Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 32342-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada, con costas en el orden causado. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando X.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
16322/2021 NAON, ROMULO SILVESTRE (TF 32342-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de julio de 2022.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La representación legal del actor interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso ‘b’, de la ley 11.683, contra la resolución nº 51/2008 (DRRII DRP) por la cual la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General Impositiva determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto sobre los bienes personales (ISBP) de los períodos fiscales 2002 y 2003, más intereses resarcitorios, y aplicó una sanción de multa equivalente al 70% del gravamen omitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 11.683 (ver fs. 17/30).
II. La Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (a) rechazar la defensa de nulidad opuesta por el actor, con costas, (b) revocar la resolución nº 51/2008, con costas y (c) regular los honorarios de los profesionales intervinientes (ver fs. 92/94 del expediente papel).
Para decidir de ese modo, en lo que ahora importa, sostuvo que:
i. La controversia residía en “establecer la procedencia del ajuste fiscal sustentado en la gravabilidad de los inmuebles rurales afectados a una explotación unipersonal en los términos del inc. k) del art. 19 de la ley del impuesto sobre los bienes personales; o si por el contrario, resulta aplicable la dispensa contenida en el inciso f) del art. 21 de la ley del tributo, en cuanto establece la exención de los inmuebles rurales alcanzados a su vez por el impuesto a la ganancia mínima presunta, tal como sostiene la actora”.
ii. En el precedente “Olaso, Rodrigo Jesús s/ recurso de apelación”, pronunciamiento del 26 de agosto de 2019, esa sala sostuvo que para resolver el problema interpretativo planteado debía desentrañarse el problema económico-social que la ley pretendió regular.
iii. La exención prevista en “el art. 21, inc. f) de la ley de impuesto sobre los Bienes Personales contempla la coexistencia de dos elementos inescindibles: el subjetivo (que el inmueble pertenezca a personas físicas y sucesiones indivisas) y el objetivo (que el inmueble revista la condición de “rural”), esté o no afectado a una explotación”.
iv. En la medida en que se verifique los presupuestos previstos en esa norma, los inmuebles rurales “solamente estarán alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta y se encontrarán exentos del impuesto sobre los bienes personales”, puesto que “la exención no hace ninguna distinción acerca del destino o a la afectación de los inmuebles”.
v. La exención fue incorporada al texto de la ley del ISBP a partir del 31 de diciembre de 1998, mediante la sanción de la ley 25.063. De los antecedentes parlamentarios surge que el propósito perseguido con la incorporación de esa exención fue “evitar la doble imposición con el impuesto sobre la ganancia mínima presunta”.
vi. Una recta hermenéutica de los artículos 19, inciso ‘k’, de la ley 23.966 y 2°, inciso ‘c’, de la ley 25.063, implica afirmar que “los inmuebles rurales cuya titularidad de dominio corresponda a personas físicas sujetas del impuesto a la ganancia mínima presunta, están exentos del impuesto sobre los bienes personales”.
vii. El dictamen AFIP-DAT n° 7/2002 corrobora esta postura al sostener que se encuentran fuera del ámbito del ISBP “los inmuebles rurales que integren el activo de explotaciones unipersonales que hayan sido afectados por sus titulares al patrimonio de sociedades de hecho, o los inmuebles inexplotados o cedidos en alquiler […]”.
viii. Las Salas A y C del Tribunal Fiscal, en su anterior composición, y la Sala IV de esta cámara en la causa “Gaviglio, Hilario José”, pronunciamiento del 2 de julio de 2015, se pronunciaron en un idéntico sentido.
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16322/2021 NAON, ROMULO SILVESTRE (TF 32342-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO III. La AFIP-DGI interpuso recurso de apelación y expresó agravios que no fueron replicados por el actor (ver las presentaciones de fs. 105 y 107/114).
Sus críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:
i. La exención establecida en el inciso ‘f’ del artículo 21 de la ley de ISBP “sólo se aplica a los inmuebles rurales inexplotados o arrendados y no respecto de aquellos que son utilizados por su titular en una explotación agropecuaria […] toda vez que estos últimos no se encuentran comprendidos en el inciso e) del artículo 2º de la ley 25.063 –al que remite el inciso f) precedentemente citado–, sino en el inciso c) del mismo artículo”.
ii. Esta interpretación se encuentra refrendada por la nota externa AFIP n° 5/2006 en la que se señaló que únicamente los “[i]nmuebles rurales inexplotados, arrendados o cedidos en alquiler y que pertenezcan a personas físicas y suceciones-indivisas” están exentos en el ISBP.
iii. La Sala C del Tribunal Fiscal, en el precedente “González, Camilo”, sostuvo que el impuesto a la ganancia mínima presunta “alcanza también a los inmuebles rurales que no se explotan o que se arriendan […] los que a su vez resultan exentos por la ley del impuesto sobre los bienes personales”. No obstante agregó que “las personas físicas, en el campo patrimonial, están sujetas, al impuesto sobre los bienes personales respecto del capital atribuible a las explotaciones de las que resulten únicos dueños, y cuya, valuación deberá determinarse de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 21 y 22 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, capital dentro de cuyos activos deben incluirse los inmuebles rurales del titular”.
iv. El Tribunal Fiscal citó parcialmente el dictamen 7/2002 pues en su parte final se concluye que en el caso de inmuebles pertenecientes a explotaciones agropecuarias “sólo quedara gravado por el impuesto sobre los bienes personales la participación que posea la persona física sobre el patrimonio de aquellos”.
IV. Como puede apreciarse, la controversia radica en establecer el tratamiento impositivo que cabe otorgar a los inmuebles rurales, concretamente si les resulta aplicable la exención prevista en el ISBP. La interpretación del actor, convalidada por el Tribunal Fiscal, se apoya en las siguientes normas:
––El artículo 21, inciso ‘f’, de la ley del ISBP, que establece que estarán exentos “los inmuebles rurales a que se refiere el inciso e), del artículo 2º de la ley del impuesto a la ganancia mínima presunta”. ––El artículo 2°, inciso ‘e’, del artículo 2º de la ley del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP), que preceptúa que son sujetos pasivos del impuesto: “[…] e) [l]as personas físicas y las sucesiones indivisas, titulares de inmuebles rurales, en relación a dichos inmuebles”. La AFIP sostiene su posición con sustento en otras normas:
––El artículo 19, inciso ‘k’, de la ley del ISBP, que establece que se consideran situados en el país “los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él”.
––El artículo 2°, inciso ‘c’, de la ley del IGMP, que establece que son sujetos: “Las empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país, pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo […]”.
V. Según se desprende del memorial la postura que sostiene la administración fiscal se funda en el dictamen técnico DAT nº 7/2002 y en la nota externa n° 5/2006 (AFIP).
Asevera que el inciso ‘k’ del artículo 19 de la ley de ISBP considera situados en el territorio argentino a “los patrimonios o explotaciones unipersonales ubicadas en él” y afirma que los inmuebles rurales sujetos a una explotación unipersonal estarían igualmente gravados en el impuesto citado.
Este criterio parece surgir del concepto equivocado de considerar a la explotación unipersonal como titular de dominio del inmueble rural.
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16322/2021 NAON, ROMULO SILVESTRE (TF 32342-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Ciertamente, como ha destacado la doctrina en cuanto a la gravabilidad de los inmuebles , “[e]l titular del inmueble es siempre el propietario o titular de dominio y es una sana técnica legislativa respetar en la medida de lo posible y, aún reconociendo la autonomía del derecho tributario, a la legislación de fondo. Con acierto, comentando el art. 3º de la ley 20.628 dicen Giuliani Fonrouge y Navarrine: ‘no es forzoso que en virtud de la autonomía del derecho tributario, la legislación impositiva se aleje de principios básicos del derecho civil; es conveniente o indispensable, cuando así lo exige la realización de los conceptos inspiradores de la legislación tributaria; pero fuera de esto, es preferible encaminarse hacia la uniformidad del derecho” (Luis Omar Fernández, “Impuesto sobre los bienes personales”, 4º edición, La Ley, Buenos Aires, 2020, páginas 202/203).
VI. Es necesario recordar que las exenciones tributarias deben surgir de “la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan” (Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129; 302:1599) y que su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (Fallos: 285:322), ya que “la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador” (Fallos: 302:973; 334:1027) (ver, asimismo, esta sala, causas: “Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (TF 35892-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y “Asociación Médica Gremial del Hospital Italiano de La Plata (TF 37111-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 22 de octubre de 2020 y del 16 de diciembre 2021, respectivamente).
VII. En ese contexto, la línea argumental que ofrece la AFIP no puede ser admitida.
En efecto, el artículo 21, inciso ‘f’, de la ISBP establece con toda claridad que los inmuebles rurales cuya titularidad de dominio corresponda a personas físicas sujetas al IGMP están exentos en el ISBP, sin que la norma efectúe ningún distingo con relación al destino que se otorgue al inmueble.
Este criterio, vale reiterar, se ve corroborado por los antecedentes parlamentarios de la ley 25.063 que evidenciaron que, en este caso, el Congreso Nacional quiso evitar la doble imposición sobre una misma capacidad contributiva.
Ciertamente, allí se dejó asentado que su incorporación “[…] deriva de la implantación del impuesto sobre la Ganancia Mínima Presunta, y su propósito es evitar la doble imposición. Por tal razón, se excluyen del ámbito del gravamen ciertos bienes […]”, entre ellos “[…] los inmuebles rurales de personas físicas y sucesiones indivisas, ahora gravados con el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”.
Es necesario agregar que las normas que invoca la AFIP en su intento de limitar la exención prevista para los inmuebles rurales refieren, por un lado, a la fuente territorial de los bienes gravados (artículo 19, inciso ‘k’, del ISBP) y, por el otro, a la valuación de esos bienes (artículo 22 del decreto reglamentario de la ley de ISBP), por lo que, técnicamente, no son aptas para definir un hecho imponible (en un sentido similar, Sala IV, causa “Gaviglio, Hilario José s/ recurso de apelación”, pronunciamiento del 2 de julio de 2015).
VIII. Esta cámara se ha expedido en casos sustancialmente análogos en un sentido concorde con el criterio que aquí se toma. Así lo hizo, concretamente, la Sala IV, en la causa “Gaviglio, Hilario José (TF 30082- I)”, ya citada (decisión que adquirió firmeza en razón de que la Corte Suprema, el 8 de marzo del 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), y la Sala II en la causa “Olaso, Rodrigo Jesús (TF CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 16322/2021 NAON, ROMULO SILVESTRE (TF 32342-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 27750-I) c/ DGI s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 30 de diciembre de 2021.
IX. En suma, corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia apelada.
Las costas de esta instancia deben ser distribuidas en el orden causado, en tanto el actor no replicó el memorial de agravios (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
X. En relación con los recursos de apelación interpuestos por la parte demanda (por “altos” y “bajos”) contra la regulación de honorarios contenida en el pronunciamiento de fs. 92/94, en función de la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe tomar las sumas objeto de cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal–– ponderando el mérito, la etapa procesal cumplida y la extensión de la labor desarrollada a luz del resultado obtenido, corresponde:
i. CONFIRMAR los honorarios establecidos a favor de los Dres. Horacio R. Della Roca y José María Sferco en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) y PESOS DOCE MIL ($ 12.000) por su actuación, respectivamente, en el carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del Arancel de Abogados y Procuradores).
ii. Sobre pautas análogas, en lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, corresponde CONFIRMAR los estipendios en las sumas de PESOS DOS MIL ($ 2.000) Y PESOS CINCO MIL ($ 5.000), a favor de Mónica Cecilia Perez y Silvia Pepe, respectivamente, por la tarea cumplida en relación al incidente de nulidad, en el carácter de apoderada y patrocinante de la parte demandada (art. 6, 7, 9, 19, 33, 37, 38 y demás c.c. de la ley 21.839).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la sentencia apelada, con costas en el orden causado. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando X.
Regístrese, notifíquese a las partes y al fiscal general —vía correo electrónico institucional— y, oportúnamente, remítase al Tribunal Fiscal. Se hace constar que la jueza Liliana María Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia