Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-440/04-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: M-440/04-TSJ Sentencia N°: 991 Actor: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Demandado: PILOTTI S.A.E.F.
Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – ACCIÓN DE LESIVIDAD Fecha: 19/06/15 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 991 FOLIO Nº 3.028/3.033 PROT. ELECT. TSS1 016 C.151
Río Gallegos, 19 de Junio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “MUNICIPALIDD DE CALETA OLIVIA C/ PILOTTI S.A.E.F. S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -ACCIÓN DE LESIVIDAD-”, Expte. Nº M-440/04-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, a fs. 1/21 vta., la Municipalidad de Caleta Olivia -mediante letrado apoderado- ¬promueve demanda contencioso administrativa tendiente a “…que se decrete la nulidad y se disponga la revocación, en sede judicial, por razones de ilegitimidad, del contrato de locación con opción a compra celebrado entre la Municipalidad de Caleta Olivia y la firma Pilotti S.A.E.F…”. Solicita asimismo, que “…se decrete la nulidad y se revoque el acto de entrega de posesión…” (confr. fs. 16 y vta.). El fundamento de la pretensión, se asienta en que “…la operación materializada resulta ilegítima, por haberse desconocido diversas normas provinciales y municipales…” (confr. fs. 16 vta., in fine).- Inicia el relato de los hechos, señalando que “…La operación se convino mediante el pago de un alquiler mensual de $ 1.500 más IVA durante 20 años, con fenecimiento en el mes de noviembre del año 2023.
Asimismo, al finalizar esos 20 años y en caso de desearlo, la firma Pilotti podrá ejercer la opción de comprar abonando un valor residual de $ 37.000, el que desde hoy hasta el año 2.023 no devengará ningún interés financiero. Es decir, el monto total de la operación asciende a $ 397.000, financiado en 20 años. Nada obsta a que se hable de financiación, pues así lo prevé textualmente el convenio al hablar de “arrendamiento financiero”…” (fs. 16vta.) Agrega que “…La operación materializada resulta ilegítima, por haberse desconocido diversas normas provinciales y municipales… lo que motivó que se declarase en sede administrativa la lesividad del contrato y se notificara dicha decisión a la firma Pilotti S.A.E.F.
La decisión fue recurrida en sede administrativa por el cocontratante. Dicho recurso fue rechazado por el Sr. Intendente Municipal, motivando también la ampliación de fundamentos de la declaración de lesividad…” (confr. fs. 16vta. /17). Dice, que al no haber “…accedido la firma Pilotti S.A.E.F. a la anulación del convenio de manera extrajudicial, ello motiva el inicio de la presente acción, a los fines de resguardar el patrimonio del Estado Municipal…” (confr. fs. 17).- Aborda luego el derecho en que funda su pretensión, expresando que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 inciso 4 apartado f) de la Ley 55, el departamento Ejecutivo de Ciudad de Caleta Olivia “…carece de facultades para arrendar bienes de propiedad del municipio sin consentimiento del Honorable Concejo Deliberante…” (confr. fs. cit.).
Destaca también, que a través de la Ordenanza 717/89 se impone la autorización expresa del órgano deliberativo, para todo acto de compra, venta, arrendamiento o disposición de bienes inmuebles, y que por Ordenanza 593/89 se prohíbe que el Ejecutivo municipal celebre actos jurídicos “...relativos a materias sobre las cuales posee exclusiva competencia el Honorable Concejo Deliberante… sin la previa y expresa autorización o aprobación de dicho Cuerpo…” (confr. fs. cit.).- En cuanto a la opción de compra, pone de manifiesto la actora que “…también resulta nula, ya que las sucesivas Ordenanzas de Tierras Fiscales, como la 720/89, 3061/00 y las actualmente vigentes 3538/01 y 4052/02, han establecido que “la administración” de las parcelas fiscales será realizada mediante el sistema de venta por licitación pública.
La única excepción a ese modo de administrar las parcelas fiscales mediante venta por licitación, consiste en la “venta directa”, con intervención de la Comisión de Preadjudicaciones, integrada por dos concejales y dos representantes del Departamento Ejecutivo. Debo destacar que ninguno de los requisitos establecidos en las Ordenanzas mencionadas fue cumplido…” (confr. fs. cit.).- Explica además, que si bien se produjeron dos llamados a licitación, en los años 1997 y 1999 “…ambos quedaron frustrados. Ello surge... de la lectura del expediente administrativo. Y si bien la ley provincial nro. 760 autoriza a contratar de manera directa cuando una licitación resulta desierta, dicha facultad continúa siendo del Departamento Deliberativo (cfr. art. 47 ley 55 y Ordenanza Municipal 717/89) y no facultad discrecional del Sr.
Intendente Municipal…” (confr. fs. 17 vta.).-
Pone de manifiesto que la acción promovida resulta procedente porque al haberse entregado la posesión de las parcelas, ello “…sin perjuicio que el co-contratante Pilotti S.A.E.F. debió conocer los vicios que afectaban al acto celebrado… puede implicar la existencia de derechos subjetivos que comenzaron a ejecutarse, tornando solamente viable la revocación del acto viciado en sede judicial…” (confr. fs. cit.).-
Con relación a los vicios que alega, dice que “…El contrato de arrendamiento con opción a compra y el subsiguiente acto de entrega de la posesión importaron un actuar ilegítimo, pues del Departamento Ejecutivo Municipal contrató sin facultades al efecto (sic)…” (confr. fs. 18). Y que “…El convenio resulta también arbitrario porque se contrató en una situación desventajosa para el Estado Municipal, por una suma fija a veinte años, sin estipular intereses, precios escalonados o previsionar alteraciones en el poder adquisitivo de la moneda…” (confr. fs. cit.). Dice que “…El acto implicó una disociación de poder, ya que impidió la libre concurrencia de otros potenciales ofertantes, generando un régimen de favoritismo (fuera del ámbito legal) a favor de la firma Pilotti S.A.E.F. Y este último -el co-contratante Pilotti S.A.E.F- debió conocer los vicios del acto administrativo celebrado… ya que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley… Como es sabido, la presunción de legitimidad de los actos emanados de la Administración Pública cae frente al acto manifiestamente viciado y, por tanto, se aplica plenamente el principio plasmado en el artículo 20 del Código Civil…” (confr. fs. 18 y vta.).- Asimismo, destaca que “…El acto celebrado resulta viciado, pues no se ha dado cuenta de los antecedentes de hecho y derecho en virtud de los cuales se decidió, y no se explicaron los fines que perseguían al celebrarlo. A tal extremo se llegó con la arbitrariedad y discrecionalidad, que en el contrato de arrendamiento ni tan siquiera se estableció el “objeto” de la locación…” (confr. fs. 18 vta.). Resalta también que al establecer el precio de la contratación, no se tuvo en cuenta el “…precio más conveniente y razonable. Por lo tanto, excede su poder el funcionario que fija el precio con ánimo de liberalidad o a su mero arbitrio…” (confr. fs. cit.).- Por último, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se “…decrete la nulidad y la consiguiente revocación del contrato de locación con opción a compra y del acto de entrega de posesión…” (confr. fs. 21vta.).-
II. Que, a 75/96vta., en tiempo y forma oportunos y por medio de apoderado, se presenta la firma demandada Pilotti S.A.E.F. contestando el traslado de la demanda que le fuera conferido a fs. 22; y oponiendo la defensa de falta de legitimación activa para obrar y plantea la inconstitucionalidad de la Ordenanza 3.538/2001.-
Solicita asimismo, que continúe la vigencia del contrato de leasing con todos sus efectos, y que para el supuesto de no hacerse lugar a lo peticionado “…se disponga el cambio de calificación jurídica del acto revocatorio, ordenándose se califique la revocación del contrato de leasing en cuestión ocurrida por razones de oportunidad mérito y conveniencia…” (confr. fs. 87vta.). Requiriendo, en caso de rechazo de tales pretensiones, que “…se fijen las pautas para la liquidación de los daños y perjuicios que esa revocación le ha causado a la parte demandada…” (confr. fs. cit.).-
Con relación a la defensa de falta de legitimación activa para obrar, considera que la excepción resulta procedente, pues la Municipalidad de Caleta Olivia “…carece de causa para demandar la revocación por ilegitimidad del contrato de leasing…” (confr. fs. 86). Y que “…Carece también de legitimación para obrar la Municipalidad de Caleta Olivia, atento estar viciados en su procedimiento los actos administrativos del Señor Intendente de Caleta Olivia, Resoluciones del día 29 de diciembre de 2.003 y 12 de enero de 2.004, respectivamente, que declaran lesivo el contrato a los intereses públicos municipales y ordena la promoción de acciones judiciales…” (confr. fs. cit.).- El responde de la acción de lesividad, se inicia con una negativa genérica de todos los hechos que no resulten de un reconocimiento expreso de su parte.
Reconoce luego “…que el día 5 de diciembre de 2003 se elevó a Escritura Pública número noventa y ocho… un convenio celebrado entre la Municipalidad de Caleta Olivia y la firma a la que representamos -Pilotti Sociedad Anónima Empresa Frigorífica-, de acuerdo a lo normado por la Ley 25.248 y conforme lo preceptuado por los artículos 1197 y 1198 del Código Civil… sobre las parcelas 15, 16 y 17 de la Manzana 47 de la citada ciudad de Caleta Olivia…” (confr. fs. 75vta.). Seguidamente, formula una negativa puntual de los hechos esgrimidos por la actora, a los que razones de brevedad imponen su remisión (confr. fs. 75 vta./79).- En el punto cuarto de su conteste, realiza el relato de los hechos que a su entender ocurrieron, señalando que al celebrar el contrato de leasing “…esta empresa ha actuado, además de la buena fe con que opera y se destaca en el mercado patagónico, con pleno convencimiento de haber suscripto un contrato lícito, razonable y sin vicios de ninguna naturaleza; no sólo por los antecedentes del caso, ya relatados con anterioridad, sino desde el momento en que formaron parte del mismo no sólo el titular del Ejecutivo Municipal sino además funcionarios públicos como lo fue la escribana interviniente, Dra.
Matilde Reyes, y otros concejales en el ejercicio de su mandato. Acto que, además, no pudo pasar inadvertido para todos y cada uno de los ediles que formaban parte del Concejo Deliberante al momento de la firma del mismo, ya que, de ninguna manera se intentó pergeñarlo al margen de los requisitos y procedimientos legales, tal como, por otro lado, pretende hacer creer la actora…” (confr. fs. 79 y vta.), que “…ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones surgidas del contrato en cuestión. Abonó mes a mes el canon estipulado con más lo correspondiente al I.V.A., como así también, los gastos de escritura, gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, tasas e impuestos a fin de cumplimentar la inscripción registral y demás requisitos de ley…” (confr. fs. cit.).- Considera que la Municipalidad demandante “…parte de dos errores: a) encuadra esta operación dentro de los parámetros de un arrendamiento y sostiene por lo tanto que el Ejecutivo carece de facultades para suscribirla sin tener la previa autorización del Concejo Deliberante. b) Esgrime, basándose en el texto de distintas Ordenanzas que “la administración” de las parcelas fiscales será realizada mediante el sistema de venta por licitación pública, siendo la única excepción a ese modo de administrar la “venta directa”, con intervención de la Comisión de Preadjudicaciones…” (confr fs. cit.).
Estimando que el primer error consiste en que el vínculo jurídico que se trabó no fue “…strictu sensu un arrendamiento…” (confr. fs. 80), sino un contrato de leasing. En cuanto al segundo error que enuncia, dice que “…las Ordenanzas mencionadas confunden el alcance del término administrar; de la misma manera en que confunde la actora la necesidad de contar con la autorización del deliberante para arrendar…” (confr fs. cit.).- En ese contexto, sostiene que “…Administrar no es precisamente disponer, término este último que supone la venta o desapoderamiento de un bien. Entretanto, locación implica un acto de administración. Por segunda vez se equivoca la actora ya que el leasing tampoco es strictu sensu una venta.
No es arrendamiento urbano y tampoco es venta; aunque según sea el tracto en el cual se encuentre el cumplimiento del contrato serán de aplicación supletoria en cuanto fueren compatibles las reglas del contrato de locación o del contrato de compraventa (art. 26 ley 25.248). Es un contrato específico, hoy legalmente típico, no administrativo y del derecho privado…” (confr. fs. cit.).- Dice asimismo, que la entrega y recepción de las parcelas fiscales y el pago del canon acordado son derechos que lo favorecen, cuestionando así los argumentos de la Municipalidad demandante para pretender la anulación del contrato, pues “…el inmueble en cuestión había sido ofrecido en Licitación Pública y en esas dos oportunidades, tal como surge del trunco expediente administrativo, las ofertas se declararon inconvenientes…” (confr. fs. 80vta.).
Fustiga también la declaración 001/04 del Honorable Concejo Deliberante, señalando que dicho órgano “…pretende convalidar el accionar del Departamento Ejecutivo a través de la Declaración en cuestión…” (confr. fs. cit.). Con relación a la Resolución 002/04-HCD, expresa que se desprenden “…errores de concepto en que ha incurrido la Municipalidad de Caleta Olivia…” (confr. fs. 81), habida cuenta que no tuvo la posesión de los lotes fiscales, sino la tenencia. Considera que el Honorable Concejo Deliberante carece de competencia para autorizar gestiones que son propias del Departamento Ejecutivo. Destaca en tal sentido que “…no es competencia del HCD arrendar bienes del municipio; este cuerpo tiene vedado ejercer funciones de administración que sólo le competen al departamento ejecutivo, razón por la cual, si no hay ordenanza específica sobre el arrendamiento de bienes fiscales, deberá estarse a la normativa general, tal como el reglamento municipal de contrataciones o el reglamento de Contrataciones del Estado provincial o el código civil…” (confr. fs. 81vta.).
Y agrega que el contrato que ha suscripto con la actora “…no es un acto administrativo, razón por la cual no se aplican en forma directa las mismas normas que a éste; en principio se le aplican las normas contractuales específicas y generales, como así también las consecuencias propias de la responsabilidad contractual…” (confr. fs. cit.).- En el sendero de desvirtuar la lesividad articulada por la actora, estima que la suscripción del contrato de leasing no es un contrato administrativo, ni tampoco un acto de esa naturaleza. Dice al respecto, que “…los contratos administrativos como todos los otros contratos que firma la Administración Pública no son actos administrativos…”, y busca fortalecer su aseveración apoyándose en la regla del artículo 7 infine de la Ley 1.260.
Que, cita para concluir que “…Sin embargo, la actora pretende aplicar al contrato de leasing los principios del acto administrativo…” (confr. fs. 82 y vta.). Desde tal particular visión, se permite sostener que en el ejercicio exclusivo de administrar los bienes del estado comunal, el Departamento Ejecutivo tiene la atribución y el deber de representar a la municipalidad y, “…En tal carácter le corresponde, sin perjuicio de los procedimientos correspondientes, suscribir todos aquellos contratos que formaliza la comuna con terceros…” (confr. fs. 83).- Interpreta que el régimen de administración de tierras fiscales de la comuna, regulado por la Ordenanza 3.538/01, “…en modo alguno implica… derogar otras normas generales en materia de contratación ni tampoco impide la aplicación supletoria o analógica de leyes formales o normas materiales de la Provincia de Santa Cruz…” (confr. fs. 83vta.), y agrega que “…la imposición de venta de tierras fiscales por el procedimiento de licitación pública, no es categórico ni único pues, a poco que se lea la Ordenanza en cuestión, se advertirán varias excepciones y no una sola como procura hacer creer la actora…” (confr. fs. 84).
Cuestiona la constitucionalidad de la Ordenanza 3.538/2001, señalando que “…Al margen de portar la Ordenanza en tratamiento los gérmenes de su propia destrucción, lo que ameritan declarada inconstitucional…” (confr. fs. 84).- Por último, reitera que su proceder ha sido de buena fe, funda su derecho, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se mantenga subsistente el contrato de leasing.-
III. A fs. 169, se recibió la causa a prueba, certificándose sobre el mérito de su producción a fs. 414 y vta..-
A fs. 422 obra certificación actuaria, que da cuenta del vencimiento del plazo para alegar previsto en el artículo 79 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de tal derecho; llamándose autos para dictar sentencia en la última parte de la foja citada, pasando a estudio a fs. 423.-
A fs. 443 se suspendió dicho llamamiento, en razón de la presentación efectuada por ambas partes a fs. 441/442, a través de la cual, exponen que han arribado a un acuerdo transaccional que pone fin al conflicto de intereses objeto del presente proceso judicial solicitando su homologación. Corresponde señalar que por Decreto 196/2013, de fecha 19 de abril del año 2013 acompañado a fs. 439/440, el señor Intendente de la Municipalidad de la localidad de Caleta Olivia Dn. José M. Córdoba ratificó los términos del acuerdo en cuestión, autorizando su presentación judicial.-
Que, a fs. 447 se corre vista al Sr. Agente Fiscal a los fines que se expida respecto de la presentación mencionada precedentemente, quien dictamina a fs. 448/449 vta.. Expresa que “...En el caso en estudio y atento a las cuestiones de validez nombradas precedentemente y que deben ser merituadas por el juez al homologar la transacción, se puede observar que si bien obra poder especial de Pilotti SA Empresa Frigorífica a favor del Dr Oscar Héctor Corres que es quien suscribe el acuerdo (fs. 48/52), no surge del mismo la facultad expresa de poder transar como exige la norma a la que aludimos. Asimismo y teniendo en cuenta el objeto del acuerdo se encuentra ausente el consentimiento del Honorable Consejo Deliberante que se requiere para que el Ejecutivo disponga de bienes propiedad del Municipio, en función de lo establecido en art 47, punto 4 inc f) de la Ley 55. Que las Ordenanzas de Tierras Fiscales, en este caso la de Caleta Olivia Nº 4563, establece claramente en su art 7, como serán ofrecidas en venta las parcelas fiscales disponibles por el Departamento Ejecutivo Municipal, esto es (licitación Pública, Adjudicación Directa con la intervención de la Comisión de Preadjudicaciones), aunque se prioriza como método de ofrecimiento el sistema de venta por licitación pública (art 8 de la misma ordenanza)… En función de todo lo expuesto considero que no se encuentran dados los presupuestos legales que exige la normativa vigente para la homologación de la transacción referida, atento las observaciones expuestas precedentemente…” (confr. fs. 449 y vta.).- A fs. 450, se reanudó el llamado de autos y vuelven los autos a estudio.-
IV. Que, llegan los presentes a estudio de este Tribunal a los fines de resolver respecto del pedido de homologación del acuerdo transaccional al que han arribado las partes, conforme surge de fs. 441/442.-
Que conforme dicho acuerdo la actora se obliga a desistir de la presente acción, y “…Como consecuencia de los perjuicios ocasionados a la firma PILOTTI S.A. y por constituir una justa composición de derechos e intereses entre las partes, la MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA se obliga a entregar…” (confr. fs. 441 vta.) un lote especificado en el convenio. Por su parte la demandada “…aclara que renuncia a todos los derechos que tuviere sobre el inmueble objeto de la presente demanda, el que quedará bajo dominio exclusivo de la Municipalidad de Caleta Olivia, renunciando y desistiendo de toda acción y derecho que le correspondiere sobre el mismo, y para mayor abundamiento, dejando sin efecto la Escritura Pública pasada por ante el Protocolo de la Escribana Matilde Reyes…” (confr. fs. cit.). Así como también la municipalidad reconoce adeudar a favor del letrado de la demandada un crédito fiscal equivalente a la suma de $ 80.000, que serán aplicados al pago de impuestos de parcelas a determinar.- Primeramente debemos señalar que el art. 832 del Código Civil establece que “La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas”.-
Por lo que ante la presentación de una transacción, el tribunal debe limitarse al examen de la capacidad y la personería de quienes realizan el acto, así como al examen de la transigibilidad de los derechos de que se trate, lo que supone elementalmente, que a pesar de la calificación que le hayan otorgado las partes, el Tribunal verifique si realmente está en presencia de una transacción con virtualidad para extinguir el proceso o si, por el contrario, no se configura tal institución por ausencia de sus elementos esenciales.-
Frente al pedido de homologación de una transacción, el juzgador debe considerar el acto externa e internamente. La tarea del intérprete debe encaminarse hacia la verificación del contenido y esencia del acto del negocio que, debe o no, ser homologado para otorgarle ejecutividad. La tarea, en consecuencia, excede la mera comprobación de aspectos formales, e importa un juicio de valor, sin que ello implique resolver cuestiones que vayan más allá de la comprobación de los hechos litigiosos, y las condiciones legales extrínsecas e intrínsecas para su validez (confr. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, “Beraza, Paquita y Otros c/Provincia del Chubut s/Demanda Contencioso-Administrativa”, del 19/02/1997).- La doctrina se ha expedido en el sentido de que el juez tiene “…la facultad de examinar la capacidad y personería de quienes realizan el acto, la aptitud de los derechos involucrados para ser objeto de transacción, así como la de rechazar la transacción frente al incumplimiento de determinados requisitos. Esa facultad no sólo se limita a examinar la capacidad y personería de quienes realizan una transacción, sino también la transigibilidad de los derechos que se trate…” (confr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Elena I. Highton - Beatriz A. Areán, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, Tomo 5, pág. 632).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado que “…La finalidad de la homologación judicial de una transacción es permitir el examen de la capacidad y personería de las partes, como así también de la transigibilidad de los derechos en litigio (Fallos: 313:751)…” (Fallos: 318:2657).-
De esta manera, conforme lo explicado precedentemente, corresponde ingresar al análisis del acuerdo transaccional a los fines de determinar si corresponde su homologación por parte de este Tribunal Superior.-
Acerca de la capacidad para realizar un convenio transaccional, el art. 839 del Código Civil establece que “No se puede transigir a nombre de otra persona sino con su poder especial, con indicación de los derechos u obligaciones sobre que debe versar la transacción, o cuando el poder facultare expresamente para todos los actos que el poderdante pudiera celebrar, incluso el de transar”. De esta manera corresponde examinar si los intervinientes cuentan con poderes suficientes.-
El artículo 840 añade concretamente que “No puede transigir el que no puede disponer de los objetos que se abandonan en todo o en parte”; de lo cual resulta que para transar no basta con la mera capacidad de contratar u obligarse, sino que se necesita asimismo aptitud para disponer a título oneroso los derechos o cosas objeto de la transacción. Y no podía ser de otra manera, si se tiene en cuenta que en definitiva: transigere est alienare, y que la persona que transige, enajena, o en todo caso abdica y abandona una pretensión o un derecho que creía tener (confr. Trigo Represas, Félix A., Transacción, Publicado en: RCyS 2010-XII, 3; cita La Ley Online: AR/DOC/7576/2010).- Por su parte el art. 83 del CPCA establece que “Los representantes del Estado, de sus entidades autárquicas y de las jurídicamente descentralizadas, así como los de los municipios, deberán… estar específicamente autorizados por la autoridad competente…”.-
Debemos remarcar que en el proceso contencioso administrativo, los apoderados del estado para realizar una transacción, requieren autorización expresa de autoridad competente (confr. ob. cit., pág. 73). El art. 841 del Código Civil realiza una enumeración de las personas que no pueden realizar transacciones, entre las que menciona en su inciso 1º “…Los agentes del Ministerio Público, tanto nacionales como provinciales, ni los procuradores de las Municipalidades…”. La norma transcripta establece que dichos funcionarios de la administración pública no pueden, en su solo carácter de tales, transigir sobre intereses del Estado nacional, provincial o municipal, pero nada impide que puedan hacerlo si son autorizados por un acto especial emanado del organismo estatal pertinente (confr. “Tratado de Derecho Civil”, Guillermo A. Borda, 9º Ed., La Ley, Buenos Aires, 2008, Obligaciones - Tomo I, págs. 663/664).- En relación al Dr. Eugenio Gómez Carrasco, apoderado de la Municipalidad de Caleta Olivia, conforme surge del Poder General para causas judiciales y administrativas otorgado por el Sr. Intendente Municipal, obrante a fs. 435/437, cuenta con facultades para “…transar, transigir…” (confr. fs. 435 vta.). También obra a fs. 439/440 el Decreto Nº 196-MCO/13 del Intendente de Caleta Olivia, en el cual ratifica el acuerdo transaccional en cuestión.-
Es necesario señalar que, si bien el Intendente le ha otorgado facultades al presentante para realizar transacciones, encontrándose agregado en autos el acto administrativo exigido por el art. 83 del CPCA, por lo que resulta prima facie con poderes suficientes para realizarla, cabe preguntarse si el Sr. Intendente cuenta con facultades para disponer de los bienes que cede en el presente acuerdo transaccional.-
Al respecto, cabe señalar que la Ordenanza Nº 3538/2001 establece que la venta de los terrenos comprendidos en todo el ejido urbano será realizada mediante Licitación Pública. Teniendo en cuenta que por la cláusula Segunda del acuerdo transaccional, la Municipalidad entrega a la demandada un lote, es decir que se dispone de un inmueble de otra forma que la determinada por la ordenanza mencionada, se concluye que no resulta ajustado a derecho que, mediante una transacción, se pueda evadir una norma que establece un procedimiento específico para la disposición de las tierras fiscales.- Más aún si observamos que el art. 47, inc. 4º, párrafo f) de la Ley 55, expresamente establece que: “Corresponde al Concejo Deliberante… Comprar, vender, arrendar y disponer en cualquier forma legalmente autorizada de los bienes de la Municipalidad; las ventas que no sea a la Provincia, a la Nación o a otros municipios de la Provincia sólo podrán hacerse en subasta o licitación pública…”.-
En síntesis, es necesario reiterar lo explicado anteriormente respecto del art. 840 del Código Civil, en cuanto a que: “No puede transigir el que no puede disponer de los objetos que se abandonan en todo o en parte”. Por lo que, considerando que el Sr. Intendente no puede disponer de tierras fiscales, no cuenta, de esta manera, con facultades para disponer de ellas a través de una transacción, eludiendo la aplicación de las normas mencionadas, y logrando realizar un acto contrario a lo que ellas disponen.-
Seguidamente corresponde analizar las facultades con las que cuenta el Dr. Corres, quien se desempeña como apoderado de la demandada y ha suscripto el convenio transaccional. Del poder especial obrante a fs. 48/49, no surge que posea facultades para transigir, ya que no se encuentra explícitamente otorgada dicha facultad.-
En este sentido, es necesario señalar que “…La ley teniendo en cuenta que la transacción en cierto sentido es un acto de enajenación o disposición de bienes, exige poderes especiales… En definitiva está habilitado para transigir, aquel mandatario que ha sido autorizado expresamente para ese cometido, aunque se omita la designación de los derechos a que se refiera la transacción…” (confr. “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Alberto J. Bueres y Elena I. Highton, Hammurabi, Buenos Aires, 1998, Tomo 2 B, págs. 279/280). Y que “…Tratándose la transacción de un acto jurídico bilateral por el que las partes se hacen renuncias recíprocas, el apoderado con poder general para pleitos, obviamente carece de facultades para realizar renuncia alguna, toda vez que para ello es necesario un poder especial (art. 1881, inc. 4º, Cód. Civil), con facultad expresa (art. 839, mismo Código)…” (confr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Elena I. Highton - Beatriz A. Areán, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, Tomo 5, pág. 631).- Por lo que, en virtud de lo explicado precedentemente, el Dr. Oscar Héctor Corres no cuenta con poder suficiente para realizar la transacción en cuestión.-
V. Una observación especial merece el hecho de que, como expresa el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal a fs. 449, no concuerda el considerando tercero del Decreto Municipal Nº 196-MCO/013, con la cláusula cuarta del Acuerdo Transaccional, ya que en el primero se expresa que “…la firma Piloti [sic] S.A.F.I. manifiesta su aceptar y consentir [sic] el desistimiento del derecho y de la acción, obligándose a asumir las cos[t]as judiciales y cualquier gasto causídico que se haya generado con motivo del proceso oportunamente iniciado…” (confr. fs. 439); y por su parte el Acuerdo Transaccional en su cláusula cuarta establece que “…La MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA, por este acto se comprometa [sic] y reconoce adeudar a favor del letrado de la parte demandada, Dr. Oscar Héctor CORRES, por su actuación profesional en estos obrados, un crédito fiscal equivalente a la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-)…” (confr. fs. 441 vta.).- Consecuentemente, resulta adecuado rechazar la homologación del acuerdo transaccional solicitada.-
Que, en virtud de las consideraciones expuestas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1016C.151 Tomo: XVI Sentencia: 991 Folio N°: 3.028/3.033 Secretaría: 1
Fin de la sentencia