Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR , CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.14 08:41:05-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C= AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Fecha: 2026.05.14 08:41:36-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.020 FOLIO Nº 202/204 PROT. ELECT. JR101 167I.261 Río Gallegos, 14 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada: "N.B.S. Y CH.G.
S/ROBO", Expte. Nº 29.222/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.126/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 70/78vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de B.S.N. en orden al delito de “robo agravado por efracción en grado de tentativa, en calidad de coautores" (arts. 164, 167 inc. 4º y 42 en función del art. 45 del CP) y en el punto 3º) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cinco millones ($5.000.000).
Que a fs. 97/102, la defensa oficial apeló dicho auto motivándolo; a fs. 108 el recurrente sostuvo el recurso y en oportunidad del art. 437 del CPP no efectuó presentación alguna.
Que a fs. 18/19, en el incidente caratulado: "N.B.S.
S/Excarcelación", Expte. Nº 29.222/26, que corre por cuerda a los autos principales, el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, dispuso en el punto 1º) Conceder la excarcelación solicitada a favor de B.S.N., bajo caución juratoria."
Quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios que componen el escrito recursivo respetando el orden propuesto por la recurrente.
1. De la orfandad probatoria: En primer lugar, la defensa se agravia de las pruebas en que se funda el procesamiento, por entender que no configuran elementos de convicción suficientes para sostener que su asistido sea probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho que le fuera impuesto, vulnerando el principio de inocencia. Ahora bien, en respuesta a este primer agravio, adelantamos, no obtendrá favorable acogida.
Ello en razón que con respecto al mérito de la prueba reunida en autos, del estudio del auto de procesamiento se observa -sin dificultad-, que luce producto de la valoración armónica y pormenorizada de: los informes prevencionales, el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo, el acta de aprehensión, el certificado médico policial, las declaraciones testimoniales de M.J.E., A.A.S. y G.J.G., las secuencias fotográficas, el acta de secuestro y el informe de la DDI E.C. -por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; concluyendo razonadamente que se tratan de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado el hecho investigado y conectar – con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas. De esta manera, el agravio referido a la supuesta insuficiencia probatoria y/o a la falta de motivación, no podrá prosperar, toda vez que el a quo realizó un análisis exhaustivo e integral de la prueba reunida, de conformidad a las reglas de la sana crítica racional.
2. De la calificación legal: En segundo lugar, la defensa se agravia de la significación jurídica que se asignó al hecho reprochado, calificándolo como “robo agravado por efracción en grado de tentativa, en calidad de coautores" (arts. 164, 167 inc. 4º y 42 en función del art. 45 del CP), cuando correspondería la figura del “hurto” o, en su caso, el sobreseimiento por insignificancia.
Dando respuesta a este segundo agravio que ataca la calificación legal del hecho reprochado al imputado, advertimos que la Instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de “robo agravado por efracción en grado de tentativa, en calidad de coautores" (arts. 164, 167 inc. 4º y 42 en función del art. 45 del CP); en cambio, del análisis de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la valoración del plexo probatorio y la conclusión a la que arriba la Instrucción, sin lograr controvertir lo decidido.
Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras).
Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Ahora bien, respecto al planteo sobre la falta de afectación al bien jurídico tutelado -por carecer de relevancia, por no revestir los bienes sustraídos un valor suficiente- alegando en consecuencia, la aplicación del principio de insignificancia, advertimos que el accionar llevado adelante por el incuso, basta para vulnerar los derechos de la parte damnificada.
Si bien el imputado habría intentado sustraer algunos productos comestibles, de almacén, cervezas y dinero, ello no lo exime de responsabilidad penal, toda vez que la naturaleza de los bienes sustraídos no atenúa la ilicitud del accionar, contrariamente, debemos señalar que el bien jurídico que habría intentado vulnerar fue el derecho de propiedad de la parte damnificada.
En efecto, en un caso similar, que postula que el hecho atribuido, a saber, el robo de sesenta pesos, no importó una afectación penalmente relevante al bien jurídico, se ha dicho: “...hemos sostenido que el bien jurídico tutelado es el derecho de propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional, de manera que la insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente de su mayor o menor valor, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena…” (Cam. Nac. de Apelaciones en lo Crim. Y Corr-sala VII, CCC 52324/2021/CA1, autos: “J.L.A. y R.I.M.”. Procesamientos. Robo. D., 22 de diciembre de 2021).
En consecuencia, la pretensión de la defensa de aplicar los principios de insignificancia, proporcionalidad y lesividad a favor del imputado resulta improcedente. (Mismo criterio se hubo de aplicar por esta Alzada en los autos caratulados: “T.J.N. S/ Robo - Expte. Nº 31.747/25 - Apelación Nº 9.807/25).
3. De la prisión preventiva: En tercer lugar, la defensa se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido. Sin embargo, advirtiéndose que con posterioridad al dictado del auto de procesamiento con prisión preventiva, mediante la tramitación del respectivo incidente de excarcelación, el Sr. Juez de grado concedió la excarcelación solicitada a favor de B.S.N., bajo caución juratoria, este agravio se ha tornado abstracto motivo por el cual nos vemos impedidos de abordarlo por haber perdido eficacia jurídica.
4. Del embargo: Finalmente la defensa se agravia del monto del embargo establecido por resultar exorbitante y carente de sustento fáctico, siendo confiscatorio y punitivo, excediendo su naturaleza de garantizar costas y responsabilidades civiles. Por ello solicita su reducción. Que, en relación a este punto de agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso - consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que con relación al agravio de la defensa concretamente corresponde aclarar que, el monto del embargo cautelar, sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo - de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
A su vez, del análisis de la resolución no se advierte que la medida dispuesta sea arbitraria por ausencia de fundamentación, toda vez que surge a fs. 77vta./78, que el Magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de cinco millones de pesos ($ 5.000.000.-).
Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos también el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 70/78vta., por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia