Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, confirmaremos también el monto del embargo dispuesto.-
III. Asimismo, y sin que afecte la validez del pronunciamiento atacado, advertimos desde esta Alzada que se deberá subsanar la falencia verificada en el punto I) del resuelvo del auto recurrido, toda vez que si bien se trató en el Considerando punto
IV. A) -fs. 76 vta.-, la situación procesal del imputado en cuanto a la "prisión preventiva", no se plasmó en el punto I) del RESUELVO, generando una omisión material que deberá ser aclarada.-
IV. Perspectiva de derechos:
TOMO CLVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9794 FOLIO Nº 074/076 PROT. ELECT. JR101643I.251
Río Gallegos, 03 de diciembre de 2025.-
La presente causa caratulada “A.C.N. S/ AMENAZAS CALIFICADAS” Expte. Nº 26726/23, Apelación/Causa JR Nº 9912/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 74/77, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción N° 3, Dr. G.G., quien en el punto I) ordenó el procesamiento de R.M.O., en orden al delito de “AMENAZAS CALIFICADAS” (arts. 45, 149 bis segunda parte del Código Penal); y en tanto en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000).- Que a fs. 79/82, la Defensoría Pública Oficial Nº Uno apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 95 sostuvo el recurso (cód. validación 12817499) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. EL PROCESAMIENTO DEBE SER REVOCADO: en primer término, la defensa señaló que el decisorio causa un gravamen irreparable a su asistido y es perjudicial a sus intereses.-
Postuló que la resolución puesta en crisis no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la pesquisa; entendiendo que las aseveraciones de cargo que fundamentan la situación procesal de su defendido, resultan meras afirmaciones dogmáticas, carentes de toda apoyatura probatoria.-
Cuestionó las declaraciones de la Sra. E.G. -fs. 11/vta.- y de J.A.B. -fs.22/vta.-, argumentando que las partes parecerían tener un conflicto de data anterior a los hechos que se estudian en los presentes, surgiendo todo a raíz del demostrado desprecio de la denunciante hacia su asistido.-
Indicó que en el caso de marras solamente existen los dichos de la denunciante, y que no existe forma de determinar a ciencia cierta que su asistido haya actuado de la manera que se le imputa.-
Citó doctrina y jurisprudencia avalando su postura.-
En tal sentido aseveró que se han vulnerado las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio.-
Solicitó que se revoque el resolutorio y en consecuencia se dicte el sobreseimiento definitivo del Sr. R.M.O..-
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, será desestimado.-
Pues bien, luego de una atenta lectura del legajo, la resolución atacada y de los argumentos esbozados por la defensa, consideramos que en autos se cuenta con elementos de convicción suficientes que hacen presumir, con el grado de probabilidad que esta instancia procesal requiere, la responsabilidad criminal endilgada al imputado R.M.O..-
En tal sentido, S.S. consideró acreditada -prima facie- la materialidad y la autoría del delito de amenazas calificadas a partir de un plexo probatorio contundente, integrado por la denuncia judicial de la damnificada -fs. 02/vta.-, los informes de la autoridad de prevención -fs. 01, 03, 04 y vta., 06, 12, 13-, y las declaraciones testimoniales de E.G. -fs. 11 y vta.- y de J.A.B. -fs. 22 y vta.-, habiendo sido valorados armónicamente permitiendo obtener un conglomerado indiciario acerca de la responsabilidad del mencionado.- Respecto de la prueba recabada, es pertinente dejar asentado que A.C.N., al momento de prestar declaración testimonial por ante la División Comisaría Séptima de Río Gallegos -fs. 02 y vta.- dio sendos detalles del hecho investigado, manteniendo un relato coherente y pormenorizado; a su vez, fue analizado por el Sr. Juez de grado de manera interrelacionada con el resto de los elementos de cargo obrantes en la causa.- En consecuencia, creemos que no consta en el legajo una vulneración a las garantías y/o derechos constitucionales del imputado, como tampoco una arbitrariedad por parte del A Quo.-
Debemos recordar aquí que esta Alzada ya se ha pronunciado en anteriores resoluciones acerca del valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, indicándose que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.- Más aún, todo indicaría que el accionar y los dichos vertidos por el imputado sí tuvieron capacidad para alarmar o amedrentar con la finalidad deliberada de atemorizar a la presunta víctima. Es así que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias.
Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074).- Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).- Por consiguiente, el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente el cuestionamiento relativo a la credibilidad del testimonio de la damnificada, el que resultaría plenamente ajustado a las circunstancias de modo, tiempo lugar y persona, de conformidad a los elementos de cargo producidos en la causa; por lo que, el proceder del Sr.
Juez de Instrucción resulta ajustado a derecho, dándose cumplimiento a lo estipulado en los arts. 115 y 116 del C.P.P..- Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio" (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Es por eso, que podemos afirmar que no corresponde hacer lugar a lo planteado.-
II. APELA EL EMBARGO: Por último, en este punto, adujo las siguientes argumentaciones: a) su asistido no posee un patrimonio para arribar a la suma fijada; b) la suma es mayor al máximo del perjuicio ocasionado al Estado, excediendo así el propósito de la medida cautelar (garantizar la pena pecuniaria, la indemnización y las costas del proceso); c) el monto de trescientos mil pesos ($ 300.000) evidencia desproporción y desnaturalización procesal, siendo además, excesivo; y, d) tampoco se realizó el informe social sobre las condiciones económicas del imputado para fijar la suma, solicitando que se deje sin efecto.- Que, respecto a este cuestionamiento, no se hará lugar al mismo, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.-
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).- Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). Y del análisis de la resolución, surge que a fs. 76 vta., en el considerando IV.- el Magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de Trescientos Mil Pesos ($ 300.000.-). Dicha cifra no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado y su modalidad de comisión.-
Por ello, confirmaremos también el monto del embargo dispuesto.-
III. Asimismo, y sin que afecte la validez del pronunciamiento atacado, advertimos desde esta Alzada que se deberá subsanar la falencia verificada en el punto I) del resuelvo del auto recurrido, toda vez que si bien se trató en el Considerando punto IV.- a) -fs. 76 vta.-, la situación procesal del imputado en cuanto a la "prisión preventiva", no se plasmó en el punto I) del RESUELVO, generando una omisión material que deberá ser aclarada.-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 74/77 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER A LA INSTRUCCION lo consignado en el punto III) de los considerandos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia