Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2021-48587563-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $850.912 (pesos ochocientos cincuenta mil novecientos doce) equivalente a 94,54 (noventa y cuatro con 54/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $2.127.280 (pesos dos millones ciento veintisiete mil doscientos ochenta) equivalente a 236,34 (doscientos treinta y seis con 34/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del contador Gustavo Alberto Yañez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $745.632 (pesos setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y dos) equivalente a 82,84 (ochenta y dos con 84/100) UMA la que queda a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-81902113-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Agosto de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2021-48587563-APN- SGAI#TFN, caratulado “NASIM ZEITUNE S.A s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a mediante RE-2021-48583514-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 25 de marzo de 2021, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la AFIP- Dirección General Impositiva, donde se determinó de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2015 y 2016 con más intereses resarcitorios, dejando constancia de la eventual aplicación de sanciones conforme a lo dispuesto por la ley N°24.769.
Plantea la improcedencia del ajuste, con fundamento en que no existe el detalle de cómo se confeccionó el índice que da origen al mismo, haciendo una comparación con el ajuste efectuado a otro contribuyente y señala que se llega a índices diferentes. Destaca que el ajuste solo se realizó en base a una actividad que desarrollaba, esto es la venta por menor de prendas y accesorios de vestir, pero no se tuvo en cuenta las restantes, aunque si se aplicó dicho índice a la totalidad de las ventas e ingresos del ejercicio.
Hace notar que el ajuste es por el impuesto a las ganancias, y no así por el IVA cuestionando por qué el margen de rentabilidad es aceptado en un impuesto y no en otro. Se agravia del tratamiento que se le confirió a la prueba informativa y pericial contable por su parte propuesta.
Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
II. Que mediante IF-2021-75579267-APN-DTD#JGM, contesta el traslado conferido el Fisco Nacional. Señala en primer término que las distintas pruebas fueron valoradas por el juez administrativo, indicando que la documental fue considerada y agregada, que se rechazó la producción de la informativa, y la pericial contable por entender que su producción era dilatoria, aclarando que para la determinación se tuvo en cuenta la documentación contable que fuera acompañada por la recurrente.
Respecto al ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias, indica que toda vez que no contaba con documentación de respaldo de sus operaciones impugnadas y que los índices de rentabilidad neta exteriorizados en sus declaraciones juradas, del citado impuesto para los periodos ajustado, resultan inferiores a los promedios, que surgen de las bases de AFIP, se consideraron estos últimos, conforme las previsiones del art.18 de la ley de rito.
Explica, frente a los agravios puntuales acerca de los índices utilizados, que la actividad principal declarada es la de “venta al por menor de prendas y accesorios de vestir NCP”, y la jerarquización de las actividades se realiza según el ingreso de cada una en las que se encuentra inscripta, por lo tanto, la actividad principal es la que proporciona mayores ingresos. Además, realiza un análisis de la normativa aplicada.
Acerca de la comparación que realiza la actora con la actividad y los índices referidos a otro contribuyente que tendría la misma actividad, el apoderado fiscal pone de resalto el secreto fiscal que prevé de la ley 11.683 (t.o. vigente) y agrega que los ajustes practicados en cada caso se corresponden con determinadas circunstancias y características propias de cada contribuyente.
Solicita se tengan por consentidos los intereses aplicados en la resolución apelada toda vez que la actora no plantea agravios respecto de los mismos, ni contra el cálculo. Se opone a la prueba ofrecida por la contraria, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas.
III. Que mediante PV-2021-83069106-APN-VOCX#TFN, se elevan los autos a consideración de la Sala “D” a fin de resolver la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional y mediante IF-2021-91961416-APN- VOCX#TFN, se dicta sentencia donde se rechaza la excepción planteada, y se declara la procedencia del recurso incoado, con costas por su orden.
Que mediante PV-2021-102050658-APN-VOCX#TFN se abre la causa a prueba, admitiéndose la prueba pericial contable, encontrándose agregado dicho informe en IF-2022-18622229-APN-DTD#JGM.
Por medio de PV-2022-30834377-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio, y se elevan los autos a consideración de la Sala “D”. Mediante IF-2022-33576311-APN-VOCX#TFN se ponen los autos para alegar, agregándose las presentaciones realizadas por las partes a tal fin como IF-2022-35418142-APN-DTD#JGM e IF- 2022-40075174-APN-DTD#JGM.
Finalmente, por IF-2022-80783633-APN-VOCX#TFN se pasan los autos para dictar sentencia.
IV. Que por medio de IF-2021-75587817-APN-DTD#JGM, se encuentra agregado el cuerpo II de las actuaciones administrativas correspondientes al impuesto a las ganancias, donde a fs. 233/245 obra el informe final de inspección. Del mismo surge que Nasim Zeitune S.A. declara como actividad principal la “venta al por menor de prendas y accesorios de vestir NCP” y cierra sus ejercicios económicos el 31 de agosto de cada año. Respecto al impuesto a las ganancias los inspectores señalan que de las declaraciones juradas presentadas por la recurrente surge un índice de rentabilidad neta/ ventas del 0.04 para el ejercicio 2015 y de 0.03 para el 2016, precisando que del cotejo de dichos índices con los que resultan del resto de las empresas que desarrollan la misma actividad y en la misma zona donde se encuentra inscripta, obtuvieron como índices BAFIS de rentabilidad neta correspondientes a los períodos en cuestión el de 0.12 para el período 2015 y de 0.15 para el 2016. Asimismo, hacen notar que los bienes facturados por los proveedores analizados son los correspondientes a su actividad principal; y agrega que la recurrente no posee Libros Diario General, ni de Inventario y Balances y por lo tanto al no tener contabilidad rubricada, se consideraron los índices obtenidos a partir de la labor de fiscalización.
V. Que corresponde referirse a los agravios efectuados por la recurrente.
Plantea que el ajuste se efectuó sólo respecto del impuesto a las ganancias, y no por el IVA, lo que resulta contradictorio. Al respecto resulta atinente señalar que del análisis de las actuaciones -puntualmente del informe final de inspección agregado como IF-2021-75587817-APN-DTD#JGM-, surge que luego del análisis realizado respecto del IVA, se proyectaron por la fiscalización las declaraciones juradas del impuesto referido por los períodos 2015 y 2016 y los papeles de trabajo correspondientes, los que se pusieron a disposición de la recurrente. Asimismo, en oportunidad de contestar el traslado que se le confiriera del recurso aquí incoado, el Fisco Nacional informa que respecto al IVA la recurrente se acogió a una moratoria. Que sin perjuicio de ello, lo cierto es que en autos la única resolución apelada es la del impuesto a las ganancias, y las actuaciones administrativas corresponden a dicho tributo. Ello así y conforme lo analizado, contrariamente a lo sostenido por la actora, el IVA fue ajustado en los mismos períodos que aquí se discuten, escapando de la órbita de esta Juzgadora la posición que fuera tomada por el apelante respecto al ajuste por dicho impuesto, lo cual no interfiere en el análisis de la cuestión aquí en debate.
Que en punto a lo manifestado con relación al tratamiento que se le habría dado a la prueba ofrecida por la recurrente en sede administrativa, corresponde hacer notar que del acto apelado surge que el juez administrativo se expidió sobre la pertinencia de la documental, informativa y pericial contable propuestas, indicando que la primera de ellas fue tenida en cuenta y se encuentra agregada en las actuaciones y en lo que hace a las restantes, expone las razones por las cuales considera que resultan meramente dilatorias (RE-2021-48583863-APN- SGAI#TFN, pág.15). Que frente a ello no se evidencia que la actora haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo, puesto que para ello es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. Por otro lado, ante esta instancia, también tuvo la posibilidad de ofrecer la prueba que considerara conducente, y fue admitida la producción de pericia contable, la que luce agregada en estos actuados. Que también la recurrente opone la improcedencia del ajuste con fundamento en que no existiría el detalle de cómo el Fisco llegó al índice que utiliza para proyectar el ajuste y hace una comparación con otro contribuyente, ofreciendo para ello la producción de una pericia contable.
Que el informe pericial se encuentra agregado en autos a través de IF-2022-18622229-APN-DTD#JGM, allí los peritos expresan que el único Libro que tuvieron a disposición es el Inventario y Balances Nº 3. Que como único punto se les pidió a los expertos que, de la compulsa de la documentación fiscal y contable del período 2014 a 2018, informen cual fue en cada período, el margen de utilidad bruta sobre ventas exteriorizada por la firma recurrente. Al respecto, ambos peritos responden que los márgenes de utilidad bruta surgen de la transcripción de los Estados contables de los períodos involucrados y dan el correspondiente detalle para cada año, evidenciándose que para cada uno de los años los márgenes rondan en el 30% aproximadamente. Que, unilateralmente el perito a propuesta de la recurrente agrega, fuera de los puntos ofrecidos y admitidos, un detalle de gastos llegando al margen de utilidad neta, señalando que lo hace “con el objeto de ayudar a esclarecer la verdad de los hechos litigiosos” (sic).
Que mediante IF-2022-21760295-APN-DTD#JGM, la representación fiscal informa la recepción del informe e impugna lo agregado por el perito designado a propuesta de la actora a continuación del punto de pericia, con fundamento en que lo allí expuesto excede la tarea que le fuera asignada. Que resulta atinente la impugnación efectuada por el Fisco Nacional ya que, en definitiva, las conclusiones a las que arriba el perito propuesto por la actora no pueden ser tenidas en cuenta, en tanto, cualquier consideración que se efectúe más allá de las que estén delimitadas por los puntos sometidos a su dictamen, resultan improcedentes y deben ser desestimadas de plano y por lo tanto debe admitirse la impugnación realizada por la representación fiscal.
Al respecto se ha sostenido que el juez tiene la plena facultad de establecer el valor probatorio de la pericia, y estimar la fuerza probatoria no es otra cosa que verificar los juicios del experto mediante un análisis lógicognoselógico de este fenómeno que se denomina peritaje y del seno del cual surgen los juicios que constituyen el dictamen (conf. CNEsp. Civil y Com., sala IV, agosto 31-1983, ED, 107-356). La fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser apreciada por el juez en concordancia con las leyes de la sana lógica y demás pruebas. Que del análisis de las actuaciones administrativas, más precisamente el cuerpo II del impuesto a las ganancias (IF-2021-75587817-APN-DTD#JGM) se observa que la inspección fue detallando todos los parámetros utilizados hasta llegar al ajuste y los índices aplicados, especificando en las planillas “Impuesto a las Ganancias– Período Fiscal 2015 – Determinado por Inspección” e “Impuesto a las Ganancias- Período Fiscal 2016– Determinado por Inspección” que las fuentes utilizadas son: “papeles de trabajos confeccionados por inspección, EECC cerrados el 31/08/2015, Índice eBafis y DDJJ presentada por la contribuyente” (sic) fs.211 y 225 de las citadas actuaciones. Que, asimismo, la actora para rebatir dicho ajuste simplemente aporta la prueba pericial contable donde se requirió a los peritos se expidan sobre un único punto y donde solo se puso a disposición el Libro Inventario y Balances Nº3, por lo que por sí sola dicha probanza resulta insuficiente para desvirtuar el criterio fiscal. Que por último, respecto a lo manifestado por la actora en punto a que únicamente se tuvo en cuenta la actividad principal y no así las restantes al momento de aplicar el índice correspondiente cabe señalar que no es objeto de discusión -como se mencionara surge del informe final de inspección- que la actividad principal por su parte declarada es la de “venta al por menor de prendas y accesorios de vestir NCP” y de la planilla AFIP- Sistema Registral – Reflejo de Datos Registrados, en el rubro datos de actividad económica surge que la misma se encuentra en el primer orden (IF-2021-75586826-APN-DTD#JGM FS.194/196). Que igualmente, como bien señala la representación fiscal, el criterio del Fisco para unificar sus distintas actividades se basa en lo que surge de la RG AFIP 3537/2013, donde en el Anexo (Artículo 1°) Clasificación y Codificación de Actividades, bajo el título de Jerarquización de actividades, se especifica que:
“Actividad principal: la que proporciona los mayores ingresos. Actividad/es secundaria/s: la/s que le/s sigue/n en orden de importancia a la actividad principal, según el mismo criterio. Cuando se produce igualdad en los ingresos de actividades diferentes, para determinar la precedencia se incorporan los conceptos de habitualidad y regularidad en el desarrollo de las mismas, vale decir, que se asigna prioridad a los procesos que se efectúan y/o servicios que se prestan y/o productos que se extraen, manufacturan y/o comercializan con mayor frecuencia. En la aplicación del criterio de excepción según el concepto remuneraciones, se considerará actividad principal la que insuma mayores gastos en personal. Las actividades secundarias serán la/s que le sigue/n en orden de importancia a la actividad principal, según este mismo criterio.”
Que sobre el planteo que formula la actora respecto de que el Fisco habría obrado de distinta manera en ocasión de determinar la obligación fiscal de un tercero que también tendría como actividad la venta por menor de prendas y accesorios, dado que a ese contribuyente se le habría atribuído una rentabilidad de 0,12 para el ejercicio 2016 y para la recurrente el índice aplicado fue del 0,15; al respecto, cabe señalar que no puede efectuarse una comparación lineal respecto de la situación del aquí recurrente con el tercero que trae a colación dado que, no se cuenta con la totalidad de elementos que tuvo en cuenta el Fisco para arribar a esa conclusión en el caso del tercero referido, a lo que cabe agregar que, según el relato de la actora dicha empresa solo realizaría la actividad de venta de prendas y accesorios, mientras en el caso bajo examen es la propia firma recurrente que hace expresa mención a que realiza otras actividades, por lo que la comparación que intenta realizar no resulta hábil a los fines de desvirtuar el accionar fiscal.
Ello así, cabe concluir que la inspección actuó conforme a los parámetros aludidos, y lo cierto es que la recurrente tampoco aportó elemento alguno que demuestre que su actividad principal o la que le proporcione mayores ingresos sea una diferente a lo ya mencionado, sustentando su discrepancia en meras afirmaciones dogmáticas.
VII. Que el caso bajo examen es, en definitiva, una cuestión de hecho y prueba, por lo que la recurrente debió tomar los recaudos suficientes para cumplir con determinadas formalidades propias de las relaciones económicas entre terceros. Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio, todo ello a fin de evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo -como ya se dijo-, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del ente fiscal. Es por dicha razón, que si el actor no contaba con documentación respaldatoria de lo por su parte alegado, resultó válido el proceder del Organismo Recaudador de recurrir a las presunciones establecidas en la ley para determinar su obligación impositiva (conf. CNACAF -Sala IV- in re: "Rodríguez, Luis A. -TF 15.728-I- c/DGI" del 6/8/2002), debiendoseñalarse que, conforme surge de las actuaciones y del acto administrativo aquí apelado, la actora cumplió parcialmente con los requerimientos cursados y tampoco aportó su contabilidad rubricada (vide RE-2021-48583863-APN-SGAI#TFN pág.6), Que si bien este Tribunal -conf.art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión . Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN - in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
Como consecuencia de lo expresado, corresponde confirmar el criterio fiscal plasmado en la determinación de impuesto recurrida en autos.
VI. Que también procede el cálculo de los intereses resarcitorios toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), y que la actora no ha formulado agravios contra su imposición ni tampoco impugnó el método empleado para su liquidación, debiendo confirmarse aquellos expresados en la resolución del impuesto a las ganancias.
IX.-Que de acuerdo con lo apuntado, y teniendo en consideración que la actora no ha arrimado medios de prueba concretos en sustento de sus dichos corresponde admitir las conclusiones a las que arriba el juez administrativo y en consecuencia se confirma la resolución apelada en cuanto determina el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2015 y 2016, con más intereses. Las costas se imponen a cargo de la vencida.
La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $850.912 (pesos ochocientos cincuenta mil novecientos doce) equivalente a 94,54 (noventa y cuatro con 54/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $2.127.280 (pesos dos millones ciento veintisiete mil doscientos ochenta) equivalente a 236,34 (doscientos treinta y seis con 34/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del contador Gustavo Alberto Yañez por su desempeño en autos como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $745.632 (pesos setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y dos) equivalente a 82,84 (ochenta y dos con 84/100) UMA la que queda a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y la labor pericial realizada conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.08.08 08:09:16 -03:00 Date: 2022.08.08 11:46:03 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.08 12:52:34 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.08 12:52:35 -03:00
Fin de la sentencia