAZAR el tercer agravio de la parte demandada INDUS SA relativo a la condena de pago de la diferencia de daño material, y DESESTIMAR el cuarto agravio relativo al lucro cesante por inexistencia de perjuicio derivado de la sentencia apelada. 3°) RECHAZAR el primero, segundo y tercer agravio de la co demandada LA CAJA DE SEGUROS S.A relativos a la falta de legitimación activa de la accionante, omisión de acreditar la autenticidad de la documentación acompañada por aquella y la duplicidad de pretensiones invocada. 4°) Admitir parcialmente el agravio de Caja de Seguros S.A. relativo al límite de cobertura, en los términos expuestos en los considerandos precedentes. 5) RECHAZAR el agravio referido a la aplicación del art. 119 de la Ley 17.418, sin perjuicio de la facultad de la aseguradora de hacer valer oportunamente dicho planteo en la etapa de ejecución de sentencia. 6°) ADMITIR el primer agravio de la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con relación a la falta de responsabilidad de su asegurado en la producción del daño, y en consecuencia revocar la condena impuesta a dicha aseguradora respecto del reintegro de gastos médicos, internación, traslado y estadía reconocidos en la sentencia de grado. 7°) RECHAZAR los restantes agravios de la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, relativos al daño punitivo, intereses y costas. 8°) Imponer las costas en esta instancia por su orden en atención al éxito parcial obtenido por cada una de las recurrentes (art. 71 CPCC). 9°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 ley 3330). 10°) Tener presente la reserva del caso federal. 11°) Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes a la instancia de origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XXI. Que considero justa la propuesta formulada por el primer votante. Adhiero a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 01 de Septiembre de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. RECHAZAR la falta de legitimación activa propuesta por INDUS SA con relación a la actora, Municipalidad de Puerto Deseado, para promover el presente reclamo y RECHAZAR la falta de legitimación pasiva propuesta por la recurrente. 2°) RECHAZAR el tercer agravio de la parte demandada INDUS SA relativo a la condena de pago de la diferencia de daño material, y DESESTIMAR el cuarto agravio relativo al lucro cesante por inexistencia de perjuicio derivado de la sentencia apelada. 3°) RECHAZAR el primero, segundo y tercer agravio de la co demandada LA CAJA DE SEGUROS S.A relativos a la falta de legitimación activa de la accionante, omisión de acreditar la autenticidad de la documentación acompañada por aquella y la duplicidad de pretensiones invocada. 4°) Admitir parcialmente el agravio de Caja de Seguros S.A. relativo al límite de cobertura, en los términos expuestos en los considerandos precedentes. 5) RECHAZAR el agravio referido a la aplicación del art. 119 de la Ley 17.418, sin perjuicio de la facultad de la aseguradora de hacer valer oportunamente dicho planteo en la etapa de ejecución de sentencia. 6°) ADMITIR el primer agravio de la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con relación a la falta de responsabilidad de su asegurado en la producción del daño, y en consecuencia revocar la condena impuesta a dicha aseguradora respecto del reintegro de gastos médicos, internación, traslado y estadía reconocidos en la sentencia de grado. 7°) RECHAZAR los restantes agravios de la Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, relativos al daño punitivo, intereses y costas. 8°) Imponer las costas en esta instancia por su orden en atención al éxito parcial obtenido por cada una de las recurrentes (art. 71 CPCC). 9°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados los de la instancia de grado (art. 24 ley 3330). 10°) Tener presente la reserva del caso federal. 11°) Registrar, notificar y oportunamente devolver las presentes a la instancia de origen. El Dr. Franco Villalon Lescano no suscribe la presente por no existir disidencia en los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Mario Albarrán– Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 058 S.261 Tomo: C Sentencia: 3229 Folio Nº: 023/039 Secretaria: 1
Fin de la sentencia