Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa N-2159/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 99.-
2No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 81/94.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: N-2159/17-TSJ Interlocutorio N°: 401.-
Actor: NAHUELGUER, EDGARDO RUBÉN Demandada: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL Objeto S/ LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA - PARTE DEMANDADA Fecha: 04-07-2018 Texto: TOMO VIII – OTROS RECURSOS – T.S.J..-
REGISTRO Nº 401 FOLIO Nº 1523/1527 PROT. ELECT. TSS1 004 O.181
Río Gallegos, 4 de julio de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “NAHUELGUER, EDGARDO RUBÉN c/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL s/ LABORAL s/ RECURSO DE QUEJA - PARTE DEMAN-DADA -", Expte. Nº N-2159/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien a foja 99 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia de fs. 27/47 y la resolución de fs. 54/56, ambas obrantes en copia” (cfr. foja 99).- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo vienen los presentes al Acuerdo en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la demandada, a fs. 81/94, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo a fs. 70/72, que rechaza el recurso de queja por resultar formalmente inadmisible.-
La demandada suscita la instancia extraordinaria federal alegando violación de garantías procesales amparadas por la Constitución Nacional y derechos reconocidos en tratados internacionales; y arbitrariedad (cfr. foja 88 y vta.).-
Manifiesta que, “... se han violentado las distintas garantías procesales que tutela la Constitución Nacional, como ser el referido derecho de defensa y el debido proceso. También se han violentado derechos reconocidos en tratados internacionales que resultaban operativos en función de lo establecido en el inciso 22 del art. 75 de la Constitución Nacional” (cfr. foja 88 y vta.).-
Señala que la cuestión federal surge también por sentencia arbitraria (cfr. foja cit.).-
Agrega que la doctrina de la Corte incorpora al catálogo de sentencias arbitrarias a aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes cuya valoración pueda resultar significativa para alterar el resultado del pleito (cfr. foja 89).-
Afirma que: “La existencia de una lesión previa en el brazo de actor (sic) permite discernir sobre la incidencia de un factor distinto en la producción de la incapacidad resultante del actor, lo que habilita a limitar de alguna manera el alcance de la responsabilidad de la AGVP definido en las instancias anteriores, pues este factor externo al ámbito laboral tiene un grado de gravitación en la incapacidad del Sr. Nahuelguer, anulándose o reduciéndose entonces la contribución de la causal atribuida a su trabajo. Y la aparición de este nuevo factor causal no hace más que confirmar lo que esta parte planteó al contestar la demanda: fue culpa del actor, quien a sabiendas de su condición en el brazo derecho, decidió igualmente hacer uso de su fuerza al utilizar la herramienta, la que al ser mal utilizada agravó la condición brazo derecho (sic), demostrando con ella una imprudencia temeraria por parte del trabajador, quien omitió intencionalmente mencionar que había sufrido una lesión en el mismo lugar con anterioridad.
Dicho esto, es plausible sostener que la dolencia preexistente del Sr. Nahuelguer en su brazo derecho actúa por lo menos como una causa concurrente al provocar una (sic) daño mayor que el que normalmente debía producirse dadas las condiciones del caso” (cfr. foja 92).- Plantea que: “Habiéndose demostrado que las lesiones no fueron provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, sino que existió la influencia de factores no atribuibles al trabajo, debería reconsiderarse el monto de indemnización fijado. Debe recordarse que la atribución de responsabilidad debe provenir de hechos o conductas que permitan identificar claramente la génesis de esa responsabilidad, la causa que la produce y provoca.
Y en el caso que nos ocupa no se advierte que el accidente de trabajo haya sido esa causa efectiva cuando las condiciones físicas previas del Sr. Nahuelguer han definitivamente contribuido a la incapacidad que posee. Lo antedicho nos lleva obviamente a concluir que las resoluciones de esta actuación son incompatibles con las constancias objetivas que resultan de la causa. Es decir, no ha existido en el caso la interacción necesaria entre norma y hecho en la tarea de juzgar” (cfr. foja 92 vta.).- Afirma que -cuando durante el transcurso del proceso- sobre-vengan nuevos hechos que alteren la situación inicial, el principio de economía procesal, aconseja no vedar al juez la posibilidad de considerar tales hechos en oportunidad tanto de dictar sentencia como en el estadio procesal donde se hallan verificados tales supuestos (cfr. foja 93).-
Añade que: “... la omisión de valorar la historia clínica del actor y su incidencia en la lesión que presenta su brazo derecho no es una mera discrepancia con la valoración probatoria del juez, se trata de un desconocimiento de las circunstancias del caso relevantes a los efectos del esclarecimiento de la controversia. Asignar responsabilidad total a mi presentada por el daño supues-tamente causado a raíz del accidente ocurrido durante la jornada laboral del actor, sin tomar en consideración que el daño que presentaba su brazo se debió a una serie de antecedentes clínicos que confirmaban una problemática muscular anterior al accidente, es a todas luces contrario a las reglas de la sana crítica al que se sujeta el magistrado al momento de fallar, en tanto se trata de un hecho modificativo debidamente probado durante la tramitación de la primera instancia que debió haber sido meritado. Esta situación torna arbitraria la decisión del Excmo. Superior Tribunal del Justicia (sic) al avalar la conclusión arribada por la Cámara de apelaciones” (cfr. foja 93 vta.).- Que a foja 95 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó a fs. 96/97, respecto del recurso impetrado que: “... el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad, puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica... por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado” (cfr. fs 96 vta./97).- Que a foja 100 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
III. Que analizando la presentación del demandado y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el citado artículo 257 del CPC y C se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar su recurso en formato de hoja A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible.-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que satisface parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º. Sin perjuicio que incumple con el inciso d) al no enunciar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. fs. 81 y 82), lo menciona a fs. 83.-
No obstante, dichos incumplimientos, valorados aisladamente, no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (Fallos: 334:196).-
Al analizar los recaudos exigidos por el articulo 3º de la Acordada 4/2007, y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia elaborada en la materia por el Cimero Tribunal Federal. Fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales. En consecuencia, en el presente, el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.- Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada 4/2007, el escrito recursivo no consigue satisfacer las mencionadas en los incisos b), c), d) y e) del citado artículo.-
El recaudo del inciso b) del artículo 3º implica que el relato de los hechos debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (ej. demanda, contestación de demanda, sentencia, agravios) y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión constitucional planteada (cfr. Andrés Gil Domínguez, “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja” Ed. Ediar, 2011, Página 107). Presupuesto que no cumple la demandada.- Asimismo, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar que se han violentado las distintas garantías procesales que tutela la Constitución Nacional y los derechos reconocidos en los tratados internacionales que resultan operativos en función del artículo 75 inciso 22 CN (conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007).- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión Federal (cfr. sum. Fallos 306:1740, 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (conf. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, , Reg. 369, Folio 1397/1401).- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2003, pág. 104).- La parte demandada funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (conf. foja 82).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitu-ción Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite al resolver el recurso de queja se decidió, en definitiva, sobre si era admisible o no el recurso de casación dirigido contra la sentencia que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, en cuanto reduce el monto de la condena en razón de un accidente laboral. Este Alto Tribunal entendió que nos encontrábamos ante el segundo supuesto, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario.- En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso d) del art. 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (cfr. sum. Fallos: 308:2421). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 311:499 y 331:809).- Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. Acordada 4/2007, inciso e), art. 3º).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Silvia B. Palacio de Caeiro, “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley, 2012, págs. 431/432) (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
IV. Que con respecto del otro carril por el que pretende encauzar el recurrente su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (cfr. sum. Fallos: 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ut supra, en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (cfr. sum.
Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (cfr. sum. Fallos: 237:74). Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. sum. Fallos: 261:209).- Asimismo, no puede prosperar la arbitrariedad que se le enrostra a la resolución de marras, toda vez que no se observan, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran.
Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “… no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común…” (cfr. Fallos: 325:2192 del Dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo).- En este sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión.
Este no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la 'sentencia fundada en ley' a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. Fallos: 312:608; 314:458; 324:1378 del Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y a la cual remite, entre muchos otros).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en autos, en atención a la normativa aplicable, que ni siquiera se vislumbra como arbitraria.
Ello así, pues entendió que no se encontraban reunidos los requisitos de admisibilidad para habilitar la instancia extraordinaria local.-
La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum. Fallos 311:1950 dictamen del Procurador General que la Corte Suprema comparte; asimismo 323:3139 del Dictamen del Procurador General al que la Corte remite). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
V. Que, por otro lado, cabe destacar que la alegada violación de garantías constitucionales y derechos consagrados en tratados internacionales (cfr. fs. 82 y 88/vta.) constituye una enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.-
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 310:2306). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. fallo cit.).- Corresponde concluir entonces, que los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio extraordinario federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 99.-
2. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la demandada a fs. 81/94.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004O.181 Tomo: VIII Interlocutorio: 401.-
Folio N°: 1523/1527.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia