Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 49284-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento del T.F.N., en cuanto al reencuadre de la multa impuesta, en los términos del art. 45 de la L.P.T., de acuerdo a lo expuesto en el considerando VII.- que antecede y
2Las costas de ambas instancias se imponen a la actora quien resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Expte. N° 15506/2022.-
///nos Aires, 7 de noviembre de 2023.- JMVC Y VISTOS, estos autos caratulados: “NASA S.A. (TF 49284-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que con fecha 12 de marzo de 2020 (ver fs. 1/4 del documento digitalizado), el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió reencuadrar la multa aplicada en las disposiciones del art. 45 de la L.P.T., en su mínimo legal, con la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de la misma ley (texto vigente a la fecha de los hechos de la causa) y distribuyó las costas por su orden (cfr. art. 184, último párrafo de la L.P.T.).
II. Que, para decidir del modo indicado, el Tribunal Jurisdiccional Administrativo sostuvo que, en primer lugar, conforme surge del informe de inspección el personal fiscalizador observó los créditos fiscales computados por la actora respecto de ciertos proveedores.
Así, señaló que se detectó el registro de facturas apócrifas de las usinas Marinotti, Dante Gabriel; Setelco S.A. y Nina S.A., que dieron origen a la fiscalización, encontrándose además facturas de otros dos proveedores, los cuales se verificó que se encontraban incluidos en la base APOC al momento del cargo: Santana, Rubén Daniel y Oro, Jésica Paola.
Asimismo, consideró que en los presentes actuados se encuentra una escueta descripción fáctica relacionada con las operaciones impugnadas, señalándose meramente que se impugnan las facturas con dichos proveedores por encontrarse en la base APOC, sin explicar por qué razón o en qué momento fue dada de alta en dicha base informática de la A.F.I.P. -D.G.I.
Interpretó que ello no permite advertir la existencia de un contexto concatenado de indicios serios, precisos y concordantes como para poder evaluar la razonabilidad y pertinencia de la calificación del proveedor como "apócrifo". Agregó que, tampoco surge del informe de inspección, ni de la resolución apelada, una explicación acerca de la maniobra ardidosa desplegada por la recurrente, ni se formulan apreciaciones sobre la configuración de los hechos que sustente la presunción del art. 47 ley 11.683 (t.o. 1998) invocada en la especie. En consecuencia, según su comprensión, el Fisco Nacional no realizó una apreciación concreta y razonada de la supuesta maniobra ardidosa llevada a cabo por la contribuyente y a sustentarla, como es debido, en pruebas fehacientes y concretas de las que pueda extraerse y/o revelen el dolo imputado.
Agregó que, no obstante, ello no implica que la conducta fiscal de la contribuyente quede impune, en tanto la figura culposa de omisión de impuestos, cuyo aspecto objetivo surge de la propia rectificación.
Recordó que la contribuyente ha aceptado la inexactitud en el ingreso debido del gravamen en cuestión, mediante la aceptación del ajuste fiscal con la presentación de las declaraciones juradas rectificativas, no argumentando en el caso explicación alguna para su proceder.
La figura del art. 45 de la L.P.T. requiere la culpa en su tipo penal, la cual se presume, correspondiendo al contribuyente alegar y probar concretas y eficaces circunstancias exculpatorias si pretende ser eximido de la sanción. Dicha circunstancia, conlleva al encuadramiento de su conducta en las disposiciones del art. 45 de la L.P.T., en su mínimo legal, toda vez que no se registra el supuesto de error excusable esencial, decisivo e inculpable que exima de sanción al contribuyente, con la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de la citada ley (texto anterior a la reforma de la ley 27.430 por aplicación del principio de ley penal más benigna -art. 2 del Código Penal-).
En consecuencia, se resolvió reencuadrar la multa aplicada en las disposiciones del art. 45 de la L.P.T., en su mínimo legal, con la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de la misma ley (texto vigente a la fecha de los hechos de la causa) y distribuyó las costas por su orden, en los términos de lo establecido en el art. 184 -último párrafo- de la L.P.T.
III. Que, contra lo así decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación (ver fs. 7 del documento digitalizado).
El Fisco Nacional presentó la fundamentación de la apelación en forma tempestiva (ver fs. 9/21 del documento digitalizado).
La parte actora no contestó el traslado oportunamente conferido respecto de la apelación de la contraria.
IV. Que, el Fisco Nacional en su memorial consideró que el Tribunal a quo incurrió en un evidente error en la apreciación de los hechos, que trasladó a la aplicación del derecho vinculado a aquellos, tergiversando las normas aplicables al pretender dar a las mismas un sentido impropio, más allá de lo que resulta de una razonable apreciación de sus términos.
Indicó que lo resuelto respecto al reencuadre de la multa en los términos del art. 45 de la L.P.T. le causa agravio ya que, del análisis del decisorio, surge que se funda en una interpretación equivocada del derecho aplicable al caso, que se combina con una valoración arbitraria de la prueba producida por la fiscalización en el transcurso de la investigación que concluyera con el ajuste efectuado. Señaló que, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal a quo, el dolo de la actora resulta acreditado en las actuaciones, en tanto las diferencias existentes entre lo exteriorizado y los montos debidos en razón de su actividad económica, tuvieron origen en la ocultación de su realidad económica y sólo salieron a la luz en virtud de la labor fiscalizadora realizada.
La existencia de una ocultación maliciosa por parte de la actora, que se tradujo en un engaño al Fisco Nacional, ha resultado probada en autos. Señaló que resulta evidente que la actora se valió de una maniobra o ardid tendiente a ocultar un hecho de significativa relevancia en la realidad económica de su giro comercial -el crédito fiscal computado improcedentemente- que se revierte con motivo de la fiscalización llevada a cabo por el Fisco Nacional, con miras a obtener un beneficio ilegítimo en perjuicio de éste.
Por ser ello así, consideró que resulta indiscutible que el contribuyente ha presentado declaraciones juradas engañosas, que pusieron en grave peligro la materia imponible.
Asimismo, señaló que se ha configurado la “grave contradicción" exigida por el art. 47 inc. b) de la L.P.T., en la medida en que se verifica en el caso el ardid requerido por el tipo, en tanto ha quedado configurado por la presentación de declaraciones juradas por parte de la actora con saldos inferiores a los debidos, hecho que indujo a error al Fisco Nacional en relación a la obligación de la contribuyente. Este último, ya que recién durante una verificación de rutina se pudo detectar el engaño del que había sido víctima.
Agregó que, de igual modo, yerra el T.F.N. cuando sostiene que la subsunción de la conducta de la actora en las presunciones iuris tantum que prevé el inc. b) del art. 47 de la L.P.T. resulta inaplicable, habida cuenta que la resolución administrativa acredita cada uno de los presupuestos de hecho que encuadraron en la norma mencionada.
Señaló que la documentación con la que se pretendió computar el crédito fiscal, es a todas luces improcedente y, asimismo, demuestra la clara existencia de una maniobra ardidosa ya que la parte actora utilizó facturas emitidas por usinas de facturación apócrifa para engrosar su crédito fiscal.
Remarcó que, el Tribunal Fiscal en el pronunciamiento recurrido sostenga que su parte: “…no alcanza a realizar una concreta y razonada apreciación de la maniobra ardidosa llevada a cabo por el contribuyente y a sustentarla, como es debido, en pruebas fehacientes...”, importa el desconocimiento de la labor de fiscalización llevada a cabo por las dependencias correspondientes, tanto para identificar la utilización de facturas apócrifas, como para incluir en la base APOC a aquellas usinas que son creadas al único efecto de vender este tipo de facturación.
No se puede sostener que la utilización de facturación apócrifa no evidencia el dolo del contribuyente. Más aun en casos como el presente, en el que el inicio de la fiscalización surge por la detección de utilización de facturas emitidas por empresas que en forma previa estaban calificadas como usinas de facturación apócrifa.
Reflexionó que, del acto administrativo surge claro cuál es la maniobra empleada por la actora; por lo que sostener lo contrario, como lo hace la sentencia recurrida, implica desconocer tanto los hechos probados, como el derecho aplicable.
De allí que, concluyó, no quedan dudas de la conducta dolosa de la contribuyente quien, pese al conocimiento de la improcedencia de la presentación de las declaraciones juradas con saldos inferiores a los debidos, y ante la posibilidad de actuar conforme a derecho declarando el tributo correspondientes, no dudó en engañar al ente recaudador para lo cual desplegó la actividad de adquirir facturas apócrifas.
Asimismo, destacó que las Declaraciones Juradas Rectificativas, fueron presentadas por el contribuyente en instancia administrativa, y si bien es cierto que ello se realizó de forma voluntaria, no lo es menos que el Fisco Nacional tuvo que desplegar su accionar fiscalizador para que ello finalmente ocurra, lo cual a la postre es reconocido en la propia sentencia.
En estas condiciones, entendió que no resulta admisible la atribución del aspecto subjetivo de la sanción a título de culpa por negligencia, habiendo el T.F.N. realizado una interpretación errónea del derecho aplicable y una valoración arbitraria de las constancias de autos.
Por último, señaló que el T.F.N. obró con arbitrariedad manifiesta al repugnar la utilización de presunciones para sustentar la sanción por dolo, pero las utiliza al reencuadrar la sanción por culpa. Si pudo presumir la culpa, a partir de la incorrecta declaración jurada, necesariamente debió presumir el dolo en atención a la claridad de las normas, la diferencia de impuesto detectada, la grave contradicción de sus documentos y demás antecedentes y la declaración jurada original, sumado ello a la inexistencia probatoria por la otra parte.
Finalmente, en cuanto a la imposición de las costas por su orden respecto a este ajuste, el recurrente entendió arbitraria la decisión, en atención a que en las actuaciones el Fisco Nacional ha resultado a todas luces vencedor, aun cuando se modifique el encuadre de la sanción, puesto que también en este caso se reconoce la infracción.
Por ello, no se observan razones para que el Tribunal a quo se aparte del principio de imposición de costas a la vencida consagrado en el art. 68 del C.P.C.C.N.
V. Que, sentado lo anterior, cabe recordar que en autos se discute la regularidad de la resolución N° 534826-2, de fecha 24/08/2018, dictada por el Jefe de la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza, mediante la cual se resolvió aplicarle una multa de $ 114.054,15, por infracción a los artículos 46 y 47 inc. b) de la ley 11.683, equivalente a un tercio del mínimo legal, consistente en dos veces el monto de impuesto evadido relativo al Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 1 a 3/2016 y 1 a 2/2017 (cfr. fs. 33/43 del documento digitalizado).
La causa de dicha sanción obedeció a que se detectó que la firma actora utilizó con efectos fiscales, facturas electrónicas apócrifas emitidas por las siguientes usinas: Mariotti, Dante Gabriel, CUIT: 20-22316786-2, Setelco S.A., CUIT: 30-71195627-8, Nina S.A., CUIT: 30-71231723-6, ascendiendo el crédito fiscal involucrado en dichas operaciones por los períodos mencionados anteriormente.
Tras las impugnaciones efectuadas, la parte actora presentó declaraciones juradas rectificativas, conforme a la pretensión fiscal y sin formular reserva alguna. El T.F.N., en síntesis, entendió que el desarrollo efectuado en la resolución administrativa impugnada, no permitía advertir la existencia de un contexto concatenado de indicios serios, precisos y concordantes como para poder evaluar la razonabilidad y pertinencia de la calificación del proveedor como “apócrifo”. En tal orden de consideraciones, sostuvieron que tampoco surgía del informe de inspección, ni de la resolución apelada, una explicación acerca de la maniobra ardidosa desplegada por la actora ni se habían formulado apreciaciones sobre la configuración de los hechos que sustenten la presunción del art. 47 de la L.P.T. invocada en la especie.
Por ello, se resolvió reencuadrar la multa impuesta en las previsiones del art. 45 de la L.P.T. y distribuir las costas en el orden causado.
VI. Que, con relación al reencuadre de la multa aplicada respecto a los períodos fiscales 1 a 3/2016 y 1 a 2/2017, en las disposiciones del art. 45 de la L.P.T., en su mínimo legal, con la reducción a un tercio prevista en el art. 49 de la misma ley -texto vigente a la fecha de los hechos de la causa-, originariamente impuesta en los términos del art. 46 de la L.P.T., cabe adelantar que lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación no resulta ajustado a derecho, a la luz de las constancias indubitadas incorporadas a la causa.
En efecto, conforme surge de las constancias administrativas agregadas a la causa; en especial, las que dan cuenta el Informe Final de Inspección, de fecha 28/02/2018 (cfr. fs. 16/23 del documento digitalizado) y la propia resolución administrativa impugnada (cfr. fs. 33/43 del documento digitalizado), surge -entre otros aspectos- que: a) el cargo se originó en procedimientos informáticos, habiéndose detectado que la contribuyente utilizó facturas electrónicas apócrifas de Usinas que han sido verificadas y que se encuentran incluidas en la base e- APOC;
b) Del cruce de las bases de datos: Citi –Compras – e-APOC (por C.U.I.T.), surgen informadas operaciones respaldadas con facturas electrónicas apócrifas durante el período 8/2015 a 4/2017;
c) La actora utilizó con efectos fiscales, facturas electrónicas apócrifas emitidas por las usinas: Mariotti, Dante Gabriel, CUIT: 20-22316786-2, Setelco S.A., CUIT: 30-71195627-8 y Nina S.A., CUIT: 30-71231723-6; ello, de acuerdo al cruce sistémico realizado por la fiscalización. De allí que se determinó que el crédito fiscal involucrado en dichas operaciones, por los períodos mencionados anteriormente, ascienda a la suma de pesos 141.879,00;
d) Adicionalmente, en función de las operaciones registradas en los Libros I.V.A. Compras de los períodos 8/2015 a 4/2017, se extrajo una muestra de los principales comprobantes, cuyos importes netos superen los $ 60.000. Se seleccionaron 91 proveedores y se verificó que el proveedor Santana, Rubén Daniel, CUIT: 20-13569621-9, se encontraba incluido en la base e-APOC al momento del cargo. Asimismo, se detectó al proveedor Oro, Jésica Paola, CIUT: 27-30741219-0 que, si bien por los montos de facturación no se encontraba dentro de la muestra seleccionada, fue detectada por la inspectora dentro del proceso de análisis de proveedores, al haber trabajado previamente en inspecciones anteriores;
e) Conforme surge de los procedimientos de auditoría practicados en la fiscalización, se disminuyó el crédito fiscal de los períodos bajo análisis, por la totalidad del I.V.A. procedente de las facturas apócrifas, en $ 198.507,23; correspondiendo íntegramente al indicio que dio origen al cargo investigado; f) El monto mencionado anteriormente, constituye la recaudación obtenida como Ajuste Conformado, dado que la contribuyente presentó las DD.JJ. rectificativas del impuesto por los períodos mencionados.
En la resolución administrativa, se tuvo en consideración que el carácter doloso del comportamiento de la actora resultó acreditado, pues si bien rectificó las declaraciones juradas, lo que se sanciona es la primitiva declaración jurada presentada, por cuanto la misma no se ajustó a la realidad. Además, se señaló que lo que se juzga es la vulneración de las normas legales que regulan las relaciones jurídico tributarias entre el Fisco y el contribuyente (infracción tributaria), la cual quedó configurada con la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas, puesto que la dilucidación de la maniobra fue producida por el accionar de la fiscalización.
La conducta desarrollada por la contribuyente efectivamente se encuentra tipificada en el art. 46 de la L.P.T. y art. 47, inc. b), puesto que la inspección constató -sin haberse aportado pruebas en contrario- que el cómputo de créditos fiscales provenientes de facturas con proveedores observados, perjudicando al Fisco con liquidaciones de impuesto que no se correspondían con la realidad. Por ser ello así, se concluyó en la aplicación de la multa en los términos de lo establecido en el art. 46 de la L.P.T. ya que la presentación de DD.JJ. originales inexactas conteniendo montos de créditos fiscales respaldados en facturas apócrifas, dan la pauta del elemento subjetivo (dolo directo) y excluye de plano la posibilidad de encuadrar su conducta en el art. 45 de la L.P.T.
En el contexto descripto, es erróneo interpretar -como lo hizo el Tribunal a quo- que la demandada no haya probado el elemento intencional para la aplicación de la figura dolosa. Ello por cuanto, conforme surge de los antecedentes que fundamentan la resolución administrativa -y cuya explicitación parcial ha sido realizada más arriba- dan cuenta de la operatoria fraudulenta descripta, no habiendo la contribuyente producido prueba conducente que permita acreditar lo contrario (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por vía del art. 197 de la L.P.T.).
En conclusión, habiéndose acreditado las circunstancias irregulares antes referidas, con miras a disminuir la carga tributaria, ello constituye sustento fáctico suficiente que permite la aplicación de la sanción prevista en el artículo 46 de la L.P.T.
Ello por cuanto, la contribuyente ha dejado voluntariamente de ingresar el impuesto en su justa medida, disminuyendo su carga tributaria y no ha probado lo contrario por los medios previstos en el ordenamiento al efecto.
VII. Que, por lo demás, no debe soslayarse la vigencia del principio que indica que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y modificatorias y esta Sala, in re, “VZ BATH & BODY SA (TF 36087-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Expte. Nº 12.109/2021, del 8/04/2022, entre muchos otros).
En tal sentido, corresponde señalar que la presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros). En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo-Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348). A lo que cabe agregar que la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. -Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs.As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es en razón de la vigencia de la citada norma y principio, es que le correspondía a la parte actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían a los actos administrativos impugnados (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N. y esta Sala, en autos: “Fran Salta S.A. (TF 47880-I) c/D.G.I.”, Expte. Nº 71.785/2022, sentencia del 5/09/2023, entre otros).
En tal orden de consideraciones, lo expuesto por el Tribunal de la instancia anterior no resulta ajustado a derecho y no permite derribar la presunción de legitimidad de la resolución impugnada, la cual no ha sido controvertida o cuestionada al punto que permita a este Tribunal confirmar lo decidido en la instancia anterior.
VIII. Que, con relación a los agravios respecto a las costas de la instancia anterior, cabe señalar que en consideración a la forma en que se decide la cuestión planteada, corresponde que sean impuestas a la actora que resultó vencida; ello así, por estricta aplicación del principio objetivo de la derrota, del cual no se observan motivos valederos para aparatarse (cfr. art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.). Por otra parte, con relación a las costas de esta instancia, por idénticas razones las mismas deben ser impuestas de igual modo (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento del T.F.N., en cuanto al reencuadre de la multa impuesta, en los términos del art. 45 de la L.P.T., de acuerdo a lo expuesto en el considerando VII.- que antecede y 2°) las costas de ambas instancias se imponen a la actora quien resultó vencida (cfr. art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del art. 197 de la L.P.T.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia