Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa N-2238/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 727/741, por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscrip-ción Judicial a fs. 704/ 723, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: N-2238/18-TSJ Interlocutorio N°: 657 Actor: NAVARRO LUIS ROBERTO Demandado: SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRABAJO Fecha: 17-12-2019 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 657 FOLIO Nº 3786/3793 PROT. ELECT. TSS1 018 S.191
Río Gallegos, 17 de diciembre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “NAVARRO LUIS ROBERTO c/ SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRABAJO”, Expte. N° N-15.479/12 (N-2238/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dicta Sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora (cfr. fs. 727/741), por intermedio de sus letrados apoderados, Dres. Paulo Luis Schmidt y Marta Soledad Quiroga, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 704/723, que confirmó parcialmente el pronuncia-miento de Primera Instancia.-
II. En el presente caso se debate la responsabilidad endilgada por el Sr. Luis Roberto Navarro a su empleadora Servicios Públicos Sociedad del Estado, como consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido el día 8 de marzo de 2008. En esa fecha, el trabajador se encontraba en el interior de una zanja realizando tareas tendientes a concretar una obra de conexión a la red cloacal, hasta que repentinamente se produjo un desmoronamiento que lo dejó sepultado en el interior de la misma, por un intervalo aproximado de quince minutos, hasta que sus compañeros lo rescataron. Como corolario de este evento, el trabajador solicita el resarci-miento de los daños que habría padecido.- En la sentencia de Primera Instancia se rechazó las excepciones de prescripción y de falta de acción articuladas por la demandada y admitió parcialmente la demanda, condenándola a pagar una suma dineraria en concepto de daño material y moral (cfr. fs. 639/650).-
Apelada esta decisión por ambas partes, la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó parcialmente (cfr. fs. 704/723).-
III. Contra este acto sentencial, el actor interpone recurso de casación, aduciendo violación de la ley y arbitrariedad.-
Sostiene que el Tribunal de Alzada “...se expide arbitrariamente, sin fundamento lógico, de manera totalmente engorrosa, subjetiva y voluntarista, y en violación de las obligaciones legales de todo empleador...respecto de la existencia de culpa concurrente del trabajador (50%), en la producción del accidente de trabajo de fecha 08/03/08, para luego trastocando abiertamente las normas positivas y de fondo que rigen la reparación integral...desconocer el derecho al rubro daño material, ignorando los escritos constitutivos...y hasta prueba producida y agregada a la causa...y mediante consideraciones manifiestamente autocontradictorias, todo lo cual importa la violación de expresos derechos y garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, debido proceso, defensa en juicio, debida y suficiente fundabilidad de los pronunciamientos judiciales, principio de legalidad y de razonabilidad contenidos en los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 32 de la Constitución Nacional...” (cfr. foja 727 y vta.).- Alega que: “...la atribución de culpa en cabeza del actor, con motivo del evento que origina este litigio, importa la violación de las normas que rigen las obligaciones del empleador demandado…” (cfr. foja 728 vta.) y refiere que “...la sentencia omite rotundamente el marco legal aplicable en la materia, las obligaciones legales del empleador y los argumentos que se esgrimen son aparentes…” (cfr. foja 729).-
Postula que “…la sentencia emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones además de resultar imprecisa y errática en los considerandos, deviene al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en arbitraria y autocontradictoria...por cuanto en lo que respecta al daño material, reconoce su admisibilidad y procedencia, pero luego mediante consideraciones subjetivas y voluntaristas, niega su procedencia, ignorando el daño físico o incapacidad deviniente (sic)…” (cfr. foja 729 vta.).-
Cuestiona que el Tribunal de Alzada haya arribado a la conclusión de que su parte tuvo responsabilidad en la producción del accidente de trabajo “...sosteniendo, a partir de la categoría de supervisor que...no habría tomado las medidas de seguridad adecuadas para evitar el desmoronamiento, todo lo cual no solo deviene contrario al marco legal vigente aplicable al caso particular (art. 75 LCT, Ley 19587, Decreto Reg. N° 351/79), sino que deviene a todas luces arbitrario, pues, no solo el actor no ejercía ningún tipo de control sobre la Obra enlace de conexión cloacal Barrio Costa del Sol de Caleta Olivia, sino que además el zanjado era desarrollado por una empresa contratista, habiendo solo el actor concurrido a cum-plimentar las tareas encomendadas...” (cfr. foja 733 y vta.).- Califica asimismo de arbitrarias, autocontradictorias y absurdas las conclusiones expuestas por los jueces de la Cámara “…respecto de la admisibilidad y validez del porcentaje de incapacidad establecido en la pericia médica...y la consecuente procedencia del daño físico reclamado en la demanda…” (cfr. foja 737).-
Formula reserva del caso federal (cfr. foja 740 vta.).-
A foja 744 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A foja 754 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Únicamente la demandada hizo uso de las facultades que le otorga dicha norma, y expuso los argumentos por los cuales entiende que no corresponde hacer lugar al recurso de casación de su contraria (cfr. fs. 758/762 vta.).- A fs. 764/768 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la causa, concluye que: “...los agravios del recurrente no pueden prosperar, por lo que corresponde rechazar el recurso en trato.” (cfr. foja 768 vta.).-
A foja 769 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 770 pasan los presentes a estudio.-
IV. Que realizada la descripción de los agravios delineados por la parte recurrente, resulta menester precisar que si bien alude al carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto se sustenta en la violación de la ley y, además, denuncia la arbitrariedad del acto sentencial en crisis (cfr. foja 728), a los efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de las criticas ensayadas, corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se encarrile en el marco impugnativo previsto en el artículo 2° de la citada ley, esto es, el quebrantamiento de forma.- Este direccionamiento obedece a que el recurrente denuncia que el pronunciamiento emitido por los jueces de la Cámara carece de fundamento lógico, resulta subjetivo y voluntarista en cuanto establece la existencia de culpa concurrente y en lo relativo al daño material incurre en consideraciones manifiestamente autocontradictorias, todo lo cual importaría -a juicio de la recurrente- la violación de derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio, la debida y suficiente fundabilidad de los pronunciamientos judiciales y los principios de legalidad y razonabilidad, entre otros (cfr. foja 727 y vta.).- Vinculado con el encause recursivo, este Alto Tribunal ha sostenido: “...'Cuadra recalcar que en principio éste Excmo.
Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas...Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso.
En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza el recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los art. 164º; 264º y 265º del C. P. C. y C.), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinario (sic)- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el art. 2º de la Ley 1687 -Recurso de Casación-...' (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678, entre otros).- Delineado el alcance impugnativo del recurso y, por una cuestión de orden metodológico, corresponde abordar su estudio desde el prisma del artículo 2º de la citada norma, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados. En efecto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 624, Folio 3591/3596, entre otros), por lo que de verificarse que la decisión judicial bajo estudio carece de los requisitos establecidos en la ley ritual, se tornaría estéril el examen de las restantes objeciones formuladas por el casacionista.-
V. Que este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).-
VI. Que a tenor de los embates fijados por el recurrente resulta imperativo, en primer lugar, revisar la estructura formal del decisorio de Segunda Instancia a efectos de verificar si carece de fundamento lógico, resulta subjetivo y voluntarista en cuanto establece la existencia de culpa concurrente; adelantando, desde ya, que le asiste razón al actor, puesto que el pronunciamiento emitido -en el punto indicado- carece de una motivación adecuada.-
El Tribunal de casación es un supremo guardián del cumplimiento de las formas procesales fundamentales, entre las cuales está, desde luego, la motivación de la sentencia (cfr. Fernando de la Rúa, “El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino”, ed. De Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 152), puesto que ésta última exigencia contribuye a dotar de legitimidad y validez intrínseca a este tipo de decisiones y conlleva la necesaria exteriorización -ordenada y coherente en términos lógicos- de los argumentos de hecho y de derecho que permitan persuadir a las partes y a la ciudadanía de la corrección y justicia de decisión emitida.- Esta obligación constituye un recaudo imperioso de validez constitucional - convencional.
Tal como lo pone de relieve Michele Taruffo, el principio de la obligatoriedad de motivación de las decisiones jurisdiccionales se inserta en el sistema de garantías que las Constituciones democráticas crean para tutelar las situaciones jurídicas de los individuos ante el poder estatal y, en particular, ante las manifestaciones del mismo en el ámbito de la jurisdicción. Esta obligación asume un valor político fundamental: es el instrumento por medio del cual la sociedad está en disposición de conocer y de verificar las razones por las cuales el poder jurisdiccional es ejercido en determinados modos en los casos concretos. Se trata de un valor político en sí, puesto que la posibilidad de controlar el ejercicio del poder coloca la base de la soberanía en la sociedad, que está en condiciones de poder ejercer su control.
Se trata también de un valor político instrumental, debido a que a través del control sobre la motivación, es posible verificar si se cumplió con otros principios fundamentales, como los de legalidad y de imparcialidad de la administración de justicia, que son típicos del moderno Estado de Derecho (cfr. aut. cit., “La Motivación de la Sentencia Civil”, trad. de Lorenzo Córdova Vianello, Ed. Trotta, 2011, págs. 19 y 354).- Si bien la Constitución Nacional no contiene una disposición expresa en la materia, a partir del reconocimiento del derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, que consagra su artículo 18, resulta dable reconstruir esta exigencia. La garantía innominada de la “no arbitrariedad”, que emana del artículo 33, también contribuye a la exigencia de razonabilidad en los pronunciamientos judiciales.
Igualmente el propósito preambular de “afianzar la justicia” no puede concebirse sin satisfacer la exigencia en comentario.-
Dentro del marco convencional tampoco existe una previsión literal que contemple este deber, aunque el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos representa un hito fundamental que obliga al cumplimiento de este imperativo.-
El marco constitucional provincial también contiene directrices dirigidas a solventar la mentada exigencia. Así, el artículo 131 de la Constitución provincial estipula que corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las controversias que versen sobre los puntos regidos por ella, tratados y más leyes de la Provincia, así como aquellos en que le corresponda entender de acuerdo con las leyes de la Nación. El ejercicio de esta atribución debe concretarse de conformidad al mandato contenido en el artículo 9º, es decir, “mediante sentencia fundada en ley”, lo que asegura a los justiciables el derecho a obtener una decisión jurisdiccional adecuadamente construida en base al ordenamiento jurídico vigente.- En suma, la obligación en examen instituye un deber constitucional, puesto que posibilita el control externo sobre el modo como el juez ejercita el poder jurisdiccional.-
La actuación de esta garantía también se encuentra plasmada en el plexo legal nacional. Así, el artículo 3º del Código Civil y Comercial de la Nación pone en cabeza de los jueces el deber de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.-
Esta disposición implica el deber de seguir un proceso argumentativo susceptible de control judicial y democrático (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Fundamentos de Derecho Privado: Código Civil y Comercial de la Nación Argentina”, 1ª ed., CABA, La Ley, 2016, pág. 53). Su emplazamiento dentro del Título Preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación denota de forma prístina el grado de centralidad que esta norma reviste, puesto que junto con los artículos 1º y 2º, traza una guía para decidir en un sistema de fuentes complejo, promoviendo la apertura de éste a soluciones más justas que derivan de la armonización de reglas, principios y valores.- El legislador provincial, al diseñar el ordenamiento adjetivo local, también se ha ocupado de la cuestión. Ello, en razón de que -como bien explica Michele Taruffo- al establecer las modalidades de forma y de contenido con las cuales debe ser redactada una sentencia, no puede prescindir de prever una obligación general de motivarla (cfr. aut. y ob. cit., pág. 22). Así, el Código Procesal Civil y Comercial contiene previsiones concretas que regulan el desenvolvimiento de los jueces al momento de sentenciar: deben fundar toda sentencia, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia (cfr. art. 34, inc. 4°), y deben incorporar al procedimiento los fundamentos y la aplicación de la ley (cfr. art. 164, inc. 5°), lo que igualmente rige en segunda o ulterior instancia (cfr. art. 165). Estas reglas adjetivas resultan también de aplicación en el ámbito del proceso laboral, a tenor de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley Nº 1.444.- Desde el plano jurisprudencial, cabe rememorar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la garantía de defensa en juicio incluye la exigencia que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, lo que exige un correcto análisis de las constancias de la causa que acrediten los hechos y una razonable conclusión sobre la valoración que le corresponde a la luz del derecho vigente (cfr. Fallos 322:444).-
En el ámbito regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la motivación constituye un componente fundamental de las garantías del debido proceso legal y tutela judicial efectiva. Así, indicó que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado”, agregando que “la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores...” (cfr. Corte IDH, causa “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, §78, sentencia del 5-8-2008).- En la misma senda, este Alto Cuerpo ha dicho que la motivación de la sentencia no puede ser un mero rubro empírico del fallo, exteriorizado por la inscripción de párrafos en los votos o en los considerandos, sino que debe ser apta para justificar el dispositivo por su contenido legal y lógico (cfr. Sentencia, Tomos XVII, Reg. 564, Folio 3200/3204 y XVIII, Reg. 608, Folio 3488/3492).-
En el sub lite, el voto que conformó la mayoría determinó la concurrencia de culpas en la configuración del evento dañoso. Para arribar a este resultado, se apartó de lo resuelto por el juez de origen -que había determinado la responsabilidad exclusiva de la accionada- y estimó que no se adoptaron las medidas de seguridad para evitar el desmoronamiento producido, lo que era exigible tanto para el actor (por el hecho de ostentar el cargo de supervisor) como para el resto del personal que lo acompañaba (y que no había recibido la capacitación debida por parte de la empleadora) (cfr. foja 718 y vta.).- Esta forma de decidir, como se verá, exhibe una carencia absoluta de motivación, conformando un pronunciamiento que descansa exclusivamente en la voluntad de quienes lo suscribieron. Ello, esencialmente por la circunstancia de que no resulta dable reconstruir el camino recorrido por los sentenciantes para arribar a la conclusión indicada.-
El órgano jurisdiccional de Alzada no suministró los presupuestos necesarios para resolver el tema litigioso, en tanto omitió exteriorizar un hilo conductor que vincule los hechos con la normatividad en vigor. Este déficit importa un claro quebrantamiento al principio lógico de razón suficiente, al que se encuentra sujeta toda sentencia judicial.-
Como es sabido, el principio de razón suficiente en el ámbito de las resoluciones judiciales impone al juzgador la exigencia de aportar las razones necesarias que sustenten las conclusiones del acto decisorio. No es la verdad del juicio sino precisamente su fundamento. Tiene como sentido propio declarar de un modo general qué es lo que necesita un juicio para que su pretensión de verdad no sea vacía, sino completa (cfr. Carlos A. Molina Sandoval, “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, 1ª ed., Córdoba, Advocatus, 2016, pág. 93).- Juan Carlos Smith explica que el principio se muestra de un modo general, como una exigencia racional apriorística sobre la presencia de aquellos factores discernibles que resultan necesarios para que la pretensión de verdad de un juicio o de un sistema de juicios se encuentre cumplida.
Y desde el punto de vista de su concreta aplicación al conocimiento de los actos humanos, opera también, paralelamente y por extensión, como un criterio de fundamentación del sentido de esos actos (cfr. aut. cit., “El principio lógico de razón suficiente y la sentencia judicial”, ED 72-1977. pág. 717 y ss.). Dicho autor continúa señalando que: “El acto de sentenciar se constituye e integra dinámicamente a través de dos momentos metódicos esenciales, a saber: a) El momento cognoscitivo, en el cual el juez accede gnoseológicamente a una realidad social constituida por el factum generalmente litigioso que las partes someten a su consideración. b) El momento normativo, en el cual el juez, por un acto de voluntad institucionalizado por el mismo ordenamiento jurídico, crea una norma individual...que soluciona imperativamente la cuestión sometida a su decisión [...] Hay, pues, una necesidad gnoseológica de integrar en una única estructura ontológica al hecho normado y a la norma que le confiere una determinada significación jurídica...Pues es tan imposible conocer normas jurídicas con prescindencia del comportamiento humano...que ellas regulan, como conocer ese comportamiento sin el sentido específico que les confieren dichas normas [...] Si consideramos el momento cognoscitivo del acto de sentenciar, esto es, el representado por el razonamiento que el juez desarrolla en los considerandos de su pronunciamiento, el principio de razón suficiente opera a modo de una exigencia racional en el sentido de que tal pronunciamiento debe explicitar una adecuada fundamentación de su propio contenido, como condición esencial de su propia validez lógico-jurídica...En otros términos: Si, como acto de conocimiento del juez, la sentencia constituye la expresión razonada -con pretensión de verdad- de un conjunto de circunstancias de hecho cuya existencia real o ficticia y cuyos caracteres, modalidades y sentido jurídicos aquél debe determinar de una manera precisa y concreta... resulta racionalmente necesario que esa sentencia contenga, como fundamento de la argumentación que explícita, tanto el análisis circunstanciado de aquellos hechos como la mención de las normas jurídicas...que constituyen o integran la 'razón' de la interpretación que de ellas hace el juez desde su propia perspectiva [...] Si consideramos ahora el momento normativo, esto es, el implicado en la parte dispositiva de la sentencia, resulta evidente que el principio lógico de razón suficiente opera en ella como una exigencia de adecuada motivación del acto a través del cual el juzgador crea una norma jurídica individual [...] Infiérese entonces, como conclusión, que en los dos momentos metódicos de la sentencia judicial (el cognoscitivo y el normativo), el principio de razón suficiente funciona como un criterio inquisitivo de la adecuada fundamentación del contenido de aquélla.
Un criterio que incardina al pronunciamiento judicial dentro de las condiciones esenciales de validez lógica y de eficacia jurídica.” (cfr. aut. y ob. cits., pág. 717 y ss.).- En el caso de autos, la sentencia impugnada omite consignar las razones que los llevaron a tener por acreditados e históricamente ciertos los hechos demostrativos de la culpa concurrente en la producción del hecho dañoso, puesto que no enunciaron las pruebas de las que se sirvieron y, mucho menos, expresaron la valoración individual y global que cabía efectuar sobre ellas. Este discurrir sentencial, en modo alguno, puede calificarse como razonado.-
Cierto es que el artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicable a los pleitos laborales en razón de lo dispuesto por el art. 121 de la Ley Nº 1.444) dispone que los jueces no tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. A tenor de esta regla procesal, los magistrados deben analizar y desarrollar, o mejor dicho, exteriorizar, aquellas pruebas que sean necesarias para sustentar la solución correcta, lo que de ninguna forma resulta equivalente a preterir toda ponderación de las constancias de la causa.- La sentencia que compone una litis no puede desatender ni cumplir sólo aparentemente o de manera superficial, incoherente o imperfecta, el debido análisis y valoración de la prueba. Dirimir un conflicto litigioso obliga a un esfuerzo nada simplificador, por lo que además de no poder prescindir -análisis y valoración- de prueba decisiva, es menester que tales probanzas aparezcan meritadas en debida forma observando un mecanismo crítico, prolijo y profundo (cfr. Augusto Mario Morello, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, Buenos Aires, 1981, ed. Hammurabi, Tomo I, págs. 20 y 22).-
Por ello, quebranta el principio de razón suficiente la fundamentación que omite valorar prueba de valor decisivo, o bien cuando se basa en prueba que impide su control por parte del tribunal de casación o también cuando extrae conclusiones carentes de fundamento probatorio (cfr. Carlos A. Molina Sandoval, ob. cit., pág. 98).-
Como expresa Román Julio Frondizi, la fundamentación resultará persuasiva cuando logre hacer comprender cómo y por qué el tribunal ha dado por probados los hechos conducentes y ha identificado y aplicado la norma que rige el caso (cfr. aut. cit., “La Sentencia Civil”, Buenos Aires, 1994, LEP, pág. 38).-
Por su parte, Alberto José Tessone asevera que la obligación de motivar la decisión exige una completa meritación de los hechos y una racional comprobación de su existencia, añadiendo que es imprescindible, pues, que el fundamento justificativo de la sentencia ahonde en la aprehensión y valoración de los hechos y pruebas (cfr. aut. cit., “El deber de motivación de las sentencias”, JA 1991-I, págs. 867/868), temperamento que no puede predicarse respecto del fallo aquí cuestionado.-
Si bien lo expuesto hasta aquí resulta suficiente para demostrar que el derrotero intelectual de los sentenciantes ha sido notoriamente exiguo, igualmente conviene advertir que el pronunciamiento se encuentra desprovisto de un marco legal que justifique debidamente su decisión.-
Bajo este orden de ideas, debe concluirse que la preceptiva constitucional y legal antes individualizada y que exige que las sentencias exterioricen el mecanismo descriptivo, justificante y sustentador de la conclusión propiciada por los judicantes, ha sido claramente quebrantada, a raíz de que la sentencia examinada carece de un juicio lógico transparente y, por ende, mal podría calificarse como “razonablemente fundada”.-
VII. En segundo término, corresponde examinar si la pieza sentencial en embate contiene contradicciones internas que lo inhabiliten como acto jurisdiccional válido.-
En lo relativo al daño material, la crítica casatoria denuncia que el tribunal de Alzada resulta impreciso y errático y, además, incurre en consideraciones manifiestamente contradictorias, todo lo cual importaría la violación de derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio, la debida y suficiente fundabilidad de los pronunciamientos judiciales y los principios de legalidad y razonabilidad (cfr. foja 727 vta.).-
El saber ordenado y el raciocinio correcto se logran con la observancia de ciertas reglas de la lógica por las que ha de regirse el pensamiento. Entre estas reglas, que no están consagradas expresamente por el legislador pero que integran el razonamiento jurídico, se encuentra el principio de no contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVI, Reg. 554, Folio 3128/3138, voto de la minoría), el que responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o viceversa (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).- Toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos. Por lo tanto, no es sólo el imperio del tribunal ejercido específicamente en la parte resolutiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento: estos dos aspectos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión. Así las cosas, fácil es colegir que la unicidad de la sentencia lleva aparejadas ciertas consecuencias, tales como ella -para ser válida- debe configurar un todo coherente, en el que la decisión de mérito se apoye y se derive lógicamente de los desarrollos que la preceden (resultandos y considerandos), pues si éstos apuntaran a una solución y luego mágicamente en el fallo el juez plasmara otra, la sentencia sería nula, por autocontradictoria (cfr. Marcelo J. López Mesa -Director-, “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, 1ª ed., CABA, La Ley, 2014, Tomo II, pág. 528).- La ley prevé, como motivo de casación, el caso de motivación contradictoria. La contradicción se reconduce, en definitiva, a la falta de motivación y ambas causales vienen a quedar comprendidas en un motivo único porque los fundamentos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan al pronunciamiento sin sustentación legal. La motivación es contradictoria cuando existe un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutralizan, por lo que el fallo queda así sin motivación alguna (cfr. Fernando De la Rúa, ob. cit., pág. 155).- Es a la luz de estos postulados que debe examinarse la sentencia en crisis, a efectos de descifrar si se configura la falencia que el casacionista le endilga.-
El voto de la Dra. Connie R. Naves -que conformó la mayoría- al examinar el recurso de apelación de la demandada aborda, define y resuelve la cuestión del daño material a través del siguiente desarrollo: “...lo percibido por la ART es suficiente indemnización en lo que respecta al daño material”, concluyendo que “…no procede la indemnización por daño material otorgada en primera instancia, bastando para ello lo percibido por el actor de la LRT…” (cfr. fs. 719 vta./720).-
La lectura de los argumentos brindados permite inferir que los agravios de la accionada serían receptados favorablemente. Sin embargo, el punto segundo de la parte resolutiva del fallo resuelve: “Rechazar los agravios de la demandada relativos a la excepción de prescripción, la indemnización por daño material, el monto de indemnización por daño moral admitiendo sólo la reducción del monto en un 50%, atento la atribución de culpas determinadas en los considerandos, y la tasa de interés a aplicar y los de la demandada relativos a la indemnización por daño material” (cfr. fs. 722 vta. y 723).- Este modo de decidir encierra una contradicción insalvable, pues, por un lado, los fundamentos esbozados en los considerandos acogen la apelación de la empleadora, desestimando el resarcimiento por el daño material reclamado por el actor, mientras que, por el otro costado, la parte resolutiva del fallo, en su punto primero, confirma parcialmente el decisorio de primera instancia y, en su punto segundo, rechaza los agravios de la accionada sobre este ítem indemnizatorio y, al mismo tiempo, en su parte final parece admitirlos.-
El Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que es des-calificable como acto jurisdiccional el fallo que incurre en una evidente autocontradicción entre los considerandos y la parte dispositiva (cfr. Fallos 317:465) y que la existencia en el fallo de una contradicción tal que lo haga ininteligible importa ausencia de fundamentos e impone su anulación (cfr. Fallos 261:263).-
En el mismo sentido, Alberto José Tessone explica que las contradicciones internas graves descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido, tornándolo incompatible con el debido proceso. La incorrección puede encontrarse en la motivación o en las conclusiones, como cuando en una se tiende a la confirmación del fallo de primera instancia y en otra se lo revoca o viceversa o cuando luego de sustentar con citas legales una solución favorable, se resuelve la desestimación de la pretensión. Y añade que en estos casos la anulación no obedece a puro formalismo sino a la necesidad de no aplicar al recurrente las consecuencias procesales de defectos a los que fue inducido por la técnica usada en la sentencia (cfr. aut. cit., “Recursos extraordinarios en los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires”, volumen Recurso de Nulidad Extraordinario, LEP, 2000, pág. 199).- Tal lo que acontece, justamente, en la especie, puesto que configura una contradicción expresa y con incidencia sustancial en el resultado final del razonamiento, en tanto representa una ruptura de su concatenación lógica.-
Lo hasta aquí expuesto revela que la sentencia recurrida contiene defectos graves de fundamentación que justifican su descalificación como acto sentencial válido, ya que media relación directa e inmediata entre la contradicción reflejada y las garantías constitucionales que el casacionista invoca como vulneradas.-
VIII. Se advierte, entonces, que la estructura expuesta en la resolución impugnada configura un claro supuesto de fundamentación aparente; a cuyo respecto, este Alto Cuerpo viene sosteniendo desde antiguo que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan aplicación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 539, Folio 3036/3039). Es evidente que los sentenciantes han incurrido en contradicciones internas irreconciliables y en una notoria carencia de fundamentación. Todo lo cual menoscaba el derecho al debido proceso y ello, justifica su descalificación como acto judicial válido.- De allí entonces que esta orfandad de fundamentos por parte del fallo atacado lleva a su inexorable invalidación.-
Tal falencia, conlleva la nulidad del fallo de Segunda Instancia dado que la carencia de fundamentación que ostenta la sentencia atacada -en esta cuestión controversial- imposibilita a este Tribunal Superior de Justicia del conocimiento acabado del recurso extraordinario de casación, debiéndose declarar la nulidad del fallo por quebrantamiento de forma; ya que la misma ha violado las disposiciones contenidas en los artículos 34, inciso 4º) y 164, inciso 6º) por remisión del artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicables a los procesos laborales en razón de lo dispuesto por el art. 121 de la Ley Nº 1.444). En consecuencia, debe declararse procedente el recurso articulado, reenviándose los presentes a la Excma.
Cámara de Apelaciones de origen, para que con nuevos jueces hábiles dicte sentencia, conforme a derecho y según corresponda.- Esta decisión se vincula, en definitiva, con el debido contralor de la adecuada motivación de las resoluciones que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de la seguridad jurídica. Esto es, comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación; se trata -en el sub lite- de un problema de ausencia o aparente fundamentación válida; ante tal circunstancia el íter establecido por el artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, es el encuadre normativo aplicable (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XVII, Folio 591, Reg. 3394/3398 y XVIII, Reg. 597, Folio 3427/3431).- Que, por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 727/741, por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 704/723, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del CPC y C, de aplicación al caso de autos, merced a lo preceptuado por el art. 121 de la ley 1.444) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 597, Folio 3427/3431 y Reg. 598, Folio 3432/3436). Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución de fondo que, en definitiva, merezca el litigio.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 727/741, por quebrantamiento de forma y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscrip-ción Judicial a fs. 704/ 723, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1018S.191 Tomo: XIX Interlocutorio: 657 Folio N°: 3786/3793 Secretaría: 1
Fin de la sentencia