Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2Declarar formalmente procedente la acción de amparo promovida por el Sr. N. D. R.
3Requiérase a la OSEP informe circunstanciado de los antecedentes del caso y fundamentos del rechazo al pedido de cobertura, el que deberá ser evacuado en el plazo de TRES (03) DÍAS, de quedar notificada.
4No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: SETENTA Y SEIS
San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de octubre de 2026.
Estos autos Corte Nº 066/2026 "N. D. R. C/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (OSEP) s/Acción de Amparo", y
1. Que a fs. 23/34 comparece el Sr. N. D. R., con patrocinio letrado, y promueve acción de amparo en contra de la Obra Social de los Empleados Públicos. Persigue como acción y a título de medida cautelar, se ordene a la demandada a autorizar y cubrir en un 100% el tratamiento indicado para la ludopatía que padece, en el Instituto Preventor-.
En el relato de los antecedentes fácticos de la cuestión traída a conocimiento del Tribunal da a conocer que es afiliado obligatorio directo de la OSEP (fs. 05) y que en el año 2025 inició tratamiento psiquiátrico, pero lejos de mejorar, su situación se agravó y su médico le recomendó un abordaje interdisciplinario en un centro especializado en la temática (fs. 12).
Respecto a su padecimiento, señala que el día 03/08/2026 concurrió al Instituto Preventor donde lo diagnosticaron con juego patológico (fs. 06/10 y 15/19). Detalla que los profesionales que suscribieron el informe señalan que es una problemática de evolución prolongada, desarrollada a lo largo de cinco años aproximadamente, con incremento progresivo de la frecuencia, intensidad y consecuencias de la conducta de juego con un agravamiento especialmente significativo durante el último periodo. Además, indica que constituye un trastorno de control de impulsos y una forma de adicción comportamental en la cual la conducta de apostar adquiere progresivamente una función dominante dentro de la organización psíquica y conductual del sujeto, con disminución de la capacidad de autoregulación y subordinación de sus decisiones personales, económicas y vinculares.
En cuanto a su situación actual, postula que el enfoque clínico describe el modo en que el juego afectó las áreas centrales de su vida (emocional, económica, vincular y funcional).
Con relación al tratamiento, refiere que -en el Instituto de mención- le prescribieron uno de carácter integral e interdisciplinario en el programa denominado SOSTENES, el cual responde a la necesidad de brindar un abordaje continuo y adaptado a las necesidades específicas del paciente, orientado a la contención y estabilización del cuadro (fs. 11 y 14). Señala que la modalidad debe ser interdisciplinaria y no otra, puesto que responde a la complejidad del cuadro y a la interacción de múltiples áreas comprometidas. Expone que una vez cumplidas las instancias de evaluación y admisión, su inicio efectivo quedó supeditado a la autorización de la Obra Social.
Manifiesta que al tiempo de solicitar la cobertura del tratamiento prescripto el día 14/08/2026 -vía mail-, la misma fue rechazada por la Obra Social el día 21/08/2026 bajo el fundamento de inexistencia de convenio con el Instituto Preventor respecto a una cobertura específica para el abordaje de la ludopatía o juego problemático puesto que el módulo vigente con esa Institución corresponde al abordaje de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, sin que ello implique que la ludopatía quede comprendida en él y además, que no se encuentra contemplada como prestación específica dentro del nomenclador vigente de la Obra Social, por lo que no resultaba posible autorizarla bajo el módulo convenido (fs. 13 y 20/22).
Afirma que el rechazo se funda en el alcance de las prestaciones convenidas y al nomenclador vigente sin que se valore la necesidad o pertinencia del abordaje terapéutico requerido y sostiene que la negativa es una decisión de mero trámite adoptada con total ausencia de juicio clínico adverso.
Corte Nº 066/2026
Revela que la vía por la cual inició la petición no fue discrecional, sino que la propia Obra Social tiene establecido ese medio para las admisiones con ese prestador, el cual exige que sea el propio centro de salud quien evalúe previamente al paciente, confeccione la documentación clínica correspondiente y la entregue al afiliado, quien luego debe remitirlas a demandada para solicitar la admisión.
Fundamenta su derecho en la Constitución Nacional (arts. 14 bis, 33, 42 y 75 inc. 22), Constitución Provincial (arts. 39, 40, 64 y 149 inc. 3 in fine), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), Declaración Americana de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4 y 5), Ley Nacional de Salud Mental N°26657 (arts. 4, 6, 7 incs. a y d, 8 y 9), Ley Nacional N° 26934 de Creación del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (arts. 2, 3 inc. b y 8), Ley Provincial N° 5383 (art. 3), Ley Provincial N° 3509 (arts. 1, 18 incs. n y k) y jurisprudencia que estima aplicable al caso.
A continuación, afirma la concurrencia de los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal. En definitiva, peticiona que se haga lugar a la acción promovida, con costas.
Otorgada participación procesal, se ordena vista al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la jurisdicción y competencia y, en su caso, de la viabilidad de la acción interpuesta y de la medida cautelar solicitada, el que emite Dictamen N°105/2026 en sentido afirmativo respecto de la admisibilidad de la acción y negativo de la cautelar peticionada (fs. 36/38 vta.).
A fs. 39 obra proveído que ordena el llamado de autos para resolver, el que deja la causa en estado de emitir pronunciamiento.
2. Que por imperio de expresas normas constitucionales -art. 204 de la Constitución Provincial-, jurisprudencia de este Tribunal, en el sentido que la competencia de este Tribunal se define por la materia que versa el litigio y conforme previsión legal expresa -art. 4, segunda parte de la Ley de Amparo N°4642 reformada por Ley N° 4998-, en tanto la cuestión planteada busca el amparo de derechos constitucionales que se alegan vulnerados por la autoridad administrativa de un ente descentralizado, cuya revisión debe realizarse a la luz del derecho administrativo aplicable y dentro de la jurisdicción atribuida a la Corte de Justica por expreso mandato constitucional, corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en los presentes autos (Acordadas N° 4594/2022 y N° 4776/2025).
Teniendo en cuenta que la acción de amparo, regulada por el art. 40 de la Constitución Provincial y reglamentada por la Ley Nº 4642 y su modificatoria Nº 4998, se caracteriza por ser un proceso urgente, sumarísimo y especial, cuyo objetivo es proteger los derechos reconocidos expresa o implícitamente por el ordenamiento constitucional, cuando estos sean restringidos, amenazados o lesionados, en forma actual o inminente, con arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta y que procede contra todo acto u omisión de autoridad pública, corresponde analizar si se cumplen los requisitos procesales extrínsecos en el caso para determinar la admisibilidad formal de la acción.
Que, en base a la documentación obrante en autos (fs. 04/22), se encontrarían acreditados los requisitos necesarios para declarar la procedencia formal de la acción, por cuanto el rechazo de la cobertura del tratamiento integral e interdisciplinario requerido -prima facie valorado- restringiría con arbitrariedad e ilegalidad un derecho reconocido explícitamente por el ordenamiento constitucional: a la vida, salud e integridad física y psíquica del paciente.
Que el derecho alegado por la parte actora como vulnerado es principalmente el derecho a la salud y calidad de vida, el cual goza de amparo constitucional al estar comprendido dentro del derecho a la vida. Además, es menester tener presente que la entidad demandada, en conformidad con previsiones Corte Nº 066/2026
legales que la crearon, reviste el carácter de organismo estatal destinado a brindar la cobertura integral de la salud a los agentes públicos de la Administración Provincial y por medio del cual el Estado Provincial procura cumplir el mandato constitucional de garantizar la salud de sus habitantes, en este caso, afiliados a la Obra Social. Por lo tanto, la documentación presentada por el accionante, justifica la admisibilidad prima facie de esta acción de amparo, sin perjuicio que la procedencia sustancial sea valorada en el momento procesal oportuno en que el Tribunal hace pleno uso de sus facultades jurisdiccionales. Los restantes presupuestos previstos en la ley adjetiva, surgen del padecimiento del Sr. N. D. R. y la necesidad de un tratamiento integral para su plena recuperación e inserción social conforme indicación de especialistas, lo que justifica el ejercicio de la presente acción.
3. Respecto a la medida cautelar solicitada, debe destacarse que este Tribunal sostiene que la presunción de validez, de la que gozan los actos de la Administración Pública, exige de una interpretación restrictiva en la determinación de su procedencia. Además, el requisito de la verosimilitud del derecho si bien no exige el examen de una certeza absoluta, sino la probabilidad de la exigencia del derecho, debe comprender la acreditación prima facie de la irregularidad del actuar la Administración y el peligro de que cause un daño grave e irreparable al amparista, en razón del debido resguardo del interés público y particular del afectado.
En ese marco, el actor solicita se ordene la cobertura del tratamiento integral e interdisciplinario para ludopatía, es decir, que el objeto de la pretensión cautelar resulta idéntico al objeto del presente amparo. Además, de la documental incorporada en la presente causa -fs. 04/22- no se vislumbran -con la probabilidad requerida- la satisfacción de los requisitos para otorgar despacho cautelar favorable. Por lo expuesto, esta Sala concluye que no corresponde su otorgamiento en esta instancia, en virtud del respeto a las garantías constitucionales de defensa en juicio, equidad entre las partes y en el carácter sumarísimo del proceso de amparo.
En consecuencia, corresponde denegar la tutela perseguida y requerir informe a la demandada a los fines de un cabal y exhaustivo conocimiento de las circunstancias reseñadas que se traen a decisión de este Tribunal.
Por ello, oído el Ministerio Público, y de conformidad a lo prescripto por los arts.1, 4, 5 y 6 de la Ley N° 4642,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2. Declarar formalmente procedente la acción de amparo promovida por el Sr. N. D. R.
3. Requiérase a la OSEP informe circunstanciado de los antecedentes del caso y fundamentos del rechazo al pedido de cobertura, el que deberá ser evacuado en el plazo de TRES (03) DÍAS, de quedar notificada.
4. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
5. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia