Abriendo la norma
TOMO CLXI - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.111 FOLIO N°146/149 PROT. ELECT. JR101 258I.261
Río Gallegos, 03 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada "N.A.M. S/ Lesiones Leves y Amenazas Calificadas“- Expte. N° 19454/21 - Apelación/Causa JR N° 10170/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 355, obra decreto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de El Calafate, en el cual dispuso el decomiso y posterior destrucción de los elementos secuestrados en autos (armas de fuego, municiones y accesorios), en atención a la naturaleza de dichos objetos y al contexto de violencia de género que emerge de las presentes actuaciones, resultando necesario cumplimentar con el deber estatal de prevención y protección a la víctima, adoptando, en tal sentido, las medidas de resguardo necesarias, evitando la eventual reintroducción de tales elementos a la esfera de custodia del Sr. N.A.M.
Que a fs. 356/358, la defensa técnica planteó Recurso de Reposición, impetrando Recurso de Apelación en subsidio.
Que a fs. 362/364, obra resolución dictada por el Sr. Juez, mediante la cual rechaza el Recurso de Reposición interpuesto, concediendo en consecuencia el Recurso de Apelación en subsidio incoado.
Que a fs. 375, la parte recurrente sostiene el Recurso interpuesto, habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P. a fs. 378/381. Que, en virtud de los argumentos expuestos por defensa técnica, a fs. 370 se corrió en vista las actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 371/372vta. se adunó su dictamen. Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el decreto dictado le causa a su asistido, un perjuicio procesal irreparable a su legítimo derecho de propiedad. A su vez, solicitó que se ordene la devolución de la totalidad de los efectos que se pretenden decomisar.
Que, seguidamente, se abordarán los agravios introducidos por la parte recurrente.
II. Del agravio referido al decreto que dispone el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados:
Que la parte recurrente cuestionó la decisión que dispuso el decomiso y destrucción de los efectos incautados, sosteniendo que su asistido se encuentra legalmente habilitado para la tenencia de armas, municiones y accesorios, y que dichos elementos habrían sido adquiridos conforme la normativa vigente.
Asimismo, indicó que la medida ordenada por S.S., carecería de eficacia preventiva, en tanto puso en conocimiento –y acompañó documental al respecto- que su representado posee actualmente otras armas de fuego, adquiridas de forma legal. Por otro lado, sostuvo que el decomiso de los elementos resultaría improcedente, en virtud de que las presentes actuaciones carecen de una sentencia condenatoria firme, invocando la afectación del derecho de propiedad de su defendido, la inexistencia de antecedentes penales en su contra, y la revocación dictada por este Juez de Recursos en anteriores decisiones procesales - referidas al fondo de la litis-. De igual manera, cuestionó la existencia de un riesgo actual e inminente para la denunciante, en tanto expresó que, de las inmumerables expresiones de términos intimidatorios con armas desplegadas por el Sr. N. hacia ella, ninguna se encontraba acreditada.
A su vez, hizo referencia a la falta de restricciones vigentes en sede de familia, así como la inexistencia de nuevas denuncias por amenazas, y la ausencia de hechos recientes que, eventualmente, evidencien una situación concreta de peligro hacia la integridad psicofísica de la presunta víctima.
En efecto, afirmó que lo la decisión arribada por el Sr. Juez deviene –a su criterioaparente, carente de fundamentación legal y contrariamente adecuado a la realidad de estos hechos.
Que iniciado el tratamiento del presente agravio, adelantamos, tendrá -en cierta medida- favorable acogida. Ello, en virtud a un arduo análisis del sumario, del decreto dictado, del recurso de apelación interpuesto oportunamente, y del dictamen fiscal aunado en el presente sumario.
Que, a fin de resguardar los principios de eficacia y celeridad procesal, corresponde integrar aquí los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal Subrogante ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, en virtud de compartir parcialmente el criterio que allí sostuvo, efectuando –conforme nuestra perspectiva- un señalamiento al respecto.
En tal sentido, el Ministerio Público Fiscal expusó que, luego de efectuar un análisis de las constancias de autos, entre ellas las providencias y resoluciones obrantes a fs. 340, 355, 362/364, entendía que las presentes actuaciones no pueden ser analizadas de manera aislada del contexto de violencia de violencia de género denunciado en el legajo, sino que exige una valoración con perspectiva de género y de conformidad con los deberes reforzados de debida diligencia que pesan sobre el Estado Argentino en materia de prevención, investigación y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En dicho marco, indicó que no puede soslayarse que la parte querellante ha manifestado la persistencia de episodios de violencia respecto de su persona, haciendo referencia a la existencia de múltiples procesos en trámite tanto en el fuero penal como en el fuero de familia, circunstancias que imponen extremar los deberes que exigen los éstandares constitucionales y convencionales vigentes al respecto.
Bajo esta premisa, consideró que la negativa a la inmediata devolución del armamento secuestrado constituye, en principio, una medida razonable y proporcional frente a las particularidades que presenta el caso, en tanto la disponibilidad material del Sr. N. sobre las armas de fuego podría incrementar objetivamente factores de riesgo existentes.
No obstante, distinguió dicha cuestión respecto al decomiso definitivo y destrucción de las armas, municiones y accesorios incautados, entendiento que éste último, conforme lo previsto por el art. 23 del Código Penal, constituye una consecuencia accesoria de naturaleza penal que se encuentra asociada a la existencia de una sentencia condenatoria, o cuanto menos, a una acreditación jurisdiccional suficiente respecto de la vinculación ilícita de los bienes involucrados; extremos que no se verifican en autos, especialmente teniendo en cuenta que la causa principal concluyó mediante el dictado de un sobreseimiento por prescripción de la acción penal.
En virtud de lo expuesto, indicó que si bien las circunstancias del caso permiten adoptar medidas precautorias tendientes a restringir preventivamente el acceso del Sr. N. a las armas secuestradas, ello no habilita automáticamente el decomiso y destrucción de dichos elementos.
Así, el Sr. Fiscal Subrogante concluyó que correspondía confirmar parcialmente el decisorio arribado por el Sr. Juez de instrucción, en cuanto rechazó la restitución inmediata de los efectos secuestrados, debiendo disponer el mantenimiento de los mismos la autoridad competente para ello (ANMaC), más no así lo referido al decomiso definitivo y destrucción de dichas armas. Ahora bien, desde la perspectiva de este Juez de Recursos Subrogante, en primer término, corresponde señalar que, en lo que respecta al decomiso y destrucción de los elementos –en consonancia con lo dictaminado por el Sr. Fiscal Subrogante-, si bien en los párrafos posteriores previstos del art. 23 del Código Penal habilita dichas medidas en otros supuestos, verbigracia sobre bienes peligrosos o vinculados a algún hecho ilícito, dicha conjetura no puede interpretarse de manera aislada, ni extenderse hasta justificar la privación definitiva de bienes. En el caso bajo análisis, la acción penal se encuentra extinguida –por prescripción- y no recae sobre N. sentencia condenatoria firme.
Por lo expuesto, corresponde revocar el decreto de fs. 355, en cuanto ordena el decomiso y destrucción de los bienes secuestrados en autos, a raíz de no verificarse una sentencia condenatoria ni una base jurisdiccional suficiente que habilite válidamente la adopción de dicha medida con tal transcendencia. No obstante lo dicho, desde esta Alzada advertimos que, si bien el representante –subrogante- del Ministerio Público Fiscal indicó que se debía confirmar parcialmente la resolución del Magistrado interviniente de primera instancia, lo cierto es que de dicha resolución surge íntegra y expresamente la adopción de las medidas de decomiso y posterior destrucción de los bienes incautados (véase punto II) del Resuelvo de dicho auto y sus fundamentos), más no así sobre la posibilidad de mantener –como medida preventiva a raíz de las circunstancias del caso-, secuestrado el armamento hasta tanto se resuelva la reciente denuncia en fuero de familia realizada por la parte querellante en Expte. Nro. 29462/26, según el escrito presentado por ésta a fs. 365.
III. Que atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se recomienda a la instrucción realizar el dictado, en carácter de medida preventiva, del mantenimiento del secuestro de las armas, municiones y accesorios, en función del deber estatal de debilida diligencia en contextos como el que surge del sumario.
Lo dicho encuentra sustento en el Oficio recepcionado a fs. 347, del cual surge que por ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de El Calafate, el Magistrado interviniente Dr. L.A., señaló que en el marco de los autos “Q.C.S. C/ N.A.M. S/ Medidas de Abordaje Familiar” Expte. Nº 6198/21, resultaba de interés el resguardo de manera preventiva de las armas de fuego pretendidas por el Sr. N.-
En este sentido, la recomendación de no dar lugar a la inmediata restitución del armamento secuestrado encuentra suficiente sustento en el contexto de violencia de género que surge de las presentes actuaciones, lo cual impone a los órganos jurisdiccionales un deber reforzado de prevención, protección y debida diligencia.
Que lo expuesto encuentra sustento en la vasta normativa vigente en la materia, pues el Magistrado interviniente aplicó la perspectiva de género, y argumento su justificada decisión sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, tales como la “Convención Belém Do Pará” (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “ 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), como también en las normas del ámbito nacional, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), a la cual nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Provincial Nº 3201, entre otras.
Ahora bien, consideramos oportuno señalar a la parte recurrente, que la situación expuesta no puede limitarse a una perspectiva netamente patrimonial, vinculada a la titularidad del Sr. N. de los efectos incautados y a la legitimidad que pesa sobre ellos, sino que debe ponderarse especialmente la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de la presunta víctima, quien – además- ha expuesto en diversas oportunidades los hechos de violencia que la afectan, atendiendo al riesgo objetivo existente que podría derivarse de la disponibilidad de armas de fuego, en un contexto de conflictividad interpersonal y de violencia de larga data, conforme lo observado en autos.
En consecuencia, el señalamiento de mantener incólume el secuestro del armamento, responde a una finalidad esencialmente preventiva, orientada a reducir o neutralizar factores –reiteramos, objetivos- de riesgo que surgen de las particularidades del caso, resultando razonable y proporcional a la luz de los estándares constitucionales y convencionales vigentes en materia de protección contra la violencia de género.
De igual manera, consideramos oportuno destacar que, del propio escrito recursivo, surge que el Sr. N. posee -actualmente- armas de fuego, que lejos de desvirtuar la existencia de eventuales riesgos, podría potenciarlos. Dicha circunstancia constituye una premisa que refuerza la necesidad de extremar los recaudos preventivos tendientes a evitar la disponibilidad inmediata de los elementos que se encuentran incautados.
En tal sentido, es conveniente recordar a la parte recurrente que las decisiones de naturaleza preventiva no exigen la acreditación de un riesgo actual e inminente, sino de uno razonable y potencial, evaluado según las circunstancias de cada caso.
Que en la causa bajo investigación, la potencial negativa a la devolución de las armas, municiones y accesorios secuestrados, aparecería, en principio, debidamente fundada y ajustada a derecho.
Por todo lo expuesto, corresponde revocar el decreto de fs. 355 dictado por el Sr. Juez de Instrucción, en lo que respecta al decomiso y posterior destrucción de los bienes incautados, y hacer efectivo el señalamiento efectuado, en tanto prevé el dictado de mantener el secuestro de dichos elementos como medida preventiva, hasta tanto se resuelva la litis entre las partes en el fuero de familia.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos Subrogante,
1. REVOCAR el decreto de fs. 355, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto III) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos Enrique Arenillas -Juez Subrogante de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia