Abriendo la norma
TOMO: XXI REGISTRO: 010 FOLIO: 115/122
Caleta Olivia, 13 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “N. J. E. S/DESOBEDIENCIA JUDICIAL” Expte. Nº 63.336/26, N° de Juzgado de Recursos 8458/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 213/229, el Sr. Juez de Instrucción Subrogante, decidió: “…DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de J. E. N., por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable de los delitos de DESOBEDIENCIA JUDICIAL (Art.239 del C.P) REITERADO EN CINCO OPORTUNIDADES (SEIS HECHOS), AMENAZAS (Art. 149 bis segundo párrafo del C.P) REITERADAS EN DOS OPORTUNIDADES (TRES HECHOS) LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS, POR MEDIAR VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA RELACIÓN DE PAREJA PREEXISTENTE (Art.89 en función del Art. 80 inc.11 del C.P), PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD (Art.141 del C.P) Y DAÑOS REITERADOS EN UNA OPORTUNIDAD (DOS HECHOS), todo ello en CONCURSO REAL (Art. 55 del C.P) decretándose embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000,00).- actualizables según la tasa de interés activa del banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (Arts.499 y css, del C.P.P)”
Contra dicha resolución el imputado J. E. N., interpone recurso de apelación a fs. 309, la Sra. Defensora Pública Oficial de Pico Truncado, doctora Karina Tor, lo motiva a fs.314/315. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 319.
En esta instancia es mantenido a fs. 362 por la doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa cuestiona que la resolución se sustente casi exclusivamente en los testimonios de la denunciante, señalando inconsistencias en su relato respecto de la dinámica de los hechos. Destaca que el imputado habría ingresado con un picaporte que no pertenecía al lugar, mientras que las actas de constatación policial indicarían que la puerta no presentaba daños previos al ingreso. La defensa sostiene que no existirían elementos periféricos de corroboración suficientes para los delitos de mayor gravedad.
Afirma que no se encuentra acreditado el dolo directo exigido por el art. 239 del Código Penal. Señala que, en distintas oportunidades, el contacto entre el imputado y la denunciante habría sido iniciado o consentido, por esta última. Sostiene que tales circunstancias debilitarían la afirmación de una voluntad deliberada de incumplir la orden judicial.
Considera errónea la calificación de privación ilegítima de la libertad, impugna la subsunción de los hechos en el art. 141 del Código Penal. La defensa sostiene que la denunciante manifestó que el imputado no la dejaba salir de su casa el 9 de enero de 2026, pero se contrapone a ello los testimonios de los vecinos M. y V., según los cuales la discusión se habría trasladado rápidamente a la vía pública. Entiende que esas declaraciones generan contradicciones relevantes sobre la existencia de una efectiva restricción de la libertad ambulatoria. Reprocha la defensora que el juzgado no haya valorado adecuadamente el contexto de vulnerabilidad del imputado, quien padecería problemas de consumo de sustancias y alcohol. La defensa sostiene que, aunque tales circunstancias no lo exculpen, deberían ser consideradas al graduar la respuesta penal y al analizar la necesidad de adoptar una medida cautelar menos restrictiva que la prisión preventiva.
Impugna el embargo dispuesto sobre los bienes del imputado, por considerarlo manifiestamente desproporcionado. Señala que el imputado sería empleado de un taller mecánico, con estudios primarios incompletos, y que la magnitud de la medida cautelar patrimonial no guardaría relación con su situación socioeconómica. Solicita su revisión y adecuación.
Solicita se tenga por motivado el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma, se revoque la resolución recurrida, dictándose el sobreseimiento o, subsidiariamente, una calificación legal más leve, dejando sin efecto la colocación del dispositivo de monitoreo dual ordenado al momento de otorgarse la libertad al asistido. III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
En el caso de marras se valoro, todo el contexto vivido por la pareja y el conjunto de causas que tramitan en la sede judicial, y son estas justamente las que dotan del contexto al expediente analizado, dejando entrever, que la señora C. K. M., viene sufriendo por parte del procesado diversas situaciones violencia, las que se ponen de relieve una vez más.
No se puede utilizar de excusa exculpatoria por parte del imputado, el hecho de querer ver a su hija, justamente si su intención es la de poder acceder a una relación o contacto con su hija, la situación para conseguir esa vinculación, no se puede dar a través de amenazas o situaciones límites, donde pretenda exigir dicho derecho. En primer término cuestiona la defensa el delito el Daño enrostrado a su pupilo en el Expte: 62.984, por ello es dable mencionar que “...a fs. 192/194vta., luce agregada Declaración Indagatoria de J. E. N. en orden a los siguientes hechos: Respecto al primer hecho; (expte nro. 62.984) En fecha 12 de noviembre de 2025, siendo aprox 06.00 hs. UD. aprovechando la ausencia momentánea de su ex pareja C. K. M. del domicilio perteneciente a la misma sito en calle xxxxx N° *** de Pico Truncado, ingresó sin autorización al inmueble -por cuanto dentro se encontraba su hija menor de edad sola- y, al regresar la nombrada al lugar, salió del domicilio llevando en brazos a la hija en común, tomando el teléfono de la joven y arrojándolo al suelo provocando la rotura del mismo, todo ello pese a estar debidamente notificado de la prohibición de acercamiento que había sido ordenada por el Juzgado de Primer Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría de Familia en los autos caratulados "C. K. M. C/ J. E. N. s/ APLICACIÓN LEY N° 2466", Expte. N° 21006/23, medida que le había sido notificada con fecha 24 de septiembre 2025 conforme surge de fs. 21 autos, lo cual se traduciría en el deliberado incumplimiento del compareciente a la medida judicial ordenada por noventa días.-...”.
Dada la imputación tomada como referencia del expediente mencionado por la defensora, más los datos recabados en el legajo es que entiendo que el delito de DAÑO achacado en esta oportunidad al Sr. J. E. N. reside exclusivamente sobre el celular de la víctima y no sobre la puerta o picaporte de ingreso a la morada de la Sra. C. K. M.. Por lo tanto dicho agravio debe descartarse. En relación al agravio insinuado por la defensora en relación a la tipicidad del delito de privación ilegitima de la libertad la doctrina tiene dicho que: "El tipo objetivo consiste en la privación de la libertad física de una persona y en la ilegitimidad de esa conducta. Quiere decirse con esto que la acción típica no es otra cosa que privar a la persona de su libertad ambulatoria. No será preciso atarla, amarrarla ni encerrarla. Basta con que se le impida de cualquier modo el libre de su facultad de trasladarse o permanecer donde ella quiera. Se pretende tutelar de tal modo en su propia manifestación física también llamada por la doctrina como libertad de locomoción, ambulatoria o de residencia. Lo decisivo aquí es la posibilidad de deambular de un lugar a otro, quedarse en un lugar en forma voluntaria, poder alejarse de un lugar en el cual no se quiere permanecer o concurrir a un lugar del cual no se puede lícitamente excluirnos. En definitiva la libertad en movimiento. Es suficiente para la concreción de la figura que se restrinja cualquier libertad de movimiento, aunque quede a disposición de la víctima cierto grado de libertad ambulatoria". (Conforme CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA COMENTADO PARTE ESPECIAL TOMO I, DR. ALEJANDO TAZZA, EDITORIAL RUBINZAL- CULZONI, PÁGS. 500/551).-
Es por ello que aunque la defensa intente minimizar la actitud tomada por el imputado, mencionando que se desvirtúa la privación ilegitima de la libertad ante los testimonios, brindados en autos, ello no puede sostenerse, dado que justamente estos testimonios son los que posicionan al encartado en el lugar de los hechos y quienes por ser vecinos vieron la actitud asumida por el imputado, lo vieron apersonarse, entrar cerrar la puerta y también comparten haber escuchado gritos de la víctima. Que todo ello dota del grado de probabilidad requerida en esta etapa procesal para arribar al procesamiento en cuestión, no obstante ello es dable señalar que sería conducente a los fines del proceso, que se judicialicen los testimonios de los Sres. M., H. O. y V., V. H..
Respecto a la existencia de capacidad, me he explayado en los autos “P. J. D. S/ Tentativa de hurto” Expte. Nº P-36.390/23, N° de Juzgado de Recursos 6960/23, en los que dije: “ En los autos “A., S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO”
Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve: “…Que el imputado haya tomado alcohol dista considerablemente a que se encuentre envuelto en un estado de intoxicación alcohólica que no le permita comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Sobre el particular la dogmática ha entendido que: "La embriaguez alcohólica. En los casos de intoxicación aguda es determinante el grado de perturbación de la consciencia, que debe ser grave, lo cual en el caso de embriaguez alcohólica se conoce como embriaguez completa. Según la concentración de alcohol en sangre, se determina la posibilidad o la certeza de la embriaguez completa. De cualquier forma no pueden tomarse esos índices como determinantes sin valorar la resistencia individual al tóxico, que depende de una gran variedad de factores (acostumbramiento, ingesta de medicamentos, patología, emociones, etc.). Tampoco debe descartarse la embriaguez patológica, producida por una pequeña ingesta de alcohol y que suele obedecer a una patología previa, como en los enfermos alcohólicos o neurológicos. Uno de los criterios para cuantificar la perturbación de la consciencia es la memoria; siendo muy pormenorizada no se compadece con la embriaguez completa, aunque es compatible con el recuerdo detallado de algunas de las circunstancias más esenciales del hecho, puesto que la memoria parcial es relativamente frecuente en casos de incuestionable embriaguez completa..." (Conforme MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, ALEJANDRO ALAGIA, ALEJANDRO SLOKAR EDITORIAL EDIAR, PÁGS. 560 Y 561)”
Siguiendo el enunciado precedente debo concluir que no se aprecia en autos el estado de incomprensión de la criminalidad de sus actos por parte del imputado, durante el desarrollo de los hechos por los cuales fuera procesado, debiendo confirmarse los delitos achacados a este en todos sus términos.
Respecto de la solicitud de una medida menos gravosa que la prisión preventiva, debo mencionar que en el punto dispositivo II) del resolutorio apelado el Juez dispone la colocación de dispositivos de monitoreo dual, por lo que se entiende que el incuso recupero la libertad previo al cumplimiento de dicha disposición. Por otra parte se agravia la defensa por considerar que no habría desobediencia judicial por ser un acto consentido por la victima.
En relación a este acápite he resuelto lo siguiente, en los autos caratulados "R. R. E. S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL" Expte. Nº R-31924/21, N° de Recursos 6386/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, en los que sostuve que: "...Cabe señalar que en el ámbito de los delitos contra la administración pública, el vínculo con los posibles sujetos activos se entabla entre éstos, sean particulares o funcionarios, y la propia administración que no se limita solo a la función administrativa, sino que alcanza a la función legislativa y a la función jurisdiccional. Es decir que la relación jurídico penal no se extiende entre los particulares entre sí, sino en tanto los mismos están o pueden estar vinculados de alguna manera con un funcionario público o con cualquiera de las funciones estatales en las que el poder único del Estado se manifiesta.
Así, se ha expresado que el objeto de protección del Título XI del C.P. es "...la regularidad y eficiencia de la función pública, entendida en un sentido amplio. No habría problemas en sostener, entonces, que se protege la función pública, entendida como el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los tres órganos del Estado, pero con la idea de que no solo se refiere a la función específica de los poderes del Estado, sino además a la típica función administrativa de todos ellos... De modo que el bien jurídico del Título XI es la preservación de la función pública, frente a los ataques que provienen, tanto de la propia organización burocrática del Estado y de sus miembros, como así de los particulares.-" (Conforme TRATADO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO III, SEGUNDA EDICION ACTUALIZADA, EDGARDO ALBERTO DONNA, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, pág. 29/30") Es en este dintorno, que el artículo 239 del C.P. establece dos modalidades de conductas respecto de las órdenes que emanan de los funcionarios públicos, la resistencia y la desobediencia.
Aquí queda claro que para la procedencia, quien emite la orden debe ser funcionario público con facultades para ello, integrante de alguno de los poderes-funciones del Estado, y que está dirigida a los particulares y/o funcionarios públicos que se encuentran obligados a cumplir un determinado mandato u orden emitida por dichos funcionarios. El art. 239 del C.P establece que: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal." Del tipo se desprenden dos figuras delictivas que abarcan dos comportamientos diferentes, por un lado la resistencia contra la autoridad y por otro la desobediencia a la autoridad.
Respecto de ésta última, se ha entendido que "...sujeto activo solo puede ser el destinatario de la orden, quien debe ser, obviamente, una persona física....". Donna sostiene que se trata de un delito de propia mano, toda vez que solo puede ser autor quien esté en condiciones de llevar a cabo por sí la acción prohibida. Sujeto pasivo será el funcionario público o el particular que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Estamos en presencia de un tipo omisivo impropio, que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Orden implica un mandamiento, verbal o escrito, dado directamente -aunque no sea en presencia- por un funcionario público a una o más personas para que hagan o no hagan algo. Sin orden ni destinatario no hay desobediencia posible...La orden impartida por la autoridad de ser de posible cumplimiento para que se configure el delito...Al igual que la resistencia se trata de un delito doloso, en que el autor, a nivel cognitivo, debe saber que está desobedeciendo una orden legítima impartida por la autoridad pública y en el aspecto volitivo, debe obrar con esa específica finalidad de no acatar la orden..." (Conforme CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO LA LEY SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA año 2009, Dirigido por Andrés José D´Alessio y coordinado por Mauro A.
Divito, Tomo II, págs. 1184/1186).- Ahora bien, en el ámbito de las relaciones mediadas por violencia de género, las órdenes, mandatos y prohibiciones se dictan en base a la potestad cautelar del Estado, a los fines de evitar que dichos ciclos de violencia continúen, se agraven y culminen con la pérdida del bien jurídico más preciado de la persona humana, su vida. En los autos caratulados "A. S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO" Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género.
Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello. Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica. Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica. El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal. Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretesto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra.
De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados al mismo. El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorío que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofísico tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia. La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón.
A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, esta caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual). Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género.
Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo). Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos están fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos estan surcados por el discurso patriarcal.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentarioo, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que esta en el centro del análisis si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional- Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactuan en el sistema...".- Es sobre esta senda, que la actividad Estatal cautelar que se expresa a través de obligaciones de hacer, no hacer y de dar en su caso, interviene cuando el vínculo asimétrico que existe entre un varón y la mujer víctima de violencia, se ha quebrado justamente por dicha circunstancia.
La víctima, a favor de quien el Estado dicta la medida cautelar para proteger su vida, considerada en sentido amplio como la posibilidad de disponer de todos y cada uno de los bienes jurídicos esenciales para su desarrollo como persona humana (Art. 1, ss. y cc. de la Declaración Universal de Derechos Humanos) no se encuentra en condiciones de seguir manteniendo un vínculo directo con su agresor, justamente por la violencia psicofísica de éste hacia ella, razón por la cual el Estado es quien media en dicha relación, le impone pautas y reglas para que la misma no se lleve la vida de la víctima. Esta claro que en este ámbito, y en base a las características de los vínculos violentos, la relación entre el varón agresor y la mujer víctima ha sido "intervenida" por el Estado, el que la ha regulado, no existiendo la posibilidad que ambas partes puedan relacionarse conforme a derecho si no es a través de la intermediación estatal.
La posición de la víctima en estos casos siempre es de debilidad frente al agresor, que el mismo concurra y trate de entablar nuevamente un vínculo, allende la motivación de cualquiera de las partes, no variará sustancialmente el tipo de relación, por lo que es previsible que la misma, de continuar, lo haga en iguales términos, es decir, violentos. En este sentido, queda claro que a partir del dictado de la medida cautelar y de su notificación expresa a quien debe respetarla, el vínculo se trasvasa de los particulares al Estado y la persona que debe cumplir las medidas ordenadas. En este aspecto, si bien la mujer víctima de violencia siempre tiene el derecho a ser oída conforme lo normado en el art. 16 inc. c) de la ley 26.485, quien tiene la potestad de modificar las medidas y restricciones impuestas es la autoridad que dictó las medidas, no habiendo posibilidad de error o de falsa creencia de justificación o de inxesistencia de culpabilidad, pues quien está en condiciones de emitir la orden es quien debería, a todo evento y por el mismo procedimiento (principio de paralelismo de las formas) dejarlas sin efecto.
Si ello no sucede, no puede haber error de tipo ni error de prohibición, más allá que la víctima exprese su libre voluntad de dejar sin efecto la medida cautelar, hecho que será evaluado en el ámbito competente respectivo, pero nunca puede ello ser motivo de incumplimiento de una orden, porque a partir de su notificación, el agresor sabe que la disposición que se le notifica fue dictada, en estos casos, por una autoridad judicial, siendo la única que puede dejarla sin efecto.".-
Bajo estas pautas de hermenéutica es que la pretensión de la defensa debe desecharse, dado que la víctima de autos no tiene la autoridad formal, para dejar sin efecto la medida judicial impuesta.
Se agravia la defensa del embargo dispuesto. Sobre el particular, es dable mencionar que en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS:
V. A. A. S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “V. L. A. S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".-
Es por ello y bajo esta pauta mencionada supra, que entiendo el embargo ajustado a derecho, no se avizora la desproporcionalidad mencionada por la defensa, por lo que su confirmación es procedente en autos.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR interlocutorio de fs. 213/229, en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia