Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 60.631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Aumentar el monto de condena por el daño patrimonial por la pérdida de chance para cada padre el que se eleva a $ 160.000 para cada uno de ellos (Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi);
2Admitir el daño moral de los hermanos Martín Alejandro y Leandro Agustín Mutuberría por el fallecimiento de Francisco Mutuberría y declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del art 1078 CC;
3Aumentar el monto de condena por daño moral que se eleva a $ 280.000 para cada progenitor y para los hermanos a $ 130.000 para Martín Alejandro y a $ 100.000 para Leandro Agustín Mutuberría, comprensivo de la faz extrapatrimonial del denominado daño psicológico;
4Aumentar los rubros de tratamiento psicológico y gastos de farmacia que se elevan a $ 62.400 para cada uno de los padres, $ 40.000 para Martín Alejandro Mutuberría, confirmando la suma de $ 31.200 para Leandro Martín;
5Admitir a partir del 19/8/2008 la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, quedando firme por falta de agravio las fechas fijadas en Primera Instancia a partir de las cuales se devengarán intereses;
6Confirmar en lo restante la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas en ambas instancias a los demandados vencidos, condena extensiva a la aseguradora, estableciéndose que las costas devengadas por el asegurado en su defensa y con relación a …
Causa nº: 2-60631-2015 "MUTUBERRIA, JULIO ENRIQUE Y OTROS C/ GRANEL SUR S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 133 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintisiete días del mes de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Mutuberría, Julio Enrique y Otros c/ Granel SUR S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 60.631), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia de fs. 344/361 vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I.- 1.- El día 4 de Marzo de 2006 se produjo en la ciudad de Tandil un grave siniestro vial protagonizado por el automotor Ford Focus, dominio FAD 793, propiedad de Granel Sur S. A. y conducido por Juan Etchegoyen, a raíz del cual falleció Francisco Mutuberría de 18 años, que junto con otros amigos viajaba en ese vehículo. Los padres y hermanos de la víctima dedujeron demanda resarcitoria de daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales contra el titular registral y contra el conductor del automotor, siendo citada en garantía la compañía aseguradora, Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada. De ese modo promovieron la pretensión resarcitoria los padres de Francisco, Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi, y sus hermanos, Martín Alejandro y Leandro Agustín.
Sustanciado el proceso, la sentencia de grado determinó la exclusiva responsabilidad de la demandada en la producción del hecho nocivo y condenó a Juan Etchegoyen y a Granel Sur S.A. (la que hizo extensiva a Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada), a pagar a los actores los siguientes rubros: para los padres $ 2400 en concepto de gastos de sepelio y $ 261.200 para cada uno de los dos progenitores comprensivo de los siguientes daños: $ 110.000 por daño patrimonial por la pérdida de la vida humana (la chance perdida como daño patrimonial), $ 31.200 por tratamientos psicológicos y $ 120.000 por daño moral; para el hermano Martín Alejandro $ 101.200 comprensivos del daño moral ($ 70.000) y $ 31.200 por tratamiento psicológico; para el hermano Leandro Agustín $ 70.000 por daño moral.
El pronunciamiento recurrido consideró procedente el resarcimiento por daño patrimonial a favor de los padres, Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi, cuantificado en $ 110.000 para cada uno de ellos, teniendo en cuenta que al momento del fallecimiento Francisco tenía 18 años, era estudiante universitario y practicaba deportes desde pequeño, desarrollando una intensa vida social, por lo que su fallecimiento los privó de la razonable expectativa de ayuda y sostén futuro en caso de necesidad en su ancianidad. Fundó su decisión en los arts. 1084 y 1085 CC. Desestimó el daño patrimonial reclamado por los hermanos por falta de prueba de que fueran alimentados por Francisco y porque los coactores concluyeron sus estudios universitarios y ambos se encuentran trabajando.
En lo atinente al daño moral otorgó la suma de $ 120.000 para cada padre, partiendo de la presunción de daño extrapatrimonial derivado de la muerte del hijo, y confirió por ese concepto $ 70.000 a cada hermano. Para admitir la procedencia del rubro a favor de Martín Alejandro y Leandro Agustín el fallo sostiene que el art 1078 CC cuando se refiere a los herederos forzosos como legitimados activos indirectos en caso de muerte de la victima directa está incluyendo a los hermanos. Además el nuevo Código Civil y Comercial en el art. 1741 reconoce esa legitimación a los hermanos que conviven y resulta de autos que si bien Francisco estaba cursando el primer año de una carrera universitaria en Buenos Aires, residía en Tandil junto a su grupo familiar y el fin de semana en que se produjo el luctuoso hecho había viajado para reencontrarse con su familia, todo lo que se desprende de la prueba pericial psiquiátrica y del informe de la trabajadora social de fs 266/271 y 288/291.
Acota que el centro de vida del joven era la ciudad de Tandil. Con relación a los gastos de farmacia y consultas médicas y gastos de sepelio y asesoramiento jurídico la sentencia de grado admitió únicamente la suma de $ 2.400 en concepto de reembolso de gastos de sepelio, según se desprende de la factura glosada a fs. 239. En cambio desestimó los rubros gastos de farmacia y consultas médicas porque los actores no acreditaron haber efectuado esas erogaciones ya que no agregaron ningún medio probatorio que demuestre que debieron efectuar consultas a profesionales de la salud ni que les fueran prescriptos medicamentos. Igualmente desestimó el reintegro de gastos de asesoramiento jurídico y de traslados por falta de prueba de que hubiera sido necesario requerir otros servicios legales distintos de los comprendidos en este pleito, los que quedan comprendidos en la condena en costas.
En lo relativo a la tasa de intereses dispuso que sobre el capital se aplicará la tasa pasiva que establece el Banco Provincia para sus operaciones de depósito a treinta días desde el momento del hecho y hasta su efectivo pago, con excepción de las erogaciones por gastos de sepelio que comenzarán a correr desde el momento que se efectuó dicho pago y del monto por tratamiento psicológico que se devengará desde el día en que quede firme el presente decisorio. Tras ello el fallo ahora recurrido sostuvo que Granel Sur S.A. es responsable en su condición de dueño del automotor y Juan Etchegoyen como autor del hecho y conductor del rodado que transportaba a la víctima, en el marco del denominado transporte benévolo, lo que constituye un supuesto comprendido en la responsabilidad por riesgo comprendida en el art. 1113 Cód.
Civil. Más adelante el Sr. Juez de Grado se refirió a la legitimación pasiva de la aseguradora citada en garantía, “Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada”, quien alegó la exclusión de cobertura por existencia de culpa grave del asegurado que conducía el vehículo a excesiva velocidad y con un alto grado de alcoholismo de 1,58 grs. de alcohol por litro en sangre. Adujo que se configuró la culpa grave como causal de exclusión de cobertura, y su consiguiente liberación, conforme los arts. 70 y 114 de la Ley 17.418 –en adelante LS-, contenidos en la cláusula nº 20 de las condiciones generales de la póliza que dice que el asegurador queda liberado si el asegurado o el conductor provocan el siniestro dolosamente o con culpa grave.
Estos fundamentos fueron desestimados por el Sr. Juez “a-quo” quien afirmó que los argumentos atinentes a la culpa grave quedan desplazados porque en el caso Juan Etchegoyen, conductor del vehículo, no es el asegurado ya que la póliza se emitió a nombre de Granel Sur S.A. De conformidad con lo prescripto por los arts. 70 y 114 de la Ley de Seguros la póliza sólo podrá modificar las condiciones de contratación cuando ello opera en beneficio del asegurado, y no en sentido contrario. Expresa que resulta de aplicación la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que afirma que las cláusulas (como la aquí estipulada) relativas a la culpa grave del conductor del vehículo no importan una modificación a favor del asegurado sino que operan en su perjuicio y por lo tanto resultan inválidas.
Cita en apoyo de su postura la doctrina legal de la Corte sentada en el Ac. 76.885, del 09/10/2003, criterio que –agrega- se compadece con la función social del contrato de seguro resultando aplicable la normativa especial de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Concluye argumentando que la mencionada cláusula de la póliza resulta abusiva y contraria al orden público protegido por la referida normativa consumerista. Por todo lo expuesto hace lugar a la demanda, condenando a todos los accionados a pagar las sumas especificadas anteriormente; impuso todas las costas a la parte demandada vencida y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 51 del Dec./Ley 8904/77.
Contra ese pronunciamiento interpusieron recursos de apelación los codemandados Granel Sur S.A. y Juan Etchegoyen a fs. 362 y fs. 363, lo que fueron concedidos a fs. 364. A fs. 366 apeló la aseguradora y a fs. 372 la parte actora, recursos que fueron declarados admisibles a fs. 367 y fs. 373, respectivamente.
A fs. 387/394 expresó agravios la representación legal de la aseguradora. A fs. 395/398 hizo lo propio la codemandada Granel Sur S.A. glosándose a fs. 399 la adhesión del otro codemandado. A fs. 400/410 expresaron agravios los actores. Dichas piezas procesales fueron respondidas por la aseguradora a fs. 413/417; por el codemandado Granel Sur S.A. a fs. 418/419, con más la adhesión de fs. 420. A fs. 421/422 lo hizo la actora mediante la gestión procesal ratificada a fs. 435. Por su parte el Sr. Fiscal General reemplazante dictaminó a fs. 430/431; obrando a fs. 443/446 copia del dictamen completo.
2. La parte actora recurrente introdujo tres agravios. Sostiene que: 1) la sentencia desestimó ilegítimamente los rubros indemnizatorios referidos al daño psíquico, gastos de farmacia y consultas médicas, asesoramiento jurídico y gastos de transporte; 2) aduce que son exigüos los montos indemnizatorios fijados en concepto de pérdida de chance, daño moral y tratamiento psicológico; 3) alega que la tasa de intereses (tasa pasiva) resulta lesiva porque atenta contra el principio de la reparación íntegra del daño y la indemnidad de su patrimonio. En el desarrollo puntual y particularizado de cada impugnación manifiesta en el primer agravio (que denomina “Rubros indemnizatorios ilegítimamente desestimados”) que el daño psíquico constituye un rubro autónomo de otros daños, que su existencia no depende de la incapacidad sobreviniente y que procede aunque no fuera permanente porque el daño psicológico puede dejar incólumes las facultades atinentes a lo laboral y al resto de la vida social del individuo pero afectar su ámbito interno.
Tras ello controvierte los fundamentos del fallo cuando afirma –contrariamente a lo que sostuvo en su escrito de demanda- que el daño psíquico sólo procede como tal cuando constituye incapacidad psicológica permanente. Dice que el pronunciamiento se desentiende de sus propias afirmaciones ya que sostuvo que Julián Mutuberría, su esposa Marta Susana Landi y el hijo mayor Martín evidencian manifestaciones de un duelo complicado o patológico con riesgo de evolucionar a un cuadro de depresión y que el tratamiento psiquiátrico con psicofármacos y la asistencia psicológica podían reducir los síntomas depresivos, logrando una mejoría en el funcionamiento general, disminuyendo el riesgo de cronificación del cuadro.
Acto seguido efectúa un análisis detenido del dictamen pericial psiquiátrico, transcribiendo sus párrafos sustanciales, los que ponen de relieve de modo claro que el hecho de autos impactó severamente en la esfera psíquica de todos los integrantes del ámbito familiar generando severos trastornos de ánimo y personalidad que han afectado el desarrollo normal de su vida cotidiana. Hace hincapié en que la pericia no habla de curación definitiva y enfatiza que el fallecimiento de Francisco produjo en sus padres y hermanos distintos cambios, modificaciones y alteraciones constitutivas de una grave alteración de su psiquis, que constituye una alteración profunda del estado natural de ellos y que como tal debe ser resarcida.
En el segundo agravio el apelante sostiene que la sentencia incurre en una interpretación forzada y restrictiva de los hechos al rechazar los gastos de farmacia, traslados y transporte que fueron desestimados por falta de prueba respaldatoria de las consultas médicas efectuadas y de las recetas expedidas. Cuestiona el razonamiento que no tiene en cuenta el estado de conmoción que sufrieron los actores a raíz del fallecimiento de Francisco y la imposibilidad de requerir los comprobantes. Luego destaca que los gastos de asistencia médica y farmacéutica son gastos presumibles como actualmente los destaca el art. 1746 CCCN. También se disconforma que se hayan desestimado los gastos de traslado de Tandil a Buenos Aires y a La Plata para la concertación de reuniones y entrevistas con distintos profesionales del derecho.
Luego se detiene en el examen de las cuantías otorgadas en concepto de valor vida, pérdida de chance y daño moral, las que considera notoriamente insuficientes y exigüas. Pone de relieve el tiempo transcurrido desde la fecha del hecho, la desactualización de esas cuantificaciones y la necesidad de atender a valores actuales, criterio que -por ejemplo- ha conducido a algunos tribunales provinciales a la utilización del valor del “jus” como parámetro de composición realista para el daño moral y el valor vida. En lo atinente al tratamiento psicológico cuestiona que no se haya computado un plazo más largo de asistencia del grupo familiar. Finalmente pide que se aplique la tasa pasiva digital conforme la actual doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
El agravio de la parte demandada Granel Sur S.A. a fs. 395/398 mereció la adhesión del restante codemandado a fs. 420, y se centra en la imposición de costas. Sostiene que los honorarios profesionales de los letrados de los codemandados Granel Sur S.A. y Juan Etchegoyen deben ser soportados por la aseguradora “Segurcoop Cooperativa de Seguros Limitada” ya que de acuerdo al art. 110 inc. a de la ley 17.418 y a las condiciones generales pactadas en la póliza el asegurador debe asumir el pago de los gastos y costas judiciales. Además en el caso de autos la aseguradora el 04/09/2006 le comunicó por carta documento que rechazó el siniestro por lo que declinó la defensa de los asegurados, todo lo que obligó a los demandados a requerir los servicios de los letrados particulares intervinientes. Más adelante recalca que el rechazo de la cobertura del siniestro por la exclusión de cobertura implica una manifestación de voluntad de no asumir el riesgo, lo que constituye un supuesto de no seguro, que tornó absolutamente necesario para los demandados requerir los servicios profesionales de sus abogados.
La aseguradora condenada sintetiza sus agravios del modo siguiente: “1) se ha violado la garantía del debido proceso haciendo lugar a una excepción de nulidad sin la debida contradicción (art. 18 C.N.); 2) se viola el principio de legalidad al condenar a mi mandante a hacer lo que la ley no manda y privarla de lo que ella no prohíbe (art. 19 C.N.); 3) viola el principio de división de poderes establecido en nuestra Constitución Nacional; 4) aplica en forma desacertada la normativa de defensa del consumidor; 5) viola también el principio de legalidad al hacer lugar al reclamo de daño moral a favor de los hermanos de la víctima; 6) se fijan sumas desproporcionadas para los rubros que se acogen” (sic. fs. 387/387 vta.).
En el desarrollo circunstanciado de los argumentos, comienza con el análisis de los cuatro primeros fundamentos y sostiene que la sentencia adolece de error al hacer lugar a la defensa opuesta por las demandadas quienes adujeron que la cláusula número 20 de la póliza que establece la exclusión de cobertura por culpa grave del conductor es inválida a la luz del art 158 de la LS. Sostiene que el juez de grado al admitir la defensa y declarar inválida dicha normativa violó su derecho de defensa y los principios de legalidad y del debido proceso porque en realidad la demandada opuso una excepción de nulidad en los términos del art 1058 bis CC y se omitió correrle traslado para que pudiera invocar y probar su oposición al hecho extintivo aducido por la actora (la inaplicabilidad de la normativa que libera a la aseguradora por culpa grave del conductor no asegurado).
Explica que no se le otorgó la posibilidad de defender la legalidad de la cláusula invalidada, que se trata de una cláusula obligatoria establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Res. 22.058 del 22/10/93), que no es facultativa para la aseguradora, y que es impuesta por la autoridad de aplicación en ejercicio de las facultades regulatorias de la ley 20.091. Acota que el defecto no es subsanable con la posibilidad de atacarla en la instancia recursiva porque ello vulnera la garantía de la defensa que en el juicio civil comprende la doble instancia, tal como lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello debe decretarse la nulidad de todo lo actuado a partir del defecto procesal que señala.
Formula distingos entre ilicitud e invalidez de la cláusula de exclusión por dolo o culpa grave del conductor o del asegurado, prevista en la citada Cláusula 20 de la póliza, y se detiene en las facultades reglamentarias que tiene la Superintendencia de Seguros de la Nación, reconocidas por la Corte Nacional en la causa “Cuello” por lo que –luego, y entre otros fundamentos- concluye que la imposición de esa cláusula por parte de la aseguradora no es facultativa sino constituye un imperativo legal, que el conductor ocupa el lugar del asegurado, que no es aplicable la doctrina de la Suprema Corte (SCBA AC 88235) invocada por la sentencia, la que se opone a la jurisprudencia de la Corte Suprema sentada en la citada causa “Cuello”.
La decisión judicial viola la división de poderes al inmiscuirse en el ámbito de las facultades regladas de los otros poderes y la normativa del derecho de consumo no es aplicable al contrato de seguro. Tras ello, y luego de otros fundamentos el agravio se detiene en la improcedencia de la admisión del daño moral de los hermanos ya que el art 1078 CC excluye su legitimación activa y no revisten la condición de herederos forzosos, conforme el art 3592 CC por lo que, en consecuencia, los hermanos no pueden reclamar daño moral porque no son legitimarios y están excluidos del daño moral. Por lo demás el CCCN no es aplicable porque se trata de un hecho ocurrido antes de su entrada en vigencia. Finalmente impugna los montos de condena que considera altos, sostiene que es hipotética la posibilidad de que la victima ayudara a sus padres en la ancianidad porque no estudiaba ninguna carrera vinculada con la empresa familiar.
Luego dice que es improcedente el resarcimiento del daño por atenciones psicológicas porque Julio Mutuberría manifestó que no tiene deseos de iniciar tratamiento psicológico, la madre Marta S. Landi practica yoga para mitigar el dolor e inició y abandonó el tratamiento por no experimentar mejoría .Además se computó un costo alto de honorarios profesionales. Por todo lo expuesto solicita se revoque la sentencia recurrida. En el dictamen el fiscal propone -en lo sustancial- admitir parcialmente la nulidad planteada por la aseguradora y sanear el trámite (fs. 443/446) sustanciando la oposición.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el orden de votación resultante del sorteo, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto.
II.-1.- En primer lugar resulta pertinente hacer una breve referencia a una cuestión de derecho transitorio (arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN) que viene siendo repetida por el Tribunal a partir del 1 de Agosto de 2015. Conforme lo estatuido por el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial -sustancialmente análogo al art. 3 CC- la cuestión a dilucidar queda sujeta a las previsiones del derogado Código Civil. Es que, tal como lo referí en la causa “Braszka”, “una de las primeras reglas de interpretación del actual art. 7º CCCN consiste en distinguir los ‘hechos constitutivos’ de la relación jurídica, de sus consecuencias, derivaciones o efectos. Las relaciones jurídicas nacen, se modifican o se extinguen en virtud de hechos a los que la ley le asigna efectos generadores o constitutivos; esos ‘hechos constitutivos’ (comprensivos de los hechos modificatorios y extintivos) se rigen y son juzgados por la ley vigente al momento de producirse. En cambio los efectos o consecuencias de las relaciones jurídicas constituidas bajo la ley anterior se rigen de inmediato por la nueva ley (Moisset de Espanés, Luis, ‘El daño moral (arts. 522 y 1078)’ y ‘La irretroactividad de la ley (art. 3)’, cit., J.A., T. 13, Serie Contemporánea, 1972- 355; Kemelmajer de Carlucci, Aída, ‘La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes’ cit., pág. 100). Los presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad, causalidad, daño y factor de atribución) son hechos constitutivos que se rigen por la ley vigente en el momento de su producción, lo que no impide que queden alcanzadas por la ley nueva las consecuencias o efectos no concluidos, no operados o no consumidos, aunque se trate de relaciones jurídicas constituidas con anterioridad como por ejemplo las cuestiones atinentes a la cuantificación del daño (esta Sala Causa N° 56441, del 8/9/15 ‘D. B., A c/ A., L. C. y Otros s/ Derechos personalísimos-Sumario’; Causa N° 56571, del 8/9/15 ‘D. B., A. c/ A., L. C. y Otros s/ Daños y Perjuicios’; causa n° 59625, “Braszka, Carlos Jorge y otros....”, del 20/10/15; ver “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, L.L. 2015-F-867).
2. Los recursos son parcialmente admisibles, aunque con distintos alcances. Por razones de método, atendiendo al orden de los agravios y para simplificar su tratamiento, abordaré en primer lugar los daños resarcibles y sus cuantías y luego el rechazo de la exclusión de cobertura por ebriedad de Juan Etchegoyen, conductor del automóvil asegurado por Granel Sur S.A. y que transportaba al joven Francisco Mutuberría, quien falleció en el evento. Los daños serán analizados según el orden siguiente: el daño patrimonial por la pérdida de chance de los padres; la legitimación de los hermanos por daño moral, el daño moral y el psicológico de todos los actores y, finalmente, los restantes daños y su cuantificación.
3. Pérdida de chance de los progenitores por el fallecimiento del hijo. Comienzo con el daño por el fallecimiento de Francisco, el denominado valor de la vida humana del hijo, que consiste en el daño patrimonial por la pérdida de chance de ayuda futura y de asistencia material y espiritual que Francisco habría podido prodigar a sus padres Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi, cuando sean adultos mayores. Se trata de un daño patrimonial que en el régimen del Código Civil derogado era una creación pretoriana y que recoge expresamente el art. 1745 inc. c) CCCN.
La procedencia del rubro, por el que en Primera Instancia se otorgó $ 110.000 para cada padre, debe ser confirmada aunque aumentando su cuantía, ya que propondré su elevación a $ 160.000 para cada uno (arts. 901,906, 1079, 1084,1085 y concs. C.C.; arts. 165 y 384 CPC). Existe coincidencia en la doctrina y jurisprudencia en que el daño patrimonial en examen es el daño cierto consistente en la pérdida de chance de ayuda futura de que los padres en la vejez serán asistidos económica y espiritualmente por sus hijos, en caso de necesidad. Este Tribunal resolvió reiteradamente que “cuando se trata de la muerte de los hijos, especialmente menores o incapaces o solteros y sin descendencia, se presume a favor de los padres la existencia de un daño material, cierto y actual, que consiste en la pérdida de una chance.
Esta consiste en la razonable expectativa y probabilidad de que de vivir el hijo en la ancianidad de sus progenitores o en su estado de necesidad, éste contribuiría a su asistencia material y moral, perjuicio cierto y no meramente hipotético” (esta Sala, causa nº 39345, 11/8/98, "Saloiña”, causa nº 39541, 8/9/98, “Luján” y causa Nº47221 17/12/04 “Giacoboni”). De modo que el daño resarcible es la pérdida misma de la chance y no el valor intrínseco de la vida humana ni para si ni para terceros (arts.1066, 1067, 1079, 1083, 1084, 1085 y concs. Cód. Civ.), ya que “cuando muere un menor los padres ven tronchada una esperanza económica” (Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, T.2b, pág.242; esta Sala, causa nº 37517, 7/4/97, “Cabrera de Quin”) y la chance es la probabilidad objetiva y cierta –y no la mera posibilidad- de obtener una ganancia o de evitar una pérdida, a condición de que esa probabilidad -que no es certeza- sea “suficiente”, como se ha señalado en forma reiterada.
La probabilidad debe superar el terreno de la conjetura o hipótesis y el requisito de la certidumbre del daño –actual o futuro- se configura en base al acontecer regular de los hechos –el llamado “principio de regularidad”- es decir lo que sucede “según el curso natural y ordinario de las cosas”, como lo expresó Vélez Sarsfield en el art.901 del Código Civil (sobre el tema ver: Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible" p.97; S.C.B.A., Ac.6957, 29/6/65 “Minutta”, voto de la mayoría, A. y S., 1965-II-324, L.L., 119-394; Cazeaux, Néstor P., "Daño actual. Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Pérdida de chance" en "Temas de responsabilidad civil". En Homenaje a Augusto M. Morello, p.28; Piaggio, Aníbal N., "Azar y certeza en el derecho de daños", E.D., 152-812 (cap.IV); Iribarne, Héctor P., "De los daños a las personas", p.128; esta Sala, causas N° 42469, 26/6/2001, “Cerdeiro”; N°51084, 06/11/2007 “E.R.D. c/E.R.D. s/ Ds. y Pjs.” E.D.228-417).
En efecto, y a fin de dar respuesta al agravio de la aseguradora que cuestiona y controvierte la probabilidad misma de la asistencia futura de Francisco en atención a que la carrera universitaria que comenzó a cursar en ciencias sociales no está vinculada al trabajo de su progenitor (ingeniero agrónomo con explotación agropecuaria), añado - como en esos precedentes- que “es inherente a la condición humana, y por ende marcadamente probable, que el hijo asista económicamente a sus padres, no sólo en sus necesidades materiales futuras de la vejez, sino también en el cuidado personal que también tiene contenido económico. Se conectan e interrelacionan la sobrevivencia del hijo a los padres, la necesidad de ayuda de los progenitores, la posibilidad del hijo de prestarla y su concreción efectiva, lo que se encuentra comprendido en lo que puede rotularse como “standard de buen hijo” (arts.901 y 906 Cód.Civ. y 384 C.P.C.).
“Lo reparable no es el beneficio esperado sino la probabilidad perdida” (Mayo Jorge A. “La pérdida de ‘chance’ como daño resarcible” L.L.1989-B-106) que, en el fondo, trasunta un criterio cuantitativo y no cualitativo de ponderación (conf. “in extenso” Piaggio Anibal “Azar y certeza en el derecho de daños” cit. E.D.152-815; causas Nº48.073, 12/5/2005 “Zarza”; 42.976, 6/9/2001 “Testa”). En síntesis, es suficiente la probabilidad objetiva de asistencia material futura” (esta Sala causa cit. N°51084 “E.R.D.”; causa N°55340, 13/03/12 “P.,C. y otros c/ A., A.R.”; R.C.y S.2012-V, 181 con nota de Edgardo López Herrera “Sobre la responsabilidad civil del autor de homicidio en estado de emoción violenta”; L.L.B.A. 2012 pág, 401 con nota de Marcos Giles “Acerca del resarcimiento por pérdida de chance de ayuda económica futura por la muerte de un hijo”; esta Sala, 27/3/2013, Causa nº: 2-57090-2012, “Pérez, Nicolás y Otros c/ Zoffranieri, Salvador y Otro s/ Daños y Perjuicios”).
Francisco tenía 18 años cuando murió (conf. partidas fs. 212/216), había concluido con muy buenas notas la escuela secundaria (fs. 12/13), estaba cursando su primer año en la universidad, estaba radicado transitoriamente en Buenos Aires (fs. 10/11, informe 234/236) y desarrollaba una intensa actividad deportiva de la que incluso dieron cuenta sus amigos al despedir sus restos (fs. 30/31; testimonios de Oscar Di Lazaro de fs. 244 y Antonia Soto de fs. 245; arts. 384 y 456 CPC). Por lo demás tanto el dictamen pericial psiquiátrico de la Dra. Melisa N. Primante de fs. 266/271 como el de la licenciada en Trabajo Social Lilián M. Pagola, de fs. 288/291, describen con detalle las características del grupo familiar integrado por los dos padres (Julio Enrique de 56 años al momento de la pericia y Marta Susana Landi de 58) y sus hermanos Leandro y Martín, de 28 y 32 años, ambos profesionales, el primero ingeniero agrónomo y el segundo licenciado en administración de empresas radicado en Buenos Aires, en pareja y con una hija. Los dos dictámenes destacan y enfatizan que se trata de un grupo familiar muy unido, con lazos estrechos y con vínculos armoniosos sostenidos en el afecto y colaboración entre ellos (con posterioridad a la muerte de Francisco los padres le proveyeron de un inmueble a uno de los hijos). De modo que el cuadro existencial de la familia se ajusta naturalmente al emplazamiento fáctico que hace jugar la presunción de la existencia de la chance y, por lo demás, no existe en autos prueba rendida por la demandada que desvirtúe dicha presunción razonable de que Francisco, por sus condiciones personales y dado el sólido vínculo afectivo con sus padres, habría de ayudarlos y asistirlos cuando sean mayores, sin perjuicio de ponderar también que sus otros dos hermanos también podrán brindarles y compartir esa asistencia material y moral ( arts 901, 1079,1084,1085 y concs CC). Por eso y por las otras razones complementarias a las que aludiré al tratar el daño moral, resulta justo fijar en $ 160.000 el rubro para cada uno de los padres actores (arts. 901, 906, 1066, 1067, 1078 y concs. C.C.; 165 y 384 CPC).
4. La legitimación por daño moral de los hermanos A) En el escrito de demanda los coactores Martín Alejandro y Leandro Agustín Mutuberría, hermanos de la víctima, reclamaron el resarcimiento del daño moral que estimaron en $ 70.000 para cada uno alegando el profundo agravio que les produjo el fallecimiento de Francisco y sustentaron su pretensión en el art 1078 CC (conf. escrito de fs. 18vta./20). La demandada y la aseguradora se opusieron argumentando que el citado artículo excluye la legitimación de los hermanos por daño moral (fs. 81 y fs. 134 vta. y 167). La sentencia de grado confirió la suma de $ 120.000 a cada uno de ellos entendiendo que los hermanos son herederos forzosos por lo que están comprendidos en el citado art. 1078 CC.
En subsidio sostiene que el actual art. 1741 CCCN amplió la legitimación a los hermanos que conviven, supuesto en el que se encontraba Francisco que si bien residía en Buenos Aires, por sus estudios universitarios, tenía en Tandil su centro de vida junto a su núcleo familiar. La aseguradora apelante se agravia, con razón, a fs. 362 vta./393 porque el derogado art. 1078 CC -que, como se dijo antes, es de aplicación porque regía a la fecha de ocurridos los hechos- (art. 3 CC y art. 7 CCCN) no confiere a los hermanos la condición de herederos forzosos del fallecido, ya que según el art. 3592 CC lo son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge de la víctima. Aunque el agravio es procedente en lo relativo al sustento normativo que confiere andamiaje a la pretensión resarcitoria de los hermanos, en el caso en juzgamiento igualmente corresponde mantener la condena porque según la doctrina del Tribunal la actora acreditó la entidad e intensidad del dolor y padecimiento espiritual de los actores en el ámbito extrapatrimonial, lo que amerita que -ante el pedido concreto de resarcimiento (fs. 81)- se remueva el obstáculo legal (el citado art. 1078 CC) que impide la procedencia de la petición mediante la declaración oficiosa de su inconstitucionalidad (este Tribunal, causas -entre muchas otras- nº 58.266, 11/12/14, “Pacheco, Luisa Marta c/ Ganadera del Centro SRL s/ Daños y Perjuicios, Autom. c/ Les. o Muerte (Exc.
Estado)” y nº 60.219, 18/04/16, “Albide, Andrea y Otro c/ Suárez García, Juan M. y Otro s/ Daños y Perjuicios”, con sus citas y remisiones a otros y más antiguos precedentes). Si bien ese precepto legal en abstracto y “per se” no siempre y necesariamente es contrario a la Constitución Nacional, admite que -en cada caso- se determine si la concreta exclusión legitimatoria resulta lesiva de derechos de raigambre constitucional.
En efecto, y siguiendo esos antecedentes, el art 1078 Código Civil no resulta, anticipada y mecánicamente inconstitucional al restringir la legitimación activa por daño moral. Existen casos en los que se presume la existencia de ese padecimiento por lo que de ordinario el art 1078 será inconstitucional: por ejemplo el daño moral de la concubina por el fallecimiento de su compañero (esta Sala, causa nº 58.857, 18/11/14, “Miñana, Celia B. y Ots. c/ Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. s/ Daños y Perjuicios”); el daño moral de la madre y del hermano por el abuso sexual cometido por el padre a sus sobrinas y a una de sus amigas y por ilícitos civiles de naturaleza sexual contra sus hermanas (cf. esta Sala, causa nº 54.544, 10/03/11, “A., M. A. c/ F., N. R. s/ Daños y Perjuicios”, en L.L.B.A., Junio 2011, pág. 483, con nota a fallo de Marisa Gabriela López Bravo, “Reparación del daño moral a los damnificados indirectos en el delito de abuso sexual”; en R.C. y S., 2011-VI, pág. 49, con nota a fallo de Graciela Medina). En cambio, en otros supuestos y por vía de principio, el daño debe probarse como en el caso de los hermanos (este Tribunal, Causa N° 51.466, 29/4/2008, “A., H. y otro c/ Q., C. y otro s/ Daños y perjuicios” y “G. de S., M.y causa Nº 51.467 c/ A., H. M. y A., A. M. s/ Daños y perjuicios”, en La Ley, 2008-E, 496, con nota de Graciela B. Ritto; esta Sala, causa cit. supra nº 58.266, del 11/12/14, “Pacheco …”). Obiter dicta destaco que en otra ocasión, y por aplicación de esos parámetros interpretativos adherí a la solución de admitir el daño moral de los padres por la gran discapacidad de la hija menor que sobrevivió y al daño moral de la niña con discapacidad por el fallecimiento de su hermana mayor (cf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala K, 2013-11-11, “G. P., G .R. c. Casa Balda S.A.C.A.I. e I. s/ daños y perjuicios”, en R.C. y S. 2014-V, 95, con mi nota “La legitimación de padres y hermanos por daño moral en importante precedente”).
Reitero otra vez la doctrina predicable con relación a los hermanos: la regla general contenida en el art. 1078 del Cód. Civil que no admite la legitimación activa de los hermanos como damnificados indirectos extrapatrimoniales no es per se contraria a la Constitución Nacional; y la regla especial que podría, en casos particulares, determinar en concreto su inconstitucionalidad requiere de un análisis pormenorizado de las singularidades del caso teniendo particularmente en cuenta la prueba específica del perjuicio padecido. Así, y entre otras circunstancias vitales corresponde atender a: la edad y relaciones afectivas de los hermanos; la convivencia entre sí; la existencia o no de otros hermanos; los especiales vínculos de unión, etc. Pueden resultar útiles los criterios que postula Iribarne – aunque con otro sentido y para otra significación- y que aluden a: el rol económico del hermano de acuerdo con la estructura y situación económica de la familia; los roles vicarios de hermanos mayores en caso de muerte o abandono paterno; la dependencia de hermanos enfermos o discapacitados respecto de hermanos o hermanas con autonomía económica; la dependencia de hermanas solteras o viudas; la dependencia recíproca de hermanos adultos o ancianos, en general solteros o carentes de autonomía familiar materializada con convivencia y conjunción de recursos propios; la interdependencia surgida de la integración de empresas familiares (cf. Iribarne, Héctor Pedro, “De los daños a las personas”, p. 464/67).
Opera la situación inversa a la que describe Zavala de González para fundar su posición a favor de la inconstitucionalidad del art. 1078 C.C. Dice que “así como determinados vínculos familiares (cónyuge, ascendientes y descendientes) sustentan la legitimación activa, pero no respaldan de por sí la autenticidad de un daño (que aún entonces puede ser inexistente), del mismo modo y a la inversa no debiera acordarse titularidad resarcitoria en función de exclusivos lazos de afecto, sin una situación constatable que los afiance y permita comprobarlos (convivencia, trato hacia el extinto, compromisos vitales y conductas recíprocas...)” (cf. Zavala de González, Matilde, “Tratado de derecho resarcitorio. Indemnización del daño moral por muerte”, Ed. Juris, Rosario, 2006, pág. 84/85; aut. cit. “Tratado de Daños a las Personas. Daño moral por muerte”, Ed. Astrea, Bs. As., 2010, pág. 99 y ss.).
En definitiva: en circunstancias (como la de autos) en las que se pruebe de modo cierto, claro e indubitado la existencia del daño extrapatrimonial del hermano, podrá operar -luego– la remoción del obstáculo legal limitante (la legitimación del art. 1078 Cód. Civil) mediante la declaración de inconstitucionalidad (en el caso de oficio).
La operatividad de esta solución –aunque por camino diferente- es incluso cercana a la que arriban quienes directamente propugnan la inconstitucionalidad de la norma; se afirma que procede diferenciar entre legitimación y prueba “estableciendo una presunción de daño respecto de los familiares más cercanos: cónyuge, padres e hijos, y exigir a otros posibles perjudicados acreditación de sus desmedros, que en algunos supuestos puede ser rigurosa” (cf. Zavala de González, ob.cit., “Indemnización del daño moral por muerte”, p.85). En otra obra la autora citada acota que “dicho en otros términos, sería inconducente admitir un teórico y genérico derecho resarcitorio de un hermano, concubino, etc., si no se hubieran arrimado datos a propósito del menoscabo espiritual de quien acciona” (cf. Zavala de González, Matilde, “Tratado de daños a las personas. Daño moral por muerte”, Ed. Astrea, pág. 107).
En conclusión: sólo una vez que en concreto se pruebe la existencia del daño moral del hermano podrá invalidarse la exclusión legitimatoria que prevé el art.1078 del Cód. Civil (arts. 1, 2, 3 y concs. CCCN).
B) Todo lo expuesto no obsta puntualizar que el tema de la legitimación por daño no patrimonial de los hermanos divide bastante a la doctrina y a la jurisprudencia. Así, por ejemplo, y a mero título indicativo, la Sala F de la Cámara Nacional Civil declaró la inconstitucionalidad del art.1078 del Código Civil en cuanto niega a los hermanos de la víctima la acción resarcitoria por daño moral, ya que ello confronta con preceptos reconocidos por la Constitucional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, degradando el derecho a la reparación del daño injustamente sufrido y desconociendo a quien, como hermano, ha visto zozobrar su patrimonio espiritual (cf. Cám. Nac. Civ. Sala F, 24/08/2009, “Contreras, Mamani Gregorio y otros c/Muñoz, Cristian Edgardo y otros”, R.C. y S., 2009, pág. 99). En el mismo sentido y en anterior “leading case” se había expedido un tribunal bonaerense, la Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen, que declaró la inconstitucionalidad de la norma, ponderando que en el caso medió petición expresa de parte (cf. Cám.Civ.y Com. Trenque Lauquen, 01/11/2005, “Méndez, Eduardo N. y otra c. Municipalidad de Tres Lomas”, voto Dr. Lettieri LLBA 2006-552); ese pronunciamiento quedó firme al rechazar la Suprema Corte de Buenos Aires el recurso extraordinario (cf. S.C.B.A., Ac. C 97144, 30/9/2009, “M., E.N. y otros c/ Municipalidad de Tres Lomas. Daños y perjuicios” voto de la mayoría de los Dres. Pettigiani, Negri y Kogan). En igual sentido posteriormente la Cámara de Apelaciones de Pergamino admitió la legitimación de los hermanos porque -se afirmó- si existe una unión familiar estrecha, la limitante del 1078 introduce un tratamiento desigualitario y desampara a la familia, vulnerando el principio de legalidad y el bloque de constitucionalidad (Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), otorgándo a cada uno de ellos $ 40.000 por ese rubro (cf. Cám.Civ.y Com Pergamino, 17/12/2012 “B., R. y otra c. Crocioni, Roberto” RCyS 2013-IV, 185).
En el criterio que hemos calificado de intermedio –que es el de este Tribunal- la Cámara de Junín confirió titularidad resarcitoria a la hermana “debido a la probada transcendencia que en su vida psíquica y sentimental tuvo el fallecimiento, acontecido en un episodio traumático que protagonizó en forma personal y como damnificada directa” (cf. conf. causas “Mercado Adriana y otros c. Falcón, Luis Orlando, 18/11/2008, LLBA 209 (marzo), 196; Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, 27/11/2012, “M.G. A y otros c/ Semento Oscar O” R. C. y S., 2013-I-195, se otorgaron $ 140.000 por el fallecimiento del hermano). Más tarde ese mismo tribunal por este camino interpretativo se pronunció a favor de la admisibilidad de la legitimación por daño moral del hermano (cf.
C. Civ. y Com., Junín, 24/04/2014, “C. I. E. Y Ot. c. R. M. A. s/ daños y perj. Autom. C/les. O muerte (Exc. Estado 99)” voto Dr. Guardiolla RCy S Octubre 2014, pág. 52, con nota de Félix Trigo Represas). En efecto, el juez del primer voto recordó, en primer lugar, la doctrina de ese tribunal en base a la cual para habilitar el reclamo de los hermanos debe declararse la inconstitucionalidad del art 1078 Código Civil, según la prueba producida que permita en el caso concreto vislumbrar la efectiva existencia del daño. Luego el Dr. Guardiolla recordó la doctrina de la Suprema Corte que en un precedente de este Tribunal “desestimó la procedencia del daño moral por ausencia probatoria que impedía tener por configurado un supuesto excepcional de admisibilidad“ (S.C.B.A., 26/6/2013, “Balerdi, Josefa c.
Menchón, Horacio y otro s/ Daños y Perjuicios”, por mayoría). Luego destacó que sin perjuicio de que en todos los casos “se requiere un particular esfuerzo de alegación y prueba de la existencia del daño para viabilizar –aún de oficio- esa declaración de incompatibilidad como última ratio para preservar la jerarquía de principios y derechos del ordenamiento jurídico, entiendo que la rigurosidad valorativa ha de ser muy distinta – inversamente proporcional diría- según fuera la cercanía o proximidad de los vínculos (también familiares) de los damnificados indirectos con la víctima. En este sentido constituirá un elemente presuncional hominis –a reforzarse necesariamente por otros medios- la repercusión que normalmente tendrá el deceso de un colateral de segundo grado, del que no gozaran otros parientes ni mucho menos sus “allegados”… (C.
Civ. y Com., Junín, 24/04/2014, “C. I. E. Y Ot. c. R. M. A. s/ daños y perj. Autom. C/les. O muerte (Exc. Estado 99)” cit., voto Dr. Guardiolla R. C. y S., Octubre 2014, pág. 52).
Concluyo, entonces, puntualizando que la procedencia del daño moral del hermano (máxime si no es conviviente) está supeditada a la prueba concreta de su existencia, que por regla no es presumida, y cuya verificación en el caso permite remover por vía de la declaración de inconstitucionalidad del art 1078 Cód Civil el escollo normativo que deniega su legitimación. C) Las normas del actual CCCN constituyen doctrina interpretativa del Código derogado y refuerzan la conclusión de que en autos procede el daño moral por la muerte del hermano porque pese a que Francisco estaba residiendo en Buenos Aires para cursar sus estudios universitarios, esa residencia era transitoria y su centro de vida- como lo calificó el Juez de Gradoestaba constituido en el hogar familiar en Tandil, junto a sus padres y a sus dos hermanos.
Más aún, recientemente la Suprema Corte de Buenos Aires reiteró su doctrina legal en caso aplicable analógicamente: se admitió el daño moral de la abuela por la desaparición de los nasciturus de su hija (S.C.B.A., Ac. 101.958, 22/12/2015, “L. B. E. c/ Pcia. de Bs. As. Daños y Perjuicios”). Allí el voto del Dr. de Lázzari hizo mayoría y acogió el rubro confirmando la declaración de inconstitucionalidad de la norma (art. 1078 CC), sin soslayar que algunos votos en minoría acogieron directamente la pretensión resarcitoria calificando a la reclamante como damnificada directa. En lo aquí pertinente, se hizo mención al bloque de convencionalidad proveniente de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, los que abastecen complementariamente la tacha de inconstitucionalidad (art. 3 CCCN).
Se argumentó que “con independencia del sustento constitucional y paralelamente, esta garantía (con referencia a la igualdad constitucional del art. 16 C.N.) se encuentra consagrada por los Tratados. Por la vía de lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución nacional, con fuerza y jerarquía superior a las leyes, contamos por de pronto con lo que estatuye el art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y concordantemente, el art. 5 del mismo cuerpo supralegal ampara el derecho a la integridad personal … Incluso sostiene el maestro Germán Bidart Campos que "el derecho privado se ocupa del llamado derecho de daños. Constitucionalmente no es errado hablar de un derecho al resarcimiento y a la reparación del daño, e incluirlo entre los derechos implícitos; el articulo 17 lo ha previsto en materia de expropiación, y surge asimismo ahora del artículo 41 en materia ambiental, a más del caso específico de la reparación por el error judicial, que cuenta con normas en Tratados de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional (conf. art. 10 de la Convención Americana)" ("Manual de la Constitución Reformada", t.
II, Ediar, 1997, p. 110); también ha adquirido jerarquía constitucional el derecho a la indemnización por las responsabilidades ulteriores cuando se ha afectado a una persona por medio de la prensa (art. 13 inc. 2 de la referida Convención). En suma a través de estas previsiones el derecho de daños tiene rango constitucional” (cf. S.C.B.A., causa C. 101.958, 22/12/15, “L., B. E. c. Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios”, voto de la mayoría del Dr. de Lázzari)” (conf. esta Sala, causa cit. anteriormente nº 60.219, 18/04/16, “Albide …”). D) A modo de síntesis conclusiva con relación a la legitimación por daño moral de los hermanos:
- La vía idónea para remover el obstáculo legal que representa en muchos casos una restricción legitimatoria arbitraria e irrazonable es la declaración de inconstitucionalidad del art. 1078 CC, aún de oficio. La norma injusta resulta inaplicable por ser inconstitucional, es decir incompatible con la Carta Magna. Ello sin perder de miras que constituye la “última ratio” del ordenamiento jurídico.
- No puede afirmarse que el art. 1078 Código Civil sea siempre, genérica y anticipadamente, inconstitucional por limitar la legitimación activa; en cambio, el art. 1078 siempre es inconstitucional en supuestos puntuales cuando excluye a legitimados activos en los que la existencia y procedencia del daño extrapatrimonial es evidente, notoria y presumible: vgr. en caso de muerte o gran discapacidad del conviviente; el padecimiento moral por el hijo que sufre una incapacidad severa constituyen supuestos paradigmáticos y conllevan presunción de inconstitucionalidad por la notoriedad misma del daño presumido (cf. esta Sala, causa nº 58.857, 18/11/14, “Miñana ...”).
- La exclusión de los hermanos en el art. 1078 CC no es siempre inconstitucional; podrá serlo en ciertos supuestos en los que se acredite la intensidad del daño. El actual art. 1741 CCCN, que constituye doctrina interpretativa del régimen anterior, introduce la convivencia como supuesto de daño presumido.
E) En suma: corresponde admitir el daño moral de los hermanos de Francisco porque la prueba rendida consistente en las periciales psiquiátricas y al informe de la trabajadora social (a las que aludiré en el punto siguiente) dan cuenta que tuvieron un hondo y lacerante dolor, en el marco de una estrecha y cordial convivencia, propia de un núcleo familiar armonioso, que amerita la declaración de oficio de inconstitucionalidad del art. 1078 CC. 5.- El daño moral de los padres En lo atinente al daño moral de los padres por la muerte del hijo de 18 años cabe partir de la doctrina de la Suprema Corte provincial de que el daño moral “constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III,635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737), (esta Sala, causa n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán", causa n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; N° 54862, 23/03/11 “Miranda”)” (cf. esta Sala, causa nº 57.332, 29.08.13, “Moyano de Córica …”). Con otras parecidas expresiones la Suprema Corte Provincial afirmó que el daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu y los más caros afectos (entre otros); por lo que no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., D.J.J. tomo 172-342; esta Sala, causa n° 37.202 del 9-5- 96, causa n° 42.469 del 26-6-01, entre otras).
La Corte Nacional en la causa “Baeza” receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el “precio del consuelo” y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido (C.S., 12/4/2011 “Baeza, Silvia Ofelia c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/Daños y Perjuicios”, con mi nota en R.C.y S. 2011-XII, 259). “Se trata -sostuvo- de compensar, en la medida posible, un daño consumado…El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales”.
En ese precedente agregó que “el dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida” (causa cit.). Este parámetro interpretativo -que es recogido por el art. 1741 CCCN-, ha sido anteriormente receptado en antecedentes de esta Sala (conf. causas N° 51.466 “A., H.”, del 29/04/08, Causa Nº 51.467 “G. de S., M.”, del 29/04/08 y Causa Nº 54.530 “Torres”, del 23/08/11).
Para cuantificar este daño no patrimonial- como lo denomina el referido art 1741 CCCN- cabe tener en cuenta que tiene función compensatoria y sustitutiva del enorme perjuicio al patrimonio moral de los actores (conf. “Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, en Revista de Derecho de Daños, 2004 - 3, “Determinación judicial del daño – I”, pág. 31; y “Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”, en Revista de Derecho de Daños, 2005 - 3, “Determinación judicial del daño – II”, pág. 89)” (conf. esta Sala, causa nº 58.109, 20.02.14, “Montesano …”), y que debe atender la índole del hecho generador de la responsabilidad (un hecho ilícito extracontractual cometido por gravísima imprudencia del conductor del auto) y la entidad del sufrimiento causado “aunque sea dificultosísima su cuantificación" (C.S., 14/7/2015, "Meza".).
La explicitación de las pautas fácticas apreciadas para cuantificar son primordiales para apreciar la razonabilidad de la indemnización y para permitir su revisión por las instancias superiores. Tiene dicho la Casación local mediante voto del Dr. de Lázzari que “en la determinación del quantum indemnizatorio, los jueces deben individualizar y ponderar los elementos de juicio que sirven de base a su decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y razonabilidad de lo resuelto (S.C.B.A., Ac.94556, 07/04/2010, “Schmidt, José Alberto c/ S.A.E.S. Línea 5 s/ Enfermedad Profesional“; S.C.B.A. Ac. C106323, 19/09/12 “V., N.B. c/ Durisotti Rodolfo. Daños y Perjuicios”; conf. esta Sala, causa nº 57.090, 27/03/2013, “Pérez...”).
En otro pronunciamiento el Dr. de Lázzari argumentó que “sólo la propia experiencia vital, el mantener la congruencia con anteriores pronunciamientos, el conocimiento concreto de la situación general de nuestra sociedad, las particulares circunstancias acreditadas en la causa y una buena dosis de sentido común, pueden resultar una guía en este momento” (cf. S.C.B.A., causa C 188085).
6. La cuantificación del daño moral o no patrimonial.
A) Me referiré ahora al contenido del daño extrapatrimonial de todos los actores (los padres y los dos hermanos de Francisco) comprensivo de la faz no patrimonial del daño psicológico que el agravio reclama se lo indemnice como daño autónomo. Por lo tanto corresponde en primer lugar abordar esa cuestión. La postura mayoritaria predica que en el derecho argentino los daños a las personas no constituyen una categoría con autonomía o independencia resarcitoria —como “tertium genus”— que se acumulen al daño patrimonial y al daño moral, que son los dos únicos tipos de daño jurídico y por ende de daño resarcible. Ello no excluye admitir la autonomía conceptual, ontológica o naturalística de ciertas clases de daños (en este caso y conforme lo peticiona la actora, del daño psicológico o psíquico) en cuanto nuevas designaciones que identifican determinados detrimentos lo que no importa emancipación resarcitoria distinta y adicional del daño patrimonial y del daño moral. Autonomía conceptual significa que pueden ser calificados y analizados con autonomía fáctica y terminológica pero que cuando se trata de indemnizarlos deben ser reenviados como sub-componentes de las dos únicas categorías admisibles, en una u otra o en ambas simultáneamente. Esta tesis del Código Civil derogado subsiste en el régimen del CCCN (ver “Daño a la vida de relación, daño biológico y al proyecto de vida”, en Trigo Represas, Félix A. – Benavente, María Isabel (Directores), Fognini, Ariel I. (Coordinador), “Reparación de daños a la persona”, Tº I, pág. 557).
Con relación específica al daño psicológico o psíquico, y no obstante que la cuestión no es unánime, en la doctrina y jurisprudencia prevalece el criterio de que la lesión psíquica como daño jurídico es resarcible como integrante de la incapacidad psicofísica cuando la alteración psicológica alcanza el grado de patología o enfermedad irreversible y permanente (que no se probó sea el supuesto de autos) sin perjuicio de su incidencia, concurrente o no, en el rubro daño moral (que sí debe atenderse en este caso). En este sentido no se acreditó en esta litis que la lesión psicológica revista esa entidad constitutiva de incapacidad psicofísica (arts.1086 Cód.Civ.; arts.375, 384, 474 y concs. C.P.C.).
Sobre el tópico tiene decidido esta Sala que “el daño psicológico consiste en la modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etc., cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico. No constituye un daño autónomo, debiendo ser considerado como integrando el daño material –en el rubro incapacidad-, o el daño moral” (esta Sala causa N°52757, 13/8/09 “N.,A.M. c/M., M.A. y otra s/Ds. y Pjs.”)” (cf. esta Sala, causa nº 54.530, 23/08/11, “Torres c/ Bustingorry s/ Daños y Perjuicios”, entre otras; ver también: “Acerca del daño psicológico”, J.A., 2005-I-1197). Es decir que el daño psíquico que es causa de la incapacidad sobreviniente permanente se resarce en esta partida, sin diferenciar si esa incapacidad deriva de la minoración de las aptitudes físicas o psicológicas.
Esta pauta interpretativa es, inveteradamente, pregonada por la Corte Nacional(cf. C.S. Fallos 315:2835 in re 1/12/92 “Pose José c/ Provincia de Chubut y ot.”; Fallos 321:1225 in re “Zacarías Claudio c/ Provincia de Córdoba”) que diferenciando la gravedad de la alteración psíquica explica que “para que proceda la indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir es la permanente y no la transitoria y que debe producir una alteración a nivel psíquico que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (cf. CS, 29/6/2004, “Coco Fabián c/ Bs. As. Pica. De y ots. s/ daños y perjuicios”).En tal caso lo que se indemniza, son las secuelas psíquicas permanentes (cf.
CS, 20/3/2003, “Lemma Jorge H. c/ Provincia de Bs. As. y ots. s/ daños y perjuicios”), además, cuando proceda, de los gastos de atención terapéutica (cf. C.S. Fallos 323:3615, 9/11/2000 “Saber Ciro A. c/ Río Negro Pcia. de”; CS 29/6/2004 “Coco Fabián A. c/ Buenos Aires Provincia de y ots. s/ daños y perjuicios”; CS, 21/5/2002 “Camargo Martina y ots. c/ Pcia. de San Luis y ot.” JA 2003-II-275, con nota de Rubén Compagnucci de Caso).
El daño psíquico supone “una perturbación patológica de la personalidad, que altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente del damnificado (cf. Zavala de Gonzalez, Matilde, “Daños a las personas: integridad sicofísica” T. 2, a, p. 231). “Importa –dice otro autor- un deterior, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-genético o psico-orgánico que, afectando sus esferas afectivas y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativo” (cf. Kraut, Alfredo J., “Los derechos de los pacientes”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1997, p. 140, Nº 23). El daño psíquico –se añadió- constituye una afección de la personalidad o del equilibrio emocional de la víctima que altera el funcionamiento del cerebro, del razonamiento o de las facultades intelectuales o de la mente de la persona, que produce un daño que debe ser traumático, patológico e irreversible, configurando incapacidad parcial o permanente (cf. Taraborrelli, José N. “Daño psicológico” JA 1997-II-11).
En el sub lite, las afecciones psicológicas de todos los actores no se acreditó que constituyan incapacidad permanente pero tienen marcada entidad para incrementar el daño extrapatrimonial, además del resarcimiento por los gastos de tratamiento y medicación (arts. 1078, 1086 y concs. C.C.). B) En autos está suficientemente corroborada y robustecida la presunción de daño moral de los padres Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi, por el dolor, aflicciones y angustias provocados por la muerte del hijo, y también está probado ese mismo detrimento extrapatrimonial para los dos hermanos Martín Alejandro y Leandro Agustín; igualmente se acreditaron las afecciones psíquicas de todos ellos que (repito), si bien no constituyen daño psicológico autónomo, representan una modificación disvaliosa existencial que debe ser reconocida e indemnizada ya que, como lo describe la pericia psiquiátrica, la muerte de Francisco produjo un “profundo impacto en todas las esferas de cada uno de los actores, aunque con diferencias en cuanto a las consecuencias tras la pérdida” (conf. fs. 266/271). En suma: el rubro daño moral o extrapatrimonial indemnizable es el comprensivo del daño moral stricto sensu de cada uno de los actores (el dolor y las aflicciones de los padres y de los hermanos) y de la repercusión no patrimonial del denominado daño psicológico (las afecciones que no alcanzan a configurar incapacidad, conforme los términos del art 1086 CC,) que se adiciona al anterior, incrementando la partida final.
La pericia psiquiátrica y psicológica de la Dra. Melisa N. Primante de fs. 266/271 y la de la licenciada en Trabajo Social Lilián M. Pagola de fs. 288/291 (arts. 384 y 474 CPC) son claras y contundentes. El dictamen de la psiquiatra y especialista en psicología médica puntualiza que “la pérdida de Francisco determinó sin lugar a dudas un gran abismo que delimita un antes y un después en la vida de sus familiares, con marcados cambios psicológicos, sociales y laborales acaecidos desde su fallecimiento y que se distinguen sobre todo en los padres y en el mayor de sus hermanos” (conf. sic., fs. 269 vta.). Más adelante agrega: “se evidencia en los Sres. Julio y Martín Mutuberría, como así también en la Sra. Landi, un estado de no elaboración del duelo, entendido éste como un proceso adaptativo normal y necesario, que si bien conlleva sufrimiento, puede ser generador de crecimiento al permitirle al individuo manejar de forma constructiva la pérdida. Son frecuentes manifestaciones tales como tristeza, angustia intensa, pérdida de apetito, trastornos del sueño, pérdida de interés o de placer por las actividades habituales, aislamiento, ideas de culpa, sentimiento de ira y desesperanza. El proceso de duelo, pese al lacerante dolor, no reviste patología alguna ni requiere de la administración de psicofármacos durante su transcurso, y se va revirtiendo con el paso del tiempo, recuperándose finalmente el estado de ánimo normal. Sin embargo, en aquellos casos en los que el duelo queda detenido, inhibido o es muy intenso y prologado, existe el riesgo de evolución hacia un cuadro de depresión. En los actores citados, se observa que muchos de los síntomas mencionados, entre ellos la tristeza, angustia, desesperanza, alteraciones del sueño, desinterés por las actividades habituales e ideas de culpa se han perpetuado, pese a los años transcurridos desde el fallecimiento de Francisco. Por su parte, en el Sr. Leandro Mutuberría no se observan manifestaciones psicopatológicas compatibles con un duelo complicado, interpretándose que el mismo ha podido, en el transcurso del tiempo, tramitar la pérdida de su hermano” (conf., sic., fs. 269 vta.).
“En el Sr. Julio Mutuberría, como así también en su esposa y su hijo mayor –prosigue-, se evidencian manifestaciones de un duelo complicado o patológico, que incluye alteraciones en el curso e intensidad del duelo, con diversas formas de presentación, que van desde el retraso o la ausencia del duelo, hasta un duelo muy intenso y prologado, que en algunos casos puede acompañarse a su vez de conductas suicidas o síntomas psicóticos. Ciertos factores de riesgo pueden contribuir a que este proceso adaptativo normal se convierta en patológico, entre ellos la pérdida inesperada o repentina, las situaciones catastróficas en torno a la pérdida (suicidio, accidente) y la intensa dependencia hacia el individuo fallecido. Es muy probable que en los actores mencionados dichos factores hayan favorecido la evolución hacia un duelo complicado, cuya manifestación psicopatológica más típica es la depresión” (sic., fs. 270).
Se desprende entonces de la conclusión de la perito que si bien se hace referencia a patología o enfermedad, no se la califica como de incapacitante e irreversible, determinando su grado o porcentualidad, por lo que esa lesión en la psiquis, y que se expresa mediante los síntomas descriptos, debe ser indemnizada como plus o incremento –notorio y marcado- del daño moral. Reitero: las referencias periciales al duelo complicado, sin calificarlo como enfermedad o patología constitutiva de incapacidad, y sin indicación de su eventual porcentualidad o incidencia en la capacidad total, impiden tener por configurado el daño psíquico como lesión material por incapacidad sobreviviente (arts. 1086 C.C. y 384 y 474 C.P.C.).
Con relación a los hermanos, y en lo esencial, la pericia dice que “el Sr. Martín Mutuberría debió afrontar la difícil realidad de continuar viviendo en Buenos Aires sin su hermano, con quien conviviera durante un año mientras estudiaban, estableciendo sobre todo en esa etapa un vínculo tan estrecho que hasta el día de hoy el sólo hecho de nombrarlo le genera profundo dolor. Ni siquiera el nacimiento de su hija vivenciado con alegría, desde el fallecimiento de Francisco todo ha adquirido una tonalidad pesimista y negativa en la vida de Martín, con dificultad para adaptarse a las exigencias de la vida cotidiana” (sic. fs. 271). Agrega que “si bien la muerte de Francisco también repercutió en la vida de Leandro, el hecho de haber transitado por un proceso de duelo normal le ha permitido la aceptación de la pérdida, la capacidad de recordar sin caer en el sufrimiento y la queja permanente, y el poder establecer nuevas relaciones y acepar el desafío al que la vida nos enfrenta” (sic., fs. 271). En definitiva: la profundidad de la afectación psicológica del hecho, que repercutió de distintas maneras en los coactores (que el impacto emocional y psíquico sea distinto no quiere decir que alguno quiera más o menos a su hermano sino que es diferente la reacción adaptativa que depende de la propia estructura de la personalidad y de otros factores) no tiene entidad constitutiva de enfermedad o patología grave e irreversible que se consolide como incapacidad y que deba ser indemnizada como integrante del daño patrimonial por la incapacidad psicofísica, sino que tiene entidad de daño extrapatrimonial, que se suma e incrementa la partida indemnizatoria del denominado daño moral (arts. 1078 y 1086 CC).
Las conclusiones mencionadas son compartidas por la pericia de la trabajadora social quien da cuenta –en lo que aquí interesa destacar- que el padre no ha superado totalmente la muerte del hijo (irrumpe en llantos en varias oportunidades) (fs. 288/292; arts. 384 y 474 C.P.C.).
C) El daño moral de los padres debe ser fijado en $ 280.000 para cada uno y el daño moral de los hermanos en $ 130.000 para Martín Alejandro y $ 100.000 para Leandro atendiendo además del dolor y aflicción a la repercusión disvaliosa extrapatrimonial de los síntomas y patologías psíquicas que sin ser constitutivas de daño patrimonial por incapacidad sobreviviente se suman e incrementan el rubro (art. 1078 CC y art. 1741 CCCN).
Los montos indemnizatorios tanto para el daño patrimonial como el extrapatrimonial respetan los antecedentes de la Sala y los fijados por otros tribunales para casos análogos (“casos próximos”, decía la Dra. Highton de Nolasco como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil) a la actual realidad económica (vgr. causas anteriores 51.466, “A. H.” y 51.467 “G. de S. M.” del del 29/4/2008, cit. L.L.B.A. 2012-401 y R. C. y S. 2012-V-181; causa “P.C. y otros c/ A. A. P.” del 13/3/2012). Resulta pertinente para fundar el decisorio y conferirla mayor predictibilidad y certeza posible a las cuantificaciones efectuar un cotejo a título ilustrativo de los más recientes registros jurisprudenciales, informados por la Base de Cuantificación de Daños del Centro de Datos Informatizados – Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (– http://consultas.pjn.gov.ar/cuantificación/civil/vida_dtalle_caso.php?-, consultada el 25 de Agosto del corriente).
Así:
- el 02/07/2008, para una víctima de 19 años, de estado civil soltero, estudiante, se fijaron para ambos progenitores la suma de $ 40.000 por valor vida y $ 80.000 por daño moral (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala A, caso nº 2276, en autos “Milanese, Enerecio Oscar y Otro c/ Rossi, Rubén Roberto y Otros”);
- el 07/04/2011, para un joven de 22 años, soltero, estudiante, se fijaron $ 40.000 por valor vida y $ 40.000 por daño moral para cada uno de los padres (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala A, caso nº 2511, en autos “Ruiz, Néstor Narciso y Otro c/ Donaire, Jorge Javier y Otros”);
- el 26/09/2012, para una niña de 14 años, de estado civil soltera, estudiante, se fijó a favor del padre la suma de $ 60.000 por valor vida y $ 80.000 por daño moral (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala B, caso nº 2670, en autos “G., A. c/ S., R. A. y Otros”);
- el 19/12/2012, para una víctima de 19 años, de estado civil soltero, estudiante, se fijó para el padre la suma de $ 50.000 en concepto de valor vida y $ 90.000 por daño moral (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala B, caso nº 2713, en autos “Guzmán, Héctor Ricardo c/ Ayala, Aldo Daniel y Otros”); - el 02/10/2013, para una víctima de 18 años, soltero, estudiante, se otorgó como valor vida $ 50.000 y por daño moral $ 120.000 para cada progenitor (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala A, caso nº 2788, en autos “Juárez, Manuel Fernando y Otro c/ Rodrioguez, Argentino Segundo Ricardo”); - el 10/12/2013, para una víctima de 19 años, de estado civil soltero, estudiante, se fijó la suma de $ 100.000 en concepto de valor vida y $ 150.000 por daño moral para cada uno de los padres (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala I, caso nº 2847, en autos “Salvatori, Adalberto Oscar c/ Minassian, Martín Alejandro”);
- el 19 de Agosto de 2014, para un joven de 19 años, de estado civil soltero, estudiante, en concepto de valor vida se fijaron $ 100.000 para cada uno de los padres y $ 200.000 por daño moral también para cada uno (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala F, caso nº 2902, 19/08/14, “Bryson, Alejandro Rafael y Otros c/ Valerga, Matías Nahuel y Otros”);
- el 01/04/2015, para una víctima de 16 años, de estado civil soltero, estudiante, se fijó para la madre en concepto de valor vida $ 100.000 y por daño moral $ 140.000 (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala G, caso nº 2989, en autos “M., R. L. c/ D., A. J. y Otros”);
- en sentencia del 14/08/2015, para una víctima de 13 años, soltero, estudiante, se otorgó a la madre en concepto de valor vida $ 400.000 y $ 500.000 por daño moral (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala H, caso nº 3085, en autos “Frade, Mariana Cecilia c/ Ferreira, Sebastián Daniel y Otros”); - y en sentencia del 23/10/2015, para una víctima de 18 años, de estado civil soltero, estudiante, se fijó la suma de $ 57.300 para el padre en concepto de valor vida, y, por el mismo ítem, la suma de $ 70.000 a favor de la madre y por daño moral se determinó a favor del padre la suma $ 214.500 y por el mismo concepto la suma de $ 215.000 para la madre (cf. Cám. Nac. Apel. en lo Civil, Sala M, caso nº 3035, en autos “Rowe, Silvia Verónica c/ Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.”).
7. Los gastos de tratamiento psicológicos y de medicación deben ser aumentados. Sobre el tópico procede acoger parcialmente los agravios de la actora, y desestimar los de la aseguradora, ya que de la pericia psiquiátrica mencionada se desprende la evidente necesidad de tratamiento y asistencia psicológica más prolongada para los dos padres que la de un año fijada en la sentencia. Aún cuando la perito no se pronunció específicamente evaluando un tiempo probable de tratamiento para Julio Mutuberría y para Marta Landi, el diagnóstico médico es revelador de que el plazo deberá ser -al menos-de tres años para cada uno de ellos y de dos años para el hijo mayor Martín Alejandro (conf. pericia citada supra y transcripción parcial de sus conclusiones; arts. 901, 906 1086 y concs. CC, arts. 165, 384 y 474 CPC), incorporando para los padres un plus estimado judicialmente en concepto de medicación paliativa de la afectación a la integridad psicológica. Si bien no corresponde acoger los restantes agravios de los actores relativos a la inclusión de otros rubros desestimados (gastos de transporte y de asistencia jurídica no justificados por falta de adecuada alegación y prueba; arts. 375 y 384 CPC) es pertinente extender la presunción de daño (aquí para los damnificados indirectos) por gastos farmacéuticos previstos en el art. 1745 CCCN para la asistencia farmacológica y extender a tres años para los padres Julio y Marta Mutuberría y en dos para Martín el tiempo probable de tratamiento psicoterapéutico. No obsta la procedencia del otorgamiento del rubro asistencia psicológica la reticencia de los actores para asumir el tratamiento ya que precisamente la indemnización por este concepto atiende no sólo al carácter resarcitorio del daño por la lesión psíquica sino que constituye el mecanismo para restaurar en lo posible la incolumnidad física y psíquica menoscabada. Igualmente cabe rechazar el planteo de la asegurador que es improcedente la indemnización porque la madre práctica de yoga ya que, como se vio, el dinero permite acudir a un paliativo que amengüe el dolor no patrimonial por el fallecimiento del hijo.
Por todo ello resulta razonable duplicar la suma de $ 31.200 otorgada a cada padre, la que se eleva a $ 62.400 para cada uno, aumentando a $ 40.000 la del hermano.
8. Finalmente es procedente el agravio de la actora sobre la tasa pasiva digital que corresponde aplicar.
Esta Sala ha admitido la aplicación de la tasa pasiva digital por cuanto es la que mejor se adecúa a la realidad económica actual (arts. 375, 384 ss. y cdtes. del C.P.C.C). Así expresó que: “sin apartarse de la tasa pasiva que es pertinente por aplicación de la referida doctrina legal del Superior Tribunal Provincial, corresponde admitir una variante de dicha tasa durante los períodos que se encuentre vigente, la que al poseer una mayor magnitud económica arroja resultados más elevados en resguardo del crédito del acreedor. Me estoy refiriendo, claro está, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días, que por tratarse de una tasa pasiva, no se halla en contraposición a la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial, conforme lo señaló el Superior Tribunal en un pronunciamiento aplicable al caso (L 118615, “Zocaro”, sentencia del 11-3-15). Esta tasa de interés ha sido aplicada en un reciente pronunciamiento de este tribunal (esta Sala, causa n° 59.945, “Castro Gabriel Antonio c/ Marcovecchio Martín María s/cumplimiento de contrato”, sentencia del 8/10/15, voto de la Dra. Longobardi; causa n° 60049, del 22/10/15 “Ortiz…”, voto del Dr. Peralta Reyes, entre otras; Cám. Civ. y Com. Morón, Sala II, C2-51607, R.S. 111/2015, “Páez Hugo Luis y otra c/D.U.V.I. S.A. s/Daños y Perjuicios, sentencia del 2-6-15; por mayoría, voto de la Dra. Kogan al que adhirieron los Dres. Soria y Negri, y Genoud con ampliación de fundamentos, SCBA, 15/06/2016, “Cabrera, Pablo David vs. Ferrari, Adrián Rubén s. Daños y perjuicios”, Ed. Rubinzal, Online Cita: RC J 3660/16).
Esta evolución de la doctrina legal mereció luego otra precisión, ya que a partir de la causa más reciente “Cabrera” (del 15/6/2016) el Alto Tribunal sostuvo hizo extensiva concretamente y como doctrina legal para los intereses judiciales el criterio siguiente: La evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. inc. c, art. 768, Código Civil y Comercial), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia. Por tal razón, los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Código Civil; art. 7 e inc. c, art. 768, Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 7 y 10, Ley 23928; por mayoría, voto de la Dra. Kogan al que adhirieron los Dres. Soria y Negri, y Genoud con ampliación de fundamentos, SCBA, 15/06/2016, “Cabrera, Pablo David vs. Ferrari, Adrián Rubén s. Daños y perjuicios”, Ed. Rubinzal, Online Cita: RC J 3660/16).
Ahora bien, siendo que la tasa pasiva digital comenzó a publicarse a partir del 19/08/2008, conforme la página web de la SCBA, y por lo tanto, desde la fecha del accidente hasta el 19/08/2008 se aplicará la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito (tasa pasiva) y a partir de dicha fecha, hacia adelante, se aplicará la tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días. Por su parte, esta solución es propiciada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación cuando prescribe que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio (cfr. art. 1748 del CCCN). Los intereses se devengarán a partir de las fechas fijadas en la sentencia sin agravio (arts. 260 y 261 C.P.C.).
III.- A.- La extensión de la condena a la aseguradora debe ser mantenida por resultar inválida la cláusula de la póliza de liberación de responsabilidad en caso de culpa grave del conductor no asegurado. Cuando la aseguradora compareció al proceso alegó la exclusión de cobertura por el alto grado de alcoholismo y la excesiva velocidad del Juan Etchegoyen, conductor del vehículo asegurado con Granel Sur S. A. en su carácter de tomador. Invocó los términos de la cláusula 20 de la póliza, aprobada por la autoridad de aplicación, que dispone que “el asegurador queda liberado si el Asegurado o el Conductor provocan, por acción u omisión, el siniestro dolosamente o por culpa grave…”. Ante ello, a fs. 154/156 la parte actora opuso como defensa la nulidad de esa cláusula por resultar perjudicial para el asegurado, conforme la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires que la declaró inválida. Esa alegación supone la introducción de una defensa, cuya sustanciación se ordenó a fs. 175 “in fine” disponiéndose su notificación por cédula. Ese proveído no fue notificado, siendo en cambio consentido por la aseguradora y por todas las partes la posterior resolución que decretó la apertura de la causa a prueba, dispuesta a fs. 184 en el que se también se impuso a las partes la carga de manifestar en el plazo de 10 días cuales eran las medidas de prueba respecto de las cuales mantenían interés en su realización conforme quedó trabada la litis (fs. 184 y cédulas fs. 187/192). A fs. 197 la aseguradora se pronunció expresamente.
Luego la sentencia acogió la pretensión del asegurado e invalidó la cláusula de exclusión de cobertura pactada en la póliza a fs. 95/97. El agravio sostiene, con énfasis, que se vulneró su derecho de defensa en juicio, criterio que es compartido por el Fiscal.
Entiendo que ello no es así porque, como lo dije, la aseguradora convalidó las contingencias procesales acontecidas con anterioridad al consentir –primero- el auto de apertura a prueba (fs. 184, 192 y 197) y – después- el llamamiento de autos para sentencia (fs. 343). Por lo demás la defensa del asegurado se sustenta en una cuestión que podría decirse que, tal como ha sido planteada y decidida, reviste casi más bien el carácter de puro derecho, sustentado el criterio dirimente en inveterada doctrina vinculante de la Suprema Corte. Además, y decididamente, se planteó en el agravio la nulidad procesal de lo actuado (fs. 307 vta./ 392 vta.) lo que debió en todo caso ser introducido por via del incidente de nulidad (arts. 169, 175 y concs. CPC). Por otro lado la alegación del demandado asegurado se introdujo al responder la defensa de “no seguro” fundada en la referida cláusula 20 de la póliza, aspecto introducido al contestar la citación en garantía. O sea y en definitiva: no media conculcación del derecho de defensa de la aseguradora cuando la sentencia de grado declara la invalidez sustancial de la cláusula de eximición de la póliza, que se trata de un aspecto inherente al fondo de la materia litigiosa, y no se dedujo ningún incidente de nulidad que atacara el supuesto vicio procesal ni se indicaron ni las defensas ni las pruebas de las que se habría visto privado de rendir (arts. 169 y concs. C.P.C.).
Por lo tanto corresponde confirmar la sentencia que hizo mérito de la doctrina legal de la Suprema Corte estructurada sobre dos argumentos esenciales:
- “la cláusula contractual por la que se amplía el ‘no seguro’ referido a la culpa grave del asegurado a la persona del conductor, es materialmente ilícita (art. 1066 Código Civil) por contradecir una norma seminecesaria (art. 114 L.S.) y, por tanto, abusiva y nula, en tanto desnaturaliza el vínculo obligacional (art. 37 inc. a Ley de Defensa del Consumidor) al suprimir (vía predisposición) una obligación del asegurador de fuente normativa” (cf. S.C.B.A., Ac. 76.885, 09/10/2003, “Vega Pérez, Mariano F. y otra c/ Coll, Rubén y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios”, voto de la mayoría Dr. de Lázzari; Trib. cit., Ac. 73.330, 31/05/2006, “Aguirre, Milagros María c/ Línea 18 S.R.L. s/ Daños y perjuicios”, voto de la mayoría Dr. de Lázzari; Trib. cit., Ac. 75.492, 03/11/2004, “Insurance Company of North American c/ Fortino, Antonio y otra s/ Cobro de pesos. Sumario”, voto de la mayoría Dr. de Lázzari);
- “El art. 158 de la ley 17.418 de seguros, en tanto dispone que las previsiones del art. 114 –que establece que el asegurado no tendrá derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad- sólo se podrán modificar a favor del asegurado, conforma un supuesto de imperatividad relativa, dada la posibilidad de mejorar la posición del sujeto individualizado, por lo que resulta inválida la extensión de la previsión del citado art. 114 a otro sujeto que no es el indicado en la norma” (cf. S.C.B.A., 08/08/2007, “Larrea, Juan Antonio y otras c. Quitegui, Carlos Enrique”, LLBA 20007 –noviembre-, 1126).
En síntesis: “se encuentra alcanzada por la prohibición del art. 158 de la ley 17.418 de seguros, la cláusula de la póliza del seguro de responsabilidad civil que extendió al conductor del vehículo, protagonista del siniestro, la previsión del art. 114 de dicha ley que establece que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad, pues la pretendida subsunción del conductor en la figura del asegurado no juega a favor de éste sino en su perjuicio” (cf. S.C.B.A., causas citadas supra 08/08/2007, “Larrea …” cit. supra). Por lo expuesto propicio confirmar la sentencia recurrida en el tópico examinado que hizo extensiva a la aseguradora la sentencia de condena, conforme los restantes términos de la póliza contratada.
B.- Una cuestión final: las costas en ambas instancias, en función del principio de vencimiento y conforme a las pretensiones que progresan en la Alzada, serán a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPC). Pero corresponde acoger la petición de las accionadas de que las costas devengadas por el asegurado en su defensa y con relación a su asegurador, serán a cargo de éste porque más allá de las contingencias contractuales anteriores a su presentación judicial (conf. cartas documentos fs. 124/130) lo cierto y decisivo es que la litis se centró en la validez de la cláusula 20 de la póliza (conf. fs. 131 vta./132 vta.), la que en definitiva fue invalidada (arts. 109, 110, 116 y concs LS).
IV. Por todo lo expuesto corresponde:
- aumentar el monto de condena por el daño patrimonial por la pérdida de chance para cada padre el que se eleva a $ 160.000 para cada uno de ellos (Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi);
- admitir el daño moral de los hermanos Martín Alejandro y Leandro Agustín Mutuberría por el fallecimiento de Francisco Mutuberría y declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del art 1078 CC;
- aumentar el monto de condena por daño moral que se eleva a $ 280.000 para cada progenitor y para los hermanos a $ 130.000 para Martín Alejandro y a $ 100.000 para Leandro Agustín Mutuberría, comprensivo de la faz extrapatrimonial del denominado daño psicológico;
- aumentar los rubros de tratamiento psicológico y gastos de farmacia que se elevan a $ 62.400 para cada uno de los padres, $ 40.000 para Martín Alejandro Mutuberría, confirmando la suma de $ 31.200 para Leandro Martín; - admitir a partir del 19/8/2008 la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, quedando firme por falta de agravio las fechas fijadas en Primera Instancia a partir de las cuales se devengarán intereses;
- confirmar en lo restante la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas en ambas instancias a los demandados vencidos, condena extensiva a la aseguradora, estableciéndose que las costas devengadas por el asegurado en su defensa y con relación a su asegurador, serán a cargo de éste porque prosperó la declaración de invalidez de la cláusula 20 de la póliza;
- diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, adhieren al voto precedente, votando en igual sentido, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: 1) aumentar el monto de condena por el daño patrimonial por la pérdida de chance para cada padre el que se eleva a $ 160.000 para cada uno de ellos (Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi); 2) admitir el daño moral de los hermanos Martín Alejandro y Leandro Agustín Mutuberría por el fallecimiento de Francisco Mutuberría y declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del art 1078 CC; 3) aumentar el monto de condena por daño moral que se eleva a $ 280.000 para cada progenitor y para los hermanos a $ 130.000 para Martín Alejandro y a $ 100.000 para Leandro Agustín Mutuberría, comprensivo de la faz extrapatrimonial del denominado daño psicológico; 4) aumentar los rubros de tratamiento psicológico y gastos de farmacia que se elevan a $ 62.400 para cada uno de los padres, $ 40.000 para Martín Alejandro Mutuberría, confirmando la suma de $ 31.200 para Leandro Martín; 5) admitir a partir del 19/8/2008 la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, quedando firme por falta de agravio las fechas fijadas en Primera Instancia a partir de las cuales se devengarán intereses; 6) confirmar en lo restante la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas en ambas instancias a los demandados vencidos, condena extensiva a la aseguradora, estableciéndose que las costas devengadas por el asegurado en su defensa y con relación a su asegurador, serán a cargo de éste porque prosperó la declaración de invalidez de la cláusula 20 de la póliza; 7) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores Peralta Reyes y Longobardi, adhieren al voto precedente, votando en sentido análogo, por idénticos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, Septiembre 27 de 2016.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., AUMÉNTASE el monto de condena por el daño patrimonial por la pérdida de chance para cada padre el que se eleva a $ 160.000 para cada uno de ellos (Julio Enrique Mutuberría y Marta Susana Landi). ADMÍTASE el daño moral de los hermanos Martín Alejandro y Leandro Agustín Mutuberría por el fallecimiento de Francisco Mutuberría y declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del art 1078 CC. AUMÉNTASE el monto de condena por daño moral que se eleva a $ 280.000 para cada progenitor y para los hermanos a $ 130.000 para Martín Alejandro y a $ 100.000 para Leandro Agustín Mutuberría, comprensivo de la faz extrapatrimonial del denominado daño psicológico. AUMÉNTANSE los rubros de tratamiento psicológico y gastos de farmacia que se elevan a $ 62.400 para cada uno de los padres, $ 40.000 para Martín Alejandro Mutuberría, confirmando la suma de $ 31.200 para Leandro Martín. ADMÍTASE a partir del 19/8/2008 la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, quedando firme por falta de agravio las fechas fijadas en Primera Instancia a partir de las cuales se devengarán intereses. CONFÍRMASE en lo restante la sentencia recurrida en lo que ha sido materia de recurso y agravio, con costas en ambas instancias a los demandados vencidos, EXTIÉNDASE la condena a la aseguradora, ESTABLECIÉNDOSE que las costas devengadas por el asegurado en su defensa y con relación a su asegurador, serán a cargo de éste porque prosperó la declaración de invalidez de la cláusula 20 de la póliza DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia