Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2559/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE934501-2023, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE904838-2023, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2559/25-TSJ Sentencia Nº: 774 Actor: MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO Demandada: SANDOVAL CARLOS Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 18-08-2025 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 774 FOLIO Nº 4797/4802 PROT. ELECT. TSS1 009 S.251
Río Gallegos, 18 de agosto de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE PUERTO DESEADO c/ SANDOVAL CARLOS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” Expte. Nº M-22.024/15 (M-2559/23-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad de Puerto Deseado, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Fabricio Carbone Miele (cfr. PE934501-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por INDUS S.A.I.C. y Caja de Seguros S.A. respecto a los rubros reclamados por la actora correspondientes a los gastos médicos realizados a favor de José Ramón Pérez Pérez, quien fuere un adolescente al momento del accidente, y su grupo familiar; admitió el agravio impetrado por la mencionada aseguradora relativo a la falta de tratamiento en cuanto al límite de la póliza y lo reconoció en los términos del artículo 119 de la Ley de Seguros.
Asimismo, se admitió el agravio de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales con relación a la falta de responsabilidad de su asegurado en la producción del daño y, en consecuencia, revocó los puntos 1 y 2 de la sentencia de Primera Instancia, confirmándola en lo restante e imponiendo las costas en la Alzada por su orden (cfr. PE904838-2023).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia, en su punto 1º había rechazado la excepción de falta de legitimación activa articulada por INDUS S.A.I.C. y, también, la falta de legitimación pasiva planteada como defensa de fondo por el Sr. Carlos Alberto Sandoval y la citada empresa y, por consiguiente, en el punto 2º, hizo lugar a la demanda por repetición de pago promovida por la Municipalidad de Puerto Deseado contra La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, Sr.
Carlos Alberto Sandoval, INDUS S.A.I.C. y Caja de Seguros S.A. condenándolos, solidariamente, a abonar a la actora la suma de pesos tres millones doscientos sesenta y siete mil sesenta y ocho con cuarenta centavos ($3.267.068,40), más intereses calculados a tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, se condenó a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales a abonar a la actora los intereses devengados por la falta de pago en término del valor asegurado por la destrucción total del vehículo involucrado, titularidad del Municipio, imponiéndole a La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales una multa en concepto de daño punitivo a favor de la actora por la suma de pesos un millón ($1.000.000,00).
Por último, sentenció solidariamente al Sr. Carlos Alberto Sandoval, INDUS S.A.I.C. y a la Caja de Seguros S.A. a abonar a la actora la suma de pesos ciento cincuenta y cinco mil ($155.000,00) y pesos quinientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete con cuarenta y dos centavos ($545.477,42), en concepto de diferencia relativa al daño material por destrucción total del vehículo y privación de uso, respectivamente, con costas a los demandados vencidos. (cfr. PE486430-2022, págs. 11/12).-
II. Contra la decisión de Segunda Instancia, la parte actora interpone recurso de casación en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 - Decreto Nº 2228/15-; denunciando violación o errónea aplicación de la ley y, también, acusa arbitrariedad (cfr. PE934501-2023, págs. 2/3).-
En su agravio inaugural, la casacionista sostiene que: “…tampoco existe duda alguna que, ante la situación de urgencia inmediatamente posterior al accidente ocurrido el 13/04/2013, donde corría peligro la vida de José Ramón, sin que su familia cuente con recursos económicos ni obra social, encontrándose en juego su derecho a la salud, y ante el incumplimiento de las aseguradoras y demás responsables, fue mi mandante quien afrontó los gastos incurridos en su salud. En mérito a ello, la Municipalidad de Puerto Deseado tiene acción para demandar su repetición a quien resulte contractual o extracontractualmente responsable [...] las conclusiones a las que arriba la Excma. Cámara de Apelaciones son absolutamente irrazonables, convirtiendo en incobrable el crédito de mi mandante, con el consiguiente beneficio de los demandados de enriquecerse sin causa.” (cfr.
PE cit., págs. 10/12).- Respecto a la legitimación pasiva de los accionados, refiere que: “…en el caso de autos se demandó a La Segunda la repetición de las sumas afrontadas por el Municipio, quien solventó los gastos imprescindibles para la salud del niño (arts. 1, 2, 4, 46, 51, 60, 61 y ccss. Ley de Seguros) y toda vez que la aseguradora incumplió con su obligación contractual nacida del evento dañoso (art.109 Ley de Seguros) la demanda se hizo extensiva contra el Sr. Sandoval, conductor de la camioneta que colisionó con el minibús, a INDUS S.A. como propietaria de la misma y a su aseguradora la Caja De Seguros S.A.”. (cfr. PE cit., pág. 12).- En lo tocante a la duplicidad de reclamos y condenas por idénticos conceptos, dice que: “…es indispensable resaltar que el juez de grado fue quien también falló en los autos: ‘Perez Perez Jose Ramon y otra c/ Sandoval Carlos y otros s/ Daños Y Perjuicios’ (Expte.
Nº 22.026/2015) y al momento de fijar el monto de la partida ‘gastos médicos y futuros tratamientos’ tuvieron en cuenta los pagos efectuados por mi mandante, reconociendo únicamente aquellos que afrontó la familia de José Ramón […] Resulta increíble que la Excma. Cámara de Apelaciones, quien ha intervenido en esos autos, haya pasado por alto este punto de vital importancia en el reclamo de mi mandante. En otras palabras, el juez de grado ya había tenido en cuenta, en el juicio que iniciaron las víctimas del accidente de tránsito, los gastos que cubrió mi mandante con el único fin de que, justamente, no exista una duplicidad de pagos.” (cfr. PE. cit., pág. 18).- Anuda que: “La sentencia en crisis guarda otra gran incongruencia con respecto a este tema de la supuesta duplicidad de reclamos.
Por un lado, hace lugar a los agravios de las accionadas y concluye que existe duplicidad de reclamos y por otro lado rechaza el agravio que ataca la multa por daño punitivo […] por un lado, la Excma. Cámara de Apelaciones rechaza el reclamo de repetición de los gastos médicos integrales del niño José Ramón y, por otro lado, sostiene la multa que le fijó el juez de grado a la demandada La Segunda, en concepto de daño punitivo, por no haberse hecho cargo de los reclamos de mi mandante…En razón de lo expuesto, humildemente le digo a este Excmo. Tribunal Superior de Justicia que no existió duplicidad de reclamos y así lo dejo solicitado.” (cfr. PE. cits., págs. 19/20).- Desde la óptica de la arbitrariedad, expresa que: “La posición dogmática de la Excma.
Cámara surge de la inobservancia de la normativa legal, apartándose de ella en forma arbitraria al prescindir de su aplicación sin fundamentación razonable alguna como surge de lo actuado […] Se produjo la violación al debido proceso por cuanto la Excma. Cámara no fundó su sentencia y desoyó los argumentos de esta parte. En efecto, pese a los sobrados argumentos expuestos por mi representada, ellos no han sido objeto de decisión por parte del a quem en virtud de lo cual el derecho a ser oído del que goza mi mandante ha sido violentado…” (cfr. PE. cit., págs. 20).- En PE966579-2023 la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE1230180-2024 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho únicamente la tercera citada, es decir la Caja de Seguros S.A. (cfr. PE1251695-2024).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…el recurso de casación interpuesto no debe prosperar.” (cfr. PE1307153-2024).-
En PE801566-2024 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1324461-2024 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aduce violación de la ley o errónea aplicación de la ley; denunciando además arbitrariedad (cfr. PE934501-2023, págs. 1 y 3).-
Sin perjuicio que la casacionista no indica expresamente en su recurso como embate casatorio el quebrantamiento de formas sustanciales en los términos del artículo 2º del citado dispositivo legal, corresponde señalar que efectivamente ataca el decisorio de Segunda Instancia desde ese vértice considerándolo incongruente, autocontradictorio, dogmático y carente de fundamentación (cfr. PE cit., págs. 20/21).-
Al respecto, este Alto Cuerpo tiene dicho que: “…es preciso puntualizar que al expresar el agravio ahora bajo análisis, la recurrente no ha hecho mención al artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, quebrantamiento de forma. No obstante lo cual, a efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza del agravio referido, corresponde que su tratamiento se encarrile dentro del marco impugnativo del artículo citado…” (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Reg. Nº 700, Folio Nº 4152/4158, entre otros).- Así, por una cuestión metodológica se abordará, en primer término, el recurso desde el prisma del artículo 2º de la citada norma, ya que, de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios formulados. En efecto, este Tribunal Superior de Justicia, reiteradamente, ha considerado que: “…todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por los casacionistas.” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. Nº 638, Folio Nº 3683/3688, entre varios).- De consuno con ello, debemos recordar que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte resolutiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en sus fundamentos. Por lo tanto, no es sólo el imperio del Tribunal ejercido específicamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.-
Es que el saber ordenado y el raciocinio correcto se logran con la observancia de ciertas reglas de la lógica por las que ha de regirse el pensamiento. Entre estas reglas, que no están consagradas expresamente por el legislador pero que integran el razonamiento jurídico, se encuentra el principio de no contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138, voto de la minoría), el que responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o viceversa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- Así las cosas, fácil es colegir que: “La unicidad de la sentencia lleva aparejadas ciertas consecuencias, tales como que ella -para ser válida- debe configurar un todo coherente, en el que la decisión de mérito se apoye y se derive lógicamente de los desarrollos que la preceden (resultandos y considerandos), pues si éstos apuntaran a una solución y luego mágicamente en el fallo el juez plasmara otra, la sentencia sería nula, por autocontradictoria…” (cfr. López Mesa, Marcelo J. -Director- y Rosales Cuello, Ramiro -Coordinador-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con Leyes Complementarias. Comentado y anotado con jurisprudencia”, 1ª edición., La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, Tomo II, pág. 528).- En este andarivel, la faena que se nos impone consiste en revisar la estructura formal del pronunciamiento de Segunda Instancia a fin de verificar si, como afirma la casacionista, el decisorio incurrió en quebrantamiento de formas por resultar autocontradictorio.-
Al respecto, recordemos que la recurrente sostiene que el vicio denunciado se verifica por cuanto la Cámara rechazó su legitimación activa a fin de obtener la repetición de los gastos médicos integrales del niño José Ramón y, simultáneamente, mantuvo la sanción pecuniaria que fijó el Juez de grado en concepto de daño punitivo.-
Desde la óptica de este último instituto y sin perjuicio de los distingos que efectúa la doctrina en relación a su naturaleza jurídica, la jurisprudencia ha dicho que: “…el daño punitivo…se encuentra receptado en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 52bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Esta sanción se erige como una herramienta tuitiva para el consumidor (art. 42, Constitución Nacional) en el marco del derecho de daños. El daño punitivo regulado por esa norma constituye una multa civil que, en el marco de una relación de consumo, puede ser aplicada por el juez a un proveedor de bienes o servicios, y a instancia y beneficio del damnificado. Se trata de una suma de dinero que excede la reparación del daño sufrido y cuya función es sancionar conductas graves y con impacto social que lesionan los derechos de los consumidores.
Al mismo tiempo, esa multa civil posee una función preventiva toda vez que genera incentivos económicos suficientes en el infractor para, por un lado, disuadirlo de incurrir en conductas perjudiciales similares y, por el otro, desalentar su incumplimiento eficiente de normas. En este último aspecto, procura que para el proveedor no resulte más conveniente, en términos económicos, reparar que evitar el daño. Finalmente, el daño punitivo busca que el impacto de ese efecto disuasivo se extienda a otros agentes de modo tal que se abstengan de incurrir en la conducta socialmente no deseada.” (cfr. CNAC, Sala B, autos: “Cardozo Pereira, Antonio c/ Agrosalta Cooperativa de Seguros LTDA. s/ Ordinario”, del 16-08-2023, www.informacionlegal.com.ar Cita On Line: AR/JUR/102261/2023).- En cuanto al vicio lógico denunciado, distinguida doctrina señala que: “En términos decisorios, se puede decir que la contradicción se da cuando, en un mismo contexto factico-temporal, la resolución asume situaciones de hecho ‘incompatibles’ o ‘contradictorias’ entre sí o cuando aplica al caso, simultáneamente normas jurídicas inconciliables.
De la tipificación del principio en juego se deduce que ‘para que haya violación del mismo deben -necesariamente- existir dos juicios contrarios que recaigan sobre el mismo objeto’. La idea fuerza que permite al principio de contradicción anular una decisión judicial es que en un mismo proceso no puede aceptarse un determinado hecho o concepto jurídico y procurar una solución (consecuencia jurídica) que se sustente en lo contrario: la negación de ese mismo hecho o concepto…” (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recuso de casación, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales.” - 1º. Edición.-, Córdoba, 2016, Advocatus, pág. 88).- Y también que: “Si se acepta como valida una determinada interpretación de un concepto jurídico (que tiene determinadas consecuencias jurídicas a los hechos decididos), sería contradictorio que en la misma resolución se acepte una interpretación jurídica diferente (total o parcialmente) que se pudiera excluir esas consecuencias jurídicas (y tener otras distintas que no deriven de esa interpretación).
Es un error común en sentencias que, sin hacer explicito el iter racional (ni exteriorizar el concepto aceptado), lo asume implícitamente, pero luego lo mutan (expresa o implícitamente) para llegar a una solución diferente. En otras palabras: dos ‘afirmaciones’ o ‘negaciones’ de un mimo concepto o hecho no pueden convivir en una misma resolución (y se anulan recíprocamente). Y con ello, anulan justamente la decisión fundada en ese razonamiento jurídico autocontradictorioss (sic).” (cfr. Autor y obra cit., pág. 88).- A la luz de estos postulados advertimos que la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada encierra una autocontradicción insalvable, ya que, por un lado, rechaza la legitimación activa de la Municipalidad a fin de repetir los gastos médicos realizados a favor del niño José Ramón y, por otro, mantiene incólume la sanción pecuniaria en concepto de daño punitivo impuesta en la instancia de grado a favor de la actora.-
A fin de revelar lo expuesto en el párrafo anterior, resulta necesario transcribir las partes pertinentes del fallo recurrido.-
Así, desde el prisma de la legitimación activa de la parte actora, la Cámara sostuvo que: “…el titular del bien o quien sufre un perjuicio es la persona titular de la acción. En el caso…carece de legitimación para reclamar los gastos que realizó en pos de la salud del menor perjudicado…” (cfr. PE904838-2023, pág. 13).-
Por su parte, al momento de pronunciarse sobre la sanción civil, el Tribunal de Alzada expresó que: “…comparto con el Juez de grado la falta de diligencia en la aseguradora en cuanto a los pasos a seguir con posterioridad al evento dañoso, su pronta respuesta, falta de diligencia de quien es efectivamente una empresa especializada. A la luz de estas cuestiones y la normativa señalada considero que el agravio no puede prosperar siendo equitativo, razonable y fundada la decisión del juez de grado en este aspecto.” (cfr. PE cit., pág. 18).-
A su turno, el Magistrado de Primera Instancia fundó la procedencia de la multa considerando que: “…al iniciar demanda la actora sostiene que denunció el siniestro, solicitando en reiteradas oportunidades instrucciones sobre el tratamiento del mismo, como así también reclamando la cobertura de los gastos médico asistenciales del niño José Ramón Pérez y la necesidad de contar con una respuesta urgente…En noviembre del mismo año la Municipalidad de Puerto Deseado solicita mediante CD a la Cía. de Seguros se reanuden los plazos suspendidos e intima el reintegro de las sumas abonadas por el tratamiento médico del menor transportado (fs. 108) y en marzo de 2014 vuelve a reiterar el pedido de reintegro de dichas sumas (fs. 120) sin que la aseguradora se expida al respecto, dejándola en total desprotección.” (cfr. PE486430-2022, pág. 8).- A partir de las piezas transcriptas, advertimos la autocontradicción que surge de la sentencia en crisis, en tanto y en cuanto niega la legitimación activa de la actora para repetir los gastos médico asistenciales realizados a favor del niño Pérez Pérez y, simultáneamente, le otorga legitimación para reclamar daño punitivo por los incumplimientos de la aseguradora relacionados a las intimaciones cursadas por la Municipalidad a efectos que se reconozcan esos mismos gastos.-
En otras palabras, o bien la Municipalidad se encuentra legitimada activamente para reclamar los gastos sanatoriales realizados y, por consiguiente, también para exigir la multa por daño punitivo; o, por el contrario, carece de legitimación en ambos supuestos, es decir que no pueden coexistir, lógicamente, dos conclusiones contrapuestas respecto a la capacidad para obrar de la parte actora en el mismo pronunciamiento, al menos con los fundamentos empleados a ese fin en la sentencia impugnada.-
