Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello y siendo el llamado a declaración indagatoria uno de los actos interruptivos de la prescripción el llamado a declaración indagatoria debo concluir que el delito de mención no se halla prescripto.
Además, es así que el Artículo 62 del código penal establece: La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; 2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años; 3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua; 4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal; 5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. (el resaltado me pertenece)
Por ello y tomando como referencia el día del hecho, el que sería el 12 de marzo del año 2023 y la pena establecida para el delito achacado esto es LESIONES LEVES CALIFICADAS Art.92 del C.P; cuya pena máxima establecida para el mismo sería de 2 años y teniendo en cuenta que el Sr. Juez de Instrucción realizo el llamado a declaración indagatoria del Sr. Navarro a fs. 14; el día 04 de febrero del año 2025, ello implica un acto interruptivo válido, conforme lo reglado en el Art. 67 del código penal: “…La …
TOMO: XX REGISTRO: 008 FOLIO: 097/125
Caleta Olivia, 07 de julio de 2026.
Estos autos caratulados: “NAVARRO JORGE EZEQUIEL S/AMENAZAS Y APLICACIÓN LEY 26485” Expte. Nº 61327/25, N° de Juzgado de Recursos 8456/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 67/74, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…PROCESAR A NAVARRO JORGE EZEQUIEL como autor penalmente responsable de los delitos de AMENAZAS (Art.149 bis, segundo párrafo C.P), DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL (Art. 239 C.P), ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD (Art. 237 del C.P) y LESIONES LEVES DOBLEMENTE CALIFICADAS POR MEDIAR VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA RELACIÓN DE PAREJA PREEXISTENTE, (Arts.89 en función de los Arts. 80 inc. 1 y 11 del C.P) Contra dicha resolución el Sr. Jorge Ezequiel Navarro, interpone recurso de apelación a fs. 79, motivándola la doctora Graciela Gutierrez a fs.81/82. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 83.
En esta instancia es mantenido a fs. 91 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso sostiene la defensa que el procesamiento omitió valorar el contexto de ofuscación, el tratamiento por alcoholismo y el estado emocional del imputado.
Afirma que las expresiones atribuidas constituyen insultos en una discusión y no amenazas penalmente relevantes por faltar seriedad, idoneidad y dolo específico. Destaca que el imputado solo pretendía ver a su hija y luego se retiró voluntariamente. En relación a la Desobediencia Judicial: Sostiene que existieron llamados y contactos promovidos por la denunciante, por lo que el imputado creyó que el acercamiento era consentido. Invoca error de tipo que excluiría el dolo.
Posteriormente se agravia del delito de atentado y resistencia a la autoridad. La defensa sostiene que la reacción física obedeció al estado de alteración del imputado y no a una voluntad deliberada de impedir el accionar policial, cuestionando la configuración típica. Se agravia a su vez del delito de lesiones leves calificadas. Se cuestiona la suficiencia probatoria por tratarse de un hecho antiguo sin testigos presenciales. Además, plantea la prescripción de la acción penal por el tiempo transcurrido entre el hecho y el procesamiento.
Impugna el monto del embargo por considerarlo desproporcionado respecto de la situación económica del imputado.
III.1.-Perspectiva de género. Subsunción:
razonabilidad, supremacía de la realidad y no arbitrariedad. (Conforme lo sostenido en los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCION M.J.” Expte. Nº 79507/22, N° de Juzgado de Recursos 7519/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, en los autos caratulados: “CACERES, MARIA VERONICA S/ DENUNCIA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Expte. Nº 79.811/22, N° de Juzgado de Recursos 7534/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, autos caratulados: "JUZGADO S/ INSTRUCCIÓN M.U.Q." Expte. Nº 74.415/20, N° de Juzgado de Recursos 7452/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, y en autos caratulados: "LOPEZ ISLAS, NADIA V. S/ Dcia. infracc. art. 119 C.P." Expte. Nº 27428/20, N° de Juzgado de Recursos 7451/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia) Iniciando el presente encuadre teórico, considero que, en cada causa en donde haya una mujer que sea una presunta víctima de actos de violencia de género en general y de abuso sexual en particular, se conjuga toda la historia social del “patriarcado” y del sometimiento de la mujer a la dominación del varón cis.
La valoración interseccional histórica y de la lucha por la liberación y la igualdad de la mujer, encarnada por todas las corrientes y movimientos feministas a lo largo de la historia, concluyen como punto de partida contextual e histórico para el análisis y valoración de una causa y la aplicación de la ley penal.
En los autos caratulados “ALMENDRA, SERGIO EMILIO S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género. Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello. Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica.
Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica. El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal (heterosexual). Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretexto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra. De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados al mismo.
El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorío que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofísico tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia. La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón. A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, está caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual).
Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género. Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo). Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos están fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos están surcados por el “discurso patriarcal”.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentario, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que está en el centro del análisis, si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional-Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactúan en el sistema...".- Este encuadre histórico y social que demuestra la desigualdad estructural de la mujer, no es solo un marco o herramienta teórica, de abordaje, como modelo de comprensión de una práctica surcada por el ejercicio y materialización de la violencia en varias de sus facetas, es primordialmente una guía de investigación estableciendo parámetros a acreditar para entender, en un caso concreto, si han existido vínculos de poder y en su caso, si los mismos fueron violentos, tal y como lo explicité en la causa citada y en innumerables casos en donde reproduje dichos argumentos.
Producir información sobre el contexto particular de la persona denunciante y víctima y el funcionamiento de las relaciones y los vínculos, permite reunir evidencia para la determinación del hecho punible.
Ahora bien, las normas constitucionalesconvencionales, que dan un encuadre teórico al análisis de un caso de violencia de género y constituyen en su aplicación, herramientas indispensables para abordar la investigación, la producción de información a través de las medidas probatorias, la valoración de ésta, y la interpretación de los conflictos, nunca pueden, por su sola invocación, suplir la falta de información en un caso penal, o la omisión probatoria, ni mucho menos la valoración de una conducta humana.
Decidir, basándose en la sola invocación de las normas y prescindiendo de la producción y análisis de la información que requiere un caso penal en contra de una persona, implica, directamente, el establecimiento de una presunción iuris et de iure para la determinación de un hecho punible, lo que vulnera las normas más elementales constitucionalesconvencionales de la garantía de debido proceso sustantivo y adjetivo, y de la defensa en juicio de la persona y sus derechos.
En los autos caratulados: “MORALES, VIVIANA V S/Dcia. Les. Lev.” Expte. Nº 29591/21, N° de Juzgado de Recursos 7298/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "… Debemos partir, para centrar de manera correcta el presente análisis, en base a los agravios que son la medida del recurso de apelación, que el artículo 294 del CPP. es claro al sostener que los autos de procesamiento y falta de mérito podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción, allende la posibilidad que también lo sea por vía recurso.- Sobre este piso como criterio rector, debe tenerse en cuenta que al momento de expedirme a fs. 145/149 sobre la situación procesal del imputado al 29 de junio de 2023, estábamos frente a dos relatos que se oponían entre sí.- De esta manera, tuve que valorar solo aquellas dos versiones de los hechos, concluyendo de esa manera que resultaba razonable apoyarnos en la versión aportada por la víctima, Sra.
V.M. pues sus dichos encontraban anclaje en el certificado médico que acreditaba las lesiones y en la existencia pasada de una relación con el imputado.- En esa resolución hice referencia, para confirmar la correcta lectura y análisis del A quo, de lo que entiendo es “juzgar con perspectiva de género”, por lo que, y en el marco del análisis probatorio, entendí que la decisión del A quo era acertada.- De la misma manera lo entiendo ahora. La prueba agregada en autos, no solo la fotográfica sino y en especial la declaración testimonial de la Sra. B., permiten confirmar el análisis realizado por el A quo y la decisión que el mismo adoptó en base al mismo.- Quizá habría que aclarar que la perspectiva de género, tal y como lo señale en el auto anterior, es el punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto, pero ello no establece, ni puede hacerlo, presunciones “iuris et de iure”, respecto de las personas que se ven insertas en dicha conflictiva, como parece pretender la recurrente en su planteo, señalando que el auto del A quo no tiene en cuenta dicha perspectiva.- Con la información que se contó al momento de resolver la situación procesal por primera vez, la lectura racional del conflicto, llevo a sostener, perspectiva de género mediante, que el temperamento adoptado era el indicado.-Que ahora se resuelva en sentido contrario no tiene que ver con un cambio infundado de criterio del A quo ni del suscripto, por el contrario.-La nueva información también se analiza desde la misma perspectiva, pues en autos, quien aporta la información que es conteste con los dichos del imputado, es una mujer que, al momento de los hechos, tenía una relación afectiva con el imputado.-Analizar un caso con perspectiva de género, implica valorar la información que aporta la prueba, partiendo de la base de dejar de lado los estereotipos de género que se han utilizado para impedir que los actos de violencia contra la mujer, no solo se sancionen sino que directamente no se investiguen.-Juzgar utilizando estereotipos de género en perjuicio de una mujer o de personas pertenecientes a otras diversidades sexuales, implica el alejamiento de la verdad que es el motivo esencial del proceso penal (art. 185 inc. 1° del CPP.) de la misma manera que implicaría establecer estereotipos fundados respecto de los varones cis, por su condición de tal.-Lo que está en juego es el principio de igualdad como no discriminación y como no sometimiento, y ese principio debe velar porque no se apliquen al juzgar los clásicos estereotipos de género contra las mujeres y otras diversidades sexuales, ni tampoco generar nuevos estereotipos que den por sentado hechos, (presunciones iuris et de iure), asociados a las personas solo por su condición de tales y por sus características, dejando de acreditar, con información agregada por la prueba sustanciada, que fue lo que hizo.-La nueva información aportada permite establecer que los indicios que se tuvieron en cuenta para decidir sobre la existencia de probabilidad positiva, en el primer momento, hoy han variado y los mismos, conforme la declaración de la Sra.
B., dan sustento a las afirmaciones ejercidas por el imputado en su defensa material.".-
En este orden de ideas, las herramientas normativas para la interpretación de los hechos y para la aplicación de la ley “lato sensu”, establecen pautas de hermenéutica en base a diferente universos de personas indeterminados (categorías, grupos, colectivos o minorías) y dan un encuadre describiendo la generalidad de los fenómenos y comportamientos sociales, en base a una forma determinada de ejercicio de poder entre las personas.
Ahora bien, cuando se aborda el análisis de una causa penal determinada con perspectiva de género, debemos tener en claro que las personas en conflicto tienen una identidad propia y una historia vital, que las diferencia del resto de los integrantes de una determinada categoría analítica, y que las funcionalidades sociales se plasman y materializan en forma individual, conforme las características personales de cada protagonista de un hecho punible (víctima y victimario).-
No se puede perder de vista las condiciones, tanto estructurales como coyunturales; y las que hacen a la identidad de cada persona en conflicto con la ley penal, pues de lo contrario estaríamos decidiendo en razón de categorías de personas y de conflictos, considerados teóricamente, en lugar de resolver la conflictividad propia de las personas involucradas en una causa penal, con sus rasgos característicos de identidad, los que son esenciales a la hora de valorar la gravedad del hecho punible y la culpabilidad, en el acto juzgado, de la persona. En los autos caratulados: “JUZGADO S/INSTRUCCIÓN C.D.C.” Expte. Nº 74.920/20, N° de Juzgado de Recursos 7052/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "A diferencia de la Defensa, entiendo que el testimonio de la niña que denuncia el delito a manos de su padre, si bien es creíble, debe además, fundarse en información que, reitero, en la presente causa no se encuentra agregada y que deberá ser motivo de continuidad de la investigación.
Sobre este piso de marcha, en los autos “B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL”, Expte. Nº 5901/18 (B-1163/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "En relación a la falta de motivación de la autoría y de la participación de B.M.R. en los hechos investigados, planteada por la Defensa Oficial, del análisis efectuado de la sentencia dictada, ello no se advierte pues nos encontramos frente a la investigación de un delito de muy difícil comprobación que en la mayoría de los casos – como ocurre en la presente causa- solo se cuenta con el relato directo de la víctima.
Esto lleva a que la prueba que pudo recolectarse deba ser valorada en forma rigurosa y con una visión global de todos los elementos existentes. Este criterio igualmente fue sostenido por diferentes autores que refieren que: “…a la hora de resolver, se debe tener particularmente en cuenta la dificultad probatoria que impera en este tipo de delitos, teniendo en cuenta el ámbito de intimidad en donde suelen ser realizados. Así es importante observar lo manifestado por nuestro más Alto Tribunal al sostener que 'la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados' (CSJN, V.120, XXX, 'Vera Rojas, Rolando', del 15/5/97).
Por lo tanto, considero que no existen razones valederas para desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria que revisten las declaraciones de los calificados testigos 'únicos'. Es que ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que ellas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo…” (Ordoñez Pablo, (2020), Medios de prueba, t. 2. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 220)….” … Ello es así pues de la lectura de la sentencia, en lo que se refiere concretamente al aspecto que se está analizando, se advierte que la misma cumple con los requisitos exigidos en el art. 382 del Código Procesal Penal de la provincia y que la valoración efectuada por los Magistrados de la prueba producida en el debate para fundar la sentencia fue conforme a las reglas de la sana crítica.
Entendiendo esta como “…la plena libertad para el convencimiento de los jueces, reconociendo como límite el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común… por lo que es exigible que las conclusiones a que se arribe en la sentencia sean el fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que aquélla se funde sólo permita arribar a esa única conclusión y no a otra…” (Daray Roberto R. y Navarro Guillermo Rafael, 'Código Procesal Penal de la Nación', 3 tomos. Argentina:
Hammurabi, 2019. Tomo 3, págs. 187/188)." (La negrita es de mi autoría).- Con el rigor exigido por el Cimero Tribunal Provincial, la información aportada por el testigo único debe ser valorada con el resto de la información aportada por los distintos medios probatorios, para determinar los hechos, con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. El criterio valorativo impuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, implica apartarse de todo dogmatismo y prejuicio al resolver una causa y analizarla conforme la información que la misma posea.".
Ilustra lo expresado respecto de la valoración del testimonio de la víctima y la producción de otros medios probatorios, la Dra. Julieta Di Corleto, quien en un trabajo que publicó en el libro “Género y Justicia Penal” de Ediciones Didot, del cual fue su compiladora, denominado “IGUALDAD Y DIFERENCIA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA: ESTÁNDARES PROBATORIOS EN CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO”, en la pág. 296, al señalar que: “Sin modificar los criterios de valoración de la prueba incorporados en los códigos procesales, la sanción de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales ha coadyuvado en la contramarcha de ciertos sesgos de género en la recopilación y mensuración de la prueba.
(Di Corleto, 2015) en especial los artículos 16 y 31 otorgan a los órganos judiciales amplias facultades para ordenar e impulsar la investigación y disponen el principio de amplitud probatoria “teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”. Asimismo, reclaman a los jueces que consideren los indicios graves, precisos y concordantes que surjan, lo cual invita a realizar un análisis sobre el contexto. En consecuencia, estas normas no habilitan la condena sobre base de “testigos únicos”, sino que obligan a considerar las declaraciones de las víctimas, pero también a realizar investigaciones eficientes que permitan recolectar toda la prueba relevante para la determinación del hecho.
En sentido jurídico, mientras “prueba” es cualquier elemento que pueda ser de utilidad para la determinación del hecho (Taruffo, 2011:319); su relevancia se mide en función de si permite fundar, por sí solo o conjuntamente con otros elementos, una conclusión sobre la verdad del enunciado fáctico (Ferrer, 2007:71) Se ha insistido en el hecho de que los casos de violencia de género enfrentan algunas dificultades probatorias en razón de que, en general, no deja evidencias físicas, se ejerce en espacios donde predomina el silencio y el miedo, y donde no hay personas que puedan actuar como testigos. Todo ello justifica que la fuente de comprobación del delito se remita primordialmente a la declaración de la víctima, pero no implica que deba ser la única prueba que fundamente una condena.
En síntesis, en casos de violencia de género, una investigación seria y eficiente debería tomar en cuenta la declaración de la víctima y procurar acercar otros elementos de prueba,…”.-
Además de lo expresado, es menester señalar que una situación es la desigualdad estructural de la cual se parte, al analizar un caso con perspectiva de género, y otra muy distinta es el estado de vulnerabilidad en el cual se puede encontrar una mujer, conforme los vínculos y relaciones en los que se encontrare inmersa.
El estado de vulnerabilidad se establece en cada caso en particular, de un análisis de los mecanismos de poder ínsitos en cada relación, los que imponen un comportamiento de los individuos que están, muchas veces, surcados por imposiciones, prohibiciones, castigos, violencia psicológica, material y económica, etc., estableciendo normativas internas que terminan degradando la integridad de las mujeres, y afectando seriamente la autonomía de la voluntad y la libertad de decisión y actuación de las mismas.
Descartado esta situación concreta de vulnerabilidad en un caso determinado, la autonomía de la voluntad y la libre determinación, -conforme lo normado en el artículo 19 de la CN.-, de la mujer, no puede ser puesta en crisis, de manera generalizada por la desigualdad estructural, pues ello sería establecer una mirada condescendiente y paternalista respecto de la misma, y un inconfesable tratamiento de menor valía frente a un varón cis.
En los autos caratulados: “LEIVA ANTONELLA ABIGAIL S/ DENUNCIA” Expte. Nº 18989/23, N° de Juzgado de Recursos 7190/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "III.-Que establecidos los agravios debe ingresarse al estudio del hecho y la prueba que motivaron el dictado de la resolución cuestionada. Efectuando un racconto de las constancias agregadas al legajo y en lo relativo al delito de abuso sexual que fuera relatado por la denunciante, se observa la existencia de un escollo procesal que impide la prosecución de las actuaciones en lo atinente al tipo penal reseñado. Observando las declaraciones efectuadas en sede policial de fs. 01 y vta. , 11 y vta. en las que la damnificada narra hechos que podrían quedar inmersos dentro del tipo penal de abuso sexual y amenazas, al momento de ser consultada, solo insta la acción penal por el delito de amenazas, lo que resulta intrascendente, pues se trata de un delito de acción pública.
Lo concreto es que no se expresó sobre la instancia de la acción penal respecto al delito de abuso sexual que denunció en la sede prevencional. Que a fs. 32/33 -al prestar declaración testimonial en el Juzgado, A.A.L., hizo un relato describiendo de manera extensa y detallada, todo lo vivido en esa oportunidad, en especial los actos de abuso sexual realizados por parte de S.. Sin embargo, en esa oportunidad, al ser preguntada, por primera vez, sobre su deseo de instar la acción penal por el abuso sexual, se pronunció de manera negativa. Vale decir que, reitero, al ser interrogada la primera vez sobre la instancia de la acción penal respecto del abuso que ella habría sufrido, expresó claramente su negativa, cayendo sus razones en el ámbito de su autonomía de la voluntad personal, que no puede ser avasallado, pues hace al principio de reserva (art. 19 de la C.N.).-Sobre el presente tópico, he resuelto cual es el criterio rector sobre este instituto de derecho procesal, regulado en el código de fondo… Sentado ello, comparto la decisión emitida por la Sra.
Jueza subrogante, respecto de la instancia de la acción penal, tal como ha quedado expresado del precedente transcripto, el que he reiterado en varias oportunidades. Ahora bien, el planteo del Sr. Agente Fiscal, merece un análisis riguroso, pues el mismo invoca normas del derecho constitucional-convencional y creo que hace centro en un derecho humano elemental, como es la libre y autónoma determinación voluntaria de la persona, en especial referencia a la mujer. Y en base a ese marco normativo, pretende que la decisión expresada libremente y sin sospecha alguna de un estado de vulnerabilidad de la víctima, libre de violencia y coacción alguna, sea dejada de lado, y que se continúe con la investigación del delito de abuso sexual en contra de su voluntad expresa.
Frente a ello, considero que el principio de la autonomía de la voluntad debe ser asegurado a cada ser humano, sin distinción de condición alguna, es decir que, la mujer y otras diversidades, tiene el mismo derecho a ejercer libre y autónomamente su voluntad expresando, como lo hizo en este caso, su intención de no proseguir con la causa, lo que debe ser respetado, al igual que lo es la decisión de un varón cis. La denunciante expresa libremente su decisión de no participar en un proceso en donde la tenga como el principal órgano de prueba, y la ley penal le otorga la posibilidad de decidir instar o no la acción penal. Ello no es facultad del Estado, máxime cuando no se evidencia estado grave de vulnerabilidad, de sometimiento, o un vínculo con el agresor que pueda modificar su decisión, en su propio perjuicio.
Que el Sr. Agente Fiscal haya formulado requerimiento, no implica que el mismo prospere, si la instancia penal no se ha realizado por parte de la víctima. El principio de la autonomía de la voluntad, no puede ser interpretado como en el siglo XIX, pues a partir del desarrollo de los Derechos Humanos en todo el siglo XX y lo que va del presente, la autonomía de la voluntad fue reconfigurando su contenido, el que no puede ser encorsetado en las pautas establecidas en las viejas dicotomías entre derecho público y privado, sino y por el contrario, debe ser analizado a la luz de todas las normas que establecen condiciones de ejercicio evaluadas con las que establecen derechos fundamentales de la persona humana.
Ello implica, según los casos, darle una preeminencia distinta de la que podría considerarse en otro momento, o por el contrario restringir el mismo en pos de derechos fundamentales del ser humano y que hacen a su condición de tal. Los derechos de la mujer, correctamente invocados por el Ministerio Público Fiscal, implican la obligación del Estado de brindar protección y asegurar la tutela judicial efectiva. No solo son normas de orientación y hermenéutica, son verdaderas garantías y derechos que los estados deben respetar y hacer cumplir, pues su declamación, si bien es siempre un adelanto, de nada sirve si el Estado a través de cualquiera de sus tres poderes-funciones no efectiviza su cumplimiento en cada caso concreto.
Ahora bien, su materialización debe hacer eje en la decisión, libre de toda violencia y alejada de cualquier grave estado de vulnerabilidad, de la persona humana y debe respetarla, en especial, en los casos en los cuales el legislador le ha dado el ejercicio de la opción de instar la acción penal o no hacerlo, y no puede, so pretexto de invocar la tutela judicial efectiva, trastocarse y tergiversarse los principios, para desconocer esa facultad que el mismo orden jurídico le otorga, y proceder de oficio prescindiendo de su libre y autónoma voluntad de elegir. Y cuando analizamos las normas que establecen un régimen protectorio del derecho a la igualdad de trato a la mujer, debemos tener en claro que todo el “bloque de legalidad” constitucionalconvencional no solo está destinado a protegerla de los actos discriminatorios de los particulares, sino y en forma directa y principal, de los actos de los propios Estados a través de sus tres poderes-funciones.
Prescindir de la decisión de la denunciante, que se niega a instar la acción penal, para sustanciar el proceso sin su consentimiento, es un acto directo de discriminación estatal contra la mujer, pues se apodera de su libre decisión, la instrumentaliza y cosifica, y la utiliza para llevar adelante un proceso, que va de suyo, será iatrogénico, porque desde su inicio, ella no está de acuerdo con su instrucción. Sobre este piso, cabe afirmar que, en este caso y ante un delito como el abuso sexual que tradicionalmente ha sido de instancia privada, cuando se trata de personas mayores de edad, de prosperar la propuesta del Sr. Agente Fiscal configura un acto de violencia institucional, pues somete a un proceso penal a la principal testigo y víctima directa, cuando la misma ha manifestado plena y claramente, que no es su decisión atravesar este proceso.
Garantizar los derechos de la mujer, implica, en primer lugar, su reconocimiento en un plano de igualdad ante un varón. La perspectiva de género en el proceso penal no implica punitivismo a ultranza en todos y cada uno de los casos, impone, por el contrario, la valoración de la libre voluntad, sin presión alguna, de la mujer que se encuentra frente al Estado, y fundamentalmente, su derecho a la plena igualdad del trato más allá de su sexo, raza, condición social, etc.. Consolidar esta circunstancia vulneraría las normas del artículo 16 de la C.N. y las citadas del derecho convencional constitucional, porque la víctima se transforma en un objeto independiente de su libre albedrío, prestado voluntariamente ante la A quo, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
En el capítulo VIII, (DES)IGUALDAD ESTRUCTURAL, de la obra EL DERECHO A LA IGUALDAD, APORTES PARA UN CONSTITUCIONALISMO IGUALITARIO COORDINADA POR LOS DRES. MARCELO ALEGRE Y ROBERTO GARGARELLA, EDITORIAL ABELEDO-PERROT, en la pág. 168, el Dr. Roberto Saba señala que: "En cambio, "ser mujer", en la mayoría de los países de América Latina y, por cierto, en Argentina, es una categoría sospechosa desde la perspectiva de la igualdad como no sometimiento". El concepto de “categoría sospechosa” es una creación de la jurisprudencia norteamericana (vid “Korematsu vs. United States” 323 U.S. 214-1944) que ha sido seguida por nuestra Corte Suprema de Justicia (casos “Repetto” Fallos: 311-2272, “Gonzalez de Delgado” Fallos 323:2659); y que más allá del derecho de igualdad de modo racional, se debe analizar el concepto de igualdad como no sometimiento frente a un grupo estructuralmente vulnerable.
Es en breves palabras, una inversión de los estándares probatorios, frente al primer supuesto de igualdad como racionalidad (sistema clásico) la parte debe probar que se ha vulnerado por el Estado o particulares la igualdad ante la ley, en cambio en el segundo, cuando se trata de “categoría sospechosa”, es el acusado o demandado el que debe probar que no ha vulnerado el derecho a la igualdad como no sometimiento. Para ello entonces, en el caso de autos, debemos realizar lo que se conoce como un juicio hipotético, a los fines de establecer si la decisión que se asuma respecto de este caso, no se convierte en un acto discriminatorio. (Utilizo el término “discriminatorio” en el sentido que le asignó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el apartado 84 de la Opinión Consultiva 18/2003, “En la presente opinión consultiva se hará una diferenciación al utilizar los términos “distinción” y “discriminación”.
El término “distinción” se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar los derechos humanos”). Ese juicio hipotético no es más que una comparación. En este sentido debemos tener en cuenta que el análisis de los supuestos de sometimiento, es decir de las "categorías sospechosas", debe ser interseccional, lo que implica que pueden confluir varias categorías en un mismo análisis, pues no son excluyentes entre sí, sino que son acumulativas. De ese juicio hipotético, seguramente si se tratara de un varón cis, de la misma edad y condiciones de la víctima, el Estado a través de los órganos competentes, ante la libre determinación de no instar la acción penal, hubiese archivado la causa, tal y como hizo la A quo.
Ello demuestra que el acto que pretende el Sr. Agente Fiscal es un acto discriminatorio, respecto de la víctima, por su condición de mujer. Ello tiene anclaje en el desarrollo filosófico que ha tenido la autonomía de la voluntad en relación a la mujer, el que le ha sido negado, bajo el mecanismo del silenciamiento, teniendo solo un sentido androcéntrico. Ello fue desarrollado por la Doctora Diana MAFFIA, en un trabajo titulado "MUJERES Y (FALTA DE)
AUTONOMÍA EN LA FILOSOFÍA MODERNA",
publicado en la obra TRATADO DE GÉNEROS, DERECHOS Y JUSTICIA, POLITICAS PUBLICAS Y MULTIDISCIPLINAS" de la editorial Rubinzal Culzonni, págs. 509 y ss., señalando, entre otros muchos conceptos, que es esencial, para lograr la libre autonomía, la autonomía física, es decir, cada mujer sobre su propio cuerpo. Señala al final del trabajo algo que es la esencia de la autonomía de la voluntad, que debe ser comprendido, para evitar soluciones en donde, reitero, la mujer sea instrumentalizada, al concluir que "Son nuestros cuerpos, por lo tanto, los que resultan enajenados y expropiados. Sin esta autonomía física sobre nuestros cuerpos, las construcciones de ciudadanía son débiles y relativas y es cínico hablar de igualdad política".-Esta situación posibilita que la autonomía de la voluntad, que no sería desconocida a un varón cis, lo sea, so pretexto de "tutela judicial efectiva", respecto de la libre decisión de una mujer. En el fallo "Gualtieri Rugone de Prieto" (Fallos 332:1769) los Jueces Lorenzetti y Zaffaroni señalaron que el artículo 19 de la C.N. comprende las acciones privadas y también ciertos ámbitos de privacidad, al que pertenecen, entre otras cosas, las decisiones de vida que cada persona tiene derecho a tomar libremente. Entre ese derecho, la mujer, en este caso, al igual que el varón cis, tiene derecho a optar por instar o no la acción penal, y ese derecho no puede serle arrebatado por ningún órgano del Estado."
A mayor abundamiento, en esta línea, la autonomía de la voluntad y libre elección, en especial, sobre su propio cuerpo, tal y como lo señaló Diana Maffia en la cita precedente, el artículo 7 de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, faculta a la persona gestante, previo consentimiento informado, a realizar su interrupción.
En la investigación de un caso con perspectiva de género, debe enfocarse la producción de información a través de los distintos medios probatorios, a establecer las características de las relaciones vinculares, los mecanismos de funcionamiento de poder y acreditar, en caso que así sea, los diferentes estados de vulnerabilidad de una víctima.
El contexto normativo constitucionalconvencional, legal y además, histórico-social, para analizar y resolver un caso penal de violencia de género, en el cual, en cada víctima se conjugan, como dije, todas las víctimas discriminadas y sin justicia, sumadas a todas las mujeres sometidas a lo largo de la historia, no puede transformarse en la única fundamentación de un caso penal.
Por el contrario, dicho contexto constitucional impone el deber de agotar, por parte del Estado, todas y cada una de las medidas probatorias necesarias, útiles y pertinentes, para producir la información que permita adoptar una decisión que sea una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. La aplicación de las normas constitucionalesconvencionales que establecen el deber de juzgar con perspectiva de género, se integran en el sistema de razonamiento que imponen las garantías fundamentales del debido proceso sustantivo y adjetivo, como así la defensa en juicio de la persona (Arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.).-
En este derrotero, cabe recordar lo expresado por el Dr. Bacigalupo, tanto en su obra sobre la parte general del derecho penal, como en la ya clásica dedicada a la resolución de los casos penales. Ello así, pues el silogismo judicial que describe, es el que toda la dogmática, tanto del Estado de Derecho Legal como del Estado de Derecho Constitucional, parten para realizar un correcto encuadre de los hechos en las normas jurídicas. En la primera de las obras, sostuvo que: “La relación entre un hecho y un tipo penal que permite afirmar la tipicidad del primero se denomina subsunción. Un hecho se subsume bajo un tipo penal cuando reúne todos los elementos que éste contiene. En la práctica, la subsunción se verifica comprobando si cada uno de los elementos de la descripción del supuesto de hecho se da en el hecho que se juzga. En los delitos dolosos la tipicidad depende de la comprobación de los elementos del tipo objetivo y de los elementos del tipo subjetivo (dolo y demás elementos subjetivos de la autoría).” (Conforme Derecho Penal, Parte General, Enrique Bacigalupo, Segunda Edición, Hammurabi, año 2014, pág. 239)
En la segunda de las obras mencionadas, expresó que: “Tradicionalmente se ha comparado el método jurídico de la subsunción con un silogismo en el cual la premisa mayor está constituida por la norma, la premisa menor por el hecho y la conclusión por la decisión… Una vez configurada la premisa mayor mediante la interpretación de la ley, es decir, una vez que se cuenta con el tipo de la interpretación y con un adecuado conjunto de conceptos analíticos, es preciso comprobar si los elementos que componen cada concepto del tipo de la interpretación se dan en el caso concreto. Se trata de establecer una relación de correspondencia entre el hecho y el tipo. Si esta correspondencia se puede afirmar el hecho será típico… También hay que subsumir los aspectos subjetivos del hecho… Como es sabido un hecho típico es antijurídico si no está justificado por una causa de justificación.
La afirmación de antijuridicidad requiere, por lo tanto, la negación de la subsunción del hecho bajo el tipo de una causa de justificación. Para ello se precisa una comprobación de cada elemento de la justificación de la misma forma en que se ha procedido con los elementos de la tipicidad. Lo único que cambia es el signo de la operación: su resultado debe ser negativo para que se pueda afirmar la antijuricidad, es decir, a la inversa de lo que ocurre con la tipicidad… Se podría decir que la comprobación de la existencia de un delito requiere una doble operación de subsunción, es decir, operaciones desde la subsunción de signo contrario: 1) Una subsunción positiva, bajo el tipo penal, 2) Una subsunción negativa, la exclusión de subsunción del hecho bajo circunstancias que excluyen la punibilidad en general (causas de justificación, causas de exclusión de la culpabilidad o excusas absolutorias) … En la operación de subsunción de un hecho bajo un tipo, el jurista se encuentra entre dos campos más o menos desordenados: el del hecho, cuyas características se manifiestan sin seguir una lógica perfecta, y el de la ley, cuyo texto no siempre sigue un orden jurídicamente adecuado… El fallo de la sentencia debe contener, en este sentido una aplicación de la norma general al caso juzgado, por lo que la sentencia aparece como la documentación escrita de un procedimiento de mediación entre una norma general y la norma individual que contiene el fallo.
Aplicar la ley significa, en este sentido, trasladar la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto… La subsunción es una operación mental consistente en vincular un hecho con un pensamiento y comprobar que los elementos del pensamiento se reproducen en el hecho.”
(Conforme “Técnica de Resolución de caso Penales”, Enrique Bacigalupo, Segunda Edición, Hammurabi, año 2008, págs. 109, 115/123, 142/145).-
Ahora bien, en el juicio de subsunción, el cual incluye el de tipicidad, no alcanza con la realización del silogismo subsuntivo descripto por el Dr. Bacigalupo, pues éste es el primero de los razonamientos que impone la teoría del delito, pero que, además, afirmada la tipicidad objetiva sistemática, debe analizarse la conglobante, para poder proseguir con el análisis estratificado que impone la citada teoría analítica del delito, es decir los análisis relativos a la antijuridicidad y a la culpabilidad de la conducta.
La dogmática penal argentina, explica que la función del tipo penal, como expresión del principio de legalidad, tiene dos funciones claras, una es la de habilitar poder punitivo y la otra es la limitación valorativa del campo de lo prohibido establecido por las normas prohibitivas que se deducen de los tipos judiciales, es decir la limitación de la aplicación de las normas prohibitivas a partir del principio rector establecido en el artículo 19 de la C.N., léase, principio de reserva.-
El juicio de tipicidad es parte del silogismo práctico judicial, y demanda, como todo el análisis estratificado de la teoría del delito, una valoración a través de la interpretación y argumentación jurídica para precisarlo.
En este sentido se ha entendido que:
”Resumiendo, … nos importa consignar nuestra adscripción del razonamiento jurídico a los razonamientos prácticos y que, por ende, él es intrínsecamente axiológico, requiere de un método dialógico a los fines de alcanzar saberes que, si bien parten de verdades universales, sólo proporcionan habitualmente certezas probables a la hora de regular conductas humanas concretas.- Haber afirmado la practicidad del razonamiento jurídico no implica sustraerlo a exigencias lógicas o formales. Es cierto que la lógica formal y la estructura silogística judicial terminaron con mala prensa después de la confianza excesiva que había despertado en los ámbitos del positivismo legalista. Entre las reacciones jurídicas más importantes en el continente europeo contra la lógica formal judicial ocupan un lugar destacadísimo Perelman y los diferentes expositores sobre la teoría de la argumentación;… Aun cuando los problemas lógicos-formales no agoten los problemas de razonamiento judicial, lo cierto es que su consideración es forzosa, por lo que vale en aquel campo la conclusión genérica del ya citado Kalinowski: “Todo razonamiento en tanto que es razonamiento depende de la lógica”.
Admitir las exigencias lógico formales sobre el razonamiento judicial implica vincular a éste con el silogismo deductivo, porque, como enseña Kalinowski: “…el nombre de la lógica en su sentido más restringido designa a la lógica formal deductiva”… Esta confianza y afirmación silogística respecto del razonamiento judicial supone recordar que el silogismo es una noción analógica y que el silogismo del que hablamos los juristas es el práctico, en donde inevitablemente aparecen comportamientos, valoraciones y normas, amén de un marco institucional fuerte… Así, por ejemplo, Perelman cuando denuncia las insuficiencias del silogismo se basa en que “…en el silogismo el paso de las premisas a la conclusión es necesario, no ocurre lo mismo cuando se trata de pasar de un argumento a una decisión”; sin embargo, está incluida en el silogismo práctico esta exigencia decisoria (Mac Cormick) que no invalida la deducción aun cuando le ponga límites a aquélla. … en efecto, amén de que el juez emplea raciocinios inductivos, amplificantes, analógicos y estadísticos –según Kalinowski-, nos interesa señalar que lo habitual es que haya “polisilogismos” o “cadenas” o “árboles silogísticos” como prefieren decir Arnio y Peczenik, y asimismo recordemos que el razonamiento judicial es normalmente entimemático, en tanto hay ciertos argumentos que están implícitos u ocultos, y no explicitados o expresados.
Precisando lo señalado, estimamos que el Juez básicamente estructura un “macrosilogismo” que contiene la decisión que resuelve el caso que lo ocupa y, por ende, debe establecer como mínimo la premisa mayor o enunciado normativo, la premisa menor o enunciado fáctico y la resolución o enunciado normativo individual. Pero además de estas tres inevitables decisiones hay una cuarta decisión que, en realidad, es lógicamente primera en tanto posibilita o frustra las restantes: nos referimos a lo que podríamos llamar “la decisión constitutiva de la litis”. El objeto de ésta es precisar el problema que debe ser resuelto y si las partes han hecho lo que correspondía a los fines de que el Juez efectivamente se pronuncie.”
(Conforme “INTERPRETACIÓN (ARGUMENTACION) JURÍDICA EN EL ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL del Dr. Rodolfo Luis Vigo, Rubinzal-Culzoni editores, págs.78 y ss.) (La negrita es de mi autoría).-
Como surge claro, no es una simple operación lógica, si bien tiene como punto de partida la misma, pues lo que estamos analizando siempre son conductas humanas, es decir acciones realizadas por personas que se materializan en una determinada situación constelacional y que tienen como rasgos, las características psicofísicas propias de los sujetos intervinientes y su historia vital.
Toda la teoría del delito, a través de su análisis estratificado, es un proceso de diferentes niveles de razonamientos que llevan a concluir que ha existido o no, en un caso, una conducta típica, antijurídica y culpable.
Estos procesos de razonamiento deben ser explicados y motivados más allá de la enunciación de los mismos, para poder establecer si la afirmación en la cual se concluye en la decisión judicial, es decir la comisión de un delito por parte de una persona, puede resistir el análisis que se haga sobre la misma, teniendo en cuenta los hechos, la prueba y la norma jurídica específica.
Este sistema de razonamientos o silogismos para emitir una decisión jurisdiccional debe ser realizado teniendo en cuenta en cada nivel o estrato de la teoría del delito, los principios que estructuran el sistema de decisiones penales, entre ellos el de razonabilidad y el de supremacía de la realidad.
En autos caratulados “HERRERA MARCOS MIGUEL Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-29339/20, N° de Recursos 5896/20, sostuve que: "...Respecto de la valoración de la conducta humana, para establecer si la misma subsume en una figura delictiva, debemos centrarnos en el principio de supremacía de la realidad, como principio general de análisis de todas las conductas humanas, y es el que impone que las conductas son las que gobiernan el proceso penal en contra de una persona, lo que se conoce en la dogmática tradicional como "derecho penal de acto". Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente en una norma prohibitiva penal, deducidas de los distintos tipos penales establecidos por ley con anterioridad a la comisión y juzgamiento de la misma. Los hechos y las normas (principios, derechos, garantías, prohibiciones, etc.) no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Reconvertir los hechos a través de la interpretación, para adecuarlos a una figura delictiva distinta de la que la propia naturaleza de los mismos exige o para que los mismos no sean alcanzados por una figura que claramente los abarca, implica una clara violación del principio de razonabilidad y como consecuencia, el principio de congruencia y de la sana crítica racional. Se ha sostenido que: "La Corte Suprema ha dicho que la atribución de los jueces de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, por ser propia y privativa de la función jurisdiccional, lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando concordaren en ello, pero dicha facultad encuentra su límite en el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida todo pronunciamiento que altere la causa pretendi o introduzca planteos. C.S. Fallos: 341/1091" (Conforme "RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y PREVISIONAL, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL PORRAS, JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, LA LEY, pág. 59)".-
Estos principios implican, a la hora de analizar una conducta humana y la subsunción de la misma en un tipo penal para afirmar la existencia de un delito y una persona como autora responsable del mismo, que debe partirse de la conducta pues son los hechos los que gobiernan el sistema penal, es decir las conductas humanas, y deben ser respetados tal y como sucedieron, en virtud del principio de supremacía de la realidad, ello con base y fundamento en la información aportada por la prueba rendida en autos. En síntesis, el principio de supremacía de la realidad y de razonabilidad establecen, claramente, dos imposibilidades a la hora de realizar los distintos razonamientos que impone la teoría analítica del delito: A) la primera imposibilidad es la de forzar o torcer los hechos para que los mismos subsuman en una figura delictiva, y B) la segunda imposibilidad, es la de alterar las normas, su significado y sentido, como así su alcance, para que las mismas abarquen conductas que no son contempladas por las mismas. En ambos casos, la decisión jurisdiccional que se adopte vulnerando las imposibilidades señaladas en el párrafo anterior, no sería una “derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso” en palabras de nuestro cimero Tribunal Federal, por lo tanto la misma, sería arbitraria.
En este sentido, sobre el alcance de la arbitrariedad de sentencia, en los autos "RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del 31 de octubre de 2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479).
La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo"). Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria.
Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.
En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad." (La negrita es de mi autoría).-
Cualquier razonamiento a lo largo del análisis estratificado de la teoría del delito, que no respete la necesaria razonabilidad, correspondencia e identidad entre la conducta humana y la norma en la cual se valora que la misma subsume, viola frontalmente el principio de razonabilidad o de supremacía de la realidad, pues puede producir el trastocamiento de los hechos, o el “vaciamiento” de normas y su reemplazo, por otras que exceden claramente su aplicación al caso.
En un primer análisis normativo de una conducta, no revisten mayores dificultades para discernir, por el carácter fragmentario del derecho penal, una figura delictiva que protege el bien jurídico propiedad, de otra que protege la integridad y libertad sexual de una persona.
Pero va de suyo que, luego de este primer acercamiento, en un segundo análisis que se realiza ya seleccionando del conjunto de figuras delictivas que protegen un bien jurídico, la situación comienza a tener un nivel de tensión mayor, sobre todo cuando de las figuras básicas vamos hacia las agravadas. Para que la tensión, normal en este tipo de valoración, se “disuelva” sin que vulnere ninguno de los principios mencionados, los hechos deben subsumir claramente en las normas más graves a través de la correspondencia e identidad con las mismas, demandando una explicación y razonamiento que debe ser fundada en los argumentos fácticos, jurídicos y probatorios.
Lo que debe evitarse es la narrativa fáctica, la descripción normativo-dogmática y la enumeración de la prueba, sin explicar, razonar ni valorar el proceso de subsunción a través de la necesaria argumentación. Sobre este piso, entonces, a la hora de formular y emitir un juicio de mérito sobre un caso compuesto por la teoría fáctica, jurídica y probatoria, se debe explicar: a) de qué medio probatorio se obtuvo la información para sustentar cada una de las proposiciones fácticas, b) cómo cada una de las proposiciones fácticas que integran la imputación de la conducta, subsumen en los requisitos del tipo objetivo de la figura delictiva seleccionada, c) cuál es el alcance de los distintos elementos que integran la figura delictiva seleccionada, sobre todo cuando en ellas se relevan no solo elementos descriptivos, sino normativos.
Luego de ello, corresponde continuar con el análisis, en caso que exista alguna causal de justificación o de inculpabilidad.
El proceso analítico es incompleto si no se agotan todos los supuestos señalados, pues no basta expresar la conducta y los alcances típicos, sino que se debe explicar y fundar, mínimamente, en base a la prueba colectada, como la misma subsume en el tipo penal y cuál es, en su caso, el alcance de éste.-
La explicación y la demostración, a través de la argumentación, es el fundamento central de la decisión, es “decir” literalmente el motivo por el cual quien decide (Juez/a), entiende que la conducta se encuentra abarcada por el tipo penal que seleccionó. Este proceso no puede darse por sentado con una simple enumeración de supuestos fácticos, probatorios o jurídicos sin la necesaria y vital concatenación a través de los razonamientos que integran una decisión, no solo lógica, sino y en especial, justa. Esta operación no puede correr por cuenta de los destinatarios de la decisión judicial, ya que es el requisito de “motivación” que exigen la ordenanza procesal y el principio central de toda decisión jurisdiccional, que establece que debe fundamentarse por qué se selecciona una determinada plataforma fáctica y por qué una particular figura delictiva.- Ello y no otra cosa es el análisis crítico racional de las distintas “teorías” que conforman el planteo de un caso penal, es decir la fáctica, la jurídica y la probatoria.
Son los hechos, las circunstancias que los rodean, las conductas precedentes y las posteriores, las que, en definitiva, determinan un hecho punible, y permiten que los mismos puedan ser afirmados con la probabilidad positiva que exige la etapa de instrucción, como previa a un juicio oral y público. (Conf. art. 19 de la Constitución Provincial). Es en los hechos, es decir en las proposiciones fácticas en las cuales las partes y el Juez, deberán basar sus peticiones y decisiones, no siendo susceptibles de omisión invocando en su lugar normas de rango constitucional, pues partimos del principio “iura novit curia”.
La obligación del Juez de resolver conforme los hechos, su subsunción legal y la información en los cuales se sustenta, trasciende al mismo, pues las partes, conforme a su teoría del caso (para que la misma sea valorada) debe cumplir con los mismos requisitos, información, hechos y subsunción legal. En los autos caratulados: “TOLEDO LEMI S/Lesiones R/ VÍCTIMA ” Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Ello así, pues analizados los presentes actuados, surge del testimonio de la víctima Sr. L.T., como del testigo presencial Sr. A.A.A., que la Sra. A.E.M., se acercó a la víctima, y con la clara finalidad de causarle la muerte, le asestó una puñalada en la zona abdominal, la que no ocurrió por la pronta atención médica, provocándole lesiones que causaron riesgo de muerte.
Surge, además, de los informes médicos lo que deberá corroborarse con la intervención del cuerpo médico forense, a los fines de determinar no solo el acreditado riesgo de vida, sino las secuelas que pudieran quedar en la salud de la víctima. Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria. Según la propia manifestación de la imputada, al ingresar su pareja, el Sr. C.C. golpeado por la víctima L.T. en una pelea entre ambos, decide motivada en esta circunstancia, con la finalidad de terminar con las agresiones que, según explica, venía sufriendo C. y respecto de las cuales ella manifiesta que sentía temor por la vida de éste, terminar con la vida del Sr.
T.. Hay solución de continuidad entre el enfrentamiento a puños entre L.T. y C.C., el que es motivo de investigación en causa aparte y la planificación que realiza la acusada a partir de observar las condiciones físicas en las que se encontraba su pareja luego del enfrentamiento realizado. El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos. En este caso, allende las consideración y la valoración de los dichos de la acusada, los que se acaban de realizar y los que son considerados por el suscripto como móvil o motivación del hecho y que no pueden ser valorados como causa de justificación o de exculpación, pues sería tergiversar los mismos, se infieren claramente en el ataque con un arma blanca asestada en la humanidad del Sr.
L.T., en una zona corporal que puso en riesgo concreto su vida, habiendo realizado la Sra. M. todos y cada uno de los actos necesarios para quitarle la vida a la víctima (tentativa acabada) la que no ocurrió por la circunstancia de su pronta atención médica, es decir un acto ajeno a la propia voluntad de la agresora, quien luego de su ataque se retiró a su domicilio a descansar. Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por sí mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídicopenalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia".
El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas. Los agravios se centran en la elección del tipo penal escogido por el A quo para calificar la conducta de la imputada, y en la alegada existencia de una causal de justificación de su obrar, invocando el ejercicio legítimo de un derecho -legítima defensa de un tercero- (art. 34 inc.7 del C.P.), si bien admitiendo un exceso en esa defensa (art. 35 C.P.) Las pruebas colectadas en autos y la valoración realizada por el A quo, se desprende el juicio de logicidad para arribar a la decisión allí plasmada...”.-
El proceso es el método para la construcción de una decisión judicial, pero esta decisión no puede estar guiada por otro criterio que no sea el de la Justicia.
Nuestra Constitución Provincial en su artículo 1 establece que la Constitución Nacional y las Leyes nacionales son la ley suprema Provincial. Y en este orden, el preámbulo de la constitución nacional establece el principio de afianzar la justicia, como uno de los elementos centrales de un estado constitucional y convencional de derecho.
La decisión jurisdiccional debe ser una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso y que, va de suyo y por esta circunstancia, además, JUSTA, entendiendo este significante como principio hermenéutico y rector, como valor y como herramienta para la resolución de los casos, siendo ésta, en definitiva, la télesis que debe impregnar un acto jurisdiccional que respete, esencialmente, los principios de la lógica, la racionalidad y la razonabilidad.
Así, la jurisprudencia de nuestro Cimero Tribunal Federal ha señalado, respecto del valor justicia, que: “Las normas de procedimiento y sus reglamentaciones no se limitan a una mera técnica de organización de procesos, sino que tienen por finalidad de objetivo, regular el ejercicio de derechos y lograr la concreción del valor justicia, en cada caso, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio.” (Conforme Miserocchi, Alejandro vs. Sacreu S.C.A. /// CSJN; 06/12/2005; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN;
M.1215.XXXIX; RC J 110443/09); y que: “La función del órgano judicial, lejos de ser meramente reproductiva, debe orientarse a formular una interpretación creativa de la norma tendiente a asegurar el valor justicia. (Conforme Wilner, Eduardo Mario vs. Osswald, María Gabriela /// CSJN; 14/06/1995; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; W.12.XXXI; RC J 109247/09); y además que: “La Corte Suprema debe ponderar cuidadosamente los principios constitucionales a fin de evitar que la aplicación mecánica e indiscriminada de una norma aislada de su contexto conduzca a prescindir de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto, lo cual iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.” (Conforme Rocca Clement, Marcelo s.
Asociación ilícita - En concurso real - Causa N° 88394/2000 /// CSJN; 30/09/2003; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; R.629.XXXVII; RC J 102957/09); y que: “El mandato constitucional concerniente a "afianzar la justicia", tiene una connotación que debe ser entendida en el sentido más amplio del valor justicia, es decir, como comprensivo de la justicia conmutativa, distributiva y aun social, así como de consecuencias lógicas de lo anterior, tales como la garantía de la creación de un órgano judicial imparcial e independiente, que se ocupe de administrar justicia y de la facultad irrestricta de los individuos de recurrir a ella en base a un plexo normativo que le brinde suficiente apoyatura.” (Conforme Ingeniero Héctor Francisco Carrera S.A. vs.
Terrenos Golf San Martín S.A. y/o quien resulte propietario o poseedor a título de dueño /// CSJN; 11/04/2000; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; I 180 XXXV; RC J 102198/09); y finalmente que: “Forma parte de la misión de la CSJN evitar que, por la aplicación mecánica e indiscriminada de la normas, se vulneren derechos fundamentales de la persona y se prescinda de la preocupación por arribar a una decisión objetivamente justa en el caso concreto. Lo contrario iría en desmedro del propósito de "afianzar la justicia" enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar que no sólo se refiere al Poder Judicial sino a la salvaguarda del valor justicia en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad.
(Del voto de los Dres. Maqueda y Zaffaroni.)” (Conforme Itzcovich, Mabel vs. ANSES s. Reajustes varios /// CSJN; 29/03/2005; Rubinzal Online; I.349.XXXIX; RC J 1457/05).-
De la finalidad de la intervención estatal, a través del poder-función jurisdiccional, de afianzar y materializar el acceso a la decisión judicial JUSTA, surge, claramente, la imposibilidad de motivar cualquier acto en dogmatismos o conceptos jurídicos indeterminados, sin establecer el alcance interpretativo y en normas constitucionalesconvencionales, legales y reglamentarias, sin explicar cómo los hechos, subsumen en las mismas.
Sin perjuicio de ello, cualquier intención de cambio -conforme Art. 5 inc. a) de la CEDAW- de los paradigmas socioculturales que han establecido la violencia de género y la desigualdad de la mujer, de manera estructural, implica que siempre debemos partir de todo el bloque de legalidad para abordar cada caso, teniendo en cuenta el orden simbólico y real de la ley. En este sentido, Rita Laura Segato, antropóloga, en su libro, “LAS ESTRUCTURAS ELEMENTALES DE LA VIOLENCIA, ENSAYOS SOBRE GÉNERO ENTRE LA ANTROPOLOGÍA, EL PSICOANÁLISIS Y LOS DERECHOS HUMANOS”, de la editorial Prometeo Libros, señaló en la pág. 125, que: “Si percibimos el poder de la propaganda y el potencial persuasivo de la dimensión simbólica de la ley, comprendemos que ella incide, de manera lenta y por momentos indirecta, en la moral, en las costumbres y en el sustrato prejuicioso del que emanan las violencias. Es por eso que la reforma de la ley y la expansión permanente de su sistema de nombres es un proceso imprescindible y fundamental”.-
Cada causa de violencia de género resuelta de manera justa, conforme a la ley, es un aporte hacia la modificación de los patrones culturales que la han posibilitado, y ese es el verdadero y real compromiso establecido en el orden constitucional-convencional, el cual nos alcanza como integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.-
III.2-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis críticoracional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. El agravio de la defensa sostiene que se omitió valorar el contexto de ofuscación, nada más lejos de la realidad, es que justamente la valoración de todo el contexto vivido por la pareja y el conjunto de causas que tramitan en la sede judicial, son justamente las que dotan del contexto tan alegado por la defensa, pero dejando entrever, que la señora Curaqueo, Karen Mailen, viene sufriendo por parte del procesado diversas situaciones violencia, las que se ponen de relieve una vez más.
En cuanto a las amenazas, las mismas deben ser analizadas dentro el contexto de violencia en el que se pronuncian, donde la posibilidad de testigos presenciales se desdibuja sin que ello implique un estado eximente de fervor o enojo como deja entrever la defensa.
Los términos vertidos resultan tener la entidad suficiente para crear un estado de alarma, más aún cuando todo el entorno que los envuelve está cargado de situaciones de género que otorgan credibilidad a las manifestaciones de la víctima.
Tampoco se puede utilizar de excusa exculpatoria por parte del imputado, el hecho de querer ver a su hija, justamente si su intención es la de poder acceder a una relación o contacto con su hija, la situación para conseguir esa vinculación, no se puede dar a través de amenazas o situaciones límites, donde pretenda exigir dicho derecho.
Respecto a la existencia de capacidad, me he explayado en los autos “PALMA JUAN DANIEL S/ Tentativa de hurto” Expte. Nº P-36.390/23, N° de Juzgado de Recursos 6960/23, sobre igual situación invocada respecto del mismo imputado que hoy nos convoca, en los que dije: “En los autos “ALMENDRA, SERGIO EMILIO S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve: “…Que el imputado haya tomado alcohol dista considerablemente a que se encuentre envuelto en un estado de intoxicación alcohólica que no le permita comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Sobre el particular la dogmática ha entendido que: "La embriaguez alcohólica. En los casos de intoxicación aguda es determinante el grado de perturbación de la consciencia, que debe ser grave, lo cual en el caso de embriaguez alcohólica se conoce como embriaguez completa. Según la concentración de alcohol en sangre, se determina la posibilidad o la certeza de la embriaguez completa. De cualquier forma no pueden tomarse esos índices como determinantes sin valorar la resistencia individual al tóxico, que depende de una gran variedad de factores (acostumbramiento, ingesta de medicamentos, patología, emociones, etc.).
Tampoco debe descartarse la embriaguez patológica, producida por una pequeña ingesta de alcohol y que suele obedecer a una patología previa, como en los enfermos alcohólicos o neurológicos. Uno de los criterios para cuantificar la perturbación de la consciencia es la memoria; siendo muy pormenorizada no se compadece con la embriaguez completa, aunque es compatible con el recuerdo detallado de algunas de las circunstancias más esenciales del hecho, puesto que la memoria parcial es relativamente frecuente en casos de incuestionable embriaguez completa..." (Conforme MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, ALEJANDRO ALAGIA, ALEJANDRO SLOKAR EDITORIAL EDIAR, PÁGS. 560 Y 561)”
Siguiendo el enunciado precedente debo concluir que no se aprecia en autos el estado de incomprensión de la criminalidad de sus actos por parte del imputado, durante el desarrollo de los hechos por los cuales fuera procesado, debiendo confirmarse el delito achacado a este en todos sus términos.
Por otra parte se agravia la defensa por considerar que no habría desobediencia judicial por ser un acto consentido por la victima. En relación a este acápite he resuelto lo siguiente, en los autos caratulados "RIAL RODOLFO EZEQUIEL S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL" Expte. Nº R-31924/21, N° de Recursos 6386/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, en los que sostuve que: "...Cabe señalar que en el ámbito de los delitos contra la administración pública, el vínculo con los posibles sujetos activos se entabla entre éstos, sean particulares o funcionarios, y la propia administración que no se limita solo a la función administrativa, sino que alcanza a la función legislativa y a la función jurisdiccional. Es decir que la relación jurídico penal no se extiende entre los particulares entre sí, sino en tanto los mismos están o pueden estar vinculados de alguna manera con un funcionario público o con cualquiera de las funciones estatales en las que el poder único del Estado se manifiesta. Así, se ha expresado que el objeto de protección del Título XI del C.P. es "...la regularidad y eficiencia de la función pública, entendida en un sentido amplio. No habría problemas en sostener, entonces, que se protege la función pública, entendida como el regular, ordenado y legal desenvolvimiento de las funciones de los tres órganos del Estado, pero con la idea de que no solo se refiere a la función específica de los poderes del Estado, sino además a la típica función administrativa de todos ellos... De modo que el bien jurídico del Título XI es la preservación de la función pública, frente a los ataques que provienen, tanto de la propia organización burocrática del Estado y de sus miembros, como así de los particulares.-"
(Conforme TRATADO DE DERECHO PENAL, PARTE ESPECIAL, TOMO III, SEGUNDA EDICION ACTUALIZADA, EDGARDO ALBERTO DONNA, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, pág. 29/30") Es en este dintorno, que el artículo 239 del C.P. establece dos modalidades de conductas respecto de las órdenes que emanan de los funcionarios públicos, la resistencia y la desobediencia. Aquí queda claro que para la procedencia, quien emite la orden debe ser funcionario público con facultades para ello, integrante de alguno de los poderes-funciones del Estado, y que está dirigida a los particulares y/o funcionarios públicos que se encuentran obligados a cumplir un determinado mandato u orden emitida por dichos funcionarios. El art. 239 del C.P establece que: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal." Del tipo se desprenden dos figuras delictivas que abarcan dos comportamientos diferentes, por un lado la resistencia contra la autoridad y por otro la desobediencia a la autoridad.
Respecto de ésta última, se ha entendido que "...sujeto activo solo puede ser el destinatario de la orden, quien debe ser, obviamente, una persona física....". Donna sostiene que se trata de un delito de propia mano, toda vez que solo puede ser autor quien esté en condiciones de llevar a cabo por sí la acción prohibida. Sujeto pasivo será el funcionario público o el particular que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Estamos en presencia de un tipo omisivo impropio, que requiere la existencia de un mandato emitido por la autoridad, esto es una orden que ha impartido legítimamente un funcionario público o la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Orden implica un mandamiento, verbal o escrito, dado directamente -aunque no sea en presencia- por un funcionario público a una o más personas para que hagan o no hagan algo. Sin orden ni destinatario no hay desobediencia posible...La orden impartida por la autoridad de ser de posible cumplimiento para que se configure el delito...Al igual que la resistencia se trata de un delito doloso, en que el autor, a nivel cognitivo, debe saber que está desobedeciendo una orden legítima impartida por la autoridad pública y en el aspecto volitivo, debe obrar con esa específica finalidad de no acatar la orden..." (Conforme CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO LA LEY SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA año 2009, Dirigido por Andrés José D´Alessio y coordinado por Mauro A.
Divito, Tomo II, págs. 1184/1186).- Ahora bien, en el ámbito de las relaciones mediadas por violencia de género, las órdenes, mandatos y prohibiciones se dictan en base a la potestad cautelar del Estado, a los fines de evitar que dichos ciclos de violencia continúen, se agraven y culminen con la pérdida del bien jurídico más preciado de la persona humana, su vida. En los autos caratulados "ALMENDRA, SERGIO EMUILIO S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO" Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, sostuve que: "...El análisis del presente caso, por las propias características del mismo, es decir violencia psicofísica reiterada de un varón en contra de una mujer en una relación de pareja, debe ser abordado con perspectiva de género.
Sin perjuicio que una resolución judicial no es un acto académico, es necesario, a los fines de una correcta motivación, explicar mínimamente que entiende el suscripto por ello. Dos cuestiones a tratar para comprender el análisis de casos con perspectiva de género, una la situación fáctica. Se genera entre el varón y la mujer una relación asimétrica. El vínculo de poder se fija a través del establecimiento de roles fijos, asignados a cada sexo por los conceptos estereotipados de los mismos, en base a un diagrama de la sociedad y la pareja, únicamente patriarcal. Es decir que partiendo de los roles prefijados y de los cuales no se pueden prescindir "so pretesto" de alterar "la naturaleza de las cosas", se entiende que la relación es simétrica y que lo que se espera de uno se podría esperar de la otra.
De allí que abundan preguntas del orden de porque no denunció, porque no se defendió, porque no pidió auxilio, etc. conductas propias esperables de un varón con los roles asignados al mismo. El principal rol asignado al varón es el rol de poder, en donde la mujer es "suya", es decir le pertenece, ejerce sobre la misma un señorío que le permite y le justifica cualquier trato violento psicofísico tanto hacia dentro de la relación como hacia fuera de la misma para defender lo que le han dicho y cree, es su pertenencia. La relación nunca es simétrica, porque el ejercicio de los roles establece un orden jerárquico donde el "poder", la "legislación" y el "castigo" interno del vínculo lo ejerce quien ostenta la jefatura de esa relación, es decir el varón.
A partir de allí se genera una desigualdad estructural, que en el análisis, esta caracterizada por comportamientos y conductas violentas, desequilibradas y asimétricas y que se verifica además, no solo al interior de la "familia" sino en los modos de vinculación en la sociedad ("techo de Cristal" que establece límites y postergan a mujeres y otras diversidades para aspirar a lugares de conducción relevantes y "piso o suelo pegajoso" que les impide avanzar y progresar en las estructuras sociales por las múltiples obligaciones que se le adjudican, además de lo estrictamente profesional, todo ello motivado y fundado en su condición de mujer o de persona perteneciente a otra diversidad sexual). Relevar estas circunstancias en cada caso, es analizarlo con perspectiva de género.
Cuando se parte de la relación simétrica, internalizando los roles como cosas naturales, no se puede comprender los comportamientos de las mujeres víctimas de violencia de género, porque los comportamientos que se esperan y que se exigen para poder pasar el juicio de credibilidad lógica de sus actos, es el que se espera del varón como modelo único de persona humana (androcentrísmo). Cuando se los analiza desde la perspectiva asimétrica impuesta por una relación de poder, entonces si podemos entender que los comportamientos están fincados en el miedo, temor, adaptación y sobreadaptación a la situación violenta y de sometimiento en las que se encuentran las mujeres y esto se traslada a otras diversidades sexuales, cuando los vínculos estan surcados por el discurso patriarcal.
Además de la cuestión fáctica de la cual debe partirse siempre para analizar los hechos ocurridos, en cualquier caso y en especial en los casos ocurridos en el contexto de violencia de género, debe tenerse en cuenta la cuestión jurídica. No voy a explayarme en la legislación vigente e incluso de rango constitucional (Art. 75 inc. 22 de la C.N., CEDAW, Convención de BELEM DO PARÁ, Ley 26.485 y su Decreto Reglamentarioo, Ley de Identidad de Género, etc.) y su análisis, sino centrar la cuestión desde lo jurídico y que impone necesariamente la aplicación de la perspectiva de género en el análisis de los hechos de violencia en contra de la mujer y otras diversidades sexuales. Lo que esta en el centro del análisis si la lectura de estos casos es realizada sin perspectiva de género y su posible vulneración, es el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la C.N.), entendida como no discriminación y como no sometimiento (art. 75 inc. 23 de la C.N.).
Pretender analizar los casos en donde los derechos de las mujeres y otras diversidades sexuales se encuentran en ciernes, desde la perspectiva del varón como modelo único y síntesis de la idea de persona humana ("Hombre" como sinónimo de "humanidad") es violentar el principio de igualdad ante la ley como no discriminación y como no sometimiento, porque la internalización de los roles impone, desde los comportamientos y desde las prácticas sociales aceptadas y enseñadas, un principio de subordinación de la mujer respecto del hombre. Analizar un caso con perspectiva de género no es una cuestión de libre elección del Estado en sus tres poderes-funciones, es una obligación Constitucional-Convencional que hace a los cimientos mismos del estado de derecho, y en esa construcción no pueden estar tampoco ajenos los operadores jurídicos particulares que interactuan en el sistema...".- Es sobre esta senda, que la actividad Estatal cautelar que se expresa a través de obligaciones de hacer, no hacer y de dar en su caso, interviene cuando el vínculo asimétrico que existe entre un varón y la mujer víctima de violencia, se ha quebrado justamente por dicha circunstancia.
La víctima, a favor de quien el Estado dicta la medida cautelar para proteger su vida, considerada en sentido amplio como la posibilidad de disponer de todos y cada uno de los bienes jurídicos esenciales para su desarrollo como persona humana (Art. 1, ss. y cc. de la Declaración Universal de Derechos Humanos) no se encuentra en condiciones de seguir manteniendo un vínculo directo con su agresor, justamente por la violencia psicofísica de éste hacia ella, razón por la cual el Estado es quien media en dicha relación, le impone pautas y reglas para que la misma no se lleve la vida de la víctima. Esta claro que en este ámbito, y en base a las características de los vínculos violentos, la relación entre el varón agresor y la mujer víctima ha sido "intervenida" por el Estado, el que la ha regulado, no existiendo la posibilidad que ambas partes puedan relacionarse conforme a derecho si no es a través de la intermediación estatal.
La posición de la víctima en estos casos siempre es de debilidad frente al agresor, que el mismo concurra y trate de entablar nuevamente un vínculo, allende la motivación de cualquiera de las partes, no variará sustancialmente el tipo de relación, por lo que es previsible que la misma, de continuar, lo haga en iguales términos, es decir, violentos. En este sentido, queda claro que a partir del dictado de la medida cautelar y de su notificación expresa a quien debe respetarla, el vínculo se trasvasa de los particulares al Estado y la persona que debe cumplir las medidas ordenadas. En este aspecto, si bien la mujer víctima de violencia siempre tiene el derecho a ser oída conforme lo normado en el art. 16 inc. c) de la ley 26.485, quien tiene la potestad de modificar las medidas y restricciones impuestas es la autoridad que dictó las medidas, no habiendo posibilidad de error o de falsa creencia de justificación o de inxesistencia de culpabilidad, pues quien está en condiciones de emitir la orden es quien debería, a todo evento y por el mismo procedimiento (principio de paralelismo de las formas) dejarlas sin efecto.
Si ello no sucede, no puede haber error de tipo ni error de prohibición, más allá que la víctima exprese su libre voluntad de dejar sin efecto la medida cautelar, hecho que será evaluado en el ámbito competente respectivo, pero nunca puede ello ser motivo de incumplimiento de una orden, porque a partir de su notificación, el agresor sabe que la disposición que se le notifica fue dictada, en estos casos, por una autoridad judicial, siendo la única que puede dejarla sin efecto.".-
Bajo estas pautas de hermenéutica es que la pretensión de la defensa debe desecharse, dado que la víctima de autos no tiene la autoridad formal, para dejar sin efecto la medida judicial impuesta.
En lo que respecta al delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, considero que este se halla perfectamente configurado es dable mencionar que sobre este delito se tiene dicho: En los autos caratulados: “CISTERNA JORGE OMAR S/ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD” Expte. Nº 56457/22, N° de Juzgado de Recursos 7390/23, procedentes del Juzgado de Instrucción N º 1 de Pico Truncado, sostuve que: "Que, conforme surge de las constancias de autos y que no ha sido motivo de agravio, podemos colegir que con el acta de aprehensión obrante a fs. 5, ha quedado acreditada la presencia del Sr. C. en el lugar de los hechos, y el acto mediante el cual se ha efectuado la notificación de las medidas cautelares en beneficio de la Sra.
M.A.F., oportunamente ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de la Localidad de Pico Truncado. No obstante ello, esboza la defensa como principal agravio que no se ha configurado el tipo penal delictivo que se le imputó a su defendido, toda vez que el mismo no se resistió en ningún momento al procedimiento. En este punto, surge información suficiente, de las declaraciones testimoniales efectuadas por los efectivos policiales, las cuales han sido coincidentes en su relato de los hechos y la autoría de los mismos; para sostener que el Sr. C. no cooperó con el procedimiento que se llevaba adelante, intentó trabar el mismo y resistirse a ser notificado de las órdenes emanadas de autoridad competente.
En ese orden, ha expresado agravio el imputado, refiriendo en relación a las declaraciones testimoniales, que “… las mismas resulta ser mendaces…” y si bien dicha prueba no ha sido judicializada al día de la fecha, siendo que tal acto procesal podría haber arrojado mayor conocimiento sobre el hecho, cierto es que éstas dan cuenta de lo sucedido, y toda vez que fueron efectuadas agentes de la policía, quienes revisten el carácter de funcionarios públicos, son validas para sostener el auto de mérito. Sobre este punto, en los autos caratulados “AMIGORENA CLAUDIO JONATHAN S/Lesiones R/ VÍCTIMA” Expte. Nº A-31911/21, N° de Recursos 6442/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que:“…Si bien la prueba testimonial prestada en sede judicial es apta para que la misma pueda ser incorporada por lectura al debate oral, lo cierto es que la Policía tiene facultades para recepcionar los testimonios en el momento de su intervención (art. 176 inc. 7° del CPP.), por lo que allende la formalidad, debe valorarse todas y cada una de las intervenciones de los testigos que aportan información a una causa, sea que estos reafirmen sus dichos o que los modifiquen en parte o se retracten, sea de manera fundada o razonable o infundada, aún para los supuestos de valoración de un eventual falso testimonio (art. 275 del C.P.), y valorar la credibilidad de los mismos en cada una de sus intervenciones.
Para cualquier persona convocada al proceso, sea ante la autoridad Policial o Judicial, la misma sabe que está frente a funcionarios del Estado en sentido lato, razón por la cual debe valorarse, como hace el Sr. Juez de Instrucción…”.En este sentido, podemos inferir que el Sr. Cisterna, al llegar al domicilio y encontrarse con la presencia policial, tuvo una conducta deliberada de resistir y oponerse a las órdenes que le impartieron los funcionarios policiales, con el fin de evitar la notificación de las mismas. Por tal motivo, la conducta desplegada por el imputado en el operativo queda incursa en el tipo penal enrostrado, ya que el mismo se negó a notificarse de la orden impartida por el Sr.
Juez de Instrucción N° 1 de dicha localidad. En este punto y siguiendo los preceptos del Dr. Edgardo Alberto Donna, que en su obra Delitos contra la Administración Pública, quien expresó “IV.
Resistencia y desobediencia a la Autoridad … 1 Resistencia a la Autoridad a) Bien Jurídico. El bien jurídico es la acción libre del funcionario público. La resistencia lesiona el orden de la administración pública, atacando el ejercicio de la libertad funcional, de modo que es la libre acción del funcionario público lo que el tipo penal protege inmediatamente, el orden de la administración. El legislador quiere resguardar la libertad de acción del funcionario durante el ejercicio de su cometido legal. Se trata en otros términos, de la protección a la legal actuación del funcionario público, dentro del imperio del Estado, ante la resistencia de la persona. Al delito de resistencia le corresponde como opuesto, a la acción ejecutiva del agente, el poder del funcionario de omitir una acción legal propia (BGH, StV, 1983, 278). b) Tipo Objetivo) b.1) Acción típica.
La acción típica de resistir a un funcionario público, en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia, a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. Consiste en impedir o trabar (la negrita y el subrayado me pertenecen) el ejercicio legítimo de la función, cuando el funcionario ya está actuando previa decisión. El delito se configura, en este aspecto, cuando hay oposición del sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejerce sobre él, con el fin de impedirle su acción u obligarlo a hacer algo siempre dentro del ámbito legal. … El autor del hecho debe oponerse a la “autoridad” que legítimamente le ordena algo propio de sus funciones.
Por ende, un requisito básico es que el autor se resista a la autoridad, que legítimamente le ordena algo propio de sus funciones. … La resistencia presupone una ejecución actual e inminente de parte de una autoridad que debe hallarse en el ejercicio legítimo de funciones, debido a que la resistencia no se dirige contra la persona, sino en la medida en que ésta es funcionario del estado …” (Ed. Rubinzal - Culzoni 29/06/2000, pág. 58/63). En autos, como se señaló, las declaraciones testimoniales de los efectivos D., R. y M., son contestes en la negativa a notificarse de la orden judicial y de la agresión física, que no causó lesiones en los efectivos policiales y que motivó su reducción y aprehensión, cuando se negó a cumplir la orden de retirarse de la vivienda.
Estas conductas, claramente, subsumen en la figura delictiva contemplada en el artículo 239 del C.P., pues dichos actos constituyen la “resistencia” que exige el tipo objetivo sistemático, a lo que se adiciona que los sujetos pasivos eran funcionarios públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones, pues estaban cumpliendo y ejecutando una orden judicial, actuando como auxiliares de la justicia. (conforme art. 178 tercer párrafo del CPP. y art. 28 de la ley 3523 de Seguridad Pública) Tampoco quedan dudas de la existencia del tipo subjetivo, pues fue informado debidamente por el personal policial del objeto de la medida, de la colaboración y participación que se esperaba y requería de él, y frente a ello, con pleno conocimiento de las funciones que debía desempeñar el personal policial, se resistió de diversas formas a que éstos cumplieran con la orden que les había sido legalmente impartida.
En este orden de ideas, además se ha señalado que: “La distinción entre los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad no ha sido del todo pacífica en la doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales. En el plano doctrinario, Eusebio Gómez, apelando a un criterio subjetivo, decía que el requisito de la finalidad en el atentado es esencial: el agente debe perseguir impedir al funcionario la ejecución u omisión de un acto que es de su competencia. Sin esta finalidad, no se concretaría el delito de atentado contra la autoridad. La resistencia, en cambio, consiste en resistir o desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. En opinión de Núñez, en el atentado a la autoridad el empleo de intimidación o fuerza contra el funcionario público está dirigido a que este se decida a realizar o no realizar un acto de autoridad para cuya ejecución tiene competencia funcional y territorial.
La resistencia supone, por el contrario, la oposición del autor a la acción que ya ejecuta el funcionario; consiste en una oposición o rechazo (que supone reacción) a la acción ejecutiva de la orden legítima de la autoridad…. En la jurisprudencia, la distinción entre ambos tipos de delito se determinó en el fallo plenario "Palienko", resuelto por la Cámara Criminal de la Capital Federal el 28/11/1947 (Fallos, t. V, p. 747; LL 49-125), en el que se dijo: "Comete atentado contra la autoridad el que por los medios del art. 237 (intimidación o fuerza) se impone (exige) al funcionario público para que haga o se abstenga de hacer (ejecución u omisión) un acto propio de su función, que no habría sido dispuesto voluntariamente ni comenzado por aquel.
"Se da el atentado, asimismo, de parte del tercero, cuando este ejercita violencia sobre el agente que ha comenzado ya su acción directa sobre otra persona para imponerle algo y esta persona no ofrece resistencia. "Existe resistencia si la persona se opone, valiéndose de medios violentos, a la acción directa del funcionario sobre ella ejercida, para hacerle cumplir algo. Si el tercero coadyuva a esta resistencia, incurre en las responsabilidades de la coparticipación en el mismo delito y en los términos de los arts. 45 o 46 del Cód. Penal, según el alcance de su posible intervención". Más recientemente, y siguiendo los lineamientos trazados por el plenario antes mencionado, se ha dicho: "Para que exista atentado contra la autoridad es menester que el acto funcional aún no haya comenzado; y en la resistencia, que el acto funcional haya sido iniciado.
La contemporaneidad entre la violencia y el acto del funcionario es, pues, el rasgo más firme que distingue la resistencia del atentado, que se caracteriza, a su vez, por la prioridad de la violencia respecto del acto" (CNCrim. y Correc., sala 1a, 19/4/1997, in re "Zalazar Juan M.", JA 2001-II-91, síntesis, Rev. nro. 6245). La sala V del mismo tribunal afirmó: "Si no se exigió la omisión de un acto funcional a los preventores, no se cometió atentado a la autoridad. Comenzada la represión del delito, la resistencia a ella encuadra en la hipótesis del art. 239 CP" (4/8/1997, in re, "Leopardo, Néstor A.", JA 2001-II-91, síntesis). En resumen, puede decirse que la diferencia entre el atentado y la resistencia reside en que en el primero la acción del autor se dirige contra un funcionario que aún no ha resuelto la ejecución u omisión de un acto propio de su actividad funcional.
En esta figura no existe acto funcional en marcha (en ejecución). En la resistencia, en cambio, el accionar del agente se opone a una resolución del funcionario que ya ha sido decidida y puesta en marcha. En esta hipótesis existe una orden de autoridad resuelta y en ejecución (acto funcional destinado a alguien), sobre la que se decide la puesta en marcha de una acción opositora por parte del agente.” (Conforme Código Penal : parte especial, tomo III / Rubén Enrique Fígari. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : La Ley, 2021, págs. 150/151) Por lo cual, la conducta del Sr. C. al trabar, entorpecer y tratar de impedir la diligencia que se llevaba adelante por parte de los efectivos policiales, consistente en evitar notificarse de las medidas impuestas y evadir su cumplimiento, configuran el delito enrostrado."
Entiendo que en el presente se acreditó de manera palmaria, con las constancias obrantes en el legajo que el Sr. Navarro, al ser interceptado por personal policial, que acudía al lugar, ante una denuncia por incumplimiento de una prohibición de acercamiento, el imputado se dio a la fuga y al ser reducido, empleó violencia física contra los efectivos intervinientes, arrojando golpes de puño, uno de los cuales impacto en la cabeza del oficial ayudante Lucas Alejandro Almonacid Yañez.
Que a fs. 29 obra testimonio brindado en sede policial el día 03 del mes de febrero del año 2025, donde el Sr. Yañez Almonacid Lucas Alejandro, expresa: "...Por lo que se me consulta debo decir que resulto desempeñarme laboralmente como Oficial Ayudante de Policía de Santa Cruz, con prestación de servicio en esta dependencia, por lo que en el día de la fecha, siendo las 08.30 hs., momentos en los cuales me encontraba desempeñando la función de auxiliar de servicio, se toma conocimiento por intermedio de centro monitoreo local, sobre solicitud de presencial policial sito calle Saavedra Oeste Nro. 267 esta, virtud de existir un masculino con prohibición de acercamiento molestando a su pareja, aduciendo que se trataba del ciudadano NAVARRO Jorge Ezequiel y que este se dirigia a bordo de una bicicleta, por lo que comisionado con personal policial al lugar, nos damos cuenta que se trataba de una numeración inexistente, por lo que procedemos a corroborar hacia calle Saavedra este, donde se observa en Calle Mosconi intersección con ultima calle en mención, que nombrado NAVARRO egresa del interior de un domicilio, el cual al percatarse de nuestra presencia emprende su huida por calle Saavedra en sentido opuesto al de circulación vehicular, marchándose posteriormente por calle 25 de mayo, siguiendo por calle Viamonte y haciéndolo luego por calle España, ingresando en uno de los parques del Barrio Perón, por lo que observamos que luego desciende de su bicicleta e intenta ingresar a un domicilio sin numero visible, procediendo a efectuar su reducción mediante el empleo de la fuerza mínima necesaria, tornándose causante agresivo arrojándonos golpes de puño, logrando golpearme fuertemente n la cabeza a la altura del parietal izquierdo...Dejando constancia que debido al golpe propinado por el nombrado NAVARRO, fui trasladado hacia el nosocomio local, donde conforme certificación medica resulte con lesiones de carácter leves, evidenciando hinchazón en la parte lateral izquierda de mi cabeza... " Con lo expresado por el Sr. Yañez Almonacid Lucas Alejandro, quien se desempeñaba como personal policial actuante el día de los hechos, mas la certificación medica de fs. 20, y demás pruebas reunidas, se tiene por acreditado materialmente el delito achacado al Sr. Navarro.
Se recomienda realizar la toma de declaración del mencionado en sede judicial, a los fines de consolidar la apoyatura probatoria reunida en autos.
Por lo expuesto se puede concluir que la conducta del encartado claramente constituyó un acto de resistencia a la autoridad, fue violento el accionar de Navarro, ante el legítimo actuar de la policía, quienes desplegaban un procedimiento regular y en ejercicio de sus funciones.
Del delito de Lesiones Leves Calificadas y los cuestionamientos en referencia a la suficiencia probatoria debo remitir el análisis al punto III.-1 de la presente resolución.
Refiere la defensa que se trata de un hecho antiguo, planteando la prescripción de la acción, ello no tiene asidero dado que el hecho investigado acaeció el día 12 del mes de marzo del año 2023, (ver fs. 33).
Que por su parte el Juez de instrucción realizo el llamado a declaración indagatoria el día 04 de febrero del año 2025, esto es antes de la fecha de prescripción del delito.
Por ello y siendo el llamado a declaración indagatoria uno de los actos interruptivos de la prescripción el llamado a declaración indagatoria debo concluir que el delito de mención no se halla prescripto.
Además, es así que el Artículo 62 del código penal establece: La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: 1º. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; 2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años; 3º. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua; 4º. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal; 5º. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa. (el resaltado me pertenece)
Por ello y tomando como referencia el día del hecho, el que sería el 12 de marzo del año 2023 y la pena establecida para el delito achacado esto es LESIONES LEVES CALIFICADAS Art.92 del C.P; cuya pena máxima establecida para el mismo sería de 2 años y teniendo en cuenta que el Sr. Juez de Instrucción realizo el llamado a declaración indagatoria del Sr. Navarro a fs. 14; el día 04 de febrero del año 2025, ello implica un acto interruptivo válido, conforme lo reglado en el Art. 67 del código penal: “…La prescripción se interrumpe solamente por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado.”
Con lo cual se despejan las dudas en relación a la prescripción de la acción penal del delito en tratamiento, confirmando además el temperamento adoptado por el Juzgador.
Se agravia la defensa del embargo dispuesto. Sobre el particular, es dable mencionar que en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “VILLALBA LUCAS ALEXIS S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".-
Es por ello y bajo esta pauta mencionada supra, que entiendo el embargo ajustado a derecho, no se avizora la desproporcionalidad mencionada por la defensa, por lo que su confirmación es procedente en autos.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
IV.-En base a lo expuesto por la Defensa, respecto de la compulsión que padecería su asistido, y visto el certificado médico obrante a fs. 44 del legajo, entiendo que, y a los fines de despejar cualquier duda sobre la culpabilidad del mismo, deberá realizarse en autos una pericia psiquiátrica, a los fines de establecer si el Sr. Navarro Jorge Ezequiel , teniendo en cuenta los siguientes factores: a) Antecedentes familiares; b) escolaridad; c)trabajo; tiempo de ocio; d) Alcoholismo y/o adicción a otras drogas, e) Vida Intelectual; f) Rasgos Psíquicos; g)Rasgos psicosociales, tiene compulsión o impulsión a realizar conductas como las reprochadas en autos, y cuál es el grado de esfuerzo para contener las mismas si es que puede realizarlo, conforme los recursos psicológicos y la estructura de personalidad con que cuenta el imputado, relacionándolos siempre con los factores indicados.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 67/74, en todo cuanto fuera materia de apelación. II.-Se recomienda dar cumplimiento a lo observado en el apartado IV de los considerandos. III.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia