Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 21767-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la mutual actora, con costas.
2Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VIII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 31085/2025 MUTUAL DE LA ASOCIACION DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE LAS BREÑAS (TF 21767-I)
c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 16 de abril de 2026.- AA Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma actora interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683 contra las resoluciones n°s 917/2003 y 243/2003 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante las cuales se determinó de oficio el impuesto al valor agregado (IVA) por los periodos fiscales "Marzo-01 a Febrero-02" y "Diciembre de 1997; Enero a Diciembre de 1998; Enero a Diciembre de 1999; Enero a Diciembre de 2000; Enero, Febrero de 2001; Marzo, Abril de 2002", más los intereses resarcitorios, y se aplicaron multas con arreglo al artículo 45 de la ley 11.683.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, con costas, las resoluciones apeladas y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte demandada.
En forma preliminar señaló que en "una fiscalización [la AFIP] constató que en dichos períodos [la mutual actora] sólo brindó el 'servicio de ayuda económica' a sus asociados". A su vez, representantes de esa mutual informaron que "era la actividad principal y que se consideraba exenta del impuesto al valor agregado tanto por los estímulos pagados a los ahorristas como por los intereses cobrados por préstamos a los asociados". Concluyó, entonces, que "la Mutual actuaba, en la realidad, como una 'entidad financiera encubierta' y, por ende, que no le correspondía la exención en el impuesto al valor agregado".
Y en ese marco sostuvo los siguientes fundamentos:
1. "[N]o media ningún vicio en la competencia de la Administración para emitir los actos recurridos. [N]inguna normativa imponía la intervención del INAES como un requisito previo y excluyente para que la Administración Tributaria pudiera fiscalizar y determinar de oficio las obligaciones fiscales de las entidades registradas en dicho ente. Ello porque goza de las potestades de fiscalización y verificación previstas en la ley 11.683 y es, por otra parte, el órgano de aplicación de las normas tributarias, entre ellas, la ley del impuesto al valor agregado".
2. "Respecto de la cuestión de fondo debatida":
(i) "[D]el Reglamento de servicio de ayuda económica [...] surge que el servicio bajo análisis se denominaba 'Servicio de ayuda mutual' y consistía en la prestación de la ayuda económica mediante la captación de fondos de parte de los asociados y con recursos propios para cubrir las necesidades especificadas en el art. 1, que incluían solventar gastos relacionados con la salud, con la educación, viajes y turismo, con la vivienda, gastos de sepelio, pago de impuestos y cualquier otro gasto o necesidad que, a juicio de las autoridades de la Mutual, fuera producto del infortunio o sirviera para la elevación del nivel social o cultural del asociado o su núcleo familiar".
(ii) "[E]l art. 5 disponía que el 10% de las tasas y los estímulos, como mínimo, debían ser destinados por la Mutual a la construcción o refacción de viviendas para sus asociados".
(iii) "De la lectura del Estatuto y del Reglamento de la actividad se desprende, entonces, que el servicio estaba previsto con un claro fin mutualista, en exclusivo beneficio de sus asociados y su grupo familiar".
(iv) "El art. 2 del Reglamento dispone [:] “Queda prohibido al servicio de ayuda económica mutual: 2.1 avalar, dar fianzas y o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 31085/2025 MUTUAL DE LA ASOCIACION DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE LAS BREÑAS (TF 21767-I)
c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO garantías de cualquier naturaleza a sus asociados con respecto a terceros. 2.2. Intervenir en operaciones bursátiles que no se origen en inversiones de capital propio. 2.3 conceder ayuda económica para comprar y/o vender oro o divisas y/o realizar operaciones con fines especulativos".
(v) "[E]n el período fiscal comprendido en las determinaciones de oficio, la fiscalización reunió elementos de cargo suficientes para sostener que la Mutual brindaba el servicio de ayuda económica como una entidad financiera, sin respetar el fin mutualista" y la parte actora "no logró rebatir dicha imputación. En efecto":
––"no ofreció elementos de prueba para acreditar que el 10% de las tasas percibidas por el servicio de ayuda económica eran destinadas a la construcción o refacción de viviendas de los asociados. Ninguno de los contratos de mutuo que acompañó como prueba documental en esta instancia y de los que surgiría dicho destino, tienen fecha cierta ni sus firmas se encuentran certificadas o aclaradas por los solicitantes. Tampoco lo tienen los contratos aportados en la instancia administrativa previamente sustanciada". ––"en cuanto a las excesivas sobretasas que percibía la Mutual a sus asociados por la prestación del servicio (42% al 54% anual), las que según el Fisco Nacional resultaron ser superiores a las percibidas por entidades bancarias (19% al 23 anual), la recurrente se limitó a explicar que ello se encontraba relacionado al 'momento económico de cada época'. Lo que tampoco tiene fundamento, además, si se tiene en cuenta que los solicitantes debían presentar un codeudor y autorizar a la Mutual a que le descuente de sus sueldos o jornales la amortización de la ayuda recibida".
––"se estaba ante un grupo de personas no vinculadas entre sí por ninguna actividad en común, reunidas para constituir una Mutual que sólo se dedicaba a otorgar préstamos de dinero, que en principio se presume como una actividad onerosa. Ello se tuvo por comprobado al constatar que las personas se asociaban y desvinculaban de la Mutual en torno únicamente a la obtención y cancelación del préstamo. Este indicio resulta revelador de que la actividad desplegada se alejaba de los fines mutualistas previstos en el Estatuto de la Mutual. Sin embargo, no se ha aportado ningún elemento que acreditara suficientemente la habitualidad de los asociados, tales como, a modo de ejemplo, su antigüedad, los vínculos con la recurrente y entre sí, otros servicios que se les prestaran, otras actividades desarrolladas, de que comercio o industria provenían, etc.".
(vi) "[L]a prueba informativa fue producida a los fines de acreditar que la recurrente efectuaba colaboraciones gratuitas y donaciones a distintas organizaciones sociales y de la comunidad de Las Breñas, mas ello no era lo que estaba en discusión".
(vii) "Los testimonios producidos como prueba [...] tampoco alcanzan para rebatir el criterio fiscal".
(viii) "Otro aspecto que se le objeta a la recurrente a fin de acreditar que no cumple con el fin solidario y de ayuda recíproca es que [...] resolvió establecer una tasa de interés en los plazos fijos de 1 ,30% para el Consejo Directivo y de 1,20% para los demás socios. " [Y] ello no respetó lo establecido en el art. 23, última parte del Reglamento que dispone que 'Los miembros de la Comisión Directiva, Junta Fiscalizadora, Gerentes, Asesores y sus ascendientes y descendientes en primer grado, no podrán acceder a ayudas económicas distintas ni más ventajosas que las otorgadas al resto de los asociados'".
(ix) "[L]a prueba pericial contable producida [...] tampoco aporta elementos para desvirtuar los cargos que se imputan en los actos recurridos".
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c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (x) "[N]o es objeto de esta litis la procedencia de la exención en el impuesto a las ganancias sino de la gravabilidad en el IVA de las operaciones financieras que realizó en los períodos alcanzados por las determinaciones de oficio".
(xi) "[R]esulta claro que la Mutual no cumplió con lo dispuesto por el art. 7, inc. h) apartado 6) de la ley del impuesto al valor agregado que exime a 'Los servicios prestados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f), g) y m) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 y sus modificaciones, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos'”.
"En efecto, en el caso, la Mutual no pudo probar que el servicio de ayuda económica fue prestado teniendo en miras el fin mutualista para el que fue constituida y según el cual fue aprobado su Estatuto y Reglamento".
(xii) "En lo que se refiere a los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco Nacional, en atención a que fueron liquidados conforme a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683 y que ha quedado acreditado el incumplimiento de la obligación tributaria en el plazo acordado, también deben confirmarse". (xiii) "En cuanto a las multas de omisión aplicadas en los términos del art. 45 de la ley 11.683, en el caso no existen dudas de que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de la recurrente en dicha figura infraccional".
III. Contra dicho pronunciamiento la firma actora apeló y expresó los siguientes agravios que fueron contestados:
(i) La mutual actora es una entidad exenta en el impuesto a las ganancias y para revocar esa dispensa se requiere la intervención previa del INAES (artículos 35 y 36 de la ley de mutuales). (ii) "[E]l fisco no dio intervención a dicho organismo y el TFN valida la determinación practicada sin cumplir este paso previo, lo que determina un claro vicio en el procedimiento determinativo". (iii) "[E]s claro que la sentencia de Tribunal Fiscal de la Nación se aparta de esos límites, pues convalida un procedimiento administrativo llevado a cabo violando los procedimientos reglados y sin dar intervención al organismo especializado de contralor de la actividad mutual".
(iv) "[E]l TFN ignora la documental alegando que los documentos no tenían fecha y las firmas no estaban certificadas, sin ordenar la producción de la testimonial y la pericia caligráfica ofrecidas en subsidio, renunciando así a la verdad material de los hechos. Tampoco considera si las pruebas podían valorarse conforme a criterios de razonabilidad o se podían suplir".
(v) "[E]n la prueba [...] los expertos contables -incluido el perito del fisco- verificaron que la totalidad de los ingresos de la Mutual se destinaron al cumplimiento de los fines de su objeto social". Sin embargo, [...] el Tribunal Fiscal ni siquiera [lo] menciona".
(vi) "[L]a prueba testimonial producida [...] demuestra que las supuestas sobretasas no son tales".
(vii) "[L]os servicios prestados por las mutuales están exentos de todo tipo de tributo por expreso mandato legal, puesto que así lo dispone el art. 29 de la ley 20.321 en general, y los artículos [7, inciso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 31085/2025 MUTUAL DE LA ASOCIACION DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE LAS BREÑAS (TF 21767-I)
c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 6, y 20] de la ley del IVA y del impuesto a las ganancias en particular".
(viii) "Mal puede sostener el fisco que mi mandante cumple sus fines estatutarios para gozar de la exención de ganancias -que [...] fue expresamente reconocida-, pero no para el IVA, cuando la actividad es exactamente la misma".
(ix) "[L]as exenciones tributarias que nos ocupan tienen carácter subjetivo [...] por lo que mal puede aducirse que la misma Mutual está exenta en un tributo, pero no en otro, cuando en ambos la ley dispone dichas exenciones subjetivas".
A su vez, apeló los honorarios regulados por considerarlos "altos".
IV. Los agravios de la mutual actora referentes a la falta de intervención del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para revocar la dispensa tributaria que posee "en el impuesto a las ganancias", a que "los servicios prestados por las mutuales están exentos de todo tipo de tributo por expreso mandato legal" y a que "[no] puede aducirse que la misma Mutual está exenta en un tributo, pero no en otro, cuando en ambos la ley dispone dichas exenciones subjetivas", no pueden ser atendidos, toda vez que: (i) La sentencia es clara en cuanto a que "no es objeto de esta litis la procedencia de la exención en el impuesto a las ganancias sino de la gravabilidad en el IVA de las operaciones financieras que realizó en los períodos alcanzados por las determinaciones de oficio" (el resaltado no pertenece al original).
(ii) El hecho de que se le haya reconocido el goce de esa exención no constituye un obstáculo para que la AFIP ejerza sus facultades de verificación a efectos de constatar la existencia de hechos y/o actos que demuestren transgresiones de las condiciones legales que deben cumplir esos entes para ser acreedores de la franquicia en el IVA (esta sala, causa 38050/2013 "Asociación Mutual Actividades Crediticias (AMACRED) c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva", pronunciamiento del 11 de noviembre de 2018).
(iii) Esta sala, en las causas 16.153/2017 "Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo" y 36.987/2023 "Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Banco Oficiales Nacionales (TF 48173-I) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo", pronunciamientos del 19 de diciembre de 2017 y del 22 de febrero de 2024, expuso, en lo pertinente:
—"[L]a Corte Suprema ha destacado que el carácter de sujeto exento está dado por el encuadramiento de la entidad actora en las previsiones de dichas normas y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del ente recaudador que declare explícitamente que reviste esa calidad (causa M.56.XLIV, “Mutual de Socios Credivico c/ AFIP-DGI – Región 1- resol. 27-X-00 s/ Dirección General Impositiva”, pronunciamiento del 2 de marzo de 2011)".
—"Es decir que para acordar a una entidad los beneficios fiscales previstos por el legislador, lo esencial no es su reconocimiento formal como persona exenta sino su adecuación sustancial a las previsiones de las leyes que establecen esos beneficios".
—"[E]l organismo recaudador pued[e] ejercer respecto de la actora las potestades de fiscalización y verificación que le otorga la ley 11.683 (conf. artículos 33 a 36) y, a su vez, sustanciar el procedimiento de determinación de oficio".
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c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO V. La cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa 19.476/2025 "Caja de Seguros SA-TF 71003304-I c/Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 4 de diciembre de 2025 y sus citas; Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011; Sala IV, causa “ L Guillon SA” , pronunciamiento del 27 de junio de 2024; y Sala V, causa “Granja La Loma SRL”, pronunciamiento del 18 de junio de 2024).
VI. Desde esa perspectiva los agravios ofrecidos por la mutual actora tampoco pueden ser atendidos ya que se limitan a disentir con la valoración que de los hechos y las pruebas hizo el Tribunal Fiscal de la Nación.
Ello es así, pues soslaya los medios probatorios que fueron ponderados por ese tribunal o propone interpretaciones diferentes que no logran invalidar sus conclusiones.
Ciertamente, el pronunciamiento apelado hizo especial hincapié en los elementos que la AFIP reunió para sostener que la Mutual actora brindaba el servicio de ayuda económica en condiciones asimilables a las de una entidad financiera, es decir "sin respetar el fin mutualista", y que esas circunstancias no fueron eficazmente rebatidas.
En efecto, las cuestiones centrales sobre las cuales el tribunal sustentó su fallo permiten advertir que: (i) las tasas percibidas por la Mutual actora no fueron destinadas a la construcción o refacción de viviendas de los asociados, en clara oposición al artículo 5° del reglamento "de servicio de ayuda económica", (ii) las tasas que percibía la Mutual actora por la prestación del servicio resultaron ser superiores a las percibidas por las entidades bancarias, (iii) se trataba de "un grupo de personas no vinculadas entre sí por ninguna actividad en común, reunidas para constituir una Mutual que sólo se dedicaba a otorgar préstamos de dinero".
Y las pruebas producidas por la mutual actora para rebatir esos elementos resultaron ineficaces, en tanto las pruebas informativa y contable se dirigieron a cuestiones que no se encontraban debatidas en la causa, y la prueba testimonial se limitó a convocar a un único testigo que circunscribió su relato a describir "las características del préstamo y el fin que tuvieron".
En este contexto, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal de la Nación en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error que justifique apartarse de la aplicación del principio legal recordado, de modo que cabe tener por válidas sus conclusiones.
VII. Las costas de esta instancia deben ser impuestas a la mutual actora ya que resulta vencida (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VIII. A fin de examinar el recurso de apelación interpuesto "por altos" contra la regulación de los honorarios contenida en la sentencia apelada, cabe tener en cuenta la naturaleza del proceso, su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 31085/2025 MUTUAL DE LA ASOCIACION DE COMERCIO INDUSTRIA Y PRODUCCION DE LAS BREÑAS (TF 21767-I)
c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO monto, las tres etapas procesales cumplidas, el valor, el motivo y la calidad jurídica de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido.
Según esas premisas, toda vez que los honorarios fijados no retribuyen de una manera "elevada" los trabajos realizados, corresponde CONFIRMAR:
(i) En las sumas de cinco mil ciento cuatro pesos ($ 5.104) y de doce mil setecientos sesenta y un pesos ($ 12.761) los honorarios de la representación procesal y dirección letrada de la parte demandada, respectivamente, por la labor desarrollada en las dos primeras etapas del proceso en el expediente 21.767-I.
Y en 0,23 UMA y 0,58 UMA —equivalentes a las sumas de $ 21.270,86 y 53.639,56, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios de la representación procesal y dirección letrada de la parte demandada, respectivamente, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida en el expediente 21.767-I.
(ii) En las sumas de treinta y un mil trescientos noventa y un pesos ($ 31.391) y setenta y seis mil pesos setecientos treinta y cuatro pesos ($ 76.734) los honorarios de la representación procesal y dirección letrada de la parte demandada, respectivamente, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del expediente 22.516-I.
Y en 1,30 UMA y 3,26 UMA —equivalentes a las sumas de $ y de $ 120.226,60 y 301.491,32, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios de la representación procesal y dirección letrada de la parte demandada, respectivamente, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del expediente 22.516-I (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley 21.839; artículos 16, 19, 20, 21, 29, 58, inciso a), y demás concordantes de la ley 27.423).
Paralelamente, si se repara en la calidad y en la extensión de las tareas desempeñadas por el perito contador propuesto por la parte demandada —informe presentado a fs. 327/328— y se pondera el criterio que indica que los honorarios de los auxiliares de justicia deben respetar, como regla, una adecuada proporción con los correspondientes o los que debieron corresponder al resto de los profesionales intervinientes durante la sustanciación del pleito, corresponde CONFIRMAR en la suma de sesenta y un mil novecientos noventa y cinco pesos ($ 61.995) los honorarios del perito contador Luis Alberto Cortes (doctrina de Fallos: 300:70; 320:2349, entre otros).
Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE FIJA en 2 UMA —equivalentes a la suma de $ 184.964, de conformidad con los valores establecidos en la resolución SGA n° 538/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los honorarios de la dirección letrada y representación procesal de la parte demandada en esta instancia (artículo 30 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la mutual actora, con costas. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VIII. Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal de la Nación.
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c/ DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia