Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala III · Causa SI-27248-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, tampoco desde este punto los agravios pueden prosperar (art. 260, 375 del CPCC).
Respecto a lo alegado respecto a que el vencimiento del contrato de locación y las exigencias económicas del mercado inmobiliario le impiden acceder a una nueva vivienda, es dable señalar que ello no se encuentra mínimante acreditado. Por otro lado, si hasta el vencimiento del contrato pudo sostener la solución habitacional que había procurado para el grupo familiar, y no se ha invocado ni demostrado qué circunstancia concreta se modificó para que ahorano pueda mantner o acceder a otra alternativa habitacional; si no se han aportado elementos que permitan conocer la situación habitacional actual de la actora y sus hijos, ni se acreditaron gestiones de búsqueda de una nueva locación (rechazos de solicitudes, exigencias económicas que no pudiera satisfacer o alguna otra circunstancia objetiva); no es posible corroborar que el riesgo denunciado exista, se haya concretado, o que su producción resulte inminente.
Cabe destacar, además, que el contrato de locación cuyo vencimiento motivó la petición cautelar finalizó el 31 de agosto de 2026, sin que se hayan incorporado elementos que permitan determinar cuál fue la solución habitacional adoptada desde entonces. …
San Isidro,
I. La decisión apelada.
La resolución del 15/9/2026 rechazó la medida cautelar solicitada de atribución de la vivienda.
Impuso las costas a cargo de la parte actora conforme la regla del art. 68 primer párrafo CPCC).
La magistrada para así decidir consideró que no se encontraban acreditados los presupuestos necesarios para el dictado de la medida cautelar, pues de los argumentos expuestos y de la prueba documental acompañada no surge, siquiera preliminarmente, la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora invocados. Señaló que la calificación patrimonial de los bienes de las partes se encuentra controvertida en los expedientes conexos y que el inmueble cuya atribución se pretende no fue vivienda familiar, por lo que acceder a lo solicitado implicaría, además, modificar el centro de vida de los hijos comunes.
En cuanto al peligro en la demora, sostuvo que no se había explicado de qué manera la actora se encuentra imposibilitada de proporcionarles vivienda a sus hijos, teniendo en cuenta que cuenta con un empleo en relación de dependencia y que se fijó una cuota alimentaria provisoria a cargo del progenitor. Asimismo, destacó que la propia descripción del inmueble como abandonado y en desuso no permite considerarlo, en principio, un espacio adecuado para la solución habitacional pretendida.
En ese contexto, entendió que tanto la atribución de un bien cuya calificación patrimonial no se encontraba definida como la eventual modificación del centro de vida de los niños requieren un debate y una actividad probatoria propios de un proceso de fondo, que debe abordarse con especial prudencia en resguardo de su interés superior.
Por ello, consideró que la actora debe ocurrir por la vía correspondiente o impulsar las actuaciones conexas en trámite.
Finalmente, estimó innecesario, al menos en esa instancia, escuchar a los niños para determinar su centro de vida, por considerar que no se encontraba controvertido que ambos progenitores residen en el partido de San Isidro y que corresponde evitar involucrarlos en cuestiones que, a su entender, conciernen al ámbito de los adultos.
II. La articulación recursiva.
La actora interpuso recurso de apelación el 22/9/2026 siendo fundado en ese mismo acto y contestado los argumentos por el contrario (3/10/2026).
III. Los agravios.
La actora se agravia del rechazo de la medida cautelar solicitada de atribución provisoria del inmueble de Villa Ruiz como vivienda de sus hijos menores de edad.
Asimismo, cuestiona la imposición de las costas a su cargo.
Sostiene que la resolución apelada privilegia indebidamente la preservación del centro de vida de los niños en San Isidro por sobre la garantía efectiva de su derecho a una vivienda digna.
Dice que dicho principio no puede ser interpretado como un obstáculo para brindarles una solución habitacional concreta, ni justificar que queden expuestos a la falta de techo. En ese sentido, señala que la vivienda que actualmente ocupan constituye una solución transitoria adoptada a raíz de la situación de violencia vivenciada y que el contrato de locación vence el 31 de agosto de 2026, por lo que no existe posibilidad de permanecer en el inmueble. Considera que la decisión desconoce la inminencia de esa contingencia y la necesidad de contar con una alternativa que permita preservar la estabilidad del grupo familiar.
Alega que la radicación en el inmueble de Villa Ruiz no supone necesariamente una interrupción de la continuidad social de los niños, pues el centro de vida no se circunscribe exclusivamente a una determinada ubicación geográfica, sino que comprende también sus vínculos afectivos, educativos, sociales y terapéuticos.
Entiende que la mayor distancia respecto de su residencia actual no constituye una razón suficiente para descartar la solución propuesta, cuando se encuentra comprometido un derecho humano fundamental.
Añade que la resolución omite considerar la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y que, al desatender la problemática habitacional planteada, contribuye a perpetuar la situación de violencia económica y patrimonial denunciada.
Cuestiona que la magistrada haya considerado que no se encuentra acreditado el peligro en la demora, sobre la base de que percibe ingresos laborales y una cuota alimentaria provisoria.
Refiere que esa circunstancia no permite descartar el riesgo habitacional, dado que la posibilidad de afrontar el alquiler actual no garantiza que pueda acceder a una nueva locación, especialmente frente a las exigencias económicas y contractuales del mercado inmobiliario , que incluyen la disponibilidad de garantías y fondos suficientes.
Explica que sus ingresos y la cuota alimentaria provisoria que abona el progenitor, de aproximadamente $850.000 por ambos hijos, apenas alcanza para afrontar el valor del alquiler actual, sin cubrir las restantes necesidades de alimentación, vestimenta, educación, matrículas escolares, transporte, esparcimiento y gastos extraordinarios de los niños, además de su propio sostenimiento.
Por eso, entiende que resulta contradictorio concluir que no existe una situación de desamparo que impida proveerles un techo, cuando la continuidad de la solución habitacional depende de recursos que califica de insuficientes y se aproxima el vencimiento del contrato de locación.
Indica que la decisión también desconoce la pretensión amplia formulada al iniciar las actuaciones, mediante la cual solicitó una medida urgente destinada a resguardar el derecho a la vivienda digna de sus hijos.
Manifiesta que, aun cuando la jueza de grado considerara improcedente atribuirle provisoriamente el uso del inmueble de Villa Ruiz, debió evaluar la adopción de alguna medida alternativa o subsidiaria que brindara protección habitacional efectiva, en ejercicio de las facultades preventivas reconocidas por los arts. 706 y 709 del Código Civil y Comercial.
Por ello, cuestiona que se haya rechazado íntegramente la tutela requerida sin contemplar otra respuesta que permitiera evitar la situación de desprotección denunciada.
Se agravia de que la magistrada haya considerado improcedente la atribución del inmueble de Villa Ruiz por no tratarse del hogar familiar y encontrarse desocupado o en desuso, remitiendo la cuestión al proceso de separación de bienes.
Subraya que tal razonamiento importa un excesivo rigor formal, pues la falta de ocupación del inmueble constituye, precisamente, una circunstancia que permitiría otorgar su uso temporal sin desplazar a terceros ni ocasionar un perjuicio concreto al demandado.
Alega que la medida solicitada tiene carácter precario y provisional, no importaría anticipar una decisión sobre la titularidad del bien ni sobre su distribución patrimonial y permitiría brindar una respuesta inmediata a las necesidades habitacionales de los niños, sin generar un costo adicional para ninguna de las partes.
Indica que no se valoraron adecuadamente el vencimiento del contrato de locación -que constituía la solución habitacional transitoria,- las dificultades objetivas para acceder a una nueva vivienda, la presencia de dos niños menores de edad que requieren una protección reforzada, la existencia de un inmueble perteneciente al patrimonio familiar que se encontraría disponible y el contexto de violencia económica y patrimonial denunciado. Agrega que el demandado no habría acompañado documentación que respaldara sus manifestaciones y cuestiona que la decisión se haya sustentado en una valoración que considera subjetiva.
Entiende que el pronunciamiento contiene afirmaciones genéricas que no explican por qué las circunstancias alegadas y los elementos aportados resultarían insuficientes para justificar la tutela urgente.
Destaca que, en los procesos de familia, los magistrados cuentan con amplias facultades para adoptar medidas adecuadas a las particularidades del caso y que, cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, corresponde brindar una respuesta especialmente fundada y efectiva.
Invoca, además, la necesidad de ponderar las situaciones de vulnerabilidad y violencia denunciadas, así como el deber de evitar soluciones meramente formales que frustren la protección de los derechos involucrados.
Por ello, considera vulneradas las garantías de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva, y solicita que se revoque la decisión.
Cuestiona que no se haya valorado debidamente la conducta del progenitor ni su situación patrimonial y su contribución efectiva al sostenimiento de los hijos comunes.
Refiere que, de las constancias de los expedientes conexos, surgiría que el demandado continúa ocupando bienes comunes en forma exclusiva, cuenta con una mayor capacidad patrimonial, no ofreció una solución habitacional alternativa y no cumple adecuadamente con sus obligaciones alimentarias. Añade que tampoco habría acompañado documentación respaldatoria de sus manifestaciones en estas actuaciones.
Afirma que la resolución concentra el análisis en su situación económica, sin ponderar suficientemente la responsabilidad que corresponde a ambos progenitores en la satisfacción de las necesidades de sus hijos.
En apoyo de su planteo, invoca el valor de la Canasta de Crianza publicado por el INDEC para niños de entre seis y doce años, que estima en $713.070 por cada hijo, y sostiene que el aporte actual del demandado resulta insuficiente para cubrir las necesidades de ambos. Destaca que es ella quien afronta cotidianamente los cuidados y los gastos derivados de la convivencia, por lo que considera que la decisión traslada de manera desproporcionada a su cargo la responsabilidad de garantizar el bienestar de los niños.
Expresa que la protección de sus hijos no puede alcanzarse mediante la imposición de una carga económica exclusiva sobre la progenitora, sino que exige considerar la contribución efectiva de ambos padres y las condiciones materiales necesarias para asegurar su desarrollo integral. En ese marco, cuestiona que no se hayan contemplado otras medidas de protección ni, en su caso, la intervención de los organismos y profesionales del fuero de familia que pudieran contribuir a encontrar una solución adecuada.
Resalta la vulneración del principio de prevención del daño y de la tutela preventiva, con fundamento en los arts. 1710, 1711 y 706 del Código Civil y Comercial.
Dice que la resolución apelada, en lugar de prevenir las consecuencias de la contingencia habitacional denunciada, traslada a los niños y a su progenitora la carga de afrontarlas y posterga una eventual respuesta judicial para cuando la situación ya se haya producido.
Alega que el rechazo de la medida no pondera suficientemente el riesgo de que, ante la imposibilidad de acceder a una nueva vivienda, deban recurrir de manera intempestiva a alternativas menos favorables para su estabilidad.
Critica que la magistrada haya considerado que las cuestiones planteadas corresponden exclusivamente al ámbito de las relaciones entre adultos, pues entiende que la falta de una solución habitacional concreta repercute directamente en las condiciones de vida y en el bienestar de los niños.
Por ello, sostiene que correspondía adoptar medidas preventivas que evitaran la producción del daño anunciado, de conformidad con el interés superior de aquellos y el deber de tutela judicial efectiva.
Se agravia de la imposición de las costas a su cargo, con fundamento en el principio objetivo de la derrota.
Menciona que, en el ámbito de los procesos de familia y frente a una pretensión cautelar dirigida a resguardar el derecho a la vivienda de dos niños menores de edad, la aplicación automática de dicho principio resulta inequitativa, en especial cuando la petición se sustentó en una situación de urgencia que considera debidamente fundada.
Solicita, en consecuencia, que las costas se distribuyan por su orden, de conformidad con el art. 68, segundo párrafo, del CPCC.
Explica que la condena en costas incidiría directamente sobre los recursos destinados al sostenimiento cotidiano de sus hijos, pues los importes que deban afectarse al pago de honorarios y gastos procesales serán detraídos de aquellos destinados a la vivienda, alimentación, educación y salud del grupo familiar. Reitera que afronta el cuidado diario de los niños y que sus ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades de los tres integrantes del hogar, por lo que considera que la imposición de las costas agrava la vulnerabilidad económica denunciada y constituye un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia.
Subsidiariamente, para el supuesto de mantenerse la condena, solicita que se contemple su situación económica y el carácter alimentario de los recursos destinados al sostenimiento de los niños, y que se disponga la reducción o morigeración de las costas, o su distribución en el orden causado.
IV. Los antecedentes relevantes.
-El 13/7/2026 la actora solicita el dictado de una medida cautelar para que se le atribuya provisoriamente el uso de un inmueble ubicado en Villa Ruiz, ante el próximo vencimiento -el 31 de agosto de 2026- del contrato de locación de la vivienda que habitaba junto a sus hijos menores de edad.
Explica que no podía regresar al domicilio en el que había convivido con el demandado, sito en Villa Adelina, y que el inmueble cuya atribución pretende se encuentra desocupado y en desuso.
Invoca la inminencia de quedarse sin una solución habitacional y la necesidad de obtener una respuesta urgente, sin aguardar los tiempos de los procesos judiciales conexos en trámite.
-El 14/8/2026 el demandado solicitó el rechazo de la pretensión.
Sostuvo que la medida implicaría modificar el centro de vida de los niños, quienes desarrollaban sus actividades escolares, terapéuticas y sociales en las zonas de San Isidro y Vicente López, y que el traslado a Villa Ruiz supondría una distancia aproximada de 80 kilómetros.
Agregó que el inmueble no estaba destinado a vivienda permanente, sino al descanso y la recreación durante fines de semana y vacaciones, y que consistía en un lote con un container adaptado, de una sola habitación, con baño exterior y sin servicio de agua potable.
Asimismo, señaló que la situación patrimonial del bien se encontraba controvertida en el proceso de separación judicial de bienes y destacó que la actora percibe ingresos laborales y una cuota alimentaria provisoria de aproximadamente $850.000.
Por ello, consideró que no se encontraba acreditado el peligro en la demora y que existían alternativas menos gravosas que el traslado de los niños.
-El 8/9/2026 la Asesora de Menores dictaminó que, dada la multiplicidad de expedientes en trámite, se citara a los niños a fin de determinar su centro de vida y que, de considerarlo pertinente, se diera intervención al Consejero de Familia.
V. La Solución.
V.1. Encuadre jurídico.
Cabe recordar que las medidas cautelares son resoluciones jurisdiccionales provisionales, previas o adoptadas durante el curso de un proceso, a pedido de los interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho , o para seguridad de personas o satisfacción de sus necesidades urgentes, hacer cesar o evitar el menoscabo inminente de derechos patrimoniales, con el fin de garantizar la sentencia (Dutto, Ricardo J. "Cautelares, anticipatorias, autosatisfactivas y ejecutorias en las relaciones de familia", Ed. Juris online, pág. 13).
En cuanto a las medidas cautelares que se adoptan en los procesos de familia cuadra destacar que tienen características diferenciadas de las cautelares en general apartándose del régimen previsto para éstas en los códigos procesales; están regidas prioritariamente por la legislación de fondo o sustantiva, lo que implica que se hallan sometidas a presupuestos propios y que no se aplican necesariamente en todos los casos las disposiciones sobre medidas cautelares de leyes de jerarquía inferior, como los códigos procesales (conf. Guahnon, Silvina, "Medidas cautelares en el derecho de familia", Silvia, Ed. La Rocca, pág. 63 y sgtes).
En lo que hace a los presupuestos de admisibilidad, cabe señalar que se dictan con los elementos que en principio surgen de la causa y que son esencialmente variables, no resultando necesaria la prueba plena de la existencia de un derecho o de una circunstancia de hecho, sino su mera acreditación o apariencia de que éste exista. Basta la comprobación de ciertas circunstancias demostrativas por sí mismas de la situación que se tiende a proteger, para acceder a la protección que se solicita, como así también el peligro en la demora no siempre debe ser estrictamente acreditado o verificado por los jueces pues por regla general surge de la propia naturaleza de la situación que se tiende a proteger (Belluscio, Claudio, "Qué características tienen las medidas cautelares en los procesos de familia", publicado en García Alonso, Contenidos jurídicos, el 3/5/2018, https://garciaalonso.com.ar/author/cbelluscio/).
V.2. Rechazo de la medida.
En el caso, de los términos de la demanda se desprende que la actora no pretende propiamente la atribución de la vivienda familiar, sino obtener el uso y la administración provisoria del inmueble ubicado en Villa Ruiz, por considerar que integra el patrimonio ganancial de las partes.
Al respecto cabe recordar que el art. 482 del Código Civil y Comercial establece las reglas aplicables a la administración y disposición de los bienes indivisos; el art. 483 contempla las medidas protectorias que pueden solicitar los partícipes cuando sus intereses se encuentran afectados y el art. 484 regula específicamente el uso y disfrute de aquellos bienes, disponiendo que cada copartícipe puede ejercerlo conforme a su destino y en la medida compatible con el derecho del otro, quedando su modalidad sujeta a regulación judicial cuando no existe acuerdo.
Ahora bien, la posibilidad de adoptar medidas sobre los bienes sujetos a indivisión presupone, cuanto menos, que se encuentre acreditada preliminarmente la vinculación del bien con aquella masa patrimonial y la legitimación de quien solicita la tutela.
En la especie, la magistrada rechazó la pretensión cautelar, entre otros fundamentos, porque la naturaleza y calificación patrimonial del bien en cuestión se encuentra controvertida en las actuaciones conexas sobre separación judicial de bienes (SI-36701-2024).
Frente a ello, la recurrente sostiene que la medida solicitada tiene carácter provisorio y que su otorgamiento no importaría anticipar una decisión sobre la titularidad del inmueble ni sobre su eventual distribución patrimonial.
Sin embargo, ese argumento no resulta suficiente para desvirtuar el fundamento de la resolución. Es que el carácter provisional de la tutela requerida no exime a quien la solicita de acreditar, siquiera sumariamente, la verosimilitud del derecho que invoca. En otras palabras, que la medida no implique resolver definitivamente la titularidad del bien no significa que pueda prescindirse de demostrar, en esta etapa, que aquel cuya administración se pretende , integra efectivamente el patrimonio de la comunidad (arts. 375 del CPCC, 18 CN).
En ese aspecto, la actora no aporta elementos que permitan superar la controversia existente acerca de la naturaleza y titularidad del inmueble de Villa Ruiz, ni desarrolla una crítica concreta dirigida a demostrar el error de la magistrada al señalar que esa cuestión se encuentra sometida a debate en el proceso conexo (art. 260 del CPCC).
Por consiguiente, su sola aseveración de que se trata de un bien ganancial no alcanza actualmente para tener por configurada la verosimilitud del derecho necesaria para disponer, en esta instancia, la medida pretendida. Ello, sin perjuicio de lo que pueda resolverse al decidir la cuestión fondal, o en oportunidad que obren otros elementos en autos .
Así, desde este ángulo, no se advierte acreditado uno de los presupuestos esenciales para la procedencia de la tutela cautelar solicitada, por lo que el agravio no puede prosperar en este aspecto.
En cuanto a los otros agravios esgrimidos por la recurrente vinculados al carácter alimentario de la vivienda respecto a sus hijos, la insuficiencia de los recursos disponibles y la posibilidad de que el progenitor contribuya a afrontar los gastos habitacionales (ya sea mediante una prestación dineraria o a través de la utilización de bienes de su patrimonio), cabe mencionar que de las constancias de estas actuaciones no surge que la actora haya introducido en el proceso especial de alimentos un planteo concreto dirigido a obtener una contribución específica del progenitor para afrontar los gastos de vivienda de sus hijos junto a su madre, ya sea mediante la adecuación de la cuota provisoria vigente, la fijación de un aporte adicional o la cobertura de determinados rubros habitacionales. Tampoco se advierte que allí se haya debatido la insuficiencia de la prestación alimentaria desde esa perspectiva (arts. 658, 659 del CCCN, 635 del CPCC, 18 CN).
Así, si bien la habitación integra la obligación alimentaria (art.659 del CCyC), par que la atribución provisoria del uso de un inmueble proceda como cautelar al servicio del juicio de alimentos, debe guardar relación instrumental con una pretensión deducida en ese proceso. En el caso, la cobertura habitacional que aquí se procura mediante el uso exclusivo de un inmueble, no fue solicitada en el juicio principal ni contemplada como prestación específica en la cuota provisoria allí fijada. La sola invocación del carácter alimentario de la vivienda resulta por tanto, insuficiente para habilitar esta medida, sin perjuicio de que la interesada acredite nuevas circunstancias y formule el pedido, en su caso, en el proceso de alimentos (arts. 195 y 232 del CPCC).
Por lo expuesto, tampoco desde este punto los agravios pueden prosperar (art. 260, 375 del CPCC).
Respecto a lo alegado respecto a que el vencimiento del contrato de locación y las exigencias económicas del mercado inmobiliario le impiden acceder a una nueva vivienda, es dable señalar que ello no se encuentra mínimante acreditado. Por otro lado, si hasta el vencimiento del contrato pudo sostener la solución habitacional que había procurado para el grupo familiar, y no se ha invocado ni demostrado qué circunstancia concreta se modificó para que ahorano pueda mantner o acceder a otra alternativa habitacional; si no se han aportado elementos que permitan conocer la situación habitacional actual de la actora y sus hijos, ni se acreditaron gestiones de búsqueda de una nueva locación (rechazos de solicitudes, exigencias económicas que no pudiera satisfacer o alguna otra circunstancia objetiva); no es posible corroborar que el riesgo denunciado exista, se haya concretado, o que su producción resulte inminente.
Cabe destacar, además, que el contrato de locación cuyo vencimiento motivó la petición cautelar finalizó el 31 de agosto de 2026, sin que se hayan incorporado elementos que permitan determinar cuál fue la solución habitacional adoptada desde entonces. Esa circunstancia, sumada a la ausencia de acreditación de un cambio concreto en las posibilidades económicas de la actora, impide tener por demostrado que ella y sus hijos se encuentren actualmente expuestos a una situación de desprotección habitacional que requiera la adopción urgente de la medida pretendida (doct.arts.9 CCyC, 375 del CPCC, 18 CN).
En este contexto, las referencias a la insuficiencia de sus ingresos y de la cuota provisoria, a las mayores posibilidades económicas del progenitor y a las dificultades generales para acceder al mercado locativo no alcanzan para demostrar la verosimilitud del derecho y el peligro concreto que exige la tutela cautelar.
En consecuencia, no se ha demostrado que la magistrada haya incurrido en error al rechazar la tutela solicitada, por lo que corresponde desestimar los agravios y confirmar la decisión en este aspecto (arts. 260, 261 y 266 del CPCC).
V.3. Costas.
Sostiene la recurrente que no corresponde la imposición de costas a su cargo. Pide sean impuestas en el orden causado.
Cabe recordar que si bien el art. 68 del CPCC establece un principio rector en la materia, según el cual las costas deben ser soportadas por quien resulte vencido, es decir, por aquél respecto del cual se dicta un pronunciamiento adverso (conf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T III, págs. 366 y ss; causa 106.510 del 28.4.09 RSD: 21/09 de esta Sala III), la segunda parte del artículo permite al juez apreciar aspectos subjetivos para eximir al vencido de su pago (conf. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Comentado, T 1, págs. 258/9, causa 109.482 del 1l.6.10, RSD del 28.4.09, 109.482 del 1.6.10 RSD 76/10 de esta Sala III).
Ello debe apreciarse atendiendo a la materia objeto de decisión (en el caso solicitud de la madre para que se disponga una medida cautelar para obtener la cobertura de vivienda de los hijos menores de las partes), en tanto en cuestiones de derecho de familia no patrimoniales, con excepción del divorcio y los reclamos alimentarios, parece afirmarse una tendencia a considerar los gastos causídicos como una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes (conf. CC0103 MP 160280 RSD 42/15 S 16/03/2016 -Sum Juba B3000201; causa SI -25936-2015, R.I. 177/18, del 17/05/2018; causa SI-16249, R.I.549/18, de esta Sala III).
De las constancias de autos surge que la actora fundó su solicitud en la necesidad de garantizar la cobertura habitacional de sus hijos menores de edad, invocando el carácter alimentario de la vivienda y el deber de ambos progenitores de contribuir a su sostenimiento.
En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los derechos involucrados y a las particularidades de la cuestión planteada, existen razones que justifican apartarse del principio objetivo de la derrota y distribuir las costas de primera instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCC).
Por consiguiente, corresponde admitir el agravio en este aspecto y modificar la resolución apelada exclusivamente en cuanto impuso las costas a la actora, estableciendo que sean soportadas en el orden causado.
VI. Fallo.
Por los motivos expuestos, y no siendo menester abordar la totalidad de los agravios sino los conducentes para la solucion del pleito, corresponde: 1) confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada, 2) modificar la sentencia en crisis en cuanto a la imposición de costas, ordenando que las de ambas Instancias sean soportadas en el orden causado, lo que así se decide .
Regístrese y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: MAURI Silvina Andrea - JUEZ
Funcionario firmante: SOLANS María Irupé - JUEZ
Funcionario firmante: BREUER Ana María - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1192-2026
Fin de la sentencia