Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 129.265
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia de fs. 523/538 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios y se imponen las costas de Alzada a los demandados en su condición de vencidos (art. 68 del CPCC)..
LM/MMP
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII Causa N° 129265; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - LA PLATA MUÑOZ JORGE FABIAN C/ GOLIK GUSTAVO ROGER S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS.
(EXC.USO AUT. Y ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129265, caratulada: "MUÑOZ JORGE FABIAN C/ GOLIK GUSTAVO ROGER S/DAÑOS Y PERJ.
DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 523/538?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda que por indemnización por daños y perjuicios incoara Jorge Fabian Muñoz en contra de Gustavo Roger Golik y Consorcio Albatros al Costo; condenó a los demandados a pagar al actor en el plazo de diez días de quedar firme el decisorio, la suma de pesos ciento dieciocho mil doscientos diez ($ 118.210), haciendo extensiva la condena a la citada en garantía “Zurich Argentina Compañía de Seguros SA” y “Nación Seguro SA”, en la medida de cada una de las pólizas tomadas; dispuso que las sumas indicadas devengarán desde el día de la producción del evento dañoso y hasta el efectivo pago un interés contemplando la "Tasa pasiva - plazo fijo digital a 30 días" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con la salvedad que desde el 01 de agosto de 2015 seguirá devengándose la misma salvo que el Banco Central estableciera eventualmente la tasa aplicable; sobre los montos que fueron calculadas con valores a la fecha de pericia (rubro "arreglos") ordenó la aplicación del interés puro -tasa del 6% anual- desde la fecha del hecho (5/7/2012) hasta la fecha de fijación de esos valores (23/9/2017) y de allí en más la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos digitales llamadas tasa BIP; impuso las costas a la parte demandada en su condición de vencida (art.68 CPC) y a la Citada en Garantía Zurich Argentina Compañía de Seguros SA y Nación Seguros SA en los términos de cada una de las pólizas tomadas, difiriendo las regulaciones de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14967 (fs. 523/538).
2. Contra esta forma de decidir, interpusieron recurso de apelación el actor (presentación electrónica del 21 de septiembre de 2020 invocando su letrado el art. 48 CPCC, ratificada el 20 de noviembre de 2020), el demandado y las citadas en garantía (escritos electrónicos de fecha 24 septiembre de 2020 Nación Seguros y 25 de septiembre de 2020 Zurich seguros y Gustavo Golik conjuntamente), los que previamente concedidos (proveídos del 22 y 28 de septiembre respectivamente), fueron debidamente fundados en esta instancia (presentaciones del 5 de abril de 2021 el actor, 16 de abril de 2021 Nación Seguros y 27 de abril de 2021 Zurich Argentina y Golik); corrido el pertinente traslado (proveído del 28 de abril de 2021) éste fue contestado por el legitimado activo (presentación del 2 de mayo de 2021), no habiendo hecho lo propio el resto de las partes, por lo que se llamó en ese estado autos para sentencia (proveído del 10 de mayo de 2021).
3 – Jorge Fabián Muñoz se agravia del rechazo del rubro daño material, argumentando que de la simple vista de las fotos del acta notarial dan cuenta que el daño se produjo en una oficina en donde se encontraban los elementos reclamados destruidos. Entiende que debe indemnizárselo en este concepto por los bienes propios que puede haber en una oficina. En lo tocante con el rechazo del lucro cesante se duele del -en su opinión- ilógico razonamiento del juzgador, analizando que éste reconoce que el perito determinó que los arreglos llevarían 10 días y luego rechaza el rubro. Alega que para las reparaciones resulta obvio que el geriátrico debe cerrarse.
Finalmente, se disconforma de la justipreciación del daño moral tildándola de reducida.
Por su parte, Nación Seguros se agravia de la atribución de la responsabilidad en el entendimiento que el siniestro se produjo por culpa del arquitecto, quien era el responsable por su profesionalidad y especificidad de los estudios correspondientes tanto del suelo como de paredes y muros. Concluye al respecto que existe la culpa de un tercero, (el profesional) por quien no debe responder el consorcio y por ende la compañía de seguros.
A todo evento, solicita que el grado de responsabilidad sea fijado de modo concurrente entre el arquitecto en un 80% y el consorcio en un 20%.
Pone en crisis la indemnización por daño moral tildándola de exagerada y la tasa de interés aplicada al rubro daño moral y gastos, concluyendo que fueron fijadas a valores actuales y aun así se estableció la tasa pasiva digital, generando un enriquecimiento sin causa. Solicita la aplicación de la doctrina legal de la SCBA “Vera”.
A su turno, Gustavo Roger Golik y Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. se disconforman de responsabilidad que la sentencia le endilga.
Rechaza que el arquitecto haya sido guardián de la ejecución de la obra, acusando desconocimiento de la Juez de grado sobre la normativa aplicable en relación a la función que debe desempeñar éste como Director de Obra y su responsabilidad subjetiva, en los términos del artículo 1109 Código Civil.
Alega confusión cuando la Juez atribuye la responsabilidad de la relación jurídica sustancial de obra (el Comitente), a quien solo asesora a esa parte durante el desarrollo del mismo (Director de Obra). Lo asemeja a la relación abogado-cliente durante un proceso judicial: nadie atribuiría responsabilidad al abogado por un incumplimiento de su cliente. Agrega que en tal caso su responsabilidad como director de obra no deriva de guardián de la obra, sino de naturaleza objetiva en los términos del art. 1109 CC y que no está acreditado el poder de mando o control de la obra por parte del arquitecto.
Concluye acotando que no hay reglamento ni ley que le sindique el poder de mando o control.
4. Habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077- (en adelante denominado CCyC), habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, el efecto inmediato del nuevo ordenamiento se presenta en las situaciones regladas por la ley. Cuando los mismos particulares regulan sus relaciones, cabe diferenciar entre la ley imperativa y la supletoria. Esta última no rige –acorde el art. 7 del CCyC, al igual que lo ordenaba el art. 3 del Código Civil anterior- para los contratos en curso de ejecución. Por ello, habrá que distinguir si se trata de una ley imperativa, la cual será de aplicación inmediata o si es supletoria, en cuyo caso alcanzará a los contratos nacidos con posterioridad a la vigencia de la ley y no a los que se encuentran en curso de ejecución (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 36).
Sin embargo, el caso de autos, atañe a un hecho que aconteció con la vigencia de la ley anterior (5 de julio de 2012), por lo cual, con el límite enunciado en el párrafo previo, habrá que estar a lo que las partes pactaron en el marco jurídico existente al momento de su concreción (arts. 3, Código Civil -en adelante denominado CC-; 7, 962 y conc., CCyC ley 26.994).
Incluso, desde la perspectiva de los daños, también éstos se deben dirimir acorde el contexto en el cual acontecieron, lo que nos conduce a la aplicación de las disposiciones anteriores. Sin embargo, lo referido a las nuevas normas procesales, como es lo atinente a la carga dinámica de la prueba es de aplicación a los juicios en trámite, pues se trata simplemente de gestionar la prueba (autora y ob. cit., págs. 158 y 159), siempre que ello no implique vulnerar el debido proceso legal (esta Sala, causas 118624, sent. del 27 de agosto de 2015, RSD 107/15; 120064 sent. del 8 de septiembre de 2016).
5 – No ha sido discutido y por ende llega firme a esta instancia, la existencia de hecho consistente en el derrumbe de la pared medianera que unía la obra en construcción y el inmueble de calle 58 N°330 entre 1 y 2 de esta Ciudad acaecido el 5 de julio de 2012, con los alcances y extensión fijados en la sentencia de grado.
En cambio, el demandado Golik y ambas citadas en garantía discrepan respecto de la responsabilidad en la producción del siniestro, endilgándoselas respectivamente.
El arquitecto bajo el argumento que no lo alcanza la responsabilidad objetiva del art. 1113 CC y que no resultó ser guardián de la cosa, mientras que Nación Seguros considera culpable al profesional por su especificidad y experticia en la materia.
Comenzando con el análisis de las disconformidades de las partes y las características del hecho ventilado, he de señalar que los vicios en la construcción pueden contar con distintas génesis: originarse en defectos o fallas del proyecto (planos incorrectos), a partir de errores de cálculo (resistencia de estructuras), en la vulneración de disposiciones legales (ya sea de fondo o de códigos de planeamiento urbano), en el desconocimiento de las reglas del arte, o el uso de materiales inadecuados para la obra de que se trate, etcétera (conf. Molina “responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina” citado por Trigo Represas y López Mesa en “Tratado de la Responsabilidad Civil”, tomo II pag. 610). En este sentido, es que -según las características y circunstancias en las que se produjo el hecho- podrán ser sujetos de responsabilidad por el daño producido profesionales tales como arquitectos, ingenieros o maestro mayor de obras.
Los expertos aludidos pueden entonces desarrollar su actividad solo como “proyectistas” en el estudio y elaboración de la obra o como “directores de obra” vigilando, controlando y dirigiendo su erección. De la posición asumida dependerá su grado de responsabilidad en la ejecución de la construcción.
En el caso en estudio el arquitecto Golik pone en crisis su posición de guardián de la obra y por ende que se le endilgue la responsabilidad objetiva que emana del art. 1113, alegando que -en tal caso- su conducta debe ser evaluada bajo los parámetros de la responsabilidad subjetiva que surge del art. 1109 CC. Ha de señalarse que la responsabilidad por daños causados a terceros contemplada por el art. 1647 del Cód. Civil es, obviamente, de carácter extracontractual. No está circunscripta solo a los casos en que medie inobservancia de las reglamentaciones municipales (extremo al que hace alusión expresa el mencionado artículo), sino que es la común reglada por los arts. 1109 y 1113 CC. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que mientras la obra está en curso de ejecución, el edificio se encuentra bajo la guarda de quien tiene a su cargo la realización o la dirección de los trabajos de construcción, cuya responsabilidad, en tanto el daño provenga de la propia edificación, se regirá por lo dispuesto por el art. 1113 con el mismo alcance de la responsabilidad del dueño de la cosa.
El supuesto de ruina que provoca un daño, se encuadra dentro de la responsabilidad por el “riesgo o vicio de la cosa”, del art. 1113 del CC que estatuye una responsabilidad objetiva, solo obviable por la demostración de la culpa del propio damnificado o de un tercero extraño por quien el “guardián” no deba responder (conf. arts. 1647, 1113 CC; Félix A. Trigo Represas “Responsabilidad Civil de los profesionales” pág. 143 y sig.).
En este orden, jurisprudencialmente se ha erigido y mantenido esta interpretación.
Así, se ha dicho que “...frente a los terceros que resulten víctimas de daños producidos por la ruina o derrumbe de una construcción, no sólo serán responsables los profesionales que aportaron su trabajo material o intelectual para la realización de la obra, sino además el dueño de ésta, tanto si la situación se configura durante la construcción de la obra como luego de su recepción , pues se trata de un daño producido por el vicio o riesgo de la cosa –obra ruinosa–“ (CNCiv Sala C, 23/12/96, Consorcio de Propietarios Pte. Luis Sáenz Peña 785/9, c. Automotores Francia SA LL 2000–B–248).
En el mismo sentido “Cuando se trata de un edificio en etapa de construcción, éste está bajo la guarda de quien tiene a su cargo la ejecución de los trabajos, con responsabilidad análoga a la del dueño de la cosa. Así, ambos responden por los perjuicios ocasionados a la finca lindera, en la medida en que no demuestren que en la emergencia medió alguna razón como para que pueda ser admisible la eximente prevista en el art. 1113 del Código Civil. Al tratarse de una obligación concurrente e indistinta, ambos responden in solidum, de donde la víctima puede reclamar la totalidad de los daños causados, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente acción recursoria, para cuyo caso deberá estarse a los términos del contrato de locación de obra” (CNCIV. Sala L in re “Giardulli Cantino c/ Paredes s/ daños y perjuicios” causa L050393, sent. del 16/12/1996).
“La empresa constructora de un inmueble, los arquitectos que dirigieron la obra y la sociedad fiduciaria son responsables por el deterioro ocasionado en una propiedad lindera como consecuencia de las obras de construcción, pues, habiéndose acreditado la existencia del daño, el vicio de la cosa —en el caso, de la obra—, y no encontrándose acreditado ningún extremo que permita aseverar la interferencia o interrupción del nexo causal, surge la responsabilidad objetiva de aquéllos en los términos del 1113 del Cód. Civil” (conf. Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la segunda Nominación de Rosario, autos “Bentolila, Mario c. RTS Construcciones S.R.L. y otros s/aseguramiento de pruebas” fecha de sent. 18/02/2013, cita LALEY AR/JUR/15244/2013).
Nuestro máximo Tribunal Provincial también ha abordado este extremo sobre el que ha dicho que “Por aplicación de los principios que inspiran el art 1.113 del C.C., la responsabilidad del empresario o director de obra, no descarta la que pudiere corresponder a su vez al propietario del inmueble, en razón de tratarse de responsabilidades conjuntas; no subsidiarias, ni excluyentes. No cabe distinguir entre el dueño o guardián de la cosa, por ello, el perjudicado puede dirigir su acción resarcitoria contra ambos y para que ellos puedan eximir su responsabilidad deberán probar la culpa de la víctima o la de un tercero por quién no deben responder o, también, por la existencia del caso fortuito o fuerza mayor”
(SCBA 10/12/79, ED 87–306).
En resumen, la responsabilidad por los daños producidos durante la ejecución de una obra, se encuentra comprendida dentro de los parámetros dispuestos por el art. 1113 CC en donde se incluye no solo al dueño, sino también al Director de la Obra por ser quien tiene a cargo la ejecución y vigilancia de esos trabajos. De allí que se incluya a este último como guardián. Por ende, la responsabilidad de ambos ante el tercero dañado es de naturaleza extracontractual y objetiva.
Aquí, el carácter de Director de Obra del demandado Gustavo Roger Golik se encuentra debidamente acreditado. Véase por ejemplo que, en la contestación del oficio librado a Municipalidad de La Plata, este organismo informa tal carácter (v. fs. 343/428, esp. 345, 354, 359, 361, 415, 416, e.o.).
Probado el daño, tanto el propietario de la obra como el arquitecto como director de la obra pueden liberase sólo probando el caso fortuito, la culpa exclusiva del damnificado o la de un tercero por el cual no deba responder, lo cual no ha sido siquiera alegado por las partes. Por estos mismos motivos es que la culpa endilgada por Nación Seguros al profesional no resulta procedente toda vez que fue su asegurado –el consorcio demandado- quien contrató al arquitecto accionado a proyectar y dirigir la obra, no tratándose entonces Golik de un tercero ajeno por quien no deba responder. Además, no resulta efectiva la posición de librarse de la responsabilidad por parte del dueño de la obra en este extremo, toda vez que la carga –como se dijo- es de carácter objetiva (art. 1113 CC).
A todo evento, y ante los agravios del arquitecto demandado, evidencio que la responsabilidad subjetiva del demandado Golik también se encuentra acreditada a partir del análisis de la pericia en Ingeniería Civil efectuada por Ing. Marcelo Soncini quien da cuenta que: “De acuerdo a la documentación obrante en el expediente se realizaron estudios de suelos, no así de las paredes medianeras” (punto 1 al cuestionario de la actora”, agregando que “De acuerdo a la descripción de los sucesos realizada por el Inspector de la Dirección de Obras Particulares la caída de la pared medianera se produjo por negligencia en la ejecución de la obra al realizarse un incorrecto apuntalamiento de la pared” (fs. 435/439). Consecuencia de ello, el quien reclama cuenta con acción indemnizatoria directa, tanto contra el constructor y director de obra como contra el dueño del terreno, por lo que la sentencia en este extremo luce ajustada a derecho correspondiendo su confirmación (arts. 1109, 1113, 1467 CC, 384, 474 CPCC).
6 – Superadas las quejas relativas a la asignación de la responsabilidad, cabe abordar las atinentes a la procedencia y cuantificación de los rubros indemnizatorios reclamados.
6.1. Daño Material.
El legitimado activo se duele de su rechazo, alegando que de las características propias del siniestro deben inferirse la pérdida de los objetos detallados en la demanda.
A fin de abordar este extremo, no encuentro ocioso destacar que el art. 375 CPCC pone en cabeza de la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido el acreditarlo, agregando que cada contendiente deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Se ha dicho asimismo que “El artículo 375 del CPCC dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan – y que pretenden subsumir – como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifique la legitimidad de su reclamo” (SCBA LP C 120605 Sent. del 07/03/2018 Juez Pettigiani SD).
Asimismo, “La formación material de conocimiento en el proceso constituye una carga de las partes y condiciona a la actuación del Juez. De su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o rechazadas, de modo que, junto a la carga de la afirmación de los hechos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fuesen reconocidos o se trate de hechos notorios. Pesa sobre las partes el imperativo del propio interés de aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de su omisión” (Conf. esta Cámara, Sala III causa 123399 RSD 158-18 sent. del 16/08/2018).
Las partes deben asumir la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, en caso contrario, soportar las consecuencias, de incumplir ese imperativo que hace a su propio interés (SCBA DJBA 131-133 o LL 1987-C-423).
Es decir que, “la prueba del daño corre por cuenta de quien lo reclama, no siendo suficiente para que proceda la pretensión de su indemnización la mera posibilidad de su existencia” (conf. SCBA LP B 60831 RDS 25-20, sent. del 27/05/2020, Juez Kogan SD).
Se desprende como consecuencia de lo expuesto que pesaba sobre actor probar los daños supuestamente sufridos.
Ahora bien, contrariamente a lo requerido por la norma, el reclamante se limitó a hacer un largo listado de objetos dañados y/o arruinados a partir del hecho (incluyendo hasta joyas de oro), pero omitió producir prueba alguna en dirección de probar esos menoscabos.
Nótese al respecto que del acta notarial a la que hace referencia en los agravios expuestos, no surge constatación alguna por parte del escribano respecto de los objetos descriptos, ni surgen de las fotografías acompañadas allí donde solo se ve un mueble contra una pared el que se evidencia en buen estado de conservación (v. fs. 57/63). Del mismo modo, de las fotografías que se anexan a fs. 20/44 tampoco surge elemento alguno que abonen la procedencia del reclamo.
Luego, no se acompañaron a este juicio facturas de compra, declaraciones testimoniales, inventario, ni cualquier otra probanza que haga alusión a la presencia de alguno de los bienes en esa oficina y que -en el hipotético caso que hubiera comprobado su existencia- hayan sido dañados, inutilizados o perdidos a partir del derrumbe (art. 384 CPCC). Consecuencia necesaria de ello es el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia de grado en este extremo (art. 384 CPCC). 6.2 – Lucro cesante.
A diferencia del daño emergente -que constituye un menoscabo a los valores económicos ya existentes, un empobrecimiento del patrimonio-, el lucro cesante se genera cuando lo que se pierde es una ventaja económica esperada, un enriquecimiento patrimonial previsto (arts. 1069 del C.C.; Orgaz, “El Daño Resarcible”, año 1952, pág. 45). Para que sea procedente la indemnización en este concepto no basta probar la simple posibilidad de haber obtenido una ganancia, sino que es necesario demostrar la privación de un acrecentamiento patrimonial, que el actor hubiera podido obtener verosímilmente, conformando de este modo un daño cierto (conf. Santos Briz, “La Responsabilidad Civil”, 2da. edición, págs. 228 a 230; esta Sala, causa 102.290, sent. del 10/6/2004, RSD-138/2004; causa 117.292, sent. del 1/7/2014, RSD-88/2014; causa 117.288, sent. del 7/8/2014, RSD-103/2014).
Tal como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “El lucro cesante está configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a las probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas, cuya admisión requiere una acreditación suficiente del beneficio económico y que exista un concreto grado de probabilidad de que el daño se convierta en cierto” (CSJN, “CONSULTORA MEGATOR S.A. C/ ESTADO NACIONAL s/ordinario”, C. 1057. XLIX. ROR, sent. del 9/12/2015, Fallos: 338:1477).
En este aspecto, evidencio que –al igual que el punto anterior y de conformidad con lo dispuesto por la sentencia de grado- no se encuentra medio de prueba alguno que acredite que el geriátrico debió estar cerrado para hacer las reparaciones, siempre que los daños fueron exclusivamente en una oficina.
Nótese que a fs. 15 el acta de inspección del Ministerio de Saludo acompañado por el mismo reclamante da cuenta que el 5 de julio de 2012 se constata que en el lugar se encuentra habilitado un geriátrico, verificando el derrumbe de un a pared “medianera que afecta a la salida de emergencia y oficina administrativa y pasillo... los demás sectores se encuentran en idénticas condiciones a las del momento de la habilitación”, mientras que a fs. 19 (y fs. 460 contestación de oficio) la noticia del Diario “El Día” del 6 de julio de 2012 informa: “Derrumbe y susto en un geriátrico pegado a una obra en construcción” y en su desarrollo da cuenta del desmoronamiento en una oficina y no en el resto del geriátrico. Y si bien la pericia da cuenta que “Las tareas descriptas pueden insumir un tiempo de ejecución de aproximadamente 10 días corridos” y “No se considera que existan posibles secuelas edilicias como consecuencia del accidente” (fs. 435/439), no se ha acreditado en modo alguno que esos arreglos hayan sido efectivamente realizados y en tal caso si eso requirió el cierre del establecimiento o bien el traslado de los ancianos allí alojados a otro centro asistencial a tales fines (arts. 384, 474 CPCC).
Finalmente, y no resulta menor para determinar el rechazo de los agravios del actor en este sentido, es que – según lo informa la Municipalidad de La Plata en su contestación de oficio- el geriátrico habilitado por el señor Muñoz en octubre de 1999 no cumplió con el reempadronamiento del año 2008 por lo que la “habilitación está fuera de vigencia” (fs. 268/69). De allí que no resulta válido pedir ahora lucro cesante por una actividad que no está habilitado municipalmente para ejercer (art. 384, 474 CPCC).
Además, no ha aportado dato alguno de cantidad de personas alojadas en el geriátrico, tipo de servicio, precio y modalidad de pago y en tal caso la reducción de ingresos generada a partir de la ejecución de los arreglos. Por todas esas razones es que el rechazo del rubro en estudio se impone, debiéndose confirmar la sentencia de grado en este punto (arts.
384, 474 CPCC).
6.3 – Daño Moral.
La cuantificación del rubro moral agravia a ambas partes. El actor la considera reducida, mientras que los demandados lo aprecian elevado.
Con relación a su procedencia y cuantificación he de destacar que conforme lo establecen los art. 1078 del CC y los actuales arts. 1738 y 1741 del CCyC, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Se entiende que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (Conf. SCBA. AC: 35579 del 22/04/86; esta Sala, causa 96.891, sent. del 2/04/2002, RSD 46/2002).
A los fines de cuantificarlo, no resulta ocioso indicar que su determinación no está sujeta a reglas fijas (Conf. SCBA, C 98039, sent. del 18/03/2009) y que para su determinación depende “… Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica –daño in re ipsay es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21/11/1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14/06/1996; Ac. 56.328, sent. del 5/08/1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12/05/1998; Ac. 64.247, sent. del 2/03/1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23/04/2003).
Aun así, debe fijarse o adecuarse un monto acorde a las características del hecho ventilado en estas actuaciones. En este sentido, encuentro que por lo inesperado y traumático del derrumbe el efectivamente actor sufrió padecimientos de distinta entidad, fundamentalmente en su tranquilidad personal y vida en relación que deben ser indemnizados.
Ahora bien, no es menos cierto que de las probanzas de autos surge una afectación ciertamente limitada.
Prueba de ello es la determinación de la perito psicóloga Lic. Elizabeth Ontivero quien dictamina que “Por lo evidenciado en las técnicas, el Sr. Muñoz al momento de las entrevistas no padece trastornos o perturbaciones psicológicas. En cuanto a esto en la primera entrevista se presenta demostrando que el hecho de litis ha sido elaborado por completo, en sus palabras ´no tengo ningún tipo de problema, ni sueños, ni pensamientos, nada de eso´ (SIC), denotando con su gesticulación y ánimo corporal cierta nimiedad, y cierto conocimiento de la ciencia. Se presenta con ánimo estable, buena articulación del discurso, adecuada higiene personal y aseo, relajación muscular, establece contacto visual, atento a la comunicación Sin embargo, en el segundo encuentro, su presentación cambio rotundamente, así las cosas en dos técnicas de las realizadas (Concepto más desagradable y Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático) elije como tema principal “el derrumbe”, sin demostrar en ambas compromiso serio, sino justamente evidenciado cierto grado de simulación. Un discurso extremadamente diferente en ambos encuentros; en el segundo encuentro se presenta con un discurso sin interrupciones y en exceso sincronizado, lo cual da indicios de algo estipulado, planificado, fingido. Respecto al estado psíquico del peritado al momento de la evaluación, se puede inferir que el sujeto posee un estilo de temperamento flemático, caracterizado por una baja sensibilidad, alta actividad y concentración de la atención; baja reactividad a los estímulos del medio, introvertido, calmado, impasible, altamente racional, calculador y analítico; altamente defensivo. Ubicado en tiempo y espacio, deambula por sus propios medios. Se expresa con un lenguaje natural y verbal, acorde a instrucción y edad del sujeto. Un yo con adecuado grado de fortaleza, con capacidad plástica de reorganizarse y reponerse (evidenciado en cuestionario desiderativo, pudiendo responder ambas catexias mediante la idealización y la peyorativización respectivamente)” (fs. 478/481).
De allí es que, como se dijo, tengo por evidenciada la existencia del daño moral, pero con una extensión limitada y reducida motivo por el cual encuentro que el monto indemnizatorio fijado por la sentencia de grado resulta adecuado y propongo confirmarlo (arts. 1078 CC, 1738 y 1741 CCyC, 384, 474 CPCC).
7 – Finalmente, respecto a los agravios de Nación Seguro en dirección a la tasa de interés dispuesta para el rubro daño moral e indemnización por gastos, adelanto que no asiste razón al apelante. Ello toda vez que de la sentencia de grado se desprende claramente que los montos aludidos en ambos apartados fueron fijados en valores históricos. Esta circunstancia se vislumbra a partir de que al monto que decidió cuantificar a valores actuales, lo destacó de forma expresa y aplicó la tasa pura emanada de los antecedes “Vera” y “Nidera” de la SCBA (v. punto VII de la sentencia).
A partir de allí, se evidencia que el daño moral y la reparación por gastos -que no fueron incluidos en esa salvedad- fue fijado valores históricos a la fecha de la presentación de la demanda. Mas aún en el caso del último de estos rubros en donde la sentencia de grado dice expresamente que se cuantificó a “valores a la fecha de la interposición de la demanda” (punto 3 “gastos” de sentencia fs. referidas)
En consecuencia, el fallo de grado se ajusta a derecho y la doctrina legal imperante en la materia por lo que debe ser confirmado en este extremo (arts. 7, 768 inc. “c” CCyC).
8. Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
9. En tal entendimiento, he de propiciar el rechazo de los agravios articulados por las partes, confirmando la sentencia atacada en todos sus alcances con costas en esta instancia a los demandados en su calidad de vencidos (arts. 1109, 1113, 1467 CC, 7 CCyC, 384, 474 CPCC). Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
Atento el acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde confirmar el fallo atacado de fs. 523/538, en todo lo que decide y que ha sido materia de recurso y agravios, debiendo imponerse las costas de Alzada a los demandados en la calidad de vencidos (art. 68 del CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la apelada sentencia de fs. 523/538 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios y se imponen las costas de Alzada a los demandados en su condición de vencidos (art. 68 del CPCC)..
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia