Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo ello, desestimaré este último agravio.
Respecto al planteo efectuado por la defensa, en cuanto al vencimiento de los plazos establecidos en el art. 197 del C.P.P., amplia parte de la doctrina sostiene que “…los plazos procesales cuando se trata de cumplir actividad indispensable para el desarrollo del proceso -la desplegada por los sujetos públicos- jamás pueden ser perentorios sino meramente ordenatorios: su inobservancia no determina la caducidad o extinción del deber o de la facultad no cubiertos en tiempo útil, sino que sólo pueden dar origen a sanciones disciplinarias… pero jamás veda un desempeño que está legalmente fijado…. Por eso la circunstancia de que no se halla solicitado prórroga en la forma prevista por el Art. 207º (C.P.P.N.) no acarrea la nulidad de las actuaciones… su inobservancia no afecta la `capacidad del juez´, pues no se relaciona con la aptitud para ejercitar la función; tal incumplimiento no acarrea la nulidad de las actuaciones posteriores…” (D´Albora, ob. cit., págs. 376/377 y 248). “En todos los casos, los términos que se fijan son simplemente ordenadores… Su incumplimiento, por tanto, no importa una hipótesis de sobreseimiento por agotamiento temporal ni de nulidad de las actuaciones (CCC, Sala VI, 9/5/12, causa 398/12, “F.,V.J.” con cita de CNCP, Sala II, 12/4/05, causa 5391, “Sánchez Uroz”; CCC, Sala V; LL, 1992-C-529; CNPE, Sala B LL, 1998-F-679; …
TOMO CXXXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8503 FOLIO Nº 198/201 PROT. ELECT. JR101119I.242
Río Gallegos, 19 de marzo de 2024.
La presente causa caratulada “S.N.L. S/ DENUNCIA PRESUNTAS AMENAZAS" -EXPTE. Nº 69.691/21 (APELACIÓN Nº 8449/23), venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 69/74, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional N° Dos con asiento en Río Gallegos, quien en el punto 1º del decisorio puesto en crisis, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado C.A.G., en orden al delito de “Amenazas reiteradas -2 hechos-”, (Art. 149 bis y 55 del Código Penal) y en el pto. II) trabó embargo como medida precautoria por la suma de pesos cien mil ($100.000). Que a fs. 75/78 la Defensa Oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 90 mediante código de validación: 73813df4, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437º del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
1. Que el recurrente expresó que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos, observándose una valoración errónea o parcializada de la escasa prueba.
De la simple lectura de las actuaciones, se puede aseverar que no están acreditados en autos ni siquiera con la probabilidad que esta etapa procesal requiere los elementos mínimos y constitutivos de la figura penal que se le enrostra.
La prueba recolectada e incorporada en autos resulta insuficiente para atribuir responsabilidad, ello atento la ausencia de testigos presenciales y/o imparciales que corroboren este extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba los dichos de la Sra. S., calificándolo como "parcial".
Considera que más allá de no existir en las presentes actuaciones otras testimoniales que den cuenta de la violencia de género referida, no se puede caer en la liviandad probatoria la ordenar un procesamiento sin ponderar otros elementos de prueba, basándose sólo en un acta de constatación y capturas de imágenes.
Destaca que no cualquier anuncio de un mal grave resulta constitutivo del delito de mención, siendo para ello necesario que las expresiones o gestos vertidos reúnan otros requisitos, entre los que se cuentan que los mismos sean serios y que logren amedrentar o alarmar seriamente a la víctima.
Se agrava la apelante del monto dispuesto por la magistrada a la hora de trabar el embargo, por considerar que el mismo resulta ser excesivo, arbitrario y exorbitante; sobre todo si se toma en cuenta las condiciones personales del encartado el cual es un joven, quien se dedica al trabajo de la construcción percibiendo mensualmente la suma aproximada de $120.000, monto con el cual cubre sus gastos personales y los de la cuota alimentaria para su hijo menor de edad, viviendo en el domicilio junto a sus progenitores y su hermano. Señala que de hacerse efectivo el embargo, lo dejaría por debajo de los índices de la pobreza. En último término agravia la defensa que la instructora se excedió al someter a su representado al proceso fuera de los plazos expresamente autorizados en el art. 197 del CPP y 62 inc. 2 del CP, teniendo en cuenta que el inicio de las actuaciones data desde fecha 12 de diciembre del 2020, siendo llamado a indagatoria recién luego de pasado un año y ocho meses -02/08/2022-.
Remarca que tales dilaciones han vulnerado derechos constitucionales por no reparar en la estigmatizante situación que atraviesa el Sr. G. Que el sumario haya sido iniciado hace más de tres años, resulta motivo suficiente para presumir que ha cesado el interés social por el castigo, no siendo un dato menor que nos encontramos ante un trámite de simple tramitación lo cual se traduce solo a Amenazas Simples.
Entrando en el análisis de estos agravios planteados, debo remarcar que para arribar al procesamiento dictado, la Magistrada tuvo en consideración una serie de elementos probatorios, que le permitieron arribar al decisorio de autos.
Cabe destacar que la resolución se encuentra debidamente fundada, de conformidad con las prescripciones reguladas en los Arts. 115º, 116º y 291º del C.P.P., habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y explicada tanto la materialidad del hecho imputado, como la autoría y la calificación jurídica atribuida al suceso investigado.
Es así, que la a quo valoró las manifestaciones vertidas por la víctima al momento de radicar denuncia por ante la Comisaría de la Mujer, detallando el hecho sucedido, sindicando al incuso como autor del delito denunciado.
Asimismo el acta de constatación efectuada sobre el teléfono celular de la damnificada de donde se observan mensajes de la aplicación Whatsapp con términos amenazantes, constatándose que el abonado del cual provienen dichos mensajes pertenece al incuso.
Por su parte, también tuvo en consideración la magistrada, la declaración efectuada por la damnificada ante la Oficina de Violencia Doméstica, donde expone de manera detallada los hechos de violencia vivenciados con su ex pareja. De igual manera relató otros episodios de violencia, explayándose sobre cómo era la modalidad de vínculo afectivo con el imputado.
Ponderó de igual manera el informe de situación de riesgo elaborado por los profesionales de la OVD, quienes establecieron el mismo como Alto.
En cuanto al segundo hecho denunciado, la magistrada tuvo en consideración la denuncia y su ampliación formuladas por S.
No compartimos la opinión de la apelante en cuanto a que el decisorio se basa en los solitarios dichos de la víctima, dado que la misma fue analizada en el conjunto de los elementos probatorios obrantes en autos. De esta manera, los dichos de la damnificada se encuentran respaldados con el acta de constatación, el que da cuenta de los dichos intimidantes vertidos por el incuso, la secuencia fotográfica de los mismos, así como el informe de la compañía telefónica que establece la titularidad de dicho de la línea de la cual provinieron los términos amenazantes corresponden al imputado de autos, el cual se encuentra activo. Esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma, tal como lo efectuara la a quo.
Del mismo modo concordamos con la magistrada que el análisis de los hechos investigados que refieren hechos de violencia de género debe hacerse bajo una perspectiva de género.
"...Es por ello que, en este tipo de supuestos, le es dable al tribunal fundar su certeza a partir de los elementos conducentes para el esclarecimiento de la verdad y nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente en el testimonio de la víctima, siempre y cuando, ésta sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinarán que le sea asignada credibilidad. Los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías para posibilitar su contradicción con el sujeto ofensor que es llevado a juicio...".
(Del voto de la Dra. Kauffman de Martinelli en Canavides, Benito s. Recurso de casación /// CJ, Salta; 01/12/2014; Rubinzal Online; 37013/2014; RC J 28/15. En cuanto al agravio referido a las amenazas, no compartimos la postura de la defensa sobre que los términos vertidos por su defendido, tales como "...te veo con alguien y te prendo fuego hdp...no me importa ir preso...te lo juro por mi hijo forra de mierda...; ...te voy a matar hija de p. si te veo con otro...", no serían constitutivos del delito de amenazas. Concordamos con los fundamentos de la magistrada dados en el auto recurrido, en cuanto a que dichos términos deben ser analizados en el contexto de violencia en que se encuentra inmersa S., el cual fuera referenciado en el primer hecho denunciado.
No se puede dejar de merituar el contexto en el cual se desplegaron los términos denunciados, el cual denota un claro caso de violencia de género concordante con lo que surge del art. 4, Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en cuanto establece que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, como lo expusiera la a quo, no compartiendo el postulado de la defensa.
En dicho contexto, se considera que los términos proferidos por el imputado A., son suficientes para la configuración del tipo penal endilgado, conteniendo la amenaza vertida, las características de anunciar un mal grave, injusto, posible, con idoneidad para amedrentar, al inferir temor suficiente.
Con respecto al delito de amenazas, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565). Por lo expresado, entiendo que -aún con las limitaciones propias del caso-, la prueba colectada fue valorada –a mi criterio- acertadamente por la Magistrada, dictando una resolución acorde al momento procesal que atraviesa la causa, luego de realizar un razonamiento lógico de los hechos y valoración coherente de la prueba. Por consiguiente, los planteos formulados quedan descartados.
En último término, sobre el agravio planteado sobre el embargo dispuesto en autos, tras la lectura de la resolución puesta en crisis -sobre este punto-, surge que la Magistrada dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma dispuesta. Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado, ello en función del Art. 499º del C.P.P. Tras el fundamento de la defensa, corresponde traer a colación jurisprudencia al respecto, la que expresa que “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, fecha 17/09/2009, La Ley Online, cita: TR LA LEY AR/JUR/44048/2009).-
Por todo ello, desestimaré este último agravio.
Respecto al planteo efectuado por la defensa, en cuanto al vencimiento de los plazos establecidos en el art. 197 del C.P.P., amplia parte de la doctrina sostiene que “…los plazos procesales cuando se trata de cumplir actividad indispensable para el desarrollo del proceso -la desplegada por los sujetos públicos- jamás pueden ser perentorios sino meramente ordenatorios: su inobservancia no determina la caducidad o extinción del deber o de la facultad no cubiertos en tiempo útil, sino que sólo pueden dar origen a sanciones disciplinarias… pero jamás veda un desempeño que está legalmente fijado…. Por eso la circunstancia de que no se halla solicitado prórroga en la forma prevista por el Art. 207º (C.P.P.N.) no acarrea la nulidad de las actuaciones… su inobservancia no afecta la `capacidad del juez´, pues no se relaciona con la aptitud para ejercitar la función; tal incumplimiento no acarrea la nulidad de las actuaciones posteriores…” (D´Albora, ob. cit., págs. 376/377 y 248). “En todos los casos, los términos que se fijan son simplemente ordenadores… Su incumplimiento, por tanto, no importa una hipótesis de sobreseimiento por agotamiento temporal ni de nulidad de las actuaciones (CCC, Sala VI, 9/5/12, causa 398/12, “F.,V.J.” con cita de CNCP, Sala II, 12/4/05, causa 5391, “Sánchez Uroz”; CCC, Sala V; LL, 1992-C-529; CNPE, Sala B LL, 1998-F-679; JA, 1998-III-474, DJ, 1999-1-321), si bien el órgano que incumple puede ser objeto de una advertencia o sanción (como un “llamado de atención”, CNPE, Sala A, LL, 1994-E-566).”. Código Procesal Penal de la Nación – Análisis Doctrinal y Jurisprudencial-; Guillermo Rafael Navarro – Roberto Raúl Daray, ed. Hammurabi José Luis Depalma Editor, pág. 203. Postura a la cual adhiere esta Alzada; considerando que los plazos perentorios son únicamente los otorgados a las partes, no así a los órganos jurisdiccionales, los cuales se consideran ordenadores.
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: Atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial. En razón de lo expuesto, de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado 69/74, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Dr. Nelson Andrés Sánchez Juez de Recursos Primera Circunscripción Judicial Dra. Yanina Carla Mercado Jefa de Despacho A/c Secretaría
Fin de la sentencia