Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín
Expte. N°: JU-5934-2010 NALDO LOMBARDI S.A. C/ CAPORALE SERGIO DANIEL S/COBRO EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 190 Libro de Sentencia Nº: 54 /NIN, a los 29 días del mes de Octubre del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y JUAN JOSE GUARDIOLA, en causa Nº JU-5934-2010 caratulada: "NALDO LOMBARDI S.A. C/ CAPORALE SERGIO DANIEL S/COBRO EJECUTIVO", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Ricardo Manuel Castro Durán, Juan José Guardiola y Fernando H. Castro Mitarotonda.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Castro Durán dijo:
I. A fs. 71/72 la Sra. Juez de primera instancia Dra. Laura S. Morando dictó sentencia, por la que, previo rechazo de la excepción de inhabilidad de título opuesta por Sergio Daniel Caporale, mandó llevar adelante la ejecución basada en dos pagarés, incoada en contra del mismo por "Naldo Lombardi S.A.", hasta tanto aquel haga a esta última, íntegro pago del capital reclamado de $ 3.631, con más intereses a la tasa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, desde las fechas de mora establecidas para cada pagaré y hasta el efectivo pago. Finalmente, impuso las costas al ejecutado y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
Para adoptar tal decisión, la "a quo", inicialmente desestimó la prueba ofrecida por el ejecutado, reputándola inadmisible, dilatoria y carente de utilidad.
Seguidamente, desestimó la excepción de inhabilidad de título, mencionando que por intermedio de la misma, el ejecutado no cuestionó las formas extrínsecas de los pagarés en ejecución, los que reúnen las condiciones necesarias para ser considerados títulos hábiles.
II. Contra este pronunciamiento, el ejecutado dedujo apelación a fs. 79; recurso que, concedido en relación, recibió fundamentación por intermedio del memorial agregado a fs. 81/86. En dicha presentación, el apelante, en primer lugar, solicitó que se decrete la nulidad de la sentencia, por la arbitrariedad incurrida en el rechazo de la prueba ofrecida por su parte, ya que tal decisión fue tomada sin ningún argumento que la justifique. Seguidamente, sostuvo que la "a quo" siguió una línea de pensamiento perimida, que se aferra al análisis exclusivo de las formas extrínsecas del pagaré, sin advertir que la pretensión ejecutiva tiene arraigo en una relación de crédito para consumo, por lo que resulta necesario interpretar las normas procesales de modo compatible con los principios propios de la legislación protectora de los consumidores, tal como lo tiene decidido la Suprema Corte de Justicia provincial.
Añadió que siguiendo este criterio, el juez debe traspasar el valladar que significa el art. 542 del C.P.C., cuando se encuentre ante una relación de consumo.
Expuso que es un hecho notorio que la ejecutante ofrece un sistema de financiación para la compra de la mercadería que ofrece en venta; lo que además se ve corroborado con la constancia de CUIT agregada con la contestación de demanda, de la que dimana que la actora ha registrado como parte de su actividad, la venta al por menor de artículos para el hogar y servicios de crédito.
Remarcó que del estudio de los pagarés en ejecución, surge que están relacionados con una típica relación de consumo y que documentan créditos otorgados por la ejecutante, ya que ésta es una persona jurídica dedicada a la venta de mercaderías y a la financiación, que es actora en numerosas causas judiciales y que los pagarés dan cuenta de que se otorgaron a cambio de efectos. Concluyó solicitando que se aplique el art. 36 de la Ley 24.240, y se decrete la inhabilidad de los pagarés, por la omisión de acompañar con ellos, los instrumentos en los que se materializó la compraventa, el recibo o la factura, con las constancias del precio, los pagos efectuados, el número de cuotas, los intereses y las demás previsiones establecidas en dicha norma.
III. Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, la parte ejecutante guardó silencio; luego de lo cual, el expediente fue remitido a esta Alzada, donde a fs. 90 se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
IV. En tal labor, comenzando por la crítica referida a la desestimación de la prueba, adelanto que coincido con la "a quo" en cuanto que la prueba ofrecida por el ejecutado resulta inadmisible, por no reportar utilidad para la solución del pleito, siendo suficientes a tal efecto, las constancias de autos (art. 547 C.P.C.).
V. Evaluando tales constancias con un criterio realista, resulta lógico concluir que los pagarés en ejecución han sido creados en el marco de una relación de consumo, en virtud de la cual, la ejecutante vendió al ejecutado, bienes a plazo o fraccionando el precio en cuotas; configurándose de tal modo una típica operación de crédito para consumo (arts. 3 y 36 Ley 24.240).
Arribo a tal conclusión, valorando:
* Que, de acuerdo a los códigos lucientes en la constancia de inscripción fiscal agregada en autos, la actividad principal de la sociedad comercial ejecutante es "venta al por menor de artículos para el hogar" (cód. 523590), y una de las actividades secundarias desarrolladas es "servicios de crédito -incluye el otorgamiento de préstamos por entidades que no reciben depósitos y que están fuera del sistema bancario, y cuyo destino es financiar el consumo, la vivienda u otros bienes-" (cód. 659890); por lo que no cabe sino concluir en que la ejecutante queda cómodamente comprendida en la categoría de proveedor (art. 2 Ley 24.240);
* Que el ejecutado es una persona física que trabaja en relación de dependencia, tal como surge de los pedidos de embargo sobre la remuneración que el mismo percibe como empleado de "Mecfar S.A." o de "Minguez Carlos René", efectuados por la ejecutante (ver fs. 17vta. y 21);
* Que existe una multiplicidad de procesos de idéntico tenor al presente, iniciados por la ejecutante, tal como surge de la página http://www.scba.gov.ar- MEV;
* Que en los pagarés base de la acción se especificó que el librador se obligaba a pagar los montos indicados "...por igual valor recibido en efectos a entera satisfacción...", mención que deja traslucir que tales efectos son los artículos para el hogar que normalmente comercializa la ejecutante;
* Que el monto reclamado en autos ($ 3.631,50) hace presumir fundadamente que el ejecutado adquirió tales artículos como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar.
VI. Sentado que el negocio jurídico subyacente al libramiento de los pagarés en ejecución es una operación de crédito para consumo, es dable señalar que en casos como el presente, aparecen enfrentados dos valores que interesan al ordenamiento jurídico.
Por un lado, está la protección de los consumidores; y por otro, la tutela efectiva del crédito, valor de evidente repercusión social.
Con el objetivo de proteger a los consumidores, el art. 36 de la Ley 24.240 impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere.
La falta de algún dato de los exigidos legalmente puede acarrear la nulidad total o parcial del instrumento probatorio de la operación, quedando la misma regida, en su totalidad o en relación a la parte ineficaz, por las disposiciones, usos y prácticas más favorables al consumidor (arts. 218 inc. 7° C. Comercio; 3 y 37 Ley 24.240).
La exigencia de la especificación de tales datos en este tipo de operaciones, tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales de acuerdo a las pautas brindadas por el art. 37 de la Ley 24.240; norma, en virtud de la cual, puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas.
Paralelamente, con la finalidad de tutelar el crédito, la normativa procesal impide que en los procesos de ejecución se discuta el negocio subyacente que dio lugar a la creación del título ejecutivo (art. 542 C.P.C.).
Ante esta problemática, debe adoptarse un criterio hermenéutico que permita una tutela lo más extendida posible del consumidor, sin desvirtuar totalmente las disposiciones adjetivas que impiden la discusión de la causa de la obligación en los juicios ejecutivos.
A tal efecto, no puede perderse de vista que si se diera preeminencia absoluta a la normativa procesal, la protección del consumidor quedaría desdibujada en los frecuentes casos en que el proveedor, para garantizar el crédito otorgado mediante el financiamiento del pago del bien o servicio comercializado, le impone al consumidor la suscripción de un pagaré por un monto indiscriminado o, peor aún, en blanco.
Vale acotar al respecto, que el ordenamiento procesal no puede erigirse en una valla que impida la defensa del consumidor, impuesta por una ley de orden público (art. 65 L.D.C.) que reglamenta un derecho expresamente receptado en la constitución nacional (art. 42 C.N.).
Por ello, opino que debe extenderse la aplicabilidad del art. 36 de la Ley 24.240 a las ejecuciones basadas en títulos abstractos creados como consecuencia de operaciones de crédito para consumo; por lo que, para la ejecución de los mismos, será necesaria la complementación del título con la factura o documento en el que se hubiera instrumentado el negocio subyacente, donde consten todos los datos exigidos por el mencionado art. 36; de modo que en el propio proceso ejecutivo pueda examinarse la regularidad de la conformación del monto reclamado, de acuerdo a las pautas brindadas por la Ley 24.240.
Cabe aclarar, por otra parte, que siguen vigentes las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución que imposibilitan la discusión de aspectos ajenos al título, tal como lo señaló la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la sentencia del 1-9-2010 recaída en la causa C. 109.305 "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro Ejecutivo" y en la sentencia del 10-4-2013 recaída en la causa C. 117.393 "Barbagelatta e hijos S.A. c/ Ramos, Maximiliano Ezequiel s/ Cobro Ejecutivo".
VII. Por ello, al no haberse acompañado conjuntamente con los pagarés en ejecución, los documentos en los que se instrumentaron las operaciones de crédito para consumo celebradas entre la ejecutante y el ejecutado; corresponde el rechazo de la ejecución promovida por "Naldo Lombardi S.A." contra Sergio Daniel Caporale (arts. 42 C.N.; 3, 36, 37, 65 y ccs. Ley 24.240).
VIII. Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo: Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento; y en consecuencia, revocar la sentencia apelada, disponiendo el rechazo de la ejecución deducida por "Naldo Lombardi S.A." contra Sergio Daniel Caporale (arts. 42 C.N.; 3, 36, 37, 65 y ccs. Ley 24.240); con costas de ambas instancias en el orden causado, en virtud de tratarse de una cuestión jurídica opinable (arts. 68 y 274 C.P.C.).
ASÍ LO VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
No coincido con la opinión del Dr. Castro Durán.
Constituye una premisa fuera de toda discusión "que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional" (CSJN "Caja de Seguros S.A. c. Caminos del Atlántico S.A.V.C." 21/03/2006 Fallos 329:695)
La hermenéutica entonces de todo nuestro ordenamiento jurídico tanto sustancial como procesal, debe ser "en clave" consumeril, como forzada derivación de haberse erigido con la reforma del 94 la defensa de los derechos del consumidor en principio constitucional.
Ahora bien esa preeminencia o predominio del criterio protectorio no significa (salvo que se lo haga asumiendo dimensiones taratológicas, como previno el recordado Dr. Mayo LL 2009-B, 1269) que siempre sea absoluto, absorbiendo o derogando todo, sin procurar el desarrollo armónico, la adecuada convivencia entre las cuestiones e institutos involucrados en un conflicto normativo que en vez de evitar se incentiva.
Y en este sentido, estimo que se distorsionan los alcances del artículo 36 LDC reformado por la ley 26361 cuando se lleva su interpretación a la derogación tácita de los títulos valores por los derechos del consumidor (ver el artículo que lleva este rótulo de Antonio J. Rinessi publicado en DCCyE Año 3 Junio 2013 p. 247) o se pregona la extremaunción al pagaré de consumo, al reputarlo per se una práctica abusiva del sector crediticio (ver el comentario que bajo ese título publicaron Federico Álvarez Larrondo y Gonzalo M. Rodríguez en La Ley 2012-F,671), descartando o afectando su ejecutabilidad.
Muy distinto a sostener, siguiendo la doctrina del Alto Tribunal nacional, que la “abstracción cambiaria” no es obstáculo para la indagación de la relación fundamental o causal en el marco de la excepción de inhabilidad del título (art. 542 inc. 4 CPCC) cuando ello sea necesario para hacer efectiva la defensa de un derecho constitucional o de las leyes dictadas en cumplimiento o ejercicio de la Constitución Nacional, vgr. ante la inexistencia manifiesta de la deuda que se pretende ejecutar (C.S.J.N., Fallos: 278:346; 298:626; 302:861; 318:1151; 324:2009; SCBA, Ac. 68.768, sent. del 15-XII-1999; Ac. 90.386, sent. del 6-XII-2006), o particularmente para evitar un fraude a la ley al fijarse una competencia territorial contraria a la ley de orden público-art. 36 in fine LDC- (ver votos de los Dres. Pettigiani SCBA Rc 109305 I 1-9- 2010, "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo" y Heredia en la Autoconvocatoria de Plenario de la Cam. Nacional en lo Comercial del 29/06/2011, La Ley 2011-D, 421), es el criterio adoptado por la Cam. de Apel en lo Civil y Comercial de Mar del Plata Sala III "Carlos Giudice SA c. Ferreyra Marcos de la Cruz s. Juicio ejecutivo" 6/11/2012 (La Ley 2012-F,389) y su Sala II - por mayoría- "Carlos Giudice SA c. Marezi Mónica Beatriz s. Cobro ejecutivo" 4/12/2012 (LLBA 2013-marzo- 433), al que implícitamente adscribe el preopinante.
Sin dejar de rescatar la loable preocupación que exteriorizan en asegurar la efectividad de la tutela a la parte débil en la relación y sin desconocer que constituyen pronunciamientos que dan que hablar ya sea en forma elogiosa (Bilbao Jorge Luis "Inhabilidad del pagaré de consumo..." LLBA 2013-agosto-,724) como crítica (Pruski Bárbara Elizabeth "Pagaré, consideraciones de un título ejecutivo" Supl. Doctrina Judicial Procesal 2013 (mayo), 31; Illanes, Carlos Lorenzo "Abstracción cambiaria y defensa del consumidor" , DJ 08/05/2013, 9; Rodríguez Junyent Santiago "¿La muerte del juicio ejecutivo en manos del derecho de consumo? ponencia presentada al XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal Septiembre 2013 http://procesal2013.org/), entiendo que parten de una presunción de predación, abuso o ilegalidad al vulnerarse las exigencias del precepto consumerista, sin "elementos serios y adecuadamente justificados" (para decirlo con las palabras del Dr. Hitters en el mencionado fallo de la SCBA) por el sólo hecho de que no puede comprobarse en los pagarés el cumplimiento de dichos recaudos, los que bien pueden encontrarse plenamente satisfechos por fuera de los cartulares. Así ocurre cuando en procesos "en rebeldía" como aquellos, o sin alegación concreta de infracción o perjuicio como el presente (ver planteamiento de excepción de fs. 56/59 y memorial de fs. 81/86) se decreta la inhabilidad del título ejecutivo.
Repárese que según el artículo los datos que exige deben ser incluidos "en el documento que corresponda", lo que no significa que el título cambiario que respalde la operación deba tener detallada la relación que dio lugar a su creación, conteniendo especificaciones que el art. 100 del decr-ley 5965/63 no exige y hasta serían incompatibles con su naturaleza de promesa de pago pura y simple, o se encuentre afectado en su habilidad ejecutiva (arts. 50 y 60 del mismo régimen) si no resulta completado o integrado extracartularmente, en desmedro de su ínsita autonomía sin disposición expresa.
Por otra parte la misma norma establece que "cuando el proveedor omitiera incluir alguno de esos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas", lo que bien se ha apuntado implica que el impulso procesal en resguardo de su derecho deberá surgir de su impronta. Y esto no se satisface como dije sin un cuestionamiento serio a la conformación de la deuda limitándose a un ataque formal, insisto, sin sustento normativo.
Paradójica resulta también a mi modo de ver esta sobreprotección formal, que al instituirse como una imposibilidad de perseguir el cobro rápido y eficaz de una acreencia terminará implicando un mayor costo asegurativo para el deudor, si por otra parte se excluye ad limine como propone mi colega del proceso monitorio la excepción ex causa, que referida expresamente a las exigencias del precepto y con la carga de oposición y acreditación al destinatario corresponde (arts. 547 y 547 CPCC) que es precisamente a mi modo de ver la manera de compatibilizar ambos regímenes, sin necesidad de diferir la controversia en la materia al juicio de conocimiento posterior (art. 551 del CPCC).
Con la última aclaración de que no encuentro tampoco motivos para apartarme de la regla objetiva de la derrota que consagra el art. 556 CPCC, doy mi VOTO POR LA AFIRMATIVA.- TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dijo:
Que se adhiere y hace suyos todos los conceptos doctrinales y legales dados por el Señor Juez preopinante en segundo término, Dr. Juan José Guardiola, votando en consecuencia, en el mismo sentido.- A LA SEGUNDA CUESTION, EL Señor Juez Doctor Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículo 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
POR MAYORÍA Dres. Guardiola-Castro Mitarotonda;
(Disid. Dr. Castro Durán):
CONFIRMAR la sentencia apelada. Con costas Alzada a la parte recurrente vencida (Conf. arts. 68, 69 y cctes del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASÍ LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Mitarotonda, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. RICARDO M. CASTRO DURAN, JUAN JOSE GUARDIOLA Y FERNANDO H. CASTRO MITAROTONDA, ANTE MI, MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 29 de Octubre de 2013.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso - artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se
POR MAYORÍA Dres. Guardiola-Castro Mitarotonda; (Disid.
Dr. Castro Durán):
CONFIRMAR la sentencia apelada. Con costas Alzada a la parte recurrente vencida (Conf. arts. 68, 69 y cctes del CPCC). Difiérese la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.- FDO. DRES. RICARDO M. CASTRO DURAN, JUAN JOSE GUARDIOLA Y FERNANDO H. CASTRO MITAROTONDA, ANTE MI, MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Fin de la sentencia