Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.13 07:51:32-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754 TOMO CLIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- , C=AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento REGISTRO Nº 10.018 Fecha: 2026.05.13 07:51:48-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 192/197 PROT. ELECT. JR101 165I.261 Río Gallegos, 13 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada: “E.M.E.
S/DESOBEDIENCIA”, Expte. Nº 33.663/25, Apelación JR Nº 10.137/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 06/12vta., del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de M.M.E., en orden a los delitos de “desobediencia, violación de domicilio y amenazas coactivas en contexto de violencia de género, todo en concurso real" (arts. 55, 239, 151 y 149 bis del CP) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000).
Que a fs. 15/19, la defensa oficial apeló dicho auto - motivándolo-; a fs. 24 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios de la recurrente respetando el orden propuesto en el escrito de apelación.
1. De la grave afectación al principio de inocencia.
Valoración arbitraria de la prueba. Parcialidad: Como primer agravio la defensa expresa que el a quo no logró recolectar prueba conducente ni incriminante y, valiéndose del derecho penal de autor, recopiló antecedentes judiciales –del fuero de familia-, en los que se tomaron medidas autosatisfactivas, donde no se dio lugar al derecho de defensa del imputado. Asevera que la utilización direccionada de la prueba para llegar a una forzada conclusión, solo tuvo en miras desde el comienzo de la investigación el declarar a su defendido como autor penalmente responsable de los delitos imputados, no contando con elementos incriminatorios que acrediten lo resuelto.
Respecto del hecho 1 atribuido, entiende que la desobediencia no es tal, sino que se ha construido en base a las actuaciones del fuero de familia, de las que surge la convicción suficiente para que se haya determinado la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento por el término de seis (06) meses.
Advierte que habiendo sido citada la Sra. S.E.Y., a ratificar sus dichos y testificar en tres (03) oportunidades, tanto en sede policial como judicial, la misma no concurrió. Ello demuestra que S.E.Y. entiende suficiente resguardo realizar presentaciones en el fuero de familia mas no en el penal.
Por todo lo expresado, concluye que la desobediencia no es tal, sino que ambos acuerdan encontrarse y luego discuten, pero ninguno de los dos realiza denuncia penal porque reconocen este proceder. Con lo cual estima que el auto atacado es desacertado y violatorio de las garantías mínimas del derecho de defensa en juicio.
Con relación al hecho dos, plantea que igualmente la Sra. S.E.Y., no concurre a dar su testimonio ni a la pericia psicológica, con lo cual el procesamiento denota la actitud paternalista asumida por el a quo, impropia de la perspectiva de género. Se agravia en función que fue la propia Sra. S.E.Y., quien invitó al imputado a su casa, respaldando esta afirmación la captura de pantalla que se ofrece de la hermana de E. Es por ello que también se agravia por la desigualdad de armas, dado el mínimo esfuerzo de la magistratura por producir la prueba ofrecida por la defensa, dejando apenas una constancia.
En función de todo ello, solicita se revoque el pronunciamiento dictado contra su defendido y se disponga el sobreseimiento.
Ahora bien, en respuesta a este primer agravio, adelantamos, no obtendrá favorable acogida, toda vez que habiendo una orden de restricción vigente dictada por una autoridad judicial, su incumplimiento, estando el encartado debidamente notificado de aquella, implica la configuración de la figura delictual aplicable.
No podemos soslayar que la desobediencia a la autoridad es un delito doloso, que exige el conocimiento y consciencia de que la orden desobedecida emana de un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Esta Alzada sostiene de manera invariable que la desobediencia a las órdenes de restricción dictadas por los órganos judiciales en el marco de la normativa específica de la Ley de Violencia Familiar encuadra dentro de la figura del artículo 239 del Código Penal, porque se trata de un destinatario determinado a quien la autoridad pública competente le notificó una prohibición y su incumplimiento lesiona el bien jurídico protegido; esto es, el compromiso expresamente asumido por la administración de justicia, como parte del Estado, para erradicar y sancionar los hechos de violencia familiar.
Así, en el orden nacional otros tribunales entienden que:
“…El incumplidor de una orden de restricción dictadas por el órgano judicial en un caso de violencia familiar y bajo dicha normativa específica, debe ser procesado por desobediencia pues la circunstancia de que el legislador haya previsto sanciones de naturaleza no penal no conduce a concluir en la exclusión de la figura delictiva respecto de quien no acata la orden….” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala VI • 16/09/2013 • F., F. D. • TR LALEY AR/JUR/64778/2013).
En ese sentido, con relación a la desobediencia reprochada en el “hecho nro. Uno”, por el contrario a lo argumentado por la defensa, advertimos que la Instrucción hubo de valorar la concordancia entre: los informes prevencionales (fs. 01 y 05 de los autos principales), el acta de aprehensión en flagrancia (fs. 02/02vta. de los autos principales), el certificado médico policial (fs. 03 de los autos principales), la orden del Sr. Juez de Familia, Dr. A.F.A., de fecha 16/07/2025 por la que dispuso por el término de seis (06) meses: la inmediata exclusión de M.E.E. y su reingreso del domicilio sito en calle C.G.B., la prohibición de acercamiento de M.E.E. a la persona de S.E.Y. y su hija L.M., a una distancia no menor de 200 metros, la prohibición de acceso y/o reingreso de M.E.E. donde se encuentre residiendo la Sra. S.E.Y. y su grupo familiar conviviente y la prohibición de todo tipo de comunicación entre M.E.E. y S.E.Y. (fs. 16/16vta. de los autos principales) y las actas de notificación a la pretensa víctima, Sra. S.E.Y. en fecha 21/07/2025 (fs. 34 de los autos principales) y al imputado M.E.E. en fecha 22/07/2025 (fs. 33vta. de los autos principales), siendo todos estos elementos objetivos que, valorados razonadamente bajo las reglas de la sana crítica y aplicando el principio de amplitud probatoria derivado de la perspectiva de género con que se enfoca la presente investigación, de conformidad a los estándares internacionales vigentes en la materia, permiten concluir en concordancia con lo merituado por el Sr. Juez de grado que se tratan de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, que permiten tener por acreditado el hecho investigado y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
En función de ello, se desvanece la crítica de la defensa que sostiene que el auto atacado se funda únicamente en las copias de las actuaciones del Juzgado de Familia y que no se escuchó a la pretensa damnificada, intentando argumentar que dichas circunstancias desincriminarían a su asistido.
A ese respecto, es necesario destacar que, de las constancias de la causa surge que la Sra. S.E.Y., revestiría la calidad de pretensa víctima en sendos expedientes en trámite ante el Juzgado de Instrucción y la Cámara Criminal de la 1ra Circunscripción Judicial, por hechos de similar naturaleza de parte de su ex pareja, sin que se haya resuelto definitivamente la situación procesal hasta la actualidad, con lo cual no sorprendería a este Sr. Juez de Recursos que sea la desconfianza y el descreimiento en el sistema judicial lo que la hubiera movido a no comparecer a las citaciones en sede policial ni judicial.
Sin embargo, ello no reviste entidad suficiente, pese al esfuerzo de la defensa, para mejorar la situación procesal del encartado, toda vez que las medidas de instrucción aún continúan en trámite mientras el expediente transite la presente etapa procesal, pudiendo el juzgado interviniente, en caso de estimarlo útil y pertinente, arbitrar los medios para concretar su comparecencia ante los estrados judiciales.
Con lo cual la defensa no ha logrado fundamentar el perjuicio que la ausencia de la declaración testimonial de la damnificada le habría ocasionado, máxime cuando del legajo surge que fue ella quien efectuó el llamado al 911 solicitando ayuda, dando inicio a la intervención policial con conocimiento del Juzgado de Instrucción, lográndose la aprehensión en flagrancia del incuso.
Del mismo modo rechazaremos el agravio expuesto por la defensa con respecto al “hecho nro. Dos” reprochado, esto es, la “violación de domicilio y amenazas coactivas”, puesto que no se comparte la apreciación de la “actitud paternalista” que alega en el Sr. Juez a quo sino que, por el contrario, advertimos que la Instrucción hubo de aplicar la perspectiva de género que el caso amerita sin observar que ello implique que hubiera incurrido en prácticas que puedan leerse como violatorias de los derechos y garantías del imputado.
Para decretar el procesamiento por este segundo hecho atribuido, la Instrucción valoró en conjunto: el informe del H.R.R.G. (fs. 62), los informes policiales (fs. 64, 65 y 82/82vta.), el acta de inspección ocular (fs. 66/67), el croquis ilustrativo (fs. 70), la denuncia de S.E.Y. ante la División Comisaría de la Mujer (fs. 72/74), el certificado médico (fs. 78), el acta de aprehensión (fs. 79/79vta.), la orden de la Sra. Jueza subrogante de Familia, Dra. C.L., de fecha 05/01/2026, reeditando lo dispuesto por el Dr. A.F.A., por el término de seis (06) meses: la prohibición de acercamiento de M.E.E. a la persona de S.E.Y. y su hija L.M., a una distancia no menor de 200 metros, la prohibición de acceso y/o reingreso de M.E.E. donde se encuentre residiendo la Sra. S.E.Y. y su grupo familiar conviviente, la prohibición de todo tipo de comunicación entre M.E.E. y S.E.Y. y disponer una consigna policial hasta la implementación del dispositivo dual (fs. 83/83vta. de los autos principales), las actuaciones policiales (fs. 89/91vta.), el informe de antecedentes (fs. 96/100) y la testimonial de A.A. (fs. 120/120vta.), tratándose de elementos probatorios e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, que permiten tener por acreditado los hechos investigados y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
Muy por el contrario a la desigualdad de armas y al mínimo esfuerzo de la magistratura por producir pruebas que denuncia la defensa, del estudio del legajo surge sin dificultad que tras el ofrecimiento de pruebas de fs. 103/103vta., la Instrucción a fs. 106, mediante el proveído de fecha 07/04/2026, hizo lugar a algunas de las medidas solicitadas, citando a prestar declaración indagatoria a la Oficial de Policía A.A., y ofició a Policía para que remita los partes informativos sugeridos por la defensa así como el papel de M.E.E. que contenía los teléfonos de sus allegados.
Asimismo, observamos que a fs. 109 mediante una certificación actuarial se incorpora a la causa los datos telefónicos de E.M. y L.E., y el domicilio de M.O.F.. Acto seguido, se llama a prestar declaración testimonial a M.O.F., y se ordena al actuario comunicarse con E.M. a fin de conocer su domicilio y citarlo a declarar, en tanto que respecto de L.E. averiguara telefónicamente su lugar de residencia y correo electrónico. Que, a pesar de tratarse de pruebas ofrecidas por la defensa, la Instrucción conforme surge de fs. 112 no logró comunicarse pese a los reiterados llamados con E.M. ya que daba a la casilla de mensajes, los cuales no fueron respondidos ni hubo de presentarse espontáneamente en el juzgado.
Del mismo modo, de fs. 112 surge que, de comunicación telefónica con L.E., se logró recabar el domicilio en la Provincia de Salta y su correo electrónico, respecto del cual manifestó no usarlo frecuentemente. Se le solicitó que enviara a la casilla de correo electrónico oficial del juzgado posibles capturas de pantalla de mensajes que habría mantenido con su hermano M.E.E., respecto de lo cual habría respondido que sí tenía pero que no podía precisar su contenido, no habiendo procedido a enviar lo solicitado –a propuesta de la defensa-, al mail de la Instrucción.
Por otra parte, se materializó la declaración testimonial solicitada a la Oficial de Policía A.A. a fs. 120/120vta., sin que la defensa –a pesar de haber propuesto la prueba- hubiera participado del acto. Finalmente, a fs. 123/124vta., se agregó el informe relativo a las diversas intervenciones policiales con motivo de los llamados de S.E.Y. al 911, de conformidad con lo solicitado por la defensa.
Y respecto de la prueba informática solicitada (celular de la pretensa víctima), surge del legajo que tras reiterados intentos de comunicación con la misma, el abonado no estaría en servicio, siendo que la Instrucción la tuvo presente, no la habría desestimado.
De todo lo analizado, entendemos que no merece mayor análisis la cuestión planteada, pues a la vista está que la Instrucción hizo lugar a las pruebas ofrecidas que estimó pertinentes y útiles, lo que desarticula el agravio.
En consecuencia se concluye que las consideraciones de la recurrente sólo traducen la disconformidad de la defensa con el criterio expuesto por el a quo, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al procesamiento, tornando su recurso improcedente.
Por todo lo valorado, este primer agravio queda descartado.
2. De la improcedencia de la prisión preventiva: En segundo lugar la defensa entiende que la prisión preventiva decretada es un exceso jurisdiccional y un adelantamiento de pena, dado que no cumple con los estándares constitucionales ni legales al no encontrarse acreditado el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Destaca que a pesar que el imputado no tiene domicilio fijo, siempre se lo ha podido notificar, lo que garantiza su sujeción al proceso. Por otra parte, señala que en este tipo de procesos, donde son las partes quienes poseen la verdad de lo acontecido, no puede existir el entorpecimiento de la investigación, destacando que es la presunta víctima quien no acude a declarar.
En definitiva se agravia porque existiendo medidas menos gravosas, tales como la colocación de un dispositivo dual de seguimiento, el a quo optó por la medida más agresiva.
Pues bien, analizando el presente agravio, adelantamos que no prosperará, toda vez que advertimos que la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción luego de disponer el procesamiento del encartado, sin observar en sus fundamentos una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen el principio de inocencia y del debido proceso, mucho menos que la decisión afecte los derechos de defensa ni que constituya un adelantamiento de la pena.
Notamos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en el caso concreto.
Más precisamente la Instrucción valoró que el riesgo de fuga y de entorpecimiento del accionar judicial se encuentra razonadamente sustentado de la misma prueba obrante en el legajo, de la que se desprende la clara peligrosidad procesal del imputado, advirtiendo la reiteración de las conductas que se insertan en el fenómeno denominado “violencia de género”, poniendo con su accionar en un estado de sometimiento y vulnerabilidad a su ex pareja, la Sra. S.E.Y. –y sus hijas menores de edad-, con lo cual en el caso se impone la necesidad de garantizar la protección de la damnificada y la realización –en su caso- del juicio.
Además la Instrucción merituó que en el caso concreto no corresponde la posibilidad de otra medida menos gravosa a imponer, toda vez que es la reiterancia en su accionar para con la pretensa víctima –ya que cuenta con sendas causas en distintos estadios procesales y de trámite tanto por el Juzgado de Instrucción como por la Cámara Criminal de la 1ra. Circunscripción Judicial-, lo que evidencia su falta de adherencia al marco legal.
Se advierte además que de las constancias incorporadas a la causa, surge que desde el Juzgado de Familia local, en fechas 31/10/2025 y posteriormente el 09/01/2026, se dispuso la utilización del “Dispositivo Dual” entre las partes en contienda, lo cual no se habría materializado por motivos que esta Alzada desconoce. Sin embargo denota que el fuero de familia ya había estimado - con anterioridad al auto de mérito que resuelve la situación procesal del encartado con prisión preventiva y que aquí cuestiona por la defensa-, que las medidas de menor intensidad, como la restricción de acercamiento y/o la exclusión del hogar, no serían suficientes.
A esta observación se suma que, a pesar de haberse negado a someterse a la pericia psicológica psiquiátrica en oportunidad de prestar declaración indagatoria, las demás constancias de la causa y del informe obrante a fs. 62 elaborado por un Lic. en Psicología y un Trabajador Social del H.R.R.G., resultarían contundentes, toda vez que se desprende que de entrevista con el imputado el día 04/04/2026, éste “desliza” una amenaza de muerte contra su ex pareja y que presenta “trastorno de personalidad antisocial con pronóstico desfavorable sin criterio de internación”, con consumo de sustancias prohibidas, en situación de calle e indigencia, viéndose inmerso en situaciones de violencia callejera para con terceras personas e infracciones a medidas cautelares.
Esta Alzada concuerda con la Instrucción en que, de los elementos obrantes en la causa, puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el encartado podría darse a la fuga y/o entorpecer el avance del proceso, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E. S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O. S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25).
Observamos que el fundamento del encierro cautelar radica en la aplicación de la “Convención Belem do Para” (con su correlato en la ley 26485 de Protección Integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), la ley 27372 de Víctimas de Delitos, entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional, y del principio de la debida diligencia reforzada, concordando con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Asimismo la resolución evidencia un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Esta sede revisora ya se ha expresado, en reiteradas ocasiones, acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Como lo acontecido en el caso de marras.
El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
En el caso que nos ocupa, concordamos con la Instrucción en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una mera disconformidad con la privación de libertad dispuesta.
Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por el Sr. Juez a quo, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP.
Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa.
3. Del embargo: Por último la defensa se agravia por ausencia de fundamentación del embargo impuesto a su asistido y por resultar la suma de quinientos mil pesos de imposible cumplimiento, atento la situación de calle en que se encuentra su representado.
Finalmente y en relación a este punto de agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se comparte con la defensa que lo dispuesto por la Instrucción carezca de fundamentos y que el monto sea inapropiado por resultar para el imputado de imposible cumplimiento.
Veamos, surge de las constancias de autos, más precisamente a fs. 12vta. del presente incidente, que el Magistrado dio las pautas por las que entendía adecuado establecer el monto del embargo en la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000.-).
Al respecto el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado. Y para ello la situación económica del imputado no resulta una limitante.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo otros tribunales del orden nacional entienden que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Es así que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
Es por ello que el embargo decretado en la suma impuesta, no luce irrazonable teniendo en cuenta el ilícito endilgado, su modalidad de comisión y el perjuicio que dicha conducta hubiere ocasionado, motivo por el cual confirmaremos el monto del embargo dispuesto, por resultar adecuado a derecho.
II. Reserva del caso federal: Para el caso que se rechace su pretensión la defensa deja planteado expresamente el caso federal, por entender vulnerados el principio de legalidad, la defensa en juicio y el debido proceso amparados por normas constitucionales, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 06/12vta., del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal incoada por la defensa.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia