Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-110300799-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, imponiendo las costas a cargo de la vencida.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $217.423 (pesos doscientos diecisiete mil cuatrocientos veintitrés) equivalente a 29,23 (veintinueve con 23/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $543.558 (pesos quinientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho) equivalente a 73,07 (setenta y tres con 07/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-44944764-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 6 de Mayo de 2022 (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2019-110300799-APN- SGAI#TFN, caratulado “MUTUAL REGIONAL DEL LITORAL s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que mediante el IF-2019-89512261-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la resolución Nº 136/19 (DV RR1R) de fecha 6 de setiembre de 2019, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos 1 de la Dirección Regional Rosario de la AFIP-DGI, mediante la cual que se determinó el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria y otras operatorias por los períodos fiscales de noviembre de 2014 a junio de 2016, ambos inclusive, con más intereses resarcitorios, dejándose constancia del diferimiento del juzgamiento de la conducta fiscal en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley N° 24.769 y sus modificaciones.
Se agravia que el Fisco presuma que la mutual utilizó de manera indebida la reducción de la alícuota del impuesto establecida en el art 7 del Decreto 380/2001 por los períodos aquí cuestionados basándose en las actuaciones seguidas en sede penal a través del expediente 10760/2014 caratulado “Unidad de Investigación Financiera y otros s/Averiguación de Delito, Denunciante XXX y otro” en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en tanto no recayó aún sentencia definitiva, considerando que se hizo una incorrecta aplicación del principio de la realidad económica. Asimismo, se queja de la pérdida del reconocimiento de la exención concedida a la mutual en el impuesto a las ganancias a partir del 1° de noviembre de 2014, dispuesto por la Resolución 201/2018 (DV RR1R), entendiendo que la misma no puede tener efectos retroactivos y por lo tanto la determinación debió realizarse por los períodos posteriores a diciembre de 2018. Plantea en forma subsidiaria, y como otro argumento más de la cuestión de fondo, la nulidad del procedimiento de determinación y el acto dictado en consecuencia por falta de motivación y causa. Ofrece prueba y pide que oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar al recurso interpuesto, con costas y hace reserva del caso federal.
II -Que mediante la IF-2020-17169054-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado conferido y previo a todo hace mención a que los agravios vertidos por la actora en su escrito de apelción son una reiteración de los ya expuestos en sede fiscal. Explica que a partir del informe del art. 18 de la ley Penal Tributaria conforme el texto fijado por la ley 27.430 el Fisco inició la fiscalización a la Mutual detectando elevadas acreditaciones en las cuentas bancarias que no resultaron concordantes con la escasa actividad mutualista desarrollada sin que la contribuyente aportara elementos de prueba que acrediten el origen de los fondos depositados y si se relacionan con las actividades autorizadas en su estatutos.
Destaca que por Resolución 201/2018 (DV RR1R) se declaró la pérdida del reconocimiento de la exención otorgada a la Mutual en el impuesto a las ganancias con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2014, determinando el tributo bajo trato por la utilización indebida de la reducción de la alícuota establecida en el art. 7 del Anexo del Decreto 380/2001 por los períodos discutidos en autos. Al respecto, indica que conforme lo normado por la Resolución General 2681/2009 el organismo puede dejar sin efecto el certificado de exención mediante resolución fundadada a partir de la fecha que lo determine el juez administrativo interviniente, haciendo notar que la Resolución 201/2018 quedó confirmada por Resolución 56/19 (DI RROS).
Remarca que el ajuste fiscal es el resultado del análisis de la documentación aportada por la propia contribuyente y la obtenida en los allanamientos efectuados, demás antecedentes obrantes en la causa penal y las actuaciones iniciadas por el Instituto de Asociativismo y Economía Social, arribando a la conclusión que las elevadas acreditaciones bancarias provienen de operaciones financieras no autorizadas que obedecen a canje de cheques corrientes por efectivo, incompatibles con el estatuto.
Plantea la improcedencia de la nulidad articulada con carácter subsidiario señalando que la causa del procedimiento son las tareas de fiscalización, cumpliendo las etapas del proceso conforme lo dispuesto por la normativa en vigor, respetándose el derecho de defensa del contribuyente, cumpliendo el acto atacado todos los requisitos que lo convalidan, el que se encuentra debidamente fundado.
Pide que se confirmen los intereses resarcitorios devengados de acuerdo con el art. 37 de la ley de rito, indicando que el recurrente no formuló agravio alguno sobre ellos.
Se opone a la prueba ofrecida por la contraria y por los argumentos que desarrolla pide que se dicte sentencia confirmando el acto apelado en todas sus partes, con costas y se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que mediante PV-2021-24489203-APN-VOCX#TFN se abrió la causa a prueba, por de PV-2021-
69777934-APN-VOCX#TFN se declara cerrado el período de instrucción y se elevan los autos a consideración de la Sala “D”. A través de la IF-2021-110300799-APN-SGAI#TFN se ponen los autos para alegar, haciendo uso de tal derecho ambas partes, agregándose las pertinentes presentaciones, las que obran agregadas en autos (vide IF-2021-79408742-APN-DTD#JGM e IF-2021-81115336-APN-DTD#JGM). Finalmente, por IF-2022-
44326987-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Cabe señalar, de manera preliminar, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Según surge de las actuaciones y de la resolución apelada, el cargo se origina a partir del oficio judicial librado en la causa caratulada “Unidad de Investigación Financiera y otros s/Averiguación de Delito, Denunciante XXX y otro” (Expte. 10760/2014) en trámite por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, en el que se la desintervención de la documentación solicita el informe del art. 18 del Régimen Penal Tributario, según ley 27.430. A partir del análisis de la documentación incautada en el marco de la causa judicial referida, el Fisco inició la fiscalización de las sumas ingresadas por la Mutual en concepto del impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria.
Del cotejo de las actuaciones se evidencia que, como respuesta a los requerimientos cursados, la actora sólo aportó resúmenes bancarios, donde los actuantes observaron elevadas acreditaciones en las cuentas bancarias, a través del depósito de cheques con el beneficio de la alícuota reducida del gravamen que no resultaron concordantes con las prácticamente nulas actividades mutualistas desarrolladas, y su inmediato retiro en efectivo por caja (fs. 17/64 ant. OI 1686166). Además, se encuentran incorporadas copias de las actuaciones seguidas por el INAES que finalizaron con la suspensión de la Mutual por realizar canje de cheques por efectivo, poniendo de resalto que la misma no realiza ninguna de las actividades mencionadas en el estatuto desvirtuando su objeto mutualista.
Que en el art. 2 de Estatuto social se establece que los fines y objetivos de la mutual recurrente serán los de : a) fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros para satisfacer sus necesidades, b) prestar servicios funerarios, c) otorgar subsidios por casamiento, nacimiento, fallecimiento, d) otorgar prestamos a sus asociados y un beneficio que estimule la capacidad ahorrativa de los mismos d) proporcionar servicios de asistencia medica integral, asistencia medida parcial, farmacéutica, drogueria, de proveeduria, recreacion, turismo, culturales y otros compatibles con el desarrollo físico y espiritual de los asociados, f) establecer un fondo compensatorio para la jubilación g) proveer de vivienda a los socios ya sea adquiriéndola, construyéndola o haciéndola construir, pudiendo entregarla en uso o en propiedad, según lo establezca en cada caso la reglamentación (fs. 68 cpo antecedentes citados).
Frente a ello, el Fisco dispuso mediante Resolución 201/2018 (DV RR1R) la revocación de la exención concedida a la Mutual en el impuesto a las ganancias desde el 1° de noviembre de 2014 a diciembre de 2016, determinando el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria por la diferencia de alícuota entre la general y la reducida que se aplica a sujetos exentos.
Los inspectores hacen constar que la actora no aportó documentación alguna ni registros contables que acredite el origen de los fondos depositados en sus cuentas bancarias y si los mismos tuvieron su origen en operaciones relacionadas con las actividades autorizadas en su estatuto y reglamentos; es por todo ello que concluye que la acción desplegada por la mutual consistió esencialmente en depósitos de cheques endosados o cedidos a su favor por parte de terceros cuyas actividades no guardan relación o vínculo alguno al objeto social de la mutual, por lo que se consideró que estaría canalizando fondos de terceros no asociados a la misma quienes eludieron los controles instaurados para las entidades financieras regidas por el BCRA, y aprovecharon los beneficios exentivos que gozaba la mutual (vide informe de fs. 147/158 cuerpo principal 1 act. adm.) Se indica, en el informe referido, que de la consulta a la página web del INAES los actuantes observaron que la matrícula correspondiente a la Mutual Regional del Litoral se encuentra en condición “bajo sumario Res 1659/16”, que desde el año 2011 a la fecha del informe final (7/8/2018) declaró un solo empleado en su nómina salarial y que el Presidente de la mutual mediante multinota (fs. 7 ant. cpo antecedentes OI 1686166) manifestó que la entidad no realizó prestación de servicios mutuales desde eel 1°/7/2017 al 30/4/2018, que los únicos ingresos que obtuvieron por dicho período fueron por la capitalización de intereses de la caja de ahorro abierta que posee la mutual.
También se indica que de las consultas obtenidas del sistema E Fisco, Siter Capitulo A, desde el año 2015 la mutual no posee caja de ahorro comunicada por parte del BCRA, y hay un detalle de “cuenta corriente sin interes” que tuvo en distintos bancos, agregando que del análisis de las acreditaciones bancarias y compras efectuadas, se evidencia que las compras informadas durante los periodos 2017 y 2018 presentan una relación con la inactividad informada pero que en lo que hace a los años 2015 y 2016 son mínimos en relación a las acreditaciones bancarias reflejadas para esos años (conf.informe final fs.68/73 cpo antecedentes citados). Que también el Fisco tuvo en consideración el resultado de las investigaciones seguidas por otros organismos, esto es el INAES que, en la intervención que le fuera conferida informó que “dado que la única actividad de la Mutual se basa en un servicio no autorizado por el Organismo, y la modalidad de prestación realizada en efectivo, la Mutual se encontraría infringiendo con la normativa legal y estatutaria para la cual fue constituida, no justificando su continuidad en carácter de entidad mutual”.
En igual sentido se pronuncia la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Economica y Lavado de Activos) en su informe del 21/12/2017 indicando que la mutual habría sido “creada a efectos de canalizar los fondos lícitos e ilícitos para las operaciones financieras realizadas en el local de “Dinero Express” y de esta manera gozar de los beneficios de la exención al impuesto a los débitos y creditos en virtud del carácter jurídico de la Mutual indicada, ocultando la verdadera identidad de los responsables de toda esta organización” (fs. 14 ant. Cpo copia medida para mejor proveer-cuerpo investigación).
Además, de acuerdo con lo establecido en el informe de fiscalización llevado a cabo por el INAES -de fecha 25/8/2015 “La Mutual incumple con la Resolución N° 5450/14 ya que no puede realizar, como actividad principal o accesoria de los citados servicios, la gestión de cobranza de cheques que no responda a una operación de ayuda económica o de gestión de préstamos en los términos contemplados en la Resolución N° 1418/03 y en la Resolución N° 1481/09”...agregando que “en las operaciones visualizadas y movimientos de la cuenta bancaria de la mutual, se observa que entregaba los fondos en efectivo a los asociados, quitando transparencia a la operatoria de la misma...dado que la única actividad de la mutual se basa en un servicio no autorizado por el organismo y la modalidad de prestación realizada en efectivo, la Mutual se encontraría infringiendo con la normativa legal y estatutaria para lo cual fue constituida, no justificando su continuidad en carácter de entidad mutual”. En tal sentido, por Resolución RESFC-2017-2344-APN.DI#INAES del 4/12/2017 el Director del citado Instituto resolvió suspender toda operatoria del servicio de Ayuda Económica Mutual con Fondos provenientes del Ahorro de sus Asociados, regulada por la Resolución 1418/03 INAES (t.o. Resolución 2316/15 INAES) y de Gestión de Préstamos regulada por la Resolución 1481/09 y modificatoria en la Mutual Regional del Litoral e instruyó sumario a la entidad en los términos fijados en el anexo I de la Resolución INAES 1659/16 (fs. 5/7, anexo al IF-2020-17169414-APN-DTD#JGM). Cabe señalar que el INAES mediante nota del 27/4/2017 (NO- 2018-19557213-APN-SC#INAES) le aclara al Fisco que la medida adoptada respecto de la Mutual, esto es “la suspensión y/o abstención de la operatoria que se dispone, no implica que la entidad no pueda continuar operando respecto de otras actividades que no se encuentran comprendidas en la Resolución 2344/17” (fs. 17 Cpo copia medida para mejor proveer-cuerpo investigación y fs. 9 anexo al IF-2020-17169414-APN-DTD#JGM)
Como corolario de lo expresado, el Fisco consideró que al encontrarse acreditado que la entidad habría desvirtuado el objeto fundamental que motivó su formación, de acuerdo con lo establecido por el art 23 de la Resolución General (AFIP) 2681/2009 debían dejarse sin efecto las exenciones que gozaba. Así es que por Resolución 201/2018 (DV RR1R) de fecha 17 de diciembre de 2018, dispuso declarar la pérdida del reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias de la entidad mutual a partir del 1° de noviembre de 2014 que es cuando entra en vigencia la Resolucion INAES 5450/2014 y se pone en su conocimiento que, conforme el art. 24 de la Resolución General ya citada, deberá determinar e ingresar los impuestos a las ganancias, al valor agregado y el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, según corresponda, en las condiciones que dispongan las normas vigentes. Entre los fundamentos alli vertidos, el
funcionario firmante expuso que el estatuto de la mutual y la normativa de la materia, le impedían a la aquí
recurrente realizar actividades de intermediación financiera en los términos de la ley 21. 526 y que sólo podían conceder una asistencia financiera a sus asociados y no préstamos o créditos a terceros, y que a tenor de las pruebas colectadas se evidenció una situación anómala vinculada a la utilización de las cuentas bancarias de titularidad de la Mutual (Vide fs. 12/21, anexo al IF-2020-17169414-APN-DTD#JGM).
Que contra dicho acto la Mutual interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 74 del Decreto 1397/79 y modificaciones (fs. 23/32, actuaciones incorporadas al IF citado precedentemente), el que fue resuelto mediante de fecha 4 de abril de 2019, Resolución 56/19 (DI RROS).
Si bien la actora funda el recurso en que no existe una sentencia definitiva -refiriéndose a la causa penalque determine que la actividad llevada a cabo por la mutual no encuadra dentro del marco de la exención legal y en tal sentido se opone a lo decidido en la Resolución 201/2018 que ataca, el firmante del acto que resuelve la apelación deducida, además de relatar los elementos que tuvo en cuenta para su dictado, pone de relevancia que la entidad no aportó a la auditoría fiscal ni en la instancia recursiva, documentación ni registro de sus operaciones, que permita constatar si realiza las actividades autorizadas por su estatuto y reglamentos, es decir que no probó que el rédito que obtuvo deriva de la actividad principal que dio origen a la mentada exención. Asi, conforme a los argumentos que desarrolla, resuelve el rechazo del recurso de apelación incoado para ante el Director General y confirma el acto por el cual se declaró la pérdida del reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias de la entidad a partir del 1 de noviembre de 2014 (fs. 47/63 agregada al IF-2020-17169916-APN-DTD#JGM) Que de acuerdo con lo expuesto en el párrafo precedente al haber quedado firme la resolución que dispuso la pérdida de la exención y la fecha en que se hace efectiva, corresponde rechazar los argumentos esbozados por la actora sobre dicho acto.
V -Por otra parte la actora se queja de que la determinación se basa en la indebida utilización del principio de la realidad económica, por entender que se sustenta en los elementos obrantes en la causa en trámite en sede penal.
Al respecto cabe recordar que en esta instancia, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos (conf. Art. 377, C.P.C.C.N.), cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su posición jurídica (Fallos: 331:881). Que es en ejercicio de su derecho de defensa que la actora debe acreditar la veracidad de sus dichos toda vez que dicha parte es la que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en tal sentido, acompañar las pruebas que sirvan para desvirtuar el criterio fiscal. Que en lo que hace a la prueba realizada ante esta instancia, cabe adelantar que la misma no resulta suficiente a tal fin.
Que por IF-2021-51318733-APN-DTD#JGM la AFIP responde el oficio dice que ya fueron acompañadas las actuaciones de la OI 1686166; a su vez por IF-2021-58983673-APN-SGAI#TFN la Unidad de Información Financiera respondió que el documento que se le solicita no ha sido emitido por dicha unidad sino por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo perteneciente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), es el organismo encargado por ley de ejercer la superintendencia de las entidades bajo su contralor, en tanto es el que otorga las autorizaciones para que las mismas puedan funcionar, tiene las facultades de verificación y decisión respecto del correcto funcionamiento de las entidades bajo su sujeción y puede disponer sobre el retiro de la autorización para actuar y liquidarlas, cuando se comprueban desvíos que merezcan tal sanción. En efecto, en el caso de que las entidades incumplan con la normativa referida a su funcionamiento y el desarrollo de los propósitos que guiaron a su creación, no cabe dudas que ello tendrá una incidencia directa respecto de las exenciones tributarias. En tal sentido, no basta con poner en funcionamiento una mutual para que sus resultados queden fuera de imposición en el impuesto a las ganancias y por ende beneficiada con la reducción de la alícuota que dispone el art. 7 del decreto 380/2001, sino que es menester cumplir con los objetivos para los que fueron creadas conforme lo preceptuado por la ley (que las regula), esto es en tanto y en cuanto dichos servicios y rentas obtenidas se relacionen en forma directa con sus fines específicos.
Que sobre la queja que formula sobre “la incorrecta utilización del principio de la realidad económica” por parte del ente fiscal, no puede soslayarse que lo establecido en los artículos 1 y 2 de la ley 11683, la intención del legislador ha sido vedar la utilización abusiva del beneficio exentivo, de forma tal que impida que el mismo pueda ser utilizado y/o trasladado indebidamente a sujetos que no resulten beneficiados por tal franquicia subjetiva. En decir que el legislador ha tenido en cuenta, expresamente, la posibilidad de que la franquicia tributaria se desvirtuara y no se ingresar al gravamen en su justa medida, en este caso con la alícuota reducida que prevé la ley del impuesto bajo examen.
Que, cabe recordar que, a los fines fiscales el contribuyente debe dejar rastros ostensibles de su operatoria, esto es documentación que otorgue certidumbre a la misma y, cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplican a los demás juicios. En tal sentido, se ha venido expresando que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar intergiversablemente los hechos en que sustenta su pretensión y en ese caso, si la actora consideró que el método empleado por el ente fiscal fue erróneo, tuvo todas las oportunidades de demostrarlo. Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69).
Que en el caso la actora no niega el depósito de cheques en sus cuentas bancarias, operaciones en las que se aplicó la alícuota reducida del tributo en virtud de su situación de exenta en el impuesto a las ganancias antes de que fuera dejado sin efecto tal carácter, pero lo cierto es que no demostró de manera alguna que la operatoria bancaria referida al canje de cheques haya tenido vinculación directa e inequívoca con el objeto para el que consitutida la mutual.
VI. Sobre la nulidad que del procedimiento de determinación y del acto dictado en consecuencia que plantea de manera subsidiaria y como otro argumento más de la cuestión de fondo, a tenor de lo expresado en los Considerandos precedentes no se vislumbra que el Fisco .se haya apartado de las previsiones legales y por lo tanto, no asiste razón a la recurrente en cuanto plantea que el proceder del Fisco haya sido arbitrario.Q ue tampoco se advierte, que la actora haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo o defensa en juicio, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso, surgiendo de las actuaciones que en todo momento fue anoticiada de las diligencias y ajustes que proponía la fiscalización como así también de la vista corrida que dio inicio al procedimiento de determinación de oficio, haciendo las presentaciones que entendió pertinentes.
Además, de la lectura de la resolución atacada se evidencia que la misma cumple con los requisitos esenciales estatuidos por el artículo 7° de la ley 19.549. En tal sentido, debe destacarse que dictada con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho, es decir, que no sólo se han cumplido con los requisitos externos de validez, sino que se han valorado las circunstancias fácticas y jurídicas que la presupone. Que la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma y sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”. Es decir que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide, circunstancia que no ha sido acreditada en autos y por lo tanto procede desestimar tal defensa.
VI. Finlamente, sobre los intereses resacitorios aplicados en el acto recurrido, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y que la actora no ha formulado agravios contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su liquidación, corresponde disponer su confirmación.
VII – Por todo lo expuesto, voto por confirmar la resolucion apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere al voto precedente.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la decisión adoptada por la Vocal Instructora, por análogos fundamentos Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, imponiendo las costas a cargo de la vencida.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $217.423 (pesos doscientos diecisiete mil cuatrocientos veintitrés) equivalente a 29,23 (veintinueve con 23/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $543.558 (pesos quinientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho) equivalente a 73,07 (setenta y tres con 07/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°4/2022 (11/03/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Registrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Fisco Nacional y archívese.-
Date: 2022.05.05 13:53:24 -03:00 Date: 2022.05.05 15:01:45 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.06 11:43:07 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.06 11:43:08 -03:00
Fin de la sentencia