Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-1.819/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 584/597 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que obra a fs. 571/576 vta., dejándola sin efecto.-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda deducida y condenando a la demandada Schlumberger Argentina S.A. a abonar al accionante Carlos Francisco Murua los créditos reconocidos en el Considerando V de la presente sentencia, con más los intereses fijados en el mismo.-
3Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-1.819/11-TSJ Sentencia N°: 576 Actor: MURUA CARLOS FRANCISCO Demandado: SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A Objeto: LABORAL – COBRO DE PESOS Fecha: 11-07-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 576.-
FOLIO Nº 3.279/3.288.-
PROT. ELECT. TSS1 015 S.141
Río Gallegos, 11 de julio de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL – COBRO DE PESOS”, Expte. M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia y;
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 584/597 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 571/576 vta., la cual revoca la sentencia de Primera Instancia dictada a fs. 527/537 vta. que había admitido la demanda laboral por despido incausado condenando a la demandada a abonar la indemnización de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT y la indemnización agravada prevista en el artículo 16 de la ley 25561.- El recurrente solicita se declare la nulidad de la sentencia por quebrantamiento de la forma y violación de la ley e inaplicabilidad incurriendo en absurdo.-
Bajo el título “NULIDAD POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS” expresa el recurrente que “…el fallo excede el encuadre formal previsto, violando el principio de congruencia…” (confr. fs. 592). Asimismo, en el acápite titulado “ARBITRARIEDAD MANIFIESTA – VIOLACIÓN E INAPLICABILIDAD DE LA LEY – EL ABSURDO” agrega que “…la sentencia atacada es arbitraria en cuanto desarrolla una consideración fragmentaria, parcializada de las pruebas, indicios y presunciones, incurriendo a esos fines en una flagrante violación de la ley vigente, modificando las cargas probatorias, y arribando a conclusiones que constituyen un análisis parcial y aislado de los elementos de la causa…” (confr. fs. cit.). Al ingresar en el desarrollo en particular de los agravios explica que la sentencia impugnada incurre en errores de interpretación y valoración de las pruebas producidas en el proceso, al no haber “…ponderado suficientemente uno de los ejes medulares de la cuestión llevada a análisis, cual fuera, la falta de capacitación formal del Sr.
MURUA para hacer las complejas tareas encomendadas… el Ad quem se limitó a interpretar que la experiencia de hecho que pudo haber tenido el actor para desarrollar las tareas de cementación eran suficientes y no entró en el análisis de las consecuencias de falta de capacitación formal para desarrollar tareas de cementación de capas. De hecho, se basa en el supuesto reconocimiento por parte de Murúa, tanto en la demanda, como en la prueba confesional…” (confr. fs. 592 vta./593). Dice, al respecto, que “…De la lectura de la demanda, en modo alguno puede interpretarse que el Sr. MURUA reconozca culpa en el hecho que se adhiera por parte de la demandada como causal de despido. Al contrario, el Sr,.
Murua, actuó siguiendo su buen criterio, dentro de sus facultades y limitaciones…” (confr. fs. 593). En cuanto a la prueba confesional, señala que el actor “…hace referencia, a que había realizado operaciones similares, pero siempre dentro de un marco informal, sin haber recibido capacitación en el área. Ello fue puntualizado con precisión…” (confr. fs. 593). De tal modo, el recurrente argumenta que la Excma. Cámara no valoró “…la falta de capacitación en una tarea específica… [por lo que] ha de advertirse que se ha violado el Principio de prudencia judicial, a fin de valorar la causa de despido…” (confr. fs. 593). Estima también, que la Excma. Cámara razona dogmáticamente “…en cuanto a darles efectos de confesión lisa y llana a Murúa, al momento de absolver posiciones…” (confr. fs. cit.).
Impugna el argumento, afirmando que “…De ningún modo puede considerarse que el actor reconoció que por su culpa la herramienta quedó trabada. El actor hace un relato de los hechos, diciendo que la herramienta quedó trabada aparentemente por errores en los cálculos. De ningún modo reconoce que fue por culpa de él, pues esa carga pesa sobre el que produce el despido…” (confr. fs. cit.). Asimismo, dice que “…El empleador refiere que en todos los casos daba un programa con el procedimiento a seguir, pero no lo ha presentado a esta causa, por lo que no puede advertirse donde está la violación a los procedimientos que en forma dolosa el actor, según los dichos de la accionada, incumplió…” (confr. fs. cit.).
Y agrega que “…lo medular es si la empresa lo capacitó para el trabajo que le encomendó…” (confr. fs. 593 vta.), destacando que la demandada “…no aportó ningún tipo de prueba que acredite la capacitación. Ello, pese a considerar absurdo, según los propios dichos de la accionada, que ello no sea así. Es decir, se valoró dogmáticamente los dichos de MURUA, pero no el reconocimiento de la demandada, y menos aún la TOTAL falta de pruebas. Debido a esta ausencia y manifiesta orfandad probatoria, el Juez de PRIMERA Instancia, hizo lugar a la demanda…” (confr. fs. 594), estimando que en razón de “…La interpretación parcial en la valoración de los antecedentes de autos, y la consecuente falta de soporte lógico en la actividad intelectiva, merece la modificación de la sentencia de CÁMARA… En consecuencia, el fallo en crisis quebranta las formas dispuestas por los arts. 34 inc. 4 (principio de congruencia), 170 a 175 del CPCC (nulidad) 419, 420 y 425 del CPCC…” (confr. fs. 594).
Pone de manifiesto también que “…la Cámara ha invertido el principio de la carga de la prueba, pues al haber el empleador cometido un despido sin causa, pesaba sobre él demostrar que procedimiento incumplió MURUA. Claro está que, tratándose de un juicio laboral por un despido fundado en causa, la violación del art. 355 deviene del hecho que incumbe al empleador probar el hecho del despido. En el caso presente, el ad quem invirtió este principio derivado del principio protectorio del trabajo, plasmado en el art. 14 bis de la C.N….” (confr. fs. 595). Seguidamente, emprende el tratamiento de los agravios referidos a la invocada causal de violación de la ley (art. 3°, inc. a) de la ley 1687), indicando que “…La Cámara de Apelaciones ha violado el principio del art. 242 de la LCT, pese a que lo ha invocado… pues de la[s] piezas obrantes en el expediente, no surge la prueba del incumplimiento por parte de MURUA.
En el caso presente, ya destacamos que las operaciones encomendadas a MURUA merecían un grado de capacitación que la empresa no impartió… no acompañó el programa ni acreditó que hubieran al momento de realizarse la operación superiores dependientes de la EMPRESA SCHLUMBERGER, por lo que el razonamiento es ilógico y extraño a las constancias de la causa. Entonces, mal puede hablarse que en todo caso debió consultar con los superiores jerárquicos de la empresa demandada, a quienes debía responder. Claro está que una operación en el campo, donde las distancias y los tiempos son tiranos, indican que debe efectuarse con las personas presentes en el lugar, donde en su caso intervendrá el inspector del pozo… Si la empresa hubiera acreditado, con la presencia del inspector, o de un superior presente en la operación, que MURUA no consultó, cuando debió hacerlo, quizás el razonamiento fuera atendible.
Lo cierto es que MURUA estaba sólo (sic), sin superiores al momento de realizar la operación, y la empresa no acompañó ni probó que el actor violó el procedimiento o el programa, que por otra parte, recordemos, no acompañó…” (confr. fs. 595 vta.). Por último, pone énfasis en resaltar que la decisión asumida por la Excma. Cámara “…ha violado el deber de juzgar con prudencia la causa de despido invocada, y se ha efectuado una absurda valoración de la prueba, con lo cual se ha llegado a una solución y un razonamiento carentes de lógica y sentido común…” (confr. fs. 596 vta.). Y que “…si existía una duda acerca de un posible incumplimiento del trabajador, debió aplicarse el principio in dubio pro operario, principio, que claro está también ha sido vulnerado en la sentencia de Cámara en crisis.
Constituye, el caso presente, un claro quebrantamiento del art. 364 del CPCC que impone a los jueces apreciar la prueba según las reglas de la ‘sana crítica’, lo que indudablemente no ha sucedido en el decisorio que motiva la presente casación…” (confr. fs. 597).- Que, a fs. 600 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso impetrado. Declarado bien concedido el recurso de casación (confr. fs. 611 y vta.) y puestos los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º de la ley 1687 -Recurso de Casación-, únicamente la demandada hace uso de su derecho, solicitando el rechazo del recurso articulado por la contraria (confr. fs. 614/620).-
A fs. 623/624 vta., contesta la vista conferida el señor Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 8° de la ley 1687. En su dictamen, el señor Agente Fiscal afirma que “…en la sentencia impugnada de fs. 571/576/vta., se ha incurrido en franca Violación de la Ley y Quebrantamiento de Forma tal como lo preven los Arts. 2 y 3 inc. a) de la Ley Provincial 1687 como condiciones de viabilidad de tal canal recursivo, siendo opinión de ésta Fiscalía que el Recurso de Casación articulado por la actora es procedente…” (confr. fs. 624). Arriba a esa conclusión luego de considerar que “…en el caso de marras ha evidenciado la misma accionada la falta de capacitación que alega, fundamento del despido, del Sr. Murúa pues, claro está que no hubo de instruirlo ni prepararlo para ello.- El Sr. Murúa ostentaba una de las categorías más bajas dentro de las comprendidas en el escalafón de los trabajadores petroleros, pues tan sólo se desempeñaba como Supervisor de Servicios (tal se desprende de la documental adjunta, recibos de haberes) no como Inspector, que en todo caso sería el responsable de la seguridad del pozo, por lo que, como corolario de lo expuesto, la responsabilidad no caería en cabeza del despedido, menos aún, ante la omisión de pruebas conducentes a merituar ello, interpretase, por parte de la empresa…(sic)” (confr. fs. 623 vta./624).- A fs. 625, se llaman autos para dictar sentencia.-
II. Tal como ha quedado planteada la cuestión extraordinaria, ésta se desarrolla dentro del carril impugnativo de los artículos 2º, 3º, inciso a) de la ley 1687 y arbitrariedad.-
En cuanto al alegado quebrantamiento de las formas, el artículo 2º de la ley 1687 establece que “?El recurso de casación por quebrantamiento de forma procede cuando se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia, siempre que la nulidad no haya sido consentida por las partes”.-
Distinguida doctrina ha dicho que “…esta vía tiene en miras el quebrantamiento de las formas, y sus causales se agrupan en dos categorías: a) omisión de cuestiones esenciales; b) falta de fundamentación legal. El medio bajo análisis tiene por objeto asegurar la observancia de las formalidades impuestas…” (confr. HITTERS, Juan Carlos, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación’, Ed. LEP, La Plata, 1998, pág. 635/635).-
El recurrente sostiene principalmente este agravio en la violación al principio de congruencia, al haber omitido la Cámara considerar el argumento central de la demanda, que era la falta de capacitación del actor.-
Es preciso entonces, analizar las cuestiones que hacen a la estructura formal del pronunciamiento de segunda instancia, en particular en cuanto a la observancia -o no- del principio de congruencia previsto en los artículos 34, inciso 4º; 164, inciso 6º; 165; 166; 276 y 277 del CPC y C.-
De este modo, es oportuno señalar que el principio de congruencia impone una correlatividad entre lo pretendido en la demanda y la contestación, y lo resuelto en la sentencia. En este sentido se ha expedido este Tribunal al decir: “?el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad con los artículos 34, inc. 4º, y 164, inc. 6º del CPC y C, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas (confr. Tomo IV, Sentencia, Reg. 144, Folio 699/705). Importa, en definitiva, una limitación a las facultades del juez: éste no debe sentenciar en más de lo debatido, o dejar de fallar en la materia litigiosa del caso (confr. SAGÜÉS, ‘Acción de Amparo’, p. 459 y ss, 209 con las opiniones de Bidart Campos y Lazzarini, citado en Sagüés, Néstor Pedro, ‘Derecho Procesal Constitucional – Recurso Extraordinario’, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, tomo I, pág. 219/220). La omisión de cuestiones o temas conducentes oportunamente propuestos por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben en consecuencia ser dejadas sin efecto (Fallos: 261:297; 303:757, 306:178 y 950; 319:215 y 1377; 320:2198, 324:1119; Wetzler Malbrán, “Una sentencia justa y una interesante apertura del criterio de admisibilidad del recurso extraordinario”, ED, 186-436, citado en ob. y aut. cit. pág. 221). El déficit que se indica puede consistir en la omisión de la consideración de planteos, en no hacerse cargo de ciertos argumentos aducidos por el recurrente, en no analizar adecuadamente determinados agravios, no tratar diversos pedidos, en omitir ciertos temas de ineludible consideración, como la impugnación a un peritaje, etc. (confr. aut. y ob. cit., pág. 221?” (confr. Tomo XIV, Sentencia, Reg. 480, Folio 2603/2611).- Dentro de este particular cuadrante, y analizando detenidamente el fallo atacado, no se observa omisión alguna referida a la argumentación sobre la capacitación del trabajador, en tanto y en cuanto los juzgadores se refirieron expresamente al sostener “…que no puede alegar Murúa después de admitir en su confesional haberse desempeñado en tareas similares durante casi tres años (unas cincuenta veces) con la consiguiente capacitación en el campo, que no había sido suficientemente capacitado para realizarla...” (confr. fs. 575). En consecuencia carece de sustento la causal de quebrantamiento de forma invocada.-
En este sentido tiene sentada su postura este Tribunal Superior que reiteradamente ha sostenido que “?El quebrantamiento de las formas esenciales del acto jurisdiccional se debe demostrar y probar exhaustivamente, siendo insuficiente la sola alegación e invocación de falta de fundamentación, ya que es imprescindible un despliegue argumental que demuestre y descubra la ausencia de la estructura formal, motivante y lógica que debe presidir todo fallo?” (confr. Tomo II, Sentencia, Reg. 61, Folio 245/250). Por lo cual corresponde el rechazo del recurso por quebrantamiento de formas ya que el mismo es invocado, mas no es fundado por la parte.-
III. A los efectos de la debida resolución del presente recurso, corresponde efectuar el análisis por el camino de la violación o errónea aplicación de la ley, teniendo en cuenta que el principal embate recae sobre las supuestas violaciones por parte de la Cámara de los artículos 355 del CPC y C y 242 de la LCT, en especial al principio protectorio y la valoración absurda de la prueba, alegada por el recurrente.-
Que, para una mejor comprensión de la cuestión que nos ocupa, resulta apropiado recordar que el vínculo laboral entre Carlos Francisco Murúa y la firma Schlumberger Argentina S.A., se extinguió por decisión de la empresa empleadora, quien consideró que en la realización de una tarea que le fuera encomendada el trabajador incurrió en un incumplimiento de tal magnitud que produjo la pérdida de confianza, dando por concluida la relación laboral con justa causa.-
Tanto es así, que conforme surge de las constancias obrantes en autos, el 8 de mayo del 2004 la firma Schlumberger Argentina S.A. remite carta documento al Sr. Carlos F. Murúa comunicándole su decisión de dar por terminado el vínculo laboral que hasta ese momento venían sosteniendo. Según se expresa en la notificación, la empleadora arriba a tal decisión luego de evaluar los hechos ocurridos el 8 de abril del mismo año, oportunidad en que se reprocha al accionante la falta de cumplimiento de los procedimientos y normas internas de la empresa en la ejecución de una operación de sellado de una perforación que estaba a su cargo realizar. Se afirmó también, que el señor Murúa puso en riesgo la integridad del pozo, irrogándose elevados gastos por las reparaciones que debieron implementarse, provocando daños a la firma empleadora. Indica asimismo, que el actor estaba notificado de cuáles eran los procedimientos y normas que debía seguir y no obstante, “?a sabiendas, decidió incumplirlos, ocasionando los daños e inconvenientes descriptos y poniendo en riesgo la seguridad propia, de sus compañeros y del patrimonio de la empresa?”, invocando la pérdida de confianza como causal de extinción del contrato de trabajo que los unía (confr. fs. 19).- Como regla general que regula la materia que nos convoca, vale tener especialmente en cuenta que la extinción del contrato de trabajo puede tener lugar frente al incumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo alguna de las partes, inobservancia que siempre debe configurar injuria y que además, atendiendo a su gravedad no se consienta la prosecución del vínculo laboral. Pero son los jueces quienes tienen a su cargo el deber de valorar prudencialmente la injuria, no perdiendo de vista el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, ciñéndose a las reglas establecidas en la ley de contrato de trabajo, y a las modalidades y circunstancias personales que se presenten en cada caso (confr. art. 242, LCT).- Debe tenerse en cuenta que la falta debe ser lo suficientemente grave como para constituir injuria que impida la continuación de la relación laboral. Asimismo, debe ser proporcional y resultar razonable respecto del incumplimiento; si se trata de un despido directo, el empleador debe tener en cuenta los antecedentes del trabajador (vgr. sanciones anteriores) y su antigüedad, como también si la falta cometida ha sido reiterada.-
Nótese, que en la ley no se formulan conceptualizaciones ni enumeraciones típicas de cuáles habrán de configurar conductas injuriosas; por el contrario, podría decirse que se aplica un criterio de amplia flexibilidad permitiendo que sea el juez quien determine en cada caso que le es sometido a su conocimiento, y conforme las particularidades propias del asunto, si la gravedad del incumplimiento que se imputa resulta suficiente para justificar la rescisión del vínculo sin derecho a percibir indemnización por antigüedad.-
En el caso, la empresa demandada invoca la pérdida de confianza para extinguir el vínculo. De los términos de la comunicación de despido expresamente se afirma que el proceder del trabajador ha sido realizado “a sabiendas”, argumento que le ha servido de andamiaje para invocar la pérdida de confianza como causal de despido.-
Al respecto, Javier Fernández Madrid afirma que “?la pérdida de confianza no es invocable como causa autónoma que determine la finalización del vínculo, sino que debe partirse de la alegación de un hecho desleal (incumplimiento concreto) que en razón de su naturaleza y del tipo de función encomendada, pueda llevar razonablemente al ánimo del empleador la convicción de que hechos de similar factura puedan repetirse en el futuro, calificando así la conducta del dependiente?” (FERNÁNDEZ MADRID Javier, ‘Prueba del incumplimiento objetivo determinante de la pérdida de confianza’, publicado en La Ley 2011-A, 230).-
También se ha afirmado que “?Como la noción de pérdida de confianza no constituye más que un mero sentimiento subjetivo, para que el despido resulte legítimo hace falta que tal figura se torne operativa en base a un incumplimiento objetivo del trabajador que traduzca la imposibilidad de que la relación de trabajo continúe vigente, en tanto frustre las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo, lo que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es confiable?” (confr. VÁZQUEZ VIALARD Antonio -Director-, “Ley de Contrato de Trabajo - Comentada y Concordada”, Ed. Rubinzal Culzoni, 1º Edición, Santa Fe, 2005, Tomo III, pág. 370).- La pérdida de confianza puede justificar una medida rescisoria en los términos del artículo 242, LCT, cuando esa apreciación de carácter subjetivo es el resultado de circunstancias objetivas debidamente probadas y no una mera hipótesis o inferencia fundada en suposiciones (confr. CNTrab Sala II, 22/6/1999, “Espinoza, Eduardo Dalmiro v. Carrefour Argentina”, LL AR/JUR/5421/1999). Traduce un sentimiento subjetivo irrelevante para el ordenamiento jurídico y son los hechos en los que se funda los que deben ser objeto de escrutinio a fin de determinar su idoneidad objetiva como injuria laboral. Solamente puede invocarse como injuria y justificar un despido el daño producido por dolo o culpa grave. En cambio, los daños no culposos y la culpa leve o simple no pueden ser causa justificada de cesantía. Si se trata de un obrar negligente, es decir, de una conducta reiterada, puede configurar injuria si previamente se intimó al trabajador a que corrigiera su actitud y éste hizo caso omiso. Al contrario, un simple descuido o un error aislado no tienen entidad como para justificar el despido del dependiente. (confr. GRISOLÍA, Julio A., “Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”, Lexis Nexis, 2004, Vol. II, 10ma ed. ampliada y actualizada, pág. 1154/1155 y sgts.).- Se ha expresado igualmente, que resulta injustificado el despido del trabajador si la medida se funda en el incumplimiento de ciertas normas de seguridad y no fue alegada la existencia de antecedentes al respecto, lo cual sugiere fuertemente que o bien se toleraba esa conducta o bien el actor no la cometía (confr. CNTrab Sala VIII, “Fernández, Héctor S. c. SALFACO S.A.”, 31/03/2006, LL AR/JUR/4251/2006).-
Lograr demostrar y probar la causal mencionada es una tarea difícil, ya que, como se dijo, se debe acreditar un hecho objetivo por sí injurioso quedando excluida toda convicción del empleador que carezca de adecuada fundamentación.-
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha afirmado que “...Evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión contractual, a fin de determinar si existió en el caso pérdida de confianza con aptitud para justificar el despido por injuria, constituye una facultad reservada a los jueces de grado, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de una apreciación absurda de los hechos y de las pruebas de la causa, o que aquella evaluación de la injuria fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige...” (confr. SCBA, “Herczog, Claudio Martín c/ Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda s/ Indemnización por despido”, sentencia del 09/02/2001).- Por otra parte, no debe perderse de vista que la prueba de la causa del despido recae en quien invoca la existencia del hecho injurioso. Tratándose del supuesto despido dispuesto por la empleadora, sobre ella pesará la carga de justificar la causa invocada. Lo relevante en este caso es determinar si la medida resultó o no ajustada a derecho a la luz de la prueba aportada al proceso. Y ello, por cuanto como es sabido, el que alega un hecho como justa causa de despido debe asumir la carga probatoria, proporcionando los elementos necesarios que colocarán al sentenciante en la posibilidad de efectuar una adecuada valoración de las circunstancias (confr. art. 355 del CPC y C, por remisión del art. 121 de la ley 1444).- En cuanto atañe al estudio de los argumentos expuestos en el recurso impetrado, debe concluirse que el mismo debe prosperar. Es que a más de lo que la lógica nos indica, debemos estar a las características del crédito sobre el que se está resolviendo -alimentario- y en el ámbito protectorio donde estamos decidiendo -Derecho del Trabajo- (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIII, Sentencia, Reg. 455, Folio 2474/2482).-
En la sentencia impugnada, se inicia el análisis con la transcripción literal de la comunicación de despido, y desde allí se decide tener por acreditada la injuria laboral atendiendo a “…la propia admisión que efectúa Murúa en la demanda de que en esa operación quedó trabada la herramienta, aparentemente por haberse realizado erróneamente los cálculos de desplazamiento.- En oportunidad de absolver posiciones a fs. 243/244 vta., en especial la décima…” (confr. fs. 574 vta.), donde se pondera que si el accionante estimó “…tan importante la participación de este inspector del pozo en quien delega Murúa la responsabilidad de la operación, no ha sido éste ni siquiera ofrecido como testigo de descargo en oportunidad de interponer la demanda… quien de deponer en autos quizás hubiera podido dar explicaciones que enervaran la grave sanción que el empleador le impusiera…” (confr. fs. 575).
Así la Cámara pone en cabeza del actor la carga de probar los extremos atribuidos a éste por la demandada, sin considerar que ella era quien debía probarlos, no siendo suficiente a tal fin la ponderación realizada por la Cámara de la audiencia confesional obrante a fs. 244 y vta.. Máxime considerando que el actor en dicha audiencia expresa que si bien recibía un programa a desarrollar, los mismos siempre se modificaban por orden del inspector, autoridad máxima en el pozo. La conclusión de la Cámara sólo considera parcialmente la audiencia confesional, no ponderando ni siquiera mínimamente la afirmación de que se realizaban cambios en el programa a desarrollar una vez que los obreros se encontraban en el pozo.
En autos no obra ningún elemento que demuestre en qué consistía el programa que se debía realizar el día del hecho que dio motivo al distracto, poniendo, injustificadamente, en cabeza del actor la carga probatoria de los hechos ocurridos en dicha fecha. Esta carga tampoco se cumplió por medio de las declaraciones testimoniales, ya que, como correctamente afirma la sentencia de primera instancia, los testigos no presenciaron el hecho ni establecieron con fehaciencia como llegaron a conocer los hechos en cuestión.- En este sentido, y respecto de la carga probatoria de la causal del despido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que “...incumbe al empleador acreditar los hechos motivantes de la cesantía dispuesta con invocación de justa causa...” (confr. sentencia del 08/11/1994, en autos “Aranda, Rodolfo Axel c/ Ostrovsky, Marcos s/ Despido”; en igual sentido: sentencia del 07/09/1993, autos “Vera, Rubén c/ Cristalerías Cattorini Hnos.
S.A.I.C.F. e I. s/ Despido”; sentencia del 20/11/2002, autos “Crespo, Francisco J c/ Telefónica de Argentina SA s/ Indemnización por despido”). También ha sostenido que: “Quien invoca una justa causa de despido debe acreditarla ya que es obligación de las partes aportar las pruebas de sus afirmaciones o en caso contrario soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés” (confr. SCBA, L 38656, S, 20-10-1987, “Brantua, Roberto Eduardo c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A.I.C. s/ Despido”; ídem, L 41988, S, 30-5-1989, “Leppez, Oscar Alfredo c/ Velayos Hnos. SRL s/ Indemnización por despido”).- Este Tribunal ha expresado que “?estaba a cargo de la demandada acreditar las conductas que alegó en el telegrama de despido, y de no ser así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor?” (confr.
Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2770, Folio 4313/4317). En igual sentido ha afirmado que “?la pérdida de confianza, como causal de despido, debe encontrar su fundamento en hechos objetivos de magnitud suficiente que lo justifiquen (C.N. Trabajo, Sala II, junio II-1987, T y SS, 1987-901), estar sustentada en hechos que determinen su carácter definitivo, que supongan la comisión de una conducta dolosa (cfr. CNTrab. Sala IV, feb. 27-1984; T y SS 1984-220), y sean por sí mismos injuriantes (CNAT, Sala VIII, 11/7/96, DT 1997-A 317). Y, dicha carga de acreditación pesa en la esfera del denunciante?” (confr. Tomo X, Sentencia, Reg. 361, Folio 1949/1950).- Respecto del supuesto de duda en la prueba de los hechos, Juan Carlos Fernández Madrid afirma que “?la decisión a favor del trabajador en caso de duda sobre la prueba de los hechos está legitimada por la naturaleza de esos mismos hechos, por las dificultades de producción de la prueba para el trabajador, y por los derechos que se busca privilegiar.
El empleador que cuenta con una organización que lo respalda, que tiene la carga de llevar anotaciones y registraciones y que ejerce sus poderes de dueño, está en posición de manifiesta superioridad para obtener testimonios favorables, informes de proveedores y clientes, y para presentar registraciones que lo benefician. El dominio de todos los resortes de la empresa le impide desconocer lo que en ella sucede. De ahí que si en presencia de todos esos medios, la prueba resulta equilibrada para ambas partes, se debe proteger a la más débil?” (confr. FERNÁNDEZ MADRID Juan Carlos, ‘Tratado Práctico de Derecho del Trabajo’, Ed. La Ley, 3º Edición, Buenos Aires, 2007, Tomo I, pág. 230).- Conforme el principio protectorio que rige el proceso laboral, como también las denominadas cargas probatorias dinámicas y el artículo 355 del CPC y C (por remisión del art. 121 de la ley 1444), se encuentra con mayor obligación de probar aquél que se halla en mejores condiciones o posee a su alcance con mayor facilidad los medios para arrimar al conocimiento del juzgador los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos.
Esta doctrina presume que las partes no se encuentran en igualdad de posibilidades probatorias, desequilibrio que por lo general acompaña a las relaciones de poder propias de las relaciones jurídicas sustantivas. Respecto del principio protectorio ha dicho este Tribunal que “?es preciso partir necesariamente del ‘principio protectorio’ que caracteriza el Derecho del Trabajo, pues este principio es el que, enancado en el precepto constitucional que dispone la protección del trabajo, se orienta a subsanar el desnivel negocial en el que se encuentra el trabajador con relación a la parte empleadora?” (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 393, Folio 2130/2138). Frente a esta asimetría, se establece que aquellas circunstancias a las que una de las partes tiene un acceso más directo deben serle exigidas en el marco del deber de colaborar con el juez en la formación de su convicción.
Al respecto debemos recordar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-18/03, la cual, si bien fue emitida en respuesta a la solicitud sobre privación del goce y ejercicio de derechos laborales a trabajadores migrantes y principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley, resulta pertinente al caso que nos ocupa. En ella se afirmó que “?el debido proceso, en los extremos que interesan para el objeto de la OC-18/2003, entraña, por una parte, la mayor igualdad -equilibrio, “igualdad de armas”- entre los litigantes, particularmente importante cuando en un extremo de la contienda se halla el vulnerable trabajador migrante y en el otro el empleador dotado de derechos suficientes y eficientes, una igualdad que sólo se consigue -en la mayoría de los casos, que reflejan la verdadera dimensión del problema colectivo- cuando el poder público incorpora, a través de leyes y criterios de interpretación y aplicación, los elementos de compensación o corrección a los que antes me referí; y por otra parte, el cumplimiento claro y fluido del deber que tiene el Estado de brindar el servicio de justicia, sin distinción y mucho menos discriminación, que entrañaría, de entrada, la derrota del justiciable débil?” (confr.
Opinión Consultiva OC-18/03, voto Dr. Sergio García Ramírez, punto Nº 38).- En definitiva, se advierte que el decisorio dictado por la Excma. Cámara omite una valoración prudencial acerca de la configuración de la injuria laboral imputada por la empleadora al trabajador, tal como expresamente se determina en el artículo 242 de la ley 20744 y a la luz de los principios que rigen la materia. La Cámara se limitó a citar diversos medios de prueba pero sin efectuar su análisis crítico, globalizante, omnicomprensivo, lo que torna arbitrario el pronunciamiento en este punto, máxime cuando las razones que invocó resultan insuficientes para tener por configurada la injuria laboral referida por la demandada.
Por lo que, del análisis realizado en el decisorio impugnado, surge que la Excma. Cámara no siguió las pautas ordenadoras prescriptas por la ley que rige la materia (art. 242 y ccds. de la LCT), ni por los principios enunciados en los párrafos precedentes.- Este Tribunal ha expresado que en “?la tarea de valorar prudencialmente el motivo del distracto y su eficacia para justificar la máxima sanción en materia disciplinaria, la Cámara debió tener en cuenta la insuficiencia del material probatorio aportado por la demandada, a quien incumbía demostrar la causal de despido. Máxime cuando el ejercicio de la prudencia en la apreciación, adquiere exigencias especiales en supuestos como los debatidos en el sub examine, en los cuales en razón de la especial tutela que dispensa el ordenamiento jurídico, resulta necesaria una estricta evaluación de la causal invocada para extinguir la relación?” (confr.
Tomo XVI, Sentencia, Reg. 541, Folio 3048/3054).- Luego de una detenida ponderación de la totalidad de la masa probatoria disponible en autos, se adelanta que ningún elemento de juicio se ha incorporado que autorice a tener por probados los motivos invocados en la comunicación extintiva. En efecto la prueba documental y pericial no contienen ninguna referencia a las causales en las que sustentó el distracto la demandada. Así la demandada manifestó que el actor incumplió con los procesos y normas internas de la empresa al realizar una operación de sellado de perforaciones (confr. fs. 89 y 221). Sin embargo, en ningún momento la empresa aportó elementos probatorios respecto de los procesos o normas internas a los que hace mención, como era su deber.
La demandada no ha explicado ni probado el procedimiento o protocolo de actuación que se debería haber seguido para el caso de trabajos como el de autos, para conocer la manera correcta de realizarlo. Lo cual hubiera sido útil para saber si la actora procedió en debida forma. La carga de todo ello pesaba sobre la demandada. Así pues la falta de acreditación en autos del procedimiento para los cálculos a fin de realizar el trabajo (deber que competía a la demandada), coadyuva a la imprecisión respecto de que el actor debía realizar las tareas en base a su preparación y capacitación previas (tema sobre el que ahondaremos más adelante). Lo que deja en total orfandad probatoria las supuestas faltas invocadas en la comunicación extintiva, razón por la cual el despido directo dispuesto debe reputarse injustificado.- Respecto de la capacitación del actor para la realización de las tareas encomendadas, debemos decir que la formación promocional consiste en la “?adquisición de una calificación distinta a la que diera origen a la concertación del contrato, y que permite diversificarla (capacitación polivalente) o directamente modificarla (Calificación superior)?” (confr.
VÁZQUEZ VIALARD Antonio – Director, OJEDA Raúl Horacio – Coordinador, Ley de Contrato de Trabajo – Comentada y Concordada, Rubinzal Culzoni, 1º ed,. Santa Fe, 2005, Tomo I, pág. 579).-
El empleador tiene la obligación de dar las instrucciones oportunas sobre la tarea a desarrollar. La admisión del trabajador en su puesto de trabajo conlleva darle las órdenes concretas sobre la forma o el modo de desarrollar la tarea.-
La demandada no logró demostrar que haya capacitado adecuadamente al actor para realizar las tareas que le encomendó. No se encuentra acreditado en los presentes autos la realización de cursos o capacitaciones con ese fin. Por el contrario, la demandada únicamente alega que “?El actor fue entrenado y capacitado periódicamente durante el lapso de casi tres años que se desempeñó en el área de cementación, a través del programa de “Entrenamiento Local” a cargo del Departamento de Ingeniería. Además, una vez en el campo el actor siempre recibió un programa a desarrollar que debe cumplir con todo el procedimiento a efectuarse?” (confr. fs. 98). Agregando que el actor por haberse desempeñado en el mismo cargo por el término de tres años, se encontraba preparado para ello. Sin embargo, no logró probar la realización de lo que denomina “Entrenamiento Local”, o en que consistía el mismo. Así como tampoco demostró el programa a desarrollar el día del evento, cuáles fueron los errores que ocasionaron el perjuicio alegado y que dichos errores se hayan ocasionado por un error del actor.- En virtud de la falta de elementos probatorios que logren demostrar en que consistía el llamado programa de “Entrenamiento Local”, es imposible conocer si éste era apto para lograr su cometido. Tampoco resulta correcta la afirmación que en razón de haberse desempeñado el actor en las mismas tareas por un lapso de casi tres años sin sufrir accidentes u ocasionar daños, se encontrara perfectamente capacitado. El simple hecho de haberse desempeñado sin errores no es suficiente a los fines de demostrar que se encontraba formado o entrenado para ello.-
Por ello, era la demandada quien debía probar a través de la documentación pertinente, que el actor se había capacitado correctamente para las tareas que se le habían encomendado.-
Como corolario de lo expuesto, se advierte que la solución jurídica arribada en el decisorio en crisis importa un ostensible apartamiento al derecho aplicable a la controversia, en tanto que las reglas de derecho implicadas admiten diversa hermenéutica a la empleada por la Excma. Cámara. Línea de razonamiento que aparece desprovista de la motivación necesaria conforme lo dispuesto por el artículo 242 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece claramente cuáles son las bases de valoración mínimas que deben contemplarse ante la imputación de la injuria como causa justificada de despido.-
Las razones esgrimidas en los considerandos que anteceden llevan a que el recurso interpuesto tenga favorable acogida, debiendo prosperar los agravios.-
Decidida ya la procedencia del recurso impetrado, las razones esgrimidas llevan a componer positivamente la litis y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda por despido incausado interpuesta.-
IV. Resta ahora determinar la viabilidad de los rubros reclamados (confr. fs. 57 vta.).-
Primeramente es necesario determinar el monto que será tenido en cuenta como base para determinar la indemnización debida. El artículo 245 de la LCT determina que se deberá considerar la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Conforme las constancias obrantes a fs. 164/207 y lo peticionado en la demanda (confr. fs. 56 vta.), resulta que el monto es de $ 3.896, debiendo adicionársele $ 324,53 en concepto de S.A.C. proporcional.-
Ahora bien, el artículo 245 de la LCT (segundo y tercer párrafos) estipula que “?Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno?”. Por lo que primeramente debemos determinar que si bien, el trabajador se encontraba excluido del convenio colectivo de trabajo, corresponde emplear el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 340/01 aplicable al establecimiento donde prestó servicios el actor. Seguidamente, corresponde considerar si la suma tomada como remuneración base resulta superior al tope establecido en el artículo mencionado anteriormente. Considerando que la Resolución Nº 213/03 de la Secretaría de Trabajo de la Nación dispone como tal el monto de $ 3.900,72, se debe fijar como base para calcular la indemnización ésta suma, lo cual significa una diferencia que representa una disminución del siete con cincuenta y ocho por ciento (7,58 %), no resultando contraria a la posición fijada por la Corte Suprema de la Nación en el antecedente “Vizzoti” (Fallos 327:3677), a la cual adhirió este Tribunal (confr. Tomo XV, Sentencia, Reg. 511, Folio 2860/2871).- Así, debe hacerse lugar a la indemnización por despido (art. 245 de la LCT), la prevista en el artículo 232 de la ley citada; con más la integración del mes de despido (art. 233 LCT, t.o según art. 4º ley 25877) y SAC (arts. 121 y 123 de la Ley de Contrato de Trabajo) y vacaciones proporcionales (ambos admitidos en la sentencia de primera instancia, a fs. 537).-
En cuanto al agravamiento establecido por la ley 25561, dicha norma, sancionada el 6/1/2002 declara un estado general de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. A su vez, en el artículo 16 dispone: “?Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación vigente”. Posteriormente se fueron dictando sucesivas normas prorrogando la vigencia de la ley citada y, consecuentemente, el agravamiento indemnizatorio previsto en él.
En este caso, atento la fecha del despido, se hallaba vigente la prórroga establecida mediante el Decreto 369/04. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la constitucionalidad de tal normativa y sobre los rubros a los que se debe aplicar dicho porcentaje: “…la duplicación procede, entonces, exclusivamente respecto de las previstas en los artículos 232 y 245 de la LCT -rubros que se relacionan directamente con el despido-?” (confr. Tomo XIV, Sentencia, Reg. 487, Folio 2649/2656).- Considera este Cuerpo que los rubros que integran la citada duplicación son todos aquellos originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo. Quedan comprendidas, en el caso, las indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso ya que el artículo 4 del decreto 264/2002, reglamentario de la citada ley, aclara que la duplicación prevista en el artículo 16 de la ley 25561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo y la aclaración introducida en la norma reglamentaria no deja dudas en cuanto a que los rubros indemnizatorios, cuya duplicación contempla esta última, son aquellos que tienen directa e inmediata vinculación con el despido -es decir, los que se originan con motivo del mismo- (confr.
Sup. Trib. Just. Entre Ríos, sala Trab., 18/03/2008, Rhiner, Élida O. v. Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, Lexis Nº 70047056; ídem, C. Nac. Trab., sala 4ª, 30/04/2007, Wrobel, Romina L. v. Job & Technology S.A y otro, Lexis Nº 70045970; ídem, C. Nac. Trab., sala 3ª,15/04/2003, Blanco, Ernesto C. B. v. Club San Jorge S.A., Lexis Nº 30002108).- A modo de ejemplo podemos indicar que los conceptos establecidos por los artículos 123 (pago proporcional del SAC) y 156 LCT (vacaciones proporcionales), entre otros, que tienen como causa la extinción del contrato de trabajo cualquiera fuera el motivo del cese de la relación laboral, no se duplican porque no tienen directa e inmediata vinculación con el despido (confr.
Corte Sup. Just. Tucumán, sala Laboral y Cont. Adm., 10/10/2007, Espinosa Andrea Paola v. Los Arcos S.R.L. s/ cobro de pesos, Lexis Nº 25/23562).-
Por lo tanto corresponde hacer lugar el ítem referido, dentro de los límites precedentemente indicados, que comprende (atento a la fecha del distracto) la duplicación de la sumatoria de la indemnización por despido más la indemnización sustitutiva del preaviso.-
En lo que respecta al agravamiento del artículo 2º de la ley 25323 que edicta: “Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744? y los artículos 6º y 7º de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%. Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.
Encontramos, en el caso de marras, viable la excepción prevista en el segundo párrafo del precepto citado toda vez que el motivo del desenlace del contrato fue controvertido en sede judicial (como lo muestra el análisis realizado en los considerandos precedentes). A raíz de ello, juzgamos aplicable al caso la jurisprudencia que señala: “Las espinosas circunstancias de la causa y que desembocaron en el despido del trabajador determinan que en el caso resulte inaplicable el art. 2° de la ley 25.323. Es que no hay dudas que el desahucio sin invocación de causa -ad nutum- y la posterior intimación para lograr su pago, hace operar la sanción prevista en la norma de que se trata (50% de incremento de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso).
Ahora, la cuestión se vuelve compleja ante un despido que a la postre resulta injustificado, pero con una alegación que prima facie puede tornarse cierta. En el sub examen tenemos un empleador vencido, pero el motivo que provocó el desenlace del contrato fue controvertido… Por ello debe usarse de la facultad que otorga la última parte del mencionado artículo y eliminar la indemnización a que se refiere?” (confr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, 26/04/2007, “Maldonado, Daniel A. c. Venturi Hermanos SACIF”, Publicado en: LLC 2007 (junio), 497 - DJ 2007-III, 513, Cita Online: AR/JUR/1342/2007). Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr.
Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema?” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, ‘Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338).- Por los motivos explicitados, se exime a la demandada del pago de la indemnización prevista en el artículo 2º de la ley 25323.-
En síntesis, la indemnización a favor del actor, deberá calcularse únicamente en base a las pretensiones admitidas precedentemente; con más los intereses desde la fecha del distracto laboral, calculados según tasa pasiva publicada por el Banco Central de la República Argentina, atento no haber sido motivo, en su oportunidad, de agravios por parte del actor. A cuyo fin deberá practicarse liquidación por la instancia de grado de conformidad con lo normado por el artículo 99 de la ley 1444.-
VI. En mérito a las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 584/597 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que obra a fs. 571/576 vta., dejándola sin efecto; asimismo, componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda deducida. Por ello, se condena a la demandada Schlumberger Argentina S.A. a abonar al accionante Carlos Francisco Murua los créditos reconocidos en la presente, que se detallan en el Considerando V, con más los intereses fijados en el mismo. Las costas, en todas las instancias, se imponen a la demandada vencida (art. 68 del CPC y C y 121 de la ley 1444), difiriendo la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 584/597 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que obra a fs. 571/576 vta., dejándola sin efecto.-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda deducida y condenando a la demandada Schlumberger Argentina S.A. a abonar al accionante Carlos Francisco Murua los créditos reconocidos en el Considerando V de la presente sentencia, con más los intereses fijados en el mismo.-
3. Imponer las costas, en todas las instancias, a la demandada vencida y diferir la regulación de honorarios de los profesionales hasta tanto den cumplimiento con las normas tributarias y previsionales y se fijen los de las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015S.141 Tomo: XVII Sentencia: 576.-
Folio N°: 3.279/3.288.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia