Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa LZ-10371-2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia— En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada es íntegramente justa por lo cual debe confirmarse. Con costas de Alzada a la parte actora (art.68 del C.P.C.C).-
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, corresponde:
I. Confirmar la sentencia apelada.
II. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada quien continúa perdidosa (art.68 del C.P.C.C). Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (Ley 14967).
S., N. D. C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Exp: LZ-10371-2021 Jz 6 (SG)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi, con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa LZ-10371-2021, caratulada: "S., N. D. C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Carlos Ricardo Igoldi y Javier Alejandro Rodiño.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:
I. Que el Sr. juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 Departamental dictó sentencia en fecha 25/06/2025 haciendo lugar a la demanda interpuesta por N. D. S. contra Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados y General Motors de Argentina SRL, declarando la nulidad parcial del contrato de plan de ahorro suscripto e integrando el mismo, a cuyo fin ordenó reajustar los valores de las cuotas mensuales del plan conforme el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC desde el año 2018 hasta la fecha de pago total y condenó a las accionadas al pago de las sumas allí fijadas con más los intereses establecidos. Impuso las costas a las demandadas vencidas y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Contra dicha forma de resolver se alzaron las demandadas mediante recurso del 26/06/2025, el que fuera concedido en relación el día 03/07/2025.
Así, presentaron el correspondiente memorial por escrito del 07/07/2025, el que mereciera réplica de la parte actora mediante presentación de fecha 15/07/2025.
Recibidos los presentes ante esta Alzada, en fecha 19/08/2025 presentó dictamen el Fiscal de Cámaras Adjunto Departamental.
En dicho estado, se llamaron autos para dictar sentencia por proveído del día 20/08/2025, el que se encuentra firme y consentido, y autoriza el dictado de la presente.
II. DE LOS AGRAVIOS.
Alegan las recurrentes no haber incurrido en conducta antijurídica alguna que justifique lo resuelto por el a quo y que lo decidido interfiere directamente en la libertad de precios de la industria automotriz. Agregan que la Inspección General de Justicia estableció mecanismos de diferimiento de pago de las cuotas como repuesta específica a la crisis económica, y que la sentencia dictada no solo se alza contra dicha normativa, sino que además vulnera el principio de igualdad frente a los restantes ahorristas, autorizando al actor a pagar menos que los demás suscriptores del plan.
Sostienen que lo decidido afecta no solo a la solvencia del grupo al que pertenecía el actor, sino que ataca al funcionamiento mismo del sistema de plan de ahorro previo.
Finalmente, dirigen su crítica respecto de la procedencia y cuantía de los rubros daño moral y daño punitivo, solicitando su desestimación o, subsidiariamente, la reducción de los montos otorgados.
III. CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS.
III. i. En primer término, corresponde mencionar que desde la vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor y del texto constitucional (artículo 42 Constitución Nacional) la protección del consumidor ha sido admitida como un principio general, informador del ordenamiento jurídico de derecho privado, que obliga a los jueces a interpretar y aplicar la normativa especial del consumo al derecho de daños con sus valoraciones inherentes, imponiendo sus soluciones tuitivas por sobre otra normativa especial o bien integrándose a ella, teniendo siempre como norte la norma que más favorece a la persona humana, a sus derechos y a sus particulares circunstancias.
En este sentido, la actual Jurisprudencia nos va mostrando cómo los aportes del derecho de consumo han comenzado a trasladarse y reflejarse en el derecho de daños, e incluso en el ámbito procesal, que deja de lado la distribución clásica de la carga de la prueba, con la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas; es decir, quien está en mejores condiciones de probar debe hacerlo, principio muy cercano al artículo 53 LDC, que obliga a la cooperación en materia probatoria: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”.
A su vez, el título 3 del nuevo ordenamiento Civil y Comercial regula los contratos de consumo.
En efecto, el artículo 1093 nos indica que: "Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social". En síntesis, los principios generales del derecho de la Ley de Defensa del Consumidor han atravesado a todo el ordenamiento jurídico dando nacimiento a un nuevo derecho de daños. Tales principios deben constituir el horizonte axiológico que se impone a los magistrados en sus sentencias, quienes tienen ante sí una función trascendental en la protección de los débiles socioeconómicos y jurídicos.
Teniendo como norte dichos lineamientos, corresponde avanzar en el análisis del caso traído a estudio.
III. ii. Del contrato de ahorro previo para la adquisición de automóviles.
Liminarmente, resulta propicio recordar que en esta clase de contratos un grupo cerrado de ahorristas —los Suscriptores— realizan un aporte mensual a un fondo común, el cual es gestionado por una sociedad de ahorro y préstamo —la Administradora— quien se obliga, por lo general a cambio de un arancel, a procurar la adjudicación periódica de vehículos a los Suscriptores, los cuales adquiere de un fabricante predeterminado —la Terminal— utilizando el fondo común reunido.
Resulta práctica generalizada en este tipo contractual que el valor de la cuota mensual que deben aportar los ahorristas sea variable, fijándose su reajuste en forma directamente proporcional a la variación del precio de lista del vehículo que se pretende adquirir —el denominado Valor Móvil— y cuyo importe es determinado en forma unilateral por la terminal automotriz. En este punto, resulta trascendental para el caso señalar que, a diferencia de lo que ocurría en los sistemas primigenios de ahorro previo para fines determinados, en la actualidad no son los ahorristas los que normalmente promueven la formación de estos sistemas, sino que es la misma empresa terminal la que, necesitada de colocar sus productos, crea la sociedad de ahorro y préstamo para que ésta se encargue de conseguir los interesados en ingresar a los planes —sea directamente o por intermedio de los concesionarios de la empresa terminal (Peyranio, Guillermo F., "Ahorro y préstamo para fines determinados. La desviación de su finalidad y la protección del ahorrista", La Ley 1984-C, 1202, Cita Online:
AR/DOC/17471/2001).
Es por ello que, modernamente, el contrato de ahorro previo se ha transformado en una herramienta de comercialización impulsada por las propias empresas fabricantes, obedeciendo a una finalidad de cambio que puede verificarse sin ningún inconveniente mediante el hecho de que el mayor número de las entidades organizadoras de estos planes integran la estructura de empresas automotrices de fuste (Raschetti, Franco; "Contrato de ahorro previo: legitimación, prácticas abusivas y restitución de fondos", RDCO 289, 420, Thomson Reuters, La Ley, Cita Online:
AR/DOC/2982/2018).
Ello se relaciona con las denominadas redes contractuales o contratos conexados que conforman un sistema que vincula a distintas empresas que se benefician de una actividad económica común. Esta realidad se caracteriza por la existencia de un mismo fin económico o negocio que se instrumenta a través de un sistema integrado por varios contratos, pero que en realidad constituyen una única relación jurídica, aunque desde su ropaje normativo aparezcan como independientes (Ghersi, Carlos A. y Weingarten, Celia, "Manual de los Derechos de usuarios y consumidores", Thomson Reuters La Ley, CABA 2017, p.161).
Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 40 de la LDC, la responsabilidad de todos los agentes involucrados en esta cadena de comercialización es solidaria. Al consumidor solo le basta con probar el daño y la relación de causalidad con el hecho, pesando en cabeza del proveedor la ruptura del nexo causal ya sea por culpa de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder, o por caso fortuito o fuerza mayor. Como consecuencia de ello, en casos como el de autos adquiere especial relevancia la conducta desplegada por los agentes de la cadena de comercialización, no solo en la etapa de celebración del contrato y respecto del contenido de sus cláusulas, sino también durante su ejecución, procurando evitar prácticas abusivas en perjuicio de los suscriptores del plan.
Y en relación con lo señalado, resulta de trascendental importancia el cabal cumplimiento del deber de información por parte del fabricante y de la administradora, conforme lo establecido en el artículo 4 de la ley 24.240 y cuya finalidad es la de "...acortar las diferencias y las desigualdades estructurales que existen entre los extremos de la relación de consumo..." (Japaze; María Belen, "Manual de derecho del consumidor", Rusconi -coord-, pág. 109. 2015. Abeledo Perrot).
Sentadas tales premisas, las cuales he de tener presente en ocasión de fundar mi voto, corresponde abordar el tratamiento de los agravios introducidos por las demandadas.
III. iii. Del incremento del valor del rodado.
Que, conforme se desprende de la cláusula 1.9. de las Condiciones Generales del plan suscripto por el actor y agregadas en autos, el "Valor Básico" del vehículo objeto del contrato consiste en el precio de lista de venta al público al contado sugerido o indicado, periódicamente, por la Terminal o el representante exclusivo en el país del fabricante exportador del Bien Tipo, incluyendo los accesorios no opcionales, determinados por la Terminal, y toda bonificación que realice la Terminal a los agentes y concesionarios de su red de comercialización, en los términos y con las excepciones dispuestas en la Resolución Gral. IGJ N°12/02. Mientras el precio no haya sido totalmente aportado, el saldo será modificado en la misma proporción en que varíe el Valor Básico del Bien Tipo.
Por tanto, el precio de lista del vehículo es el que, en definitiva, determina el importe de las cuotas mensuales que deben abonar los ahorristas, pues su monto se calcula en base a ese valor móvil. Ahora bien, del análisis de los formularios de pago agregados en autos se advierte que el valor básico del rodado —consignado bajo el ítem "Valor del Bien"— sufrió subas sostenidas a partir del mes de abril de 2019. Con fines meramente ejemplificativos, se destacan la Cuota N°17, en la cual el valor del vehículo se incrementó en más del doble; la Cuota N°22, con un aumento que superó el 17%; las Cuotas N°67, 68, 69, 80, 81, 82 y 83, con incrementos que rebasaron el medio millón de pesos, y las Cuotas N°73, 74 ,75 y 79, en las que los aumentos superaron holgadamente el millón de pesos, con picos del orden de los cuatro y cinco millones de pesos. Que, efectuando un análisis comparativo entre el valor del vehículo al comienzo de la relación contractual —conforme cuota N°3— y su precio a la fecha del último formulario de pago acompañado en las actuaciones —cuota N°84— se advierte que el valor móvil inicial fue de $330.700,00 en febrero de 2018 escalando hasta $26.826.900,00 en diciembre 2024, lo cual representa un incremento por encima del ocho mil por ciento.
Realizando ahora el mismo análisis comparativo pero respecto del valor de la Cuota Pura liquidada en los cupones de pago —que comenzó siendo de $3,936,98 en febrero de 2018 para alcanzar los $3.193.340,04 en diciembre de 2024— se desprende que dicho ítem aumentó más del ochenta y un mil por ciento, lo que evidencia un agudo desfasaje entre el aumento de la cuota pura y el aumento del valor del rodado, pese a que el primero debería variar en forma directamente proporcional al segundo.
En consonancia con ello, de la pericia contable presentada en fecha 05/06/2024 por el perito Ricardo De la Fuente se extrae que, durante el periodo analizado por el experto —abril de 2018 a diciembre de 2019— el aumento de las cuotas aplicado por la terminal automotriz corrió muy por encima del crecimiento inflacionario nacional para ese mismo periodo (aproximadamente el doble).
No obstante, y pese a las pronunciadas subas, la administradora se limitó a emitir los cupones de pago sin ofrecer a los suscriptores —ni ella ni el fabricante— explicación alguna sobre los motivos que provocaron dichos aumentos o los mecanismos empleados para determinar su cuantía, privando a tales operatorias de todo atisbo de transparencia y quebrantando, de esta forma, el deber de información que gravita sobre toda relación de consumo y que obliga al proveedor de bienes y servicios a suministrar toda información al consumidor en forma cierta y detallada, así como el de proporcionarla con la claridad necesaria que permita su comprensión (art. 1100 Cód. Civ. y Com. de la Nación y art. 42 Const. Nac.).
Y no desvirtúa ello nada de lo antes dicho el agravio referido a la libertad de precios que asiste a las terminales automotrices, puesto que dicha prerrogativa no puede traducirse en un bill de indemnidad que les permita a los fabricantes abusar de su posición dominante en una relación de consumo que ellas mismas fomentaron para imponer aumentos indiscriminados —y vacíos de todo tipo de explicación o fundamento—; máxime en esta clase de contratos de ejecución continuada en los que el ahorrista permanece cautivo del plan durante meses, o incluso años, a merced de los precios que fija la terminal.
Resta decir que, conforme lo expresamente dispuesto por el art. 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, la ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho, resultando inadmisible que las recurrentes se escuden en el principio de la libertad de precios para justificar aumentos exorbitantes e infundados durante la ejecución del contrato, aprovechándose de la vulnerabilidad del consumidor y su nula capacidad de negociación. Tampoco resultan atendibles los agravios en torno a la regulación que de este tipo de contratos realiza la Inspección General de Justicia, habida cuenta que, de conformidad con lo expresamente dispuesto por el art. 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación, la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta a su control judicial.
Sumado a ello, y si bien es cierto que dicho órgano ha emitido normativa específica en miras de regular el debido funcionamiento del sistema de ahorro previo, lo cierto es que, en la práctica y conforme lo advirtiera la Defensoría del Pueblo en su Resolución Nº7/20, "se evidencia una falta de controles efectivos por parte de ese Organismo, al permitir que las administradoras efectivicen aumentos desmedidos y desproporcionados en perjuicio de los suscriptores, sin procurar soluciones equitativas, conforme lo prevé la Resolución Nº8/15", reduciéndose la intervención de la IGJ a la recepción de las declaraciones juradas presentadas por las sociedades administradoras, que se limitan a informar el precio de venta al público de los bienes, las bonificaciones acordadas y el importe de la cuota pura correspondiente a cada mes (conf. Resolución General 8/2015 IGJ, art. 16.2.1.1).
Por su parte, aun cuando las recurrentes alegan en su memorial que existe una multiplicidad de variables distintas del crecimiento inflacionario que influyen en la fijación del precio de los rodados, lo cierto es que no han explicado cuáles serían esas variables ni en qué medida repercuten en el valor de los vehículos, lo cual resultaba indispensable a los fines de demostrar la inexistencia de prácticas abusivas de su parte.
Es decir, no han proporcionado parámetro objetivo alguno que permita esclarecer el modo en que la Terminal fija el valor del bien y sus respectivos aumentos.
Y ello resulta de especial relevancia en el caso de autos puesto que circunstancias excepcionales como las que atravesó la economía nacional durante la ejecución del plan de ahorro exigían que las accionadas extremaran recaudos a fin de procurar la buena marcha de la relación contractual y el adecuado suministro de información al actor, cuyo fundamento último es la buena fe que debe primar en las relaciones jurídicas y la equidad que subyace la normativa legal. Su débito preexiste al nacimiento del contrato, se proyecta en la etapa de ejecución y sobrevive al mismo (doct. art. 961 C.C.C.N.)
Sumado a lo dicho, surge acreditado a través de la contestación de oficio remitida por la Inspección General de Justicia en fecha 26/06/2023 que la demandada Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados no informó a dicho organismo haber adoptado medidas paliativas a los contratos aprobados frente a las dificultades económicas de público conocimiento.
Vale resaltar que, conforme informara la oficiada, a raíz de la emergencia económica declarada por la Ley N° 27.541, luego agravada por la emergencia epidemiológica causada por el COVID-19, se dictó la Resolución General IGJ N°14/2020 —seguida de numerosas prórrogas— que dispuso un régimen de diferimiento del pago de determinado porcentual de las cuotas y contempló también el beneficio de bonificaciones y condonación de intereses, todo ello con la finalidad de procurar la continuidad de los contratos vigentes.
No obstante, las recurrentes no demostraron haber adoptado plan de acción en tal sentido.
Tampoco surge acreditado que las accionadas hayan cumplido con su deber de aplicar las bonificaciones o descuentos reconocidos a los agentes y concesionarios de su red de comercialización (cnf. art. 32.2. Resol. Gral. IGJ 8/15) ni que hayan mantenido algún tipo de contacto con el actor a fin de comunicarle el impacto que los procesos inflacionarios y la emergencia sanitaria que azotó a nuestro país tendrían en el valor básico del bien y, consecuentemente, en las cuotas venideras.
Y ello las posiciona, a su vez, en franca violación de la Cláusula 32 de las condiciones generales pactadas con el actor, titulada "Situaciones no previstas", y mediante la que se estipuló que "Previa aprobación de la Inspección General de Justicia de la Nación, la Administradora podrá: a) Resolver equitativamente las situaciones no previstas en estas Condiciones Generales; b) Adoptar otras medidas que resulten necesarias a los intereses del conjunto de los Suscriptores, o que sean requeridas por el Organismo de Contralor; c) Modificar estas Condiciones Generales para los Suscriptores Ahorristas; d) Adoptar las soluciones diferentes de modo de contemplar en la mejor forma posible el interés del conjunto de los Suscriptores". Por el contrario, las accionadas no solo omitieron adoptar medidas paliativas frente a la acuciante situación económica, sino que, sumado a ello y amparadas en la cláusula 1.9. del contrato, trasladaron al consumidor todo el peso de la crisis económica imperante, sin asumir los riesgos propios del giro empresarial y aplicando aumentos desproporcionados con el manifiesto objetivo de mantener inmutables sus ganancias, quebrando de este modo el equilibrio de reciprocidad y equidad que debe existir entre las obligaciones de ambas partes (arg. art. 1119 C.C.C.N.).
Tal proceder contraría, a la vez, la doctrina del esfuerzo compartido, que cobra especial relevancia en este tipo de contratos de consumo de ejecución continuada y que impone la distribución proporcional del esfuerzo patrimonial frente a circunstancias económicas extraordinarias como las ocurridas en la especie, dado que ello materializa de modo más acabado el principio de equidad (Cfr. esta Sala, in re: "Garzon Paulina s/ sucesión c/ Trillo de Rudecindo D. y ot. s/ C. Ejecutivo", Reg. Sent. Def. 182, del 26/8/2015 y "Garzon Paulina s/ sucesión c/ Lisazo y Lopez N. s/ C. Ejec.", Reg. Sent. Def.194 del 16/9/2015).
Ahora bien, la nula colaboración por parte de las accionadas durante la etapa previa a este proceso se mantuvo también luego de iniciado el mismo y pese a las distintas oportunidades procesales que les fueron otorgadas.
En primer lugar, su incontestación de demanda no solo constituyó una grave presunción en su contra (cfr. art. 60 C.P.C.C.) sino que, además, privó al actor —una vez más— de toda explicación relativa al modo en que se fijó el precio del vehículo mes a mes y, con ello, la posibilidad de echar luz sobre los mecanismos empleados para determinar los aumentos. Posteriormente, y habiendo cesado ya su rebeldía, tampoco prestaron debida colaboración procesal en la etapa de prueba.
En tal sentido se destaca que, de conformidad con lo informado por el perito contador en su presentación de fecha 02/07/2024, el experto debió elaborar su dictamen en base a la documentación aportada por la actora, pues, habiendo cursado correos electrónicos al letrado apoderado de las accionadas, entre otros, a fin de obtener la documentación necesaria para realizar su labor, no recibió contestación alguna de su parte.
Asimismo, habiéndolas intimado a remitir "todas las comunicaciones, telegramas o cartas documentos donde acredite o comunique el cumplimiento de los deberes de información a su cargo, y de los deberes propios de contrato de mandato a su cargo", se limitaron a presentar los formularios de adhesión suscriptos por el actor y la notificación de adjudicación del vehículo —presentación del 29/11/2022— pero no se expidieron en forma alguna respecto de los demás puntos requeridos. De ello no puede más que deducirse que dichos deberes fueron incumplidos, lo que se corrobora a través del ya referido informe remitido por la Inspección General de Justicia en fecha 26/06/2023.
Va de suyo que la carga de la prueba respecto a ésta cuestión, atento al tipo de contrato de que se trata, se encuentra necesariamente a cargo de la accionada, pues aquella se encuentra en mejores condiciones de aportar dichos medios a la causa (art. 53 Ley 24.240).
Así se ha señalado que "...cuando el proveedor no aporte al juicio las pruebas que se encuentren en su poder, o estas se hayan perdido, o no se hayan producido cuando razonablemente se encontraba en cabeza de aquel su preservación, este extremo constituirá una presunción en su contra, que permitirá presumir el hecho invocado por el consumidor". (Picazzo - Vazquez Ferreyra Ob. citada comentario al art. 53 de la ley 24.240 Tomo I, pág 669). Por todo lo hasta aquí expuesto, coincido con el señor juez a quo en punto a que la fijación discrecional del precio del vehículo, del modo en que ha sido impuesta al actor conforme Cláusula 1.9 de las Condiciones Generales, constituye una cláusula abusiva en los términos del art. 1119 del Código Civil y Comercial de la Nación, de la cual se han valido las demandadas para establecer a su entera discreción el valor del bien, sin prever la más mínima pauta de transparencia al respecto y abusando en su entero beneficio de la figura del plan de ahorro para fines determinados, por lo que, desde esta mira, entiendo que el recurso no puede prosperar (art. 164, 384 y concordantes del CPCC).
III. iv. De las cuotas mensuales liquidadas por la Administradora. Que, sumado a la existencia de la referida cláusula abusiva en el texto del contrato, se advierte también que durante su ejecución se llevaron adelante prácticas antijurídicas en perjuicio del actor, concretamente en el cómputo del ítem "Cuota Pura" en los cupones de pago.
Para comenzar, debe señalarse que conforme surge de las constancias de autos, el contrato de adhesión suscripto por el actor consistía en un plan de 84 cuotas mensuales.
A efectos de realizar el pago de cada cuota, la Administradora emitió mes a mes los denominados "Formularios de Pago" que, conforme se define en la cláusula 1.10. de las Condiciones Generales, son aquellos que la Administradora entrega a los Suscriptores o pone a su disposición y en los que se liquida la "Cuota Mensual" que, a su vez, está integrada por la denominada "Cuota Pura", más otros rubros adicionales tales como cargos administrativos, seguro de vida y derecho de inscripción, entre otros (Cláusula 1.12.).
En lo que interesa a los fines del presente análisis, la "Cuota Pura" equivale al importe resultante de dividir el Valor Básico del vehículo vigente a la fecha de pago por la cantidad de meses de duración del plan que corresponda (Cláusula 1.11.).
Por tanto, en la especie, la Cuota Pura se calcula dividiendo el valor básico del rodado por 84.
No obstante, y conforme se desprende de la documentación acompañada en las actuaciones —lo cual fuera acertadamente advertido por el a quo— a partir de la Cuota N°24, emitida el 03/12/2019, dicho cómputo fue practicado en forma sistemáticamente incorrecta y siempre en perjuicio del actor, liquidándose importes en concepto de "Cuota Pura" superiores a los que arroja la referida división; circunstancia que se repitió ininterrumpidamente hasta la Cuota N°39.
Más aún, del análisis de la Cuota N°84, emitida el 02/12/2024, se desprende que, siendo el Valor del Bien $26.826.900,00, el importe de la Cuota Pura debió ser $319.367,86, no obstante lo cual se liquidó su valor en la exorbitante suma de $3.193.340,04; ello sin perjuicio de los descuentos efectuados sobre ese ítem en concepto de "medida cautelar", pues lo relevante aquí es el erróneo cómputo que de la cuota pura efectuó reiteradamente la Administradora, liquidando montos superiores a los debidos.
Dicha circunstancia evidencia otra práctica abusiva por parte de las accionadas, quienes distorsionaron la naturaleza misma del plan de ahorro, siempre en su propio beneficio y en perjuicio del actor, en franca violación de sus deberes de buena fe contractual (art. 961 CCCN.).
Por todo lo hasta aquí expuesto, considero que lo decidido por el magistrado de la anterior instancia deberá ser confirmado en tanto que, lejos de provocar la desfinanciación del plan de ahorro previo suscripto por el actor, el mecanismo de reajuste fijado en la sentencia recurrida tiene el concreto propósito de encausar un contrato que fue celebrado y ejecutado en un marco de total invisibilidad de cálculos, con liquidaciones confusas, erróneas e infundadas (cfr. art. 37 de la Ley 24.240 y art. 1122 inc. "c"
C.C.C.N.).
Finalmente, y atento las manifestaciones vertidas por las apelantes en torno a que los efectos de la sentencia de grado repercutirán en los derechos del resto de los suscriptores, resulta necesario aclarar en forma expresa que las consecuencias económicas que deriven de la condena impuesta a las accionadas no podrán ser trasladadas en modo alguno a los demás ahorristas suscriptores del plan, sino que deberán ser afrontadas y absorbidas íntegramente por las demandadas con su propio patrimonio, por ser ellas las únicas y exclusivas responsables de los perjuicios ocasionados al actor.
III. v. De los rubros resarcitorios.
Saldada la cuestión precedente, corresponde abordar la crítica de los distintos rubros de la cuenta indemnizatoria impugnados por las partes.
1. Daño extrapatrimonial.
Puede definirse a este perjuicio resarcible como "una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31). En lo concerniente al daño moral o extrapatrimonial, me veo obligado a destacar que, aún cuando existe añosa jurisprudencia que restringía su aplicación a la esfera contractual, dicho criterio fue flexibilizado admitiéndose de común este perjuicio, cuando se verifica ––sobre todo en las relaciones de consumo–– la existencia de un incumplimiento de entidad por parte del prestador.
Siguiendo lo establecido por la Suprema Corte Provincial sobre su cuantificación, cabe destacar que atento sus características queda sujeto más que cualquier otro concepto al prudente arbitrio judicial, dependiendo del hecho generador, así como de las particulares situaciones que en cada supuesto se verifican (SCJBA Ac. 42303 del 2/4/90).
Además, al ser un perjuicio inmensurable por su propia naturaleza, el juzgador se ve compelido a poner en práctica pautas relativas que se encuentran regidas por un criterio de razonabilidad para intentar acercarse, en la medida de lo equitativamente posible a una tasación que se condiga con la realidad del perjuicio, ya que lo que se busca procurar, no es más ni menos que un objetivo justo dentro de una seguridad mínima sin desentenderse de las particularidades de cada suceso.
Así, vale recordar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que: "Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (...) El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida" (CSJN, 12/4/2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós; C 5.46448e-05 || D., L. E. vs. K., S. D. y otros s. Daños y perjuicios /// CNCiv. Sala A; 31/08/2015; Rubinzal Online; 71893/2011; RC J 7216/15).
La misma idea resulta del art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial de la Nación, a cuyo tenor: "El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas". Que, como ya lo explicara, es el cuerpo normativo aplicable al sub lite, en la medida en que refleja la decisión del legislador actual acerca de cómo deben regularse los distintos aspectos de la vida civil de nuestro país.
Consecuentemente, bajo tales premisas habré de proponer al Acuerdo la confirmación del monto de pesos UN MILLON ($ 1.000.000) fijado para resarcirlo en la instancia de origen. (artículos 1738, 1741 y 1770 del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 165, 375, 384 y concordantes del C.P.C.C.).
2. Daño punitivo.
Ingresando ahora en la queja por la admisión del daño punitivo propiciada en la instancia de origen, anticipo que comparto la solución a la que allí se arribara.
Cabe comenzar este tópico recordando que, en relación al daño punitivo, la Ley de Defensa del Consumidor —24.240— mediante la reforma por la ley 26.361 (2008), incorporó al Derecho positivo argentino la figura del daño punitivo, que lo regula en el artículo 52 bis.
Los daños punitivos han sido definidos como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro".
Así, se ha definido a los daños punitivos como aquellos otorgados en los supuestos de daños para castigar al demandado por una conducta similar en el futuro.
La doctrina de los autores caracteriza dicha multa civil como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (Pizarro, R. "Daños punitivos", en "Derecho de Daños", segunda parte, págs. 291/292, ed. 1993). Los daños punitivos tal como son legislados en el régimen de defensa de los consumidores consisten en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños y perjuicios que pudiera corresponder (conf. Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub Javier, "Ley de defensa del consumidor, Protección Procesal de usuarios y consumidores", Ed. Rubinzal Culzoni, pag. 279).
Siguiendo estos lineamientos, teniendo en cuenta la conducta desarrollada por las demandadas en todas las etapas de la relación contractual con el consumidor, su distorsión del sistema del plan de ahorro previo y el incumplimiento a sus deberes de buena fe contractual, información y transparencia, propongo al Acuerdo confirmar el monto de pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000) establecido en la instancia de grado para atender esta parcela (arg. art. 52 bis de la Ley 24.240 y modif.; art. 384 del C.P.C.C.).
En suma, en virtud de todo lo expuesto, y si mi voto es compartido, propongo al acuerdo confirmar la sentencia apelada en lo que ha sido materia de recurso y agravios.
En base a estas consideraciones:
—VOTO POR LA AFIRMATIVA—
A la misma primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTA POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi dice:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde confirmar la sentencia apelada e imponer las costas de Alzada a la parte demandada quien continúa perdidosa (art.68 del C.P.C.C). Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (Ley 14967). ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente —S E N T E N C I A— En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada es íntegramente justa por lo cual debe confirmarse. Con costas de Alzada a la parte actora (art.68 del C.P.C.C).-
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, corresponde:
I. Confirmar la sentencia apelada.
II. Imponer las costas de Alzada a la parte demandada quien continúa perdidosa (art.68 del C.P.C.C). Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (Ley 14967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac.
3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia