Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 426/436 por la parte querellante, anulando la decisión atacada -fs. 415/416- por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de continuar con la sustanciación del proceso.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:015 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 06 de Agosto de 2014 AUTOS: "MUÑOZ, CARLOS MARCELO S/HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN C/I CON LESIONES CULPOSAS" Expte. Nº M-834/13/TSJ En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los seis días del mes de agosto de dos mil catorce, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "MUÑOZ, CARLOS MARCELO S/HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO EN C/I CON LESIONES CULPOSAS" Expte. Nº M-834/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 415/416 declara extinguida la acción penal por prescripción y en consecuencia sobreseer definitivamente a Carlos Marcelo Muñoz en orden al delito de homicidio culposo agravado en c/i con lesiones culposas. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Carlos Marcelo Muñoz asistido técnicamente por la Dra. Marta Dávila, los querellantes, apoderados Dres. Pedro Froment y Javier Stoessel y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 415/416, interpuso recurso de casación el apoderado de la parte querellante, Dr. Pedro Froment, fundándolo en los artículos 439 y 440 del CPP, manifestando que la impugnación se basa tanto en la causal prevista en el inciso 1º como en la dispuesta en el inciso 2º del art. 439 del Código Procesal Penal, al determinar la extinción de la acción penal. Manifestó que "... la violación de la ley deriva de la arbitrariedad en la apreciación de las constancias incontrastable de la causa (en particular, al tener por presentado de modo extemporáneo el recurso de nulidad de la citación a juicio) efectuando en consecuencia un cómputo erróneo de los plazos de prescripción de la acción, consecuencia de lo cual viola las reglas sobre prescripción de la acción penal. Todo ello violó el derecho de mis mandantes al debido proceso legal... efectúa además una lectura defectuosa y excesivamente simplista de las constancias de la causa, regidas por un excesivo ritualismo formal al no advertir la real significación y trascendencia de los actos cumplidos en el proceso...". Agregó "...en cuanto a la causa relativa a la existencia de vicios in procedendo... la inobservancia por parte del Tribunal oral de normas procesales establecidas bajo pena de nulidad... que importó un inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista para el caso. Nos encontramos así ante una resolución arbitraria con una fundamentación meramente aparente...". Plantea como agravio la arbitrariedad, incorrecta valoración de los hechos, violación de los principios de preclusión, violación del debido proceso legal.- A fs. 439/440 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 461.-
El día 08 de mayo de 2014 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 468/469 vta.).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 477, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 511/512 vta., exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Querellante ratificó el recurso de casación presentado a fs. 426/436 agregando que "...lo que se busca el derecho de las víctimas a obtener un pronunciamiento legal según normativa nacional e internacional. Que el cómputo se marca los siguientes hechos, la muerte el 20 de octubre de 2005, el 23 de febrero de 2007 se establece la citación a juicio, la cual se declara nula. La cámara declara la nulidad del acto de clausura de la instrucción y de todos los actos que son su consecuente. A fs. 277 se decreta el 25 de marzo del 2009 la citación a juicio, la parte querellante reitera la fijación de debate en diversas oportunidades. Que luego de fijarse la audiencia de debate, luego se suspende al renunciar la defensa.
Que esta parte reitera la fijación de debate, luego se presenta el imputado designa nueva defensa y peticiona por la prescripción. Que la defensa lo hace con relación a la primera citación a juicio el cual fue declarado nulo. Que la defensa sostiene que la citación a juicio la válida es la primera porque en ella se apoya el fiscal. Que la Cámara resuelve haciendo lugar a la prescripción sin darle traslado a la parte querellante. Sostiene que el acto válido de citación a juicio es del mes de marzo del año 2009 y no como sostiene la Cámara. Que se viola el principio de preclusión en juicio, defensa y demás garantías reconocidas por la Constitución. Que la sentencia de Cámara es arbitraria al desconocer los argumentos planteados.
Que respecto de la remisión del Fiscal a un escrito anterior -citación a juicio- no pueden hacer variar la citación a juicio a posterior la cual debió contar como plazo de inicio, por lo cual la prescripción no había operado. Que la parte no fue notificada en marzo de 2007, esta notificación fue realizada en un domicilio distinto por lo tanto carece de validez. Que la alegación no puede realizarse cinco años después. Que el plazo del recurso no debe computarse como plazo de la prescripción ya que es un ardid procesal, ya que se funda en una resolución de la Cámara errónea. Que la Cámara debió llamar a debate oral y dictar sentencia. Que a contrario de lo sostenido por la defensa el imputado contó con defensa en todo momento... con respecto a la acción civil solicita se remita al Juez competente y se dicte sentencia...".- Por su parte la defensora del Sr.
Muñoz, Dra. Marta Dávila, manifestó que se remite "...a las presentaciones efectuadas tanto en la anterior instancia como en esta sede judicial. Con respecto a lo manifestado por el querellante no es correcto, coincide que la citación a juicio fue en febrero del 2007. Después de esa citación se produce la notificación como dice la querella. Que a fs. 226 fue dirigida al domicilio de la calle Pellegrini que era el domicilio del anterior letrado de mi asistido. Incorrectamente la Cámara cita a juicio en base a tal anormalidad. Que luego ofrecen prueba el 27 de abril y ese mismo día plantean nulidades por anormalidad en la citación. Que se citó a la notificadora, pese a ser un instrumento público que goza de veracidad.
Se declara la nulidad, se retrotrae todo y pasan más de dos años. Que en ese transcurso presentó la acción civil la querella. Que la posición de la Cámara era que los querellantes que no efectuaban la elevación a juicio no tenían inconvenientes de participar en el debate siempre y cuando el fiscal produjera acusación. Que si la querella era el impulso de la acción, no se hubiera entorpecido. La nulidad es al solo efecto de presentar la acción civil. No hay entorpecimiento de su parte sino que fue el accionar del propio querellante. Que desde el año 2009 no hubo presentación alguna de la querella. Que cuando el imputado se queda sin defensor, la Cámara no intima al imputado a designar nuevo defensor.
Que el defensor oficial objeta el procedimiento el cual no ha sido conforme a derecho. La Cámara hizo lugar. Si la parte quisiera dilatar hubiera esperado el juicio y al momento de llevarse a cabo la audiencia pediría la prescripción. Afirma que jamás la defensa entorpeció la causa. Un acto es nulo o no lo es, no puede ser nulo para lo que nos conviene y válido para lo que conviene. Que el fiscal de Cámara al ofrecer la prueba en base al primer requerimiento de citación a juicio -fs. 220-. De ahí que si el acto es nulo, también lo es el ofrecimiento del Sr. Agente Fiscal. Que luego la querella hizo varias presentaciones pidiendo la realización del juicio, pero no se fijó la realización del mismo, por cuestiones de designación de jueces, siendo ajeno a mi asistido.
Que el imputado lleva 10 años en el proceso casi el doble de la pena legal. Que mi asistido también tiene garantías como ser un juicio sin dilaciones indebidas, que así lo entendió el Fiscal de Cámara y el tribunal de juicio..." peticiona porque se haga lugar a la prescripción. "...si se tiene en cuenta que no está prescripto tiene que anularse el ofrecimiento de prueba por remitirse a un acto nulo. No se puede remitir la acción civil ya que la misma está ejercida en el proceso penal. Que los querellantes ante un fallo de prescripción tienen dos años para concurrir a la sede civil por lo que ese derecho no está conculcado...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...el derecho de prescripción es un derecho del imputado, la Cámara Penal hace un análisis certero en la resolución del caso.
Que con respecto a las garantías procesales precisamente está incluido el derecho a la prescripción que tienen los justiciables...". Solicita que se ratifique la postura de la Cámara considerando bien declarada la prescripción...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 426/436 por la parte querellante? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 426/436 por la parte querellante?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal?. Entrando al tratamiento medular del recurso incoado, resulta conveniente recrear, conceptos básicos tendientes a precisar la conceptualización de lo que se entiende por "nulidad", y los efectos que trae aparejado la declaración de invalidez de un acto procesal.-
A.1.- En este sentido, para Clariá Olmedo, la nulidad se trata de "...una conminación legal, expresa o tácita (implícita), por la cual han de declararse inválidos determinados actos procesales cumplidos sin observar las disposiciones exigidas para su realización..." (Clariá Olmedo Jorge A., Tratado de derecho procesal penal, Ed. Ediar, 1964, t IV, p. 186).-
Para Gustavo A. Arocena, la nulidad procesal es "...la invalidación de los actos procesales penales ya ingresados en el proceso, que se han cumplido sin observarse las exigencias impuestas por la ley para su realización y como condición de validez..." (Gustavo A. Arocena, La nulidad en el proceso penal, Ed. Mediterránea, 3a edición ampliada y actualizada, pág. 69).-
Por su parte, Alberto Binder entiende que la nulidad es "...la pérdida de los efectos propios de un acto procesal por su realización defectuosa, es decir, violando las prescripciones legales que regulaban su forma de producción..." (Binder, Alberto M., El incumplimiento de las formas procesales, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires., 2000, pág. 108).-
Para Francisco D'Albora "...la nulidad consiste en privar de eficacia a un acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir los efectos previstos por la ley, al alojar en alguno de sus elementos un vicio que desnaturalizaba...".-
También se ha dicho que el tema de las nulidades está directamente relacionado con el concepto de acto procesalmente válido "...éste... es el adecuado al tipo procesal, o sea, el que se ha ejecutado reuniendo todos los elementos subjetivos (sujetos), instrumentales (medios) y modales (circunstancias) enunciados en su definición por la ley procesal..." (Creus, "Invalidez de los actos procesales penales",Bs. As. Astrea, 1992, pág. 2). En igual forma se expide Maier quien sostiene que "...la nulidad expresa la inidoneidad de alguna acción para poder alcanzar las consecuencias jurídicas que se propuso como fin el agente..." (Maier, Julio B. "Función normativa de la nulidad", pág. 131).- A.2.- En cuanto a sus efectos, como primera aproximación al tema, se puede sostener que la nulidad se extiende a todos los actos que dependan de él directamente; de ahí que se dice "...el acto declarado nulo debe considerarse como la premisa lógica y jurídica de los actos subsiguientes, de manera que, al caer tal premisa, deba necesariamente desaparecer también la validez de los actos que de ella se siguen..." (Leone Giovani, Tratado de derecho procesal penal, Bs. As., Ejea, 1963, t.1., pág 723).- Señala, Arocena "...indudablemente que la declaración de nulidad produce, de modo directo, la invalidación del concreto acto cumplido en forma irregular...Dicha invalidación equivale a extirpar el núcleo de una zona viciada del proceso, cuya capacidad difusiva se ha extendido en todo ese ámbito integrado por actos dependientes y conexos...." (ob. cit. pág. 70).-
En tanto, Mariano La Rosa al analizar la nulidad total dice "...la declaración de nulidad de un acto importa la consecuencia de su invalidez total, aunque su estructura sea compleja. En principio, y en virtud de la unidad de acto procesal, la circunstancia de que el vicio que es causa de nulidad se inserte en uno de sus aspectos y no en otros, no significa que la invalidación se parcialice en aquél, sino que recae sobre el acto completo. La unidad del acto no depende tanto de su estructura formal, cuanto de la unidad de sus efectos procesales. Entonces, del vicio que se extirpa mediante la sanción de nulidad dependen ineludiblemente el núcleo central de todo el proceso, razón por la cual afectará a su integridad debiéndose extender sus efectos a todo el proceso..." (Ob. Cit., pág. 764).- Para concluir con el tema, es importante traer a colación lo expresado por Jauchen quien con relación al tema dice "...El fundamento de la extensión viene dado por cuanto el proceso penal se encuentra integrado por diferentes actos vinculados entre sí por un nexo de validez, apareciendo unos como presupuesto de los otros, y éstos a su vez, como presupuestos de los posteriores... La extensión de la invalidez, entonces, se presupone implícita respecto a los actos posteriores, ya que no es necesaria la declaración jurisdiccional en tanto opera ope legis, lo cual no presenta mayores problemas respecto a la difusión implícita cuando se trata de un presupuesto procesal (cuando no se respeta la secuencia preestablecida en el Código, p. ej., la acusación es presupuesto del debate)...". (Eduardo Jauchen, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 104).- A.3.- Como corolario de lo expuesto, se puede afirmar de manera categórica, que un acto procesal declarado nulo, pierde todo tipo de eficacia dentro del proceso, privándolo de todo efecto que normalmente podía producir.-
En consecuencia, al declararse a fs. 255 la nulidad del acto de clausura de la instrucción (obrante a fs. 210), pierden eficacia jurídica, los actos procesales que son su consecuencia, particularmente el auto de citación a juicio obrante a fs. 217.-
Es decir una vez declarada la nulidad de un acto procesal, ésta se extiende a todos los actos que dependan de él directamente -cuestión absolutamente básica-; de ahí que se dice "...el acto declarado nulo debe considerarse como la premisa lógica y jurídica de los actos subsiguientes, de manera que, al caer tal premisa, deba necesariamente desaparecer también la validez de los actos que de ella se siguen..." (Leone Giovani, Tratado de derecho procesal penal, Bs. As., Ejea, 1963, t.1., pág 723).- En forma congruente con la declaración de nulidad, es la renovación en autos, de determinados actos procesales, como ser la Clausura de la Instrucción -fs 271-, y el auto de citación a juicio -fs. 277-; señala Jauchen en tal sentido "...Como una especie de efecto "reflejo" de la declaración de nulidad aparece la posibilidad de renovación, corrigiéndose los efectos que fueron causa de la declaración, por medio de la realización de un acto similar. La misma tiene lugar mediante la reproducción del auto anulado. Es una construcción in integrum del acto con todos los elementos, con el objeto de sanear los motivos por los cuales ha sido declarado inválido..." (Jauchen, ob. cit. pág. 768).- A.4.- Debe quedar suficientemente claro, que un acto procesal declarado nulo, pierde todo tipo de eficacia jurídica.-
Para abundar sobre el tema, señala Ricardo Nuñez, al analizar los actos de procedimiento, a los cuales se les reconoce efecto interruptor de la prescripción, que tales actos procesales ponen de manifiesto la voluntad de llevar adelante la persecución penal, aclarando que "...debe tratarse de actos formalmente válidos y realizados dentro del término de la prescripción. Pero teniendo esa calidad y oportunidad, interrumpen aunque posteriormente sean revocados, salvo que lo sean por nulidad, pues los actos nulos, por defectos formales o por falta de sus presupuestos procesales, carecen de toda eficacia jurídica..."(Ricardo C. Nuñez, tratado de Derecho Penal, T. II, Ed. Lerner 1978, pág. 191).- En igual sentido, Breglia Arias-Gauna, al analizar el primer llamado a prestar declaración indagatoria dice "...Si se declara la nulidad de la citación, como su efecto es el de ineficacia, el llamado no podrá tener idoneidad jurídica para interrumpir la prescripción y habrá de estarse al primer llamado válido..." (Breglia Arias, Omar y Gauna, Omar R. "Código Penal y leyes complementarias" T. 1, 6ta. Edición, Ed. Astrea, 2007, pág. 635/636).- Vertido lo expuesto al caso en estudio, el auto de citación a juicio válido, es el obrante a fs. 277, y sobre el cual debía analizarse, el planteo efectuado por la defensa -fs. 396/397-.-
En efecto, si se tiene en cuenta la citación a juicio de fs. 277, el mencionado acto procesal, tiene entidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción.-
La circunstancia alegada, referente a que el dictamen Fiscal de ofrecimiento de prueba obrante de fs. 220 y vta, también sería nulo, en nada modifica la situación, ya que declarado nulo el mencionado acto procesal, la acción penal continuaba plenamente operante.-
Es erróneo el criterio del dictamen del Sr. Agente Fiscal, al fundar el rechazo del planteo de la querella, en el art. 162 inc. 1) a cuya lectura -dice remitirse-.-
En primer lugar, la resolución de la Excma. Cámara en la cual se hace lugar a la nulidad del auto de clausura de la instrucción -fs. 255- se encuentra firme, por lo tanto mal se puede cuestionar la legalidad de la mencionada resolución.-
Precisamente, a fs. 233 la querella, esgrime que ha sido notificada erróneamente, de ahí que conforme el buen criterio del entonces Fiscal de Cámara -fs. 253-, se emite la mencionada resolución de nulidad (obrante a fs. 255).-
Por lo demás, al tratarse de una garantía que afecta un derecho constitucional -acceso a la justicia, debido proceso, garantía de defensa, etc-, puede plantearse en cualquier estadío procesal y no solamente en la instrucción como lo esboza erróneamente el Fiscal de Cámara.-
Sintéticamente dice la doctrina "...Si literalmente analizamos la fórmula constitucional debemos advertir que defensa "de la persona y de los derechos" se ejerce no sólo por el imputado y el demandado, sino también por aquel que, precisamente ante la afectación, alteración, violación y, aún, falta de certeza jurídica respecto de sus derechos, acude a la jurisdicción para obtener, procesalmente, justicia..." (Miguel Ángel Almeyra -Director-, Código Procesal Penal de la Nación, Mariano La Rosa -Título V-, Ed. La Ley, pág. 736).- En tanto la jurisprudencia dice "...Si se ha omitido notificar a quien fue tenido como parte querellante del auto de falta de mérito, del auto de procesamiento y del auto que dispone la vista conforme las prescripciones del art. 346 del Código de rito; dicha irregularidad torna írrito lo actuado a partir de la primera omisión, por aplicación de lo dispuesto en el art. 167, inc. 2º del digesto ritual, por cuanto la querella goza de la misma garantía de defender su interés en juicio que las otras partes, y dicha norma apunta a sancionar cualquier omisión del órgano jurisdiccional de darle intervención en el proceso cuando así lo mande la ley, con prescindencia de su facultativo ejercicio" (CNCrim. y Correc. sala V, "Salgado, Fabian S y otro", c.20.388, 10/12/2002).- A pesar de pecar de reiterativo, se debe insistir que el auto de citación a juicio de fs. 277 tiene efecto interruptor de la prescripción conforme a lo normado por el art. 67 inc d) del Código Penal, por lo tanto al haber omitido toda consideración acerca del referido auto, la resolución obrante a fs. 415/416 deviene nula, todo ello en virtud e lo normado por el 116, 439 inc. 2 y 454 del C.P.P. debiéndose designar nuevos magistrados a los efectos de continuar con la tramitación del proceso.- Señala Calvete, en apoyo a lo aquí resuelto "...No hay duda en lo que atañe a la idoneidad interruptiva de este acto, el cual ya era considerado antes de la reforma como apto para detener el avance de la prescripción, debido a que no sólo pertenece a la etapa contradictoria del proceso -la del juicio- sino, además, porque en él las partes tienen plena intervención e igualdad de condiciones...No poseen esta calidad las meras repeticiones de un auto anterior, a pesar de que, por distintas razones, hubiera sido necesario que el expediente pasara de un tribunal a otro y el que lo recibiere hubiere dispuesto una nueva convocatoria de acuerdo con la norma citada, salvo, claro está, que por algún motivo dicho auto hubiera perdido su validez ya que obviamente, en este supuesto, al carecer aquél de virtualidad como tal, no podría tener ninguna influencia para interrumpir el término de la prescripción y la nueva pieza -única en realidad- conservaría los efectos que le atribuye la ley...." (Adolfo Calvete, tratado de la prescripción de la acción penal, Volumen II, Ediciones de la República, pag. 870.) (El Sub. es nuestro).- En la nota a la cita doctrinaria, el distinguido tratadista refiere "...Esta situación puede plantearse en los casos en los que por algún defecto advertido en el decreto o auto de elevación a juicio (conf. arts. 353 y 350, in fine, respectivamente, C.P.P.) se hubiera declarado su nulidad lo que se extiende -debido al carácter difusor que presentan ellas- a los actos obrados en su consecuencia como podría ser, si se hubiera dictado, el contenido en el art. 354, Código Procesal Penal...".- Lamentablemente lo obvio para el distinguido doctrinario, se sido ignorado por el Ministerio Público Fiscal y por los magistrados que fallaron declarando extinguida la acción penal.-
En abono a la nulidad resuelta, debe tenerse presente, que no se ha corrido vista de la petición de la defensa, a la parte querellante, por lo que también desde éste aspecto se afectó el debido proceso legal y el derecho de defensa (Art. 18 C.N).-
En la presente resolución, se han tratado cuestiones absolutamente básicas, referente a la nulidad que han sido obviadas en el resolutorio recurrido.-
En tal sentido el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que: "...Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales...".- Teniendo como fundamento la mencionada norma la CIDH sentenció "...el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como '...la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana...'..." caso "Masacre de Mapiripán", Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C Nº. 134, párr. 237.- Con respecto a las víctimas y sus allegados precisó que "...el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención..." (Cfr. Caso "Almonacid Arellano" párrafos 177 y 181).- Finalmente corresponde tener presente lo resuelto por la CIDH en "Bulacio" en donde se precisó que "...Los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana..." (Bulacio Vs Argentina, párrafo 21, Serie C. Nº 100).-
TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?. Conforme lo expuesto de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 426/436 por la parte querellante; anulándose la resolución dictada a fs. 415/416 por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de continuar con la sustanciación del proceso.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACIENDO LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 426/436 por la parte querellante, ANULANDO la decisión atacada -fs. 415/416- por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de continuar con la sustanciación del proceso.-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal por ser mayoría concordante en la solución del caso.- (art. 27 Ley nº Uno -T.O. Ley nº 2404).-
FIRMADO: Dr. Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2008S.141 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:0015 FOLIO Nº: 095/100 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia