Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 426/13 dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente administrativo SIGEA N° 14635-124-2009, en cuanto condena a la firma NARUTO S.A. al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del CA, con los alcances expresados en los considerandos V y VI.
2Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 426/13, dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente administrativo SIGEA N° 14635-124-2009, en relación a la mercadería secuestrada, clasificada en las P.A. 9504.10.99.900E, 9504.10.99.100L, 9523.40.29.300K, 8473.50.20.000L, 9504.10.10.319Y, 8473.30.49.100B y 8523.51.00.100M.
3Costas según sus vencimientos, las cuales se establecen en un 95% a la actora y 5% a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-57066239-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Mayo de 2024 apelación”, expediente N° 33944-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “NARUTO S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 33944-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 2-5 se presenta la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA) contra la Resolución N° 426/2013 dictada el 2/8/13 por la Aduana de Bahía Blanca en las actuaciones administrativas SC-1119-2013/4, actualmente SIGEA N° 14535-124-2009 mediante la cual se la condenó al comiso de mercadería y al pago de una multa por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del CA. Sostiene que los fundamentos de la imputación devienen ilegítimos e inválidos. Alega que la ausencia de timbre fiscal no implica ausencia de documentación respaldatoria. Afirma que la Aduana no tuvo en cuenta la prueba ofrecida. Expresa que la resolución apelada no tiene sustento fáctico respecto de los requisitos exigidos por los arts. 986 y 987 del CA para tener por configuradas las infracciones imputadas. Cita jurisprudencia de la Corta Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Realiza consideraciones en torno a la actividad que desarrolla y la mecánica de adquisición de la mercadería importada. Alega buena fe en su obrar. Invoca el principio de inocencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada.
II. A fs. 30-34 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado ordenado. Realiza un breve racconto de los antecedentes del caso. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos consignados en la demanda, no reconocidos expresamente. Sostiene que el recurso interpuesto carece de sustento. Afirma que la actora tuvo oportunidad de demostrar su falta de responsabilidad y no lo hizo. Realiza consideraciones en relación a la infracción imputada y sus tres requisitos, los cuales se han verificado en el caso de autos. Sostiene que es el infractor quien debe probar su descargo. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba el expediente administrativo vinculado. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. A fs. 41 la demandada acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 14535-124-2009 en formato papel, en un total de 333 fojas, las cuales se agregan por cuerda. A fs. 42 se deniega por improcedente la prueba pericial contable ofrecida por la actora y se declara la causa de puro derecho. A fs. 71 se elevan los autos a la Sala “F” y a fs. 74 quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que las mismas se originaron con el acta de constatación N° 191/09 obrante a fs. 3-9, mediante la cual el servicio aduanero realizó el control en plaza de la mercadería del rubro juguetería, videojuegos y comics de origen extranjero que se hallaba en exhibición y venta al público en el local comercial ubicado en la calle Brown N° 212, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, perteneciente a la firma actora. Se verificó la documentación respaldatoria de su importación y/o facturas de compra para acreditar su legal tenencia, como así también la aplicación de estampilla aduanera. Todo ello conforme Resolución ex ANA N° 2522/87 y sus modificatorias, Decreto N° 4531/65 y Nota Externa 53/2006. Inspeccionada la mercadería y según surge del acta labrada, se constató que: “… una parte de la misma NO posee la documentación respaldatoria o carece de timbre fiscal, encuadrándose las situaciones antes descriptas en las infracciones tipificadas en los arts. 986 y 987 del Código Aduanero…” Se procedió entonces a su secuestro conforme las facultades establecidas en el art. 1085, inc. c) del CA.
A fs. 59-61 vta. el representante legal de la firma actora acompañó documentación respaldatoria a fin de acreditar el origen y legítima tenencia de la mercadería interdicta. Analizada la documentación referida, el agente verificador presentó su informe a fs. 90-91 y a fs. 93 se procedió a labrar el acta de denuncia obrante a fs. 93. A fs. 94-98, el 11/09/09, se ordenó la apertura sumarial por la presunta comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del CA y se ordenó convertir en secuestro la medida de interdicción de la mercadería en cuestión, la cual fue trasladada a depósito fiscal perteneciente a la Aduana de Bahía Blanca, con excepción de aquella respaldada legalmente con la documentación presentada por la actora —según informe obrante a fs. 90-91 de las actuaciones, punto 1, ap b) y punto 2 ap. b) —, la cual quedó desvinculada de la investigación. A fs. 116-124 se realizó el aforo de la mercadería, el cual fue ampliado a fs. 142. A fs. 143 se corrió vista a la imputada, quien se notificó el 6/08/10 según constancias de fs. 144 vta. y contestó mediante presentación de fs. 145-150 de las actuaciones.
Producida la prueba ofrecida por la actora en sede administrativa, a fs. 289-295 se emitió el dictamen jurídico N° 26/2013 y a fs. 296-303 se dictó la resolución apelada en autos.
V. Sentado ello, corresponde determinar si se ajusta a derecho la resolución recurrida.
En primer lugar, cabe destacar que el art. 986 del CA establece que “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza”.
Como lo ha expresado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia, esta infracción no tiene un contenido meramente ritual o formal que impida entrar en otras consideraciones acerca de su verdadera finalidad, de manera de preservar el derecho constitucional de defensa en juicio. Ello por cuanto la ausencia de estampilla no consagra una suerte de aplicación automática de pena, que resultaría frustratoria de la garantía constitucional referida (Fallos 270:205, entre otros), en tanto no resultan justificables las tenencias de mercaderías que pudieran encubrir la aplicación de los instrumentos fiscales o de identificación entregados para otras mercaderías, de manera ilegítima.
Mediante esta infracción, se intenta poner una segunda barrera a las mercaderías que se hubieran filtrado a través de los controles aduaneros en su ingreso al país, aunque no resulte posible detectar si existió al respecto el delito de contrabando. Además, porque lo que se intenta evitar es que los medios de identificación faltantes pudieran adherirse a otras mercaderías no ingresadas legítimamente. En el caso de autos se dan prima facie los elementos materiales exigidos por la normativa aplicable, es decir, se trata de un tenedor de mercadería de origen extranjero, con fines comerciales y sin presentar, dicha mercadería, aplicados los medios de identificación dispuestos mediante la Resolución ex ANA N° 2522/87, modificada por Resolución General AFIP N° 2685/09. Las normas referidas contienen el listado de Posiciones Arancelarias (P.A.) de la mercadería importada sujeta a la obligación de llevar estampillado identificatorio.
Ahora bien, en relación a lo expresado por la actora en cuanto a que la carencia de identificación aduanera constatada en la mercadería de autos obedeció a “la continua manipulación de los productos por parte de clientes”, no puede considerarse una explicación seria, válida ni justificativa del defecto señalado. Ello es así en razón de la obligación expresa en cuanto a que la mercadería en poder del comerciante debe mantener adherida la correspondiente estampilla, por lo que el deber del tenedor no se justifica por los descuidos que pudieran producirse en el cumplimiento de ese deber, lo que se considera en todos los casos una negligencia del comerciante tenedor de la mercadería.
Cabe concluir que, aun cuando pueda llegar a considerarse acreditado el legítimo ingreso de algunas de las mercaderías secuestradas, la acreditación de dicho extremo no resulta suficiente para considerar la falta de configuración de la infracción establecida en el art. 986 del CA, pues para ello es necesario contar con algún elemento que indique que las estampillas fueron en algún momento adheridas a la mercadería de autos, lo cual no se encuentra aquí demostrado. Por el contrario, la actora no sólo no alegó ni aportó ningún elemento que demuestre o permita inferir la efectiva aplicación de los respectivos instrumentos fiscales, sino que en sede administrativa reconoció que al momento del secuestro realizado por los funcionarios del servicio aduanero la mercadería no tenía aplicados dichos instrumentos, atribuyendo dicha falta a la manipulación de la misma por parte de los clientes, argumento que, como quedó expuesto, resulta inaudible a los fines de lograr su exoneración en orden a la infracción imputada. A mayor abundamiento, cabe destacar que el anexo III “C” de la Resolución ex ANA 2522/87, sustituido por el art. 1° de la Resolución AFIP 2327/07, en el apartado 1.5 establece la posibilidad de solicitar nueva identificación de mercaderías cuyos instrumentos se hayan deteriorado, conforme a los supuestos previstos en el Artículo 16, párrafo primero, del Decreto Nº 4531/65, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Por todo lo expuesto hasta aquí, en virtud de las constancias de las actuaciones administrativas vinculadas y lo establecido en las Resoluciones ex ANA 2522/87 y AFIP N° 2685/09, corresponde establecer que se encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción tipificada en el art. 986 del CA respecto de la mercadería inspeccionada y detallada en el Informe elaborado por la Sección “V” N° 141/09 obrante a fs. 116-124, con excepción de la mercadería clasificada en las P.A. 9504.10.99.900E, 9504.10.99.100L, 9523.40.29.300K, 8473.50.20.000L, 9504.10.10.319Y, 8473.30.49.100B y 8523.51.00.100M, dado que las mismas no se encuentran comprendidas dentro de las nomenclaturas sujetas a la obligación de estampillado conforme la normativa referida.
VI. En cuanto a la infracción establecida en el art. 987 del CA, el mencionado artículo establece que: “...El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrante en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986.”
Cabe señalar, en primer lugar, que del texto de la norma transcripta se desprende que la mercadería que se encontrase en infracción en los términos del art. 986 del CA no es susceptible de imputación conforme art. 987 del mismo cuerpo legal, puesto que, como ya se expresó en el considerando anterior, la infracción tipificada en el art. 986 se configura con la comprobación de la falta de estampillado en la mercadería cuya nomenclatura así lo exige conforme la normativa señalada precedentemente. Ello independientemente de la documentación que acredite su ingreso legítimo a plaza.
Ahora bien, en el caso de la infracción establecida en el art. 987 del CA, la misma se configura por la falta de exhibición, ante el requerimiento del servicio aduanero, de la documentación que acredite el ingreso legítimo a plaza de la mercadería importada con fines comerciales o industriales, no sujeta a la obligación de llevar estampillado.
En este sentido el servicio aduanero efectuó, a fs. 142 de las actuaciones, el aforo de la mercadería secuestrada cuya P.A. no se encontraba sujeta a la obligación de identificación y respecto de la cual la actora no acreditó su ingreso legítimo al país, por cuanto la documentación acompañada a fs. 66-88 y fs. 187-275 de las actuaciones no se relaciona con dicha mercadería.
Corresponde entonces, respecto de la mercadería detallada a fs. 142 de las actuaciones vinculadas, tener por configurada la infracción tipificada en el art. 987 del CA.
VII. En relación al monto de la multa —el cual no fue cuestionado por la recurrente—, resulta ser el mínimo legal, es decir una vez el valor de la mercadería en infracción conforme art. 986 del CA según aforo efectuado a fs. 116-124 y una vez el valor de la mercadería en infracción según art. 987 del CA conforme liquidación efectuada a fs. 142.
Ahora bien, en relación a la liquidación efectuada a fs. 116-124 corresponde exceptuar la mercadería clasificada en las P.A. 9504.10.99.900E, 9504.10.99.100L, 9523.40.29.300K, 8473.50.20.000L, 9504.10.10.319Y, 8473.30.49.100B y 8523.51.00.100M la cual, como se expresó en el considerando V, no se encontraba sujeta a la obligación de estampillado. Si bien correspondería analizar si dicha mercadería se encontraba en infracción conforme art. 987 del CA, lo cierto es que, en virtud del principio reformatio in pejus, postulado tuitivo según el cual rige la prohibición de agravar o perjudicar la situación del apelante, no resulta hacedero imponer una pena más gravosa a la cuestionada en estos actuados por la recurrente, de manera que comporte una vulneración a sus derechos, circunstancia que, a la luz de lo decidido precedentemente, cumple con los estándares requeridos a fin de garantizar el derecho de defensa en juicio, del cual el principio referido, constituye una derivación que vive en el ámbito de los recursos. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 426/13 dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente administrativo SIGEA N° 14635-124-2009, en cuanto condena a la firma NARUTO S.A. al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del CA, con los alcances expresados en los considerandos V y VI.
2. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 426/13, dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente administrativo SIGEA N° 14635-124-2009, en relación a la mercadería secuestrada, clasificada en las P.A. 9504.10.99.900E, 9504.10.99.100L, 9523.40.29.300K, 8473.50.20.000L, 9504.10.10.319Y, 8473.30.49.100B y 8523.51.00.100M.
3. Costas según sus vencimientos, las cuales se establecen en un 95 % a la actora y 5 % a la demandada. Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 426/13 dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente administrativo SIGEA N° 14635-124-2009, en cuanto condena a la firma NARUTO S.A. al pago de una multa y al comiso de la mercadería secuestrada, por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del CA, con los alcances expresados en los considerandos V y VI.
2. Revocar parcialmente el art. 1° de la Resolución N° 426/13, dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente administrativo SIGEA N° 14635-124-2009, en relación a la mercadería secuestrada, clasificada en las P.A. 9504.10.99.900E, 9504.10.99.100L, 9523.40.29.300K, 8473.50.20.000L, 9504.10.10.319Y, 8473.30.49.100B y 8523.51.00.100M.
3. Costas según sus vencimientos, las cuales se establecen en un 95% a la actora y 5% a la demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del CA.
Date: 2024.05.30 23:54:49 -03:00 Date: 2024.05.31 10:49:11 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.31 10:49:12 -03:00
Fin de la sentencia