Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2024-31630054-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar las resoluciones apeladas, con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-95424011-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Agosto de 2025 (y acum.)
TRIBUANAL FISCAL DE LA NACION
El Expte. N° EX-2024-31630054- -APN-SGAI#TFN (y su acumulado EX-2024-31639374- -APN-SGAI#TFN)
caratulado “MURUGARREN FRANCISCO IGNACIO s/ APELACION” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación)
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que en el RE-2024-31623466-APN-SGAI%TFN y RE-2024-31637052-APN-SGAI#TFN la actora interpone recursos de apelación contra las resoluciones Nº 14/2024 (DV RRCR) y 15/2024 (DV RRCR) suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la Dirección General Impositiva de la actual ARCA.
En virtud de la resolución 14/2024 (DV RRCR) se le determinó al Sr. Murugarren, Francisco Ignacio la obligación de ingresar en concepto de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (ASE), periodo fiscal 2020, la suma de pesos quince millones ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro con noventa y seis centavos ($ 15.089.854,96), con más intereses resarcitorios de pesos veintisiete millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos tres con veinticuatro centavos ($27.264.903,24) Con relación a la resolución 15/2024 (DV RRCR) se le determinó al Sr. Otamendi, Carlos Aníbal la obligación de ingresar en concepto de (ASE), periodo fiscal 2020, la suma de pesos catorce millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y siete con treinta y nueve centavos ($ 14.463.847,39), con más intereses resarcitorios de pesos veintiséis millones ciento treinta y tres mil ochocientos nueve con ochenta y un centavos ($ 26.133.809,81).
Cabe destacar que, en los recursos de apelación, las partes plantean agravios idénticos, por lo que corresponde relatarlos y tratarlos de manera conjunta.
En ese sentido, se cuestiona que el Fisco haya incluido en la base imponible sus participaciones en Otamendi y Cía. S.R.L., alegando que al 18/12/2020 (fecha de entrada en vigencia de la ley 27.605), ya no detentaba tales cuotas sociales, por haberlas cedido con anterioridad.
Afirman que la cesión de cuotas fue realizada el 13/11/2020, formalizada por escritura pública, dentro del trámite de un proceso de reorganización familiar iniciado años antes.
Señalan que la operación fue genuina y no simulada, y que el negocio jurídico tuvo causa y antecedentes que se remontan al año 2015.
Expresan que luego de un arduo trabajo y proceso conjunto que comenzó en el mes de febrero de 2019, se logró plasmar el proceso en un protocolo familiar suscripto definitivamente en fecha 11/05/2020 con certificación de firmas por ante escribano público, lo que le da una fecha cierta anterior al periodo de sospecha de la norma. Manifiestan que no existió intención de evitar el pago del ASE, negando que haya habido conocimiento o previsibilidad suficiente sobre la sanción de la ley. Aducen que, al momento de la cesión, el proyecto de ley no tenía estado parlamentario avanzado ni aprobación previsible, y por ende no podía razonablemente inferirse su sanción ni su contenido específico. Destacan que el ajuste se produce por el solo hecho de que la cesión de cuotas fue dentro del periodo de sospecha del art. 9 de la ley del tributo, sin ninguna actividad por parte del organismo fiscal pese a que tenía las facultades y herramientas para ello, conforme surge de los considerandos del decreto reglamentario N° 42/2021. Invocan una presunta violación a los principios de legalidad, razonabilidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad.
Indican que la aplicación del art. 9 en su caso específico deviene retroactiva, irrazonable y carente de sustento fáctico, por lo que sería inconstitucional.
Citan jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba documental, informativa y contable, formula reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que en el IF-2024-56178644-APN-DTD#JGM e IF-2024-66938047-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional y contesta el traslado de los recursos.
Considera irrelevante y sin nexo causal la alegada planificación iniciada en 2015 a partir de un curso en la Universidad Austral, ya que el traspaso de cuotas sociales se decidió y formalizó dentro del “período de sospecha” del art. 9 de la Ley 27.605.
Sostiene que la cesión de cuotas se produjo cuando el proyecto de ley del Aporte Solidario ya estaba presentado en el Congreso y ampliamente difundido, lo que justifica la presunción legal de finalidad elusiva prevista en la norma.
Defiende la constitucionalidad de la técnica legislativa del período de sospecha, citando jurisprudencia y doctrina que avalan medidas retroactivas para evitar maniobras de evasión ante anuncios de nuevos tributos. Resalta que la cesión fue gratuita, con reserva de usufructo y poder de voto, lo que mantiene en cabeza del cedente beneficios económicos y control societario, asemejándose a figuras como el trust irrevocable, que también quedan alcanzadas por el Aporte.
Señala que el fallo “Arena” no es aplicable porque en dicho precedente se trató una multa y no la cuestión de fondo del ASE.
Justifica el ASE invocando principios de solidaridad, bien común e igualdad, así como jurisprudencia de la CSJN sobre legislación de emergencia.
Ratifica en todas sus partes las resoluciones determinativas de oficio que motivan las presentes actuaciones, solicitando el rechazo de los recursos impetrados por las razones de hecho y de derecho que expone. Acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, se opone a la prueba acompañada y/u ofrecida por la parte actora (cuyo traslado surge en la PV-2024- 135322936-APN-VOCVI#TFN sin que la actora lo haya contestado.). Por último, plantea el caso federal y pide que se confirmen las resoluciones recurridas, con costas a la actora III- Que, en la PV-2025-70306532-APN-VOCVI#TFN se tuvo por desistida de la prueba pericial contable, conforme lo informado por la recurrente.
En la PV-2025-86436859-APN-VOCVI#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B” y en el IF- 2025-93423462-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf.C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re ”Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Tal como surge del informe final elaborado en el marco de las órdenes de intervención cursadas a los recurrentes, el Fisco Nacional advirtió, con motivo de la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2020 en concepto de ASE (Ley 27.605), la exteriorización de un patrimonio sustancialmente menor al que se estimaba, conforme proyecciones y parámetros objetivos utilizados por el Organismo.
Las declaraciones juradas originales fueron presentadas con fecha 15/04/2021. El Sr. Francisco Ignacio Murugarren determinó un importe a ingresar de $8.474.803,47 y el Sr. Carlos Aníbal Otamendi la suma de $9.348.091,68.
A partir de dichas presentaciones, la ex AFIP solicitó información adicional con el fin de verificar la veracidad de los datos consignados. Como resultado de los cruces efectuados, el Organismo fiscal detectó una reducción significativa en la participación societaria de ambos contribuyentes en la firma Otamendi y Cía. SRL, la cual tuvo lugar mediante cesiones de cuotas en favor de sus respectivos hijos.
De la documentación acompañada surge que la participación del Sr. Murugarren se redujo del 39,19% al 7,83%, mientras que la del Sr. Otamendi se redujo del 30,81% al 0,81%. Las respectivas cesiones fueron acordadas mediante acta societaria de fecha 16/09/2020 y formalizadas mediante escritura pública el 13/11/2020. Respecto de la cesión, surge que se reserva para los Sres. Francisco Ignacio Murugarren y Carlos Aníbal Otamendi el usufructo vitalicio de las mismas con el alcance establecido. (conf fs. 8/10. Cuerpo anexo II) El Fisco Nacional entendió que las operaciones cuestionadas se encuadran temporalmente en el período identificado en el artículo 9°, tercer párrafo, de la Ley 27.605 como “período de sospecha”, con el fin de realizar maniobras de desapoderamiento patrimonial destinadas a eludir la carga tributaria del ASE.
En función de ello, el Fisco Nacional procedió a determinar una nueva valuación del patrimonio de los contribuyentes al 18/12/2020, con el objeto de establecer la correcta base imponible del ASE, incluyendo las participaciones sociales que habían sido cedidas a los respectivos hijos:
- En el caso del Sr. Francisco Ignacio Murugarren, el Organismo valuó el total de su participación accionaria (30,81%, correspondiente a 3.919 acciones valuadas a $ 175.903,38) en la suma de $689.365.346,22. Como consecuencia de dicha reevaluación, se estableció a dicha persona una diferencia de $15.089.854,96 en concepto de ASE correspondiente al período fiscal 2020.
- Por su parte, respecto del Sr. Carlos Aníbal Otamendi, el Fisco Nacional determinó que el valor total de su paquete accionario (30,81%, correspondientes a 3.081 acciones valuadas a $175.903,38) ascendía a $541.958.312,17. En consecuencia, y conforme a esta nueva valuación patrimonial, el Organismo fiscal determinó que el Sr. Otamendi debía ingresar una diferencia de $14.463.847,39, en concepto de Aporte Solidario y Extraordinario correspondiente al período fiscal 2020.
VI. Que previo a adentrarnos a resolver la cuestión, corresponde hacer un breve análisis sobre la normativa aplicable al caso.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $200.000.000.
Por su parte, el tercer párrafo del art. 9° dispone “Cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte, durante los cientos ochenta (180) días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación”.
Conforme el art. 10° de la norma, ésta comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, lo que tuvo lugar el 18/12/2020.
Señalado lo anterior, se puede observar que el hecho imponible previsto en la norma, en su aspecto temporal, se define en relación a los bienes existentes al 18/12/2020. Y, por otro lado, que la norma establece una cláusula anti- abuso para alcanzar determinadas variaciones patrimoniales efectuadas con ardid evasivo o con el destino de eludir el tributo.
VII. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si las resoluciones apeladas se encuentran ajustadas a derecho Los recurrentes informaron haber iniciado un proceso de reorganización societaria cuya idea habría surgido a partir del 02/11/2015, fecha en la que Carlos Otamendi, padre e hijo y Francisco Murugarren, padre e hijo comienzan un curso de “Dirección de Empresa Familiar”, dictado por Guillermo Perkins y Lucio Traverso en la Universidad Austral, conforme prueba documental acompañada. Según el folleto adjunto el objetivo del curso fue: “resolver los principales desafíos de toda empresa familiar: diseño e implementación de procesos sucesorios, construcción de acuerdos familiares que ayuden a la continuidad y la profesionalización de la empresa”.
A partir dl curso impartido por la consultora mencionada surgió una propuesta de trabajo (“Propuesta de Colaboración para la confección de un Acuerdo de socios al estilo de acuerdos familiares Familias socias de Otamendi & Cía.”) y presupuesto de fecha 11/03/2019 confeccionado por la consultora Perkins & Perkins (Guillermo Perkins e hijo), que finalizó en la confección de un instrumento en febrero 2020, el que luego de algunas modificaciones fue suscripto definitivamente el 11/05/2020 bajo el nombre de “Acuerdo de socios al estilo de acuerdos familiares” ante escribano público, que habría derivado en las transferencias de las participaciones societarias intrafamiliares.
En dicho acuerdo se puede observar el apartado “E. Propiedad de la empresa y sus formas de acceso o venta”, que destaca dentro de los principios el deseo de los socios de que la propiedad de la empresa pueda continuar en manos de la familia y el de los socios potenciales de dar continuidad a la empresa bi familiar como así también los procedimientos para la compra venta de cuotas sociales. Posteriormente, se resolvió llevar a cabo la cesión de cuotas sociales, la cual fue aprobada en la reunión de socios el 16/09/2020, conforme surge del acta N° 192. En dicho instrumento se hace referencia a los antecedentes mencionados y a la incertidumbre que planteaba la pandemia de COVID-19, que habrían llevado a esta decisión.
Finalmente, la cesión se instrumentó mediante documento privado cuya fecha fue certificada por escribano público el 13/11/2020, conforme actuación notarial N° 01318837.
Señalado lo anterior y a efectos de desentrañar si la pretensión fiscal se ajusta a derecho, cabe poner en claro que el hecho imponible previsto en la norma, en su aspecto temporal se define en relación a los bienes existentes al 18/12/2020 en cabeza de los sujetos alcanzados.
En efecto, tal como ha señalado esta Sala in re “REYNA, FERNANDO ALFONSO s/Recurso de Apelación” del 5 de junio de 2024 “cabe tener presente que el artículo 2 de la ley 27.605 establece que: “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”. Ello así, atento lo dispuesto en la norma aquí transcripta, más allá del tratamiento que en aquél impuesto se le dé a los bienes que aquí se tratan, los bienes deben ser considerados dentro de la base para el cálculo del ASE del contribuyente en función de su titularidad”.
En el caso particular, en virtud de lo dispuesto en el documento privado certificado por escribano público y acompañado en autos, más allá de la reserva de usufructo -y los votos-, la titularidad de las acciones -nuda propiedad- la ostentan los hijos de los recurrentes, por lo que dichos bienes no integran la base imponible del tributo de los contribuyentes de autos.
Cabe señalar que por aplicación del art. 9 ya reseñado que establece la cláusula antiabuso para alcanzar determinadas variaciones patrimoniales efectuadas con “ardid evasivo” o con el destino de eludir el tributo, el Fisco Nacional pretende incorporar dichos bienes en la base imponible y así alcanzarlos con el gravamen. Esta Sala in re “LAGRUTTA, CARLOS MARIA s/Recurso de Apelación” del 30 de julio de 2024 consideró que el ASE es un impuesto instantáneo, el cual no podría alcanzar -tal como lo pretende el Fisco Nacional- a bienes que no se encuentran en el patrimonio de los recurrentes al momento de la entrada en vigencia de la ley, sin afectar principios fundamentales como los de legalidad, irretroactividad, certeza y capacidad contributiva. La técnica legislativa adoptada en la redacción del artículo pertinente de la Ley del Aporte Solidario evidencia que el legislador no previó la inclusión automática, en la base imponible del tributo, de los bienes que hubiesen salido del patrimonio de un eventual contribuyente durante el denominado “período de sospecha”. Del mismo modo, tampoco estableció que la mera variación patrimonial en dicho período habilitara, por sí sola, a presumir la existencia de un ardid o de un propósito elusivo. Por el contrario, la norma bajo examen dispone que el Fisco podrá incorporar tales bienes al cálculo del Aporte únicamente cuando las variaciones patrimoniales permitan presumir la existencia de un ardid evasivo o de un destino elusivo respecto de su pago.
En consecuencia, tal presunción no puede aplicarse sin que exista prueba concreta que la sustente, carga que corresponde al organismo fiscal. Y lo cierto es que dicha carga no ha sido cumplida en el sub lite, toda vez que no se ha acreditado que la cesión a favor de los herederos forzosos carezca de legitimidad, ni que se hayan empleado formas jurídicas inadecuadas o que la operación estuviera destinada a eludir el Aporte, el cual, a la fecha de la cesión, no se encontraba vigente.
La única objeción del fisco sobre la legitimidad de la cesión efectuada, ha sido la referencia a la reserva de usufructo vitalicio a favor de los cedentes, la que constituye una práctica normal y habitual en las empresas familiares, conforme se expuso en dicho precedente de esta Sala. En el caso particular, más allá de la previsión legal de sospecha establecida en la norma, lo cierto es que al momento del desprendimiento de la participación accionaria por parte de los contribuyentes, no existía la ley que establecía el ASE ni, obviamente, las condiciones de gravabilidad del mismo, por lo que mal podría sostenerse - sin que exista siquiera semiplena prueba de ello- que tuvieron como único propósito la evasión o elusión de la norma que habría de establecer el tributo, que incluso podría no haberse aprobado o haberse aprobado en otras condiciones, por lo que difícilmente podría aplicarse -reiteramos, sin un fundamento concreto atendible- dicha presunción respecto de una norma que no se encontraba vigente.
La aplicación de la presunción de sospecha, a los fines de determinar un “ardid evasivo” en los términos formulados en el art. 9°, debiera venir sustentada por una comprobación en el caso que se analiza de la utilización de formas o figuras manifiestamente inadecuadas para la concreción de los negocios jurídicos celebrados. En el caso, puede verse con suficiente claridad que la intentio facti y la intentio juris del acto celebrado -esto es, la cesión efectuada a los herederos forzosos- confluyen con armonía, constituyendo éste una práctica habitual en la administración patrimonial y el desarrollo de la vida de una empresa familiar.
Por su parte, el Fisco Nacional en ningún momento logra probar que la cesión efectuada haya sido defectuosa, tanto extrínseca como intrínsecamente, ni que la misma haya sido simulada con el propósito de perpetrar una maniobra de evasión, a resultas de un quebrantamiento de la normativa vigente al momento de dicho acto. Además, es importante resaltar que en estos actuados existen constancias fácticas que evidencian una secuencia en la que los recurrentes han firmado un protocolo familiar con el asesoramiento profesional previo de Perkins & Perkins con el objeto de planificar, entre otras cuestiones, una transmisión ordenada y progresiva de las cuotas sociales de padres a sus hijos, que concluyó en la cesión de la titularidad de una porción de sus respectivas participaciones sociales.
Así, el traspaso accionario dentro del grupo familiar habría estado en miras de los actores mucho antes de la entrada en vigencia de la norma e incluso del período de sospecha y no evidenciándose, de las constancias obrantes en autos, que tales variaciones patrimoniales se hubieran producido con el fin de eludir el pago del tributo. Bajo tales premisas, resulta razonable entender en estas actuaciones que al momento de configurarse el hecho imponible del ASE dichas participaciones ya no integraban el patrimonio de los recurrentes. En conclusión, corresponde revocar el ajuste practicado a estos contribuyentes, con costas El Dr. Armando Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
I. Que adhiere al relato de los hechos y el análisis de la normativa aplicable que efectúa el Vocal instructor en su voto.
II. En cuanto al fondo del asunto, el suscripto entiende también que resulta de aplicación a la presente causa los precedentes de esta Sala in re “FERNANDO ALFONSO REYNA” del 5/6/2024 y “LAGRUTTA CARLOS MARÍA” del 30/7/2024.
Cabe señalar que respecto del Aporte determinado en las resoluciones recurridas que se trata de un impuesto instantáneo y, por lo tanto, no podría alcanzar a bienes que no se encuentran en el patrimonio del contribuyente al momento de la entrada en vigencia de la ley, sin afectar principios fundamentales como el de legalidad, irretroactividad, certeza, y capacidad contributiva.
Cabe señalar que la incorporación por parte del Fisco Nacional de la participación societaria que ya no formaba parte de su patrimonio, como base imponible del tributo, la sustenta con la aplicación de la presunción establecida en el art. 9° de la ley 27605.
Ahora bien, sin emitir un pronunciamiento respecto a la constitucionalidad del art. 9º de la citada ley, la circunstancia de que este Tribunal Fiscal no pueda, como regla general, declarar la inconstitucionalidad de las normas no impide que pueda analizar la cuestión y formular las objeciones constitucionales que considere pertinentes en el caso (CNCAF, Sala II, in re “Tagliaferro Susana Norma”, sentencia del 25/02/2022). La ley que estableció el ASE no extiende el hecho imponible a los bienes existentes a los 180 días anteriores a la entrada en vigencia de la norma, sino que dispone una presunción que faculta al Fisco a incluir las variaciones patrimoniales operadas en los 180 días anteriores a la entrada en vigencia de la ley en la determinación del ASE; pero para ello debería el Organismo al menos argumentar las razones que fundamentan tal consideración, ya que la norma no alcanza a toda variación patrimonial sino sólo a aquellas que “hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, lo cual debe ser sustentado por el Fisco, circunstancia que no acontece en autos, desde que el organismo fiscal no ha logrado derribar la legitimidad de la cesión de parte de las cuotas sociales de la firma Otamendi y Cía.
S.R.L., efectuadas a los hijos por parte de los recurrentes, ni demuestra que se hayan utilizado formas inadecuadas o que la operación estuviera destinada a eludir el aporte que, a la fecha de la donación, todavía no se encontraba vigente. La objeción del fisco sobre la legitimidad de la cesión gratuita de parte de las cuotas partes efectuada a favor de sus únicos hijos por parte de los contribuyentes, ha sido que la misma se hizo reserva de usufructo vitalicio sobre las acciones cedidas a sus hijos y dentro del período previsto en el ya citado artículo 9. Cabe precisar que al momento de la cesión de las cuotas sociales no existía la ley que establecía el ASE, ni las condiciones de gravabilidad del mismo, por lo que mal pudo tener en miras el contribuyente la evasión o elusión de una norma que todavía no existía; los recurrentes no podían conocer los términos en que iba a sancionarse.
En efecto, la cesión efectuada podría o no haber colocado a los recurrentes por debajo del monto mínimo establecido en la norma, o incluso podría no haberse aprobado dicha ley, o haberse aprobado en otras condiciones, por lo que difícilmente podría aplicarse dicha presunción de una norma que no se encontraba vigente.
Tal como se dijera en el citado precedente “Lagrutta”, la presunción de sospecha, a los fines de determinar un “ardid evasivo” en los términos formulados en el art. 9°, debe venir aparejada de una comprobación en el caso concreto de la utilización de formas o figuras manifiestamente inadecuadas para la concreción de los negocios jurídicos celebrados; en tanto que en el caso, puede verse con meridiana claridad que la intentio facti y la intentio juris del acto celebrado confluyen, constituyendo esto por otra parte una práctica habitual en la administración patrimonial y el desarrollo de la vida de una empresa familiar.
En este sentido, de la documental acompañada tanto en esta instancia como en sede administrativa se observa el carácter de empresa familiar.
Si bien los cursos o estudios efectuados por los integrantes de la sociedad hacen a su preocupación por el manejo de negocios familiares, no se trata específicamente de la planificación de un traspaso generacional propiamente dicho, sino que hacen principios, valores y objetivos generales de una empresa de composición familiar. No obstante puede advertirse que con posterioridad, ya hacia el año 2019 los socios de la empresa encargaron a la firma Perkins & Perkins, consultoría de negocios familiares, una Propuesta de colaboración para la formulación de un Acuerdo de socios al estilo de acuerdos familiares, el cuál se termina suscribiendo el 11/5/2020, conforme la certificación notarial de firmas. Si bien de su lectura, tal como señala el juez administrativo en los actos recurridos surgen principios, valores y objetivos generales de la empresa, su composición patrimonial y anexos que establecen la manera que se gestionará la sociedad, cabe señalar que se observa allí la intención de que al momento de la sucesión en la propiedad de la empresa, sus socios esperan que los negocios puedan continuar en manos de las respectivas familias, manifestando a su vez los potenciales socios su deseo de dar continuidad a la empresa bi-familiar. Se fijan allí además criterios para la incorporación y desvinculación de familiares de socios al trabajo en la empresa. Requisitos que deberán cumplimentar las actuales y las futuras generaciones para acceder al trabajo en las empresas del grupo. En definitiva se observa allí el germen de la posterior decisión de la cesión de parte de las cuotas sociales con el fin de asegurar la continuidad de la explotación familiar de la empresa. Más aún, se lee en dicho acuerdo que Carlos Otamendi, junto con su mujer, habrían efectuado por su cuenta donación con reserva de usufructo vitalicio a favor de sus dos hijos de sus bienes y el capital de la sociedad.
En este camino, en la Asamblea de socios celebrada el 17/9/2020 los socios dan cuenta de que han venido trabajando en la articulación de herramientas para garantizar dentro del seno de ambas familias, el “trasvasamiento generacional” (sic) tanto en la tenencia de capital como en la dirección de la empresa, para lo cual habían celebrado el protocolo del 11/5/2020 a fin de mantener la línea familiar sin afectar las políticas de crecimiento que se han propuesto para la sociedad, concluyendo en que deciden entonces la transferencia de parte de su participación social a sus hijos de manera gratuita y reservándose el usufructo y poder de voto para la toma de decisiones; lo que finalmente fue formalizado mediante documento privado con certificación notarial de firmas del 13/11/2020.
Así puede concluirse en que el traspaso accionario dentro del grupo familiar estuvo en miras mucho antes de la entrada en vigencia de la norma e incluso del período de sospecha, no evidenciándose en autos que el acto se haya celebrado con el fin de eludir el pago del tributo.
En base a lo expuesto previamente, coincidiendo con la opinión del Vocal instructor, resulta correcto concluir en estas actuaciones, que no corresponde el ajuste efectuado a los recurrentes, en tanto no se verifica el hecho imponible al momento de la entrada en vigencia de la ley del ASE; razón por la cual se revocan los actos venidos en recurso, con costas.
Por ello, SE
Revocar las resoluciones apeladas, con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.08.28 15:22:49 ART Date: 2025.08.28 16:55:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.08.28 17:01:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.08.28 17:02:22 -03:00
Fin de la sentencia