Mención aparte merece lo argumentado por la Cámara al sostener que: “…todas las partes recurrentes refieren a la causa ‘Perez Perez’ y en dichos autos, se dictó sentencia donde se condena por la integridad de los daños y gastos padecidos por el niño y su madre con más los intereses debidos. Tal como sostienen las recurrentes existiría una duplicidad de reclamos y condenas por los mismos conceptos, los que ya fueron determinados a favor de las personas realmente titulares de la acción…De otro modo se estaría condenando por una misma obligación dos veces y en el caso particular a quien no resulta ser damnificado directo del daño por lo que carece de causa legítima para reclamar…” (cfr. PE904838-2023, pág. 13).- La conclusión arribada por el Tribunal de Alzada, en esta parcela, resulta, en principio, carente de adecuada fundamentación, ya que en la sentencia recaída en Primera Instancia se dijo que: “Cabe dejar sentado que en autos ‘Perez Perez Jose Ramon y otra c/ Sandoval Carlos y otros s/ Daños y Perjuicios’ (Expte. 22.026/15) a los fines de fijar el monto de la partida ‘gastos médicos y futuros tratamientos’ se tuvieron en cuenta los pagos efectuados por el Municipio, reconociéndose sólo aquellos afrontados por la familia, por lo que la defensa intentada por los accionados alegando que existe una duplicidad o superposición en el reclamo debe desestimarse.” (cfr. PE486430-2022, págs. 10/11).- Recordemos que fue el mismo Magistrado inferior quien intervino y dictó sentencia en ambas causas (cfr. PE cit., pág. 9) y, en consecuencia, el argumento superficialmente ensayado por la Cámara, omitiendo explicar, mínimamente, cuáles serían los rubros y montos presuntamente duplicados y abonados, configura, en principio, un supuesto de fundamentación aparente que descalifica el decisorio atacado como acto jurisdiccional valido.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que es descalificable como acto jurisdiccional el fallo que incurre en una evidente autocontradicción entre los considerandos y la parte dispositiva (Fallos 317:465) y que la existencia en el fallo de una contradicción tal que lo haga ininteligible importa ausencia de fundamentos e impone su anulación (Fallos 261:263).-
También, ha dicho el máximo Tribunal Federal que las sentencias judiciales deben ser fundadas, en forma tal que la solución que consagren corresponda a los hechos comprobados y se derive razonadamente del ordenamiento legal vigente, por aplicación de los preceptos pertinentes al caso y, por consiguiente, este principio inhabilita igualmente los pronunciamientos de fundamentación sólo aparente (Fallos 250:152).
Sumado a lo dicho, debemos destacar que la Cámara también ha omitido readecuar la imposición de costas efectuada en Primera Instancia.-
Es que al revocar parcialmente la sentencia de grado, la Cámara debió observar lo prescripto por el artículo 278 del CPCyC en cuanto impone al Tribunal la obligación de adecuar las costas, aunque no hubiese sido materia de apelación.-
En ese andarivel, de mantenerse el pronunciamiento atacado, se llegaría al absurdo de que lo vencedores parciales en Segunda Instancia se vieran obligados a soportar íntegramente las costas de la instancia anterior, sin haber la Cámara desarrollado argumentos válidos que razonablemente sustenten dicho temperamento.-
Los vicios apuntados, en definitiva, tornan nula la sentencia bajo análisis.-
IV. Como corolario de las consideraciones realizadas y jurisprudencia citada, cabe concluir que los vicios advertidos resultan de una gravedad tal que conlleva la anulación de la sentencia impugnada, en los términos del 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por quebrantamiento de las formas sustanciales, debiendo reenviarse los presentes autos a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, para que con nuevos Jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (art. 68, segundo párrafo del CPCyC).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, deviene innecesario el tratamiento de los restantes planteos casatorios efectuados en PE934501-2023, debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio. (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382, entre otros).-
Por lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE934501-2023, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE904838-2023, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1009S.251 Tomo: XXIV Sentencia: 774 Folio N°: 4797/4802 Secretaría: 1
Fin de la sentencia