Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.257 FOLIO Nº 010/012 PROT. ELECT. JR101 405I.261
Río Gallegos, 15 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: "N.S.N.A. Y S.B.J.
S/ROBO", Expte. Nº 30.040/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.329/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 21/36 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 2º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de N.A.N.S., en orden al delito de “robo (hecho primero), hurto (hecho segundo), robo (hecho tercero), todo en concurso real entre sí y en calidad de autor de los delitos de evasión y hurto (hecho cuarto), todo en concurso real entre sí" (arts. 45, 55, 162, 164 y 280 -1º párrafo del CP) y en el punto 3º) ordenó el embargo sobre el dinero o los bienes del procesado por la suma de dos millones ($2.000.000) de pesos. Que a fs. 40/43vta., del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 46 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios respetando el orden propuesto por el recurrente.
1. De la vaguedad de la imputación.
Falta de precisión requerida: la defensa se agravia de la imputación de los hechos que se le reprochan a su asistido, por carecer de la precisión requerida a los fines de ejercer debidamente el derecho de defensa. Recuerda que el hecho imputado debe necesariamente circunscribirse a un modo, tiempo y lugar preciso y no debe contener manifestaciones vagas o genéricas que impidan su correcta individualización en el tiempo y el correcto ejercicio del derecho de defensa.
Sostiene que es muy difícil defenderse de una supuesta situación sucedida en algún momento en el transcurso de un año o un lapso de tiempo desconocido.
En suma plantea que la imputación formulada en los términos referidos afectaría gravemente las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso.
Dando respuesta a este agravio, entendemos que no podrá prosperar en función que advertimos que la imputación formulada al incuso resulta clara, precisa, circunstanciada y específica, guardando plena concordancia con los elementos de cargo reunidos en el legajo y con el objeto procesal bajo investigación. Por ende, no conculca el derecho de defensa. Por otra parte, cabe recordar a la defensa que, conforme las facultades conferidas por el art. 190 del CPP, si lo estimaba pertinente pudo proponer diligencias -en ejercicio del derecho de defensa-, tendientes a circunscribir los hechos con mayor información, lo cual no materializó, limitándose a introducirlo a modo de agravio. Es por todo ello que rechazaremos este planteo por resultar inconsistente. 2.-
De la Prisión Preventiva. Solicita subsidiariamente la excarcelación: agravia a la defensa la prisión preventiva dispuesta en contra de su representado, aseverando que la regla general debe ser que el imputado pueda transitar el proceso penal en libertad y su restricción sólo puede tener lugar con carácter excepcional y no durar más allá de un plazo razonable.
Sostiene que los peligros procesales sólo surgen de la íntima convicción del a quo, toda vez que no se han aplicado en autos, sistemas de coerción personal que vayan generando ciertas restricciones de manera paulatina y que, de su desobediencia, surja la severidad de su afirmación.
Agrega que la gravedad del delito cuya comisión se le atribuye al encartado, por sí sola, no acredita –objetiva y concretamente-, el riesgo procesal requerido por la norma ni resulta suficiente para fundar la prisión preventiva.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. De manera subsidiaria solicita la excarcelación para el caso de negativa a la revocación de la prisión preventiva, refiriendo además que solicita la morigeración de su detención proponiendo el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Que analizando este agravio relativo al encarcelamiento preventivo del imputado N.A.N.S. entendemos que, pese al loable intento de la defensa por mejorar la situación procesal de su asistido, no prosperará. Ello por cuanto la prisión preventiva fue debidamente abordada y motivada por la Instrucción a fs. 34vta./35, luego de disponer el procesamiento del encartado, sin advertir que la decisión afecte los derechos de defensa, ni que constituya una pena anticipada.
Advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación en el caso concreto.
Veamos, la Instrucción valoró concretamente que, el riesgo de fuga se encuentra razonadamente sustentado de la misma prueba obrante en el legajo, de la que se desprende la clara peligrosidad procesal del imputado, quien conforme surge del informe de fs. 73, se habría evadido de la División Comisaría Segunda desde el 16/07/26, permaneciendo prófugo hasta el día 20/07/26, en que fue habido y detenido por personal policial tras diversas tareas investigativas. Que concordamos con el Sr. Juez de grado que dicho accionar desplegado por el propio imputado, constituye un dato objetivo de singular trascendencia, toda vez que evidenciaría una clara intención de sustraerse del accionar de la Justicia. Del mismo modo se ponderó como incrementado el riesgo de entorpecimiento de la investigación, atento que restan diligencias probatorias pendientes de producción y valoración, concretamente diversas declaraciones testimoniales y otras medidas complementarias, cuya eficacia podría verse comprometida frente a eventuales influencias de testigos, coordinación de versiones, ocultamiento o alteración de elementos de prueba; valoración que desde esta Alzada compartimos. Este Órgano Revisor concuerda con la Instrucción en que de los elementos obrantes en la causa, puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el encartado podría darse a la fuga y/o entorpecer el avance del proceso, frente a la posibilidad cierta que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. autos caratulados: “M.J.E. S/ ROBO”, Expte. Nº 26.599/24, Apelación Nº 9257/24 y autos caratulados: "N.H.O. S/ Robo Agravado”, Expte. Nº 10.131/25 - Apelación/Causa JR Nº 9487/25).
Asimismo entendemos que la resolución evidencia un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Esta sede revisora ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, como lo acontecido en el caso de marras.
El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho:
"...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
En el caso que nos ocupa, concordamos con la Instrucción en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el Magistrado en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado. Por todo lo expuesto, si bien el apelante no comparte los argumentos invocados por el Sr. Juez, en el auto recurrido se señalaron detalladamente las razones por las que se ordenaba la medida cautelar, cumpliendo el auto dictado acabadamente con las prescripciones establecidas en los arts. 116 y 295 del CPP. Es por ello que homologaremos la prisión preventiva dispuesta a N.A.N.S., toda vez que se encuentra debidamente fundada en datos objetivos de la causa. 3.-
Del embargo: En tercer lugar la defensa se agravia respecto del monto de embargo, pues no hay consideraciones ni constancias que acrediten que una suma tan abultada (pesos dos millones), sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudiera caberle a su asistido. Hace saber que el imputado no posee ingresos que le permitan afrontar libremente el pago de la suma dineraria establecida. Por ello solicita su reducción. Por último, ingresando al tratamiento del agravio mediante el cual la defensa técnica solicita la morigeración del embargo trabado sobre los bienes de su asistido por la suma de pesos dos millones ($2.000.000), adelantamos que el planteo no habrá de prosperar. En primer término, corresponde recordar que la traba de la medida cautelar, constituye una prescripción legal de carácter imperativo regulada en el artículo 499 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, la cual impone al magistrado de grado la obligación de ordenar el embargo de bienes del imputado al momento de dictar el auto de procesamiento. La jurisprudencia es conteste al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV;
17/09/2009; “D. Y., C.F.”; TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
De otra parte, en lo relativo a la carencia de cálculo individualizado o bases objetivas verificables sobre la situación patrimonial del imputado, esta Alzada sostiene invariablemente que la situación patrimonial personal del encausado no constituye una pauta de ponderación para determinar o reducir la cuantía de la medida precautoria. (Criterio asentado en la causa caratulada "M.J.C. S/ Lesiones Leves Agravadas –V.G.-“ - Expte. N° M-82527/25 - Apelación/Causa JR N° 10039/26, que se cita a modo de ejemplo). Resulta oportuno precisar que la suma fijada debe considerarse un valor esencialmente estimativo e instrumental, supeditado a la provisoriedad de la etapa de instrucción que atraviesa la causa, correspondiendo su cuantificación definitiva recién al momento del dictado de la sentencia final del proceso. Por consiguiente, teniendo en consideración el ilícito objeto de imputación – de “robo (hecho primero), hurto (hecho segundo), robo (hecho tercero), todo en concurso real entre sí y en calidad de autor de los delitos de evasión y hurto (hecho cuarto), todo en concurso real entre sí" (arts. 45, 55, 162, 164 y 280 -1º párrafo del CP)- y la dimensión de las costas judiciales proyectadas, la suma de pesos dos millones ($2.000.000) dispuesta en la instancia de origen no luce arbitraria ni desproporcionada, resultando ajustada a derecho y debiendo ser confirmada. II)
Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 21/36 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia