Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.196 FOLIO Nº 027/030 PROT. ELECT. JR101 343I.261
Río Gallegos, 19 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “O.N.A. S/ DENUNCIA”
Expte. Nº O-10101/25, Apelación JR Nº 10286/26”, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 49/53 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pto. Santa Cruz, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de I.A.A., en orden al delito de “Lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas contra una mujer mediando violencia de género y con quien mantenía una relación de pareja” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1 y 11 del Código Penal) y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000).
Que a fs. 69/70 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; siendo luego mantenido a fs. 83 ante esta Alzada, y no habiendo presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
La defensa sostiene que la prueba colectada para atribuir la autoría del incuso correspondería a una lesión leve que fuera certificada en autos, lo que prima facie, constituye una certeza, aunque de ninguna manera logra identificar la proveniencia de esta lesión. Expresa que surge evidente la orfandad probatoria dado que el auto de procesamiento carece de fundamentos suficientes para sostener su postura, observándose una valoración errónea y/o parcializada de la prueba. El análisis de los indicios y las presunciones que surgen fueron realizadas únicamente en contra y en perjuicio del encartado, afectando el principio de inocencia.
Sostiene que en autos no hay testigos del hecho, siendo la única fuente de prueba los dichos de O.N. por lo que tal relato debería ser analizado con estricta rigurosidad.
En cuanto al testigo F., manifiesta que no puede soslayarse que la única persona que habría presenciado directamente los acontecimientos decidió abstenerse de declarar. Sin perjuicio del legítimo ejercicio de ese derecho, tampoco surge de las actuaciones que hubiera tratado de acudir al auxilio de la presunta víctima. Por otro lado expone que la perspectiva de violencia de género constituye una herramienta hermenéutica destinada a evitar la reproducción de estereotipos discriminatorios, mas no autoriza al juzgador a flexibilizar los estándares constitucionales de valoración probatoria, a invertir la carga de la prueba ni a prescindir del principio de inocencia; y que no exime al órgano jurisdiccional del deber de fundar sus decisiones en evidencia incorporada al expediente. La defensa sostiene que la resolución no explica cuáles son los datos objetivos independientes que permiten pasar de una hipótesis acusatoria posible a una probabilidad suficiente de autoría. Sustenta que el a quo atribuye especial relevancia al certificado médico, omitiendo advertir que el profesional interviniente carece de aptitud para determinar el origen de la lesión.
En cuanto al monto de embargo, se agravia de que carece de motivación suficiente respecto de la cuantificación de la cautela patrimonial, limitándose a establecer un monto arbitrario sin individualizar los parámetros utilizados para su determinación, tratándose de una imputación por lesiones leves, sin secuelas acreditadas y sin reclamo civil concreto.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Entrando en el análisis de los agravios expuestos, y de una atenta lectura del interlocutorio recurrido como de los agravios planteados por la defensa, consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad del hecho enrostrado y también su autoría, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP, razón por la que –adelanto-, confirmaré íntegramente el auto apelado por ser adecuado a derecho.
En este aspecto, la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género. Explica razonadamente tanto la materialidad como la autoría penalmente responsable en cabeza de A.; indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan, fundamenta la calificación legal, y la medida cautelar dispuesta. En cuanto a su primera apreciación referida al certificado médico policial, y la autoría material de las lesiones, siguiendo el criterio consolidado por esta Alzada resaltamos que yerra la parte recurrente en cuanto no se observa que la intención de la instrucción fuera acreditar la autoría de las lesiones con el mentado certificado médico.
Como se ha sostenido reiteradamente (vr. apelación Nº 10.210/26, 10.231/26, ente otras), la función procesal de dicho instrumento en esta instancia es acreditar la materialidad del hecho — esto es, la existencia física de las lesiones, su data y mecanismo de producción—, mientras que la autoría se establece a partir de la valoración integral, armónica y concatenada del plexo probatorio reunido en el legajo.
En este sentido, los cuestionamientos de la defensa que intentan invalidar cada elemento de prueba de forma aislada deben ser rechazados, ya que es la confluencia de indicios lo que otorga solidez al pronunciamiento.
Por otro lado, cabe destacar la concordancia existente entre el relato efectuado por la denunciante y los hallazgos constatados por el galeno interviniente, los que quedaran plasmados en el certificado médico incorporado a los presentes, circunstancia que otorga verosimilitud al relato en cuanto a la existencia y naturaleza de las lesiones.
En cuanto a las manifestaciones referidas a una valoración parcializada de la prueba, valoración errónea, análisis de indicios y presunciones únicamente en contra de su defendido, consideramos tales manifestaciones meras discrepancias con el criterio adoptado por la instrucción, formuladas en forma genérica y sin llegar a controvertir de manera objetiva y directa los fundamentos del auto de mérito.
En cuanto a los cuestionamientos vinculados con una supuesta valoración parcializada de la prueba, con la errónea ponderación de los elementos de convicción y con la consideración de indicios y presunciones exclusivamente en perjuicio de su asistido, cabe señalar que tales planteos no trascienden el plano de una mera discrepancia con el criterio valorativo adoptado por el magistrado instructor.
Encontramos sus planteos formulados en términos genéricos, sin individualizar concretamente cuáles serían los elementos de prueba omitidos o indebidamente ponderados, ni demostrar de qué modo la valoración efectuada resultaría arbitraria o irrazonable. Por lo demás, los agravios no logran controvertir de manera concreta, circunstanciada y eficaz los fundamentos que sustentan el auto de mérito.
En lo que respecta al testigo —sobrino del justiciable—, corresponde señalar que, habiendo optado por ejercer la facultad de abstención que legalmente le asiste, su declaración no puede ser incorporada al acervo probatorio ni, consecuentemente, ser objeto de valoración por parte del juzgador.
Al no aportar ninguna declaración, no hay contenido sobre el cual el juez deba ejercer una ponderación valorativa. Tal prerrogativa encuentra fundamento en la protección de los vínculos familiares y en la necesidad de evitar que el testigo sea colocado ante el dilema de declarar en perjuicio de un allegado o de incumplir el deber de testificar. En consecuencia, tratándose del ejercicio regular de una facultad reconocida por el ordenamiento jurídico, la abstención no puede ser interpretada como un indicio de cargo; mal puede dársele a tal abstención, connotación alguna como lo pretende la recurrente. Sobre los antecedentes que fueran tenidos en consideración por la a quo, recordamos que en función de las características que rodearon los hechos, el mismo puede ser encuadrado dentro del contexto de violencia de género.
No compartimos la postura de la defensa al pretender que la falta de registros formales invalide la consideración de una historicidad de violencia.
Se ha señalado judicialmente que la falta de antecedentes no es óbice para determinar que de un caso pueda emerger un contexto de violencia de género, máxime si de la propia denuncia surgen indicadores de conductas de control o asimetría de poder, como fuera sostenido por esta Alzada en la apelación Nº 10.147/26.
En tal sentido, las manifestaciones sobre hechos anteriores, aunque no sean objeto de juzgamiento autónomo en esta causa, constituyen elementos de contexto válidos y periféricos que permiten al magistrado comprender la dinámica relacional y otorgar mayor verosimilitud a la denuncia actual.
Esta Alzada ya se ha pronunciado en anteriores resoluciones acerca del valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, indicándose que la sola mención de que se trate de la persona damnificada e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados, no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma."...Aun cuando se extendiera a familiares de la parte se ha considerado que la circunstancia de que el testigo sea amigo de la parte o de sus familiares no invalida sus dichos, aun apreciándolos restrictivamente, siempre que se vean complementados con otros elementos probatorios." "M., V. vs. F., A. y otros s. Cobro de pesos e indemnización de ley /// Cám. Apel. Sala B, Trelew, Chubut; 15/03/2012; Jurisprudencia de Chubut (Eureka); 462/2011; RCJ7252/13 rubinzalonline/1143420).
Y en torno al contexto de violencia de género, es opinión de los tribunales que “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (-del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo- CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11). Pero recordemos que “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...”. (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).
Pero el análisis de dicho contexto fáctico no implica privar de protección a una mujer que con anterioridad no haya podido exteriorizar en una denuncia formal hechos de violencia vivenciados o una subordinación estructural, como lo propende la defensa. La historicidad de la violencia es un indicador de riesgo que debe ser ponderado obligatoriamente por el juzgador para cumplir con el deber de debida diligencia reforzada impuesto por instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará.
Por otro lado, corresponde aclarar que el principio de amplitud probatoria (art. 16 inc. i de la Ley 26.485) no supone una inversión de la carga de la prueba en perjuicio del encartado, sino que responde a la necesidad de adecuar el análisis probatorio a las particularidades de estos hechos, los cuales suelen ocurrir en el ámbito de la intimidad, lejos de la mirada de terceros.
Sobre el cuestionamiento al monto del Embargo entendemos que no prosperará, debiendo aclararse que el embargo es una prescripción legal expresa (art. 499 del CPP) de naturaleza cautelar y estimativa. Su fin es garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (tasa de justicia y honorarios).
La jurisprudencia es mayoritaria al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo... debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “D.Y., C.F.”, 17/09/2009). Asimismo, el quantum fijado se exhibe como razonable para garantizar esos fines (CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024), máxime considerando el carácter provisional de la medida y el orden de prelación establecido en los arts. 29 y 30 del Código Penal.
De igual manera es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “En cuanto al embargo, previsto por el artículo 518 del C.P.P.N., su monto debe ser suficiente para cubrir la eventual indemnización civil por daños y perjuicios derivados del delito reprochado y las costas del proceso, que en el caso las componen los honorarios de los letrados actuantes y el valor de la tasa de justicia (artículo 533, ibídem)” (CCC 85/2022/CA2 - “ACUÑA, C. A. s/ Sobreseimiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 08/11/2024 elDial.com - AAE529).
II. Observación: De la lectura del presente legajo, surge que la tramitación llevada a cabo en los presentes ha incurrido en ciertas irregularidades, las cuales no obstan a la confirmación del auto de procesamiento que fuera apelado.
Al respecto se observa que el sumario policial no registra cargo del juzgado instructor; el cual fuera remitido por la preventora en fecha 11/03/2024, habiéndose iniciado el trámite judicial en fecha 04/08/2025.
De igual manera la ausencia física del decreto de fecha 04/08/2025.
Es por lo cual, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, hacemos saber al Juzgado actuante que deberá extremar los recaudos para evitar incurrir en las deficiencias como las descriptas debiendo subsanarlas, e imprimir celeridad asegurando un adecuada prestación del servicio de justicia para el cumplimiento de las próximas etapas procesales a fin de brindar un efectivo y oportuno servicio de justicia.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 49/53 vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante SNE.
3. HACER SABER a la instrucción lo dispuesto en el pto. II) de los presentes.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia