Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello confirmaremos también el monto del embargo dispuesto.
II. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.124 FOLIO Nº 195/198 PROT. ELECT. JR101 271I.261
Río Gallegos, 08 de julio de 2026.
La presente causa caratulada: "N.D.O. S/ LESIONES AGRAVADAS (OVD 758/24), Expte. Nº 80354/24 - Apelación JR Nº 10231/26, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 75/79 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° Dos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de D.O.N., en orden al delito de “Lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y mediando violencia de género” (arts. 89 y 92, en función del art. 80 inc. 1 y 11 del Código Penal) y en tanto que en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos ochocientos mil ($800.000).
Que a fs. 87/89, la defensoría pública oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 96 sostuvo el recurso y, no habiendo presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que la resolución puesta en crisis no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la instrucción.
Se agravia de que todos los elementos probatorios sean en relación a los presuntos hechos denunciados por la pretensa víctima.
Manifiesta que respecto a la prueba obrante a fs. 09 y 20, donde se certifican las lesiones de la denunciante, no surge con certeza que hayan sido producto del accionar de su asistido.
Cuestiona su credibilidad expresando que lo relatado sólo surge de los dichos de la denunciante, más no existe ninguna otra prueba; lo único fehacientemente acreditado son las lesiones padecidas por la víctima, pero no puede probarse la culpabilidad de su defendido.
Sostiene encontrar pleno sustento legal, con la escasez de prueba mencionada, para poder solicitar se desestime la calificación efectuada, por ser infundada y en contra de los derechos que le asisten al imputado, por la omisión de los medios probatorios.
Relata que hace al derecho de defensa del imputado, poner en duda los dichos de la contraria, y más aún porque ello hace a la defensa en juicio del imputado, siendo una garantía de raigambre constitucional; poniendo énfasis en la duda que surge de sus dichos, porque ello hace al debido proceso y a la defensa material del imputado.
Continúa exponiendo que la imputación se funda en el relato que hace la damnificada en OVD y en la Comisaría de la Mujer, de la que se desprenden algunas contradicciones.
Otro punto de agravio, es la calificación legal doblemente agravada por el vínculo, sustentada en una inexistencia de relación de pareja de la denunciante y el imputado.
Seguidamente hace referencia al principio in dubio pro reo, al régimen probatorio de la libre convicción y la sana crítica racional. Destaca que fortalece el fundamento de esa defensa, el hecho de que no surge de autos una pericia victimológica que permita reforzar los dichos de la presunta víctima, siendo que la denunciante se negó a su realización manifestando su deseo de finalizar con el proceso judicial, toda vez que mejoró la relación con su pareja, que se encuentran conviviendo juntos como siempre, circunstancia que también fuera manifestado por su asistido al momento de declarar.
En último término apela el monto de embargo fundándose en que el imputado no posee un patrimonio que permita arribar a la suma fijada, no siendo ponderados al momento de su fijación el salario que percibe su defendido, la erogación mensual en concepto de cuota alimentaria y de alquiler.
Considera que por sí sólo evidencia su total desproporción y desnaturalización procesal.
Quedan de esta forma plasmados los agravios a analizar.
En cuanto a la afirmación de la defensa técnica sobre que la resolución atacada no resulta una derivación del derecho vigente ni de las constancias probatorias, resaltamos que disentimos con la recurrente, en tanto de la lectura del auto recurrido, se observa que el mismo funda su decisión en el plexo probatorio e indicios recopilados durante la instrucción, encontrando la misma acorde a derecho y a las constancias de autos.
En tal sentido, viene al caso señalar que en las resoluciones judiciales: “La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…”. (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).
En el auto de mención, el magistrado ponderó la totalidad de la prueba colectada durante la investigación, dando las razones por las que consideró acreditado el hecho denunciado y la autoría en cabeza del incuso, en función de la legislación aplicable al caso, por lo que la encontramos debidamente motivada. En cuanto a su manifestación sobre el certificado médico, como ya fuera expuesto por esta Alzada en otras oportunidades, y el presente caso no es la excepción, dicho elemento de prueba es merituado a fin de verificar la materialidad del hecho típico denunciado; no se observa que haya sido ponderado en función de la autoría de las lesiones denunciadas.
Que respecto de este recurrente agravio de la defensoría que argumenta que el certificado médico únicamente prueba la existencia física de las lesiones (materialidad), pero resulta insuficiente para determinar la autoría, es decir, quién las causó, la jurisprudencia de esta Alzada se mantiene inalterable rechazando este planteo (Criterio asentado en Apelaciones Nos. 10.039/26, 10.077/26 y 10.210/26 por citar las más recientes); tratándose de un agravio inconducente a los fines defensivos y por ende meramente dilatorios.
Sobre las alegaciones de la recurrente referidas a la acreditación de la autoría, y a una ausencia de elementos de prueba, dicha circunstancia es una característica predominante en las causas de violencia de género, hechos que transitan en la intimidad del hogar, y por fuera de la percepción de terceras personas.
Dicha limitación probatoria que presentan estos casos, conlleva a que el relato que efectúan las personas damnificadas tengan un rol primordial para la reconstrucción histórica de lo sucedido, siempre siendo analizado y contrastado con la restante evidencia que pudiera obtenerse de la investigación.
Así, se ha dicho “...el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).
Desde esta perspectiva la valoración del relato de quien aparece como víctima merece especial atención, en el marco de la “amplitud probatoria” (TR LALEY AR/JUR/35988/2020).
Siguiendo este camino, la instrucción tuvo en consideración los relatos efectuados por la damnificada, tanto en sede policial como en la Oficina de Violencia Doméstica, el informe médico expedido por profesional del Cuerpo Médico Forense del cual surgen las lesiones observadas en R., el testimonio brindado por su hermana, el informe de evaluación de riesgo el que evaluó al mismo como Moderado, los que analizados en forma íntegra, a la luz de la sana crítica racional y bajo una perspectiva de género, le permitieron arribar al auto de mérito emitido. De esta forma advertimos que el auto de procesamiento no sólo se sustenta en los dichos de la víctima, puesto que obra en autos, elementos de convicción válidos y, que merituados en su conjunto, permiten argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados.
Al respecto, corresponde señalar que en modo alguno se cuestionan los derechos y garantías constitucionales que asisten a toda persona sometida a un proceso penal. Ahora bien, si la defensa pretende controvertir la credibilidad o veracidad de los dichos de la denunciante, tales planteos deben encontrarse debidamente fundados en elementos objetivos que les otorguen sustento, no siendo suficiente la mera formulación de afirmaciones.
En igual sentido, corresponde analizar las supuestas contradicciones invocadas por la defensa en relación con los relatos brindados por la denunciante a fin de determinar si aquellas revisten entidad suficientes para afectar su credibilidad; y atento no hacer mención a las contradicciones observadas y el modo en que aquellas afectan a su derecho de defensa, el mismo no será abordado, por no lograr constituir una crítica razonada del auto recurrido.
Y en lo referente a los agravantes impuestos, esta Alzada mantiene el criterio que –de manera invariable y en concordancia con la Fiscalía de Cámara- viene adoptando desde el año 2022, vale decir, que la calificación legal – salvo casos excepcionales- no es pasible de revisión en esta instancia, principalmente, por su carácter provisorio, mutable, y por no causar estado. Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).
Adicionalmente, corresponde señalar que el criterio que se viene sosteniendo respecto de la calificación legal, fue recientemente asentado por el Tribunal Superior de Justicia, en causa judicial registrada en Tomo VIII, Registro 010, Folio 172/198. En aquel fallo, de fecha 14 del mes de mayo del corriente año, haciendo lugar a los recursos interpuestos por la querella y fiscalía, el Máximo Tribunal modificó la calificación legal contra el ex inspector de tránsito, resolviendo que, en aquella instancia: “…contamos con los elementos necesarios y suficientes para asumir la competencia positiva y casar parcialmente la sentencia, readecuando la calificación legal y con ello el monto de la pena que debe imponerse a J.A.V.
Esta decisión se fundamenta en que las partes han tenido la oportunidad de alegar tanto ante la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial como ante este Tribunal Superior de Justicia. Además, se cuenta con acusaciones válidas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las partes querellantes…”. En consecuencia, el planteo defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facie- acreditados.
Ahora bien, sin perjuicio de lo antedicho, cabe señalar que este criterio se viene sosteniendo invariablemente desde este Juez de Recursos en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8890/24, 9783/25, 9978/25, por citar algunas.
En idéntico sentido, se resolvió en causas donde la Defensoría de Mayores Nº Uno local, aquí recurrente, apeló la decisión de instrucción (véase causas: “C.J.D. s/ homicidio agravado” (incidente de apelación), Expte. Nº 79.490/24, Apelación JR Nº 9174/24; “L.O.J. s/ homicidio (resultara víctima)”, Expte. Nº 92.369/24, Apelación JR Nº 9295/24; “D.R.E. s/ infracción al Título III del Libro II del CPA –VDG-”, Expte. Nº 84.030/21, Apelación JR Nº 9481/25; “R.G.J. y otro s/ lesiones leves y amenazas”, Expte. Nº 94.452/25, Apelación JR Nº 9881/25, Apelación N° 10150/26 G.S.E.E. S/ Violación de domicilio, Daño y Amenazas -E.C.V.G.- (Ley 26485) Expte. N° 27469/23, 10210/26; entre otras.
Pese a ello, y en contraposición al principio de celeridad procesal – dejando entrever cuanto menos una clara intención dilatoria que operaría en contra de los intereses de su asistido-, se sigue introduciendo en las apelaciones este infundado agravio, que bien sabe no obtendrá favorable acogida, por todos los fundamentos legales explicitados precedentemente.
En función de lo expuesto, se exhorta a la Defensoría antes mencionada, a evitar –en lo sucesivo-, sostener como crítica y/o cuestionamiento la calificación legal establecida, el certificado médico que no acredita autoría, sean como único argumento o dentro de otros agravios, salvo en aquellos casos que excepcionalmente lo amerite y con fundamento serio y responsable.
Podemos concluir que pese a las dificultades propias de la investigación de este tipo de delitos, consideramos se han logrado reunir elementos –que analizados a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género– resultan suficientes para arribar al dictado del procesamiento del imputado, en función de la probabilidad requerida en esta etapa del proceso.
Respecto al cuestionamiento sobre el embargo, no se hará lugar al mismo, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). De igual manera se han expresado en el sentido de que el monto del embargo debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa (véase al respecto: Cámara Nacional Criminal y Correccional; 06/02/2024; TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Asimismo, pese a lo señalado por la apelante, se ha dicho que a los fines de la cuantificación no debe tenerse en cuenta, la situación económica del acusado (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; 17/09/2009; D.Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009, en concordancia con la reiterada jurisprudencia de esta Alzada en Apelaciones Nos. 10.090/26, 10.092/26 y 10.169/26).
Por ello confirmaremos también el monto del embargo dispuesto.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 75/79 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia