Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2322/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 692/702, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2322/19-TSJ Interlocutorio N°: 708 Actor: MUÑIZ LUIS ALBERTO Demandada: E.S.E. S.R.L. Y OTRA Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 31-05-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 708 FOLIO Nº 4228/4236 PROT. ELECT. TSS1 009 S.221
Río Gallegos, 31 de mayo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “MUÑIZ LUIS ALBERTO C/ E.S.E. S.R.L. Y OTRA S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. N° M-13.124/11 (M-2322/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su apoderado, Dr. Paulo Luis Schmidt, con el patrocinio letrado de la Dra. Marta Soledad Quiroga, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 692/702. Esta última rechazó los agravios formulados por la parte actora excepto el que cuestionaba la falta de determinación de astreintes; admitió parcialmente los agravios de Emprendimiento Servicios Energía S.R.L. (en adelante ESE SRL) y en consecuencia revocó el punto 1° del fallo de la sentencia de Primera Instancia y se rechazó la acción en lo que hacía a los rubros allí admitidos. También se revocó el punto 4º de la misma y se impusieron las costas de ambas instancias al actor.- La sentencia de Primera Instancia había hecho lugar parcialmente a la demanda, interpuesta por Luis Alberto Muñiz contra ESE SRL y Centrales Térmicas Patagónicas S.A.. Se los condenó al pago de una suma de dinero a determinarse por los siguientes rubros: a) indemnización por despido, b) preaviso, c) SAC s/ preaviso, d) indemnización artículo 80 de la LCT, e) indemnización artículo 2 de la Ley Nº 25.323, y f) indemnización agravada artículo 52 de la Ley Nº 23.551, con más el pago de intereses calculados la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (corresponde al punto 1° de la parte dispositiva de la sentencia de Primera Instancia, revocado por el fallo de Cámara); y a la entrega del certificado de aportes conforme lo prescripto por el artículo 80 de la LCT. Las costas se impusieron en un veinte por ciento (20%) a la actora y a las demandadas en un ochenta por ciento (80%). Además la sentencia de Primera Instancia desestimó los rubros por diferencias salariales (Convenio Colectivo de Trabajo Nº 36/75) y la bonificación adicional por eficiencia (BAE) (cfr. fs. 608/619).-
II. La parte actora interpone recurso de casación por violación y errónea aplicación de la ley, en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por arbitrariedad (cfr. foja 707).-
Sostiene que la sentencia de Cámara vulnera las normas que rigen el mandato, puntualmente el artículo 1963, inciso 2° del Código Civil; y las normas que rigen la representación procesal y la renuncia, hace referencia a los artículos 46 y 53, inciso 2° del CPCyC. Al respecto, señala que los letrados intervinientes por la demandada ESE S.R.L. renunciaron en forma conjunta al mandato conferido a foja 426, por lo que a foja 427 se tuvo a dichos profesionales por renunciados (cfr. mandato agregado en copia a fs. 176/179) (cfr. foja 716 vta.).-
Expresa que se intimó a ESE S.R.L., según las previsiones del artículo 53, inciso 2° del CPCyC, aplicable por remisión del artículo 121 de la Ley Nº 1444, a tomar intervención por sí o por apoderado, en el plazo de diez (10) días bajo apercibimiento de rebeldía (cfr. fs. 716 vta./717). Destaca que ese “…resolutorio fue notificado mediante cédula diligenciada por carta documento que obra a fs. 598, quedando acreditado a fs. 670, que tal notificación fue recepcioanada (sic) por ESE S.R.L. con fecha 19 de Mayo de 2015...cesando la representación de los referidos profesionales, a partir de tal fecha.” (cfr. foja 717). Añade que las normas aplicables y vulneradas resultan categóricas, señalando expresamente que el artículo 1963 del Código Civil prescribe que el mandato acaba por renuncia del mandatario y el artículo 53 del CPCyC que estatuye que la representación de los apoderados cesará por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí (cfr. foja cit.).- Argumenta, citando doctrina, que el mandatario renunciante no puede reasumir la gestión invocando la falta de aceptación de la renuncia por el mandante; y que la renuncia es un acto unilateral y que carece el mandatario de la facultad de desistirla una vez que se exteriorizó (cfr. foja cit.).-
Señala que al momento de dictarse la sentencia de Primera Instancia los letrados mencionados habían cesado en la representación de ESE S.R.L. y carecían, por lo tanto, de la potestad para actuar en nombre y representación de la firma. Sigue diciendo que tampoco podían apelar la sentencia, debiendo, en todo caso, haber utilizado el instituto del gestor procesal previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 1444; pero en modo alguno podían presentarse a partir de una representación que ya había cesado por su propia decisión, lo que constituye una grave irregularidad que conculca el debido proceso y el derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) (cfr. fs. 717 y vta.).- Aduce que correspondía, conforme a derecho, tener por no presentados los escritos obrantes a fs. 643/639 y 652/653, adquiriendo, por ende, firmeza la sentencia de Primera Instancia para la demandada ESE S.R.L., pues dentro del plazo de ley otorgado por la Jueza interviniente no compareció a constituir domicilio ni a estar a derecho.
Agrega que posteriormente se decretó la rebeldía, pero nunca se advirtió la cesación de la representación por renuncia en que quedaron los letrados Castelo y Martensen, no obstante lo cual continuaron actuando, en contravención a sus propios actos y en contra de la renuncia al mandato decidida por ellos mismos (cfr. foja 717 vta.).- También afirma que la sentencia de Cámara continúa con su proceder contrario a las normas vigentes y aplicables al caso particular, al resolver que corresponde rechazar la apelación en subsidio interpuesta por la parte actora a fs. 643/647. Sobre este punto, expresa que la Cámara decidió, sin fundamento jurídico, que correspondía tener por presentado en término el recurso de apelación de la demandada.
Agrega que lo decidido por la Cámara no cuenta con ningún apoyo normativo y que además deviene violatorio de los artículos 32, 37 y 90 de la Ley ritual 1444 (cfr. fs. 717 vta./718).- Agrega que: “…si la demandada fue notificada de la sentencia recaída en Primera Instancia, por medio de la cédula de notificación N° 3218/15, con fecha 16/09/2015, según constancia de fs. 623/vta., el plazo de cinco -5- días previsto por el art. 90 de la ley 1444, para apelar, entendido este como la simple presentación que exterioriza la voluntad de la parte de recurrir la sentencia, espiró el 24 de Septiembre de 2015, en las dos (2) primeras horas. De ninguna manera la circunstancia de no encontrarse el expediente en Secretaría, y el hecho de haberse dejado nota -y más allá de quienes pudieron hacerlo- suspende el plazo, cuando la notificación se realiza por cédula, no teniendo la nota en el libro de asistencia virtualidad alguna para suspender el plazo previsto por el art. 90 de la Ley 1444, y que comenzara a correr con la notificación de fs. 623/vta..
En todo caso, los letrados actuantes, y más allá de su renuncia al mandato, debieron deducir la apelación y pedir la suspensión del plazo para expresar agravios, durante el término que el expediente estuviera prestado a nuestra parte (18/09/15 al 24/09/15), siendo jurídicamente inadmisible la suspensión resuelta por la Cámara A quo, y teniendo solo sustento en su subjetividad y voluntad.” (cfr. fs. 718 y vta.).- Señala que el artículo 37 de la Ley Nº 1444 es claro, riguroso y no admite excepciones al establecer que todos los plazos procesales serán perentorios e improrrogables. Continúa diciendo que el plazo para apelar y expresar agravios lo fija el artículo 90 de la Ley Nº 1444 en cinco (5) días.
Sobre esta disposición afirma que: “Esta norma consagra dos (2) actos procesales bien diferenciados, la apelación de la sentencia y por el otro la expresión de agravios, siendo categórico en el caso particular que la apelación de la sentencia no se presentó dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la sentencia, siendo otra cuestión la presentación del memorial de agravios y la disponibilidad del expediente. La sentencia emitida por la Cámara...viola en forma flagrante las normas procesales de los arts. 90 y 37 de la Ley 1444, y el art. 18 de la Constitución Nacional, no teniendo ninguna entidad ni virtualidad, para enervar el plazo de apelación, el préstamo de expediente efectuado a nuestra parte, entre el 18/09/15 y el 24/09/15, por cuanto el plazo de cinco (5) días para apelar, nunca pudo ni fue suspendido, no existiendo en el mundo jurídico la suspensión retroactiva de los plazos, debiendo la contraria haber deducido el recurso -en el término legal- y en su caso requerido la suspensión del término para expresar agravios, no enervando y/o suspendiendo el término para apelar consagrado en el art. 90 de la Ley 1444, la/s nota/s dejada/s en el libro de asistencia, por quienes ya habían cesado la representación de ESE S.R.L. por renuncia al mandato y menos, aún, por el Dr.
Sergio Acevedo, quien nunca tuvo y/o acreditó poder de la citada demandada ni tuvo ningún tipo de intervención en la presente causa, pero además porque la nota en el libro de asistencia está prevista exclusivamente para las notificaciones por ministerio de la ley y nunca para las notificaciones por cédula.” (cfr. fs. 718 vta./719). Sobre esta última cuestión precisa que: “…no puede dejarse de precisar, que la nota dejada en el Libro de Asistencia, nada tiene que ver con la notificación por cédula, y menos, aún, para considerar que tal acto procesal, puede suspender el curso de un plazo que corre desde y a partir de la recepción de una cédula de notificación, por cuanto tal mecanismo, se encuentra establecido, conforme las previsiones del art. 32 segundo párrafo de la Ley ritual -art. 134 CPCC-, solamente para las providencias que no se notifican por cédula, esto es por ministerio de la ley, los días martes y viernes, enervando la notificación si uno dejó nota a partir que el expediente no se encontraba en Secretaría, y por no haber podido ver la parte, la resolución respectiva, lo cual nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, donde nos encontramos ante una notificación por cédula (art. 32 inc. d Ley 1444) y la resolución se da a conocer mediante la cédula de notificación.” (cfr. foja 719 vta.).- Le enrostra a la Cámara haberse arrogado la facultad de legislar en materia de notificaciones y suspender los plazos procesales, puntualmente el plazo de cinco (5) días para apelar la sentencia definitiva, prevista por el artículo 90 de la Ley Nº 1444, sin ningún fundamento legal (cfr. foja 719).-
Afirma que la Alzada modifica las reglas no sólo de la notificación por cédula, sino también de la notificación por ministerio de la ley. Señala que la Cámara le otorga, a la nota en el libro de asistencia, un alcance legal que ninguna norma le concede, por cuanto tal acto, obsta a la notificación en sí misma de una resolución, pero de ningún modo suspende el curso de una notificación que se encuentra corriendo -por corresponder y haberse cumplido la notificación por cédula-, todo lo cual precipita en la rotunda y manifiesta arbitrariedad e inconstitucionalidad del pronunciamiento en crisis (cfr. foja 719 vta.).- Por lo expuesto, afirma que la Cámara ha violado los artículos 1963, inciso 2° del Código Civil; 46 y 53, inciso 2° del CPCyC; y 32, 37, 90 y cctes. de la Ley de Procedimiento Laboral (cfr. foja 720).-
Entiende que la Alzada incurre en violación de la igualdad de las partes, del debido proceso y del derecho de defensa, y por ende de los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional en perjuicio directo de la parte recurrente (cfr. foja 719). Asimismo estima que se ha vulnerado el derecho de propiedad, de fundabilidad de las sentencias y de legalidad (cfr. foja cit.).-
Pasando a otra cuestión, añade que no guarda ninguna relación la sentencia con los agravios vertidos por la contraria en su memorial de fs. 636/639 vta., con lo que se produce una palmaria extralimitación del principio de congruencia de expresa raigambre constitucional (cfr. foja 720.).-
Expone que: “...la Cámara A quo ingresa a analizar los hechos expuestos en la causa 'Candia c/ ESE SRL' y resolviendo en definitiva en base a dicha plataforma fáctica, desentendiéndose lisa y llanamente de las cuestiones introducidas por las partes en sus respectivos escritos constitutivos y del plexo probatorio que acredita cada uno de los extremos alegados por nuestra parte en el libelo de inicio, no resultando la sentencia en crisis el resultado de un estudio criterioso y minucioso del caso particular, todo lo cual la invalida como un acto jurisdiccional válido.” (cfr. foja 721).- Aduce que la Dra. Connie Naves rechaza los agravios de su parte con conclusiones que a todas luces quebrantan los principios protectorios del derecho laboral, los cuales poseen raigambre constitucional. En efecto, plantea que el hecho de que actor fuera socio-empleado no quita que sea considerado trabajador, de acuerdo con el artículo 27 de la LCT. Por este motivo, estima que no se ajusta a derecho la conclusión de que un socio empleado, no puede reclamar a su empleadora en el marco de la relación laboral, quedando privado de los derechos inherentes a todo trabajador (cfr. fs. 721 y vta.).- Observa que al tratarse la demandada de una sociedad de responsabilidad limitada, es errada la afirmación de la Jueza de Cámara cuando afirma que, en caso de prosperar la demanda, parte del monto de la condena debería ser abonado por el mismo actor (cfr. fs. 721 vta./722).-
Afirma que: “...la Cámara A quo ha partido de una plataforma errada a la hora de estudiar la procedencia de los agravios vertidos por nuestra parte, en torno a la procedencia de la aplicación del CCT N° 35/75 y por añadidura el reconocimiento de diferencias salariales al no liquidarle los haberes conforme la función efectivamente cumplida (Jefe de Turno), adicionales y bonificaciones previstas en el CCT N° 36/75 y BAE por los períodos 2009/2010 a favor del actor, violentando de esta manera lo establecido por el art. 74, 16 y cctes. de la LCT.” (cfr. foja 722).- Dice que la Cámara no realizó un estudio pormenorizado de los antecedentes fácticos del caso, al respecto señala que ingresó a trabajar a la firma Centrales Térmicas Patagónicas S.A. el 26 de noviembre de 1979.
Afirma que allí cumplió tareas de tablerista y luego, a partir del año 1982, funciones de jefe de turno o supervisor 3 (denominación agua y energía) liquidándose haberes conforme las pautas establecidas en el CCT N° 36/75. Agrega que luego, en el año 1997, debido a que Centrales Térmicas Patagónicas S.A. dispusiera subcontratar la prestación del servicio de operaciones y mantenimiento de la planta generadora de energía de la ciudad de Pico Truncado, pasó a depender de la firma ESE SRL, en el mismo lugar donde efectivamente funciona el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, encontrándose desde entonces encuadrado dentro del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75 (cfr. foja cit.).- Señala que nunca tuvo injerencia alguna en la dirección de la empresa ESE S.R.L., y que la misma fue siempre conducida por sindicalistas de Comodoro Rivadavia quienes a su vez mantienen vínculos con Centrales Térmicas Patagónicas S.A., siendo gerente de aquella el Sr.
José Soto, quien hasta la fecha de la desvinculación del actor tenía una participación del diez por ciento (10%) del paquete accionario de Centrales Térmicas Patagónicas S.A. y además resultaba ser el Secretario adjunto del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Esta circunstancia, considera que deja al descubierto las íntimas vinculaciones entre las partes accionadas, todo lo cual pasó totalmente inadvertido por la Cámara (cfr. fs. 722 y vta.).- Aduce que la firma ESE S.R.L. no le abonaba los haberes al accionante, Sr. Luis Alberto Muñiz, conforme la función efectivamente cumplida por el actor, esto es Jefe de Turno, como así tampoco los niveles salariales previstos por la Convención Colectiva de Trabajo N° 36/75, aplicable al caso particular.
Todo lo cual, sigue en su argumentación, repercutía inexorablemente en todos los rubros y conceptos adicionales y hasta en el valor de la hora suplementaria, encontrándose el mismo en un total desamparo (cfr. foja 722 vta.).-
Expresa que el propio Sr. José Soto, gerente de ESE SRL y representante de la misma, otorgó un certificado de trabajo donde reconoce la mayor función realizada por el actor, esto es Jefe de Turno o Supervisor, como así también que su contrato de trabajo se encontraba regido por el CCT 36/75. Asegura que al constituirse la firma ESE SRL siguió su relación laboral regida por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75. Destaca que hasta la propia empresa demandada al momento de confeccionar el certificado de trabajo, que obra a foja 72, reconoce expresamente su aplicación (cfr. foja 723).- Afirma que: “…el actor era socio-empleado de la firma ESE SRL, cuyo objeto social era el servicio de operaciones y mantenimiento del servicio de energía eléctrica, servicios administrativos y en general dentro de la actividad de la distribución, transmisión y generación de energía; y todos los afines a los principales, según se desprende del contrato constitutivo obrante a fs. 217/220, como así también que en virtud de ello se celebró un contrato de operación y mantenimiento con la firma Centrales Térmicas Patagónicas S.A.
(ver fs. 212/215) a los fines de que a través de aquella continúe cumpliendo con el desarrollo de su función, no existiendo ningún cambio en el ramo y/o actividad por parte de la firma ESE SRL, mal puede entenderse que no existe un convenio aplicable al caso particular, pues pues (sic), a esta altura se torna procedente lo establecido en el art. 16 de la LCT, que reza: 'las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de casos concretos, según la profesionalidad del trabajador'.” (cfr. fs. 723 vta./ 724). También cita para abonar su postura lo estatuido en el artículo 245 de la LCT, que reza, en lo que aquí interesa, que: “'Para aquello[s] trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno'.” (cfr. foja 724 vta.).- También observa que ESE S.R.L. continúa desarrollando la misma actividad que su contratista, por lo que corresponde que los trabajadores mantengan los derechos laborales detentados hasta ese momento, no pudiendo en modo alguno menguarse ni cercenarse tal status quo, como mal decide la propia Cámara al pretender aplicar la LCT en vez del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75.
A mayor abundamiento, sostiene que ESE SRL es subcontratista de la firma Centrales Térmicas S.A., tornándose aplicable el principio de ultraactividad del Convenio Colectivo de marras al no haberse concertado uno específico (cfr. foja cit.).- Considera que no se valoró el informe brindado por la AFIP, que obra a foja 512, del que surge que el actor se dio de alta ante dicho organismo; y que deja constancia que el actor posee la obra social de Luz y Fuerza de la Patagonia y que el Convenio Colectivo aplicable es el 36/75 -correspondiente a Electricidad. Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza c/ Agua y Energía Eléctrica y otras empresas- (cfr. foja 725 vta.).-
Observa que también se ha omitido valorar que el actor se encuentra afiliado al Sindicato de Luz y Fuerza; y que por ello la propia empleadora le realizaba los descuentos pertinentes en concepto de cuota sindical conforme se desprende de los recibos de haberes obrantes a fs. 2/61 (cfr. foja cit.).-
Afirma que: “…la Cámara A quo, en ningún momento merituó los elementos probatorios arrimados en autos y los propios reconocimientos de las partes, ya que en primer lugar, jamás se desconoció la calidad de Secretario Gremial de la Seccional del Sindicato Luz y Fuerza de Pico Truncado por parte del actor, sino que además se omitió valorar la documental agregada a fs. 166/174 de autos, de la cual surge una copia certificada de la comunicación de convocatoria a elecciones para el día 21 de noviembre de 2008, por parte del Sindicato referido, con más el acta de proclamación, deviniendo a todas luces claro, que el mismo participaba activamente dentro del sindicato que nuclea a los trabajadores que trabajan en luz y fuerza y a los cuales se les aplica el marco convencional N 36/75, constituyendo ello, un dato objeto de la realidad, que no puede ser pasado por alto.” (cfr. fs. 725 vta./726).- Destaca que: “…por un lado la Juez de Cámara entiende que el actor se encuentra fuera de convenio y que por ende debe aplicársele la LCT, pero por el otro reconoce que el mismo fue electo Secretario Gremial Adjunto del Sindicato Regional Luz y Fuerza de la Patagonia, para luego negarle arbitrariamente su derecho a la indemnización agravada prevista por la Ley 23.551, aduciendo que el mismo no comunicó tal circunstancia a la Empleadora ESE SRL, cuando el propio José Soto, en su calidad de representante, reconoció la calidad envestida por el actor, lo cual constituye a esta altura otra arbitrariedad más.” (cfr. foja 726).- Afirma que la Cámara, de manera incomprensible, ni siquiera ingresó al estudio minucioso del memorial de agravios de la parte actora, toda vez que entiende, sin ningún fundamento, que no se encuentra configurada una injuria de entidad suficiente para impedir la relación laboral. Agrega que se omitió valorar que el actor se colocó en situación de despido indirecto frente al no reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas, en atención a la función efectivamente cumplida por el actor (cfr. foja cit.).-
Añade que la firma ESE SRL incumplió su principal deber, que es el pago de las remuneraciones de sus dependientes, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 74 y cctes. de la LCT, configurando ello una injuria de entidad tal que justifica sobradamente al trabajador a colocarse en situación de despido indirecto ante la falta de respuestas favorables a sus requerimientos, conforme las previsiones del artículo 242 de la LCT (cfr. foja 726 vta.).-
Dice que una vez más se ha “pasado” por la totalidad de la prueba colectada en autos, de la cual surge que al Sr. Luis Alberto Muñiz se le liquidaba haberes como Operador TG cuando en realidad tenía un régimen de trabajo rotativo de ocho (8) días por dos (2) de descanso compensatorio, lo cual quedó acreditado mediante las declaraciones testimoniales de Jorge Luciano Ávalos, Luis Rafael Candia y José Alberto Bravo, cuyas actas testimoniales obran agregadas a fs. 332, 355/356 y 415 en estos obrados (cfr. foja cit.).-
Afirma que el actor reclamó ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, delegación Pico Truncado, que la empleadora le reconozca sus derechos, conforme surge de fs. 514/529; pero aunque no hubiese formulado ese reclamo, igual le corresponde la reliquidación en esta instancia judicial. Anuda que la Cámara erróneamente entendió que el actor nunca había efectuado el reclamo administrativo y que por tal evento no podía hacer el reclamo judicial (cfr. foja 727).-
Manifiesta que de tal manera las conclusiones de la Cámara no hacen más que dejar al descubierto la falta de estudio de la presente causa, violentándose abiertamente el principio de congruencia y la sana crítica, previstos por el artículo 34, inciso 4º y el 364 del CPCyC. Sobre este tema agrega que en definitiva la injuria se configura ante la incorrecta liquidación de los haberes al actor, pues no se le abonaban conforme a la función efectivamente realizada y no sólo por la no aplicación del CCT N° 36/75, como mal se entiende en la sentencia. Esto último, concluye, también conculca el principio de invariabilidad de la causal de despido y la evaluación de todas las causas invocadas al momento de producirse la ruptura y no solamente una de las causales (cfr. foja 727).- Solicita, al estimar que se ha acreditado la existencia de la injuria en contra del actor, que se haga lugar a la indemnización agravada por la Ley Nº 23.551, toda vez que se encuentra demostrado en autos que el demandado tenía pleno conocimiento del resultado del acto eleccionario llevado a cabo el 21 de noviembre de 2008. Por el mismo, relata, se eligió al actor como Secretario Gremial para la Directiva Regional Revisora de Cuentas, Seccional y Delegaciones del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. Tal circunstancia fue reconocida por la demandada al momento de contestar la posición N° 15, conforme se desprende de foja 328 vta. (cfr. foja 727 vta.).- Cita doctrina y jurisprudencia que entiende que la tutela sindical puede ser opuesta al empleador si este tenía conocimiento de la designación correspondiente, aunque no hubiese existido notificación formal (cfr. fs. 727 vta./ 728).-
Pide que se tenga presente que la demandada, en su memorial, nunca se agravia de todas estas cuestiones, sino tan sólo del supuesto abandono de trabajo, el cual, estima, nunca pudo configurarse ya que el actor se consideró en situación de despido indirecto. Con lo cual, sigue en su relato, la Cámara se encontraba impedida de expedirse sobre la cuestión y obviamente impedida por el principio de congruencia demarcado por los agravios de la contraria de modificar la sentencia de Primera Instancia (cfr. foja 728).-
Formula reserva del caso federal (cfr. foja 728 vta.).-
A foja 741 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora y a fs. 749 y vta., obra interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, declarandolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Ninguna de las partes hizo uso de este derecho (cfr. cert. de foja 752).-
A fs. 753/756, dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien expresa, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos en honor a la brevedad, que corresponde hacer lugar al recurso de casación y declararse la nulidad de la decisión atacada (cfr. foja 756).-
A foja 757 se llaman autos para sentencia y a foja 758 pasan los presentes a estudio.-
III. Que realizada la descripción de los agravios expuestos por la parte actora, resulta menester precisar que si bien se hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3º inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto la recurrente fundamenta su recurso en la violación y errónea aplicación de la ley y arbitrariedad (cfr. foja 707), a los efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se adscriba también en el marco previsto en el artículo 2° de la citada ley.- Por lo expuesto y conforme se ha planteado la cuestión extraordinaria articulada por el actor, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2° y 3° de la ley citada, recurso de casación por quebrantamiento de forma, errónea aplicación de la ley, violación de la doctrina legal y arbitrariedad.
Vinculado con lo antedicho, cuadra recalcar que en principio éste Alto Cuerpo no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas. Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (cfr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma muy restringidísima, en cuestiones penales (cfr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Alto Cuerpo entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso.
En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los arts. 164, 264 y 265 del CPCyC), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinaria- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. Sentencia, Tomos XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420, XV, Reg. 512, Folio 2872/2876).- Así las cosas, por una cuestión de orden, trataremos en primer término lo vinculado con la aducida falta de representación de los ex apoderados de la demandada ESE S.R.L. y su invocada incapacidad para interponer la apelación.-
La representación en juicio es regulada por la Ley Nº 1444 en el artículo 20 y en los artículos 46, 47 y 49 al 55 del CPCyC, por remisión del artículo 121 de la Ley Nº 1444.-
La regulación de la cesación de la representación procesal por renuncia al mandato se encuentra disciplinado por el artículo 53 del CPCyC (de aplicación supletoria conforme al art. 121 de la Ley Nº 1444). Como idea central, debemos tener presente que la extinción de la personería que deriva de tal renuncia no es ni automática, ni total. En este sentido, destacada doctrina ha dicho: “El cese de la representación importa la extinción de la personería que se hubiera invocado en el proceso, pero no es automática ni tampoco total. En primer lugar, debe resultar de manifestación expresa en el expediente…En segundo lugar, por lo general el representante está obligado a seguir con los trámites del juicio bajo pena de responsabilizarse de los daños y perjuicios o perder sus honorarios si se aparta, dejando desprotegidos los intereses que se le han confiado, u omite la denuncia de hechos que impiden la correcta integración de la litis.” (cfr. Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A. -Dirección-, “Código Procesal Civil Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, Tomo 1, pág. 870).- La renuncia debe resultar de una manifestación expresa en el expediente y, además, el apoderado se encuentra compelido a seguir con la tramitación del expediente hasta tanto no haya cesado legalmente en su cargo (cfr. art. 50 del CPCyC), bajo apercibimiento de responder por daños y perjuicios; y las costas que hubiera causado su accionar (cfr. arts. 52 y 53 del CPCyC, de aplicación cfr. art. 121 de la Ley Nº 1444).-
Mientras el apoderado no haya cesado legalmente en su cargo las citaciones y notificaciones, inclusive la de la sentencia definitiva tendrán la misma fuerza que si se le hicieren al poderdante (cfr. art. 50 del CPCyC y art. 121 de la Ley Nº 1444).-
De allí la importancia, tanto para la protección de los derechos del litigante, como para la responsabilidad personal de los letrados, de extremar cuidados y seguir con su rol (los abogados) en el proceso hasta tanto estar seguros de que ha cesado efectivamente su participación. De este modo, estos últimos evitarán responsabilidades pecuniarias por su actuación procesal y no pondrán en estado de indefensión a su poderdante.-
Se transcribe, en lo que aquí interesa, el artículo 53 del CPCyC, al cual deberemos atender para dar solución al tema que ahora nos ocupa, a saber: “Art. 53º - Cesación de la Representación. La representación de los apoderados cesará:…2º. Por renuncia, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el juez fije al poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante…”.- Ahora bien, con fecha 6 de mayo de 2014, los Dres. Norberto Miguel Castelo y Víctor V.
Martensen renunciaron al mandato conferido por la demandada Emprendimiento Servicio Energía S.R.L. (cfr. foja 426). A causa de lo expuesto, el Juzgado de Primera Instancia interviniente dispuso: “…de conformidad con lo normado por el art. 53 inc. 2do. del CPCC., por remisión expresa del art. 121 de la Ley 1.444, intímase a la forma (sic) Emprendimiento Servicio Energía S.R.L. (E.S.E. SRL) en su domicilio legal; a fines que en el plazo de diez -10- días de notificada de esta providencia comparezca por sí o constituya nuevo apoderado a los fines de tomar la intervención pertinente y bajo apercibimiento de declararse en rebeldía (norma legal citada). Notifíquese por cédula.” (cfr. foja 427). Inmediatamente después, la resolución les indicaba a los profesionales de marras que deberían continuar con las gestiones pertinentes en el presente trámite hasta tanto haya vencido el plazo conferido up supra o comparezca la actora (claramente aquí el Juzgado cometió un error material, ya que debía decir hasta que comparezca la demandada ESE S.R.L.); bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al poderdante (cfr. foja cit.).- A fs. 490/491 vta. obra documental sobre el intento de diligenciamiento de la cédula de notificación de la resolución de foja 427, que informa la renuncia de los Dres.
Castelo y Martensen, como así también, la intimación a ESE SRL para que comparezca al proceso, en el plazo de diez (10) días bajo apercibimiento de ser declarada rebelde. Pero tal diligencia no tuvo resultado positivo. El Oficial Notificador informa que en el domicilio de diligenciamiento, Maipú N° 1631 de Comodoro Rivadavia, Chubut, no funciona la empresa ESE SRL, sino el Sindicato Regional de Luz y Fuerza; por lo tanto se devuelve la cédula “sin diligenciar”. Recordemos que este domicilio fue denunciado como el legal de la empresa Emprendimiento Servicio Energía S.R.L. al contestarse la demanda (cfr. foja 158).- Ante el resultado del diligenciamiento de la cédula, los Dres. Castelo y Martensen solicitan que la notificación se efectivice mediante carta documento (cfr. foja 494).
Lo que es autorizado por la Jueza de Primera Instancia bajo exclusiva responsabilidad de los letrados (cfr. foja 495). A foja 598 obra la carta documento CD 61828710 7; pero no se encuentra aún agregado el informe del Correo Argentino que dé cuenta si la carta documento llegó a destino, y, en su caso, cuándo.-
El 11 de septiembre de 2015 se dicta la sentencia de Primera Instancia (cfr. fs. 608/619). El Dr. Castelo apela en representación de ESE S.R.L., con fecha 13 de octubre de 2015 (cfr. fs. 636/639 vta.). En ese momento, los Dres. Castelo y Martensen aún debían seguir actuando porque no existía una constancia fehaciente en autos de que la Carta Documento CD 61828710 7 hubiese llegado a destino, y que, en consecuencia, se le hubiera notificado a ESE SRL su renuncia al mandato. Haber obrado en sentido contrario, es decir, desentendiéndose del proceso, podría haber significado que tuvieran que responder por daños y perjuicios por dejar en estado de indefensión a su representado.- Recién el 25 de abril de 2016 se agrega en autos oficio del Correo Argentino, que da cuenta que la carta documento de marras fue entregada el 19 de mayo de 2015, a las 11:55 hs., y que fue recibida por una persona apellidada Romano (cfr. foja 670 y vta.). En atención de este informe, al no haber concurrido, ESE SRL, a estar a derecho en el proceso es que se la declara rebelde (cfr. foja 674).-
En atención a las constancias de autos, sólo recién a partir del 25 de abril de 2016 (cuando se agrega el informe del Correo Argentino), los Dres. Castelo y Martensen tomaron conocimiento fehacientemente de cuándo se recepcionó la carta documento dirigida a ESE SRL. Por lo que hasta esa fecha su accionar fue procesalmente válido en atención a la obligación de continuar con sus gestiones hasta tanto se hubiese cumplido el plazo de diez (10) días a partir de la notificación a ESE SRL, para que ésta los reemplazara o compareciera por sí. Recordemos que el letrado que actúa como apoderado está obligado a seguir el juicio mientras no haya sido cesado legalmente en el cargo (cfr. art. 50 del CPCyC, de aplicación cfr. art. 121 de la Ley Nº 1444).- Estimamos entonces que el obrar de los Dres. Castelo y Martensen no merece reproche ya que fue adecuado a derecho a fin de no dejar a su poderdante en una situación de indefensión y evitar responsabilidades (cfr. arts. 49 a 53 del CPCyC y art. 121 de la Ley Nº 1444).-
En función de lo expuesto, concluimos que el Dr. Norberto Miguel Castelo, en cumplimiento de sus obligaciones ante el desconocimiento de la fecha de recepción de la carta documento que notificara su renuncia, interpuso el recurso de apelación el 13 de octubre de 2015 (cfr. fs. 636/639 vta.). Tema distinto es determinar si esta apelación fue articulada en tiempo procesalmente oportuno. A continuación nos abocaremos a dilucidar tal interrogante.-
El plazo para apelar las sentencias definitivas se encuentra previsto en el artículo 90 de la Ley Nº 1444. Allí determina que la apelación se debe interponer en el plazo de los cinco (5) días posteriores a su notificación y que en el mismo lapso se deberá expresar agravios.-
La sentencia de Primera Instancia le fue notificada a los Dres. Sergio Acevedo y Víctor Mártensen el 16 de septiembre de 2015 (cfr. cédula de notificación agregada a foja 623 vta.). Recordemos que las sentencias definitivas se notifican por cédula (cfr. art. 32, inc. d) de la Ley Nº 1444) y los plazos empiezan a correr desde el día siguiente a su notificación (art. 37 de la Ley 1.444). También es oportuno observar que las notificaciones que se le hagan a los apoderados tendrán la misma fuerza que se hicieran al poderdante (cfr. art. 50 del CPCyC, de aplicación cfr. art. 121 de la Ley Nº 1444). El artículo 37 de la Ley Nº 1444 establece que todos los plazos procesales son improrrogables y perentorios.
El carácter de perentorio implica que la facultad procesal se agota con “…el vencimiento al 'término' del plazo, de modo fatal, precluyendo así la actividad que debía desarrollar la parte, o el estadio respectivo?” (Arazi, Roland y Rojas, Jorge: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, Tomo I, pág. 624).- Sobre el instituto de la preclusión procesal, se ha dicho: “Que tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas, o que se reabran los plazos procesales transcurridos, o se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio (Fallos: 320:1670, entre muchos otros).” (cfr.
CSJN, “Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Salta, Provincia de s/ Ejecución Fiscal”, O. 27. XLIX. ORI, del 11 de agosto de 2015). En la misma línea de pensamiento la Suprema Corte de Justicia Bonaerense ha sostenido que: “Debe tenerse presente que la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe privar en toda causa judicial, esto es, la seguridad y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (conf. doctr. C. 115.000, 'Complejo Edilicio Habitacional' sent. de 26-VI-2013; C. 119.585, 'Ciocchini', sent. de 15-VI-2016), lo que se pone en evidencia en esta causa.” (cfr. “Cooperativa de Provisión de Servicios Termales de Lago Epecuén c/ Provincia de Buenos Aires.
Expropiación inversa”, causa LP C. 110.618 S, del 20/09/2017).- Por otro lado, el artículo 37 de la Ley Nº 1444 establece que los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a la notificación y que no se contarán los días inhábiles (cfr. art. 39 de la Ley Nº 1444).-
En atención a la normativa mencionada, el plazo para la interposición del recurso comenzó a correr el 17 de septiembre de 2015 y recién se interpuso la apelación el 13 de octubre de 2015 (cfr. fs. 636/639 vta.), casi un mes después. Es decir, que pasó con holgura el plazo de cinco (5) días previsto por el Código de Rito, ya que el mismo venció el 23 de septiembre de 2015.-
Del libro de asistencia del Juzgado surge que el Dr. Martensen (con fecha 22/09/15, 25/09/15 y 29/09/15) solicitó las presentes actuaciones y que las mismas no se encontraban en letra. También el Dr. Sergio Acevedo, el 2 de octubre de 2015, hizo lo mismo y no le fueron exhibidas las actuaciones (cfr. certif. de foja 642). Aquí conviene aclarar que la sentencia de Primera Instancia les fue notificada por cédula a los poderdantes de la demandada ESE S.R.L. a fs. 623 y vta. y que dejar nota en el libro de asistencia no impide de ninguna manera la validez de tal notificación. Téngase presente que dejar nota en el libro de asistencia sólo puede obstaculizar la notificación tácita prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 1444, pero no la que se efectúa por cédula.- Pese a la demora de ESE S.R.L., a través de uno de sus apoderados, para interponer el recurso de apelación, como para fundar sus agravios, la Jueza de Primera Instancia lo tuvo por presentado y fundado el recurso en término (cfr. foja 642). Sin embargo, esta resolución no quedó firme pues el actor la impugnó mediante revocatoria con apelación en subsidio (cfr. fs. 643/647). Se rechazó la revocatoria, pero se concedió la apelación (cfr. fs. 654 y vta.). A su turno, la Cámara, rechazó esa apelación (cfr. fs. 698 y vta.). Esta última decisión fue atacada mediante la casación que aquí se analiza (cfr. fs. 707/729). En otras palabras: nunca quedó firme la decisión que tuvo por interpuesto en tiempo oportuno la apelación de ESE S.R.L..- Ahora bien, la circunstancia de que no se hallase el expediente en letra no era obstáculo para presentar la apelación, ni la expresión de agravios (cfr. art. 90 de la Ley Nº 1444).-
Tampoco la Jueza de Primera Instancia dispuso la interrupción o suspensión del plazo para apelar, como lo habilita el artículo 158 del CPCyC (aplicable cfr. art. 121 de la Ley Nº 1444).-
En razón de lo expuesto la apelación interpuesta por ESE S.R.L. a fs. 636/639 vta. fue presentada fuera del plazo legal y por lo tanto debió denegarse el recurso.-
Al ser extemporánea la apelación se impone nulificar la sentencia de Cámara que la admite y también todo lo que modifica del fallo de primera instancia a raíz de tal recurso.-
Ahora bien, la sentencia dictada por la Cámara, al haberle dado procedencia a agravios formulados en la apelación extemporánea de ESE SRL, implica un quebrantamiento de formas sustanciales.-
Se alteró, de este modo la relación procesal, el derecho de propiedad y la garantía de defensa en juicio. Todo lo que impone declarar la nulidad del resolutorio.-
Pues, como ya se puntualizó la apelación de ESE S.R.L. fue extemporánea; pero pese a ello la Cámara se abocó al conocimiento de la misma, admitió parcialmente sus agravios y, por tal motivo, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en perjuicio del actor.-
Con el criterio antedicho se ha sostenido que: “'Si bien el juez debe fallar conforme con las pretensiones deducidas en juicio, es obvio que éstas deben haber sido traídas en la debida oportunidad según las reglas que gobiernan el proceso' (Causa, Ac. 22.728. 'Balbuena, M. contra López, Bl, P. Escrituración', 14-XII-76 (DJJBA, 24-III-77, Fallos, 110, p. 150))” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos ordinarios”, Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 409).-
IV. Que a la luz de los fundamentos expuestos, la irregularidad señalada resulta de tal gravedad, que corresponde declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 692/702 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15- por quebrantamiento de las formas sustanciales, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a los respectivos subrogantes legales para que dicten sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-), con costas en el orden causado en razón de cómo se resuelve (cfr. art. 68, 2do. párrafo del CPCyC de aplicación al sub lite de conformidad con los dispuesto en el art. 121 de la Ley Nº 1444).- En atención a cómo se resuelve el sub lite, no corresponde abocarnos a tratar el resto de los agravios del actor, vinculado a cuestiones de fondo. También, es oportuno advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
Por lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar nula la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 692/702, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 708 Folio N°: 4228/4236 Secretaría: 1
Fin de la sentencia