Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 1715/30, por la defensa del Sr. N. P. A.
2Confirmar en todas sus partes, la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1659/94.
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 1730.
Tribunal Superior de Justicia Provincia de Santa Cruz TOMO: XL - INTERLOCUTORIO - TSJ.
REGISTRO: 34 FOLIO: 196/200
Río Gallegos, 30 de octubre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “N. P. A. S/ FEMICIDIO”, Expte. Nro. *****/23/TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuesto a fs.1715/1730, por los Sres. Defensores particulares, Dres. Mauricio Mariani y Santiago Pinto, contra la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1659/1694, que en su parte resolutiva dispone condenar a N. P. A., a la pena de prisión perpetua con más accesorias legales y costas del proceso (arts. 5, 29 inc. 3º, 40 y 41 CP), como autor penalmente responsable del delito de Femicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja y con alevosía, en calidad de autor (art. 80 inc. 1, 2 y 11 del CP) por el hecho cometido en la localidad de San Julián, provincia de Santa Cruz, entre las fechas 14 y 15 de abril de 2020 en perjuicio de J. M. El recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 1734/5, siendo mantenidos en esta instancia a fs. 1743.
II.-) La defensa planteó una serie de nulidades, la primera de ellas por la imposibilidad de declarar en contra del imputado de sus padres y su hermano; y la segunda por la supuesta violación a la cadena de custodia del par de zapatillas con manchas hemáticas secuestradas al imputado. Asimismo, adujo que la sentencia es arbitraria por absurda valoración de la prueba.
Por último, realizó la reserva del caso federal (fs. 1730).
III.-) Este Alto Tribunal examinará el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por los sentenciantes, de manera tal de procurar una revisión eficaz e integral de la sentencia de condena y a los efectos de resguardar la correcta aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en el Fallo "CASAL" ("Casal, Matías E. Y otro", 20/IX/05) y de esta forma dar contenido a la garantía constitucional de la doble instancia penal. (CN, 18 y 75 inc 22; CADH, 1.1, 8 inc. 2 h), 25; PIDCyP, 14 inc. 5 En el citado precedente, el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación estableció "... con el texto del art. 456 entendido exegéticamente y en armonía con los arts. 8°, inc. 2°, h), de la CADH y 14, inc.5°, del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho...". Ello sigue los lineamientos de la Corte IDH, que sostenidamente ha señalado que "... El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).
Entonces, es desde esta mirada que se asumirá la revisión del fallo condenatorio.
IV.-) En primer término corresponde abordar los planteos de nulidad expuestos por los recurrentes.
IV. a) Nulidad de las declaraciones prestadas por los padres y el hermano del imputado.
La defensa planteó la nulidad de las declaraciones prestadas en sede policial obrantes a fs. 41/2, 61/2 y 113, por entender que fueron tomadas en franca violación al art. 226 del CPP, mediante las cuales se habría obtenido información de los movimientos del imputado el día del hecho, cuyas pruebas habrían servido de base para la condena. Yerra la defensa al sostener que tales circunstancias fueron valoradas para el dictado de la condena. En ningún tramo de la sentencia se hace mención a las actas cuya nulidad reclama.
Por el contrario, se advierte que del testimonio prestada por la mamá de la víctima, se determinó que la camioneta de N. P. A. se encontraba en reparación, informando en cuáles vehículos alternativos conducía.
La Corte Suprema ha sostenido invariablemente que para que prospere la declaración de nulidades procesales, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (doctrina de Fallos: 295:961; 298:312; 306:149; 310:1880; 311:1413; 330:4549).
No procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507; 324:1564). Es por lo expuesto que corresponde rechazar la solicitud de la defensa.
IV. b) Nulidad por supuesta violación de la cadena de custodia.
La defensa del Sr. N. P. A. entiende que la recolección de evidencias en el domicilio del imputado se realizó violando sus garantías constitucionales, puesto que el mismo personal policial y los mismos testigos de procedimiento fueron quienes participaron en la recolección de la evidencia en el lugar del homicidio y en el domicilio del imputado, dando lugar a la contaminación cruzada. También señaló que llamativamente también asistió la Fiscal cuando no estaba notificada de la diligencia. Asimismo, refirió que es imposible verificar si hubo una adulteración de la prueba.
El planteo no tendrá cogida favorable en esta instancia.
En primer término, es dable destacar que no existe imposibilidad alguna en que los mismos funcionarios policiales que intervinieron en un acto procesal ordenado por la Jueza de instrucción, lo hagan en otro, máxime en una localidad pequeña que posee solo dos comisarías. Tampoco está prohibida la participación de testigos en más de un acto procesal de la misma causa, sobre todo dado el horario en que se produjeron tales actos.
Las dudas que plantea la defensa bien podrían haber sido evacuadas de ofrecer a los testigos de los procedimientos, circunstancia que no ocurrió.
De esta forma dejar entrever que “podría” haber existido contaminación cruzada es una pseudo afirmación carente de contenido e inadmisible en esta instancia.
Poco puede agregarse sobre las dudas que intenta plantar sobre la presencia de la fiscal, pues más allá de no comprender cuál es la crítica o la afectación a los intereses de su defendido, su asistencia se corresponde con buenas prácticas que deben llevarse adelante sobre todo en casos como el presente, en donde se había encontrado una mujer muerta en circunstancias no naturales. El deber de debida diligencia reforzada es una obligación estatal que debe ser observado en cada actuación estatal. Además, en todo caso, las suspicacias que intenta resaltar la defensa sobre la actuación de los efectivos policiales y los testigos, se desvanecen a poco que contamos con la presencia de una funcionaria judicial que garantiza – aún más- que le procedimiento se desarrolle de conformidad con las reglas del debido proceso. Finalmente, las alegaciones que realizó la defensa en relación a la cadena de custodia y el entramado de entrega de las evidencias ha sido debida y detalladamente tratado por la Magistrada de juicio votante en primer término -entre las fs. 1665 vta. y 1667–, siendo el planteo del recurrente una reedición de lo ya abordado en la sentencia.
Se advierte, en consonancia con lo resuelto por el Tribunal de juicio, que efectivamente las diligencias cuestionadas han sido llevadas a cabo con apego a las normas que la gobiernan, por lo que la nulidad solicitada deberá ser rechazada.
V.-Con el objeto de efectuar una revisión integral del fallo de conformidad con lo establecido en el considerando III) de la presente, pasaremos a examinar la prueba contra el acusado que sirvió de base para su condena, con especial énfasis en el análisis de los tramos criticados por los recurrentes.
La progenitora de la víctima, Sra. E. N. G. es quien encuentra el cuerpo sin vida de su hija. Pero su hallazgo no fue espontáneo, sino que el propio N. P. A. fue quien le dijo que J. M. no contestaba los mensajes, y que él no podía ir porque estaba con el niño de ambos, dormido. Relató que luego se dio cuenta que N. P. A. quería que ella la encontrara, aunque en el momento no lo supo ver. Dijo que le refirió a su hijo que llame por teléfono a N. P. A. y que de aviso a la policía, llegando el primero de los nombrados en la camioneta de su padre uniformado, y los demás en patrullero. Contó que lo vio muy frio en la escena del crimen. Asimismo refirió que si bien le había dicho que estaba con el niño, lo cierto es que estaba con sus otros abuelos. Preguntada por la relación del imputado con su hija, refirió que ella se había querido separar, que estaba muy contenta con esta decisión. También contó que su hija le dijo que un día había ido N. P. A. a su casa y se le “había hecho el malo”, que revisó la casa y le dijo “no me hagas hacer lo que no quiero hacer”.
Por su parte, el hermano de J. M. –que arribó con su madre a la escena del crimen- se pronunció en igual sentido que la Sra. E. N. G., agregando que N. P. A. le preguntó si habían podido entrar y que estaba muy nervioso.
También depusieron en el debate varias amigas de J. M., dando cuenta de la relación de ambos y de la felicidad que tenía la víctima por haber logrado separarse.
La testigo I. fue quizás la más elocuente pues refirió que J. M. tenía temor, y que utilizó la palabra “hostigamiento” para describir lo que hacía N. P. A. con ella. Que también le dijo que ejercía violencia psicológica, que la llamaba llorando, que quería volver con ella. (fs. 1643).
El Protocolo elaborado por la UFEM de actuación en la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres – al que nuestra provincia actualmente ha adherido- establece como una pauta primaria la de considerar desde el comienzo de la investigación, es decir desde las primeras diligencias, la hipótesis de femicidio, aunque en principio pueda parecer un homicidio simple, un suicidio o un accidente, y eventualmente, con el transcurso de la investigación se podrá descartar esta hipótesis, pero no a la inversa.
Sabido es que la cifra de femicidios íntimos resulta ser la más alta y, por tanto, la hipótesis más probable. A nivel local, más del 50 % de los casos de muertes violentas de mujeres se cometen a manos de su pareja o ex pareja, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a más del 60 %, conforme datos de la Oficina de la Mujer dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (disponible en https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html En esta inteligencia, el hecho de que N. P. A. haya sido evaluado como sospechoso desde el inicio de las actuaciones es algo lógico. Ello no quiere decir que deba ser la única hipótesis del homicidio, pero en este caso concreto el avance de la investigación y ciertos indicios fueron dando forma a esta sospecha inicial.
Así, la actitud fría que relató la madre de J. M. al llegar al lugar del hecho, la insistencia de que ésta fuera a revisar la casa, el hecho de haberle mentido a la Sra. E. N. G. diciendo que no podía ir a ver si J. M. estaba bien porque estaba con el niño – cuando éste estaba en casa de sus abuelos- y luego llegar a los instantes que fue llamado, la circunstancia de vestirse uniformado cuando no estaba trabajando; fueron dando forma a aquella sospecha inicial y lógica.
A ello se le sumó el hecho de que hacía muy poco tiempo J. M. había terminado unilateralmente la relación y él no podía aceptarlo, el incidente previo de ingreso no autorizado a la casa de la víctima – y la ausencia de forzamiento en este caso-, las alocuciones que le había proferido “…no me hagas hacer lo que no quiero…” fueron todos indicios que unidos iban dirigiendo naturalmente la investigación hacia su ex pareja.
Luego se agregaron las imágenes de las Cámaras de seguridad, el apagado de luces para no ser detectado, el cambio de vehículo. Aquí es necesario destacar que cuando la defensa refiere que no es la única persona que conduce un auto de esas características, tampoco es menos cierto que – con acceso a ese auto- era el único con indicio de móvil delictivo.
Frente a este cuadro, una vez que se accedió a las Cámaras del taller “xxxxx” se pudo determinar la ropa que vestía N. P. A. – distinta claro está a la que llevaba puesta al momento de presentarse en el domicilio-, ordenándose el secuestro y posterior cotejo de ADN. En las zapatillas de N. P. A. se encontraron restos de sangre que, comparados con la de J. M., arrojaron resultado positivo.
Completan el cuadro probatorio la autopsia realizada por el Dr. Echandi, en la cual se determinó que los golpes lograron hundirle el cráneo a la víctima. Refirió que estuvo impedida de pararse, pues así lo demostró la falta de sangre en sus pies. Relató lesiones en codo y brazos que quedaron al ser sujetada mientras es atacada. En total, hubo 12 lesiones en el cráneo. Refirió que se trata de un supuesto de “over killing”, término utilizado en los homicidios por su condición de género, traducido en matar más allá de la muerte, enseñándose con la víctima. También relató que se la anestesia de Brouardel para anular la defensa de la J. M.
Por otra parte, habremos de valorar el informe de la Lic. Saucedo. Al iniciar su declaración, la perita refirió que su pericia se limitó a determinar el perfil del posible autor: características, comportamientos, rasgos psicológicos, conductuales, el móvil y si tenía conocimiento previo con la víctima. Así, informó que se trató de una escena organizada, cometida por parte de una persona que controla sus emociones, que descartó pruebas. Preguntada si esas características podían corresponderse con la disciplina policial, manifestó que sí. Contó que fue preparado, probablemente con guantes para no dejar huellas y que estuvo todo “…muy bien pensado…” (fs 1651)
También dijo que el autor probablemente salió por la puerta de entrada y frente a esto la defensa le preguntó si era posible que no haya dejado huella si tenía puesta una zapatilla, a lo que la perito dijo que no, que pudo haberse puesto algo para cubrirse.
Entonces, frente a esto, la defensa aseveró en su recurso que la zapatilla incautada con sangre de la víctima no pudo ser utilizada al momento del crimen.
No compartimos tal conclusión ni mucho menos que ésta sea inequívoca. Primero, porque a poco que se visualizan las fotografías de la zapatilla – obrante en CD de fs. 292- se advierte que no se trata de una mancha grosera de sangre – de hecho no se ve a simple vista- y que requirió de un hisopado por parte del laboratorio para poder encontrar el rastro humano. Incluso, el imputado las llevaba puestas sin saber que portaba una prueba importante en su contra.
Si saltó una gota, si se traspasó, o si se las colocó al salir, poco aportarían al indubitado hecho de que Pablo N. P. A. poseía una prenda con sangre de la víctima, imperceptible al ojo humano pero que no pudo pasar por alto la labor científica.
A esta altura ya cabe recordar que el imputado se trata de personal policial con preparación específica que evidentemente utilizó para intentar tapar su crimen.
J. M. fue asesinada brutalmente por su ex pareja, en su domicilio, en una tarde noche especialmente planificada al efecto. N. P. A., valiéndose de sus conocimientos por ser policía, intentó ocultar las pruebas que podían incriminarlo, pero no pudo lograrlo.
En esta inteligencia, analizada que fueran las pruebas de cargo y revisada íntegramente la sentencia de condena, no se advierte que la misma incurriera en valoración absurda de la prueba, pues el Tribunal de juicio vinculó con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa.
Las pruebas llevadas ante su conocimiento han sido analizadas en forma conjunta, interpretadas y valoradas en correcta subsunción al hecho reprochado.
Corresponde tener en cuenta, que conforme la jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia las pruebas colectadas deben ser evaluadas -como realizaron los sentenciantes- en su conjunto, concatenándolas en secuencia lógica, pues la sentencia definitiva deberá reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial como pretende la defensa. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, que no los integra y armoniza debidamente en su conjunto, si ello conduce a la omisión valorativa de indicios que pudieron ser decisivos para alcanzar un resultado distinto en el caso (C.S.J.N., Fallos: 308:640, entre otros; C.N.C.P. Sala II, in re: "C.C.N. y otros s/recurso de casación", causa nº 6590, Reg. nº 9246, rta. el 16/11/06; Sala I, causa nº 2455, Reg. nº 3148, "Gómez, Carlos A. y Binciguerra, Antonio A. s/recurso de casación", rta. el 5/11/99).
VI. En virtud de todo lo expuesto, se concluye que la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha tratado y valorado todas las cuestiones relativas a la materia propia, pronunciándose razonablemente en cuanto al hecho y la prueba, contando con suficiente fundamentación la sentencia para dar adecuada respuesta en el proceso al vincular razonablemente los elementos de convicción existentes con la conducta del condenado, no existiendo ni desviación en el razonamiento o absurdo en la conclusión; por el contrario, se advierte que los medios probatorios han sido merituados y valorados en correcta subsunción a los hechos reprochados.
Que, por todo ello, y de conformidad a lo establecido en los arts. 427, 446 y 448 del CPP., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs.1715/30, por la defensa del Sr. N. P. A., confirmando en todas sus partes, la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs.1659/94, teniéndose presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 1730, por el recurrente.
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 1715/30, por la defensa del Sr. N. P. A.
2. CONFIRMAR en todas sus partes, la sentencia dictada por la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 1659/94.
3. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 1730.
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.
La presente resolución se dicta sin la firma del Dr. Fernando Basanta por encontrarse el mismo suspendido, dejando constancia que participó de la deliberación de la presente (Art. 27 de la Ley Pcial. Nº Uno - T.O. Ley Pcial. 2404).-
RENEÉ GUADALUPE FRENANDEZ – Presidenta del Tribunal Superior de Justicia ALICIA de los ÁNGELES MERCAU – Vocal del Tribunal Superior de Justicia PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS – Vocal del Tribunal Superior de Justicia CARLOS ENRIQUE ARENILLAS – Vocal Subrogante del Tribunal Superior de Justicia FERNANDO COSTABEL – Secretario del Tribunal Superior de Justicia
Fin de la sentencia