Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa N-1.901/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el actor Sr. Rodolfo Ernesto Naumann a fs. 862/903 y, por consiguiente, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 905 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: N-1.901/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.077.-
Actor: NAUMANN RODOLFO ERNESTO Demandado: LAPEYRE HUGO Y OTRO Objeto: DIVISIÓN DE CONDOMINIO Fecha: 24-9-14 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.077.-
FOLIO Nº 5.007/5.011.-
PROT. ELECT. TSS1 047 I.141
Río Gallegos, 24 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “NAUMANN RODOLFO ERNESTO c/ LAPEYRE HUGO Y OTRO s/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO”, Expte. Nº N-8.244/04 (N-1.901/13-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 862/903 por los letrados apoderados del actor Sr. Rodolfo Ernesto Naumann, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 845/857 vta.. Esta última declaró la nulidad de la sentencia de Primera Instancia, y rechazó la acción de división de condominio, con costas a la actora.- El recurrente afirma que “…los Camaristas intervinientes han hecho sobradas referencias a las pruebas, dándole una interpretación inadecuada; tal así dando por inamovibles y ciertas las constancias del certificado de dominio emitido por el Registro competente sobre el inmueble cuya división se solicita.
Si la inscripción en el Registro es de carácter declarativo, el hecho de figurar una persona como condómino en dicho organismo, no significa que no lo haya cedido por cualquier forma imaginable o que no lo haya abandonado…” (confr. fs. 888 vta./889). También señala que se han omitido las disposiciones de los artículos 2698, 3410 y 3463 del Código Civil. Sostiene que la acción de división de condominio es personal, y no real como menciona la Cámara, citando doctrina en este sentido, y que la sentencia en crisis confunde legitimación activa con la pasiva (confr. fs. 889). Entiende que él tenía “…plena legitimación activa y los que se presentaron a contestar, en especial el codemandado LAPEYRE, tenían legitimación pasiva.
Lapeyre por ser sucesor universal de su padre y Katic por considerarse sucesor singular de este último…”, y cita jurisprudencia (confr. fs. 889 vta.). Sostiene que se pretende “…ligar el juicio de división de condominio a la ejecución de sentencia que corresponda promover a posteriori de aquel. La división de condominio es independiente de la ejecución de sentencia que decretó la disolución…” (confr. fs. 890). Analiza el supuesto en que un condómino desaparece o decide abandonar su cuota parte del inmueble en copropiedad, entendiendo que se deben aplicar los artículos 3463 y cctes. del Código Civil, y el artículo 320 del CPC y C. Expresa que el actor no se encontraba obligado a seguir las estrategias laborales que le fija un magistrado conforme a su previa experiencia profesional, entendiendo que “…Nadie puede impedir que todas aquellas buenas sugerencias que, para las partes de autos, hizo el distinguido Camarista a los fines de encarar la división de marras, no pueden hacerse en la ejecución de sentencia, juicio en el cual incluso podría llegarse a un acuerdo de partes…” (confr. fs. 891).
Señala que “…Ausente el condómino, el actor puede iniciar igual la división de una sucesión como de un condominio…” (confr. fs. cit.). Se agravia de la condena en costas sosteniendo que la sentencia en crisis viola el artículo 68 del CPC y C, al realizar una interpretación arbitraria y parcial del mismo. Expresa que para condenar en costas a la actora “…se basa en que las pretensiones deducidas por el actor no fueron acogidas y por lo tanto resulta vencido. Pero nada dice de las contrapartes, y de allí surge la violación al artículo 68 del CPr. por ser arbitraria y violatoria del principio de igualdad. No quedan dudas de acuerdo a la contestación de la demanda por parte de ambos demandados (Katic y Lapeyre) que ninguno se opuso a la demanda, ni pidieron el rechazo de la misma ni opusieron las defensas contempladas como excepción de legitimación pasiva.
Es más, todo lo contrario, solicitaron la división de condominio y pidieron la forma de partición en especie (Katic) y ofrecimiento privado y subasta (Lapeyre)…” (confr. fs. 892 vta./893). Cita jurisprudencia para fundamentar su postura. Afirma el recurrente que “…Resulta indudable la incongruencia de lo expuesto por los sentenciantes donde en el mismo párrafo manifiestan que no existe condominio y después tienen por acreditado que se encuentra inscripto en el registro pertinente el 12,5% a nombre de Hugo Edgardo Lapeyre. Es decir, ya acreditaron que Naumann y Hugo Edgardo Lapeyre tienen inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble el 87,5% y el 12,5% respectivamente configurándose un derecho real de condominio en los términos del artículo 2673 ss. y cc. y después manifiesta que no existe condominio…” (confr. fs. 898 y vta.).
Se agravia de que la sentencia al rechazar la demanda está creando “…una indivisión forzosa de hecho, ya que si el titular registral ha fallecido y el heredero resulta remiso a realizar los trámites sucesorios -o abandona su parte- dejaría al condómino en una situación de indivisión forzosa permanente violentando la normativa vigente…” (confr. fs. 899). Por último señala que “…nos encontramos frente a una sentencia que no resulta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que habilita su tacha de arbitrariedad consecuentemente, su descalificación como acto jurisdiccional válido…” (confr. fs. 901). Hace reserva del caso federal.-
II. Que, como paso previo, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad mínimos que debe sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial, considerando que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (confr.
Carnelutti, “Sistema del Derecho Procesal Civil”, v. III, pág. 639). Los requisitos formales, se insiste, hacen a la admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc. (confr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, L.E.P. SRL, pág. 183), significando ello en suma que, los requisitos de admisibilidad apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIV, Interlocutorio, Reg. 1807, Folio 2647/2649; ídem, Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).- Que, ello así, surge claramente la falta de acatamiento a un presupuesto inexcusable para la viabilidad del recurso como lo es la formulación de lo prescripto por el artículo 4to. inciso d) de la ley 1687, carga económica respecto de la cual debió hacer mérito la Excma.
Cámara de Apelaciones -en la oportunidad de efectuar a fs. 905 y vta. el pertinente juicio de admisibilidad- en orden a su trascendencia para la suerte del recurso en esta última instancia provincial; siendo este postulado, por otra parte, enmarcado dentro de supuestos de similares características y cuya dilucidación tuvo oportunidad este Tribunal de resolver en anteriores resoluciones (confr. Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 889, Folio 1038/1040; ídem, Reg. 896, Folio 1051/1053; ídem, Reg. 915, Folio 1083/1086; Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1213, Folio 1597/1601, entre otros).- Desde este particular cuadrante, cabe mencionar que a los fines del cumplimiento del recaudo formal del depósito para la interposición del recurso extraordinario de casación, debe tomarse el valor del pleito a los fines de su determinación, resultando palmario destacar que tal condición debe efectuarse en aquellas contiendas con un contenido económico determinable sobre las bases de pautas objetivas, tal como sucede en el caso sub examine.
En estas actuaciones, se interpone la presente acción para lograr la división del condominio de un inmueble, del cual el actor sería titular del 87,50% y que al menos por esa parte abonó U$S 75.000 (v. fs. 19). De esta manera, ya sea que se tome en cuenta el 100% del valor del inmueble o una de sus partes indivisas, y tras los lineamientos de la normativa citada, el depósito practicado a fs. 861 en el mínimo -$ 850- de la escala legal fijada por este Tribunal Superior - Dirección de Administración- mediante resolución registrada al Tomo: CLXIII, Reg. 60, Folio 63, del 12/08/08, resulta insuficiente a los efectos de cumplir con la exigencia del artículo 4to., inciso d) de la ley 1687, toda vez que debió abonarse el monto máximo -esto es $ 1.550-, ya que el 10 % de la suma en juego excede dicho monto.-
En este sentido ha dicho este Excmo. Tribunal “…que, el depósito participa de la naturaleza de una carga económica y de un requisito esencial sólo para la admisibilidad de este tipo de recurso, habiéndose ya decidido en concordancia con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que “no constituye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal, sino que importa una restricción procesal” (confr. Doct. de Fallos, noviembre 1983, p. 52 y DJBA 121:357). Como tal, esto es carga económica y forma limitativa de los recursos, debe -inexorablemente- revestirse de un cariz de actualidad que impida que los fundamentos fácticos del depósito -de naturaleza y finalidad absolutamente divergentes con la Tasa de Justicia- concluyan simplemente en una historicidad no deseada, con una efectividad final que redunde directamente en la hábil administración de justicia, en tanto y en cuanto la carga económica del depósito previo aparece como razonable en la forma y condiciones que se determinan…” (confr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2770, Folio 4313/4317).- También ha afirmado este Tribunal que “…la carga económica del depósito previo aparece como razonable en la forma y condiciones que se determinan…” y que “…no impide en modo alguno la libre defensa en juicio ni crea prerrogativa que pudiere considerarse contraria a la garantía de igualdad de la ley, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentren en las mismas condiciones…” (confr. SCBA, ac. y sent., 1959, v. III, p. 198; 1960, v. IV, p. 489, entre otros y TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1209, Folio 1589/1591, postura reiterada en la resolución inscripta Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2762, Folio 4291/4293). Queda entonces expositivamente claro, en base a los antecedentes juridíco-normativos y jurisprudenciales enunciados, la esencialidad con que se halla recubierto el requisito formal del depósito previo que la parte recurrente no ha cumplimentado de manera suficiente y eficiente, por lo que la inviabilidad del petitorio de la nombrada se torna palmario (confr. Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).-
III. Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto -lo cual resulta suficiente para el rechazo de la presentación efectuada- y en función del análisis preliminar del recurso articulado, se advierte que el recurrente enuncia impugnar el fallo por violación de la ley (art. 3 inc. a), ley 1687), y arbitrariedad.-
La Cámara entiende que al no haber demostrado los demandados ser titulares de un derecho real, no se puede hacer lugar a la acción de división de condominio. El recurrente estima que en virtud de las constancias de autos, las mismas resultan suficientes para acreditar la condición de condómino “…en especial el codemandado LAPEYRE… por ser sucesor universal de su padre y Katic por considerarse sucesor singular de este último…” (confr. fs. 889 vta.). Estas son circunstancias fácticas que incumbía acreditar a las partes, a través de las cuales la actora pretende recrear en este contexto la meritación y apreciación jurisdiccional, sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 880, Folio 1019/1021). Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, presentando su propia versión sobre las mismas sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1496, Folio 2093/2095, entre otros). Este Tribunal también ha dicho que “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (confr. Tomo XIX, Interlocutorio, Reg. 2463, Folio 3721/3724; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2618, Folio 3914/3917, entre otros).- En estas circunstancias el caso no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación, lo que no se advierte en el fallo recurrido.-
La pretensión del recurrente está dirigida a que se traten en esta instancia extraordinaria cuestiones relativas a la división de un condominio y de valoración de las circunstancias de hecho y prueba que las partes han traído al proceso y que han merecido ya la intervención de las anteriores instancias ordinarias. En este sentido, es dable señalar que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (confr.
Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. L.E.P. S.R.L., 1998, pág. 381/382).- Aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de arbitrariedad o violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que “…Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3038, Folio 4915/4919). El mismo criterio utilizado por la Cámara fue aplicado por distintos antecedentes jurisprudenciales, entre los cuales podemos citar: “…Es improcedente la acción de división de condominio si el derecho real se encuentra controvertido, pues es condición de la citada acción la existencia de una copropiedad debidamente reconocida…” (confr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, “Rossanigo, Alberto H. c. Guntren, Juan C”, 18/09/2002, Publicado en: La Ley Online Cita online: AR/JUR/6743/2002); “…no puede procederse a la división de un condominio cuando no existe dominio en común… Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la división del condominio recaído sobre un inmueble solicitado por un concubino, en tanto de las afirmaciones de las partes y la documental acompañada surge que en relación a aquel, sólo existe un derecho personal a obtenerse la escrituración… situación que impide tramitar la acción al amparo de los arts. 676 o 678 del Cód.
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Chubut” (confr. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, Sumario, “M., G. B. c. R., W. I.”, 11/04/2007, Publicado en: LLPatagonia 2007 (junio) , 1049, Cita online: AR/JUR/1243/2007).- Por lo que, considerando la decisión que adoptó la Cámara, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, citando jurisprudencia que avala su conclusión, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá de la discrepancia que pudiera tener la recurrente con la postura asumida por la Cámara.-
La fundamentación esgrimida en el recurso de casación no logra rebatir los argumentos con los que la Cámara sustentó su decisión en su contra. El recurrente ni siquiera se hace cargo de afrontar el razonamiento de la Cámara para intentar echarlo por tierra, simplemente basa su recurso en posturas repetidas a lo largo de todas sus presentaciones, sin asumir la tarea -que le compete si quiere lograr la apertura de la instancia extraordinaria- de rebatir todos los fundamentos sobre los que basa el juez su sentencia.- En sus precedentes, este Tribunal ha señalado que: “…La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que no puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario, la arbitrariedad de la sentencia si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común (confr. Fallos 352:2192).-
Este Tribunal ha establecido -en reiteradas ocasiones- que debe ser rechazado el recurso carente de fundamentación suficiente para sostener el embate (confr. Tomo VIII, Sentencia, Reg. 295, Folio 1595/1599; Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641).-
IV. Por último, respecto al agravio referido a la imposición de costas del proceso a la actora (confr. fs. 892 vta./897 vta.), la mayoría de los máximos tribunales de provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son, en principio, extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, 22/11/1996, “Fema S. R. L. c. Obras Sanitarias Mendoza”, Publicado en: LA LEY 1997-D, 324 - DJ 1997-3, 140; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 26/10/1993, “Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. y otros”, publicado en: LA LEY 1994-B, 264, entre otros). Se trata de asuntos de hecho, en el cual los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. LEP, 2a. ed., págs. 406/407 y 614).- Conteste con tal postura, este Tribunal tiene dicho sobre la materia bajo estudio que se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542; ídem, Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; ídem, Reg. 104, Folio 169/170; Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994).- En consecuencia, mientras no se observe que se ha producido alguno de los supuestos “ut supra” señalados, el tema de la imposición de las costas, no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994, y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-
III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximisión total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación (confr. DJBA, 117-165, 119-432, 120-26 y 411; ídem, SCBA, Ac. 32962 S 27-11-1984, Ac. 34847 S 11-10-1985, Ac. 38142 S 8-3-1988, Ac. 40276 S 5-9-1989, Ac. 44216 S 17-10-1990, Ac. 43835 S 7-5-1991, Ac. 50204 S 21-12-
1993, Ac. 53696 S 24-5-1994, Ac. 51141 S 7-3-1995, Ac. 57166 S 20-2-1996, Ac. 73489 S 17-10-2001, Ac. 84100 S 1-12-2004).-
Por lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación articulado por el actor, Sr. Rodolfo Ernesto Naumann, a fs. 862/903 y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 905 y vta., y tener presente la reserva del caso federal.-
Los Dres. Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al voto del Dr. Mariani.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi DISIDENCIA con la solución propuesta, por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación incoado por el actor, a tenor de lo dispuesto por el artículo 7º de la Sección 6ta., Capítulo IV -Recursos ante el Tribunal Superior de Justicia- ley 1687, considerando que corresponde declararlo bien concedido, ordenando poner los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada. Así lo voto.- Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de Ángeles Mercau y Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por el actor Sr. Rodolfo Ernesto Naumann a fs. 862/903 y, por consiguiente, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 905 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1047I.141 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.077.-
Folio N°: 5.007/5.011.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia